A pesar de los aspectos problemáticos, señalados previamente, sobre la minería aurífera en la Amazonía, es importante considerar que se trata de una actividad con una dimensión histórica y social bastante amplia en la región. Por lo tanto, realizar un recuento de la minería en toda la región Panamazónica sería una tarea bastante onerosa. Se pueden mencionar algunos estudios realizados en regiones como Brasil (Cleary, 1990), Colombia (Tubb, 2020), Guyana francesa (Le Tourneau, 2020) y Venezuela (Bonet, 2020). Asimismo, existen estudios previos sobre la minería, específicamente en la Amazonía norte boliviana (De Theije & Salman, 2018; Salman, 2016; Salman et al., 2015).
A modo de dar cuenta de la historicidad, la antigüedad y la importancia social de la minería aluvial de oro en la Amazonía boliviana, en esta sección se realiza un breve recuento de esta actividad en el caso de la provincia de Larecaja, del departamento de La Paz. La región donde se realiza minería aurífera en esta provincia corresponde con la alta Amazonía, integrada por los municipios de Combaya, Guanay, Mapiri, Quiabaya, Sorata, Tacacoma, Teoponte, Tipuani, que suman 106.735 habitantes según datos del INE del Censo de 2024.
3.1 Breve Historia de la Minería Aurífera Colonial
«La historia de la actividad minera de oror en la región de Larecaja tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando comenzó a estructurarse como una industria con fines comerciales. Antes de este periodo, la extracción del oro era una practica artesanal llevada a cabo por las comunidades locales, en gran medida para cumplir obligaciones como el tributo impuesto a las poblaciones indígenas. Entre los primeros involucrados en esta actividad se encuentra Alonso de Mendoza, quien explotó los recursos con a confluencia de los riíos Coroico y Uyapi» (Santos Escobar,1994).
Desde mediados del siglo XVI, la administración colonial había identificado los yacimientos auríferos en Larecaja. En esta época, algunas encomiendas de La Paz comenzaron a pagar parte de sus tributos en oro, utilizando a poblaciones indígenas para la extracción en lugares como la cuenca del Tipuani, muchas veces fuera del marco legal establecido por las autoridades coloniales. Esta explotación incluyó un sistema productivo estacional, donde miles de indígenas aymaras, urus y mitimaes se trasladaban durante ciertos meses del año para trabajar en los ríos auríferos: “Alrededor de 6.501 tributarios de los quince repartimientos, de esa cantidad 4,698 aymaras, 1.476 urus y 327 mitimaes, durante tres meses, en la época de descanso agrícola se trasladaban a los ríos de Carabaya, Larecaja, Chuquiyapu y Lacoya (Chuquiaguillo) a extraer el oro para sus encomenderos” (Santos Escóbar, 1994, p. 36).
En el siglo XVII, los impuestos derivados de la extracción de oro se convirtieron en una fuente clave de ingresos para la administración colonial en La Paz. Esto dio lugar a una colaboración entre funcionarios y empresarios privados, quienes establecieron una industria minera activa en regiones como Yani, Aucapata, Suches y Tipuani: “La floreciente industria minera de Yani, Aucapata, Coaquilata, Suchez, Tacacoma, Ananea, Itulaya así como de los lavaderos de Tipuani, Consata y Challana, la convertían en atractiva para los corregidores, mercaderes e inversionistas” (Santos Escóbar, 1994, p. 58). Sin embargo, el acceso complicado a las áreas de explotación, como Tipuani, representaba un obstáculo significativo. Para gestionar esta situación, se crearon cargos de lugartenientes que supervisaban la recaudación de impuestos y administraban las zonas mineras.
La expansión de la minería aurífera tuvo efectos significativos, incluyendo el incremento de trabajadores en las zonas mineras y una mayor demanda de suministros. Estas circunstancias permitieron a los corregidores y sus lugartenientes controlar los circuitos de abastecimiento de bienes desde Lima y La Paz. Durante el siglo XVIII, esta clase burocrática se consolidó como una élite mercantil que controlaba tanto el suministro como la comercialización del oro, aprovechando su influencia dentro del sistema colonial. Esta doble función se extendió incluso al control de las operaciones financiadas.
En cuanto a los mineros, ya existía un marco legal que permitía la obtención de concesiones, denominadas «pertenencias», otorgadas por la administración colonial. Estas concesiones aumentaron significativamente en los yacimientos de Tipuani y otros centros como Yani y Ananea, donde se concentraron empresarios mineros. Hacia finales del siglo XVIII, al menos 15 grandes empresarios controlaban la explotación aurífera en Tipuani (Santos Escóbar, 1994).
La llegada de empresarios extractivistas coincidió con la presencia de misioneros religiosos, como los agustinos y franciscanos. Los empresarios a menudo se beneficiaron de las actividades de las misiones, utilizando trabajadores provenientes de las comunidades indígenas reducidas. A partir de 1782, tras las rebeliones indígenas de Tupac Amaru y Tupac Katari, muchas comunidades indígenas adquirieron una mayor libertad económica y se integraron más activamente en la minería aurífera, aunque bajo sistemas de trabajo como el peonaje por deuda (Neri Pereyra, 2021; Santamaría, 2005).
La «modernización» de la economía de Larecaja, que comenzó en el siglo XVIII, se consolidó en el siglo XIX. Esta modernización estuvo marcada por el desplazamiento progresivo de la influencia de los misioneros y la consolidación de una burguesía extractivista. Familias, como los Villamil, mantuvieron su dominio en la minería aurífera a través de herencias y su vinculación con la burocracia colonial, estableciendo una élite económica que perduró después de las guerras de independencia.
El desarrollo de la minería aurífera no habría sido posible sin una fuerza laboral significativa. Durante los siglos XVII y XVIII, los trabajadores provenían principalmente de comunidades andinas, reclutados mediante acuerdos con caciques locales: “La operación se concretaba adelantando determinadas cantidades de dinero efectivo para asegurar la presencia del trabajador en los centros mineros” (Santos Escóbar, 1994, p. 124). Este sistema de trabajo se estructuró en roles definidos, como barreteros, apiris y lavadores, lo que reflejaba una organización productiva adaptada a las condiciones locales.
En suma, la explotación aurífera en Larecaja se desarrolló como una actividad compleja que involucró a diversos actores y sistemas económicos. Desde sus inicios artesanales hasta su consolidación como una industria bajo el control de una élite colonial y mercantil, esta actividad marcó profundamente la historia económica y social de la región.
3.2 El ingreso del capital extranjero, a partir del siglo XX
Durante el siglo XIX, inversionistas extranjeros comenzaron a involucrarse en la actividad minera de la región. Entre ellos se encontraba el barón Arnous de Rivière, quien en 1892 exploró y reactivó una mina llamada Tuttilemondi, pasando varios meses en el lugar. Hoy día, esta área es conocida como la comunidad minera de Tutilimundi. Otros casos destacados, según Ballivián y Zarco (1898), incluyen a un ciudadano francés llamado Dripont; el irlandés Santiago Whitley, asociado con Zabala; y Santiago Wilhell, quien introdujo una rueda hidráulica en sus operaciones. Además, los lavaderos de Ancota y Salomón, previamente gestionados por Villamil, fueron explotados por Felipe Kroeber, un empresario de origen alemán. Cabe destacar que estas iniciativas fueron emprendimientos personales y, como señalan Ballivián y Zarco, muchas terminaron en fracaso.
Con el cambio de siglo, diversos informes y estudios sobre el potencial aurífero de los ríos Tipuani y Kaka (Conway, 1908; Croning, 1889; De Rivière, 1892; Of, 1912; Walle, 1914; Weddell, 1853; Woodbridge, 1927) atrajeron a empresas extranjeras hacia la exploración y explotación del oro aluvial. Estas compañías realizaron significativas inversiones y contrataron trabajadores calificados para dirigir las operaciones. La actividad minera, al igual que la industria de la cascarilla y la goma, fomentó la integración de esta región al sistema económico global, facilitando el flujo de capitales y la llegada de población extranjera. Este fenómeno desmiente la idea de que la minería empresarial sea una amenaza reciente para las formas tradicionales de organización local.
Los textos de Martin Conway (1901, 1908) desempeñaron un papel clave al promover la entrada de capital extranjero tanto en la minería aurífera como en la recolección de goma. Conway relata expediciones realizadas a finales del siglo XIX en los ríos Tipuani, Mapiri y Kaka. Una de ellas fue liderada por el Dr. George Bridgman, representante estadounidense en Bolivia, quien descubrió oro en un depósito de grava durante su travesía (Conway, 1908). Otra expedición notable fue la del británico Dr. John Evans (1903) (1903), quien describió las regiones de Mapiri, Guanay y Teoponte. Conway también subrayó la necesidad de emplear dragas en los ríos Mapiri y Kaka, especialmente en la cuenca de Incahuara, para maximizar el aprovechamiento de los placeres auríferos.
Siguiendo estas recomendaciones, empresas extranjeras comenzaron a operar en la región en la década de 1910. Entre ellas destacó la Incahuara Gold Dredging Company, creada por la británica John Taylor and Sons, que introdujo una draga fabricada por Lobnitz & Co. en el río Kaka (Of, 1912). Sin embargo, los resultados financieros de esta iniciativa fueron decepcionantes, posiblemente debido a fallos en el diseño de la draga.
Otras compañías que operaron en los ríos Tipuani y Kaka incluyen la Olla de Oro Gold Mining Limited., fundada por el norteamericano D.G. Bricker y administrada por George Easley. Esta empresa también realizó explotaciones en los cerros de Umabamba, en Sud Yungas (Church Lincoln, 1915; Dirección General de Eastadística i Estudios Jeográficos, 1913). Posteriormente, los mismos empresarios vendieron la operación y formaron Incaoro, que fue adquirida por capitales norteamericanos y evolucionó en la Incaoro Mines of Delaware, realizando inversiones significativas.
En 1915, la Bolivia Gold Exploration Company, con sede en Denver, también invirtió en el valle de Tipuani. Woodbridge (1927) señala que uno de los principales desafíos de esta empresa fue la retención de la mano de obra, lo que llevó a su presidente, Victor J. Wallin, y al administrador, George W. Schneider, a implementar cambios como el establecimiento de plantaciones alimenticias y la distribución de coca a los trabajadores. Estas medidas marcaban un alejamiento de los métodos tradicionales de gestión laboral, y se esperaba que mejoraran la productividad (Woodbridge, 1927). La fuerza laboral estaba compuesta mayormente por indígenas aymaras y quechuas, junto con algunos afrodescendientes, descendientes de esclavos introducidos por portugueses.
Por último, el diario de viaje de Cecil Prodgers (1922) menciona la Texas Gold Mining Company, que también operó en los lavaderos de Tipuani. Sin embargo, no se encontraron detalles adicionales sobre esta compañía en el marco del presente estudio.
3.3. La South American Placers INC. y el cooperativismo minero
Desde mediados del siglo XX, la minería aurífera aluvial en la región de Larecaja Tropical experimentó un punto de inflexión con la llegada de South American Placers Inc. (SAPI). Esta empresa, una subsidiaria de la corporación internacional South American Gold and Platinum Company, lideró la explotación aurífera aluvial más grande registrada en la zona. SAPI continuó con las actividades previamente desarrolladas por otras compañías como Incahuara Gold Dredging Company, Bol-Inca Mining Corporation, la Compañía Aramayo y Bolivian Gold Exploration Company. Uno de sus principales aportes fue la incorporación de una de las dragas de minería aluvial más grandes del mundo.
En 1957, SAPI suscribió un acuerdo de explotación con el gobierno boliviano, según se detalla en su primer informe dirigido a los accionistas. En contraste con la nacionalización de las minas de estaño y plata de los Andes, que enfrentaban precios bajos, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro otorgó a South American Gold and Platinum Company, a través de su filial SAPI, los derechos para extraer oro y platino en ricos yacimientos previamente poco explotados. La concesión comprendía los ríos Kaka, Coroico, Challana, Tipuani y Mapiri, abarcando aproximadamente 25.000 hectáreas, de las cuales 15.000 quedarían finalmente bajo control de la empresa (Alurralde, 1973).
La concesión, inicialmente fijada en 25 años con posibilidad de extensión, otorgaba a SAPI total independencia para dirigir los aspectos técnicos, comerciales e industriales de las operaciones, así como libertad para gestionar su fuerza laboral. Además, la compañía podía utilizar transporte aéreo propio o alquilado, conectando directamente los puertos marítimos y fluviales con las pistas en sus áreas de operación (Alurralde, 1973).
Tras realizar estudios de prospección, SAPI identificó el distrito de Teoponte como el sitio más prometedor. Para sus operaciones, adquirió una draga de 80 cucharas con capacidad de 10 pies cúbicos (unos 284 litros), proveniente de la Bulolo Gold Dredging Limited, en Nueva Guinea. Esta maquinaria fue transportada en barco al puerto de Antofagasta, luego por ferrocarril hasta La Paz, en camiones hacia Caranavi, y finalmente, en avión hasta Teoponte (South American Gold & Platinum Company, 1957; R. Terrazas, comunicación personal, el 28 de marzo de 2024).
SAPI también estableció un campamento en lo que alguna vez fue el fundo de Teoponte, sentando las bases para la fundación del actual pueblo. Sus operaciones en la región comenzaron oficialmente en 1959, alcanzando en su primer año una producción de 2.008 onzas (56,9 kilogramos) de oro, que se multiplicó diez veces en 1960, logrando 24.914 onzas (706,3 kilogramos). En años posteriores, los niveles de producción se mantuvieron elevados, algo que era bien conocido por los residentes de Guanay.
En 1961, South American Gold and Platinum Company fue adquirida por International Mining Company (IMC), lo que intensificó la extracción de oro. Durante 1961 y 1962, se promedió una producción anual de 42.000 onzas (1.190 kilogramos), con el precio del oro establecido en 35 dólares por onza. Esto generó ingresos anuales aproximados de 1.470.000 dólares, de los cuales 297.000 fueron pagados al Estado boliviano por concepto de regalías (South American Gold & Platinum Company & International Mining Corporation, 1962).
De acuerdo con la normativa, la Compañía debía permitir que los pobladores continúen con su trabajo superficial de lavado de oro en bateas, a una distancia de por lo menos 200 metros a la redonda de cada draga en operación y sus instalaciones. Establecía, además, que el rescate de oro que produzcan dichos aborígenes estaría a cargo del Banco Minero de Bolivia. Alurralde señala que la normativa no generaba la obligación de entrega de divisas al gobierno; que el control sobre lo gravámenes quedaba a cargo de un inspector boliviano; y que, en caso de existir discrepancias sobre el pago de impuestos, éstas serían resueltas por el Instituto Americano de Ingenieros de Minas y Metalurgia con sede en Estados Unidos (Alurralde, 1973).
Por otro lado, otra empresa que operó en la región fue la Condor Mines S.A.; una empresa particular mediana instalada en Tipuani, con operaciones a cielo abierto de aproximadamente 150 metros de largo por 80 de ancho con profundidad de 20 metros. (Alurralde, 1973) La explotación se realizaba con tractores volquetas, cargadores frontales, bombas de grava y monitor. Con luz eléctrica propia que permitía el funcionamiento de las bombas. La producción mensual para 1970 fluctuaba entre los 18 a 30 kilos, entregados al Banco Minero de Tipuani.
Cuando la SAPI comenzó a producir tres años después de la concesión, le arrebató el cuasi monopolio que tenía el Banco Minero sobre el rescate y comercialización del oro. Como señalamos previamente, el primer año comenzó produciendo solo un 6 % del total, pero para 1960 ya producía el 48 % del oro, seguida muy de cerca por la producción de los cooperativistas y la Condor Mines que vendían el oro a la sucursal del Banco Minero de Tipuani.
Tabla 5. Producción de oro por grupos (expresado en gramos finos)
Fuente: Alurralde, 1973
La presencia de la SAPI, en la región de Guanay y Teoponte, se extendió hasta inicios de la década de 1980, cuando fue transferida a la empresa de capitales bolivianos Compañía Minera del Sur (COMSUR). Después de que COMSUR operó la draga, durante los años 80, ésta fue nuevamente transferida a la empresa constructora BARTOS, cuyos socios luego transitaron hacia el cooperativismo, abandonando la embarcación. A pesar de su final decadente, la SAPI fue la operación minera de gran escala más importante de la historia de la región. Las ingentes cantidades de oro que sacaron y, en contrapartida, el reducido pago de regalías y de reinversión para la región, son un testimonio de la lógica del capital multinacional.
A partir del mismo periodo, es decir, la década de 1980, el cooperativismo minero inició su paulatino ascenso hacia convertirse en la principal forma de explotación aurífera, hasta el presente. Entre 1979 y 1985, tuvo lugar una nueva fiebre del oro en la región de estudio, que se tradujo en la multiplicación de este tipo de organización minera. Primero, entre 1979 y 1980 se produjo un incremento exponencial del precio internacional del oro, de 227 a 855 dólares por onza troy, debido al proceso especulativo e inflacionario en Estados Unidos, durante el último periodo del gobierno de J. Carter. Aunque se trató de un “boom” del oro corto, impulsó la explotación minera en la Amazonía, principalmente en el caso de Brasil.
Segundo, en el caso de Bolivia, la actividad minera continuó incrementándose en los años posteriores, principalmente, debido a la crisis económica y financiera de 1982, durante el gobierno de la Unión Democrática y Popular (UDP). Por ejemplo, en el caso del centro urbano de Guanay, ambos procesos se tradujeron en la llegada de cientos de personas de La Paz y otros departamentos, para probar suerte en el lavado aluvial de oro. A inicios de los 80, que es cuando la SAPI fue transferida a COMSUR, algunas cooperativas mineras ya trabajaban en las pertenencias de la empresa, con la autorización de ésta. Sin embargo, producto de la fiebre del oro que inicia en 1980, el número de mineros cooperativistas pasó de 1.200 en 1962, a 6.000 en 1982 (Redwood, 1987).
Además del incremento de la actividad minera, Redwood también notaba el incremento del contrabando del oro: “Según el Banco Minero, la producción de oro en 1982 fue de 40.145 oz (1.249 kg), pero el Ministerio de Minería y Metalurgia dio una estimación más realista de 321.500 oz (10.000 kg). La discrepancia radica en la enorme cantidad de oro que sale del país de contrabando” (1987, p. 24). Es, también, plausible afirmar que el incremento del contrabando, a saber, de la comercialización informal del oro, fue otra consecuencia de los factores señalados (crisis económica y financiera, e incremento de la población desocupada).
fundacionsolon.org 
Por Equipo Fundación Solón
A pesar de los aspectos problemáticos, señalados previamente, sobre la minería aurífera en la Amazonía, es importante considerar que se trata de una actividad con una dimensión histórica y social bastante amplia en la región. Por lo tanto, realizar un recuento de la minería en toda la región Panamazónica sería una tarea bastante onerosa. Se pueden mencionar algunos estudios realizados en regiones como Brasil (Cleary, 1990), Colombia (Tubb, 2020), Guyana francesa (Le Tourneau, 2020) y Venezuela (Bonet, 2020). Asimismo, existen estudios previos sobre la minería, específicamente en la Amazonía norte boliviana (De Theije & Salman, 2018; Salman, 2016; Salman et al., 2015).
A modo de dar cuenta de la historicidad, la antigüedad y la importancia social de la minería aluvial de oro en la Amazonía boliviana, en esta sección se realiza un breve recuento de esta actividad en el caso de la provincia de Larecaja, del departamento de La Paz. La región donde se realiza minería aurífera en esta provincia corresponde con la alta Amazonía, integrada por los municipios de Combaya, Guanay, Mapiri, Quiabaya, Sorata, Tacacoma, Teoponte, Tipuani, que suman 106.735 habitantes según datos del INE del Censo de 2024.
3.1 Breve Historia de la Minería Aurífera Colonial
Desde mediados del siglo XVI, la administración colonial había identificado los yacimientos auríferos en Larecaja. En esta época, algunas encomiendas de La Paz comenzaron a pagar parte de sus tributos en oro, utilizando a poblaciones indígenas para la extracción en lugares como la cuenca del Tipuani, muchas veces fuera del marco legal establecido por las autoridades coloniales. Esta explotación incluyó un sistema productivo estacional, donde miles de indígenas aymaras, urus y mitimaes se trasladaban durante ciertos meses del año para trabajar en los ríos auríferos: “Alrededor de 6.501 tributarios de los quince repartimientos, de esa cantidad 4,698 aymaras, 1.476 urus y 327 mitimaes, durante tres meses, en la época de descanso agrícola se trasladaban a los ríos de Carabaya, Larecaja, Chuquiyapu y Lacoya (Chuquiaguillo) a extraer el oro para sus encomenderos” (Santos Escóbar, 1994, p. 36).
En el siglo XVII, los impuestos derivados de la extracción de oro se convirtieron en una fuente clave de ingresos para la administración colonial en La Paz. Esto dio lugar a una colaboración entre funcionarios y empresarios privados, quienes establecieron una industria minera activa en regiones como Yani, Aucapata, Suches y Tipuani: “La floreciente industria minera de Yani, Aucapata, Coaquilata, Suchez, Tacacoma, Ananea, Itulaya así como de los lavaderos de Tipuani, Consata y Challana, la convertían en atractiva para los corregidores, mercaderes e inversionistas” (Santos Escóbar, 1994, p. 58). Sin embargo, el acceso complicado a las áreas de explotación, como Tipuani, representaba un obstáculo significativo. Para gestionar esta situación, se crearon cargos de lugartenientes que supervisaban la recaudación de impuestos y administraban las zonas mineras.
La expansión de la minería aurífera tuvo efectos significativos, incluyendo el incremento de trabajadores en las zonas mineras y una mayor demanda de suministros. Estas circunstancias permitieron a los corregidores y sus lugartenientes controlar los circuitos de abastecimiento de bienes desde Lima y La Paz. Durante el siglo XVIII, esta clase burocrática se consolidó como una élite mercantil que controlaba tanto el suministro como la comercialización del oro, aprovechando su influencia dentro del sistema colonial. Esta doble función se extendió incluso al control de las operaciones financiadas.
En cuanto a los mineros, ya existía un marco legal que permitía la obtención de concesiones, denominadas «pertenencias», otorgadas por la administración colonial. Estas concesiones aumentaron significativamente en los yacimientos de Tipuani y otros centros como Yani y Ananea, donde se concentraron empresarios mineros. Hacia finales del siglo XVIII, al menos 15 grandes empresarios controlaban la explotación aurífera en Tipuani (Santos Escóbar, 1994).
La llegada de empresarios extractivistas coincidió con la presencia de misioneros religiosos, como los agustinos y franciscanos. Los empresarios a menudo se beneficiaron de las actividades de las misiones, utilizando trabajadores provenientes de las comunidades indígenas reducidas. A partir de 1782, tras las rebeliones indígenas de Tupac Amaru y Tupac Katari, muchas comunidades indígenas adquirieron una mayor libertad económica y se integraron más activamente en la minería aurífera, aunque bajo sistemas de trabajo como el peonaje por deuda (Neri Pereyra, 2021; Santamaría, 2005).
La «modernización» de la economía de Larecaja, que comenzó en el siglo XVIII, se consolidó en el siglo XIX. Esta modernización estuvo marcada por el desplazamiento progresivo de la influencia de los misioneros y la consolidación de una burguesía extractivista. Familias, como los Villamil, mantuvieron su dominio en la minería aurífera a través de herencias y su vinculación con la burocracia colonial, estableciendo una élite económica que perduró después de las guerras de independencia.
El desarrollo de la minería aurífera no habría sido posible sin una fuerza laboral significativa. Durante los siglos XVII y XVIII, los trabajadores provenían principalmente de comunidades andinas, reclutados mediante acuerdos con caciques locales: “La operación se concretaba adelantando determinadas cantidades de dinero efectivo para asegurar la presencia del trabajador en los centros mineros” (Santos Escóbar, 1994, p. 124). Este sistema de trabajo se estructuró en roles definidos, como barreteros, apiris y lavadores, lo que reflejaba una organización productiva adaptada a las condiciones locales.
En suma, la explotación aurífera en Larecaja se desarrolló como una actividad compleja que involucró a diversos actores y sistemas económicos. Desde sus inicios artesanales hasta su consolidación como una industria bajo el control de una élite colonial y mercantil, esta actividad marcó profundamente la historia económica y social de la región.
3.2 El ingreso del capital extranjero, a partir del siglo XX
Durante el siglo XIX, inversionistas extranjeros comenzaron a involucrarse en la actividad minera de la región. Entre ellos se encontraba el barón Arnous de Rivière, quien en 1892 exploró y reactivó una mina llamada Tuttilemondi, pasando varios meses en el lugar. Hoy día, esta área es conocida como la comunidad minera de Tutilimundi. Otros casos destacados, según Ballivián y Zarco (1898), incluyen a un ciudadano francés llamado Dripont; el irlandés Santiago Whitley, asociado con Zabala; y Santiago Wilhell, quien introdujo una rueda hidráulica en sus operaciones. Además, los lavaderos de Ancota y Salomón, previamente gestionados por Villamil, fueron explotados por Felipe Kroeber, un empresario de origen alemán. Cabe destacar que estas iniciativas fueron emprendimientos personales y, como señalan Ballivián y Zarco, muchas terminaron en fracaso.
Con el cambio de siglo, diversos informes y estudios sobre el potencial aurífero de los ríos Tipuani y Kaka (Conway, 1908; Croning, 1889; De Rivière, 1892; Of, 1912; Walle, 1914; Weddell, 1853; Woodbridge, 1927) atrajeron a empresas extranjeras hacia la exploración y explotación del oro aluvial. Estas compañías realizaron significativas inversiones y contrataron trabajadores calificados para dirigir las operaciones. La actividad minera, al igual que la industria de la cascarilla y la goma, fomentó la integración de esta región al sistema económico global, facilitando el flujo de capitales y la llegada de población extranjera. Este fenómeno desmiente la idea de que la minería empresarial sea una amenaza reciente para las formas tradicionales de organización local.
Los textos de Martin Conway (1901, 1908) desempeñaron un papel clave al promover la entrada de capital extranjero tanto en la minería aurífera como en la recolección de goma. Conway relata expediciones realizadas a finales del siglo XIX en los ríos Tipuani, Mapiri y Kaka. Una de ellas fue liderada por el Dr. George Bridgman, representante estadounidense en Bolivia, quien descubrió oro en un depósito de grava durante su travesía (Conway, 1908). Otra expedición notable fue la del británico Dr. John Evans (1903) (1903), quien describió las regiones de Mapiri, Guanay y Teoponte. Conway también subrayó la necesidad de emplear dragas en los ríos Mapiri y Kaka, especialmente en la cuenca de Incahuara, para maximizar el aprovechamiento de los placeres auríferos.
Siguiendo estas recomendaciones, empresas extranjeras comenzaron a operar en la región en la década de 1910. Entre ellas destacó la Incahuara Gold Dredging Company, creada por la británica John Taylor and Sons, que introdujo una draga fabricada por Lobnitz & Co. en el río Kaka (Of, 1912). Sin embargo, los resultados financieros de esta iniciativa fueron decepcionantes, posiblemente debido a fallos en el diseño de la draga.
Otras compañías que operaron en los ríos Tipuani y Kaka incluyen la Olla de Oro Gold Mining Limited., fundada por el norteamericano D.G. Bricker y administrada por George Easley. Esta empresa también realizó explotaciones en los cerros de Umabamba, en Sud Yungas (Church Lincoln, 1915; Dirección General de Eastadística i Estudios Jeográficos, 1913). Posteriormente, los mismos empresarios vendieron la operación y formaron Incaoro, que fue adquirida por capitales norteamericanos y evolucionó en la Incaoro Mines of Delaware, realizando inversiones significativas.
En 1915, la Bolivia Gold Exploration Company, con sede en Denver, también invirtió en el valle de Tipuani. Woodbridge (1927) señala que uno de los principales desafíos de esta empresa fue la retención de la mano de obra, lo que llevó a su presidente, Victor J. Wallin, y al administrador, George W. Schneider, a implementar cambios como el establecimiento de plantaciones alimenticias y la distribución de coca a los trabajadores. Estas medidas marcaban un alejamiento de los métodos tradicionales de gestión laboral, y se esperaba que mejoraran la productividad (Woodbridge, 1927). La fuerza laboral estaba compuesta mayormente por indígenas aymaras y quechuas, junto con algunos afrodescendientes, descendientes de esclavos introducidos por portugueses.
Por último, el diario de viaje de Cecil Prodgers (1922) menciona la Texas Gold Mining Company, que también operó en los lavaderos de Tipuani. Sin embargo, no se encontraron detalles adicionales sobre esta compañía en el marco del presente estudio.
3.3. La South American Placers INC. y el cooperativismo minero
Desde mediados del siglo XX, la minería aurífera aluvial en la región de Larecaja Tropical experimentó un punto de inflexión con la llegada de South American Placers Inc. (SAPI). Esta empresa, una subsidiaria de la corporación internacional South American Gold and Platinum Company, lideró la explotación aurífera aluvial más grande registrada en la zona. SAPI continuó con las actividades previamente desarrolladas por otras compañías como Incahuara Gold Dredging Company, Bol-Inca Mining Corporation, la Compañía Aramayo y Bolivian Gold Exploration Company. Uno de sus principales aportes fue la incorporación de una de las dragas de minería aluvial más grandes del mundo.
En 1957, SAPI suscribió un acuerdo de explotación con el gobierno boliviano, según se detalla en su primer informe dirigido a los accionistas. En contraste con la nacionalización de las minas de estaño y plata de los Andes, que enfrentaban precios bajos, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro otorgó a South American Gold and Platinum Company, a través de su filial SAPI, los derechos para extraer oro y platino en ricos yacimientos previamente poco explotados. La concesión comprendía los ríos Kaka, Coroico, Challana, Tipuani y Mapiri, abarcando aproximadamente 25.000 hectáreas, de las cuales 15.000 quedarían finalmente bajo control de la empresa (Alurralde, 1973).
La concesión, inicialmente fijada en 25 años con posibilidad de extensión, otorgaba a SAPI total independencia para dirigir los aspectos técnicos, comerciales e industriales de las operaciones, así como libertad para gestionar su fuerza laboral. Además, la compañía podía utilizar transporte aéreo propio o alquilado, conectando directamente los puertos marítimos y fluviales con las pistas en sus áreas de operación (Alurralde, 1973).
Tras realizar estudios de prospección, SAPI identificó el distrito de Teoponte como el sitio más prometedor. Para sus operaciones, adquirió una draga de 80 cucharas con capacidad de 10 pies cúbicos (unos 284 litros), proveniente de la Bulolo Gold Dredging Limited, en Nueva Guinea. Esta maquinaria fue transportada en barco al puerto de Antofagasta, luego por ferrocarril hasta La Paz, en camiones hacia Caranavi, y finalmente, en avión hasta Teoponte (South American Gold & Platinum Company, 1957; R. Terrazas, comunicación personal, el 28 de marzo de 2024).
SAPI también estableció un campamento en lo que alguna vez fue el fundo de Teoponte, sentando las bases para la fundación del actual pueblo. Sus operaciones en la región comenzaron oficialmente en 1959, alcanzando en su primer año una producción de 2.008 onzas (56,9 kilogramos) de oro, que se multiplicó diez veces en 1960, logrando 24.914 onzas (706,3 kilogramos). En años posteriores, los niveles de producción se mantuvieron elevados, algo que era bien conocido por los residentes de Guanay.
En 1961, South American Gold and Platinum Company fue adquirida por International Mining Company (IMC), lo que intensificó la extracción de oro. Durante 1961 y 1962, se promedió una producción anual de 42.000 onzas (1.190 kilogramos), con el precio del oro establecido en 35 dólares por onza. Esto generó ingresos anuales aproximados de 1.470.000 dólares, de los cuales 297.000 fueron pagados al Estado boliviano por concepto de regalías (South American Gold & Platinum Company & International Mining Corporation, 1962).
De acuerdo con la normativa, la Compañía debía permitir que los pobladores continúen con su trabajo superficial de lavado de oro en bateas, a una distancia de por lo menos 200 metros a la redonda de cada draga en operación y sus instalaciones. Establecía, además, que el rescate de oro que produzcan dichos aborígenes estaría a cargo del Banco Minero de Bolivia. Alurralde señala que la normativa no generaba la obligación de entrega de divisas al gobierno; que el control sobre lo gravámenes quedaba a cargo de un inspector boliviano; y que, en caso de existir discrepancias sobre el pago de impuestos, éstas serían resueltas por el Instituto Americano de Ingenieros de Minas y Metalurgia con sede en Estados Unidos (Alurralde, 1973).
Por otro lado, otra empresa que operó en la región fue la Condor Mines S.A.; una empresa particular mediana instalada en Tipuani, con operaciones a cielo abierto de aproximadamente 150 metros de largo por 80 de ancho con profundidad de 20 metros. (Alurralde, 1973) La explotación se realizaba con tractores volquetas, cargadores frontales, bombas de grava y monitor. Con luz eléctrica propia que permitía el funcionamiento de las bombas. La producción mensual para 1970 fluctuaba entre los 18 a 30 kilos, entregados al Banco Minero de Tipuani.
Cuando la SAPI comenzó a producir tres años después de la concesión, le arrebató el cuasi monopolio que tenía el Banco Minero sobre el rescate y comercialización del oro. Como señalamos previamente, el primer año comenzó produciendo solo un 6 % del total, pero para 1960 ya producía el 48 % del oro, seguida muy de cerca por la producción de los cooperativistas y la Condor Mines que vendían el oro a la sucursal del Banco Minero de Tipuani.
Tabla 5. Producción de oro por grupos (expresado en gramos finos)
La presencia de la SAPI, en la región de Guanay y Teoponte, se extendió hasta inicios de la década de 1980, cuando fue transferida a la empresa de capitales bolivianos Compañía Minera del Sur (COMSUR). Después de que COMSUR operó la draga, durante los años 80, ésta fue nuevamente transferida a la empresa constructora BARTOS, cuyos socios luego transitaron hacia el cooperativismo, abandonando la embarcación. A pesar de su final decadente, la SAPI fue la operación minera de gran escala más importante de la historia de la región. Las ingentes cantidades de oro que sacaron y, en contrapartida, el reducido pago de regalías y de reinversión para la región, son un testimonio de la lógica del capital multinacional.
A partir del mismo periodo, es decir, la década de 1980, el cooperativismo minero inició su paulatino ascenso hacia convertirse en la principal forma de explotación aurífera, hasta el presente. Entre 1979 y 1985, tuvo lugar una nueva fiebre del oro en la región de estudio, que se tradujo en la multiplicación de este tipo de organización minera. Primero, entre 1979 y 1980 se produjo un incremento exponencial del precio internacional del oro, de 227 a 855 dólares por onza troy, debido al proceso especulativo e inflacionario en Estados Unidos, durante el último periodo del gobierno de J. Carter. Aunque se trató de un “boom” del oro corto, impulsó la explotación minera en la Amazonía, principalmente en el caso de Brasil.
Segundo, en el caso de Bolivia, la actividad minera continuó incrementándose en los años posteriores, principalmente, debido a la crisis económica y financiera de 1982, durante el gobierno de la Unión Democrática y Popular (UDP). Por ejemplo, en el caso del centro urbano de Guanay, ambos procesos se tradujeron en la llegada de cientos de personas de La Paz y otros departamentos, para probar suerte en el lavado aluvial de oro. A inicios de los 80, que es cuando la SAPI fue transferida a COMSUR, algunas cooperativas mineras ya trabajaban en las pertenencias de la empresa, con la autorización de ésta. Sin embargo, producto de la fiebre del oro que inicia en 1980, el número de mineros cooperativistas pasó de 1.200 en 1962, a 6.000 en 1982 (Redwood, 1987).
Además del incremento de la actividad minera, Redwood también notaba el incremento del contrabando del oro: “Según el Banco Minero, la producción de oro en 1982 fue de 40.145 oz (1.249 kg), pero el Ministerio de Minería y Metalurgia dio una estimación más realista de 321.500 oz (10.000 kg). La discrepancia radica en la enorme cantidad de oro que sale del país de contrabando” (1987, p. 24). Es, también, plausible afirmar que el incremento del contrabando, a saber, de la comercialización informal del oro, fue otra consecuencia de los factores señalados (crisis económica y financiera, e incremento de la población desocupada).
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