¿Qué son los mercados de carbono?

Por Guillermo Villalobos M.

En los últimos años los mercados de carbono -que son ilegales en Bolivia- han cobrado inusitada expectativa en algunos dirigentes indígenas y autoridades nacionales, departamentales y municipales cautivados por las promesas de dinero de empresas, intermediarios y consultores que promueven diferentes formas de mercantilización de las funciones de la Madre Tierra.

Estas promesas de mercados de carbono tienen diferentes nombres y características pero todas están asociadas a procesos especulativos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques.

A lo largo de una serie de artículos vamos a analizar esta problemática empezando por comprender ¿Qué son los mercados de carbono? ¿Cómo surgieron? ¿Qué tipos de mercado de carbono han sido creados en el marco de diferentes instrumentos internacionales sobre cambio climático? ¿Qué resultados han traído estos mercados de carbono y porque son tan problemáticos? En una segunda nota nos abocaremos a los mercados de carbono vinculados a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques que tiene el nombre de REDD+. En un tercer artículo abordaremos los mercados de carbono en el marco del Acuerdo de París (2015) y como estos impulsan diferentes mercados voluntarios de carbono. En una cuarta nota nos dedicaremos a desentrañar uno de esos mercados voluntarios de carbono que es LEAF por su sigla en inglés y que es la “Coalición para la Reducción de las Emisiones mediante la Aceleración del Financiamiento Forestal”. ¿Quiénes conforman LEAF, cómo funciona y cuál es su visión de los bosques y la deforestación? En una última nota analizaremos la posición del gobierno de Bolivia frente a LEAF.

Permisos para seguir contaminando

Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los cuales se compran y venden unidades de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), conocidos como créditos de carbono^[1]. En otras palabras, son un espacio donde países y empresas pueden intercambiar emisiones (o reducciones de emisiones) de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) y diferentes gases fluorados.^[2]

En palabras sencillas los certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (bonos de carbono) son permisos para seguir contaminando que adquieren las empresas o países que no han podido cumplir con sus metas de reducción de emisiones de GEI. La idea es que si una empresa no puede reducir la contaminación que produce, entonces puede comprar bonos de carbono de alguna otra empresa o país que habría reducido sus emisiones más allá de su compromiso de reducción de emisiones.

Los mercados de carbono fueron pensados como un mecanismo para proporcionar mayor “maniobrabilidad” a los países, empresas y personas con el fin de que puedan seguir reproduciendo sus negocios sin hacer grandes ajustes a sus modelos productivos (Gilbertson y Reyes, 2009). En otras palabras, los mercados de carbono son una forma de hacer trampa: “en vez de hacer una transición costosa para mi negocio compro permisos para seguir contaminando que se denominan bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones. El concepto de los mercados de carbono se fue construyendo en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El punto de partida de los mercados de carbono se encuentra en el Protocolo de Kyoto que fue el primer compromiso para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la CMNUCC.  En este protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 %, de las emisiones para el período 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. Esta reducción de emisiones debía darse sobre todo en los países desarrollados y en transición que fueron listados en el anexo B del Protocolo de Kyoto.

En el Protocolo de Kyoto, se formalizó la conversión de las emisiones de CO₂, CH₄, N₂O y diferentes gases fluorados en unidades de CO₂e. Esta equivalencia entre diferentes gases se hizo a partir de comparar su potencia y su grado de permanencia en la atmósfera. Por ejemplo: una sola tonelada de CH₄ contamina tanto como 25 toneladas de CO₂, el N₂O tiene un poder de calentamiento de la atmósfera 296 veces más que el CO₂ y el HFC-23, que es un gas fluorado que se encuentra en equipos de refrigeración, tiene un potencial de calentamiento 14.800 veces más que el CO₂. El Protocolo de Kyoto asumió que todos estos gases podrían ser expresados en términos de CO₂e. De esta forma surgió la noción de unidades medibles que se dividen en unidades de emisiones y unidades de reducción de emisiones (Gilbertson y Reyes, 2009; Monjane, 2022).

Las unidades de emisiones son una suerte depermisos que establecen límites para emitir CO₂e. Si a una empresa se le asignan 1.000 unidades de CO₂e quiere decir que puede emitir hasta dicha cantidad de toneladas de CO₂e. De otra parte, si una empresa que tiene ese techo o límite sólo emite 800 toneladas de CO₂e, genera 200 unidades de reducción de emisiones que pueden ser puestas a la venta en los mercados de carbono. Una unidad de reducción de emisiones equivale a eliminar una tonelada de CO₂e de la atmósfera.

Según esta lógica una unidad de reducción de emisiones en un país desarrollado es igual a una unidad de reducción de emisiones en un país en vías desarrollado sin considerar las grandes diferencias que existen en el costo de reducción de dicha unidad en cada país. Así mismo, es posible compensar las emisiones de un bosque deforestado con la eliminación de una cierta cantidad de refrigeradores antiguos que tiene HFC-23 porque estos son 14.800 veces más potentes que el CO₂ que liberan los bosques deforestados.  Esta noción de “transferibilidad” de las unidades de reducción de emisiones sin importar el origen del gas y el costo de su reducción es lo que posibilita los mercados de carbono (Gilbertson y Reyes, 2009).

Las unidades de emisión bajo el Protocolo de Kyoto son conocidas como Unidades de Cantidades Atribuidas (UCA). Como indica su nombre, las UCA no son más que permisos o cupos de emisión de CO₂e que fueron asignados a cada uno de los países del anexo B con el fin de proporcionar un límite máximo de emisión y, a partir de ello, alcanzar sus metas de reducciones nacionales acordadas (Brand y Westendarp, 2017). Estas unidades de emisión son conocidas en inglés como emission cap o cantidad máxima de emisión (Butze, 2006). 

Por otro lado, las unidades de reducción de emisiones se dan sobre todo bajo lo que se conoce como los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kyoto. Cómo su nombre lo indica estos mecanismos tienen el objetivo de flexibilizar el cumplimiento de los compromisos de reducción de los países desarrollados y sus empresas. Gracias a estos mecanismos de flexibilidad lo que no puedan reducir lo pueden comprar en los mercados de carbono.

Estos mecanismos de flexibilidad incluyen:

1. El Comercio de Derechos de Emisiones,
2. El Mecanismo de Aplicación Conjunta y
3. El Mecanismo de Desarrollo Limpio^[3].

El Comercio de Derechos de Emisiones (cap and trade)

El Comercio de Derechos de Emisiones (artículo 17 del Protocolo) es, en términos generales, un mecanismo que permite a los países desarrollados venderse entre si permisos para seguir contaminando. El país que supera sus metas puede vender sus unidades de emisiones a países que no están pudiendo cumplir sus obligaciones^[4].

Así nace el esquema denominado cap and trade (en español límite y comercio). En este esquema, los países desarrollados distribuyen sus unidades de emisión entre sus diferentes empresas e industrias. Estas unidades o créditos de emisión son autorizaciones para que una empresa pueda emitir GEI hasta un cierto límite. Si emite menos que dicho límite puede vender sus unidades de emisión o permisos de contaminar a otra empresa.

Por el contrario, si supera las unidades de emisión otorgados tiene dos opciones: comprar los bonos de carbono disponibles en el mercado o someterse a sanciones determinadas en su país (Brand y Westendarp, 2017; Butze, 2006). En todos los casos, las transferencias y adquisiciones de estas unidades se rastrean y registran a través de los sistemas de registro para el comercio de emisiones (ETS por sus siglas en inglés) y el registro internacional de transacciones previstos en el Protocolo de Kyoto.

La idea esencial del esquema de cap and trade es permitir que los más contaminadores puedan no reducir todas sus emisiones y en vez compren una suerte de permisos para seguir contaminando. De otra parte, la lógica capitalista de los mercados de carbono es que exista un incentivo económico para que las empresas o países no sobrepasen su límite o techo de emisiones, puesto que si no lo hacen pueden vender sus unidades de emisiones no utilizadas.

El Mecanismo de Aplicación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (offsetting)

El Mecanismo de Aplicación Conjunta (MAC) y elMecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)^[5] en esencia tienen la misma lógica que el Comercio de Derecho de Emisiones o cap and trade, pero en vez de operar con unidades de emisiones lo hace con unidades de reducción de emisiones.

El Mecanismo de Aplicación Conjunta (MAC, artículo 6 del Protocolo) se da entre países desarrollados o en transición que están en el anexo B del Protocolo de Kyoto. En cambio, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, artículo 12 del Protocolo), se da entre países desarrollados y países en desarrollo que no tienen la obligación de hacer reducciones de emisiones según dicho Protocolo. Los bonos de carbono de los proyectos generados por el MAC se denominan Unidades de Reducción de Emisiones (URE), mientras que dichos bonos de carbono se denominan Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) cuando son producto de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio^[6] desarrollados en países en vías de desarrollo.

El principio detrás de todo este enmarañado es el de la compensación o el offseting como se dice en inglés. Lo que uno no pueda reducir en su empresa o país, lo puede compensar comprando bonos de carbono de otro país desarrollado (MAC) o en desarrollo (MDL).

El MAC y el MDL son mecanismos basados en proyectos que se realizan en otros países. En el caso del MAC se trata de proyectos conjuntos en otro país desarrollado o en transición que tiene compromisos de reducción de emisiones. En el caso del MDL son proyectos que financia una empresa o un país desarrollado en un país en vías de desarrollo a cambio de adquirir sus CRE.

El MDL atrajo muchas más inversiones que el MAC porque es más barato compensar emisiones con CRE de países en desarrollo que adquirir dichas unidades en los países industrializados[7]. Reducir una tonelada de CO₂e es más barato en el África o Sudamérica que en Europa o Estados Unidos. El offseting o compensación favorece a las empresas de los países industrializados que compran permisos para contaminar más baratos en los países en desarrollo.

Ya sea por cap and trade o por offsetting, estos mecanismos, en lugar de insistir en que los países industrializados del anexo B cumplan sus compromisos de reducción de emisiones, permitió que ellos transfieran sus compromisos a otros sectores y países donde les era “económicamente más factible” lograr dichas reducciones; es decir, que la «mano invisible» del mercado guíe el proceso hacia los recortes más baratos (Gilbertson y Reyes, 2009).

Los resultados

¿Qué tan efectivos fueron los mecanismos de flexibilidad, especialmente el MDL, para reducir las emisiones de GEI y contrarrestar el cambio climático? Diversos informes de la CMNUCC y evaluaciones independientes señalan que -a pesar del gran entusiasmo y del constante realce mediático- los mecanismos de flexibilización propuestos en Kyoto estuvieron lejos de lograr resultados significativos.

Además de los escándalos de fraudes técnicos y el atropello de derechos humanos y colectivos en torno a los mecanismos basados en proyectos (Song, 2022), la Junta Ejecutiva del MDL de la Conferencia de las Partes reconoció que, durante el segundo periodo del Protocolo de Kyoto (2012-2020), el número de proyectos MDL y la cantidad de CRE emitidas estaba en franco retroceso^[8]. Es más, un estudio llevado a cabo en 2016 por el Instituto de Ecología Aplicada para la Dirección General de Acción por el Clima de la Unión Europea concluyó que el 85% de los proyectos revisados tuvieron una baja probabilidad de haber logrado una reducción de emisiones adicionales (Cames et. al., 2016).

Una gran mayoría de los proyectos que financió el MDL durante el primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto fueron de gases fluorados porque tenían un mayor potencial de contaminación. El dinero no fluyó a donde se necesitaba reducir más las emisiones, sino a donde más se podía especular con las ganancias de los mercados de carbono. La doble contabilidad de los CRE entre países reductores y compradores nubló las cifras de la reducción real de emisiones.

Este resultado no es una sorpresa, ya que los mecanismos de flexibilización del Protocolo de Kyoto no fueron diseñados para reducir emisiones sino para posibilitar una puerta de escape a los más contaminadores (Lohmann, 2021; Monjane, 2022). El fin principal de estos mecanismos fue el proporcionar mayor maniobrabilidad a las empresas y países desarrollados para que puedan seguir realizando emisiones a los menores costos posibles (Gilbertson y Coelho, 2014). El sistema de contabilidad y certificación de las unidades de reducción de emisiones favoreció a una gran cantidad de empresas y consultoras intermediarias, pero no condujo a una reducción notable de las emisiones, al final muchas empresas siguieron haciendo negocios como de costumbre o Business as usual como se dice en inglés gracias a los mercados de carbono.  

Referencias

Brandt, A. y Westendarp, C. (2017). Estudio de las opciones y repercusiones de la aplicación de un sistema de permisos comercializables de reducción de emisiones de carbono en Panamá. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Mayo 2017. Naciones Unidas: Santiago – Chile.

Butze, W. (2006). Permisos de contaminación negociables: Un instrumento de mercado para la regulación ambiental. En: Análisis Económico, vol. XXI, núm. 48, 2006, pp. 257-288. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal, México.

Cames, M., Harthan, R., Füssler, J., Lee, C., Erickson y Spalding, R. (2016). How additional is the Clean Development Mechanism? Analysis of the application of current tools and proposed alternatives. Study prepared for DG CLIMA: Institut for Applied Ecology, Stockholm Environment Institute (SEI), INFRAS. CLlMA.B.3/SERl2013/0026r. Disponible en: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2017-04/clean_dev_mechanism_en.pdf

Gilbertson, T y Reyes, O. (2009). Carbon Trading: How it works and why it fails. En: Critical Currents. No. 7, November 2009, Dag Hammarskjöld Foundation. Disponible en: https://www.tni.org/files/download/carbon-trading-booklet.pdf

Gilbertson, T. y Coelho, R. (2014). The Natural Capital Financial Facility: A window into the “green” economy. Carbon Trade Watch. Counter Balance. Re:Common. Disponible en: http://www.carbontradewatch.org/downloads/publications/a-window-into-the-green-economy.pdf

Kollmuss, A. y Schneider, L. (2015). Has Joint Implementation reduced GHG emissions? Lessons learned for the design of carbon market mechanisms. Policy Brief. Stockholm Environment Institute. Dispobible en: https://www.jstor.org/stable/resrep02794?seq=1

Lohmann, L. (2021). «Carbon Markets do not Need to be Fixed. They Need to be Eliminated». En: La Nuova Ecologia. Disponible en: https://www.academia.edu/73570464/_Carbon_Markets_do_not_Need_to_be_Fixed_They_Need_to_be_Eliminated_

Monjane, B. et al. (2022). 15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM): Montevideo-Uruguay. Disponible en: https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/2022-05/REDD_15_anos_ESP_1.pdf

Song, L. (24 mayo 2019). Una verdad incluso más inconveniente. Por qué los créditos de carbono para preservación forestal podrían ser peores que no tener nada. ProPublica. Disponible en: https://features.propublica.org/brazil-carbon-offsets/un-verdad-aun-mas-inconvenientes-carbono-creditos-deforestacion-redd-acres-brasil-camboya/

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^[1] Véase: https://climatepromise.undp.org/es/news-and-stories/que-son-los-mercados-de-carbono-y-por-que-son-importantes

^[2] Véase: https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/emissions-trading

^[3] En inglés: Assigned Amount Units (AAU), Clean Development Mechanism (CDM) y Joint Implementation (JI). Véase: https://unfccc.int/es/kyoto_protocol

^[4] Como el CO₂e se volvió la equivalencia para representar los demás GEI enlistado en el anexo A del Protocolo, pronto se comenzó a referirse simplemente a comercializar carbono y por ende la creación de un “mercado de carbono”. Véase: https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/emissions-trading

^[5] En inglés: Joint Implementation (JI) y Clean Development Mechanism (CDM)

^[6] Véase: https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/emissions-trading y https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/los-mecanismos-de-flexibilidad/

[7] En el caso del MAC, hasta 2018 (última fecha de actualización de los proyectos) se tenía registrado 648 proyectos con más de 872 millones de URE generados, la mayoría centrados en reducción de gases de metano asociados principalmente a minas de col y a eficiencia energética en el sector industrial. Por el contrario, bajo la modalidad del MDL se desarrollaron 8.246 proyectos con 2.294.003.019 CRE expedidas hasta finales de 2020 (64% de las cuales fueron emitidas durante el primer período del compromiso (2008-2012) y 36% durante el segundo período (2013-2020)), la mayoría obtenidas por proyectos de eficiencia tecnológica industrial para reducción de gases hidrofluorocarburos (HFC) y óxido nitroso (N₂O) y plantas hidroeléctricas (Kollmuss et. al., 2015; Gilbertson y Reyes, 2009).

^[8] Según este informe, desde 2013, aproximadamente el 63% de los proyectos MDL dejaron de expedir CRE. Esta misma situación se observa con el MAC, el cual, según su plataforma, solo logró gestionar 648 proyectos hasta el 2018.