El «Manifiesto a la opinión pública boliviana», presentado por las Fundaciones Milenio, Jubileo, Solón, el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información Bolivia, expone 13 observaciones clave sobre la firma de los contratos entre la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China). Estas instituciones advierten que la documentación presentada es confusa, incompleta e incongruente, lo que genera incertidumbre sobre la transparencia de los acuerdos.
Tras la presentación de los proyectos de ley para la construcción de plantas de producción de carbonato de litio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, los mismos presentarían incongruencias al demostrar que, aunque dichas empresas no han demostrado experiencia industrial previa en el desarrollo de las tecnologías de la Extracción directa de Litio (EDL), el gobierno les asigno la zona con mayor concentración del metal más ligero del planeta en el yacimiento del Salar de Uyuni.
A pesar de que el gobierno afirme que YLB controlará el 51% de las plantas de litio y las ventas, los convenios establecen que los riesgos financieros recaerán sobre el Estado. Esto significa que la empresa boliviana se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.
Mientas que Uranium One Group presenta una inversión aproximada de $us 976 millones, Hong Kong CBC nos muestras una inversión de $us 1.030 millones, lo que muestra que Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que CBC. Además, las proyecciones financieras consideran precios del carbonato que no se alinean con los valores actuales ni con las previsiones futuras, lo que genera dudas sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, los costos de producción frente al precio de venta presentados en los contratos se muestran excesivos, en comparación con los precios y proyecciones internacionales. Por otro lado, las instituciones de la sociedad civil advierten que las cláusulas técnicas y financieras favorecen a Uranium y CBC minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias a expensas de la rentabilidad de YLB.
También es importante afirmar que ambos contratos carecen del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, y en particular de la TCO Nor Lipez, la cual verá en la cuenca de Huasa Julaca y en los pozos de San Gerónimo la explotación de recursos hídricos dentro de sus territorios. Los expertos señalan que la falta de abordaje sobre aspectos ambientales como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, energía, manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar, podría generar impactos directos en las comunidades y ecosistemas de la región.
Las instituciones de la sociedad civil enfatizan que las condiciones técnicas, económicas, financieras y socioambientales establecidas en los contratos requieren un análisis exhaustivo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ello, instan a que estos no sean aprobados hasta que todas las observaciones y cuestionamientos sean resueltos, precautelando de esta manera los intereses nacionales.
Descarga el Manifiesto A La Opinión Pública Boliviana aquí
fundacionsolon.org 
El «Manifiesto a la opinión pública boliviana», presentado por las Fundaciones Milenio, Jubileo, Solón, el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información Bolivia, expone 13 observaciones clave sobre la firma de los contratos entre la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China). Estas instituciones advierten que la documentación presentada es confusa, incompleta e incongruente, lo que genera incertidumbre sobre la transparencia de los acuerdos.
Tras la presentación de los proyectos de ley para la construcción de plantas de producción de carbonato de litio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, los mismos presentarían incongruencias al demostrar que, aunque dichas empresas no han demostrado experiencia industrial previa en el desarrollo de las tecnologías de la Extracción directa de Litio (EDL), el gobierno les asigno la zona con mayor concentración del metal más ligero del planeta en el yacimiento del Salar de Uyuni.
A pesar de que el gobierno afirme que YLB controlará el 51% de las plantas de litio y las ventas, los convenios establecen que los riesgos financieros recaerán sobre el Estado. Esto significa que la empresa boliviana se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.
Mientas que Uranium One Group presenta una inversión aproximada de $us 976 millones, Hong Kong CBC nos muestras una inversión de $us 1.030 millones, lo que muestra que Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que CBC. Además, las proyecciones financieras consideran precios del carbonato que no se alinean con los valores actuales ni con las previsiones futuras, lo que genera dudas sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, los costos de producción frente al precio de venta presentados en los contratos se muestran excesivos, en comparación con los precios y proyecciones internacionales. Por otro lado, las instituciones de la sociedad civil advierten que las cláusulas técnicas y financieras favorecen a Uranium y CBC minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias a expensas de la rentabilidad de YLB.
También es importante afirmar que ambos contratos carecen del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, y en particular de la TCO Nor Lipez, la cual verá en la cuenca de Huasa Julaca y en los pozos de San Gerónimo la explotación de recursos hídricos dentro de sus territorios. Los expertos señalan que la falta de abordaje sobre aspectos ambientales como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, energía, manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar, podría generar impactos directos en las comunidades y ecosistemas de la región.
Las instituciones de la sociedad civil enfatizan que las condiciones técnicas, económicas, financieras y socioambientales establecidas en los contratos requieren un análisis exhaustivo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ello, instan a que estos no sean aprobados hasta que todas las observaciones y cuestionamientos sean resueltos, precautelando de esta manera los intereses nacionales.
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