Pueblos indígenas del norte de La Paz han trazado una línea clara: no quieren minería en sus territorios. El Consejo Regional T’simane Mosetén (CRTM) y la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) presentaron ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) resoluciones y mapas oficiales para exigir la restricción de otorgación de derechos mineros dentro de sus tierras ancestrales.
Magali Tipuni Presidenta del CRTM y Renán Lipa Presidente de la OPIM
El CRTM y su defensa contra la minería en Pilón Lajas
El Consejo Regional T’simane Mosetén (CRTM) habita un territorio que es, al mismo tiempo, una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y una Reserva de la Biósfera. Su creación fue establecida mediante el Decreto Supremo 23110, de 1992, cuyo artículo 5 prohíbe expresamente la otorgación de nuevas áreas para actividades de colonización, uso agrario, forestal, minero y petrolero.
Pese a esta prohibición legal, la presidenta del CRTM, Magali Tipuni, denunció que entre 2019 y 2023 se presentaron ante la Dirección de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas numerosas solicitudes por parte de cooperativas y empresas mineras para obtener Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), con el fin de viabilizar contratos mineros dentro del territorio protegido.
Según sus declaraciones, en 2021 ya se contabilizaban 15 solicitudes mineras, lo que representa una grave amenaza para la población indígena, el equilibrio ecológico del área protegida y las actividades agroecológicas tradicionales.
Ante esta situación, el CRTM realizó recorridos territoriales por las comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Beni y Quiquibey, así como por la carretera Rurrenabaque–Yucumo–Palos Blancos. Estos recorridos fortalecieron un proceso orgánico que culminó en la emisión de una resolución colectiva en el marco de una asamblea.
Plano georreferenciado de La Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas
Dicho documento fue entregado el 24 de junio a la AJAM, e insta a paralizar todas las solicitudes mineras en curso, rechaza categóricamente la actividad minera, declara al territorio en estado de emergencia y exige el cumplimiento integral del Decreto Supremo 23110.
La voluntad expresada por el CRTM en su resolución se alinea plenamente con el espíritu del decreto que dio origen a Pilón Lajas, apuntando a consolidar este territorio indígena y reserva de la biósfera como un territorio libre de minería.
La OPIM y su decisión de ser una TCO libre de minería
Por su parte, la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), que abarca territorios en los municipios de Palos Blancos, Apolo y La Asunta en el departamento de La Paz, así como en Cocapata en el departamento de Cochabamba, ha ratificado la voluntad colectiva de su pueblo al declararse territorio indígena libre de actividad minera.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de proteger sus sistemas productivos agroecológicos y tradicionales, la salud del río Beni y sus afluentes, y la integridad de sus formas de vida.
Al igual que el CRTM, la OPIM presentó ante la AJAM los planos georreferenciados y las coordenadas de su territorio, solicitando la restricción y anulación de todo trámite relacionado con derechos mineros superpuestos a su TCO. Esta solicitud se basa en el respaldo jurídico de la Resolución 01/2025, la Sentencia N.º 004/2023-AP del 25 de julio de 2023 (emitida en Palos Blancos) y la Sentencia Constitucional Plurinacional 1326/2023-S1 del 20 de diciembre de 2023. Estas normas disponen la restricción de actividades mineras en Palos Blancos y Alto Beni, así como una tutela preventiva sobre el río Beni.
Sin embargo, como señala la comunicación dirigida a la AJAM, el territorio indígena Mosetén también se extiende a jurisdicciones municipales que aún no han sido alcanzadas por dichas resoluciones, como La Asunta, Apolo y Cocapata. Por ello, la OPIM, junto con la Organización de la Mujer Indígena Mosetén (OMIM) exige que se establezca la restricción total de actividades mineras en toda su TCO, conforme a los documentos técnicos y mapas presentados.
Plano georreferenciado del Territorio Indígena Mosetén
Las gestiones del CRTM y la OPIM han contado con el respaldo de su organización matriz, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). Toda la documentación e información relacionada fue también remitida a la Vicepresidencia del Estado y a la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de solicitar su intervención, acompañamiento y garantías para el cumplimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas involucrados.
fundacionsolon.org 
Pueblos indígenas del norte de La Paz han trazado una línea clara: no quieren minería en sus territorios. El Consejo Regional T’simane Mosetén (CRTM) y la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) presentaron ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) resoluciones y mapas oficiales para exigir la restricción de otorgación de derechos mineros dentro de sus tierras ancestrales.
El CRTM y su defensa contra la minería en Pilón Lajas
El Consejo Regional T’simane Mosetén (CRTM) habita un territorio que es, al mismo tiempo, una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y una Reserva de la Biósfera. Su creación fue establecida mediante el Decreto Supremo 23110, de 1992, cuyo artículo 5 prohíbe expresamente la otorgación de nuevas áreas para actividades de colonización, uso agrario, forestal, minero y petrolero.
Pese a esta prohibición legal, la presidenta del CRTM, Magali Tipuni, denunció que entre 2019 y 2023 se presentaron ante la Dirección de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas numerosas solicitudes por parte de cooperativas y empresas mineras para obtener Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), con el fin de viabilizar contratos mineros dentro del territorio protegido.
Según sus declaraciones, en 2021 ya se contabilizaban 15 solicitudes mineras, lo que representa una grave amenaza para la población indígena, el equilibrio ecológico del área protegida y las actividades agroecológicas tradicionales.
Ante esta situación, el CRTM realizó recorridos territoriales por las comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Beni y Quiquibey, así como por la carretera Rurrenabaque–Yucumo–Palos Blancos. Estos recorridos fortalecieron un proceso orgánico que culminó en la emisión de una resolución colectiva en el marco de una asamblea.
Dicho documento fue entregado el 24 de junio a la AJAM, e insta a paralizar todas las solicitudes mineras en curso, rechaza categóricamente la actividad minera, declara al territorio en estado de emergencia y exige el cumplimiento integral del Decreto Supremo 23110.
La voluntad expresada por el CRTM en su resolución se alinea plenamente con el espíritu del decreto que dio origen a Pilón Lajas, apuntando a consolidar este territorio indígena y reserva de la biósfera como un territorio libre de minería.
La OPIM y su decisión de ser una TCO libre de minería
Por su parte, la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), que abarca territorios en los municipios de Palos Blancos, Apolo y La Asunta en el departamento de La Paz, así como en Cocapata en el departamento de Cochabamba, ha ratificado la voluntad colectiva de su pueblo al declararse territorio indígena libre de actividad minera.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de proteger sus sistemas productivos agroecológicos y tradicionales, la salud del río Beni y sus afluentes, y la integridad de sus formas de vida.
Al igual que el CRTM, la OPIM presentó ante la AJAM los planos georreferenciados y las coordenadas de su territorio, solicitando la restricción y anulación de todo trámite relacionado con derechos mineros superpuestos a su TCO. Esta solicitud se basa en el respaldo jurídico de la Resolución 01/2025, la Sentencia N.º 004/2023-AP del 25 de julio de 2023 (emitida en Palos Blancos) y la Sentencia Constitucional Plurinacional 1326/2023-S1 del 20 de diciembre de 2023. Estas normas disponen la restricción de actividades mineras en Palos Blancos y Alto Beni, así como una tutela preventiva sobre el río Beni.
Sin embargo, como señala la comunicación dirigida a la AJAM, el territorio indígena Mosetén también se extiende a jurisdicciones municipales que aún no han sido alcanzadas por dichas resoluciones, como La Asunta, Apolo y Cocapata. Por ello, la OPIM, junto con la Organización de la Mujer Indígena Mosetén (OMIM) exige que se establezca la restricción total de actividades mineras en toda su TCO, conforme a los documentos técnicos y mapas presentados.
Las gestiones del CRTM y la OPIM han contado con el respaldo de su organización matriz, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). Toda la documentación e información relacionada fue también remitida a la Vicepresidencia del Estado y a la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de solicitar su intervención, acompañamiento y garantías para el cumplimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas involucrados.
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