La presentación estuvo a cargo de Manuel Salinas, técnico de WCS, institución con larga trayectoria en la conservación ambiental y parte del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR). La exposición arrancó mostrando el comportamiento de la última década en relación a la producción nacional del oro, así como sus precios a nivel internacional, evidenciando un aumento significativo en la cotización del oro desde 2019 y, en consecuencia,
un aumento en la producción nacional desde 2020. Pese a las cifras históricas alcanzadas en la exportación de este recurso se mostró que sólo alrededor del 2% del total de ingresos generados por este sector fue al Estado en calidad de regalías regionales, las cuales, a su vez, se redistribuyen entre los gobiernos departamentales y municipios productores, ya que este sector está exento del pago de impuestos que beneficiarían al Tesoro Nacional.
“Desde el 2006 al 2022 el volumen de exportación de oro ha crecido cinco veces, y desde el 2022 en valores de exportación el oro fue el principal producto, desplazando al gas natural”.
En relación a los actores vinculados a la explotación aurífera, se informó que el 99,6% de la producción del oro está a cargo de las cooperativas mineras, sector que presenta un crecimiento acelerado en los últimos años y de las cuales el 93% se concentran en el departamento de La Paz (1300 a 2021). Este último dato guarda relación con las áreas de explotación minera, siendo en primer lugar el norte del departamento de La Paz, la cual el 70% se realiza sobre la cuenca del río Beni; seguido del río Madre de Dios, la región del precámbrico en la chiquitanía de Santa Cruz y el sur de Potosí.
“Los impactos provocados por la evolución de la actividad minera en el uso de grandes maquinarias son indudablemente mayores, porque existe una destrucción del suelo y del bosque para encontrar el material aurífero y concentrarlo. Existen algunos municipios con amplios espacios y comunidades que ya se constituyen en zonas de sacrificio”.
Un dato alarmante basado en información de la AJAM al 2024 es que el 65% de la minería aurífera se realiza sin un contrato administrativo minero (CAM), es decir, de manera ilegal en el ámbito minero. Más grave aún es la situación sobre la cuenca del río Beni, donde estudios han calculado que sólo el 10% de los actores mineros operan con un Contrato Administrativo Minero (CAM) y el 90% en la ilegalidad, sin derecho minero y sin licencia ambiental. Sobre este punto, se debe diferenciar que la actividad ilegal se realiza de diversas maneras, ya que están: los actores que extraen oro sin un contrato; quienes iniciaron el proceso de solicitud de un contrato y al mismo tiempo realizan la extracción de oro; quienes logran los contratos y alquilan las cuadrículas a otros operadores; y quienes cuentan con contratos y licencias ambientales pero se asocian con capitales privados facilitando a estos últimos la explotación en los marcos favorables a las cooperativas mineras en lo normativo, impositivo, laboral y comercial.
Finalmente, en cuanto a los impactos de la minería del oro, es necesario diferenciar según zonas, ya que hay lugares de explotación mecanizada con grandes impactos ambientales como es en la zona de Larecaja Tropical; una zona de minería artesanal de bajo impacto en algunas pocas comunidades sobre el río Beni; y hay otras zonas que no tienen actividad minera pero que sufren los impactos de la actividad por la contaminación con mercurio.
“para producir 1 kg de oro se llega a usar 10, 15 o hasta 20 kg de mercurio que va directamente al ambiente y el mercurio no es biodegradable (…) dato interesante es que nuestro país es de los mayores importadores de mercurio del mundo”.
Se hizo referencia al estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que en 2023 demostró que el 74,5% de la población indígena participante de la muestra (302 personas) superó el rango máximo establecido a nivel internacional (1 ppm) y marcó un promedio de 3,93 ppm de mercurio en sus cuerpos.. Esta contaminación se debe principalmente a la liberación de mercurio al ambiente, sobre todo a los ríos, provocando la conversión del mercurio metálico en metilmercurio y provocando la contaminación de los peces y, por su intermedio, a las personas que consumen pescado, siendo los principales afectados aquellos pueblos o comunidades indígenas que tienen al pescado como principal fuente de proteína en sus dietas.
La exposición concluyó haciendo un reconocimiento a las luchas locales y una invitación a continuar en este momento con las acciones para hacer frente a la minería, sobre todo ilegal, a fin de no lamentar en el futuro las consecuencias provocadas por esta forma de extractivismo.
Contenido
- Estado de situación de la minería del oro en el Norte de La Paz y parte del Beni
- La agroecología y el ecoturismo como alternativa al expansionismo minero aurífero hacia la Amazonía
- Los caminos posibles hacia la constituci’on de municipios y territorios libres de actividad minera
Lea el documento completo aqui
fundacionsolon.org 
La presentación estuvo a cargo de Manuel Salinas, técnico de WCS, institución con larga trayectoria en la conservación ambiental y parte del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR). La exposición arrancó mostrando el comportamiento de la última década en relación a la producción nacional del oro, así como sus precios a nivel internacional, evidenciando un aumento significativo en la cotización del oro desde 2019 y, en consecuencia,
un aumento en la producción nacional desde 2020. Pese a las cifras históricas alcanzadas en la exportación de este recurso se mostró que sólo alrededor del 2% del total de ingresos generados por este sector fue al Estado en calidad de regalías regionales, las cuales, a su vez, se redistribuyen entre los gobiernos departamentales y municipios productores, ya que este sector está exento del pago de impuestos que beneficiarían al Tesoro Nacional.
En relación a los actores vinculados a la explotación aurífera, se informó que el 99,6% de la producción del oro está a cargo de las cooperativas mineras, sector que presenta un crecimiento acelerado en los últimos años y de las cuales el 93% se concentran en el departamento de La Paz (1300 a 2021). Este último dato guarda relación con las áreas de explotación minera, siendo en primer lugar el norte del departamento de La Paz, la cual el 70% se realiza sobre la cuenca del río Beni; seguido del río Madre de Dios, la región del precámbrico en la chiquitanía de Santa Cruz y el sur de Potosí.
Un dato alarmante basado en información de la AJAM al 2024 es que el 65% de la minería aurífera se realiza sin un contrato administrativo minero (CAM), es decir, de manera ilegal en el ámbito minero. Más grave aún es la situación sobre la cuenca del río Beni, donde estudios han calculado que sólo el 10% de los actores mineros operan con un Contrato Administrativo Minero (CAM) y el 90% en la ilegalidad, sin derecho minero y sin licencia ambiental. Sobre este punto, se debe diferenciar que la actividad ilegal se realiza de diversas maneras, ya que están: los actores que extraen oro sin un contrato; quienes iniciaron el proceso de solicitud de un contrato y al mismo tiempo realizan la extracción de oro; quienes logran los contratos y alquilan las cuadrículas a otros operadores; y quienes cuentan con contratos y licencias ambientales pero se asocian con capitales privados facilitando a estos últimos la explotación en los marcos favorables a las cooperativas mineras en lo normativo, impositivo, laboral y comercial.
Finalmente, en cuanto a los impactos de la minería del oro, es necesario diferenciar según zonas, ya que hay lugares de explotación mecanizada con grandes impactos ambientales como es en la zona de Larecaja Tropical; una zona de minería artesanal de bajo impacto en algunas pocas comunidades sobre el río Beni; y hay otras zonas que no tienen actividad minera pero que sufren los impactos de la actividad por la contaminación con mercurio.
“para producir 1 kg de oro se llega a usar 10, 15 o hasta 20 kg de mercurio que va directamente al ambiente y el mercurio no es biodegradable (…) dato interesante es que nuestro país es de los mayores importadores de mercurio del mundo”.
Se hizo referencia al estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que en 2023 demostró que el 74,5% de la población indígena participante de la muestra (302 personas) superó el rango máximo establecido a nivel internacional (1 ppm) y marcó un promedio de 3,93 ppm de mercurio en sus cuerpos.. Esta contaminación se debe principalmente a la liberación de mercurio al ambiente, sobre todo a los ríos, provocando la conversión del mercurio metálico en metilmercurio y provocando la contaminación de los peces y, por su intermedio, a las personas que consumen pescado, siendo los principales afectados aquellos pueblos o comunidades indígenas que tienen al pescado como principal fuente de proteína en sus dietas.
La exposición concluyó haciendo un reconocimiento a las luchas locales y una invitación a continuar en este momento con las acciones para hacer frente a la minería, sobre todo ilegal, a fin de no lamentar en el futuro las consecuencias provocadas por esta forma de extractivismo.
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