Para quienes no pudieron asistir este 25 de marzo al seminario “Contratos del litio en Bolivia: Retos para la Protección de los Derechos Humanos y la Naturaleza”, compartimos el siguiente video que contiene todas las presentaciones y reflexiones que se hicieron. En el evento estuvieron presentes instituciones, autoridades y representantes de las comunidades del altiplano sud de Potosí directamente afectadas.
Inauguraron el seminario el Defensor del Pueblo y una representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. El Defensor del Pueblo dijo: “El agua es un recurso vital que puede verse afectado por una actividad de extracción y de procesamiento del litio, particularmente en regiones donde los recursos hídricos no son abundantes” afirmó la autoridad. Además, enfatizó en que el estado boliviano debe precautelar el derecho humano al agua, cumplir el marco normativo existente y velar por las poblaciones más vulnerables.
Por su parte Graciela Dede Delfino Asesora para America Latina y el Caribe – OACNUDH habló sobre la importancia de promover condiciones justas en el marco de los derechos de las comunidades y el acceso equitativo de los recursos, fomentar el desarrollo de los países de forma sostenible equitativa velando por la protección ambiental.
El seminario se dividió en dos paneles. El primero abordó el proceso de extracción del litio, los vacíos y las contradicciones en los contratos y los impactos ambientales y sociales que sufren las comunidades. El segundo panel contó con la participación de representantes de las comunidades quienes compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre la falta de consulta previa y los impactos en sus territorios.
El primer panel denominado Explotación de litio en Bolivia: Tecnología Contratos y Medioambiente, inició con la participación de Héctor Córdova hablando sobre los desafíos tecnológicos de la explotación del litio a los que se enfrenta Bolivia. Córdova indicó “el peor negocio para un país es exportar minerales como tal, tenemos que añadirles valor”, por lo que plantea buscar una industria de mayor alcance que cuente con elementos como recursos económicos, infraestructura, capital, tecnología y un buen gobierno.
Córdova afirmaba que se debe dimensionar el proyecto en función de la disponibilidad de los insumos existentes en el país como agua y contar con objetivos y metas claras. De otro modo este no sería económicamente favorable para el país. Además, todos estos desafíos deben ser encarados desde las universidades, instituciones y la sociedad civil.
El segundo panelista, José Carlos Solón, habló sobre los vacíos y contradicciones en los contratos con CBC, enfocándose en los anexos financieros. Este documento afirma que YLB sería la encargada en la devolución de la inversión inicial de 1.030 millones de SUS, cubrir el costo financiero con un interés que puede ser superior al 12%, el costo de la licencia de servicio de 1700 SUS por tonelada de carbonato de litio, el costo operativo OPEX y el costo del mantenimiento de las plantas.
Solón también afirmó que los precios referenciales por tonelada de carbonato de litio que se encuentran en los informes que respaldan los contratos son tres veces más altos que los actuales.
Gonzalo Mondaca, explicó los impactos ambientales en las comunidades aledañas a las zonas de explotación del litio. Él afirmó que el sitio es uno de los más áridos de Bolivia y donde no existen estudios de aguas subterráneas. Mondaca indicó que según los informes de los contratos estos podrían llegar a utilizar 47,46 millones de metros cúbicos de agua dulce y salada por año, mostrando que la tecnología utiliza “en cuatro días el consumo anual de las 16 comunidades que son parte de la cuenca baja de Rio Grande es decir 70.894 metros cúbicos por año”.
Vivian Lagraba habló de las vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades en las zonas de explotación y enfatizó en que éstas deben tener pleno conocimiento de las afectaciones que llegarían a tener a corto, mediano y largo plazo en caso de aprobarse los contactos. La expositora hizo énfasis en que YLB debe comprender que los supuestos talleres de socialización realizados en las comunidades no reemplazan los procesos de consulta previa libre e informada que establece la normativa boliviana.
Cerrando el primer panel, Marco Antonio Gandarillas explicó que existen estándares de sostenibilidad que deben aplicar las empresas chinas.
El seminario fue organizado con el apoyo de Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), CIDES-UMSA, Fundación Solón, Fundación Jubileo, CEDIB, Latinoamérica Sustentable (LAS) y Friedrich Ebert Stiftung (FES)— tienen el agrado de invitarle al seminario: «Contratos de Litio en Bolivia: Retos para la Protección de los Derechos Humanos y la Naturaleza». El objetivo del evento fue generar un espacio de reflexión sobre los contratos de explotación de litio firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Hong Kong CBC (China) y Uranium One Group (Rusia), analizando sus implicaciones en términos de derechos humanos, justicia ambiental y estándares internacionales.
fundacionsolon.org 
Para quienes no pudieron asistir este 25 de marzo al seminario “Contratos del litio en Bolivia: Retos para la Protección de los Derechos Humanos y la Naturaleza”, compartimos el siguiente video que contiene todas las presentaciones y reflexiones que se hicieron. En el evento estuvieron presentes instituciones, autoridades y representantes de las comunidades del altiplano sud de Potosí directamente afectadas.
Inauguraron el seminario el Defensor del Pueblo y una representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. El Defensor del Pueblo dijo: “El agua es un recurso vital que puede verse afectado por una actividad de extracción y de procesamiento del litio, particularmente en regiones donde los recursos hídricos no son abundantes” afirmó la autoridad. Además, enfatizó en que el estado boliviano debe precautelar el derecho humano al agua, cumplir el marco normativo existente y velar por las poblaciones más vulnerables.
Por su parte Graciela Dede Delfino Asesora para America Latina y el Caribe – OACNUDH habló sobre la importancia de promover condiciones justas en el marco de los derechos de las comunidades y el acceso equitativo de los recursos, fomentar el desarrollo de los países de forma sostenible equitativa velando por la protección ambiental.
El seminario se dividió en dos paneles. El primero abordó el proceso de extracción del litio, los vacíos y las contradicciones en los contratos y los impactos ambientales y sociales que sufren las comunidades. El segundo panel contó con la participación de representantes de las comunidades quienes compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre la falta de consulta previa y los impactos en sus territorios.
El primer panel denominado Explotación de litio en Bolivia: Tecnología Contratos y Medioambiente, inició con la participación de Héctor Córdova hablando sobre los desafíos tecnológicos de la explotación del litio a los que se enfrenta Bolivia. Córdova indicó “el peor negocio para un país es exportar minerales como tal, tenemos que añadirles valor”, por lo que plantea buscar una industria de mayor alcance que cuente con elementos como recursos económicos, infraestructura, capital, tecnología y un buen gobierno.
Córdova afirmaba que se debe dimensionar el proyecto en función de la disponibilidad de los insumos existentes en el país como agua y contar con objetivos y metas claras. De otro modo este no sería económicamente favorable para el país. Además, todos estos desafíos deben ser encarados desde las universidades, instituciones y la sociedad civil.
El segundo panelista, José Carlos Solón, habló sobre los vacíos y contradicciones en los contratos con CBC, enfocándose en los anexos financieros. Este documento afirma que YLB sería la encargada en la devolución de la inversión inicial de 1.030 millones de SUS, cubrir el costo financiero con un interés que puede ser superior al 12%, el costo de la licencia de servicio de 1700 SUS por tonelada de carbonato de litio, el costo operativo OPEX y el costo del mantenimiento de las plantas.
Solón también afirmó que los precios referenciales por tonelada de carbonato de litio que se encuentran en los informes que respaldan los contratos son tres veces más altos que los actuales.
Gonzalo Mondaca, explicó los impactos ambientales en las comunidades aledañas a las zonas de explotación del litio. Él afirmó que el sitio es uno de los más áridos de Bolivia y donde no existen estudios de aguas subterráneas. Mondaca indicó que según los informes de los contratos estos podrían llegar a utilizar 47,46 millones de metros cúbicos de agua dulce y salada por año, mostrando que la tecnología utiliza “en cuatro días el consumo anual de las 16 comunidades que son parte de la cuenca baja de Rio Grande es decir 70.894 metros cúbicos por año”.
Vivian Lagraba habló de las vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades en las zonas de explotación y enfatizó en que éstas deben tener pleno conocimiento de las afectaciones que llegarían a tener a corto, mediano y largo plazo en caso de aprobarse los contactos. La expositora hizo énfasis en que YLB debe comprender que los supuestos talleres de socialización realizados en las comunidades no reemplazan los procesos de consulta previa libre e informada que establece la normativa boliviana.
Cerrando el primer panel, Marco Antonio Gandarillas explicó que existen estándares de sostenibilidad que deben aplicar las empresas chinas.
El seminario fue organizado con el apoyo de Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), CIDES-UMSA, Fundación Solón, Fundación Jubileo, CEDIB, Latinoamérica Sustentable (LAS) y Friedrich Ebert Stiftung (FES)— tienen el agrado de invitarle al seminario: «Contratos de Litio en Bolivia: Retos para la Protección de los Derechos Humanos y la Naturaleza». El objetivo del evento fue generar un espacio de reflexión sobre los contratos de explotación de litio firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Hong Kong CBC (China) y Uranium One Group (Rusia), analizando sus implicaciones en términos de derechos humanos, justicia ambiental y estándares internacionales.
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