La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia tiene identificados a los propietarios que produjeron más desmote y uso ilegal del fuego durante el 2023, y señaló que a partir del 2024 el Instituto de Reforma Agraria (INRA) revertirá las tierras a quienes incurran en estos delitos. Además, está trabajando en medidas para que las tierras deforestadas ilegalmente no puedan ser aceptadas como garantía para que entidades financieras otorguen créditos.
Según los datos que maneja la Vicepresidencia a partir de las investigaciones del INRA, el 37% de los incendios ocurrieron en terrenos de empresarios medianos. Las 10 propiedades que mayores extensiones de tierra afectaron al iniciar quemas ilegales que se descontrolaron se hallan todas en el Beni, siendo la primera la Estancias Oriente del municipio San Javier y San Ramón que dejó afectadas 12.903 hectáreas. Solo estas 10 propiedades suman daños a 43.647 hectáreas, lo que equivale a más de 60.000 canchas de fútbol profesional. Esta lista fue expuesta por Juan Carlos Alurralde, secretario general, a petición del vicepresidente:
Lista de las 10 propiedades que más hectáreas quemaron y deforestaron ilegalmente el 2023
Nombre del predio
Beneficiario
Municipio
Departamento
Deforestación ilegal e incendios
Estancias Oriente
Estancias Oriente
San Javier y San Ramón
Beni
12.903 hectáreas
Miramar
Lilian Cuéllar de Nogales
Santa Ana del Yacuma
Beni
4.170 hectáreas
Rincón Aleluya
Rincón Aleluya
San Joaquín
Beni
4.052 hectáreas
Las Havras
Raysa Consuelo Durán Balcázar
San Ramón de Huacaraje
Beni
3.364 hectáreas
Rinconada de Curichi
Cirilo Vallejos Herrera
Huacaraje
Beni
3.295 hectáreas
Santa Elena
Rosa Elena Galdo de Pereira
Exaltación
Beni
3.291 hectáreas
Santa María
Sofía Ávila y Jorge Abdad Yáñez
San Ignacio
Beni
3.214 hectáreas
Santa Teresa
Elva Rodríguez Sacín de Ruíz
Santa Ana del Yacuma
Beni
3.192 hectáreas
San Juan de Fibral
Multiactiva Agrícola y Ganadera Remanso
San Javier
Beni
3.117 hectáreas
Guachi
Tirsa Aguilera Dorado
Huacaraje
Beni
3.049 hectáreas
Fuente: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. «Conversatorios en democracia. Defendiendo la vida ante los incendios forestales» (evento del 20 de diciembre de 2023; publicación en mayo de 2024)
La información y las declaraciones se dieron en el marco del séptimo Conversatorio en Democracia “Defendiendo la vida ante los incendios forestales”, que es una serie de conversatorios organizados por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia). Para las palabras de cierre, el secretario general leyó un comunicado elaborado por el vicepresidente. Este conversatorio se realizó el 20 de diciembre del 2023 y desde mayo del presente año está disponible la publicación del evento.
La reversión de tierras anunciada se basa en que estos propietarios estarían incumpliendo la función económica social que les da el derecho a mantener su propiedad. Acorde a la Constitución Política del Estado, artículo 397.III: “La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierraen el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social”.
En contraste al incumplimiento de esta función socioeconómica por parte de los empresarios, el discurso del vicepresidente señaló que los pueblos ancestrales de tierras bajas han sabido, por centenas de años, desarrollar sus actividades productivas sin que el bosque sea un estorbo, sino un núcleo de vida que debe ser protegido y gestionado de manera sostenible. Además, encomió a adoptar estas lógicas de preservación de los bosques y la naturaleza frente a la emergencia climática.
El discurso también dejó notar que hay consciencia de que los bosques amazónicos son vitales para la regulación de los ciclos del agua y el clima, no solo en dicha zona geográfica, sino también en los valles y el altiplano del país. En dicha línea, el vicepresidente lanzó un dato alarmante a partir de las investigaciones del IRD (Institut de Reserche pour le Développement) de Francia: si se sigue deforestando la Amazonía, habrá “una disminución al menos del 30% del agua en el occidente de Bolivia, afectando ríos, lagos, humedales, que son hábitats vitales”.
Ante este panorama crítico y que demanda cambios para que el desastre de los incendios forestales no se siga repitiendo año tras año, las propuestas del vicepresidente en su discurso son: control riguroso del INRA y reversión de tierras; control del tráfico de tierras; generación de medidas para que las tierras deforestadas ilegalmente no sean objeto de crédito, y trabajar en alianza con la cooperación internacional para luchar contra los incendios y hacer realidad el financiamiento climático.
La información y las propuestas expuestas por la vicepresidencia van en la misma línea que el Dictamen Procuradurial 001/2024 emitido en enero del presente año, mediante el cual el Procurador General del Estado, César Adalid Siles, instruye a la Autoridad de Fiscalización de Bosques (ABT) y al INRA que investiguen los predios rurales y ganaderos donde se dieron los incendios que atentaron contra los derechos de la Madre Tierra y del pueblo boliviano a un ambiente sano y que informen mensualmente sobre los procesos penales y administrativos que se les inicien, además de plantear la reversión de tierras como medida sancionatoria.
La gran pregunta ahora es si estas denuncias y propuestas se quedarán en solo discursos o si se plasmarán en acciones y reversiones de grandes y medianas propiedades que han deforestado ilegalmente antes de que empiece el nuevo ciclo de incendios forestales de 2024.
fundacionsolon.org 
Por Stefany Diez de Medina R.
La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia tiene identificados a los propietarios que produjeron más desmote y uso ilegal del fuego durante el 2023, y señaló que a partir del 2024 el Instituto de Reforma Agraria (INRA) revertirá las tierras a quienes incurran en estos delitos. Además, está trabajando en medidas para que las tierras deforestadas ilegalmente no puedan ser aceptadas como garantía para que entidades financieras otorguen créditos.
Según los datos que maneja la Vicepresidencia a partir de las investigaciones del INRA, el 37% de los incendios ocurrieron en terrenos de empresarios medianos. Las 10 propiedades que mayores extensiones de tierra afectaron al iniciar quemas ilegales que se descontrolaron se hallan todas en el Beni, siendo la primera la Estancias Oriente del municipio San Javier y San Ramón que dejó afectadas 12.903 hectáreas. Solo estas 10 propiedades suman daños a 43.647 hectáreas, lo que equivale a más de 60.000 canchas de fútbol profesional. Esta lista fue expuesta por Juan Carlos Alurralde, secretario general, a petición del vicepresidente:
Lista de las 10 propiedades que más hectáreas quemaron y deforestaron ilegalmente el 2023
La información y las declaraciones se dieron en el marco del séptimo Conversatorio en Democracia “Defendiendo la vida ante los incendios forestales”, que es una serie de conversatorios organizados por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia). Para las palabras de cierre, el secretario general leyó un comunicado elaborado por el vicepresidente. Este conversatorio se realizó el 20 de diciembre del 2023 y desde mayo del presente año está disponible la publicación del evento.
La reversión de tierras anunciada se basa en que estos propietarios estarían incumpliendo la función económica social que les da el derecho a mantener su propiedad. Acorde a la Constitución Política del Estado, artículo 397.III: “La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social”.
En contraste al incumplimiento de esta función socioeconómica por parte de los empresarios, el discurso del vicepresidente señaló que los pueblos ancestrales de tierras bajas han sabido, por centenas de años, desarrollar sus actividades productivas sin que el bosque sea un estorbo, sino un núcleo de vida que debe ser protegido y gestionado de manera sostenible. Además, encomió a adoptar estas lógicas de preservación de los bosques y la naturaleza frente a la emergencia climática.
El discurso también dejó notar que hay consciencia de que los bosques amazónicos son vitales para la regulación de los ciclos del agua y el clima, no solo en dicha zona geográfica, sino también en los valles y el altiplano del país. En dicha línea, el vicepresidente lanzó un dato alarmante a partir de las investigaciones del IRD (Institut de Reserche pour le Développement) de Francia: si se sigue deforestando la Amazonía, habrá “una disminución al menos del 30% del agua en el occidente de Bolivia, afectando ríos, lagos, humedales, que son hábitats vitales”.
Ante este panorama crítico y que demanda cambios para que el desastre de los incendios forestales no se siga repitiendo año tras año, las propuestas del vicepresidente en su discurso son: control riguroso del INRA y reversión de tierras; control del tráfico de tierras; generación de medidas para que las tierras deforestadas ilegalmente no sean objeto de crédito, y trabajar en alianza con la cooperación internacional para luchar contra los incendios y hacer realidad el financiamiento climático.
La información y las propuestas expuestas por la vicepresidencia van en la misma línea que el Dictamen Procuradurial 001/2024 emitido en enero del presente año, mediante el cual el Procurador General del Estado, César Adalid Siles, instruye a la Autoridad de Fiscalización de Bosques (ABT) y al INRA que investiguen los predios rurales y ganaderos donde se dieron los incendios que atentaron contra los derechos de la Madre Tierra y del pueblo boliviano a un ambiente sano y que informen mensualmente sobre los procesos penales y administrativos que se les inicien, además de plantear la reversión de tierras como medida sancionatoria.
La gran pregunta ahora es si estas denuncias y propuestas se quedarán en solo discursos o si se plasmarán en acciones y reversiones de grandes y medianas propiedades que han deforestado ilegalmente antes de que empiece el nuevo ciclo de incendios forestales de 2024.
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