La Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas es, al mismo tiempo, un área protegida nacional y un territorio indígena. En 1977, fue declarada Reserva de la Biósfera por el programa Hombre y Biósfera (MAB) de la UNESCO, orientado a desarrollar métodos de conservación y desarrollo sostenible que fortalezcan la relación entre las personas y su entorno. En 1992, en el marco de las luchas indígenas de los pueblos de tierras bajas, mediante el Decreto Supremo 23110, se le reconoció oficialmente como territorio indígena (art. 1) y como Reserva de la Biósfera (art. 2). Su objetivo principal es preservar la biodiversidad y la integridad genética de la flora y fauna, así como garantizar el pleno desarrollo y el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas que la habitan.
La Reserva de la Biósfera Pilón Lajas abarca 400 mil hectáreas y es una de las áreas protegidas más biodiversas del país. Forma parte del Corredor de Conservación de la Biodiversidad Madidi–Pilón Lajas–Cotapata, y es la Casa Grande de 23 comunidades indígenas de los pueblos T’simane, Mosetén y Tacana, con una población total de 1.784 personas. En el marco organizativo de los pueblos indígenas de tierras bajas, estas comunidades están articuladas en el Consejo Regional T’simane Mosetene de Pilón Lajas (CRTM-PL), afiliado a su vez a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). La cogestión del Pilón Lajas recae en el CRTM-PL, junto a la dirección y el cuerpo de protección del área.
1.1. Pilón Lajas libre de actividad minera
En febrero de 2025 se llevó a cabo, en la localidad de Rurrenabaque, la primera reunión de municipios y territorios libres de actividad minera, con la participación de los gobiernos municipales y los sectores sociales de Palos Blancos, Alto Beni, Rurrenabaque y San Buenaventura. Su objetivo fue el intercambio de experiencias en relación con la defensa territorial ante el avance del extractivismo minero y la identificación de los desafíos en el corto plazo. En este espacio surgieron dos propuestas desde el Pilón Lajas: la primera, declararse “territorio libre de actividad minera”, en cumplimiento de la voluntad de su población y lo establecido en su decreto de creación; y la segunda, elevar a rango de ley nacional el Decreto Supremo 23110.
Con la intención de hacer efectivas estas propuestas, desde el CRTM-PL se determinó iniciar un proceso de consulta a las comunidades indígenas de Pilón Lajas, con el objetivo de conocer su acuerdo o desacuerdo con estas medidas, para luego tratarlas en la asamblea territorial. Es así que se planificó un recorrido por las comunidades ubicadas sobre el río Beni, el río Quiquibey y a lo largo de la carretera Rurrenabaque–Yucumo–Palos Blancos. El equipo humano a cargo de llevar adelante esta iniciativa fue el directorio del CRTM-PL junto a técnicos de la organización, así como integrantes de la Fundación Solón en Rurrenabaque.
Foto: Encuentro de Municipios y Territorios Libres de Minería. Archivo Fundación Solón, 2025.
1.2. Antes, un repaso por la memoria viva de la defensa del Pilón Lajas frente a la minería
Para asegurar los objetivos de conservación del Pilón Lajas, el Decreto Supremo 23110 establece en su artículo 5: “Se prohíbe la otorgación de nuevas áreas de Colonización, Agraria, Forestal, Minera y Petrolera, garantizándose sin embargo los asentamientos de colonos, campesinos y propiedades agrarias, así como también las concesiones forestales, mineras y petroleras establecidas legalmente con anterioridad al presente Decreto Supremo, las mismas que estarán sujetas a reglamentación especial”.
Pese a esta restricción, entre las gestiones 2019 y 2023 llegaron hasta la Dirección de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas solicitudes de cooperativas y empresas mineras para la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), que les permitiera viabilizar sus solicitudes de contratos mineros en la zona. Estas fueron rechazadas en cumplimiento estricto del artículo 5 del Decreto Supremo 23110..
Por otra parte, en 2021, la dirigencia indígena del CRTM-PL accedió a información sobre trámites para contratos mineros en el río Beni y zonas aledañas al Pilón Lajas, que sumaban un total de 15 solicitudes de contrato y constituían una grave amenaza para la población indígena y la conservación del área. Frente a ello, en la asamblea del CRTM-PL de 2021, mediante voto resolutivo, las comunidades exhortaron a la AJAM a paralizar las solicitudes de contratos mineros en curso. En ese entonces, la vicepresidenta del CRTM-PL expresó:
“Como pueblos indígenas rechazamos enfáticamente la minería dentro de nuestro territorio. Pedimos al gobierno que nos consulte y que no nos atropelle. Pedimos al pueblo de Rurrenabaque que se una a este pedido que hacemos (…). Somos un pueblo turístico y estamos en contra de la minería. Por eso, pedimos al gobierno nacional que se anulen las cuadrículas, porque —como pueblos indígenas— no vamos a permitir que las empresas mineras nos atropellen. Vamos a unir fuerzas para que estos proyectos no sean posibles”. Magalí Tipuni, vicepresidenta del CRTM-PL 2021 – 2024.
Ese mismo año, una empresa minera intentó cooptar a la dirigencia de la comunidad indígena Charque para ingresar a realizar explotación aurífera en el Pilón Lajas, sobre el río Beni. Un hecho similar ocurrió en la comunidad Asunción, ubicada a orillas del río Quiquibey. Estos acontecimientos fueron denunciados por los corregidores de ambas comunidades y, ante estas amenazas, en las asambleas del CRTM-PL de octubre de 2021 y marzo de 2022 se emitieron votos resolutivos en los que la población indígena rechazó de manera rotunda la actividad minera, denunció a la AJAM y al SERNAP por viabilizar las solicitudes de mineros, y se declaró en emergencia por la defensa de sus derechos y territorio.
Entre 2022 y 2023, el CRTM-PL fue parte activa del estudio promovido por la CPILAP para determinar los impactos de la contaminación minera en los pueblos indígenas de La Paz. Los resultados fueron alarmantes: el 74,5 % de la población indígena que participó en la muestra presentó niveles de mercurio en el cuerpo muy por encima del límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los pueblos más afectados fueron el Ese Ejja, T’simane y Mosetén, que tienen a la pesca como una de sus principales actividades de subsistencia.
Foto: Presentación de la Acción Popular de la CPILAP. Archivo Fundación Solón, 2023.
Esta situación llevó al CRTM-PL a apoyar la Acción Popular interpuesta en agosto de 2023 por la CPILAP contra el Ministerio de Minería y Metalurgia, la AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Gobernación de La Paz, por la vulneración de los derechos a la libre determinación; a la consulta previa, libre e informada; al medio ambiente; a la integridad territorial; a la gestión territorial; y, principalmente, a la salud. Como resultado, el juzgado de Rurrenabaque, constituido en Tribunal de Garantías, otorgó la tutela a la Acción Popular de la CPILAP y determinó diez medidas de protección a los derechos de los pueblos indígenas del norte de La Paz.
Este repaso cronológico de las acciones de defensa del Pilón Lajas narra una parte fundamental de lo vivido en los últimos años por su población y por quienes asumen el compromiso de precautelar el área conforme a los objetivos de su creación. Cada hecho relatado encierra las esperanzas de protección, los temores frente a la devastación ambiental y la indignación ante la indiferencia de quienes deberían garantizar la conservación del Pilón Lajas y los derechos de su gente. Esta historia reciente evidencia la importancia de la unidad y el fortalecimiento interno, del aprendizaje acumulado en cada paso, y de la necesidad de seguir construyendo alternativas para resguardar este espacio biodiverso, ancestral y de autodeterminación de los pueblos T’simane, Mosetene y Tacana.
fundacionsolon.org 
La Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas es, al mismo tiempo, un área protegida nacional y un territorio indígena. En 1977, fue declarada Reserva de la Biósfera por el programa Hombre y Biósfera (MAB) de la UNESCO, orientado a desarrollar métodos de conservación y desarrollo sostenible que fortalezcan la relación entre las personas y su entorno. En 1992, en el marco de las luchas indígenas de los pueblos de tierras bajas, mediante el Decreto Supremo 23110, se le reconoció oficialmente como territorio indígena (art. 1) y como Reserva de la Biósfera (art. 2). Su objetivo principal es preservar la biodiversidad y la integridad genética de la flora y fauna, así como garantizar el pleno desarrollo y el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas que la habitan.
La Reserva de la Biósfera Pilón Lajas abarca 400 mil hectáreas y es una de las áreas protegidas más biodiversas del país. Forma parte del Corredor de Conservación de la Biodiversidad Madidi–Pilón Lajas–Cotapata, y es la Casa Grande de 23 comunidades indígenas de los pueblos T’simane, Mosetén y Tacana, con una población total de 1.784 personas. En el marco organizativo de los pueblos indígenas de tierras bajas, estas comunidades están articuladas en el Consejo Regional T’simane Mosetene de Pilón Lajas (CRTM-PL), afiliado a su vez a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). La cogestión del Pilón Lajas recae en el CRTM-PL, junto a la dirección y el cuerpo de protección del área.
1.1. Pilón Lajas libre de actividad minera
En febrero de 2025 se llevó a cabo, en la localidad de Rurrenabaque, la primera reunión de municipios y territorios libres de actividad minera, con la participación de los gobiernos municipales y los sectores sociales de Palos Blancos, Alto Beni, Rurrenabaque y San Buenaventura. Su objetivo fue el intercambio de experiencias en relación con la defensa territorial ante el avance del extractivismo minero y la identificación de los desafíos en el corto plazo. En este espacio surgieron dos propuestas desde el Pilón Lajas: la primera, declararse “territorio libre de actividad minera”, en cumplimiento de la voluntad de su población y lo establecido en su decreto de creación; y la segunda, elevar a rango de ley nacional el Decreto Supremo 23110.
Con la intención de hacer efectivas estas propuestas, desde el CRTM-PL se determinó iniciar un proceso de consulta a las comunidades indígenas de Pilón Lajas, con el objetivo de conocer su acuerdo o desacuerdo con estas medidas, para luego tratarlas en la asamblea territorial. Es así que se planificó un recorrido por las comunidades ubicadas sobre el río Beni, el río Quiquibey y a lo largo de la carretera Rurrenabaque–Yucumo–Palos Blancos. El equipo humano a cargo de llevar adelante esta iniciativa fue el directorio del CRTM-PL junto a técnicos de la organización, así como integrantes de la Fundación Solón en Rurrenabaque.
1.2. Antes, un repaso por la memoria viva de la defensa del Pilón Lajas frente a la minería
Para asegurar los objetivos de conservación del Pilón Lajas, el Decreto Supremo 23110 establece en su artículo 5: “Se prohíbe la otorgación de nuevas áreas de Colonización, Agraria, Forestal, Minera y Petrolera, garantizándose sin embargo los asentamientos de colonos, campesinos y propiedades agrarias, así como también las concesiones forestales, mineras y petroleras establecidas legalmente con anterioridad al presente Decreto Supremo, las mismas que estarán sujetas a reglamentación especial”.
Pese a esta restricción, entre las gestiones 2019 y 2023 llegaron hasta la Dirección de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas solicitudes de cooperativas y empresas mineras para la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), que les permitiera viabilizar sus solicitudes de contratos mineros en la zona. Estas fueron rechazadas en cumplimiento estricto del artículo 5 del Decreto Supremo 23110..
Por otra parte, en 2021, la dirigencia indígena del CRTM-PL accedió a información sobre trámites para contratos mineros en el río Beni y zonas aledañas al Pilón Lajas, que sumaban un total de 15 solicitudes de contrato y constituían una grave amenaza para la población indígena y la conservación del área. Frente a ello, en la asamblea del CRTM-PL de 2021, mediante voto resolutivo, las comunidades exhortaron a la AJAM a paralizar las solicitudes de contratos mineros en curso. En ese entonces, la vicepresidenta del CRTM-PL expresó:
“Como pueblos indígenas rechazamos enfáticamente la minería dentro de nuestro territorio. Pedimos al gobierno que nos consulte y que no nos atropelle. Pedimos al pueblo de Rurrenabaque que se una a este pedido que hacemos (…). Somos un pueblo turístico y estamos en contra de la minería. Por eso, pedimos al gobierno nacional que se anulen las cuadrículas, porque —como pueblos indígenas— no vamos a permitir que las empresas mineras nos atropellen. Vamos a unir fuerzas para que estos proyectos no sean posibles”. Magalí Tipuni, vicepresidenta del CRTM-PL 2021 – 2024.
Ese mismo año, una empresa minera intentó cooptar a la dirigencia de la comunidad indígena Charque para ingresar a realizar explotación aurífera en el Pilón Lajas, sobre el río Beni. Un hecho similar ocurrió en la comunidad Asunción, ubicada a orillas del río Quiquibey. Estos acontecimientos fueron denunciados por los corregidores de ambas comunidades y, ante estas amenazas, en las asambleas del CRTM-PL de octubre de 2021 y marzo de 2022 se emitieron votos resolutivos en los que la población indígena rechazó de manera rotunda la actividad minera, denunció a la AJAM y al SERNAP por viabilizar las solicitudes de mineros, y se declaró en emergencia por la defensa de sus derechos y territorio.
Entre 2022 y 2023, el CRTM-PL fue parte activa del estudio promovido por la CPILAP para determinar los impactos de la contaminación minera en los pueblos indígenas de La Paz. Los resultados fueron alarmantes: el 74,5 % de la población indígena que participó en la muestra presentó niveles de mercurio en el cuerpo muy por encima del límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los pueblos más afectados fueron el Ese Ejja, T’simane y Mosetén, que tienen a la pesca como una de sus principales actividades de subsistencia.
Esta situación llevó al CRTM-PL a apoyar la Acción Popular interpuesta en agosto de 2023 por la CPILAP contra el Ministerio de Minería y Metalurgia, la AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Gobernación de La Paz, por la vulneración de los derechos a la libre determinación; a la consulta previa, libre e informada; al medio ambiente; a la integridad territorial; a la gestión territorial; y, principalmente, a la salud. Como resultado, el juzgado de Rurrenabaque, constituido en Tribunal de Garantías, otorgó la tutela a la Acción Popular de la CPILAP y determinó diez medidas de protección a los derechos de los pueblos indígenas del norte de La Paz.
Este repaso cronológico de las acciones de defensa del Pilón Lajas narra una parte fundamental de lo vivido en los últimos años por su población y por quienes asumen el compromiso de precautelar el área conforme a los objetivos de su creación. Cada hecho relatado encierra las esperanzas de protección, los temores frente a la devastación ambiental y la indignación ante la indiferencia de quienes deberían garantizar la conservación del Pilón Lajas y los derechos de su gente. Esta historia reciente evidencia la importancia de la unidad y el fortalecimiento interno, del aprendizaje acumulado en cada paso, y de la necesidad de seguir construyendo alternativas para resguardar este espacio biodiverso, ancestral y de autodeterminación de los pueblos T’simane, Mosetene y Tacana.
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