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CPILAP alerta sobre el incumplimiento de la acción popular contra la minería ilegal del oro en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes

Este 7 de julio, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), junto a sus organizaciones afiliadas, denunciaron el incumplimiento a la tutela de acción popular impuesta en contra de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre otras instituciones, debido a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, la salud de las comunidades, un medio ambiente sano y a la consulta previa, libre e informada frente al avance de la minería aurífera ilegal.

El nuevo directorio de la CPILAP a la cabeza de Noé Marcos Macuapa junto a Magali Tipuni, presidenta del Consejo Regional Tsimane Mosetén (CRTM) y Jorge Canamari Lora, presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), se apersonaron al juzgado de Rurrenabaque con el objetivo de presentar un memorial de incumplimiento de la tutela de su acción popular emitida en 2023.

“Ya son más de 3 años y hasta la fecha no se ha visto el cumplimiento de este mandato que ha otorgado el juez de Rurrenabaque” afirmó la presidenta del CRTM.

Las autoridades denunciaron que, pese a la insistencia ante las instituciones públicas demandadas para que adopten acciones concretas en defensa de los pueblos indígenas frente a la contaminación minera, las respuestas recibidas evidencian una falta de voluntad para enfrentar esta grave problemática, que se extiende por todo el norte amazónico del departamento de La Paz y parte de los departamentos de Pando y Beni.

“Esperamos que las autoridades competentes, el gobierno como tal nos escuchen  y se dé pronta solución a este pedido que tenemos y respeten nuestro territorio y a nuestros pueblos indígenas” denunciaba Macuapa antes de entregar la resolución en el juzgado.

Por otra parte las organizaciones afirmaron no haber sido tomados en cuenta en la elaboración del Plan Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio presentado el pasado 26 de junio de 2025 en la ciudad de La Paz en un foro internacional.

“A casi dos años de la extensión de la Resolución precitada, las partes no han cumplido a cabalidad ninguno de los puntos Dispuestos por su autoridad, siendo principalmente preocupante el incumplimiento del punto e) de su Resolución, con relación a la garantía de la participación de la CPILAP en los procesos de elaboración del Plan Nacional para la Reducción y Control del uso del mercurio, debiendo DENUNCIARSE que, NO PARTICIPAMOS EN LA ELABORACIÓN PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL USO DEL MERCURIO” afirma la resolución presentada en el juzgado.

Con la presentación de este memorial, se espera el pronunciamiento del juez de Rurrenabaque y exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de las diez medidas establecidas en 2023, orientadas a garantizar el bienestar de las poblaciones indígenas y la protección de la cuenca de los ríos Beni y Madre de Dios que incluye a los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey e incluso el Tequeje. Además, el documento exige una solicitud de respuesta a resoluciones presentadas por los anteriores directorios de la CPILAP en los que se denuncia el incumplimiento de la acción popular.

Por lo tanto a través del cumplimiento de la acción popular se espera la paralización de las actividades mineras ilegales que se desarrollan en las cuencas de los ríos, la prohibición de entrega de nuevos derechos mineros en el área y la fiscalización a las actividades mineras autorizadas para que estas cumplan con las normativas ambientales. Asimismo, se busca la realización de estudios y seguimiento sobre los impactos del mercurio y el desarrollo de diferentes programas que velen por la salud de las poblaciones afectadas.

Sobre la acción popular

La acción popular fue presentada el primero de agosto del 2023 frente al crecimiento exponencial de la minería en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, protagonizada por cooperativistas y por la evidencia de contaminación y afectación a la salud por mercurio a los pueblos indígenas que aglutinan la CPILAP.

Los resultados del estudio sobre impactos de la minería, realizado por la CPILAP entre 2022 y presentado en junio del 2023, reveló que a partir de la toma de muestras a 305 personas de 36 comunidades indígenas ribereñas pertenecientes a los pueblos Tsimane, Ese Ejja, Leco, Mosetén, Uchupiamona y Tacana, el 74,5% de la población supera los niveles permitidos de mercurio en el cuerpo (1 ppm). Los pueblos más afectados son aquellos que no tienen vinculación con las actividades de explotación aurífera pero se ven afectados por el consumo de pescado contaminado con el metal.

Frente a la acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, el juez de Rurrenabaque, Edwin Pallete Huarachi, otorgó tutela a la acción interpuesta en 2023, resolviendo los siguientes puntos:

1.- La suspensión de toda actividad minera ilegal que se encuentren en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes el rio Tuichi, Quiquibey, Alto Beni y Kaka, inclusive el rio Tequeje.

2.- La suspensión de la actividad de mineras que no tengan licencia ambiental, que se encuentran en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes el rio Tuichi, Quiquibey, Alto Beni y Kaka, inclusive el rio Tequeje.

3.- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, desarrolle verdaderos procesos de consulta previa como se ha expresado en esta resolución.

4.- Se ordena a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, suspender la otorgación de nuevos derechos mineros en las cuencas o riberas del Rio Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje, hasta en tanto se realicen controles eficaces sobre los pasivos ambientales mineros y se ejecuten programas para rehabilitar las aguas.

5.- Se garantice la participación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, en los procesos de elaboración del Plan Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio, en especial en las cabeceras de los ríos, también aquellas comunidades originarias campesinos e interculturales.

6.- Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se repita el estudio efectuado con cintas reactivas, sobre la calidad del agua de consumo en comunidades indígenas ribereñas de los ríos Beni y Madre de Dios, como también en los ríos de Cotacajes, Coopi

7.- Se ordena al Ministerio de Desarrollo de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través de su direcciones que corresponda, siembre alevines en los ríos Beni y Madre de Dios, en coordinación con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, y los Municipios que tengan jurisdicción territorial y colindancia con los ríos Beni y Madre de Dios.

8.- Se remita antecedente la Fiscalía General del Estado, para que realicen las investigaciones pertinentes, tomando en cuenta que existe indicios de contaminación y afectación a la salud por el metilmercurio a las comunidades indígenas que aglutinan la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Por secretaría dentro de plazo de ley, remita todo los actuados y la presente resolución, al Tribunal Constitucional Plurinacional

9.- Se ordena la Ministerio de Salud y Deporte, realice gestiones para el tratamiento médico de aquellas personas que han sido identificados con alto grado metilmercurio por exposición, principalmente miembros de la Comunidades Esse Ejja, Tsimane y Mosetenes.

10.- Se ordena a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivia realicen controles rutinarios en los ríos Rio Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje para contrallar y evitar la proliferación de minería ilegal.

Estos serian los 10 puntos que fueron denunciados por la CPILAP, el CRTM y el CIPTA, debido al incumplimiento de las resoluciones de la acción popular por parte de entidades gubernamentales. La demanda de incumplimiento sostiene que las actividades mineras en ríos persiste y atenta de manera directa contra su derecho a la libre determinación, la consulta previa libre e informada, al medio ambiente, a la integridad y gestión territorial y principalmente a la salud de los pueblos indígenas.

Puede acceder al memorial de incumplimiento aqui: