A menudo, la historia y el análisis de la minería deja a las actividades de rescate y comercialización camufladas entre la producción y la exportación. En particular, en el caso boliviano, se suelen escuchar afirmaciones del tipo: “las cooperativas sacan el oro de contrabando” o bien “las cooperativas exportaron (x) cantidad de oro”. En realidad, los actores mineros que participan en la explotación del oro, tienen una participación mínima y/o nula en el proceso de comercialización. Por otro lado, como en cualquier cadena de suministro, la comercialización juega un papel elemental y es capaz de modificar las condiciones de la producción, de la exportación, los precios, entre otros. Por ello, recientemente, el Estado boliviano ha intentado regular las actividades de rescate y comercialización del mineral.
La cadena de valor del oro adquiere una complejidad adicional a la ya expuesta en la etapa de extracción, cuando se intenta conocer el detalle de la comercialización de oro. En este eslabón de la cadena operan principalmente las comercializadoras de minerales y los rescatadores y, de manera más reciente, se ha sumado el Estado, a través de alguna empresa estatal o entidad autárquica.
Las comercializadoras son actores privados, reconocidos por la norma y están facultadas para la comercialización interna y externa de oro. Mientras que los rescatadores no son reconocidos por la norma, de hecho, en los últimos años, se han creado distintos mecanismos para evitar que personas particulares y rescatadores comercialicen minerales. A continuación, analizaremos las características y el accionar de estos actores, y los roles que juegan tanto en la comercialización, como en otras etapas de la cadena de valor del oro amazónico.
5.1. Rescatadores
Los rescatadores, aunque no sean reconocidos oficialmente, desempeñan un papel crucial en la cadena de valor del oro. Se trata de individuos que actúan como intermediarios entre las cooperativas y los exportadores independientes, es decir, entre los productores y las empresas comercializadoras. Durante la investigación de campo en Guanay, se identificaron dos categorías principales de rescatadores: 1) pequeños rescatadores independientes y 2) rescatadores con mayor capacidad financiera, generalmente asociados a inversores privados. A continuación, se detalla cada grupo y sus dinámicas.
1.- Pequeño rescatador particular. En Guanay, cualquier persona con un pequeño excedente de capital puede incursionar en esta actividad. Lo básico para comenzar incluye un espacio de trabajo, una balanza y un cartel que anuncie «Compra de oro». No obstante, el éxito en esta actividad depende tanto del capital inicial como de la capacidad para atraer clientes y construir relaciones basadas en la confianza y exclusividad. Además, es fundamental conocer y anticiparse a las variaciones en los precios internacionales del oro.
Estos pequeños comerciantes suelen acopiar pequeñas cantidades de oro, que luego venden a rescatadores más grandes. En este nivel, los mineros traen el mineral en diversas presentaciones, como pepitas, escamas o amalgamas de mercurio[1], aunque las pepitas son cada vez menos comunes. La capacidad de compra de estos rescatadores varía entre 200 gramos y 1 kilogramo de oro, aunque este no es un parámetro fijo. Aquellos que buscan consolidar su negocio suelen instalar hornos de fundición en sus locales para procesar el mineral.
2.- Rescatador particular mediano y grande. En un nivel más avanzado, se encuentran aquellos rescatadores con mayor capacidad financiera, que les permite adquirir cantidades superiores a un kilogramo de oro. Este capital les da acceso no solo a los pequeños mineros informales, sino también a acuerdos con cooperativas y grandes inversionistas. A diferencia de los pequeños rescatadores, estos actores tienden a formalizar sus operaciones obteniendo registros como el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el Número de Identificación Minero (NIM), lo que les permite emitir facturas, pagar impuestos y cumplir con las regalías correspondientes. Los rescatadores más exitosos logran competir directamente con empresas comerciales en la compra, venta y exportación del mineral, enfrentándose en el mercado por clientes y oportunidades de negocio.
El rescatador juega distintos roles dentro de la cadena de valor del oro. Como se ha mencionado, en las zonas extractivas operan personas particulares, que realizan minería informal y que explotan cantidades mínimas de oro en grupos de dos o más personas, sacando en promedio 1 o 5 gramos de oro al día. Estos pequeños grupos, que no están regulados por la norma, venden el oro a los rescatistas, quienes lo acumulan y lo venden en las casas comercializadoras. En estos casos, el rescatador juega también el rol de reasignar el oro excedente de las cooperativas. Por ejemplo, en 2017 se aprobó la Resolución Ministerial 165/2017, que se determinó que las operaciones de comercialización tendrían los siguientes límites:
20 kg de oro fino al mes por cooperativa (esta transacción la puede realizar la cooperativa de manera directa o a través de una persona acreditada)
10 kg de oro fino al mes por empresa minera chica
2 kg. de oro fino al mes en el caso de personas naturales con derechos mineros (Ministerio de Minería y Metalurgia, 2017)
En 2018 se incrementó el límite para las cooperativas mineras a 40 kg. Se argumentó que las cooperativas que tienen una base societaria de 200 o más asociados, no pueden recibir el mismo tratamiento que las que tienen hasta 50 asociados, pues generan volúmenes de producción al mes que superan los 20 Kg. Se propuso que para garantizar la recaudación fiscal y evitar la fuga del oro, se ajuste el parámetro de 20 kg. de venta para las cooperativas que cuenten con hasta 100 asociados y de 40 kg para los que tengan un mayor número de asociados. Sin embargo, la parte resolutiva de la RM 118/2018 no contempló parámetros diferenciados en función del número de asociados, y resolvió incrementar el límite a 40 kg para todas las cooperativas.(Ministerio de Minería y Metalurgia, 2018)[12]
De acuerdo con los entrevistados (H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024; A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024), si una cooperativa produce más de los kilos estipulados al mes, ésta le puede vender la producción excedente a un rescatador, que se encarga de reasignar ese excedente a otra cooperativa u otro tipo de productor. Esta es una de las prácticas que dificulta conocer el origen del oro producido, pues en muchos casos, los rescatadores también transportan el oro hacia las comercializadoras, a las sucursales que se encuentran en Guanay, Riberalta o directamente a la ciudad de La Paz, donde obtienen mejores pagos. El tema del transporte no es menor, llevar el mineral desde las cooperativas, que generalmente se encuentran lejos de las carreteras, sorteando los factores geográficos, climáticos, además del riesgo que supone cargar con el metal preciado, implica una serie de complicaciones y logística. Con los rescatadores, las cooperativas evitan contratar transporte y seguridad.
Por último, los rescatadores se encargan de la burocracia, del papeleo, y completan su labor entregando a las casas comercializadoras el mineral extraído. Evidentemente, no todo el oro producido en la zona pasa por la fase del rescate, en muchos casos las cooperativas venden directamente a las comercializadoras, e incluso existen algunas empresas grandes que producen y exportan al mismo tiempo[13].
5.2. Comercializadoras
El siguiente nivel en eslabón de rescate de oro son las empresas privadas exportadoras conocidas como comercializadoras de minerales y metales. Son responsables del rescate a gran escala de oro, para su posterior fundición y exportación. La Ley N°535 de Minería y Metalurgia indica que las comercializadoras deben obtener la Licencia de Comercialización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM. También deben obtener el Número de Identificación Minera – NIM del SENARECOM, este es un código otorgado a los operadores mineros dedicados a la explotación, procesamiento, fundición y comercialización de minerales. Estas empresas operan, sobre todo, en el marco de la formalidad; cuentan con un registro empresarial en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio – SEPREC, con su Número de Identificación Tributaria – NIT.
En el norte de La Paz y el Beni, las comercializadoras compran el mineral de los cooperativistas o de los rescatadores y, en muchos casos, lo exportan. Las empresas más conocidas en la zona son MetalMonic, Orbol, Royal Gold, y Yellow Tree, aunque operan muchas más. Por lo general, tienen su casa matriz en la ciudad de La Paz, y cuentan con sucursales en Guanay, Riberalta y Mapiri[14].
En términos operativos, por ejemplo, cuentan con equipos de alta tecnología, que les permiten verificar in situ la ley y la pureza del mineral. Este hecho reciente, le ha permitido al negocio de rescate liberarse de las exigencias de certificación, mediante las cuales, determinados países (Reino Unido y Suiza, por ejemplo) establecían condiciones para la importación de oro. Esto permite explicar que, en el caso del oro boliviano, los principales mercados en la actualidad son Emiratos Árabes Unidos y la India. Incidentalmente, los principales inversionistas en este tipo de empresas, en los últimos años, fueron ciudadanos de Pakistán y de la India (Brújula Digital, 2022; Fides, 2024; La Razón, 2019; A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024; Zaconeta, 2024).
El objeto social de las comercializadoras puede variar de una a otra, pero generalmente llevan a cabo las siguientes actividades:
Rescate de oro de las operaciones mineras;
Comercialización de minerales o metales, lingotes de oro, oro fundido, oro marginal residuos, desechos y/o reciclables;
Refinería y fundición de metales;
Manufactura e industrialización de productos de base de mineral metálico, artículos de joyería;
Importar bienes e insumos;
Control de calidad.
Esto quiere decir que estas empresas no solo comercializan, además refinan, funden y realizan manufacturas. Con ese objeto importan bienes e insumos que sirven para el proceso industrial que ellas llevan a cabo. En algún caso,[15] el objeto social incluye la importación, exportación, compra y venta al por mayor y menor de cianuro de sodio, carbón activado, ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, nitrato de plomo, lithargio, flocculants y mercurio líquido. Si esta empresa está autorizada para comprar y vender cianuro de sodio y mercurio al por mayor, es probable que sea una de las proveedoras de estos metales y sustancias que están contaminando los ríos amazónicos por parte de las operaciones mineras.
Según datos de SENARECOM (Zaconeta, 2024) en 2022 se registró 38 empresas y/comercializadoras que exportan oro establecidas en los departamentos de La Paz y Beni. Un incremento significativo respecto de 2021, y es que en 2022 se registró el pico de exportaciones de oro por 3.003 millones de dólares correspondiente a 52 toneladas, según datos del INE. En 2023 operaban 50 comercializadoras, es decir, algunas más que en 2022; mientras que en 2024 solo se registraron 34 empresas de este tipo(Ballesteros, 2024).
Las comercializadoras son un actor decisivo en la cadena de valor del oro, no solo por la función de comercializar en el mercado interno y de exportar, sino porque en todo ese proceso realizan varias prácticas, muchas veces ilícitas, para maximizar sus ingresos. El Ministerio de Minería y Metalurgia define de la siguiente forma a las comercializadoras:
Son intermediarios que comercializan minerales a nivel nacional e internacional, con cierto grado de especialización. Se estima que generan importantes ingresos, aunque no todos operan como actores formales, no tienen la documentación que respalda su actividad, comercializan materiales sin saber su procedencia o no cumplen con toda la normativa establecida. La exportación ilegal de minerales y la evasión de impuestos podría ser reducida con una mejor fiscalización y control a través del SENARECOM. La formalización del sector se revela un desafío fundamental para los próximos años (Ministerio de Minería y Metalurgia, 2022c)
Las comercializadoras privadas juegan un papel crucial en la comercialización de este metal, sin embargo, el alto nivel de concentración de beneficios en estas empresas privadas limita significativamente el retorno al Estado La política actual busca incrementar la participación del Estado en la cadena de valor del oro, garantizando que la actividad minera sea rentable para todos los actores involucrados, pero también que contribuya de manera equitativa al desarrollo del país (Ballesteros, 2024)
La definición otorgada por el Ministerio de Minería y Metalurgia sobre las comercializadoras otorga un pantallazo general de los roles que cumplen, los grandes ingresos que generan, las acciones ilícitas que desarrollan, y la falta de control por parte del Estado. Ambas citas, provenientes del ente rector de la minería, dan cuenta de que las comercializadoras están concentrando los beneficios de la minería y del auge actual del oro. Las condiciones de comercialización actuales, según las citas y la exposición que sigue, están perjudicando al Estado y a todos los actores de la minería y otorgando márgenes de ganancia importantes a las comercializadoras privadas. Más aún si se considera que, según los propios datos del Viceministerio de Política Minera (Ballesteros, 2024), tres empresas concentraron el 50,6% de la producción total del oro en el país en 2023, y en 2024 cinco de éstas lograron acumular el 50,9% de toda la producción[16].
La comercialización del oro se concentra en pocas empresas, y peor aún en pocas familias[17]. Al momento de escribir este documento no se conocen los nombres de las empresas que tienen mayor comercialización en 2024. Sin embargo, algunas de las más conocidas del norte de La Paz, y de las que se conoce que tienen mayor cantidad de participación, tienen entre sus socios o como gerentes y representantes legales a las mismas personas o a las mismas familias, por lo que, es posible, que los beneficios del oro se estén concentrando en un pequeño número de familias bolivianas y extranjeras. Veamos con mayor profundidad cuales son los roles que juegan las comercializadoras del norte de La Paz en la cadena de valor del oro.
Los incentivos de las comercializadoras
Las comercializadoras llevan a cabo varias estrategias para incentivar a las cooperativas y a los rescatistas a que les vendan el oro. Estos incentivos pueden ser resultado de prácticas habituales de la compra venta del mineral como el financiamiento, el subregistro, la compra a menor precio y el apadrinamiento de actividades sociales; o pueden ser resultado de la coyuntura económica y social como una posible futura venta de diésel a las cooperativas o el pago en divisas. Los dos tipos de incentivos muestran lo enraizadas que están las comercializadoras en la zona y la capacidad que tienen, debido a sus grandes capitales, para sortear periodos de crisis y aprovecharlos. Veamos ambos casos.
Una de las prácticas habituales en la comercialización minera es el financiamiento externo a los actores productivos. Es decir, que actores que no producen, pero que son parte de la cadena de suministros, ponen a disposición de los actores productivos recursos económicos para su funcionamiento, generalmente a modo de préstamo. Por ejemplo, Casas de Rescatadoras de Minerales (el antecedente de las comercializadoras actuales) otorgaban capitales y créditos a pequeños productores y también a grandes empresarios, con el objetivo de incrementar la actividad industrial.
En los inicios del boom del estaño, a finales del siglo XIX, hubo una fuerte atracción internacional de comercializadores de minerales extranjeros, lo que produjo una intensa competencia local entre ellos. La forma en la que lograban que las empresas mineras les compren el mineral era a través del abastecimiento de mercancías, insumos y herramientas o, a través del adelanto de dinero a cuenta, como una especie de garantía de por la entrega de concentrados (Serrano, 2004)
En las décadas de 1920 y 1930, los bancos nacionales no fomentaban las iniciativas mineras y no estaban dispuestos a otorgar créditos para esta industria. Ese vacío fue aprovechado algunos años por las casas rescatadoras, quienes en palabras de Alurralde eran el alma y nervio de la industria minera boliviana (Alurralde, 1973) Pero en 1936, en el gobierno del Gral. David Toro, se creó el Banco Minero con el objetivo de otorgar créditos y fomentar la minería[18].
De la misma forma que las antiguas casas de rescatadoras, las comercializadoras actuales brindan a los cooperativistas créditos para su funcionamiento, convirtiéndose, en socios informales y/o indirectos de las cooperativas, pues las cooperativas no deberían operar con capitales privados, sólo con el aporte de los socios (Zaconeta, 2024). Según el autor los préstamos de las comercializadoras llegan hasta los 500.000 $US que, en la mayoría de los casos, deben ser devueltos con parte de la producción de oro producido por las cooperativas, es decir como una especie de venta anticipada. Las comercializadoras otorgan préstamos para maquinaria y repuestos a las cooperativas y, en algunos casos, pueden financiar operaciones en el mercado negro, como el desvío de carburantes.
Otra estrategia que utilizan las comercializadoras es el subregistro, es decir que, en las hojas de liquidación en las que figura el rescate de oro, que luego es contabilizado para el pago de las regalías mineras, estas empresas registran un monto menor al que compraron. De esta manera la cooperativa solo paga los descuentos por el monto registrado y no por el monto real. Héctor Córdova indica que un vendedor de oro le señaló que las comercializadoras le registran solo el 30% de la compra y de esta forma, el vendedor sólo paga regalías y aportes a la caja por el 30%. Las comercializadoras hacen ese ejercicio con la condición de que la siguiente carga de oro se las vendan a ellos. (H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024)
Un rescatador de Guanay confirma esta situación, señalando que una práctica común es que las hojas de liquidación sean llenadas solo con 300 gramos, que es lo mínimo que se acepta. Los actores mineros venden mayores cantidades a las comercializadoras, pero solo se registran 300 gramos, entonces se pagan regalías y el seguro de salud por valores menores a los valores reales. Además, las grandes comercializadoras pueden ofrecer mejores precios a sus proveedores que las pequeñas comercializadoras. En el trabajo de campo realizado en la zona, se tuvo acceso a pláticas informales entre pequeños comercializadores quienes se quejaban del ingreso de que las grandes empresas operan de manera desleal, pues pueden ofrecer precios más bajos a sus compradores. La disyuntiva en la que caen los pequeños comercializadores es intentar continuar en el negocio con poco capital, o unirse a las grandes empresas.
Un último incentivo habitual es el apadrinamiento de eventos de distinta índole. En redes sociales se pueden observar campeonatos de futbol y futsal de cooperativistas organizados por las comercializadoras, campeonatos que incluso llevan el nombre de las empresas[19]. También subvencionan fiestas y parrilladas, y además se ha visto en redes sociales campañas de caridad navideñas (Presentación del campeonato – Copa Royal Gold, s/f)[20]. Este tipo de incentivos responde a la responsabilidad social que tienen empresas de distintos rubros, pero particularmente las extractivas, como una forma de compromiso con la vida social de las poblaciones a las que explotan.
Por otro lado, las comercializadoras también juegan con la coyuntura económica, en la crisis de carburantes y divisas por la que atraviesa el país, parte de sus incentivos se concentran en dotarles de estos insumos. Veamos de qué manera estarían operando. El combustible, particularmente el Diesel Oil, es fundamental para la producción de las cooperativas, sobre todo para el funcionamiento de la maquinaria, las bombas y las dragas. Para intentar rescatar mayores cantidades de mineral, el gobierno ha optado por condicionar la venta de diésel a las cooperativas a cambio de que éstas le vendan un poco de su producción al Estado[21], esto ha provocado, según el gobierno, de que la comercialización de minerales sea más competitiva (Ballesteros, 2024). Sin embargo, las cooperativas no han bajado los brazos y algunas están listas para actuar tan pronto se den las condiciones para que los privados puedan importar carburantes.
En ese sentido, la empresa Yellow Tree ha incluido como parte de su objeto social, en octubre de 2024, lo siguiente: “La importación de hidrocarburos y sus productos refinados regulados tales como Diesel Oil, gasolina premium o especial, a fin de ser destinados exclusivamente para consumo propio en el desarrollo de las actividades que realiza la empresa por sí misma y/o asociada con terceros” (Yellow Tree, 2024). Nuestra hipótesis es que, en caso de que la crisis de combustible continue o se agudice, las comercializadoras, además de otorgar créditos, podrían comercializar diésel y gasolina a las cooperativas para persuadirlas de venderles el oro.
Aprovechando también la crisis de divisas que afronta Bolivia, un incentivo al que estarían recurriendo las comercializadoras es al pago a sus proveedores de mineral en dólares. Debido a que estas empresas también exportan, cuentan con mayor acceso a la divisa. De acuerdo con Héctor Córdova (2024), las cooperativas aceptan entregar el oro a las comercializadoras y que se les pague dentro de unos días en dólares. Este tipo de incentivos sólo pueden realizarlos unas pocas comercializadoras que son las que tienen la capacidad financiera y logística para exportar.
En este punto es importante mencionar que, hace ya algunos años, se ha acusado a las comercializadoras de ser, en parte, responsables de la escasez de dólares en el país. En el Informe de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas N°026 del proyecto de Ley 213/2020-2021 del oro de producción nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales[22] el presidente del Banco Central denuncia lo siguiente:
Los informes técnicos mostraron que, en el proceso de exportación de oro, los bancos corresponsales de los comercializadores en el sistema financiero nacional reciben dólares estadounidenses. pero no realizan la transferencia de estas divisas a una entidad financiera nacional, manteniendo su posición de activos externos. Al momento de pagar en efectivo en dólares [a las cooperativas o productores], las entidades financieras acuden al BCB para comprar dólares, generando una disminución directa en las Reservas Internacionales (Cámara de Diputados, 2020)
Héctor Córdova explica que, por esta razón, las comercializadoras han desbancado al Banco Central, indica que hasta 2023 se mantuvo este mecanismo mediante el cual las comercializadoras mantenían los pagos en divisas del extranjero, principalmente en India, pero pagaban a las cooperativas con dólares que compraban en el Banco Central. (H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024)
Irregularidades, Ilícitos y delitos
Las comercializadoras mueven enormes flujos de dinero. En el mejor de los casos cuentan con capitales que ascienden a los 19 millones de bolivianos, sin embargo, reportan ingresos operativos (algunas veces especificados como compra de minerales) por hasta 1000 millones de bolivianos. Esto no necesariamente constituye un ilícito, pero permite comprender los enormes flujos que circulan a través de estas empresas.
Las comercializadoras están sujetas al régimen tributario minero, deben pagar el Impuesto sobre Utilidades de las Empresas – IUE y una alícuota adicional al IUE cuando la cotización del mineral es igual o superior a los 400 $us. por onza troy (Ley N° 3787, 2007), es decir, desde octubre de 2004. Pese a que reportan enormes ingresos operativos, muchas han incurrido en evasión de impuestos a través, por ejemplo, de la declaración de oro como joyas no acabadas, o la exportación de 160 millones de dólares por concepto de desperdicios, a través del subregistro y sobre todo a través del contrabando (Erbol, 2013).
Previamente, hemos mencionado que los FFI son de tres tipos de categorías, las comercializadoras incurren principalmente en la segunda categoría: de flujos transferidos ilegalmente. En este apartado analizamos las irregularidades, ilícitos y delitos en los que han incurrido las comercializadoras, esta vez de manera específica. Para ello se han escogido tres empresas, no son necesariamente las más grandes, han sido elegidas debido a que fueron las más mencionadas en el trabajo de campo.
Las empresas elegidas fueron MetalMonic, Yellow Tree y Royal Gold, la investigación se amplió a Auribol y RoyalBol porque están vinculadas por sus socios o familiares de los socios a alguna de las tres primeras. Las tres empresas principales se crean en 2013, probablemente como resultado del boom de la minería de 2011. Si bien las tres empresas han tenido en total doce socios, resaltan solo 4 o 5 nombres que son los socios mayoritarios de estas empresas, pertenecientes a tres familias: la familia Salazar Coariti de MetalMonic, que también estuvo involucrada en Auribol; la familia Antranik con capital en Royal Gold y RoyalBol, y sobre todo la familia Camacho Hinojosa, con un capital marginal en Yellow Tree y con una inversión mayor también en Royal Gold. En 2019 sólo estas tres familias fueron responsables de casi el 13 % del total del volumen de oro exportado desde el departamento de La Paz (SENARECOM, s/f).
Como se verá en este apartado, en el que se presenta el caso de cada una de las empresas, los socios de las empresas han sido acusados de distintos ilícitos y delitos: evasión de impuestos, contrabando, estafa, lavado de activos, legitimación de ganancias ilícitas y hasta vinculación con el terrorismo. Además, están vinculadas con empresas indias, estadounidenses e italianas, que han sido cuestionadas por importar oro ilegal.
En el marco de estos ilícitos la familia Antranik y la familia Camacho Hinojosa han sido vinculadas con el Movimiento Al Socialismo[23]. En el primer caso se acusó a Harout Antranik Samra de financiar actos de terrorismo con Juan Ramón Quintana cuando éste fungía como Ministro de la Presidencia; y en el segundo, en una propiedad allanada a Guy Vargas, esposo de Teresa Camacho y gerente general de Yellow Tree – por un caso de legitimación de ganancias ilícitas que se encuentra en curso – fue encontrada Evaliz Morales quien vive en el inmueble junto con su madre, cónsul en Ecuador, y su padrastro, ex viceministro de descolonización.
Pese a que mueven enormes capitales y tienen varias sucursales, las empresas registran muy pocos empleados permanentes. Realizan movimientos de capital que pueden ser tildados al menos de sospechosos, pues un solo socio puede duplicar y hasta quintuplicar el capital social de la empresa en dos o tres años. En algunos casos, las constantes transferencias de cuotas de capital han coincidido con procesos judiciales de los socios.
De acuerdo con datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, “[l]as comercializadoras privadas muestran una notable volatibilidad en su permanencia en el mercado con constantes cierres de algunas empresas y la apertura de nuevas” (Ballesteros, 2024). En 2023, según Ballesteros, operaban 50 comercializadoras, es decir, algunas más que en 2022; mientras que en 2024 se registran solo 34 empresas de este tipo. Para Ballesteros, la volatilidad en la permanencia de las comercializadoras se debe a los efectivos controles del SENARECOM y al protagonismo que está adquiriendo el BCB y Epcoro en la compra de oro. La segunda afirmación tiene más sustento que la primera. Pero añadimos que la presencia itinerante de las comercializadoras en el mercado se debe también a que son empresas, al menos las más grandes, con fuerte penetración de ilícitos, con un re cambio de socios constante, transferencias de capital frecuentes, estafas entre socios, aprehensiones y procesos legales por contrabando. Varias de las grandes empresas han creado nuevas por verse involucradas en delitos, y en las nuevas empresas figuran familiares como socios. Entonces, la cantidad de ilícitos en los que se ven involucradas es también una de las razones de su volatilidad y su poca permanencia en el mercado.
Antes de exponer los casos de las comercializadoras, es importante advertir que los datos que se presentan fueron pesquisados en las carpetas de documentos de las empresas disponibles en el SEPREC, de los datos disponibles en los portales web de la Fiscalía general del Estado, Impuestos Nacionales, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, así como en la prensa. En este marco, los ilícitos o delitos que se exponen son presuntos, no se ha contado con la información, el tiempo ni la pericia suficiente para realizar una investigación jurídica para conocer el estado actual de cada uno de los casos y procesos. El objetivo de este apartado es exponer los casos denunciados vinculados a las comercializadoras para conocer los distintos ilícitos y delitos que se suelen cometer en este eslabón de la cadena de valor de oro. De ninguna manera el objetivo es emitir criterios de juicio contra personas particulares, sin que éstas hayan agotado todas las instancias para su defensa.
Auribol y MetalMonic
Auribol comenzó a operar en la exportación de minerales en diciembre de 2010. La página del SENARECOM incluye entre sus operadores mineros a la empresa AURIBOL y también está registrada en el SEPREC, aunque su matrícula no está actualizada. Según los datos de SENARECOM de 2014, publicados por la Fundación Jubileo, AURIBOL llegó a comercializar el oro de 14 municipios paceños y fue responsable de la comercialización y exportación del 47 % del peso del oro producido en las cooperativas de La Paz (Fundación Jubileo, 2015).
La empresa estuvo involucrada en varias denuncias de evasión impositiva. Por ejemplo, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, del Impuesto sobre Utilidades de las Empresas (SIN) estableció un supuesto impuesto omitido por parte de la empresa, según documentos de la administración tributaria, la empresa pagó de menos el IUE y la AA-IUE por los periodos fiscales enero a diciembre 2012. En 2014 el ex diputado Jaime Navarro denunció a varias empresas por evasión fiscal, entre ellas figuraba AURIBOL y se apuntó a Peter Salazar López, radicado en Miami, como su principal inversionista. Según los datos de Navarro, en 2021 la empresa exportó casi 160 millones de dólares y pagó por concepto de IUE el equivalente a 106.873 (Erbol, 2014), es decir, el 16 %, siendo que estás empresas deben pagar 37,5 % de IUE. También se denunció que Salazar había enviado, entre 2012 y 2014, diez toneladas de oro a Estados Unidos (Ojo Público, 2015).
Desde 2019, se tiene constancia que AURIBOL ya no opera en la comercialización de oro. Aparentemente, la empresa ha sido reemplazada por MetalMonic, cuya principal socia, Mónica Ofelia Coariti de Salazar, esposa de Peter Salazar López (Tribunal Constitucional, 2001).
MetalMonic S.R.L. se constituyó en noviembre de 2013 con domicilio legal en la ciudad de La Paz y con sucursales en La Paz, Guanay y Riberalta. Los socios fundadores son Javier Rotney Baptista López y Mónica Ofelia Coariti de Salazar, quienes iniciaron operaciones con un capital de 100.000 bolivianos. Hasta 2019 la participación de Mónica Coariti era marginal, solo tenía el 10% de las cuotas de capital, pero luego del cierre de AURIBOL, realizó fuertes inversiones en MetalMonic, haciéndose del 70 % de las cuotas de capital. En 2013, el capital de Coariti en la empresa era de 10.000 Bs y en 2019 pasó a ser de tres millones y medio de dólares. Al año siguiente, en 2020 su capital en la empresa se duplicó y ascendió a ocho millones y, un año después, volvió a duplicarse a más de quince millones de bolivianos. En la tabla 7 se exponen los movimientos de aumento de capital de la empresa.
Tabla 7. Operaciones de aumento de capital de MetalMonic
Fuente: (MetalMonic, 2013, 2019, 2020, 2021)
De acuerdo con lo declarado en las matrículas de comercio, estas empresas también cuentan con muy pocos trabajadores dependientes. En 2019 se registró solo un trabajador, en 2020 dos trabajadores, en 2021 seis trabajadores, y en 2022 y 2023 seis trabajadores. Un número pequeño tomando en cuenta que cuentan con una casa matriz y tres sucursales, y que, por ejemplo, en 2021 declararon ingresos operativos por 643 millones de bolivianos. Ese mismo año, declararon entre sus gastos administrativos la partida de “costo personal” que ascendía apenas a 116,669 Bs.
Los datos de exportación de 2019 indican que la empresa exportó once cargamentos de oro a dos empresas estadounidenses: Universal Precious Metals localizada en el Estado de Florida, y World Precious Metals International Llc, con un total de 576 kilos por un valor de 180.607.165 Bs. (SENARECOM, s/f)
La empresa no sólo exporta el mineral a Estados Unidos, probablemente, parte de las ganancias de la empresa son invertidas en este país. La empresa Capricornio Investment LLC, dirigida por Mónica Coariti dedicada a los bienes y raíces compró cuatro edificios multifamiliares por 1,63 millones de dólares en Naples – Florida[24], una de las ciudades más ostentosas de la costa este del país. Coariti también figura, desde 2014 a 2024, como representante legal de una compañía denominada Bonita Plaza LLC[25], registrada también en la ciudad de Naples.
Yellow Tree
La empresa Yellow Tree se creó en 2013 con dos socios: Sergio Freddy Tapia Touchard y José Martín Camacho Hinojosa, ambos con un capital de 100.000 Bs., por lo que la empresa empezó a operar con 200.000 Bs. En 2017 Sergio Tapia transfirió todas sus cuotas de capital a la hermana de José Martín Camacho, María Teresa Camacho Hinojosa, quedando ésta como socia de la empresa. Cinco años después, en 2022, José Martín Camacho incrementó su capital en la empresa a 400.000 Bs, y la empresa quedó con un capital de 500.00 Bs. En 2023, Martín Camacho dejó la empresa y transfirió una parte de sus cuotas de capital a su hermana y otra parte a un nuevo socio, el ex Mayor de Policía Rodrigo Dulfredo Rodríguez Fernández, quien cuatro meses después transfirió parte de sus cuotas a Teresa Camacho, quedando ésta como socia mayoritaria (ver tabla 8)
Tabla 8. Operaciones de aumento de capital y cambio de socios de Yellow Tree S.R.L.
Fuente: (Yellow Tree S.R.L., 2013, 2017, 2022, 2023a, 2023b)
La empresa cuenta con un capital bastante bajo tomando en cuenta que desde 2021 a 2023 superaron los mil millones de bolivianos en ingresos operativos en cada gestión. En 2023 declararon que dichos ingresos ascendían a 1.688.629.843 Bs., equivalentes a más de 242 millones de dólares estadounidenses. Al igual que MetalMonic cuentan con muy pocos trabajadores dependientes. En 2018 contaban con siete trabajadores, en 2019 a 2021 reportaron seis empleados permanentes, y en 2022 y 2023 sólo dos empleados.
En 2019 Yellow Tree ocupaba el sexto lugar de mayores exportadoras de oro del departamento de La Paz. Ese año realizó 51 operaciones de exportación del mineral por un total de 2559 kilos con un valor 791.105.364 Bs. En 2019 exportó a los Emiratos Árabes Unidos, a las empresas Auag Trading Fze A/C Transguard Emirates Group Security, Dijllah Gold Refinery Fzc / Attn. Mohammed Hammoodi Hashim y Zee Gold DMCC; a India a las empresas Auag Trading Fze A/C Sunanda Polymers y PMG Overseas Trading FZC A/C Sunanda Polymers; y fue la única empresa que exportó a la italiana Italpreziosi S.P.A. (SENARECOM, s/f) una de las empresas cuestionadas por importar oro ilegal (Ojo Público, 2015). Los documentos de Yellow Tree S.R.L muestran también transacciones en 2015, 2016 y 2017 con la empresa Atomic Gold de Miami – Florida, cuestionada por las investigaciones de Ojo Público, por ser una de las mayores receptoras de mineral de origen desconocido (Lopez, 2017)
Los miembros de la empresa han estado involucrados en varios ilícitos, entre ellos el de estafa. En 2023 José Martín Camacho Hinojosa fue denunciado, junto a Yogesh Sanwal, por el delito de estafa. Los denunciados habrían recibido un pago de Jhawar Ashish, gerente general de la empresa emiratí RIVIUM UNIVERSAL FZE, por la compra de 16 kg. de oro, sin embargo se determinó “que el supuesto oro vendido por AL-SANMAT, era de cobre, luego solo les devolvieron una cantidad del oro, negándose a entregarles el restante, alcanzado un perjuicio de $us 305.471,49” (Fiscalía General del Estado, 2023). Por ese caso, el 21 de agosto de 2023, la Fiscalía ordenó que se proceda a la anotación preventiva de las cuotas de capital de Yellow Tree S.R.L propiedad de Martín Camacho, (Fiscalía General del Estado, 2023), sin embargo, como se señala previamente, dos meses antes, éste ya las había transferido a su hermana y a un nuevo socio.
En los documentos de la empresa aparece constantemente a Guy Alberto Martín Vargas Aspiazu, como gerente general y como apoderado de la empresa. Guy Vargas, presuntamente es el esposo de Teresa Camacho. En 2019, en el marco de un proceso civil ordinario en contra de Vargas, por una presunta deuda, se solicitó el embargo preventivo sobre cuotas de capital a nombre del acusado en distintas empresas[26]. Asimismo, se solicitó el embargo preventivo de las cuotas de capital de Teresa Camacho en Yellow Tree, por ser su esposa (Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 2019).
En diciembre de 2024 varias propiedades de Guy Vargas fueron allanadas en el marco de una investigación de ganancias ilícitas. De acuerdo con un comunicado de la Policía Boliviana, a inicios de diciembre de 2024 se encontró en la bodega de la Flota Yungueña, una carga de verduras con más de dos millones de bolivianos en su interior. En el marco de las investigaciones, se allanaron dos viviendas, una de ellas registrada a nombre de Guy Alberto Martín Vargas Aspiazu. El caso tomó notoriedad en los medios de comunicación porque en una de las propiedades fue encontrada Evaliz Morales, hija del ex Presidente Evo Morales. (La Razón, 2024).
Pero las comercializadoras no sólo están involucradas en el campo de los ilícitos, sino que también juegan un rol importante en las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, María Teresa Camacho fue elegida en agosto de 2024 como miembro del directorio de la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano Paraguaya (InfoRSE, 2024), pese a haber sido parte de una de las empresas comercializadoras con mayor cantidad de demandas de ilícitos, que es Royal Gold, cuyo caso veremos a continuación.
Royal Gold y Royal Bol
Royal Gold fue creada en 2013 por cuatro socios: Harout Antranik Samra, Yohan Gonzalez, Elya Yagudaev y Edi Israelov, todos con nacionalidad estadounidense, y todos domiciliados en el Pent House del Edificio Da Vinci de la ciudad de La Paz (Royal Gold S.R.L., 2013).
La empresa empezó a operar con un capital social de dos millones de dólares, con cuotas de capital equivalentes al 25% para cada uno de los socios. En 2015, sólo dos años después, los dos últimos socios transfieren sus cuotas de capital a Antranik Samra y a Gonzáles y el capital social se incrementó a 16 millones de bolivianos. Cada uno de los dos socios aportó con ocho millones. En 2018 Gonzáles transfirió todo su capital a los hermanos José Martín Camacho Hinojosa y María Teresa Camacho Hinojosa, también socios de Yellow Tree, cada uno de ellos adquiere 4 millones de bolivianos de Gonzáles. A continuación, se exponen estas operaciones:
Tabla 9. Operaciones de aumento de capital y cambio de socios de Royal Gold
En 2019 Royal Gold realizó 33 operaciones de exportación por un total de 1780 kilos, valorados en más de 548 millones de bolivianos. Exportó a las empresas emiratís Esteem International Trading FZC y JBG and Co DMCC, y a la india Kundan Care Products Ltd (SENARECOM, s/f).
La empresa Royal Gold ha sido protagonista de uno de los casos de estafa más mediáticos de las comercializadoras. El socio fundador y mayoritario de la comercializadora, el estadounidense Harout Antranik Samra, fue acusado por su ex socio Vicken Bedoyan Azat por estafa. Ambos habían creado la empresa Bedoyan & Sambra S.A, pero Harout Antranik Samra desapareció con el aporte Bedoyan y a los 14 días abrió otra empresa (WPM-LPZ-BOL SRL.). La estafa ascendía a 60 millones de dólares. (Mercado, 2020)
Luego de tres meses, el 9 de abril de 2013, estableció la empresa Royal Gold con tres socios, como se ha visto más arriba. En 2015 dos de los socios dejaron la empresa, quedando solo Antranik y Yohan Gonzáles, éste último transfirió sus cuotas de capital un mes antes de la imputación formal a Antranik por el caso de estafa, en agosto de 2018 (Royal Gold S.R.L., 2018). Ese mismo mes Antranik salió del país y según la parte demandante no asumió su defensa en el país. En 2019 un fiscal dio curso al sobreseimiento a favor del imputado. (Agencia de Noticias FIDES, 2019).
En enero de 2023 se emitió una orden de aprehensión contra Antranik, esta vez por estar vinculado con un caso de financiamiento al terrorismo, pues en sus oficinas se encontró un recibo de aporte voluntario para la logística de los preparativos de la “capacitación programada en control de movilizaciones”, recibo que se vincula con el ex ministro Juan Ramón Quintana y su administración en el Ministerio de la Presidencia (Brújula, 2020).
El 7 de diciembre de 2021, el hijo de Harout Antranik Samra, el señor Anthony Antranik Samra, también ciudadano estadounidense, abrió una nueva empresa denominada RoyalBol con un capital de 300.000 bolivianos, 97 % del cual le corresponde a él y 3 % a su socio Carlos Manolo Escalante Quezada. Durante el trabajo de campo, se observó que RoyalBol es una de las comercializadoras más mencionadas en Guanay. Su sucursal en esta ciudad es la misma que operaba hace algunos años bajo el nombre de Royal Gold. Tiene sucursales también en Mapiri y Cochabamba.
En 2022, RoyalBol declaró que contaba con cuatro empleados permanentes y con ingresos operativos por 61 millones de bolivianos. En 2023 la empresa dio un salto cuantitativo, triplicó su personal (a trece personas) e incrementó en casi nueve veces sus ingresos operativos a más de 583 millones.
En 2019, antes de la creación de RoyalBol, Carlos Escalante fue detenido en Perú junto con Roger Eddy Aguirre Tinta y Rodrigo Antonio Véliz Hinojosa, por el presunto delito de lavado de activos. Trasportaban 3 kilos de oro en mochilas a la ciudad de Puno (La República, 2019). Recién en 2023, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú sancionó a los tres ciudadanos bolivianos con una multa equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar equivalentes a la irrisoria suma de 54 soles (14 dólares). (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú, 2023)
Retención de Regalías
Por otro lado, las comercializadoras actúan como agentes de retención de las Regalías Mineras. El instrumento que se utiliza para el registro de la Regalía Minera es la Hoja de Liquidación de la comercialización de mineral de oro mercado interno, en la que también se descuenta un 1,8 % del valor neto de venta para el seguro social de salud y el 0,35% Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz FENCOMAN – LP.
La alícuota de la Regalía Minera que rige para las cooperativas es la respectiva a “oro en estado natural proveniente de yacimientos marginales operados por la minería artesanal de pequeña escala”. De acuerdo con la Ley N°535 dicha alícuota se fija en función de la cotización oficial del oro por onza troy, en caso de que dicha cotización sea mayor a los 700 $US la alícuota es de 2,5%[27]. Establece, además, que en el mercado interno se aplica solo el 60% de los valores establecidos en las fórmulas de cálculo, por lo que, en términos generales, el porcentaje que pagan las cooperativas por Regalías es de 1,5% del valor bruto de venta. La explicación de quien funge como viceministro de Política Minera en 2024 al respecto es la siguiente:
Actualmente, los costos de exportación del oro generan para el Estado un ingreso adicional del 1% en regalías, que son pagadas por las comercializadoras. Cabe mencionar que, en el mercado interno, la regalía del 1.5% ya ha sido abonado por los Actores Productivos Mineros, y las comercializadoras actúan únicamente como agentes de retención. La participación del BCB y de la Empresa Pública Productiva de Comercialización de Oro – EPCORO ha permitido que este 1% de regalía sea más consistente y estable, al combatir la evasión de regalías mediante un control más estricto y una mayor formalización de las operaciones mineras. Esto, a su vez, genera efectos positivos indirectos en la economía, ya que asegura una mayor contribución de la actividad minera al desarrollo del país y fomenta un sector más transparente y regulado. (Ballesteros, 2024)
El régimen regalitario distribuye la regalía minera de la siguiente forma: el 85% se recauda para la gobernación y el 15 % para los municipios. De acuerdo con Héctor Córdova, la Ley minera (Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, 2014) ha condicionado el depósito directo de regalías mineras a los gobiernos municipales a la existencia de un sistema informático. Hasta entonces, será Impuestos Nacionales a quien los agentes de retención le depositen las regalías y luego Impuestos Nacionales las distribuye a las cuentas. Por este servicio, se cobra 1%.
Los datos del Ministerio de Minería y Metalurgia de 2014 a 2021 muestran que el departamento de La Paz ha producido oro por un valor de más de 7 mil millones de dólares en ocho años, y por el actual régimen regalitario apenas ha percibido, en promedio, un 2,45% de regalías, provenientes de cooperativas y productores mineros como se puede ver en la tabla 10
Tabla 10. Regalías mineras (RM) por oro, en el departamento de La Paz
Elaboración propia con base en los datos de (Ministerio de Minería y Metalurgia, 2022b)
No ha sido posible acceder a los datos específicos de las regalías mineras por oro en el departamento de La Paz en 2022 y 2023, sin embargo, con los datos que contamos podemos hacer otro tipo de análisis sobre las desventajas que tiene el régimen regalitario para el departamento de La Paz. El departamento de La Paz es el principal productor de oro en el país, tiene el 70% de la producción, por los yacimientos aluviales del norte en la región amazónica. Este es el principal mineral que se produce en el departamento y representa el 85% de sus exportaciones de minerales.
A su vez, el oro, hasta 2023, era el mineral que generaba mayor cantidad de valor en el país. En la tabla 11 se puede observar que el oro tiene una participación de entre el 41 y 45 por ciento en el valor de producción (VP) de los minerales en el país. Del total de dólares que se generan por la producción y exportación de minerales, casi la mitad son generados en el sector aurífero. Sin embargo, las regalías que se pagan por oro sólo corresponden al 25% (en promedio) del total de regalías mineras que se generan en el país.
Lo mismo le ocurre al departamento de La Paz, que tiene un valor de producción de minerales de poco más de un tercio del total del país, pero en regalías mineras solo recibe un cuarto, un 25% en promedio. Sin duda, este es el resultado de los privilegios que se les ha otorgado a las cooperativas mineras en el tema regalitario y el tema impositivo, pero también es resultado de las prácticas habituales de las comercializadoras, que, en contubernio con las cooperativas y otros actores mineros, tienen un subregistro de la comercialización de minerales.
Tabla 11. Valor de producción del oro (VP) y regalías mineras (RM) en el departamento de La Paz. Expresados en millones de dólares americanos.
Fuente: elaboración propia con datos de (Ministerio de Minería y Metalurgia, 2022a, 2023, 2024a)
Esta situación se ha repetido en la última década, pero el boom del oro en Bolivia parece haber terminado su ciclo en 2024, año en el que solo se produjo 13 toneladas de oro. Mientras que en 2023 se habían producido en el primer semestre más de 24 toneladas. Además, las compras de oro del BCB y la crisis de carburantes y dólares dificultan la exportación y fomentan el contrabando hacia otros países. Ballesteros (2024) señala que las regalías mineras por oro en el departamento fueron de 14.881.756 dólares en 2024, versus los 21.511.106 de 2023, es decir que el departamento ha percibido en 2024 aproximadamente un tercio menos de lo que recibía por este concepto.
5.3 El Estado al rescate
Expertos en el tema minero ((H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024; A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024), coinciden en que uno de los grandes problemas de la cadena de valor del oro se encuentra en el Decreto Supremo 21060 de 1985, que permitió liberalización de la comercialización de oro. En su artículo 24 establece que los productores del mineral pueden comercializar libremente su producción por medio del Banco Central, del Banco Minero o a través de las empresas comercializadoras de minerales. Adicionalmente, el Decreto permite la tenencia de oro metálico o comercializar en el país por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas. El Banco Minero fue liquidado en 1991 y los productores de oro, particularmente las cooperativas, han optado por comercializar su producción a través de las comercializadoras y no del Banco Central de Bolivia.
Desde 2014, el oro se posesionó como uno de los principales productos de exportación bolivianos. En 2021, el oro metálico se consolidó como el principal producto de exportación en términos de valor, superando incluso al gas natural.» (Instituto Nacional de Estadística, 2024b). Consiente de esta situación, y de las enormes ganancias que se podrían generar con este producto, el Estado, hace casi una década ha intentado volver a incidir en la cadena de valor del oro, luego de haber sido relegado de esta actividad por el Decreto Supremos 21060. En lugar de modificar el régimen impositivo minero, el Estado prefiere intervenir en la comercialización con el objetivo de transferirlo al Banco Central, que en los últimos años ha visto mermadas sus reservas de oro por la crisis del Covid-19, la crisis económica, y como se ha visto líneas más arriba, por los mecanismos utilizados por las cooperativas para comprar dólares en el Banco.
En 2010 se lanzó la Empresa Boliviana de Oro (EBO), con el objetivo de formalizar las operaciones auríferas en la región amazónica, rescatar con compensaciones justas y, también para llevar a cabo procesos de refinación y fundición para la venta al BCB. Sin embargo, enfrentó varios obstáculos relacionados principalmente con el origen ilegal del oro, que no puede ser vendido al BCB. (CEDIB, 2017). Esta iniciativa fue reanudada en 2024, cuando comenzó a operar Epcoro, creada para producir y comercializar oro en toda la cadena productiva, con el fin de fortalecer las reservas internacionales (Decreto Supremo N°5134, 2024). Cuenta con sucursales en La Paz, El Alto, San Ramón y Riberalta, para acopiar el oro del Río Madre de Dios, y también se tiene planificado operar en el territorio boliviano con sucursales móviles (Ahora El Pueblo, 2024)
Epcoro fue creada y puesta en funcionamiento en un contexto de crisis económica marcada por la reducción de las reservas internacionales, la escasez de divisas y la escasez de carburantes. El objetivo es producir y captar la mayor cantidad de producción de oro para que sea vendida al Banco Central de Bolivia[1]. En ese marco, una de las primeras medidas de la empresa estatal, en coordinación con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas – FERRECO fue condicionar la entrega de diésel a las cooperativas a cambio de que éstas le vendan a Epcoro al menos 200 gramos del mineral (El Deber, 2024).
Este condicionamiento surge porque los productores mineros prefieren vender su producción a los rescatadores o comercializadores, pues estos no son tan burocráticos, realizan la transacción al instante, pagan mejor y no suelen aumentar cobros extras, como suele hacer el Estado. El Estado no está en condiciones de competir frente a los rescatadores o a las comercializadoras (A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024).
De hecho, el Estado difícilmente puede ser competitivo a la hora de rescatar el oro, debido a la mayor capacidad de los privados de acceder a capital y jugar con el precio del oro. Esta situación de desventaja ya fue puesta en evidencia en el pasado. De hecho, este no es el primer intento estatal para rescatar el oro de la zona, la pugna entre privados y el Estado para “rescatar” el oro no es necesariamente novedosa, y de hecho tiene una historia larga en la región. En 1936 se fundó el Banco Minero que tenía su propia sucursal en Tipuani y en Guanay. Entre 1968 y 1970 las rescatadoras compraban el gramo de oro a los productores a 13,68 pesos bolivianos (en promedio por los tres años), mientras que el Banco Minero les compraba 12.11 pesos bolivianos, es decir un 15 % menos. Además, el Banco Minero realizaba un descuento por gramo de oro a los cooperativistas, razón por la cual se resistían a entregar su producción al Banco, y optaban por venderla a las rescatadoras en el mercado libre “donde conseguían mejores precios, desviando de esta manera el oro en un porcentaje que no es posible cuantificarlo debido a su carácter clandestino” (Alurralde, 1973).
[11] El oro “azogueado” o amalgamado con mercurio es, generalmente, el oro más menudo o en polvo. En el proceso de “alza”, los mineros en general utilizan el mercurio para separar este oro de la grava fina. En este marco, el proceso de contaminación por mercurio se da de dos maneras: 1.- al arrastre de pequeñas porciones de mercurio líquido, cuando se lleva a cabo el ultimo lavado en batea; 2.- el mercurio evaporado, en los casos en que, después de la amalgama, los mineros queman el mercurio, para que quede el oro “limpio”. En el pasado, era más común que los pequeños mineros informales lleven su oro “azogueado” donde los rescatistas y/o los joyeros, quienes realizaban la quema en sus propios talleres.
[12] Nuevamente, estas reasignaciones muchas veces son contraproducentes, porque no se basan en una comprensión de la realidad social de la minería aurífera. Como explicamos previamente, en la actualidad, a partir de la mayor presencia de inversionistas privados y de otros criterios, el número de socios de una cooperativa no es un factor determinante del tamaño de la misma, en términos de acceso a capital y tamaño de la operación minera.
[13] Según datos de SENARECOM (Zaconeta, 2024) en 2022 hubo dos empresas que explotaron y exportaron oro: Pickpol International, que exportó menos de un kilo, y la Empresa Minera Chillaya, que declaró haber exportado en ese año 43,53 Kg.
[14] En los últimos años también se han abierto sucursales en la ciudad de Cochabamba para rescatar el oro explotado por las cooperativas que operan en Cotapata
[16] Esto quiere decir que tres empresas concentraron alrededor de 1.450.000.000 de dólares en 2023 y las restantes 47 empresas, el resto. En 2024 la figura es diferente por las compras del BCB y de Epcoro, que en promedio han acumulado la mitad de la producción. Si en 2024 fueron 5 empresas las que concentraron el 50,9% de la producción, es decir, la otra mitad ¿qué paso con las demás comercializadoras? Esta pregunta podría ser respondida si el SENARECOM y el Ministerio de Minería y Metalurgia harían públicos los datos de comercialización.
[18] El Banco Minero tenía también otras finalidades como: colaborar especialmente a la minería minorista, para la explotación y venta en mercados extranjeros y nacionales; crear almacenes de abastecimiento de herramientas, maquinarias y artículos de consumo en las minas; organizar empresas para la exploración y explotación de minas; atraer capitales extranjeros y vulgarizar métodos de trabajo de minas mediante personal técnico (Decreto Supremo de 24 de julio de 1936, 1936)
[19] Presentación del campeonato – Copa Royal Gold, s/f
[20] Chocolatada a los niños de Guanay Royal Gold Srl, s/f
[22] Luego cambió de nombre a proyecto de ley 219/2022-2023 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. No se ha podido tener acceso a la totalidad del Informe de Comisión mencionado.
[23] José Martín Camacho Hinojosa de Yellow Tree y Royal Gold, Javier Rotney Baptista López de MetalMonic y Carlos Manolo Escalante Quezada de RoyalBol figuran como militantes del Movimiento Al Socialismo según la última actualización de 2024 del padrón de militantes del Órgano Electoral Plurinacional. Mientras que Mónica Coariti de MetalMonic figura como militante de Acción Democrática Nacionalista (ADN).
[24] La ciudad de Naples tomó notoriedad en Bolivia en 2021, cuando se detuvo al ex ministro de gobierno Arturo Murillo en una propiedad en esa ciudad.
[25] Aparentemente Bonita Plaza LLC también se dedica a los bienes y raíces, aunque esta información no pudo ser confirmada.
[26] Las empresas son: EmpireMetals S.R.L., SolyMoon S.R.L.,SpaceFun y MATEGOAL Exmimar S.R.L., vinculadas con la fundición de oro o la importación y exportación. Sólo la última tiene matrícula actualizada en el SEPREC.
[27] La última vez que la onza troy cotizó por debajo de los 700 $US fue en enero de 2009.
[28] Fue aprobada en la línea de la Ley N°1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales de 5 de mayo de 2023.
fundacionsolon.org 
Por Equipo Fundación Solón
A menudo, la historia y el análisis de la minería deja a las actividades de rescate y comercialización camufladas entre la producción y la exportación. En particular, en el caso boliviano, se suelen escuchar afirmaciones del tipo: “las cooperativas sacan el oro de contrabando” o bien “las cooperativas exportaron (x) cantidad de oro”. En realidad, los actores mineros que participan en la explotación del oro, tienen una participación mínima y/o nula en el proceso de comercialización. Por otro lado, como en cualquier cadena de suministro, la comercialización juega un papel elemental y es capaz de modificar las condiciones de la producción, de la exportación, los precios, entre otros. Por ello, recientemente, el Estado boliviano ha intentado regular las actividades de rescate y comercialización del mineral.
La cadena de valor del oro adquiere una complejidad adicional a la ya expuesta en la etapa de extracción, cuando se intenta conocer el detalle de la comercialización de oro. En este eslabón de la cadena operan principalmente las comercializadoras de minerales y los rescatadores y, de manera más reciente, se ha sumado el Estado, a través de alguna empresa estatal o entidad autárquica.
Las comercializadoras son actores privados, reconocidos por la norma y están facultadas para la comercialización interna y externa de oro. Mientras que los rescatadores no son reconocidos por la norma, de hecho, en los últimos años, se han creado distintos mecanismos para evitar que personas particulares y rescatadores comercialicen minerales. A continuación, analizaremos las características y el accionar de estos actores, y los roles que juegan tanto en la comercialización, como en otras etapas de la cadena de valor del oro amazónico.
5.1. Rescatadores
Los rescatadores, aunque no sean reconocidos oficialmente, desempeñan un papel crucial en la cadena de valor del oro. Se trata de individuos que actúan como intermediarios entre las cooperativas y los exportadores independientes, es decir, entre los productores y las empresas comercializadoras. Durante la investigación de campo en Guanay, se identificaron dos categorías principales de rescatadores: 1) pequeños rescatadores independientes y 2) rescatadores con mayor capacidad financiera, generalmente asociados a inversores privados. A continuación, se detalla cada grupo y sus dinámicas.
1.- Pequeño rescatador particular. En Guanay, cualquier persona con un pequeño excedente de capital puede incursionar en esta actividad. Lo básico para comenzar incluye un espacio de trabajo, una balanza y un cartel que anuncie «Compra de oro». No obstante, el éxito en esta actividad depende tanto del capital inicial como de la capacidad para atraer clientes y construir relaciones basadas en la confianza y exclusividad. Además, es fundamental conocer y anticiparse a las variaciones en los precios internacionales del oro.
Estos pequeños comerciantes suelen acopiar pequeñas cantidades de oro, que luego venden a rescatadores más grandes. En este nivel, los mineros traen el mineral en diversas presentaciones, como pepitas, escamas o amalgamas de mercurio[1], aunque las pepitas son cada vez menos comunes. La capacidad de compra de estos rescatadores varía entre 200 gramos y 1 kilogramo de oro, aunque este no es un parámetro fijo. Aquellos que buscan consolidar su negocio suelen instalar hornos de fundición en sus locales para procesar el mineral.
2.- Rescatador particular mediano y grande. En un nivel más avanzado, se encuentran aquellos rescatadores con mayor capacidad financiera, que les permite adquirir cantidades superiores a un kilogramo de oro. Este capital les da acceso no solo a los pequeños mineros informales, sino también a acuerdos con cooperativas y grandes inversionistas. A diferencia de los pequeños rescatadores, estos actores tienden a formalizar sus operaciones obteniendo registros como el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el Número de Identificación Minero (NIM), lo que les permite emitir facturas, pagar impuestos y cumplir con las regalías correspondientes. Los rescatadores más exitosos logran competir directamente con empresas comerciales en la compra, venta y exportación del mineral, enfrentándose en el mercado por clientes y oportunidades de negocio.
El rescatador juega distintos roles dentro de la cadena de valor del oro. Como se ha mencionado, en las zonas extractivas operan personas particulares, que realizan minería informal y que explotan cantidades mínimas de oro en grupos de dos o más personas, sacando en promedio 1 o 5 gramos de oro al día. Estos pequeños grupos, que no están regulados por la norma, venden el oro a los rescatistas, quienes lo acumulan y lo venden en las casas comercializadoras. En estos casos, el rescatador juega también el rol de reasignar el oro excedente de las cooperativas. Por ejemplo, en 2017 se aprobó la Resolución Ministerial 165/2017, que se determinó que las operaciones de comercialización tendrían los siguientes límites:
En 2018 se incrementó el límite para las cooperativas mineras a 40 kg. Se argumentó que las cooperativas que tienen una base societaria de 200 o más asociados, no pueden recibir el mismo tratamiento que las que tienen hasta 50 asociados, pues generan volúmenes de producción al mes que superan los 20 Kg. Se propuso que para garantizar la recaudación fiscal y evitar la fuga del oro, se ajuste el parámetro de 20 kg. de venta para las cooperativas que cuenten con hasta 100 asociados y de 40 kg para los que tengan un mayor número de asociados. Sin embargo, la parte resolutiva de la RM 118/2018 no contempló parámetros diferenciados en función del número de asociados, y resolvió incrementar el límite a 40 kg para todas las cooperativas.(Ministerio de Minería y Metalurgia, 2018)[12]
De acuerdo con los entrevistados (H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024; A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024), si una cooperativa produce más de los kilos estipulados al mes, ésta le puede vender la producción excedente a un rescatador, que se encarga de reasignar ese excedente a otra cooperativa u otro tipo de productor. Esta es una de las prácticas que dificulta conocer el origen del oro producido, pues en muchos casos, los rescatadores también transportan el oro hacia las comercializadoras, a las sucursales que se encuentran en Guanay, Riberalta o directamente a la ciudad de La Paz, donde obtienen mejores pagos. El tema del transporte no es menor, llevar el mineral desde las cooperativas, que generalmente se encuentran lejos de las carreteras, sorteando los factores geográficos, climáticos, además del riesgo que supone cargar con el metal preciado, implica una serie de complicaciones y logística. Con los rescatadores, las cooperativas evitan contratar transporte y seguridad.
Por último, los rescatadores se encargan de la burocracia, del papeleo, y completan su labor entregando a las casas comercializadoras el mineral extraído. Evidentemente, no todo el oro producido en la zona pasa por la fase del rescate, en muchos casos las cooperativas venden directamente a las comercializadoras, e incluso existen algunas empresas grandes que producen y exportan al mismo tiempo[13].
5.2. Comercializadoras
El siguiente nivel en eslabón de rescate de oro son las empresas privadas exportadoras conocidas como comercializadoras de minerales y metales. Son responsables del rescate a gran escala de oro, para su posterior fundición y exportación. La Ley N°535 de Minería y Metalurgia indica que las comercializadoras deben obtener la Licencia de Comercialización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM. También deben obtener el Número de Identificación Minera – NIM del SENARECOM, este es un código otorgado a los operadores mineros dedicados a la explotación, procesamiento, fundición y comercialización de minerales. Estas empresas operan, sobre todo, en el marco de la formalidad; cuentan con un registro empresarial en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio – SEPREC, con su Número de Identificación Tributaria – NIT.
En el norte de La Paz y el Beni, las comercializadoras compran el mineral de los cooperativistas o de los rescatadores y, en muchos casos, lo exportan. Las empresas más conocidas en la zona son MetalMonic, Orbol, Royal Gold, y Yellow Tree, aunque operan muchas más. Por lo general, tienen su casa matriz en la ciudad de La Paz, y cuentan con sucursales en Guanay, Riberalta y Mapiri[14].
En términos operativos, por ejemplo, cuentan con equipos de alta tecnología, que les permiten verificar in situ la ley y la pureza del mineral. Este hecho reciente, le ha permitido al negocio de rescate liberarse de las exigencias de certificación, mediante las cuales, determinados países (Reino Unido y Suiza, por ejemplo) establecían condiciones para la importación de oro. Esto permite explicar que, en el caso del oro boliviano, los principales mercados en la actualidad son Emiratos Árabes Unidos y la India. Incidentalmente, los principales inversionistas en este tipo de empresas, en los últimos años, fueron ciudadanos de Pakistán y de la India (Brújula Digital, 2022; Fides, 2024; La Razón, 2019; A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024; Zaconeta, 2024).
El objeto social de las comercializadoras puede variar de una a otra, pero generalmente llevan a cabo las siguientes actividades:
Esto quiere decir que estas empresas no solo comercializan, además refinan, funden y realizan manufacturas. Con ese objeto importan bienes e insumos que sirven para el proceso industrial que ellas llevan a cabo. En algún caso,[15] el objeto social incluye la importación, exportación, compra y venta al por mayor y menor de cianuro de sodio, carbón activado, ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, nitrato de plomo, lithargio, flocculants y mercurio líquido. Si esta empresa está autorizada para comprar y vender cianuro de sodio y mercurio al por mayor, es probable que sea una de las proveedoras de estos metales y sustancias que están contaminando los ríos amazónicos por parte de las operaciones mineras.
Según datos de SENARECOM (Zaconeta, 2024) en 2022 se registró 38 empresas y/comercializadoras que exportan oro establecidas en los departamentos de La Paz y Beni. Un incremento significativo respecto de 2021, y es que en 2022 se registró el pico de exportaciones de oro por 3.003 millones de dólares correspondiente a 52 toneladas, según datos del INE. En 2023 operaban 50 comercializadoras, es decir, algunas más que en 2022; mientras que en 2024 solo se registraron 34 empresas de este tipo(Ballesteros, 2024).
Las comercializadoras son un actor decisivo en la cadena de valor del oro, no solo por la función de comercializar en el mercado interno y de exportar, sino porque en todo ese proceso realizan varias prácticas, muchas veces ilícitas, para maximizar sus ingresos. El Ministerio de Minería y Metalurgia define de la siguiente forma a las comercializadoras:
Las comercializadoras privadas juegan un papel crucial en la comercialización de este metal, sin embargo, el alto nivel de concentración de beneficios en estas empresas privadas limita significativamente el retorno al Estado La política actual busca incrementar la participación del Estado en la cadena de valor del oro, garantizando que la actividad minera sea rentable para todos los actores involucrados, pero también que contribuya de manera equitativa al desarrollo del país (Ballesteros, 2024)
La definición otorgada por el Ministerio de Minería y Metalurgia sobre las comercializadoras otorga un pantallazo general de los roles que cumplen, los grandes ingresos que generan, las acciones ilícitas que desarrollan, y la falta de control por parte del Estado. Ambas citas, provenientes del ente rector de la minería, dan cuenta de que las comercializadoras están concentrando los beneficios de la minería y del auge actual del oro. Las condiciones de comercialización actuales, según las citas y la exposición que sigue, están perjudicando al Estado y a todos los actores de la minería y otorgando márgenes de ganancia importantes a las comercializadoras privadas. Más aún si se considera que, según los propios datos del Viceministerio de Política Minera (Ballesteros, 2024), tres empresas concentraron el 50,6% de la producción total del oro en el país en 2023, y en 2024 cinco de éstas lograron acumular el 50,9% de toda la producción[16].
La comercialización del oro se concentra en pocas empresas, y peor aún en pocas familias[17]. Al momento de escribir este documento no se conocen los nombres de las empresas que tienen mayor comercialización en 2024. Sin embargo, algunas de las más conocidas del norte de La Paz, y de las que se conoce que tienen mayor cantidad de participación, tienen entre sus socios o como gerentes y representantes legales a las mismas personas o a las mismas familias, por lo que, es posible, que los beneficios del oro se estén concentrando en un pequeño número de familias bolivianas y extranjeras. Veamos con mayor profundidad cuales son los roles que juegan las comercializadoras del norte de La Paz en la cadena de valor del oro.
Los incentivos de las comercializadoras
Las comercializadoras llevan a cabo varias estrategias para incentivar a las cooperativas y a los rescatistas a que les vendan el oro. Estos incentivos pueden ser resultado de prácticas habituales de la compra venta del mineral como el financiamiento, el subregistro, la compra a menor precio y el apadrinamiento de actividades sociales; o pueden ser resultado de la coyuntura económica y social como una posible futura venta de diésel a las cooperativas o el pago en divisas. Los dos tipos de incentivos muestran lo enraizadas que están las comercializadoras en la zona y la capacidad que tienen, debido a sus grandes capitales, para sortear periodos de crisis y aprovecharlos. Veamos ambos casos.
Una de las prácticas habituales en la comercialización minera es el financiamiento externo a los actores productivos. Es decir, que actores que no producen, pero que son parte de la cadena de suministros, ponen a disposición de los actores productivos recursos económicos para su funcionamiento, generalmente a modo de préstamo. Por ejemplo, Casas de Rescatadoras de Minerales (el antecedente de las comercializadoras actuales) otorgaban capitales y créditos a pequeños productores y también a grandes empresarios, con el objetivo de incrementar la actividad industrial.
En los inicios del boom del estaño, a finales del siglo XIX, hubo una fuerte atracción internacional de comercializadores de minerales extranjeros, lo que produjo una intensa competencia local entre ellos. La forma en la que lograban que las empresas mineras les compren el mineral era a través del abastecimiento de mercancías, insumos y herramientas o, a través del adelanto de dinero a cuenta, como una especie de garantía de por la entrega de concentrados (Serrano, 2004)
En las décadas de 1920 y 1930, los bancos nacionales no fomentaban las iniciativas mineras y no estaban dispuestos a otorgar créditos para esta industria. Ese vacío fue aprovechado algunos años por las casas rescatadoras, quienes en palabras de Alurralde eran el alma y nervio de la industria minera boliviana (Alurralde, 1973) Pero en 1936, en el gobierno del Gral. David Toro, se creó el Banco Minero con el objetivo de otorgar créditos y fomentar la minería[18].
De la misma forma que las antiguas casas de rescatadoras, las comercializadoras actuales brindan a los cooperativistas créditos para su funcionamiento, convirtiéndose, en socios informales y/o indirectos de las cooperativas, pues las cooperativas no deberían operar con capitales privados, sólo con el aporte de los socios (Zaconeta, 2024). Según el autor los préstamos de las comercializadoras llegan hasta los 500.000 $US que, en la mayoría de los casos, deben ser devueltos con parte de la producción de oro producido por las cooperativas, es decir como una especie de venta anticipada. Las comercializadoras otorgan préstamos para maquinaria y repuestos a las cooperativas y, en algunos casos, pueden financiar operaciones en el mercado negro, como el desvío de carburantes.
Otra estrategia que utilizan las comercializadoras es el subregistro, es decir que, en las hojas de liquidación en las que figura el rescate de oro, que luego es contabilizado para el pago de las regalías mineras, estas empresas registran un monto menor al que compraron. De esta manera la cooperativa solo paga los descuentos por el monto registrado y no por el monto real. Héctor Córdova indica que un vendedor de oro le señaló que las comercializadoras le registran solo el 30% de la compra y de esta forma, el vendedor sólo paga regalías y aportes a la caja por el 30%. Las comercializadoras hacen ese ejercicio con la condición de que la siguiente carga de oro se las vendan a ellos. (H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024)
Un rescatador de Guanay confirma esta situación, señalando que una práctica común es que las hojas de liquidación sean llenadas solo con 300 gramos, que es lo mínimo que se acepta. Los actores mineros venden mayores cantidades a las comercializadoras, pero solo se registran 300 gramos, entonces se pagan regalías y el seguro de salud por valores menores a los valores reales. Además, las grandes comercializadoras pueden ofrecer mejores precios a sus proveedores que las pequeñas comercializadoras. En el trabajo de campo realizado en la zona, se tuvo acceso a pláticas informales entre pequeños comercializadores quienes se quejaban del ingreso de que las grandes empresas operan de manera desleal, pues pueden ofrecer precios más bajos a sus compradores. La disyuntiva en la que caen los pequeños comercializadores es intentar continuar en el negocio con poco capital, o unirse a las grandes empresas.
Un último incentivo habitual es el apadrinamiento de eventos de distinta índole. En redes sociales se pueden observar campeonatos de futbol y futsal de cooperativistas organizados por las comercializadoras, campeonatos que incluso llevan el nombre de las empresas[19]. También subvencionan fiestas y parrilladas, y además se ha visto en redes sociales campañas de caridad navideñas (Presentación del campeonato – Copa Royal Gold, s/f)[20]. Este tipo de incentivos responde a la responsabilidad social que tienen empresas de distintos rubros, pero particularmente las extractivas, como una forma de compromiso con la vida social de las poblaciones a las que explotan.
Por otro lado, las comercializadoras también juegan con la coyuntura económica, en la crisis de carburantes y divisas por la que atraviesa el país, parte de sus incentivos se concentran en dotarles de estos insumos. Veamos de qué manera estarían operando. El combustible, particularmente el Diesel Oil, es fundamental para la producción de las cooperativas, sobre todo para el funcionamiento de la maquinaria, las bombas y las dragas. Para intentar rescatar mayores cantidades de mineral, el gobierno ha optado por condicionar la venta de diésel a las cooperativas a cambio de que éstas le vendan un poco de su producción al Estado[21], esto ha provocado, según el gobierno, de que la comercialización de minerales sea más competitiva (Ballesteros, 2024). Sin embargo, las cooperativas no han bajado los brazos y algunas están listas para actuar tan pronto se den las condiciones para que los privados puedan importar carburantes.
En ese sentido, la empresa Yellow Tree ha incluido como parte de su objeto social, en octubre de 2024, lo siguiente: “La importación de hidrocarburos y sus productos refinados regulados tales como Diesel Oil, gasolina premium o especial, a fin de ser destinados exclusivamente para consumo propio en el desarrollo de las actividades que realiza la empresa por sí misma y/o asociada con terceros” (Yellow Tree, 2024). Nuestra hipótesis es que, en caso de que la crisis de combustible continue o se agudice, las comercializadoras, además de otorgar créditos, podrían comercializar diésel y gasolina a las cooperativas para persuadirlas de venderles el oro.
Aprovechando también la crisis de divisas que afronta Bolivia, un incentivo al que estarían recurriendo las comercializadoras es al pago a sus proveedores de mineral en dólares. Debido a que estas empresas también exportan, cuentan con mayor acceso a la divisa. De acuerdo con Héctor Córdova (2024), las cooperativas aceptan entregar el oro a las comercializadoras y que se les pague dentro de unos días en dólares. Este tipo de incentivos sólo pueden realizarlos unas pocas comercializadoras que son las que tienen la capacidad financiera y logística para exportar.
En este punto es importante mencionar que, hace ya algunos años, se ha acusado a las comercializadoras de ser, en parte, responsables de la escasez de dólares en el país. En el Informe de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas N°026 del proyecto de Ley 213/2020-2021 del oro de producción nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales[22] el presidente del Banco Central denuncia lo siguiente:
Héctor Córdova explica que, por esta razón, las comercializadoras han desbancado al Banco Central, indica que hasta 2023 se mantuvo este mecanismo mediante el cual las comercializadoras mantenían los pagos en divisas del extranjero, principalmente en India, pero pagaban a las cooperativas con dólares que compraban en el Banco Central. (H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024)
Irregularidades, Ilícitos y delitos
Las comercializadoras mueven enormes flujos de dinero. En el mejor de los casos cuentan con capitales que ascienden a los 19 millones de bolivianos, sin embargo, reportan ingresos operativos (algunas veces especificados como compra de minerales) por hasta 1000 millones de bolivianos. Esto no necesariamente constituye un ilícito, pero permite comprender los enormes flujos que circulan a través de estas empresas.
Las comercializadoras están sujetas al régimen tributario minero, deben pagar el Impuesto sobre Utilidades de las Empresas – IUE y una alícuota adicional al IUE cuando la cotización del mineral es igual o superior a los 400 $us. por onza troy (Ley N° 3787, 2007), es decir, desde octubre de 2004. Pese a que reportan enormes ingresos operativos, muchas han incurrido en evasión de impuestos a través, por ejemplo, de la declaración de oro como joyas no acabadas, o la exportación de 160 millones de dólares por concepto de desperdicios, a través del subregistro y sobre todo a través del contrabando (Erbol, 2013).
Previamente, hemos mencionado que los FFI son de tres tipos de categorías, las comercializadoras incurren principalmente en la segunda categoría: de flujos transferidos ilegalmente. En este apartado analizamos las irregularidades, ilícitos y delitos en los que han incurrido las comercializadoras, esta vez de manera específica. Para ello se han escogido tres empresas, no son necesariamente las más grandes, han sido elegidas debido a que fueron las más mencionadas en el trabajo de campo.
Las empresas elegidas fueron MetalMonic, Yellow Tree y Royal Gold, la investigación se amplió a Auribol y RoyalBol porque están vinculadas por sus socios o familiares de los socios a alguna de las tres primeras. Las tres empresas principales se crean en 2013, probablemente como resultado del boom de la minería de 2011. Si bien las tres empresas han tenido en total doce socios, resaltan solo 4 o 5 nombres que son los socios mayoritarios de estas empresas, pertenecientes a tres familias: la familia Salazar Coariti de MetalMonic, que también estuvo involucrada en Auribol; la familia Antranik con capital en Royal Gold y RoyalBol, y sobre todo la familia Camacho Hinojosa, con un capital marginal en Yellow Tree y con una inversión mayor también en Royal Gold. En 2019 sólo estas tres familias fueron responsables de casi el 13 % del total del volumen de oro exportado desde el departamento de La Paz (SENARECOM, s/f).
Como se verá en este apartado, en el que se presenta el caso de cada una de las empresas, los socios de las empresas han sido acusados de distintos ilícitos y delitos: evasión de impuestos, contrabando, estafa, lavado de activos, legitimación de ganancias ilícitas y hasta vinculación con el terrorismo. Además, están vinculadas con empresas indias, estadounidenses e italianas, que han sido cuestionadas por importar oro ilegal.
En el marco de estos ilícitos la familia Antranik y la familia Camacho Hinojosa han sido vinculadas con el Movimiento Al Socialismo[23]. En el primer caso se acusó a Harout Antranik Samra de financiar actos de terrorismo con Juan Ramón Quintana cuando éste fungía como Ministro de la Presidencia; y en el segundo, en una propiedad allanada a Guy Vargas, esposo de Teresa Camacho y gerente general de Yellow Tree – por un caso de legitimación de ganancias ilícitas que se encuentra en curso – fue encontrada Evaliz Morales quien vive en el inmueble junto con su madre, cónsul en Ecuador, y su padrastro, ex viceministro de descolonización.
Pese a que mueven enormes capitales y tienen varias sucursales, las empresas registran muy pocos empleados permanentes. Realizan movimientos de capital que pueden ser tildados al menos de sospechosos, pues un solo socio puede duplicar y hasta quintuplicar el capital social de la empresa en dos o tres años. En algunos casos, las constantes transferencias de cuotas de capital han coincidido con procesos judiciales de los socios.
De acuerdo con datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, “[l]as comercializadoras privadas muestran una notable volatibilidad en su permanencia en el mercado con constantes cierres de algunas empresas y la apertura de nuevas” (Ballesteros, 2024). En 2023, según Ballesteros, operaban 50 comercializadoras, es decir, algunas más que en 2022; mientras que en 2024 se registran solo 34 empresas de este tipo. Para Ballesteros, la volatilidad en la permanencia de las comercializadoras se debe a los efectivos controles del SENARECOM y al protagonismo que está adquiriendo el BCB y Epcoro en la compra de oro. La segunda afirmación tiene más sustento que la primera. Pero añadimos que la presencia itinerante de las comercializadoras en el mercado se debe también a que son empresas, al menos las más grandes, con fuerte penetración de ilícitos, con un re cambio de socios constante, transferencias de capital frecuentes, estafas entre socios, aprehensiones y procesos legales por contrabando. Varias de las grandes empresas han creado nuevas por verse involucradas en delitos, y en las nuevas empresas figuran familiares como socios. Entonces, la cantidad de ilícitos en los que se ven involucradas es también una de las razones de su volatilidad y su poca permanencia en el mercado.
Antes de exponer los casos de las comercializadoras, es importante advertir que los datos que se presentan fueron pesquisados en las carpetas de documentos de las empresas disponibles en el SEPREC, de los datos disponibles en los portales web de la Fiscalía general del Estado, Impuestos Nacionales, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, así como en la prensa. En este marco, los ilícitos o delitos que se exponen son presuntos, no se ha contado con la información, el tiempo ni la pericia suficiente para realizar una investigación jurídica para conocer el estado actual de cada uno de los casos y procesos. El objetivo de este apartado es exponer los casos denunciados vinculados a las comercializadoras para conocer los distintos ilícitos y delitos que se suelen cometer en este eslabón de la cadena de valor de oro. De ninguna manera el objetivo es emitir criterios de juicio contra personas particulares, sin que éstas hayan agotado todas las instancias para su defensa.
Auribol y MetalMonic
Auribol comenzó a operar en la exportación de minerales en diciembre de 2010. La página del SENARECOM incluye entre sus operadores mineros a la empresa AURIBOL y también está registrada en el SEPREC, aunque su matrícula no está actualizada. Según los datos de SENARECOM de 2014, publicados por la Fundación Jubileo, AURIBOL llegó a comercializar el oro de 14 municipios paceños y fue responsable de la comercialización y exportación del 47 % del peso del oro producido en las cooperativas de La Paz (Fundación Jubileo, 2015).
La empresa estuvo involucrada en varias denuncias de evasión impositiva. Por ejemplo, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, del Impuesto sobre Utilidades de las Empresas (SIN) estableció un supuesto impuesto omitido por parte de la empresa, según documentos de la administración tributaria, la empresa pagó de menos el IUE y la AA-IUE por los periodos fiscales enero a diciembre 2012. En 2014 el ex diputado Jaime Navarro denunció a varias empresas por evasión fiscal, entre ellas figuraba AURIBOL y se apuntó a Peter Salazar López, radicado en Miami, como su principal inversionista. Según los datos de Navarro, en 2021 la empresa exportó casi 160 millones de dólares y pagó por concepto de IUE el equivalente a 106.873 (Erbol, 2014), es decir, el 16 %, siendo que estás empresas deben pagar 37,5 % de IUE. También se denunció que Salazar había enviado, entre 2012 y 2014, diez toneladas de oro a Estados Unidos (Ojo Público, 2015).
Desde 2019, se tiene constancia que AURIBOL ya no opera en la comercialización de oro. Aparentemente, la empresa ha sido reemplazada por MetalMonic, cuya principal socia, Mónica Ofelia Coariti de Salazar, esposa de Peter Salazar López (Tribunal Constitucional, 2001).
MetalMonic S.R.L. se constituyó en noviembre de 2013 con domicilio legal en la ciudad de La Paz y con sucursales en La Paz, Guanay y Riberalta. Los socios fundadores son Javier Rotney Baptista López y Mónica Ofelia Coariti de Salazar, quienes iniciaron operaciones con un capital de 100.000 bolivianos. Hasta 2019 la participación de Mónica Coariti era marginal, solo tenía el 10% de las cuotas de capital, pero luego del cierre de AURIBOL, realizó fuertes inversiones en MetalMonic, haciéndose del 70 % de las cuotas de capital. En 2013, el capital de Coariti en la empresa era de 10.000 Bs y en 2019 pasó a ser de tres millones y medio de dólares. Al año siguiente, en 2020 su capital en la empresa se duplicó y ascendió a ocho millones y, un año después, volvió a duplicarse a más de quince millones de bolivianos. En la tabla 7 se exponen los movimientos de aumento de capital de la empresa.
Tabla 7. Operaciones de aumento de capital de MetalMonic
De acuerdo con lo declarado en las matrículas de comercio, estas empresas también cuentan con muy pocos trabajadores dependientes. En 2019 se registró solo un trabajador, en 2020 dos trabajadores, en 2021 seis trabajadores, y en 2022 y 2023 seis trabajadores. Un número pequeño tomando en cuenta que cuentan con una casa matriz y tres sucursales, y que, por ejemplo, en 2021 declararon ingresos operativos por 643 millones de bolivianos. Ese mismo año, declararon entre sus gastos administrativos la partida de “costo personal” que ascendía apenas a 116,669 Bs.
Los datos de exportación de 2019 indican que la empresa exportó once cargamentos de oro a dos empresas estadounidenses: Universal Precious Metals localizada en el Estado de Florida, y World Precious Metals International Llc, con un total de 576 kilos por un valor de 180.607.165 Bs. (SENARECOM, s/f)
La empresa no sólo exporta el mineral a Estados Unidos, probablemente, parte de las ganancias de la empresa son invertidas en este país. La empresa Capricornio Investment LLC, dirigida por Mónica Coariti dedicada a los bienes y raíces compró cuatro edificios multifamiliares por 1,63 millones de dólares en Naples – Florida[24], una de las ciudades más ostentosas de la costa este del país. Coariti también figura, desde 2014 a 2024, como representante legal de una compañía denominada Bonita Plaza LLC[25], registrada también en la ciudad de Naples.
Yellow Tree
La empresa Yellow Tree se creó en 2013 con dos socios: Sergio Freddy Tapia Touchard y José Martín Camacho Hinojosa, ambos con un capital de 100.000 Bs., por lo que la empresa empezó a operar con 200.000 Bs. En 2017 Sergio Tapia transfirió todas sus cuotas de capital a la hermana de José Martín Camacho, María Teresa Camacho Hinojosa, quedando ésta como socia de la empresa. Cinco años después, en 2022, José Martín Camacho incrementó su capital en la empresa a 400.000 Bs, y la empresa quedó con un capital de 500.00 Bs. En 2023, Martín Camacho dejó la empresa y transfirió una parte de sus cuotas de capital a su hermana y otra parte a un nuevo socio, el ex Mayor de Policía Rodrigo Dulfredo Rodríguez Fernández, quien cuatro meses después transfirió parte de sus cuotas a Teresa Camacho, quedando ésta como socia mayoritaria (ver tabla 8)
Tabla 8. Operaciones de aumento de capital y cambio de socios de Yellow Tree S.R.L.
La empresa cuenta con un capital bastante bajo tomando en cuenta que desde 2021 a 2023 superaron los mil millones de bolivianos en ingresos operativos en cada gestión. En 2023 declararon que dichos ingresos ascendían a 1.688.629.843 Bs., equivalentes a más de 242 millones de dólares estadounidenses. Al igual que MetalMonic cuentan con muy pocos trabajadores dependientes. En 2018 contaban con siete trabajadores, en 2019 a 2021 reportaron seis empleados permanentes, y en 2022 y 2023 sólo dos empleados.
En 2019 Yellow Tree ocupaba el sexto lugar de mayores exportadoras de oro del departamento de La Paz. Ese año realizó 51 operaciones de exportación del mineral por un total de 2559 kilos con un valor 791.105.364 Bs. En 2019 exportó a los Emiratos Árabes Unidos, a las empresas Auag Trading Fze A/C Transguard Emirates Group Security, Dijllah Gold Refinery Fzc / Attn. Mohammed Hammoodi Hashim y Zee Gold DMCC; a India a las empresas Auag Trading Fze A/C Sunanda Polymers y PMG Overseas Trading FZC A/C Sunanda Polymers; y fue la única empresa que exportó a la italiana Italpreziosi S.P.A. (SENARECOM, s/f) una de las empresas cuestionadas por importar oro ilegal (Ojo Público, 2015). Los documentos de Yellow Tree S.R.L muestran también transacciones en 2015, 2016 y 2017 con la empresa Atomic Gold de Miami – Florida, cuestionada por las investigaciones de Ojo Público, por ser una de las mayores receptoras de mineral de origen desconocido (Lopez, 2017)
Los miembros de la empresa han estado involucrados en varios ilícitos, entre ellos el de estafa. En 2023 José Martín Camacho Hinojosa fue denunciado, junto a Yogesh Sanwal, por el delito de estafa. Los denunciados habrían recibido un pago de Jhawar Ashish, gerente general de la empresa emiratí RIVIUM UNIVERSAL FZE, por la compra de 16 kg. de oro, sin embargo se determinó “que el supuesto oro vendido por AL-SANMAT, era de cobre, luego solo les devolvieron una cantidad del oro, negándose a entregarles el restante, alcanzado un perjuicio de $us 305.471,49” (Fiscalía General del Estado, 2023). Por ese caso, el 21 de agosto de 2023, la Fiscalía ordenó que se proceda a la anotación preventiva de las cuotas de capital de Yellow Tree S.R.L propiedad de Martín Camacho, (Fiscalía General del Estado, 2023), sin embargo, como se señala previamente, dos meses antes, éste ya las había transferido a su hermana y a un nuevo socio.
En los documentos de la empresa aparece constantemente a Guy Alberto Martín Vargas Aspiazu, como gerente general y como apoderado de la empresa. Guy Vargas, presuntamente es el esposo de Teresa Camacho. En 2019, en el marco de un proceso civil ordinario en contra de Vargas, por una presunta deuda, se solicitó el embargo preventivo sobre cuotas de capital a nombre del acusado en distintas empresas[26]. Asimismo, se solicitó el embargo preventivo de las cuotas de capital de Teresa Camacho en Yellow Tree, por ser su esposa (Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 2019).
En diciembre de 2024 varias propiedades de Guy Vargas fueron allanadas en el marco de una investigación de ganancias ilícitas. De acuerdo con un comunicado de la Policía Boliviana, a inicios de diciembre de 2024 se encontró en la bodega de la Flota Yungueña, una carga de verduras con más de dos millones de bolivianos en su interior. En el marco de las investigaciones, se allanaron dos viviendas, una de ellas registrada a nombre de Guy Alberto Martín Vargas Aspiazu. El caso tomó notoriedad en los medios de comunicación porque en una de las propiedades fue encontrada Evaliz Morales, hija del ex Presidente Evo Morales. (La Razón, 2024).
Pero las comercializadoras no sólo están involucradas en el campo de los ilícitos, sino que también juegan un rol importante en las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, María Teresa Camacho fue elegida en agosto de 2024 como miembro del directorio de la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano Paraguaya (InfoRSE, 2024), pese a haber sido parte de una de las empresas comercializadoras con mayor cantidad de demandas de ilícitos, que es Royal Gold, cuyo caso veremos a continuación.
Royal Gold y Royal Bol
Royal Gold fue creada en 2013 por cuatro socios: Harout Antranik Samra, Yohan Gonzalez, Elya Yagudaev y Edi Israelov, todos con nacionalidad estadounidense, y todos domiciliados en el Pent House del Edificio Da Vinci de la ciudad de La Paz (Royal Gold S.R.L., 2013).
La empresa empezó a operar con un capital social de dos millones de dólares, con cuotas de capital equivalentes al 25% para cada uno de los socios. En 2015, sólo dos años después, los dos últimos socios transfieren sus cuotas de capital a Antranik Samra y a Gonzáles y el capital social se incrementó a 16 millones de bolivianos. Cada uno de los dos socios aportó con ocho millones. En 2018 Gonzáles transfirió todo su capital a los hermanos José Martín Camacho Hinojosa y María Teresa Camacho Hinojosa, también socios de Yellow Tree, cada uno de ellos adquiere 4 millones de bolivianos de Gonzáles. A continuación, se exponen estas operaciones:
Tabla 9. Operaciones de aumento de capital y cambio de socios de Royal Gold
En 2019 Royal Gold realizó 33 operaciones de exportación por un total de 1780 kilos, valorados en más de 548 millones de bolivianos. Exportó a las empresas emiratís Esteem International Trading FZC y JBG and Co DMCC, y a la india Kundan Care Products Ltd (SENARECOM, s/f).
La empresa Royal Gold ha sido protagonista de uno de los casos de estafa más mediáticos de las comercializadoras. El socio fundador y mayoritario de la comercializadora, el estadounidense Harout Antranik Samra, fue acusado por su ex socio Vicken Bedoyan Azat por estafa. Ambos habían creado la empresa Bedoyan & Sambra S.A, pero Harout Antranik Samra desapareció con el aporte Bedoyan y a los 14 días abrió otra empresa (WPM-LPZ-BOL SRL.). La estafa ascendía a 60 millones de dólares. (Mercado, 2020)
Luego de tres meses, el 9 de abril de 2013, estableció la empresa Royal Gold con tres socios, como se ha visto más arriba. En 2015 dos de los socios dejaron la empresa, quedando solo Antranik y Yohan Gonzáles, éste último transfirió sus cuotas de capital un mes antes de la imputación formal a Antranik por el caso de estafa, en agosto de 2018 (Royal Gold S.R.L., 2018). Ese mismo mes Antranik salió del país y según la parte demandante no asumió su defensa en el país. En 2019 un fiscal dio curso al sobreseimiento a favor del imputado. (Agencia de Noticias FIDES, 2019).
En enero de 2023 se emitió una orden de aprehensión contra Antranik, esta vez por estar vinculado con un caso de financiamiento al terrorismo, pues en sus oficinas se encontró un recibo de aporte voluntario para la logística de los preparativos de la “capacitación programada en control de movilizaciones”, recibo que se vincula con el ex ministro Juan Ramón Quintana y su administración en el Ministerio de la Presidencia (Brújula, 2020).
El 7 de diciembre de 2021, el hijo de Harout Antranik Samra, el señor Anthony Antranik Samra, también ciudadano estadounidense, abrió una nueva empresa denominada RoyalBol con un capital de 300.000 bolivianos, 97 % del cual le corresponde a él y 3 % a su socio Carlos Manolo Escalante Quezada. Durante el trabajo de campo, se observó que RoyalBol es una de las comercializadoras más mencionadas en Guanay. Su sucursal en esta ciudad es la misma que operaba hace algunos años bajo el nombre de Royal Gold. Tiene sucursales también en Mapiri y Cochabamba.
En 2022, RoyalBol declaró que contaba con cuatro empleados permanentes y con ingresos operativos por 61 millones de bolivianos. En 2023 la empresa dio un salto cuantitativo, triplicó su personal (a trece personas) e incrementó en casi nueve veces sus ingresos operativos a más de 583 millones.
En 2019, antes de la creación de RoyalBol, Carlos Escalante fue detenido en Perú junto con Roger Eddy Aguirre Tinta y Rodrigo Antonio Véliz Hinojosa, por el presunto delito de lavado de activos. Trasportaban 3 kilos de oro en mochilas a la ciudad de Puno (La República, 2019). Recién en 2023, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú sancionó a los tres ciudadanos bolivianos con una multa equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar equivalentes a la irrisoria suma de 54 soles (14 dólares). (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú, 2023)
Retención de Regalías
Por otro lado, las comercializadoras actúan como agentes de retención de las Regalías Mineras. El instrumento que se utiliza para el registro de la Regalía Minera es la Hoja de Liquidación de la comercialización de mineral de oro mercado interno, en la que también se descuenta un 1,8 % del valor neto de venta para el seguro social de salud y el 0,35% Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz FENCOMAN – LP.
La alícuota de la Regalía Minera que rige para las cooperativas es la respectiva a “oro en estado natural proveniente de yacimientos marginales operados por la minería artesanal de pequeña escala”. De acuerdo con la Ley N°535 dicha alícuota se fija en función de la cotización oficial del oro por onza troy, en caso de que dicha cotización sea mayor a los 700 $US la alícuota es de 2,5%[27]. Establece, además, que en el mercado interno se aplica solo el 60% de los valores establecidos en las fórmulas de cálculo, por lo que, en términos generales, el porcentaje que pagan las cooperativas por Regalías es de 1,5% del valor bruto de venta. La explicación de quien funge como viceministro de Política Minera en 2024 al respecto es la siguiente:
El régimen regalitario distribuye la regalía minera de la siguiente forma: el 85% se recauda para la gobernación y el 15 % para los municipios. De acuerdo con Héctor Córdova, la Ley minera (Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, 2014) ha condicionado el depósito directo de regalías mineras a los gobiernos municipales a la existencia de un sistema informático. Hasta entonces, será Impuestos Nacionales a quien los agentes de retención le depositen las regalías y luego Impuestos Nacionales las distribuye a las cuentas. Por este servicio, se cobra 1%.
Los datos del Ministerio de Minería y Metalurgia de 2014 a 2021 muestran que el departamento de La Paz ha producido oro por un valor de más de 7 mil millones de dólares en ocho años, y por el actual régimen regalitario apenas ha percibido, en promedio, un 2,45% de regalías, provenientes de cooperativas y productores mineros como se puede ver en la tabla 10
Tabla 10. Regalías mineras (RM) por oro, en el departamento de La Paz
No ha sido posible acceder a los datos específicos de las regalías mineras por oro en el departamento de La Paz en 2022 y 2023, sin embargo, con los datos que contamos podemos hacer otro tipo de análisis sobre las desventajas que tiene el régimen regalitario para el departamento de La Paz. El departamento de La Paz es el principal productor de oro en el país, tiene el 70% de la producción, por los yacimientos aluviales del norte en la región amazónica. Este es el principal mineral que se produce en el departamento y representa el 85% de sus exportaciones de minerales.
A su vez, el oro, hasta 2023, era el mineral que generaba mayor cantidad de valor en el país. En la tabla 11 se puede observar que el oro tiene una participación de entre el 41 y 45 por ciento en el valor de producción (VP) de los minerales en el país. Del total de dólares que se generan por la producción y exportación de minerales, casi la mitad son generados en el sector aurífero. Sin embargo, las regalías que se pagan por oro sólo corresponden al 25% (en promedio) del total de regalías mineras que se generan en el país.
Lo mismo le ocurre al departamento de La Paz, que tiene un valor de producción de minerales de poco más de un tercio del total del país, pero en regalías mineras solo recibe un cuarto, un 25% en promedio. Sin duda, este es el resultado de los privilegios que se les ha otorgado a las cooperativas mineras en el tema regalitario y el tema impositivo, pero también es resultado de las prácticas habituales de las comercializadoras, que, en contubernio con las cooperativas y otros actores mineros, tienen un subregistro de la comercialización de minerales.
Tabla 11. Valor de producción del oro (VP) y regalías mineras (RM) en el departamento de La Paz. Expresados en millones de dólares americanos.
Esta situación se ha repetido en la última década, pero el boom del oro en Bolivia parece haber terminado su ciclo en 2024, año en el que solo se produjo 13 toneladas de oro. Mientras que en 2023 se habían producido en el primer semestre más de 24 toneladas. Además, las compras de oro del BCB y la crisis de carburantes y dólares dificultan la exportación y fomentan el contrabando hacia otros países. Ballesteros (2024) señala que las regalías mineras por oro en el departamento fueron de 14.881.756 dólares en 2024, versus los 21.511.106 de 2023, es decir que el departamento ha percibido en 2024 aproximadamente un tercio menos de lo que recibía por este concepto.
5.3 El Estado al rescate
Expertos en el tema minero ((H. Córdova, comunicación personal, el 18 de noviembre de 2024; A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024), coinciden en que uno de los grandes problemas de la cadena de valor del oro se encuentra en el Decreto Supremo 21060 de 1985, que permitió liberalización de la comercialización de oro. En su artículo 24 establece que los productores del mineral pueden comercializar libremente su producción por medio del Banco Central, del Banco Minero o a través de las empresas comercializadoras de minerales. Adicionalmente, el Decreto permite la tenencia de oro metálico o comercializar en el país por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas. El Banco Minero fue liquidado en 1991 y los productores de oro, particularmente las cooperativas, han optado por comercializar su producción a través de las comercializadoras y no del Banco Central de Bolivia.
Desde 2014, el oro se posesionó como uno de los principales productos de exportación bolivianos. En 2021, el oro metálico se consolidó como el principal producto de exportación en términos de valor, superando incluso al gas natural.» (Instituto Nacional de Estadística, 2024b). Consiente de esta situación, y de las enormes ganancias que se podrían generar con este producto, el Estado, hace casi una década ha intentado volver a incidir en la cadena de valor del oro, luego de haber sido relegado de esta actividad por el Decreto Supremos 21060. En lugar de modificar el régimen impositivo minero, el Estado prefiere intervenir en la comercialización con el objetivo de transferirlo al Banco Central, que en los últimos años ha visto mermadas sus reservas de oro por la crisis del Covid-19, la crisis económica, y como se ha visto líneas más arriba, por los mecanismos utilizados por las cooperativas para comprar dólares en el Banco.
En 2010 se lanzó la Empresa Boliviana de Oro (EBO), con el objetivo de formalizar las operaciones auríferas en la región amazónica, rescatar con compensaciones justas y, también para llevar a cabo procesos de refinación y fundición para la venta al BCB. Sin embargo, enfrentó varios obstáculos relacionados principalmente con el origen ilegal del oro, que no puede ser vendido al BCB. (CEDIB, 2017). Esta iniciativa fue reanudada en 2024, cuando comenzó a operar Epcoro, creada para producir y comercializar oro en toda la cadena productiva, con el fin de fortalecer las reservas internacionales (Decreto Supremo N°5134, 2024). Cuenta con sucursales en La Paz, El Alto, San Ramón y Riberalta, para acopiar el oro del Río Madre de Dios, y también se tiene planificado operar en el territorio boliviano con sucursales móviles (Ahora El Pueblo, 2024)
Epcoro fue creada y puesta en funcionamiento en un contexto de crisis económica marcada por la reducción de las reservas internacionales, la escasez de divisas y la escasez de carburantes. El objetivo es producir y captar la mayor cantidad de producción de oro para que sea vendida al Banco Central de Bolivia[1]. En ese marco, una de las primeras medidas de la empresa estatal, en coordinación con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas – FERRECO fue condicionar la entrega de diésel a las cooperativas a cambio de que éstas le vendan a Epcoro al menos 200 gramos del mineral (El Deber, 2024).
Este condicionamiento surge porque los productores mineros prefieren vender su producción a los rescatadores o comercializadores, pues estos no son tan burocráticos, realizan la transacción al instante, pagan mejor y no suelen aumentar cobros extras, como suele hacer el Estado. El Estado no está en condiciones de competir frente a los rescatadores o a las comercializadoras (A. Zaconeta, comunicación personal, el 18 de octubre de 2024).
De hecho, el Estado difícilmente puede ser competitivo a la hora de rescatar el oro, debido a la mayor capacidad de los privados de acceder a capital y jugar con el precio del oro. Esta situación de desventaja ya fue puesta en evidencia en el pasado. De hecho, este no es el primer intento estatal para rescatar el oro de la zona, la pugna entre privados y el Estado para “rescatar” el oro no es necesariamente novedosa, y de hecho tiene una historia larga en la región. En 1936 se fundó el Banco Minero que tenía su propia sucursal en Tipuani y en Guanay. Entre 1968 y 1970 las rescatadoras compraban el gramo de oro a los productores a 13,68 pesos bolivianos (en promedio por los tres años), mientras que el Banco Minero les compraba 12.11 pesos bolivianos, es decir un 15 % menos. Además, el Banco Minero realizaba un descuento por gramo de oro a los cooperativistas, razón por la cual se resistían a entregar su producción al Banco, y optaban por venderla a las rescatadoras en el mercado libre “donde conseguían mejores precios, desviando de esta manera el oro en un porcentaje que no es posible cuantificarlo debido a su carácter clandestino” (Alurralde, 1973).
[11] El oro “azogueado” o amalgamado con mercurio es, generalmente, el oro más menudo o en polvo. En el proceso de “alza”, los mineros en general utilizan el mercurio para separar este oro de la grava fina. En este marco, el proceso de contaminación por mercurio se da de dos maneras: 1.- al arrastre de pequeñas porciones de mercurio líquido, cuando se lleva a cabo el ultimo lavado en batea; 2.- el mercurio evaporado, en los casos en que, después de la amalgama, los mineros queman el mercurio, para que quede el oro “limpio”. En el pasado, era más común que los pequeños mineros informales lleven su oro “azogueado” donde los rescatistas y/o los joyeros, quienes realizaban la quema en sus propios talleres.
[12] Nuevamente, estas reasignaciones muchas veces son contraproducentes, porque no se basan en una comprensión de la realidad social de la minería aurífera. Como explicamos previamente, en la actualidad, a partir de la mayor presencia de inversionistas privados y de otros criterios, el número de socios de una cooperativa no es un factor determinante del tamaño de la misma, en términos de acceso a capital y tamaño de la operación minera.
[13] Según datos de SENARECOM (Zaconeta, 2024) en 2022 hubo dos empresas que explotaron y exportaron oro: Pickpol International, que exportó menos de un kilo, y la Empresa Minera Chillaya, que declaró haber exportado en ese año 43,53 Kg.
[14] En los últimos años también se han abierto sucursales en la ciudad de Cochabamba para rescatar el oro explotado por las cooperativas que operan en Cotapata
[15] En el caso de la empresa Golden Hope
[16] Esto quiere decir que tres empresas concentraron alrededor de 1.450.000.000 de dólares en 2023 y las restantes 47 empresas, el resto. En 2024 la figura es diferente por las compras del BCB y de Epcoro, que en promedio han acumulado la mitad de la producción. Si en 2024 fueron 5 empresas las que concentraron el 50,9% de la producción, es decir, la otra mitad ¿qué paso con las demás comercializadoras? Esta pregunta podría ser respondida si el SENARECOM y el Ministerio de Minería y Metalurgia harían públicos los datos de comercialización.
[17] Según una nota periodística del Periódico Cambio, en 2011 seis personas rescataban el 90% del oro extraído por las cooperativas. Disponible en: https://recursosnaturales-ceadl.blogspot.com/2011/09/seis-personas-rescatan-el-90-del-oro.html
[18] El Banco Minero tenía también otras finalidades como: colaborar especialmente a la minería minorista, para la explotación y venta en mercados extranjeros y nacionales; crear almacenes de abastecimiento de herramientas, maquinarias y artículos de consumo en las minas; organizar empresas para la exploración y explotación de minas; atraer capitales extranjeros y vulgarizar métodos de trabajo de minas mediante personal técnico (Decreto Supremo de 24 de julio de 1936, 1936)
[19] Presentación del campeonato – Copa Royal Gold, s/f
[20] Chocolatada a los niños de Guanay Royal Gold Srl, s/f
[21] Más adelante nos referiremos a este punto.
[22] Luego cambió de nombre a proyecto de ley 219/2022-2023 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. No se ha podido tener acceso a la totalidad del Informe de Comisión mencionado.
[23] José Martín Camacho Hinojosa de Yellow Tree y Royal Gold, Javier Rotney Baptista López de MetalMonic y Carlos Manolo Escalante Quezada de RoyalBol figuran como militantes del Movimiento Al Socialismo según la última actualización de 2024 del padrón de militantes del Órgano Electoral Plurinacional. Mientras que Mónica Coariti de MetalMonic figura como militante de Acción Democrática Nacionalista (ADN).
[24] La ciudad de Naples tomó notoriedad en Bolivia en 2021, cuando se detuvo al ex ministro de gobierno Arturo Murillo en una propiedad en esa ciudad.
[25] Aparentemente Bonita Plaza LLC también se dedica a los bienes y raíces, aunque esta información no pudo ser confirmada.
[26] Las empresas son: EmpireMetals S.R.L., SolyMoon S.R.L.,SpaceFun y MATEGOAL Exmimar S.R.L., vinculadas con la fundición de oro o la importación y exportación. Sólo la última tiene matrícula actualizada en el SEPREC.
[27] La última vez que la onza troy cotizó por debajo de los 700 $US fue en enero de 2009.
[28] Fue aprobada en la línea de la Ley N°1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales de 5 de mayo de 2023.
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