En esta sección, nos concentramos en los países de la región amazónica, Bolivia, Perú y Ecuador y Colombia, además de Brasil, que no cuenta con altas tasas de informalidad (37%), pero que cuenta con una gran cantidad de población dedicada a la minería artesanal del oro, en particular, en la región Amazónica. En la última década los cinco países han sido el foco de atención por la enorme extracción de oro que se realiza en sus regiones amazónicas. Se calcula que, entre 2014 y 2023, se exportaron más de 3000 toneladas de oro de alta pureza de origen informal. El 92% de esa cantidad corresponde a Perú (Ojo Público, 2023). Los datos de WGC indican que en ese periodo se tuvo una producción de 35.320 toneladas finas de oro en minas a nivel mundial[3]. La hipótesis, con los datos aproximados descritos, es que, aproximadamente, el 8,5% de la producción global de oro de la década entre 2014 y 2023 fue producido en la Amazonía, de manera informal.
Tabla 2. Producción mundial de oro en minas 2014 – 2023 (expresado en toneladas métricas)
Fuente: World Gold Council, 2024
Pese a que la informalidad en la minería permite ingresos monetarios a miles de personas en todo el mundo, está actividad, ligada también a ilícitos, supone también un atentado contra el desarrollo de los pueblos y personas insertos en esta actividad. Los organismos internacionales trabajan hace varios años en lo que han denominado flujos financieros ilícitos (FFI), la lucha contra ellos, es uno de los puntos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.
Los FFI son definidos como “flujos financieros que son ilícitos en su origen, transferencia o uso, que reflejan un intercambio de valor y que cruzan fronteras nacionales” (Brugger et al., 2022). Existen otras definiciones que solo abarcan el dinero o valores monetarios, en la definición expuesta se hace hincapié en el término intercambio de valor, pues como indican los autores, los flujos ilícitos también ocurren en productos valiosos como el oro, los diamantes o la madera. Señalan también que los organismos internacionales distinguen tres categorías de FFI. Los primeros son los generados a través de prácticas ilegales como el tráfico de bienes y personas, el robo u otras actividades delictivas con fines de lucro. Los segundos son los flujos que se transfieren ilegalmente involucrando corrupción, evasión fiscal u otras prácticas ilegales. Los últimos son los flujos que se utilizan para fines ilegales como la financiación del crimen organizado o el terrorismo.
La actividad aurífera de la región amazónica está ampliamente articulada, no conoce de fronteras, el oro, sus insumos y el dinero que genera fluyen con la sola restricción geográfica. En la región se han identificado las tres categorías ilícitas que señalamos. En el primer caso, el oro es generado a partir de prácticas ilegales como la explotación en áreas protegidas o en áreas no certificadas; la explotación sin consulta previa, libre e informada en territorios indígenas, la asociación de cooperativas mineras con capitales extranjeros[4]; el uso desmedido de mercurio y cianuro; el contrabando de diésel para la producción; la subcontratación de peones; entre otras.
También se han identificado flujos que se transfieren ilegalmente, que son los del segundo caso. El origen ilegal del mineral obliga a venderlo a través de prácticas que no se rigen estrictamente por lo señalado en la normativa. El reportaje “El oro de la destrucción: una década de minería ilegal y lavado” (Ojo Público, 2023) revela que el blanqueo de capitales se ha registrado en todos los países de la zona a través de documentos de mineros artesanales, cooperativas y mineros en proceso de formalización. El reportaje indica que en Brasil se detectó que estas empresas colocan nombres inexistentes y que falsifican facturas (en las que se menciona el origen del oro), cuando el metal se había extraído de otro lugar. En Perú se utilizan documentos de mineros en proceso de formalización para blanquear el oro de origen ilegal. En Bolivia, las cooperativas tienen un límite de producción establecido por la norma; cuando superan ese límite, un intermediario se encarga de acomodar el origen del mineral hacia otro comprador.
El blanqueo no solo ocurre entre empresas pequeñas o cooperativas. Se ha denunciado que los cinco países de la zona blanquean vía contrabando el oro peruano, pero las principales acusaciones están dirigidas hacia Bolivia, que es el país con el régimen tributario más conveniente para estas operaciones y con los controles más laxos. Las alertas inician en 2012, cuando se observa que Bolivia exportó 20 toneladas más de las producidas. Según datos del BCB, esta irregularidad se produjo también en las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017, como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 3. Volumen de producción y exportación de oro por año (expresado en toneladas métricas)
Fuente: (Banco Central de Bolivia, 2023)
Respecto a estos datos, el BCB anota que “las exportaciones pueden incluir stock de anteriores periodos” y que “datos de producción de SENARECOM pueden ser menores a los volúmenes de exportación”. Con estos apuntes, es difícil determinar cuánto del oro exportado tuvo origen boliviano, y cuánto del oro provino del contrabando, sobre todo de Perú[6]. El contrabando implica, entre otras cosas, evasión fiscal, en efecto, muchas de las comercializadoras, particularmente bolivianas tienen procesos por evasión con la autoridad de impuestos.
Pero los flujos ilegales del oro trascienden las fronteras de los cinco países y continentes también. Se estima que la mayor cantidad de oro ilegal producido en la zona es exportada hacia India y Emiratos Árabes Unidos, que no cumplen de manera estricta con los controles de trazabilidad ni debida diligencia
Los estándares de debida diligencia de la OCDE y la London Bullion Market Association, el gremio más importante del oro en el mundo, establecen que las refinerías o compañías en una posición alta en las cadenas de suministro deben hacer todo lo posible para identificar el origen del oro que compran, incluyendo a través de colaboraciones con organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales, otros compradores o líderes comunitarios locales. Ambas guías dictan que las compañías son responsables también por el impacto humano, ambiental, político o financiero de las personas o compañías a quienes le compran (…) (Ojo Público, 2023).
El reportaje de Ojo Público (2023) detectó que al menos 15 comercializadoras de los cinco países, mantienen vínculos con la minería ilegal y son proveedoras de oro para los dos países asiáticos, India y Emiratos Árabes.
Pero en 2015 también se identificó a compañías de Estados Unidos, Suiza e Italia con la minería ilegal, se treta de empresas asociadas o vinculadas, a través de otros grupos empresariales, al London Bullion Market Association (LBMA), que fija el precio del oro a nivel internacional y concentra a sus principales comerciantes. Las compañías son: Metalor Technologies y MKS Finance, de Suiza; Northern Texas Refinery – NTR Metals y Republic Metals Corporation – RMC, de EE.UU., Italpreziosi de Italia y el grupo Kaloti del emirato de Dubái. Son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro, presuntamente ilegal, vinculadas al blanqueo de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal desde Sudamérica (Ojo Público, 2015)
En este marco, es importante tener claridad en que la barrera entre oro legal y oro ilegal es bastante porosa. El hecho de que compañías como las mencionadas arriba sean parte del LBMA no quiere decir que no utilicen estrategias sofisticadas del comercio exterior para adquirir y lavar el oro ilícito. La producción de oro es capaz de acarrear un sinfín de consecuencias nefastas que no son privativas de la minería artesanal. Como se ha dicho más arriba, el concepto de ilegalidad se utiliza discrecionalmente hacia las economías de subsistencia, mientras se matiza y relativiza las actividades ilegales y criminales de las grandes compañías que operan también en los países amazónicos.
Por último, también Ojo Público ha identificado en la zona FFI que se utilizan para fines ilegales. El reportaje de 2023 narra algunos de los vínculos entre la minería del oro con el narcotráfico, en el caso de Ecuador, o como fuente de financiamiento del terrorismo en Colombia. Por las rutas del oro fluyen también personas. Otra investigación, de la organización Verité, entre 2012 y 2013, documentó la existencia de trabajo forzoso, trabajo infantil y trata sexual en el departamento de Madre de Dios, en Perú (Verité, s/f)[7]. En Bolivia, una investigación de UNICEF, del año 2018 estableció las rutas de violencia sexual comercial en el norte del departamento de La Paz (UNICEF, 2018)[8]. De acuerdo con el informe, existen en el país al menos 15 zonas de origen desde las cuales se traslada a víctimas de trata de personas, sobre todo mujeres adolescentes, hacia los sectores mineros del norte paceño, particularmente a las ciudades de Mapiri, Guanay, Tipuani y Mayaya.
[3] El volumen (en peso fino) de oro extraído a nivel mundial incluye una estimación del oro producido por las MAPE.
[4] Las cooperativas mineras en Bolivia gozan de ciertas prerrogativas, para ello sólo deben realizar sus actividades con el aporte de capital sus socios.
[6] Es importante mencionar que, aparentemente, esté fenómeno habría culminado en 2024, pues hasta agosto de 2024 el Instituto Nacional de Estadística – INE reporta que Bolivia sólo exportó 7 toneladas de oro, un volumen muy inferior al registrado en 2023, de 40 toneladas o al de 2022 de 52 toneladas. Las condiciones de las divisas en Bolivia ya no generarían condiciones favorables para que este país exporte el contrabando del mineral
[7] La investigación también abordó los departamentos de Cusco, Puno, y Arequipa.
[8] La investigación también incluye los departamentos de Potosí y Oruro.
fundacionsolon.org 
Por Equipo Fundación Solón
En esta sección, nos concentramos en los países de la región amazónica, Bolivia, Perú y Ecuador y Colombia, además de Brasil, que no cuenta con altas tasas de informalidad (37%), pero que cuenta con una gran cantidad de población dedicada a la minería artesanal del oro, en particular, en la región Amazónica. En la última década los cinco países han sido el foco de atención por la enorme extracción de oro que se realiza en sus regiones amazónicas. Se calcula que, entre 2014 y 2023, se exportaron más de 3000 toneladas de oro de alta pureza de origen informal. El 92% de esa cantidad corresponde a Perú (Ojo Público, 2023). Los datos de WGC indican que en ese periodo se tuvo una producción de 35.320 toneladas finas de oro en minas a nivel mundial[3]. La hipótesis, con los datos aproximados descritos, es que, aproximadamente, el 8,5% de la producción global de oro de la década entre 2014 y 2023 fue producido en la Amazonía, de manera informal.
Tabla 2. Producción mundial de oro en minas 2014 – 2023 (expresado en toneladas métricas)
Pese a que la informalidad en la minería permite ingresos monetarios a miles de personas en todo el mundo, está actividad, ligada también a ilícitos, supone también un atentado contra el desarrollo de los pueblos y personas insertos en esta actividad. Los organismos internacionales trabajan hace varios años en lo que han denominado flujos financieros ilícitos (FFI), la lucha contra ellos, es uno de los puntos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.
Los FFI son definidos como “flujos financieros que son ilícitos en su origen, transferencia o uso, que reflejan un intercambio de valor y que cruzan fronteras nacionales” (Brugger et al., 2022). Existen otras definiciones que solo abarcan el dinero o valores monetarios, en la definición expuesta se hace hincapié en el término intercambio de valor, pues como indican los autores, los flujos ilícitos también ocurren en productos valiosos como el oro, los diamantes o la madera. Señalan también que los organismos internacionales distinguen tres categorías de FFI. Los primeros son los generados a través de prácticas ilegales como el tráfico de bienes y personas, el robo u otras actividades delictivas con fines de lucro. Los segundos son los flujos que se transfieren ilegalmente involucrando corrupción, evasión fiscal u otras prácticas ilegales. Los últimos son los flujos que se utilizan para fines ilegales como la financiación del crimen organizado o el terrorismo.
La actividad aurífera de la región amazónica está ampliamente articulada, no conoce de fronteras, el oro, sus insumos y el dinero que genera fluyen con la sola restricción geográfica. En la región se han identificado las tres categorías ilícitas que señalamos. En el primer caso, el oro es generado a partir de prácticas ilegales como la explotación en áreas protegidas o en áreas no certificadas; la explotación sin consulta previa, libre e informada en territorios indígenas, la asociación de cooperativas mineras con capitales extranjeros[4]; el uso desmedido de mercurio y cianuro; el contrabando de diésel para la producción; la subcontratación de peones; entre otras.
También se han identificado flujos que se transfieren ilegalmente, que son los del segundo caso. El origen ilegal del mineral obliga a venderlo a través de prácticas que no se rigen estrictamente por lo señalado en la normativa. El reportaje “El oro de la destrucción: una década de minería ilegal y lavado” (Ojo Público, 2023) revela que el blanqueo de capitales se ha registrado en todos los países de la zona a través de documentos de mineros artesanales, cooperativas y mineros en proceso de formalización. El reportaje indica que en Brasil se detectó que estas empresas colocan nombres inexistentes y que falsifican facturas (en las que se menciona el origen del oro), cuando el metal se había extraído de otro lugar. En Perú se utilizan documentos de mineros en proceso de formalización para blanquear el oro de origen ilegal. En Bolivia, las cooperativas tienen un límite de producción establecido por la norma; cuando superan ese límite, un intermediario se encarga de acomodar el origen del mineral hacia otro comprador.
El blanqueo no solo ocurre entre empresas pequeñas o cooperativas. Se ha denunciado que los cinco países de la zona blanquean vía contrabando el oro peruano, pero las principales acusaciones están dirigidas hacia Bolivia, que es el país con el régimen tributario más conveniente para estas operaciones y con los controles más laxos. Las alertas inician en 2012, cuando se observa que Bolivia exportó 20 toneladas más de las producidas. Según datos del BCB, esta irregularidad se produjo también en las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017, como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 3. Volumen de producción y exportación de oro por año (expresado en toneladas métricas)
Fuente: (Banco Central de Bolivia, 2023)
Respecto a estos datos, el BCB anota que “las exportaciones pueden incluir stock de anteriores periodos” y que “datos de producción de SENARECOM pueden ser menores a los volúmenes de exportación”. Con estos apuntes, es difícil determinar cuánto del oro exportado tuvo origen boliviano, y cuánto del oro provino del contrabando, sobre todo de Perú[6]. El contrabando implica, entre otras cosas, evasión fiscal, en efecto, muchas de las comercializadoras, particularmente bolivianas tienen procesos por evasión con la autoridad de impuestos.
Pero los flujos ilegales del oro trascienden las fronteras de los cinco países y continentes también. Se estima que la mayor cantidad de oro ilegal producido en la zona es exportada hacia India y Emiratos Árabes Unidos, que no cumplen de manera estricta con los controles de trazabilidad ni debida diligencia
Los estándares de debida diligencia de la OCDE y la London Bullion Market Association, el gremio más importante del oro en el mundo, establecen que las refinerías o compañías en una posición alta en las cadenas de suministro deben hacer todo lo posible para identificar el origen del oro que compran, incluyendo a través de colaboraciones con organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales, otros compradores o líderes comunitarios locales. Ambas guías dictan que las compañías son responsables también por el impacto humano, ambiental, político o financiero de las personas o compañías a quienes le compran (…) (Ojo Público, 2023).
El reportaje de Ojo Público (2023) detectó que al menos 15 comercializadoras de los cinco países, mantienen vínculos con la minería ilegal y son proveedoras de oro para los dos países asiáticos, India y Emiratos Árabes.
Pero en 2015 también se identificó a compañías de Estados Unidos, Suiza e Italia con la minería ilegal, se treta de empresas asociadas o vinculadas, a través de otros grupos empresariales, al London Bullion Market Association (LBMA), que fija el precio del oro a nivel internacional y concentra a sus principales comerciantes. Las compañías son: Metalor Technologies y MKS Finance, de Suiza; Northern Texas Refinery – NTR Metals y Republic Metals Corporation – RMC, de EE.UU., Italpreziosi de Italia y el grupo Kaloti del emirato de Dubái. Son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro, presuntamente ilegal, vinculadas al blanqueo de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal desde Sudamérica (Ojo Público, 2015)
En este marco, es importante tener claridad en que la barrera entre oro legal y oro ilegal es bastante porosa. El hecho de que compañías como las mencionadas arriba sean parte del LBMA no quiere decir que no utilicen estrategias sofisticadas del comercio exterior para adquirir y lavar el oro ilícito. La producción de oro es capaz de acarrear un sinfín de consecuencias nefastas que no son privativas de la minería artesanal. Como se ha dicho más arriba, el concepto de ilegalidad se utiliza discrecionalmente hacia las economías de subsistencia, mientras se matiza y relativiza las actividades ilegales y criminales de las grandes compañías que operan también en los países amazónicos.
Por último, también Ojo Público ha identificado en la zona FFI que se utilizan para fines ilegales. El reportaje de 2023 narra algunos de los vínculos entre la minería del oro con el narcotráfico, en el caso de Ecuador, o como fuente de financiamiento del terrorismo en Colombia. Por las rutas del oro fluyen también personas. Otra investigación, de la organización Verité, entre 2012 y 2013, documentó la existencia de trabajo forzoso, trabajo infantil y trata sexual en el departamento de Madre de Dios, en Perú (Verité, s/f)[7]. En Bolivia, una investigación de UNICEF, del año 2018 estableció las rutas de violencia sexual comercial en el norte del departamento de La Paz (UNICEF, 2018)[8]. De acuerdo con el informe, existen en el país al menos 15 zonas de origen desde las cuales se traslada a víctimas de trata de personas, sobre todo mujeres adolescentes, hacia los sectores mineros del norte paceño, particularmente a las ciudades de Mapiri, Guanay, Tipuani y Mayaya.
[3] El volumen (en peso fino) de oro extraído a nivel mundial incluye una estimación del oro producido por las MAPE.
[4] Las cooperativas mineras en Bolivia gozan de ciertas prerrogativas, para ello sólo deben realizar sus actividades con el aporte de capital sus socios.
[5] El resaltado es nuestro
[6] Es importante mencionar que, aparentemente, esté fenómeno habría culminado en 2024, pues hasta agosto de 2024 el Instituto Nacional de Estadística – INE reporta que Bolivia sólo exportó 7 toneladas de oro, un volumen muy inferior al registrado en 2023, de 40 toneladas o al de 2022 de 52 toneladas. Las condiciones de las divisas en Bolivia ya no generarían condiciones favorables para que este país exporte el contrabando del mineral
[7] La investigación también abordó los departamentos de Cusco, Puno, y Arequipa.
[8] La investigación también incluye los departamentos de Potosí y Oruro.
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