Actualmente los proyectos de infraestructura vial en Bolivia son los que absorben la mayor cantidad de préstamos de la banca internacional, representando el 36 % de la deuda nacional. Estas inversiones se conectan con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, que tiene como meta llegar a 10.500 kilómetros (km) de caminos construidos y pavimentados en la Red Vial Fundamental (RVF), 47 km de puentes y accesos y 13 mil km de conservación vial, priorizando la frontera amazónica en el norte del país (ABC, 2016). Los grandes prestatarios de este plan son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo del América Latina (CAF), el Banco Mundial (BM) y el Export – Import Bank de China (Exim Bank) (BCB, 2022).
En un contexto de emergencia frente a la sequía que vive Bolivia y el avance de la frontera agropecuaria en la Amazonía, poco se sabe de las políticas ambientales y sociales de estos bancos internacionales y de qué manera efectiva estas financieras aseguran o no la protección de bienes comunes sensibles como las fuentes de agua. De hecho, los últimos años se han hecho más constantes las denuncias y polémicas sobre megaproyectos por falta de criterios ambientales que protejan zonas de recarga hídrica como áreas protegidas, cuencas, además de ríos, acuíferos, lagunas, etc. Claro ejemplo son el tramo Las Cruces – Buena Vista –financiado por la CAF- que vulnera la protección de los acuíferos de Santa Cruz además del parque Amboró; de la misma manera se puede mencionar la carretera San Buenaventura – Ixiamas, financiada por el BM, que “puenteó” 22 ríos en menos de 100 kilómetros y donde, según las versiones de pobladores, no se aplicaron medidas de protección para mantener la conducta hídrica de los ríos, la accesibilidad para las comunidades que se proveen de esos arroyos aguas abajo, ni se mejoraron las condiciones de conexión de agua de las comunidades sobre la carretera o de los poblados intermedios (Cauthin, 2023), idéntico problema se enfrenta en la carretera Riberalta – Rurrenabaque, financiada por Exim Bank de China (Odpib, 2023).
En ese marco, han ido sonando con más fuerza en el debate nacional la falta de aplicación de políticas o salvaguardas de estos organismos, como parte de sus compromisos para que el uso de los fondos se ajuste a la normativa nacional y garantice estándares internacionales sociales, ambientales y de gobernanza. Estos reglamentos y procedimientos forman parte de los requisitos que deben aplicar los bancos prestatarios y -en términos generales- abarcan en promedio un decálogo de postulados que deben activarse en determinadas etapas del ciclo del proyecto. Los ejes temáticos de las salvaguardas son: gestión de riesgos ambientales y sociales; situación laboral; contaminación para la prevención y contingencia; condiciones de las comunidades en términos de salud; tierras con un enfoque en adquisición, restricciones y reasentamientos; biodiversidad para la conservación y gestión; pueblos indígenas; patrimonio cultural y género.
Es así que en este artículo se hizo un análisis de las salvaguardas que deben aplicar los principales bancos prestamistas del país con relación a protección de cuerpos de agua. En términos generales se puede decir que estos bancos no plantean una visión integral e interconectada sobre los ecosistemas y el ciclo del agua, sino un enfoque pragmático y segmentado de este elemento como: 1) recurso útil a la actividad extractiva; 2) recurso que merece alta atención y seguridad en la medida confluya en aguas internacionales o forme parte de proyectos de represamiento; 3) recurso útil para consumo humano en la zona de impactos directos del proyecto; y 4) recurso que sufrirá alteraciones durante la ejecución del proyecto y sobre el que solo se puede actuar a partir de mitigación frente a la contaminación.
De las cuatro entidades analizadas, el Exim Bank de China es el inversor menos específico en el tema agua, pues apenas lo menciona “indirectamente” en la salvaguarda 6 respecto a humedales o bosques. El agua solo se menciona en el Artículo 2 sobre categorías de grandes proyectos de represamiento de aguas, explotación hídrica y proyectos hidráulicos. La CAF es la que cuenta con un mayor repertorio de prerrogativas para el cuidado del agua en tres salvaguardas (S01, S02 y S04), respecto a las otras. El BID tiene tres cláusulas sobre explotación de agua para la actividad extractiva y una mención en caso de riesgo de acceso a agua dulce para la población (NDAS 1, NDAS 3 y NDAS 4). El Banco Mundial menciona el uso y explotación del agua en tres salvaguardas (EAS 1, EAS 3 y EAS 4) con una mirada concreta en proyectos de presas.
Algunos estudios exploratorios ya han demostrado la falta de efectividad y limitaciones de alcance en la aplicación de salvaguardas (Rivasplata, Zanafria, Torres, et al., 2014; Andersen, Del Granado, Medinaceli, et al., 2018), a estas investigaciones se puede añadir que en el caso del agua es necesaria una aproximación a partir de la situación estructural de vulnerabilidad hídrica presente y futura de comunidades, poblaciones y ciudades, en el amplio radio del proyecto a nivel temporal y geográfico. Esta información, así como todos los estudios socioambientales, deben estar a disposición del público en general y de los principales afectados en específico, además de todas las herramientas (políticas, guías, etc.) con que cuentan las financieras, que deberían estar expresadas de forma comprensible y accesible, en un esfuerzo por demostrar su buena fe. Misma calidad se esperaría de las fases de información y consulta, con énfasis en los estudios hídricos y escenarios prospectivos sobre el impacto inducido del proyecto sobre calidad de cuencas, acuíferos, ríos, manantiales, lagunas, etc.
Tipo de proyectos financiados con deuda pública
El saldo total de la deuda pública externa en 2021 alcanzó a USD 12.698 millones, monto que representó el 31.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). El 73 % de esta deuda corresponde a préstamos multilaterales y bilaterales del BID con el 31 %, la CAF con 21 %, el BM con el 11 % y la República Popular de China con el 10 %, según el Informe de la Deuda Pública Externa del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de diciembre de 2021 (publicado en agosto 2022). La tasa de interés por acreedor de la deuda pública externa del país alcanzó un promedio ponderado general de 2.7 %, según estimaciones del BCB (2022), siendo el interés chino el más alto con 2.6 %, seguido por la CAF con 2.4 % y el BID con 1.3%.
En el comportamiento de la deuda pública externa de los últimos 10 años (2011 – 2021) destaca la permanencia del BID y la CAF como los principales acreedores incrementado su participación desde 2016: el BID llegó a triplicar sus préstamos en 2021 (USD 3.943 millones) dejando en segundo lugar a la CAF (USD 2.662 millones), mientras el BM duplicó sus préstamos desde 2015 y en 2021 llegó a prestar USD 1.444 millones de dólares. El banco de China duplicó sus préstamos desde 2017 y en 2021 lo cuadruplicó (USD 1.312 millones), ocupando casi el tercer lugar como principal acreedor del país.
Los sectores de inversión más importantes dentro la deuda pública externa son: infraestructura vial con el 36 % de la deuda (USD 4.587 millones), el multisectorial con el 12 % (USD 1.578 millones), el sector de salud con 8 % (USD 1.025 millones), saneamiento básico con 6.7 % (USD 845 millones), fortalecimiento institucional con 6 % (USD 774 millones), sector agropecuario con 4.9 % (USD 620 millones) y energía con 4.5 % (USD 577 millones), entre los más importantes.
En consecuencia, el principal ejecutor que recibe los fondos de los préstamos de la banca internacional es la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con USD 379 millones (28 %). Aunque debido a préstamos por la pandemia de Covid 19 en primer lugar se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con un desembolso de USD 485 millones (35 %). En tercer lugar está la Empresa Siderúrgica del Mutún con USD 108 millones (8 %), luego el Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con USD 95 millones (7 %), en cuarto lugar está el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con USD 48 millones (3.5 %) y en quinto puesto el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social con USD 32 millones (2.4 %) (BCB, 2022).
Salvaguardas
Las salvaguardas son políticas que deben buscar reducir o eliminar los impactos de los proyectos financiados por bancos internacionales. El objetivo de su aplicación se debe a la corresponsabilidad de las financieras con los objetivos para los que se usan sus fondos, con base en la normativa nacional de cada país, así como en los compromisos internacionales. Mediante la aplicación de las salvaguardas se pretende prevenir, mitigar y/o compensar impactos adversos para la población y el medio ambiente, así como conservar la diversidad biológica, promover el uso sostenible de los recursos naturales y -desde el lado social- evitar y minimizar los impactos sobre la salud, las mujeres y trabajadoras/es. Idealmente los bancos internacionales deben fomentar la participación de las partes a través de información pública y contienen –de forma diferenciada- estipulaciones para categorizar los riesgos de los proyectos por su magnitud, riesgo, aplicación de debida diligencia, seguimiento y supervisión.
Ahora bien, los ejes en los que las financieras estructuran las salvaguardas actualmente van desde la gestión de riesgos ambientales y sociales; situación laboral; contaminación para la prevención y contingencia; condiciones de las comunidades en términos de salud; tierras con un enfoque en adquisición, restricciones y reasentamientos; biodiversidad para la conservación y gestión; pueblos indígenas; patrimonio cultural; y género. De forma específica, el BID incluyó una actualización de sus salvaguardas en 2020 en la que se incluyó cláusulas sobre epidemias y pandemias; el consentimiento libre, previo e informado; así como medidas de gestión diferenciadas para subsecciones vulnerables de la población, incluidos afrodescendientes, personas con discapacidad y las personas de diferentes orientaciones sexuales y géneros. Por su parte, el Banco Mundial es el único en tener una salvaguarda sobre intermediaros financieros.
De las cuatro entidades analizadas la CAF es la que cuenta con un amplio repertorio de prerrogativas para el cuidado del agua en tres salvaguardas (S01, S02 y S04): un marco conceptual sobre huella hídrica, huella ambiental y auditoría ambiental en la primera; la salvaguarda 2 que describe todo tipo de fuentes de agua; y la cuarta que apenas menciona la contaminación mediante aguas residuales. En el caso del BID se tienen tres cláusulas que abordan prerrogativas para el agua (NDAS 1, NDAS 3 y NDAS 4): la primera no contiene una descripción detallada de las fuentes de agua que se pueden amparar en la cláusula, y apenas menciona la contaminación de aguas internacionales y afectaciones a cuencas, mientras la NDAS 3 plantea una descripción detallada sobre el consumo de agua con relación a la actividad extractiva y la NDAS 4 contempla el caso de riesgo de acceso a agua dulce para la población.
El Banco Mundial también aborda el tema agua en tres salvaguardas (EAS 1, EAS 3 y EAS 4) en las que la primera menciona considerar el suministro de agua para que el desarrollo del proyecto, en tanto la tercera abarca el uso sostenible del agua durante la actividad extractiva y la contaminación mediante derrame, la última EAS aborda la salubridad del agua para la población cercana y una amplia descripción de seguridad en proyectos de presas, riego e inundaciones provocadas por represamientos. En tanto el Exim Bank de China apenas menciona el recurso agua dos veces en todo su documento de salvaguardas, y de forma indirecta en la salvaguarda 6 sobre humedales o bosques. En el Artículo 2 se menciona la categoría A que abarca grandes proyectos de represamiento de aguas, explotación hídrica y proyectos hidráulicos, para los que se exigen estudios ambientales, sin una aproximación detallada a tipologías y calidad de agua.
El agua en las salvaguardas de la CAF
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) publicó sus salvaguardas en 2016, aplicables a todas las operaciones de crédito que financia y en cumplimiento de las normas ambientales y sociales de cada país prestatario. Busca lograr los siguientes resultados ambientales y sociales: i) proporcionar los criterios técnicos y las orientaciones conceptuales importantes para la evaluación ambiental y social coherentes y aplicables para todas las operaciones de crédito de la CAF; ii) establecer las responsabilidades del cliente con relación a la evaluación y seguimiento de los impactos ambientales y sociales asociados a una operación de crédito financiada por la CAF.
Según las estipulaciones de la CAF, el cliente (público o privado) tiene la responsabilidad de realizar una evaluación ambiental y social de las operaciones para las cuales solicita el financiamiento, a fin de que sean viables y sostenibles. Esta evaluación debe tomar en consideración el tipo y magnitud del proyecto, características ambientales y sociales del entorno; y debe ser integral en cuanto a profundidad para identificar y entender los impactos potenciales y proponer medidas y soluciones adecuadas. La aplicación de las salvaguardas es para financiamientos del sector público o privado en proyectos industriales, de infraestructura, desarrollo social y ambiental u operaciones corporativas y especiales. Los requisitos, según la CAF, se aplican en todas las etapas de la operación: i) diseño, ii) construcción, iii) operación, iv) ampliaciones y/o modificaciones y, v) clausura o cierre. Tres (S01, S02 y S04) de las nueve salvaguardas actuales de este banco se aplican concretamente a cuidados respecto al agua.
Salvaguarda S01: evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales
La salvaguarda 1 se aplica a todos los componentes del proyecto/programa, independientemente de que se trate de un financiamiento completo de la CAF o de un cofinanciamiento; también se aplica a “instalaciones asociadas” que son las que, si bien no forman parte de la operación, i) están directa y significativamente relacionadas con la operación, ii) se llevan a cabo, o se planifica que se lleven a cabo de forma paralela a la operación financiada, o iii) es necesaria para que la operación sea viable y no se habría construido ni ampliado si la operación no hubiera existido.
Esta salvaguarda de manera general aborda varios aspectos de la normativa ambiental, así como un marco conceptual que delimita el alcance de algunos postulados. Respecto al tema agua, se mencionan:
La auditoría ambiental en cualquier momento del proyecto, como un “examen objetivo de evidencia para una opinión independiente” sobre el grado de cumplimiento por el cliente de: i) Plan de Manejo Ambiental y Social, ii) contrato de préstamo, iii) estándares de desempeño o salvaguardas de CAF y/o iv) la legislación (que puede abarcar: evaluación de impacto ambiental, calidad del agua, calidad del aire, gestión de residuos peligrosos, normas de salud y seguridad ocupacional, etc.)
La huella ecológica como un indicador del impacto de la actividad. Esto “representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos), e idealmente también el volumen de aire”. La medida puede realizarse a diferentes escalas: individual, poblaciones (ciudad, región, país…), comunidades (sociedades agrícolas, sociedades industrializadas…), etc.
La huella hídrica como un indicador que “mide el volumen de agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios. Permite establecer cuál es el consumo y desarrollar estrategias para optimizar el uso del recurso y reducir los impactos ambientales asociados”. Para establecer la huella hídrica de un proyecto o una organización se tienen en cuenta tres tipos de agua: i) huella hídrica verde; ii) huella hídrica azul; y iii) huella hídrica gris.
Salvaguarda S02: Utilización de recursos naturales renovables
Esta salvaguarda se relaciona con agua en tanto contempla “prevención, mitigación y control de los impactos ambientales negativos (por ejemplo: contaminación, pérdida de tierra cultivable, sequía grave o desertificación, entre otros)”. La aplicabilidad de la salvaguarda es todas las fases del crédito, en operaciones de irrigación, cabeceras de cuencas, fuentes de agua, presas, sistemas de agua potable, explotación de agua, acuicultura, agricultura, ganadería o plantaciones a gran escala, regiones con problemas de drenaje, zonas de recarga y descarga de acuíferos, zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas o que históricamente presenten vulnerabilidad a las sequías debido a eventos de variabilidad climática como el ciclo El Niño/La Niña, que presenten conflictos de uso de los recursos agua y/o suelo, zonas que presenten altos niveles o riesgos de erosión.
Como parte de la evaluación de impactos sociales y ambientales del proyecto el cliente tiene un decálogo de responsabilidades para con la CAF, que en lo que concierne al agua contempla:
Garantizar que no haya afectación negativa o deterioro de fuentes de agua (como nacientes, lagunas altoandinas, páramos) y zonas de recarga y descarga de los acuíferos.
Asegurar el uso sostenible de los recursos y la utilización de la menor cantidad posible de agua. Asegurará que el consumo total de agua superficial y subterránea esté dentro de los límites de disponibilidad del recurso y no altere el ciclo hidrológico de la cuenca hidrográfica.
Evaluar la incidencia directa, sinérgica y/o acumulativa que puede tener el proyecto en la disponibilidad de agua para otros usuarios del recurso y la probabilidad de que se generen conflictos y tensiones en la zona.
Presentar evidencia de que los pobladores locales tienen conocimiento de la necesidad de uso del recurso agua.
Presentar evidencia de que se ha cumplido con las regulaciones nacionales, regionales y locales para el uso del recurso agua.
Garantizar que el proyecto esté enmarcado en los principios y prácticas de la gestión integrada de recursos hídricos.
A través de un plan de monitoreo, la CAF establece que el cliente diseñará y aplicará, según corresponda, medidas para asegurar un eficiente uso del agua, reduciendo el consumo a lo mínimo indispensable; aplicar buenas prácticas para la conservación del agua, así como prácticas de control del pastoreo, recuperación de suelos, reforestación, entre otras, para mitigar efectos como la sequía. Algunos indicadores del monitoreo son: i) cantidad y calidad de agua usada en el proyecto, ii) eficiencia del uso del agua (por ejemplo, el volumen de agua usado por unidad de producción), iii) superficie de terreno recuperado o protegido de la erosión, y iv) número de conflictos relacionados con el uso del agua o el suelo.
Salvaguarda S04: Prevención y gestión de la contaminación
Las operaciones de crédito de la CAF deben incluir medidas de prevención, mitigación y control de la contaminación. Con esta salvaguarda también se activa -en los casos en que la CAF considere necesario- el principio de precaución y solicita la aplicación de medidas protectoras adicionales ante la sospecha de que ciertos productos o tecnologías pueden crear un riesgo grave para la salud pública o el ambiente.
Respecto al agua en concreto, los criterios para aplicar la salvaguarda son: si el proyecto implica la construcción, rehabilitación, operación o cierre de sistemas de manejo de aguas residuales industriales o domésticas: “De ninguna forma el cliente podrá disponer en el ambiente aguas residuales domésticas o industriales sin tratamiento”. Cuando se libere efluentes al ambiente, estos deben tener las características y cumplir los parámetros de calidad exigidos por la normativa nacional pertinente.
El agua en las salvaguardas del BID
El Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entró en funcionamiento en octubre de 2021. El MPAS establece estándares “para gestionar riesgos e impactos ambientales y sociales” y un espacio concreto para fomentar y comprometer la “participación de partes interesadas y divulgación de información”, que supone que el cliente implemente mecanismos de reclamación y rendición de cuentas a nivel de proyecto. Todo esto está plasmado en diez Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS), de las que las NDAS 1, 3 y 4 abordan áreas relativas al agua, sin una caracterización en detalle, prueba de esto es que el Anexo II – Glosario del marco de política ambiental y social, no cuenta con una descripción conceptual del alcance del agua o recursos hídricos.
Otra novedad de este decálogo es que permite la compatibilidad con algunas políticas del Banco Mundial, deja que los países prestamistas justifiquen la aplicación de estudios integrales, o que –si hay intermediarios en la transacción- estos asuman la responsabilidad del seguimiento socioambiental. Por ejemplo, para la aplicación de las salvaguardas 2, 3 y 4 (trabajo, contaminación y comunidad), el BID se abre a la posibilidad de que los prestatarios empleen las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial, “pues constituyen buenas prácticas internacionales reconocidas en distintos sectores”. Si el cliente tiene limitaciones “técnicas o financieras” u otras, este prestatario podrá “aplicar niveles o medidas menos rigurosos que los estipulados en esas directrices, el BID exigirá al prestatario que presente una justificación completa y detallada de cualquier alternativa que proponga, mediante instrumentos adecuados (por ejemplo, una evaluación ambiental y social)”. En “operaciones con intermediarios financieros (FI)”, que “involucra el suministro de recursos a través de intermediarios financieros o de mecanismos de entrega”: “el intermediario financiero se encarga de la evaluación y el seguimiento de los subproyectos”, según el BID.
El BID cuenta con una clasificación de impacto por tipo de proyecto para determinar “los documentos pertinentes del proyecto”: Categoría A, operaciones que pueden provocar grandes impactos ambientales y sociales negativos o que tienen repercusiones profundas para los recursos naturales. Categoría B, operaciones que pueden provocar impactos ambientales y sociales negativos en general locales y a corto plazo, para los cuales se conocen medidas de mitigación eficaces y fácilmente disponibles. Categoría C, operaciones que probablemente provoquen impactos ambientales o sociales negativos mínimos, cuando no nulos. También está la clasificación de riesgo: bajo, moderado, sustancial y elevado.
NDAS 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales
Esta cláusula determina y evalúa los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto; adopta una jerarquía de mitigación que evite o minimice riesgos y, cuando existan impactos residuales, medidas de resarcimiento o compensación para trabajadores y otras personas afectadas medioambientalmente.
En laidentificación de riesgos e impactosse menciona sin mayor profundidad el uso o contaminación de cursos de agua internacionales (v) y riesgos e impactos a nivel de cuencas (x). El agua también es mencionada como parámetro de impactos acumulativos cuando “haya reducción del caudal de agua en una cuenca hidrográfica a causa de múltiples extracciones, el aumento de las cargas de sedimentos que recibe una cuenca hidrográfica”.
NDAS 3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación
El objetivo es promover un uso sostenible de recursos, entre ellos energía y agua, “en función de los costos” y solo “centrándose en los ámbitos medulares de las actividades del proyecto”. De la misma manera esta política tiene que ver con la contaminación a diferentes niveles entre los que se mencionan vertidos térmicos al agua, emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo, debido a circunstancias habituales, no habituales o accidentales, con posibilidades de generar impactos locales, regionales y transfronterizos. Cuando exista una contaminación histórica en el terreno o las aguas subterráneas, el prestatario procurará determinar si es responsable de adoptar medidas de mitigación. Para aplicar el NDAS 3, se estipula una caracterización para activar la cláusula.
Consumo de agua: Cuando se trate de un proyecto que pueda llegar a consumir una cantidad importante de agua, el prestatario, además de aplicar los requisitos sobre eficiencia en el uso de los recursos contenidos en esta Norma de Desempeño, adoptará medidas para evitar o reducir el consumo de agua, a fin de que el consumo generado por el proyecto no tenga impactos adversos importantes sobre las personas y la biodiversidad. Estas medidas incluyen, entre otros, la adopción de prácticas adicionales de conservación del agua técnicamente viables, el uso de fuentes alternativas de agua, la reutilización del agua, la compensación del consumo para reducir la demanda total de recursos hídricos adecuándola a la capacidad de suministro disponible, y la evaluación de emplazamientos alternativos para el proyecto, según corresponda.
NDAS 4: Salud y seguridad de la comunidad
Esta política tiene como objetivo prever y evitar impactos adversos para la salud y la seguridad de las personas afectadas por el proyecto durante el ciclo de vida de este. Uno de los factores que pueden atentar contra el bienestar son la vulneración de servicios ecosistémicos, entre los que se menciona los impactos adversos en la calidad, cantidad y disponibilidad de agua dulce, que pueden ocasionar riesgos e impactos relacionados con la salud.
El agua en las salvaguardas del BM
En 2016, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial adoptó un conjunto de políticas ambientales y sociales denominado Marco Ambiental y Social (MAS). Desde 2018, el MAS se aplica a todas las nuevas operaciones de financiamiento y se adhieren al marco de Políticas de Salvaguarda anterior que funcionarán en paralelo hasta 2025. El BM tiene 9 Estándares Ambientales y Sociales (EAS) en esta materia, de las que tres (EAS 1, EAS 3 y EAS 4) se aplican cuando hay riesgos asociados al recurso agua.
El BM acepta diferentes métodos y herramientas utilizadas por el país prestatario para llevar a cabo la evaluación ambiental y social, monitorear resultados y medidas de mitigación; de la misma manera estas herramientas “reflejarán la naturaleza y la escala del proyecto”, por lo que el país interesado en el préstamo tiene un amplio margen para demostrar la efectividad del proyecto, de acuerdo a la metodología de estudios de impacto que aplique. Las herramientas que menciona el BM son varias y pueden usarse combinadas o de forma exclusiva: a) Evaluación del impacto ambiental y social; b) Auditoría ambiental y social; c) Evaluación de riesgos o amenazas; d) Evaluación de impacto acumulativo; e) Análisis social y de conflicto; f) Plan de Gestión Ambiental y Social; g) Marco de Gestión Ambiental y Social; h) Evaluación de impacto ambiental y social regional; i) Evaluación de impacto ambiental y social sectorial; j) Evaluación ambiental y social estratégica.
EAS 1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales
Esta cláusula adopta una jerarquía de mitigación para: a) anticipar y evitar riesgos e impactos; b) cuando no sea posible evitarlos, minimizar los riesgos e impactos o reducirlos a niveles aceptables; c) una vez que los riesgos e impactos hayan sido minimizados o reducidos, mitigarlos; d) cuando queden impactos residuales significativos, compensarlos o contrarrestarlos, cuando sea técnica y financieramente posible. A su vez, la descripción del proyecto debe considerar el suministro de agua para que el proyecto se desarrolle.
EAS 3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención y gestión de la contaminación
En el EAS 3 se reconoce que la urbanización y la actividad económica a menudo generan contaminación del aire, el agua y la tierra, por lo que se promueve el uso sostenible de: energía, agua y materias primas. Esto podría suponer que la cláusula se activa si el prestatario no implementa medidas técnica y financieramente posibles para lograr mayor eficiencia: “cuando haya parámetros de referencia disponible, el prestatario hará una comparación para establecer el nivel relativo de eficiencia”. En cuanto a la prevención y gestión de la contaminación, el BM lo menciona cuando se habla de liberación de contaminantes en el aire, el agua y la tierra, deliberada o accidental, donde se incluyen las descargas térmicas en el agua.
Respecto al agua, esta salvaguarda establece:
B. Uso del agua: Cuando el proyecto consuma cantidades potencialmente significativas de agua o tenga impactos potencialmente significativos en la calidad del agua, además de cumplir con los requisitos de este EAS referidos a la eficiencia en el uso de los recursos, el Prestatario deberá adoptar medidas técnica y financieramente posibles para evitar o minimizar el consumo de agua en el proyecto, a fin de que dicho consumo no tenga impactos significativamente adversos en las comunidades, otros usuarios y el medio ambiente. Estas medidas incluyen, entre otras, medidas adicionales de conservación del agua técnicamente posibles en las operaciones del Prestatario, el uso de suministros alternativos de agua, acciones para contrarrestar el consumo de agua y mantener la demanda total de recursos hídricos dentro del suministro disponible, y la evaluación de ubicaciones alternativas para el proyecto.
En los proyectos con una demanda de agua elevada e impactos elevados se aplicará lo siguiente:
Se elaborará un balance hídrico detallado, que se mantendrá y monitoreará, y sobre el cual se informará periódicamente.
Se identificarán e implementarán las oportunidades para lograr mayor eficiencia en el consumo de agua.
Se evaluará el uso específico del agua (medido por el volumen de agua empleado por unidad de producción).
Las operaciones deberán compararse con los estándares de eficiencia en el uso de agua disponibles para la industria.
EAS 4: Salud y seguridad de la comunidad
Aunque el objetivo de esta salvaguarda va en función de promover la salud y seguridad de la comunidad, el único espacio que atañe al agua y la salud es el de exposición de la comunidad a enfermedades, donde se debe evitar o minimizar la exposición de la comunidad a enfermedades trasmitidas por el agua, relacionadas con el agua o transmitidas por vectores. Empero, a lo largo de esta EAS el aspecto más profundizado es el de la calidad, seguridad y atención a la construcción de obras de infraestructura, incluidas las presas; de hecho, el Anexo 1 establece la siguiente caracterización de las presas, consideradas en esta categoría las presas de almacenamiento de agua para energía hidroeléctrica, suministro de agua, riego, control de inundaciones o proyectos multipropósito, presas de desechos o limo, o presas para la eliminación de cenizas:
EAS 4. Anexo 1: Seguridad de las presas. A. Nuevas presas. 1 Se exige medidas de seguridad durante el diseño, la presentación de ofertas, la construcción, la operación y el mantenimiento de la presa y las obras asociadas. Los requisitos de seguridad son:
a) Las “grandes presas” de una altura de 15 metros o más desde la base, que contienen más de 3 millones de metros cúbicos. b) Todas las demás presas, independientemente del tamaño o la capacidad de retención (llamadas “pequeñas presas”) que: i) pudieran causar riesgos para la seguridad, como inundaciones inusualmente grandes, ubicación en una zona altamente sísmica, cimientos que son complejos y difíciles de preparar, retención de materiales tóxicos o posibilidad de impactos significativos aguas abajo, o ii) se anticipe que puedan convertirse en presas grandes durante su vida operativa.
El agua en las salvaguardas del Export – Import Banco de China
La última versión de las salvaguardas del Exim Bank de China es de septiembre de 2022, es decir que hace un año que se aplica este marco ambiental y social que –según menciona- se ajusta a las políticas nacionales y “por el momento” se aplicará únicamente al Servicio de Préstamo de Crédito Verde. El documento de su política socioambiental está conformado por cinco artículos y cuatro anexos, cada artículo está ordenado por 53 cláusulas numeradas. El tema del agua explícitamente solo es mencionado dos veces en el llamado Artículo 2 de categorización de proyectos; y de forma indirecta en la salvaguarda 6.
Salvaguarda 6 sobreconservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales
El agua no está mencionada de forma explícita, solo con base en una interpretación de los riesgos si la construcción del proyecto involucra áreas sensibles, como humedales, bosques tropicales, bosques primigenios, arrecifes de coral y otras áreas ecológicamente sensibles o áreas con alto valor de protección ecológica; luego de mencionar aspectos biológicos, posibilidad de consultas y comunicaciones con residentes, agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas y si se han formulado los correspondientes planes de acción especiales para mitigar los efectos adversos. Estas salvaguardas se aplican de acuerdo a una categorización “dinámica” de clientes, de acuerdo al nivel de riesgo socioambiental que le aplique el banco, el tipo de proyecto y el tipo de crédito. Estas categorías tienen los niveles A, B y C y se detallan en el Anexo 2.
Artículo 2: Establecimiento del sistema
Según la cláusula 9, la categoría A abarcaría grandes proyectos de represamiento de aguas incluidos proyectos que zonas ecológicamente sensibles, para todos los que se aplicaría la debida diligencia.
– Clientes categoría A: participan en el desarrollo y operación de proyectos como centrales nucleares; grandes centrales hidroeléctricas, proyectos hidráulicos; proyectos de explotación y desarrollo de recursos; grandes instalaciones en áreas ambiental y ecológicamente vulnerables (incluidas instalaciones turísticas); gran instalación en zona minoritaria; gran proyecto industrial cerca de zona poblada y en zonas de explotación de agua.
Así quedaría conformada la lista 1:
Central nuclear.
Gran central hidroeléctrica.
Gran proyecto hidráulico.
Proyectos mineros de recursos minerales y no minerales.
Grandes instalaciones en zonas ambiental y ecológicamente vulnerables (incluidas instalaciones turísticas).
Amplias instalaciones en zona minoritaria.
Gran proyecto industrial cerca de zona intensiva de habitantes y zona de explotación de agua.
– Clientes categoría B: participan en el desarrollo y operación de proyectos de refinamiento de petróleo; fabricación de materias primas químicas y productos químicos; procesamiento de metales ferrosos; procesamiento de metales no ferrosos; productos minerales no metálicos; generación de energía térmica, producción y suministro de energía térmica, producción y suministro de gas; proyecto de transporte de larga distancia (incluido el transporte por tuberías), proyecto de transporte ferroviario.
– Clientes categoría C: suelen participar en sectores distintos a los antes mencionados.
La cláusula 10 establece los estándares de estudios requeridos por el banco van de acuerdo a las categorías. A su vez, la categorización se basa en el tipo, naturaleza, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto y sirve como referencia para revisión y aprobación de crédito. El Exim Bank determina, de acuerdo con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, qué salvaguardas aplica y los instrumentos requeridos para el proyecto, de acuerdo a la siguiente escala:
Proyecto de categoría A: implica un proyecto con impactos ambientales y sociales adversos significativos, irreversibles y acumulativos. Las herramientas de evaluación e instrumentos a aplicar son: Evaluación de impacto ambiental y social o plan de gestión ambiental y social, “u otra documentación similar aprobada por el banco”, incluido en el proyecto.
Proyecto de categoría B: implica un número limitado de impactos ambientales y sociales potencialmente adversos, pocos o ningún impacto son irreversibles o acumulativos, se limitan al área de inversión; y puede gestionarse con éxito utilizando buenas prácticas en un entorno operativo. Las herramientas de evaluación e instrumentos a aplicar son: revisión inicial de los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto. Sobre la base de esta revisión, el banco -en consulta con el cliente- determina el instrumento apropiado para evaluar los riesgos e impactos caso por caso, aunque los instrumentos comúnmente utilizados en esta categoría son planes de gestión.
Proyecto de categoría C: es probable que tenga impactos ambientales y sociales adversos mínimos o nulos; para estos el banco no requiere una evaluación ambiental y social pero sí un análisis de los aspectos ambientales y sociales.
Reflexiones sobre el marco de protección al agua y la aplicación de salvaguardas en el caso de carreteras
Como se dijo anteriormente, las salvaguardas expresan la voluntad de los bancos internacionales de aplicar estándares de cuidado social y ambiental. Estas políticas, que se basan en el marco legal nacional, cobran nueva relevancia debido a la magnitud de las inversiones en infraestructura vial en calidad de deuda pública, y el contexto de crisis hídrica en los casos de proyectos que favorecen el avance de la frontera agropecuaria en bosques como la Amazonía, hotspot de biodiversidad y de recarga hídrica.
Sin embargo, los recientes casos de niveles de conflictividad entre empresas ejecutoras y diseños de tramos con población afectada expresan que las inversiones de estos bancos precautelan el agua en la medida que atraviese los intereses de la zona de explotación o durante su extracción para el proyecto que financian. No es evidente que las salvaguardas precautelen en primera instancia la vulnerabilidad hídrica de las comunidades, poblaciones y ciudades. También quedan cortas respecto a sus prerrogativas sobre el cuidado del agua de forma integral y ecosistémica (acuíferos, ríos, lagunas, dotación de agua cuenca arriba y abajo, etc.).
En un breve análisis de las cuatro entidades se encuentran serios indicios de lo anterior. El Exim Bank de China es el inversor menos específico en el tema agua, pues apenas es mencionado “indirectamente” en la salvaguarda 6 respecto a humedales o bosques. El agua solo es mencionada en el Artículo 2 sobre categorías de grandes proyectos de represamiento de aguas, explotación hídrica y proyectos hidráulicos, por lo que tanto el banco como las empresas estatales chinas están generando conflictos socioambientales relativos a acceso al agua en los proyectos que financian y/o ejecutan:
Fuente: Elaboración propia, 2023.
La CAF es la que cuenta con un mayor repertorio de prerrogativas para el cuidado del agua en tres salvaguardas (S01, S02 y S04), respecto a las otras financieras, sin embargo, la institución permitió el avance del proceso de licitación de la carretera Las Cruces – Buena Vista, que afecta la zona de recarga hídrica de los acuíferos que abastecen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que se interconectan con los municipios aledaños.
Fuente: Elaboración propia, 2023.
El Banco Mundial menciona el uso y explotación del agua en tres salvaguardas (EAS 1, EAS 3 y EAS 4), con una mirada concreta en casos de seguridad frente a proyectos de presas. En el caso del financiamiento de 22 puentes en la carretera de norte de La Paz entre San Buenaventura e Ixiamas no se aplicaron medidas técnicas para la conservación ecológica de los ríos que en un 80 % poseen una alta calidad de aguas.
Fuente: Elaboración propia, 2023.
Cuando se habla de la integralidad del agua, se plantea asumir el agua como: 1) bien común y 2) como recurso finito, que debe ser garantizado. La rotura de ductos de agua, su mala canalización o desviación, así como la afectación a su calidad o a sus condiciones ecológicas de recarga, conculca el derecho al agua establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) en sus Art. 16 y 20. De la misma manera, el agua como derecho fundamentalísimo (Art. 373) debe ser respetada de forma sustentable, en todos sus estados por su carácter finito y vulnerable, aspecto que debe ser aplicado en los estudios técnicos y en los trabajos de obras viales. El Estado está llamado a proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida (Art. 374) en todas sus diferentes fuentes de origen: aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas o acuíferos, minerales, medicinales y otras; conservando, protegiendo, preservando, restaurando y velando por su uso sustentable y su gestión integral.
La idea del agua como bien común entra en conflicto con la visión del agua como mero recurso útil a la actividad extractiva, esta última como posición latente en las salvaguardas ambientales. Por otra parte, el derecho humano al agua a nivel nacional e internacional, así como el derecho a su acceso, con calidad y en cantidad suficiente, mediante políticas e inversiones en saneamiento, riñe con las delimitaciones espaciales y temporales de los proyectos, que no velan por el cumplimiento de este derecho más allá de la plena ejecución de las obras y de la zona de impactos directos, que incluso –como se ha visto- tampoco llega a precautelarse.
De forma integral, el principio del agua para la vida no llega a ser plasmado como un horizonte socioambiental de las inversiones de los grandes bancos de la región, mucho más cuando se habla de biomas sensibles como los bosques tropicales o la región amazónica, en un contexto de cambio climático y de grandes proyectos de despojo de lo común. El derecho al agua solo se puede cumplir en concordancia con el cumplimento de otros derechos, sobre todo medio ambientales. Vale decir con lo anterior que en torno al agua gira el cumplimiento de las otras salvaguardas: participación de la sociedad civil, acceso a la información de forma oportuna y transparente, rendición de cuentas sobre el proyecto e inclusión en el proceso de población afectada.
Esto devela un tema de fondo: no existe armonización e interconexión en las políticas socioambientales de los grandes bancos que invierten en la región, lo que poco a poco está generando –como es evidente- quiebres en la institucionalidad pública y comunitaria. De hecho, los reclamos desde la sociedad civil -urbana, campesina o indígena- respecto a impactos directos e inducidos provocados por carreteras es el mejor ejemplo, como acabamos de ver en los casos citados. A la par, queda en evidencia que, al no funcionar los canales de información y divulgación, pareciera que no está garantizada la accesibilidad directa con los financiadores ni los tomadores de decisiones a nivel Estado si no es bajo presión, lo que definitivamente no es un buen indicador de fomento a la gobernanza local, regional o nacional.
Referencias
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Por Marielle Cauthin
Actualmente los proyectos de infraestructura vial en Bolivia son los que absorben la mayor cantidad de préstamos de la banca internacional, representando el 36 % de la deuda nacional. Estas inversiones se conectan con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, que tiene como meta llegar a 10.500 kilómetros (km) de caminos construidos y pavimentados en la Red Vial Fundamental (RVF), 47 km de puentes y accesos y 13 mil km de conservación vial, priorizando la frontera amazónica en el norte del país (ABC, 2016). Los grandes prestatarios de este plan son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo del América Latina (CAF), el Banco Mundial (BM) y el Export – Import Bank de China (Exim Bank) (BCB, 2022).
En un contexto de emergencia frente a la sequía que vive Bolivia y el avance de la frontera agropecuaria en la Amazonía, poco se sabe de las políticas ambientales y sociales de estos bancos internacionales y de qué manera efectiva estas financieras aseguran o no la protección de bienes comunes sensibles como las fuentes de agua. De hecho, los últimos años se han hecho más constantes las denuncias y polémicas sobre megaproyectos por falta de criterios ambientales que protejan zonas de recarga hídrica como áreas protegidas, cuencas, además de ríos, acuíferos, lagunas, etc. Claro ejemplo son el tramo Las Cruces – Buena Vista –financiado por la CAF- que vulnera la protección de los acuíferos de Santa Cruz además del parque Amboró; de la misma manera se puede mencionar la carretera San Buenaventura – Ixiamas, financiada por el BM, que “puenteó” 22 ríos en menos de 100 kilómetros y donde, según las versiones de pobladores, no se aplicaron medidas de protección para mantener la conducta hídrica de los ríos, la accesibilidad para las comunidades que se proveen de esos arroyos aguas abajo, ni se mejoraron las condiciones de conexión de agua de las comunidades sobre la carretera o de los poblados intermedios (Cauthin, 2023), idéntico problema se enfrenta en la carretera Riberalta – Rurrenabaque, financiada por Exim Bank de China (Odpib, 2023).
En ese marco, han ido sonando con más fuerza en el debate nacional la falta de aplicación de políticas o salvaguardas de estos organismos, como parte de sus compromisos para que el uso de los fondos se ajuste a la normativa nacional y garantice estándares internacionales sociales, ambientales y de gobernanza. Estos reglamentos y procedimientos forman parte de los requisitos que deben aplicar los bancos prestatarios y -en términos generales- abarcan en promedio un decálogo de postulados que deben activarse en determinadas etapas del ciclo del proyecto. Los ejes temáticos de las salvaguardas son: gestión de riesgos ambientales y sociales; situación laboral; contaminación para la prevención y contingencia; condiciones de las comunidades en términos de salud; tierras con un enfoque en adquisición, restricciones y reasentamientos; biodiversidad para la conservación y gestión; pueblos indígenas; patrimonio cultural y género.
Es así que en este artículo se hizo un análisis de las salvaguardas que deben aplicar los principales bancos prestamistas del país con relación a protección de cuerpos de agua. En términos generales se puede decir que estos bancos no plantean una visión integral e interconectada sobre los ecosistemas y el ciclo del agua, sino un enfoque pragmático y segmentado de este elemento como: 1) recurso útil a la actividad extractiva; 2) recurso que merece alta atención y seguridad en la medida confluya en aguas internacionales o forme parte de proyectos de represamiento; 3) recurso útil para consumo humano en la zona de impactos directos del proyecto; y 4) recurso que sufrirá alteraciones durante la ejecución del proyecto y sobre el que solo se puede actuar a partir de mitigación frente a la contaminación.
De las cuatro entidades analizadas, el Exim Bank de China es el inversor menos específico en el tema agua, pues apenas lo menciona “indirectamente” en la salvaguarda 6 respecto a humedales o bosques. El agua solo se menciona en el Artículo 2 sobre categorías de grandes proyectos de represamiento de aguas, explotación hídrica y proyectos hidráulicos. La CAF es la que cuenta con un mayor repertorio de prerrogativas para el cuidado del agua en tres salvaguardas (S01, S02 y S04), respecto a las otras. El BID tiene tres cláusulas sobre explotación de agua para la actividad extractiva y una mención en caso de riesgo de acceso a agua dulce para la población (NDAS 1, NDAS 3 y NDAS 4). El Banco Mundial menciona el uso y explotación del agua en tres salvaguardas (EAS 1, EAS 3 y EAS 4) con una mirada concreta en proyectos de presas.
Algunos estudios exploratorios ya han demostrado la falta de efectividad y limitaciones de alcance en la aplicación de salvaguardas (Rivasplata, Zanafria, Torres, et al., 2014; Andersen, Del Granado, Medinaceli, et al., 2018), a estas investigaciones se puede añadir que en el caso del agua es necesaria una aproximación a partir de la situación estructural de vulnerabilidad hídrica presente y futura de comunidades, poblaciones y ciudades, en el amplio radio del proyecto a nivel temporal y geográfico. Esta información, así como todos los estudios socioambientales, deben estar a disposición del público en general y de los principales afectados en específico, además de todas las herramientas (políticas, guías, etc.) con que cuentan las financieras, que deberían estar expresadas de forma comprensible y accesible, en un esfuerzo por demostrar su buena fe. Misma calidad se esperaría de las fases de información y consulta, con énfasis en los estudios hídricos y escenarios prospectivos sobre el impacto inducido del proyecto sobre calidad de cuencas, acuíferos, ríos, manantiales, lagunas, etc.
Tipo de proyectos financiados con deuda pública
El saldo total de la deuda pública externa en 2021 alcanzó a USD 12.698 millones, monto que representó el 31.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). El 73 % de esta deuda corresponde a préstamos multilaterales y bilaterales del BID con el 31 %, la CAF con 21 %, el BM con el 11 % y la República Popular de China con el 10 %, según el Informe de la Deuda Pública Externa del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de diciembre de 2021 (publicado en agosto 2022). La tasa de interés por acreedor de la deuda pública externa del país alcanzó un promedio ponderado general de 2.7 %, según estimaciones del BCB (2022), siendo el interés chino el más alto con 2.6 %, seguido por la CAF con 2.4 % y el BID con 1.3%.
En el comportamiento de la deuda pública externa de los últimos 10 años (2011 – 2021) destaca la permanencia del BID y la CAF como los principales acreedores incrementado su participación desde 2016: el BID llegó a triplicar sus préstamos en 2021 (USD 3.943 millones) dejando en segundo lugar a la CAF (USD 2.662 millones), mientras el BM duplicó sus préstamos desde 2015 y en 2021 llegó a prestar USD 1.444 millones de dólares. El banco de China duplicó sus préstamos desde 2017 y en 2021 lo cuadruplicó (USD 1.312 millones), ocupando casi el tercer lugar como principal acreedor del país.
Los sectores de inversión más importantes dentro la deuda pública externa son: infraestructura vial con el 36 % de la deuda (USD 4.587 millones), el multisectorial con el 12 % (USD 1.578 millones), el sector de salud con 8 % (USD 1.025 millones), saneamiento básico con 6.7 % (USD 845 millones), fortalecimiento institucional con 6 % (USD 774 millones), sector agropecuario con 4.9 % (USD 620 millones) y energía con 4.5 % (USD 577 millones), entre los más importantes.
En consecuencia, el principal ejecutor que recibe los fondos de los préstamos de la banca internacional es la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con USD 379 millones (28 %). Aunque debido a préstamos por la pandemia de Covid 19 en primer lugar se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con un desembolso de USD 485 millones (35 %). En tercer lugar está la Empresa Siderúrgica del Mutún con USD 108 millones (8 %), luego el Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con USD 95 millones (7 %), en cuarto lugar está el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con USD 48 millones (3.5 %) y en quinto puesto el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social con USD 32 millones (2.4 %) (BCB, 2022).
Salvaguardas
Las salvaguardas son políticas que deben buscar reducir o eliminar los impactos de los proyectos financiados por bancos internacionales. El objetivo de su aplicación se debe a la corresponsabilidad de las financieras con los objetivos para los que se usan sus fondos, con base en la normativa nacional de cada país, así como en los compromisos internacionales. Mediante la aplicación de las salvaguardas se pretende prevenir, mitigar y/o compensar impactos adversos para la población y el medio ambiente, así como conservar la diversidad biológica, promover el uso sostenible de los recursos naturales y -desde el lado social- evitar y minimizar los impactos sobre la salud, las mujeres y trabajadoras/es. Idealmente los bancos internacionales deben fomentar la participación de las partes a través de información pública y contienen –de forma diferenciada- estipulaciones para categorizar los riesgos de los proyectos por su magnitud, riesgo, aplicación de debida diligencia, seguimiento y supervisión.
Ahora bien, los ejes en los que las financieras estructuran las salvaguardas actualmente van desde la gestión de riesgos ambientales y sociales; situación laboral; contaminación para la prevención y contingencia; condiciones de las comunidades en términos de salud; tierras con un enfoque en adquisición, restricciones y reasentamientos; biodiversidad para la conservación y gestión; pueblos indígenas; patrimonio cultural; y género. De forma específica, el BID incluyó una actualización de sus salvaguardas en 2020 en la que se incluyó cláusulas sobre epidemias y pandemias; el consentimiento libre, previo e informado; así como medidas de gestión diferenciadas para subsecciones vulnerables de la población, incluidos afrodescendientes, personas con discapacidad y las personas de diferentes orientaciones sexuales y géneros. Por su parte, el Banco Mundial es el único en tener una salvaguarda sobre intermediaros financieros.
De las cuatro entidades analizadas la CAF es la que cuenta con un amplio repertorio de prerrogativas para el cuidado del agua en tres salvaguardas (S01, S02 y S04): un marco conceptual sobre huella hídrica, huella ambiental y auditoría ambiental en la primera; la salvaguarda 2 que describe todo tipo de fuentes de agua; y la cuarta que apenas menciona la contaminación mediante aguas residuales. En el caso del BID se tienen tres cláusulas que abordan prerrogativas para el agua (NDAS 1, NDAS 3 y NDAS 4): la primera no contiene una descripción detallada de las fuentes de agua que se pueden amparar en la cláusula, y apenas menciona la contaminación de aguas internacionales y afectaciones a cuencas, mientras la NDAS 3 plantea una descripción detallada sobre el consumo de agua con relación a la actividad extractiva y la NDAS 4 contempla el caso de riesgo de acceso a agua dulce para la población.
El Banco Mundial también aborda el tema agua en tres salvaguardas (EAS 1, EAS 3 y EAS 4) en las que la primera menciona considerar el suministro de agua para que el desarrollo del proyecto, en tanto la tercera abarca el uso sostenible del agua durante la actividad extractiva y la contaminación mediante derrame, la última EAS aborda la salubridad del agua para la población cercana y una amplia descripción de seguridad en proyectos de presas, riego e inundaciones provocadas por represamientos. En tanto el Exim Bank de China apenas menciona el recurso agua dos veces en todo su documento de salvaguardas, y de forma indirecta en la salvaguarda 6 sobre humedales o bosques. En el Artículo 2 se menciona la categoría A que abarca grandes proyectos de represamiento de aguas, explotación hídrica y proyectos hidráulicos, para los que se exigen estudios ambientales, sin una aproximación detallada a tipologías y calidad de agua.
El agua en las salvaguardas de la CAF
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) publicó sus salvaguardas en 2016, aplicables a todas las operaciones de crédito que financia y en cumplimiento de las normas ambientales y sociales de cada país prestatario. Busca lograr los siguientes resultados ambientales y sociales: i) proporcionar los criterios técnicos y las orientaciones conceptuales importantes para la evaluación ambiental y social coherentes y aplicables para todas las operaciones de crédito de la CAF; ii) establecer las responsabilidades del cliente con relación a la evaluación y seguimiento de los impactos ambientales y sociales asociados a una operación de crédito financiada por la CAF.
Según las estipulaciones de la CAF, el cliente (público o privado) tiene la responsabilidad de realizar una evaluación ambiental y social de las operaciones para las cuales solicita el financiamiento, a fin de que sean viables y sostenibles. Esta evaluación debe tomar en consideración el tipo y magnitud del proyecto, características ambientales y sociales del entorno; y debe ser integral en cuanto a profundidad para identificar y entender los impactos potenciales y proponer medidas y soluciones adecuadas. La aplicación de las salvaguardas es para financiamientos del sector público o privado en proyectos industriales, de infraestructura, desarrollo social y ambiental u operaciones corporativas y especiales. Los requisitos, según la CAF, se aplican en todas las etapas de la operación: i) diseño, ii) construcción, iii) operación, iv) ampliaciones y/o modificaciones y, v) clausura o cierre. Tres (S01, S02 y S04) de las nueve salvaguardas actuales de este banco se aplican concretamente a cuidados respecto al agua.
La salvaguarda 1 se aplica a todos los componentes del proyecto/programa, independientemente de que se trate de un financiamiento completo de la CAF o de un cofinanciamiento; también se aplica a “instalaciones asociadas” que son las que, si bien no forman parte de la operación, i) están directa y significativamente relacionadas con la operación, ii) se llevan a cabo, o se planifica que se lleven a cabo de forma paralela a la operación financiada, o iii) es necesaria para que la operación sea viable y no se habría construido ni ampliado si la operación no hubiera existido.
Esta salvaguarda de manera general aborda varios aspectos de la normativa ambiental, así como un marco conceptual que delimita el alcance de algunos postulados. Respecto al tema agua, se mencionan:
Esta salvaguarda se relaciona con agua en tanto contempla “prevención, mitigación y control de los impactos ambientales negativos (por ejemplo: contaminación, pérdida de tierra cultivable, sequía grave o desertificación, entre otros)”. La aplicabilidad de la salvaguarda es todas las fases del crédito, en operaciones de irrigación, cabeceras de cuencas, fuentes de agua, presas, sistemas de agua potable, explotación de agua, acuicultura, agricultura, ganadería o plantaciones a gran escala, regiones con problemas de drenaje, zonas de recarga y descarga de acuíferos, zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas o que históricamente presenten vulnerabilidad a las sequías debido a eventos de variabilidad climática como el ciclo El Niño/La Niña, que presenten conflictos de uso de los recursos agua y/o suelo, zonas que presenten altos niveles o riesgos de erosión.
Como parte de la evaluación de impactos sociales y ambientales del proyecto el cliente tiene un decálogo de responsabilidades para con la CAF, que en lo que concierne al agua contempla:
A través de un plan de monitoreo, la CAF establece que el cliente diseñará y aplicará, según corresponda, medidas para asegurar un eficiente uso del agua, reduciendo el consumo a lo mínimo indispensable; aplicar buenas prácticas para la conservación del agua, así como prácticas de control del pastoreo, recuperación de suelos, reforestación, entre otras, para mitigar efectos como la sequía. Algunos indicadores del monitoreo son: i) cantidad y calidad de agua usada en el proyecto, ii) eficiencia del uso del agua (por ejemplo, el volumen de agua usado por unidad de producción), iii) superficie de terreno recuperado o protegido de la erosión, y iv) número de conflictos relacionados con el uso del agua o el suelo.
Las operaciones de crédito de la CAF deben incluir medidas de prevención, mitigación y control de la contaminación. Con esta salvaguarda también se activa -en los casos en que la CAF considere necesario- el principio de precaución y solicita la aplicación de medidas protectoras adicionales ante la sospecha de que ciertos productos o tecnologías pueden crear un riesgo grave para la salud pública o el ambiente.
Respecto al agua en concreto, los criterios para aplicar la salvaguarda son: si el proyecto implica la construcción, rehabilitación, operación o cierre de sistemas de manejo de aguas residuales industriales o domésticas: “De ninguna forma el cliente podrá disponer en el ambiente aguas residuales domésticas o industriales sin tratamiento”. Cuando se libere efluentes al ambiente, estos deben tener las características y cumplir los parámetros de calidad exigidos por la normativa nacional pertinente.
El agua en las salvaguardas del BID
El Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entró en funcionamiento en octubre de 2021. El MPAS establece estándares “para gestionar riesgos e impactos ambientales y sociales” y un espacio concreto para fomentar y comprometer la “participación de partes interesadas y divulgación de información”, que supone que el cliente implemente mecanismos de reclamación y rendición de cuentas a nivel de proyecto. Todo esto está plasmado en diez Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS), de las que las NDAS 1, 3 y 4 abordan áreas relativas al agua, sin una caracterización en detalle, prueba de esto es que el Anexo II – Glosario del marco de política ambiental y social, no cuenta con una descripción conceptual del alcance del agua o recursos hídricos.
Otra novedad de este decálogo es que permite la compatibilidad con algunas políticas del Banco Mundial, deja que los países prestamistas justifiquen la aplicación de estudios integrales, o que –si hay intermediarios en la transacción- estos asuman la responsabilidad del seguimiento socioambiental. Por ejemplo, para la aplicación de las salvaguardas 2, 3 y 4 (trabajo, contaminación y comunidad), el BID se abre a la posibilidad de que los prestatarios empleen las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial, “pues constituyen buenas prácticas internacionales reconocidas en distintos sectores”. Si el cliente tiene limitaciones “técnicas o financieras” u otras, este prestatario podrá “aplicar niveles o medidas menos rigurosos que los estipulados en esas directrices, el BID exigirá al prestatario que presente una justificación completa y detallada de cualquier alternativa que proponga, mediante instrumentos adecuados (por ejemplo, una evaluación ambiental y social)”. En “operaciones con intermediarios financieros (FI)”, que “involucra el suministro de recursos a través de intermediarios financieros o de mecanismos de entrega”: “el intermediario financiero se encarga de la evaluación y el seguimiento de los subproyectos”, según el BID.
El BID cuenta con una clasificación de impacto por tipo de proyecto para determinar “los documentos pertinentes del proyecto”: Categoría A, operaciones que pueden provocar grandes impactos ambientales y sociales negativos o que tienen repercusiones profundas para los recursos naturales. Categoría B, operaciones que pueden provocar impactos ambientales y sociales negativos en general locales y a corto plazo, para los cuales se conocen medidas de mitigación eficaces y fácilmente disponibles. Categoría C, operaciones que probablemente provoquen impactos ambientales o sociales negativos mínimos, cuando no nulos. También está la clasificación de riesgo: bajo, moderado, sustancial y elevado.
Esta cláusula determina y evalúa los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto; adopta una jerarquía de mitigación que evite o minimice riesgos y, cuando existan impactos residuales, medidas de resarcimiento o compensación para trabajadores y otras personas afectadas medioambientalmente.
En laidentificación de riesgos e impactosse menciona sin mayor profundidad el uso o contaminación de cursos de agua internacionales (v) y riesgos e impactos a nivel de cuencas (x). El agua también es mencionada como parámetro de impactos acumulativos cuando “haya reducción del caudal de agua en una cuenca hidrográfica a causa de múltiples extracciones, el aumento de las cargas de sedimentos que recibe una cuenca hidrográfica”.
El objetivo es promover un uso sostenible de recursos, entre ellos energía y agua, “en función de los costos” y solo “centrándose en los ámbitos medulares de las actividades del proyecto”. De la misma manera esta política tiene que ver con la contaminación a diferentes niveles entre los que se mencionan vertidos térmicos al agua, emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo, debido a circunstancias habituales, no habituales o accidentales, con posibilidades de generar impactos locales, regionales y transfronterizos. Cuando exista una contaminación histórica en el terreno o las aguas subterráneas, el prestatario procurará determinar si es responsable de adoptar medidas de mitigación. Para aplicar el NDAS 3, se estipula una caracterización para activar la cláusula.
Consumo de agua: Cuando se trate de un proyecto que pueda llegar a consumir una cantidad importante de agua, el prestatario, además de aplicar los requisitos sobre eficiencia en el uso de los recursos contenidos en esta Norma de Desempeño, adoptará medidas para evitar o reducir el consumo de agua, a fin de que el consumo generado por el proyecto no tenga impactos adversos importantes sobre las personas y la biodiversidad. Estas medidas incluyen, entre otros, la adopción de prácticas adicionales de conservación del agua técnicamente viables, el uso de fuentes alternativas de agua, la reutilización del agua, la compensación del consumo para reducir la demanda total de recursos hídricos adecuándola a la capacidad de suministro disponible, y la evaluación de emplazamientos alternativos para el proyecto, según corresponda.
Esta política tiene como objetivo prever y evitar impactos adversos para la salud y la seguridad de las personas afectadas por el proyecto durante el ciclo de vida de este. Uno de los factores que pueden atentar contra el bienestar son la vulneración de servicios ecosistémicos, entre los que se menciona los impactos adversos en la calidad, cantidad y disponibilidad de agua dulce, que pueden ocasionar riesgos e impactos relacionados con la salud.
El agua en las salvaguardas del BM
En 2016, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial adoptó un conjunto de políticas ambientales y sociales denominado Marco Ambiental y Social (MAS). Desde 2018, el MAS se aplica a todas las nuevas operaciones de financiamiento y se adhieren al marco de Políticas de Salvaguarda anterior que funcionarán en paralelo hasta 2025. El BM tiene 9 Estándares Ambientales y Sociales (EAS) en esta materia, de las que tres (EAS 1, EAS 3 y EAS 4) se aplican cuando hay riesgos asociados al recurso agua.
El BM acepta diferentes métodos y herramientas utilizadas por el país prestatario para llevar a cabo la evaluación ambiental y social, monitorear resultados y medidas de mitigación; de la misma manera estas herramientas “reflejarán la naturaleza y la escala del proyecto”, por lo que el país interesado en el préstamo tiene un amplio margen para demostrar la efectividad del proyecto, de acuerdo a la metodología de estudios de impacto que aplique. Las herramientas que menciona el BM son varias y pueden usarse combinadas o de forma exclusiva: a) Evaluación del impacto ambiental y social; b) Auditoría ambiental y social; c) Evaluación de riesgos o amenazas; d) Evaluación de impacto acumulativo; e) Análisis social y de conflicto; f) Plan de Gestión Ambiental y Social; g) Marco de Gestión Ambiental y Social; h) Evaluación de impacto ambiental y social regional; i) Evaluación de impacto ambiental y social sectorial; j) Evaluación ambiental y social estratégica.
Esta cláusula adopta una jerarquía de mitigación para: a) anticipar y evitar riesgos e impactos; b) cuando no sea posible evitarlos, minimizar los riesgos e impactos o reducirlos a niveles aceptables; c) una vez que los riesgos e impactos hayan sido minimizados o reducidos, mitigarlos; d) cuando queden impactos residuales significativos, compensarlos o contrarrestarlos, cuando sea técnica y financieramente posible. A su vez, la descripción del proyecto debe considerar el suministro de agua para que el proyecto se desarrolle.
En el EAS 3 se reconoce que la urbanización y la actividad económica a menudo generan contaminación del aire, el agua y la tierra, por lo que se promueve el uso sostenible de: energía, agua y materias primas. Esto podría suponer que la cláusula se activa si el prestatario no implementa medidas técnica y financieramente posibles para lograr mayor eficiencia: “cuando haya parámetros de referencia disponible, el prestatario hará una comparación para establecer el nivel relativo de eficiencia”. En cuanto a la prevención y gestión de la contaminación, el BM lo menciona cuando se habla de liberación de contaminantes en el aire, el agua y la tierra, deliberada o accidental, donde se incluyen las descargas térmicas en el agua.
Respecto al agua, esta salvaguarda establece:
B. Uso del agua: Cuando el proyecto consuma cantidades potencialmente significativas de agua o tenga impactos potencialmente significativos en la calidad del agua, además de cumplir con los requisitos de este EAS referidos a la eficiencia en el uso de los recursos, el Prestatario deberá adoptar medidas técnica y financieramente posibles para evitar o minimizar el consumo de agua en el proyecto, a fin de que dicho consumo no tenga impactos significativamente adversos en las comunidades, otros usuarios y el medio ambiente. Estas medidas incluyen, entre otras, medidas adicionales de conservación del agua técnicamente posibles en las operaciones del Prestatario, el uso de suministros alternativos de agua, acciones para contrarrestar el consumo de agua y mantener la demanda total de recursos hídricos dentro del suministro disponible, y la evaluación de ubicaciones alternativas para el proyecto.
En los proyectos con una demanda de agua elevada e impactos elevados se aplicará lo siguiente:
Aunque el objetivo de esta salvaguarda va en función de promover la salud y seguridad de la comunidad, el único espacio que atañe al agua y la salud es el de exposición de la comunidad a enfermedades, donde se debe evitar o minimizar la exposición de la comunidad a enfermedades trasmitidas por el agua, relacionadas con el agua o transmitidas por vectores. Empero, a lo largo de esta EAS el aspecto más profundizado es el de la calidad, seguridad y atención a la construcción de obras de infraestructura, incluidas las presas; de hecho, el Anexo 1 establece la siguiente caracterización de las presas, consideradas en esta categoría las presas de almacenamiento de agua para energía hidroeléctrica, suministro de agua, riego, control de inundaciones o proyectos multipropósito, presas de desechos o limo, o presas para la eliminación de cenizas:
EAS 4. Anexo 1: Seguridad de las presas. A. Nuevas presas. 1 Se exige medidas de seguridad durante el diseño, la presentación de ofertas, la construcción, la operación y el mantenimiento de la presa y las obras asociadas. Los requisitos de seguridad son:
a) Las “grandes presas” de una altura de 15 metros o más desde la base, que contienen más de 3 millones de metros cúbicos. b) Todas las demás presas, independientemente del tamaño o la capacidad de retención (llamadas “pequeñas presas”) que: i) pudieran causar riesgos para la seguridad, como inundaciones inusualmente grandes, ubicación en una zona altamente sísmica, cimientos que son complejos y difíciles de preparar, retención de materiales tóxicos o posibilidad de impactos significativos aguas abajo, o ii) se anticipe que puedan convertirse en presas grandes durante su vida operativa.
El agua en las salvaguardas del Export – Import Banco de China
La última versión de las salvaguardas del Exim Bank de China es de septiembre de 2022, es decir que hace un año que se aplica este marco ambiental y social que –según menciona- se ajusta a las políticas nacionales y “por el momento” se aplicará únicamente al Servicio de Préstamo de Crédito Verde. El documento de su política socioambiental está conformado por cinco artículos y cuatro anexos, cada artículo está ordenado por 53 cláusulas numeradas. El tema del agua explícitamente solo es mencionado dos veces en el llamado Artículo 2 de categorización de proyectos; y de forma indirecta en la salvaguarda 6.
El agua no está mencionada de forma explícita, solo con base en una interpretación de los riesgos si la construcción del proyecto involucra áreas sensibles, como humedales, bosques tropicales, bosques primigenios, arrecifes de coral y otras áreas ecológicamente sensibles o áreas con alto valor de protección ecológica; luego de mencionar aspectos biológicos, posibilidad de consultas y comunicaciones con residentes, agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas y si se han formulado los correspondientes planes de acción especiales para mitigar los efectos adversos. Estas salvaguardas se aplican de acuerdo a una categorización “dinámica” de clientes, de acuerdo al nivel de riesgo socioambiental que le aplique el banco, el tipo de proyecto y el tipo de crédito. Estas categorías tienen los niveles A, B y C y se detallan en el Anexo 2.
Según la cláusula 9, la categoría A abarcaría grandes proyectos de represamiento de aguas incluidos proyectos que zonas ecológicamente sensibles, para todos los que se aplicaría la debida diligencia.
– Clientes categoría A: participan en el desarrollo y operación de proyectos como centrales nucleares; grandes centrales hidroeléctricas, proyectos hidráulicos; proyectos de explotación y desarrollo de recursos; grandes instalaciones en áreas ambiental y ecológicamente vulnerables (incluidas instalaciones turísticas); gran instalación en zona minoritaria; gran proyecto industrial cerca de zona poblada y en zonas de explotación de agua.
Así quedaría conformada la lista 1:
– Clientes categoría B: participan en el desarrollo y operación de proyectos de refinamiento de petróleo; fabricación de materias primas químicas y productos químicos; procesamiento de metales ferrosos; procesamiento de metales no ferrosos; productos minerales no metálicos; generación de energía térmica, producción y suministro de energía térmica, producción y suministro de gas; proyecto de transporte de larga distancia (incluido el transporte por tuberías), proyecto de transporte ferroviario.
– Clientes categoría C: suelen participar en sectores distintos a los antes mencionados.
La cláusula 10 establece los estándares de estudios requeridos por el banco van de acuerdo a las categorías. A su vez, la categorización se basa en el tipo, naturaleza, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto y sirve como referencia para revisión y aprobación de crédito. El Exim Bank determina, de acuerdo con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, qué salvaguardas aplica y los instrumentos requeridos para el proyecto, de acuerdo a la siguiente escala:
Reflexiones sobre el marco de protección al agua y la aplicación de salvaguardas en el caso de carreteras
Como se dijo anteriormente, las salvaguardas expresan la voluntad de los bancos internacionales de aplicar estándares de cuidado social y ambiental. Estas políticas, que se basan en el marco legal nacional, cobran nueva relevancia debido a la magnitud de las inversiones en infraestructura vial en calidad de deuda pública, y el contexto de crisis hídrica en los casos de proyectos que favorecen el avance de la frontera agropecuaria en bosques como la Amazonía, hotspot de biodiversidad y de recarga hídrica.
Sin embargo, los recientes casos de niveles de conflictividad entre empresas ejecutoras y diseños de tramos con población afectada expresan que las inversiones de estos bancos precautelan el agua en la medida que atraviese los intereses de la zona de explotación o durante su extracción para el proyecto que financian. No es evidente que las salvaguardas precautelen en primera instancia la vulnerabilidad hídrica de las comunidades, poblaciones y ciudades. También quedan cortas respecto a sus prerrogativas sobre el cuidado del agua de forma integral y ecosistémica (acuíferos, ríos, lagunas, dotación de agua cuenca arriba y abajo, etc.).
En un breve análisis de las cuatro entidades se encuentran serios indicios de lo anterior. El Exim Bank de China es el inversor menos específico en el tema agua, pues apenas es mencionado “indirectamente” en la salvaguarda 6 respecto a humedales o bosques. El agua solo es mencionada en el Artículo 2 sobre categorías de grandes proyectos de represamiento de aguas, explotación hídrica y proyectos hidráulicos, por lo que tanto el banco como las empresas estatales chinas están generando conflictos socioambientales relativos a acceso al agua en los proyectos que financian y/o ejecutan:
La CAF es la que cuenta con un mayor repertorio de prerrogativas para el cuidado del agua en tres salvaguardas (S01, S02 y S04), respecto a las otras financieras, sin embargo, la institución permitió el avance del proceso de licitación de la carretera Las Cruces – Buena Vista, que afecta la zona de recarga hídrica de los acuíferos que abastecen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que se interconectan con los municipios aledaños.
El Banco Mundial menciona el uso y explotación del agua en tres salvaguardas (EAS 1, EAS 3 y EAS 4), con una mirada concreta en casos de seguridad frente a proyectos de presas. En el caso del financiamiento de 22 puentes en la carretera de norte de La Paz entre San Buenaventura e Ixiamas no se aplicaron medidas técnicas para la conservación ecológica de los ríos que en un 80 % poseen una alta calidad de aguas.
Cuando se habla de la integralidad del agua, se plantea asumir el agua como: 1) bien común y 2) como recurso finito, que debe ser garantizado. La rotura de ductos de agua, su mala canalización o desviación, así como la afectación a su calidad o a sus condiciones ecológicas de recarga, conculca el derecho al agua establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) en sus Art. 16 y 20. De la misma manera, el agua como derecho fundamentalísimo (Art. 373) debe ser respetada de forma sustentable, en todos sus estados por su carácter finito y vulnerable, aspecto que debe ser aplicado en los estudios técnicos y en los trabajos de obras viales. El Estado está llamado a proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida (Art. 374) en todas sus diferentes fuentes de origen: aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas o acuíferos, minerales, medicinales y otras; conservando, protegiendo, preservando, restaurando y velando por su uso sustentable y su gestión integral.
La idea del agua como bien común entra en conflicto con la visión del agua como mero recurso útil a la actividad extractiva, esta última como posición latente en las salvaguardas ambientales. Por otra parte, el derecho humano al agua a nivel nacional e internacional, así como el derecho a su acceso, con calidad y en cantidad suficiente, mediante políticas e inversiones en saneamiento, riñe con las delimitaciones espaciales y temporales de los proyectos, que no velan por el cumplimiento de este derecho más allá de la plena ejecución de las obras y de la zona de impactos directos, que incluso –como se ha visto- tampoco llega a precautelarse.
De forma integral, el principio del agua para la vida no llega a ser plasmado como un horizonte socioambiental de las inversiones de los grandes bancos de la región, mucho más cuando se habla de biomas sensibles como los bosques tropicales o la región amazónica, en un contexto de cambio climático y de grandes proyectos de despojo de lo común. El derecho al agua solo se puede cumplir en concordancia con el cumplimento de otros derechos, sobre todo medio ambientales. Vale decir con lo anterior que en torno al agua gira el cumplimiento de las otras salvaguardas: participación de la sociedad civil, acceso a la información de forma oportuna y transparente, rendición de cuentas sobre el proyecto e inclusión en el proceso de población afectada.
Esto devela un tema de fondo: no existe armonización e interconexión en las políticas socioambientales de los grandes bancos que invierten en la región, lo que poco a poco está generando –como es evidente- quiebres en la institucionalidad pública y comunitaria. De hecho, los reclamos desde la sociedad civil -urbana, campesina o indígena- respecto a impactos directos e inducidos provocados por carreteras es el mejor ejemplo, como acabamos de ver en los casos citados. A la par, queda en evidencia que, al no funcionar los canales de información y divulgación, pareciera que no está garantizada la accesibilidad directa con los financiadores ni los tomadores de decisiones a nivel Estado si no es bajo presión, lo que definitivamente no es un buen indicador de fomento a la gobernanza local, regional o nacional.
Referencias
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Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (2023) Los indígenas cavineños bloquean la vía Riberalta-Rurrenabaque exigiendo resarcimiento de daños ambientales. En odpib.org
Rivasplata F., Zanafria J., Torres M. et al. (2014) Altas y bajas en las salvaguardas ¿Cómo actúan BNDES, China ExIm Bank, CAF y BID? Resumen Ejecutivo. Lima: DAR.
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