Por Marielle Cauthin
Bolivia es uno de los países de la región con más políticas en defensa de la Madre Tierra y el medio ambiente -la Constitución Política del Estado, y leyes como la 071 de la Madre Tierra y ley 300 de Desarrollo Integral, entre otras-, pero paradójicamente este marco de protección no se traduce en más inversiones del Estado destinadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). De hecho, dentro del presupuesto consolidado de 2023 las inversiones para el sector agua y medio ambiente representaron apenas el 0,96 % y en 2024 se reducirá al 0,79 %. Siendo el sector con menos recursos.
Sin esfuerzo de las arcas del Estado y con un muy reciente escándalo de corrupción por el que el extitular de esa cartera, Juan Santos Cruz, se encuentra detenido preventivamente; Bolivia debe enfrentar los serios embates del cambio climático, considerado que este año se tuvo el registro de temperatura más elevado de la historia preindustrial de la humanidad: más de 1,4 grados centígrados, y cerca del umbral de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.
En Bolivia este evento se tradujo en una sequía generalizada. El monitor de sequías del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) estableció que, hasta septiembre de 2023, gran parte de las macrorregiones del país poseían un índice combinado de sequía entre débil y moderado y un índice severo en la región altiplánica y parte de los valles, trece cuencas presentaban sequía moderada a severa y nueve embalses tenían niveles de volumen bajos y muy bajos en todo el país. Mientras que el Índice de Déficit de Agua en el Suelo identificó condiciones de suelo seco en seis de las siete macrorregiones a nivel nacional. Pese a esto, y a la recurrencia y profundización de este tipo de eventos, la respuesta del gobierno nacional fue la aplicación del Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía 2022 – 2023 con un presupuesto de Bs. 122.8 millones, lo que representa apenas el 2,8 % del presupuesto para el sector de defensa, por ejemplo, según denunció el investigador Guillermo Villalobos (2023).
Debido a la gravedad de esto, plataformas ciudadanas como la Comunidad del Agua -que agrupa a más de 80 organizaciones del país- alertaron sobre la reducción del presupuesto para el sector. A la par, en un comunicado lanzando el pasado 8 de diciembre, demandaron “un impuesto y un sistema de sanciones a las empresas que utilizan el agua con fines de lucro, así como para aquellas que degradan el medio ambiente y contaminan el agua”, ya que el presupuesto apenas abarca proyectos de saneamiento, riego y tratamiento de aguas residuales domésticas, sin contemplar mitigación y remediación de contaminación y sobreexplotación de acuíferos, cuencas y lagos o lagunas provocados por la industria o la especulación inmobiliaria.
Sector agua en los presupuestos generales de 2023 y 2024
Para el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023 se calculó un total de Bs. 243.950 millones de ingresos consolidados[1], mientras el presupuesto para el sector de medio ambiente y agua fue de Bs. 2.342 millones, lo que representa apenas el 0,96 % de las inversiones nacionales. Cabe aclarar que estas cifras corresponden en específico al sector ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, según el detalle del Presupuesto Ciudadano elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en 2023.
En términos comparativos por sector, el presupuesto de agua y medio ambiente representó el 2 %, siendo el más bajo de esta gestión, incluso menor al de desarrollo rural y tierras (Bs. 2.457 millones); mientras sectores como hidrocarburos y energía abarcan el 42 % del presupuesto sectorial (Bs. 62.217 millones), como se puede observar en el cuadro a continuación.
El PGN de 2023 para el sector fue destinado a proyectos de: 1) agua potable, recursos hídricos y riego con Bs. 1.235 millones (52,7 %); 2) empresas del nivel departamental y municipal con Bs. 642 millones (27,6 %); 3) saneamiento básico, residuos sólidos y drenaje pluvial con Bs. 336 millones (14,4 %); y 4) biodiversidad, bosques y tierra con Bs. 124 millones (5,3 %), lo que da como resultado los Bs. 2.342 millones, según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, en el detalle del cuadro desglosado abajo llama la atención la disparidad de las cifras totales entre el presupuesto del sector por área y por tipo de proyectos.
El presupuesto consolidado[2] para 2024 será de Bs. 265.558. El sector medio ambiente y agua tiene un presupuesto programado de Bs. 2.100 millones para ejecutar 288 proyectos de inversión, lo que representará apenas el 0,79 % de las inversiones nacionales. Cabe aclarar que estas cifras corresponden en específico al sector ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, según el detalle del Proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en 2023.
En términos comparativos por sector, el presupuesto de agua y medio ambiente representó el 1 % del presupuesto total sectorial, siendo doblemente más bajo que el de desarrollo rural y tierras (Bs. 2.596 millones); mientras sectores como hidrocarburos y energía continúan abarcando mayoritariamente la inversión con el 38 % del presupuesto (Bs. 58.124 millones).
Con un presupuesto de menos del 1 % de las inversiones nacionales, sumado a los casos de corrupción, el sector agua y medio ambiente no cuenta con la institucionalidad necesaria para enfrentar los desafíos del cambio climático ni los impactos socioambientales de los sectores extractivos. Ante esta falta de recursos para temas centrales de calidad de vida, las posibles alternativas pueden ser las que se plantean las organizaciones de la sociedad civil, como cobros de impuestos diferenciados por uso industrial – empresarial del agua, donde también deben estar las empresas agropecuarias; además de multas comparables al impacto del año por contaminación de industrias y empresas, donde también debe entrar el sector minero. Así como un monitoreo ambiental más estricto sobre uso irracional del agua, como creación de lagos o lagunas artificiales en previos privados, según lo evidenciado con las urbanizaciones en el Urubó en Santa Cruz. Pero, por sobre todo, es necesaria y urgente la voluntad y responsabilidad estatal para enfrentar presupuestariamente y de forma transparente las episódicas crisis ambientales que vivimos.
Referencias
Banco Central de Bolivia (agosto 2022) Informe de la Deuda Pública Externa al 31 de diciembre de 2021. BCB, La Paz.
Banco Central de Bolivia (2021) 13 Pilares de la Agenda Patriótica Bolivia Digna y Soberana 2025. 2da Edición. BCB, La Paz.
Mendoza K. (2023) ¿Cuáles son los 12 organismos internacionales que financian proyectos del el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? ElDeber.com.bo
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2023) Presupuesto ciudadano 2023. MEFP, La Paz.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2023) Ejecución presupuestaria SIGEP.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2023) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2024.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2022) Boletín Deuda TGN – junio 2022. MEFP, La Paz.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2021) Plan Estratégico Ministerial (PEM) 2021-2025 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2023) Presupuesto General del Estado (proyecto) Gestión 2024. Tomo I. MEFP.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2023) Presupuesto General del Estado (proyecto) Gestión 2024. Tomo II. MEFP.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2021; 2022) Detalle de fuentes y organismos que contribuyen a la ejecución de programas (Al 30 de noviembre de 2021 y enero 2022).
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (septiembre 2022) POA Presupuesto 2023 y presupuesto plurianual 2021 – 2025. MMAyA, 2022.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2017) Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Villalobos G. (2023) Presupuesto raquítico para una sequía previsible. Fundaciónsolon.org
[1] Compuesto por: 61 % corresponde a Ingresos Corrientes (ingresos de operación 25,7 %, que generan las empresas públicas, principalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la venta de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo, líquidos y derivados de hidrocarburos; ingresos tributarios 21 %, transferencias y donaciones); 0,5 % son Ingresos de Capital (venta de activos no financieros y/o transferencias y donaciones recibidas); y el 38,5 % pertenece a Fuentes Financieras: 11,6 % crédito externo, 12,4 % crédito interno y 14,5 % con otras fuentes internas que incluye los ahorros de las entidades públicas y cuentas por cobrar principalmente (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022).
[2] Compuesto por ingresos corrientes 62 %: ingresos de operación (23,7 %), ingresos tributarios (24,4 %), resto de ingresos corrientes (15 %); 39,3 % fuentes financieras provenientes de crédito externo, crédito interno y otras fuentes internas; finalmente, ingresos de capital 0,4 % (Ministerio de Economía y Finanzas, 2023).
Foto portada: El Deber
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