Las reuniones comunales permitieron recoger una serie de reflexiones claves sobre las amenazas al territorio y al área protegida, así como las preocupaciones actuales de las comunidades del Pilón Lajas. A continuación, se presenta un resumen de los temas comunes expresados durante las plenarias:
Memoria de las amenazas al Pilón Lajas y las acciones de defensa.
En primer lugar, se identificó una memoria colectiva especialmente entre las personas mayores, quienes recordaron distintos momentos en que el territorio y el área protegida enfrentaron intentos de ingreso de actividades externas. Se mencionaron casos concretos, como el avasallamiento a la laguna Azul y a las áreas cercanas a la comunidad Charque; el saqueo de madera; las exploraciones sísmicas realizadas por empresas petroleras; y los estudios previos relacionados con la represa Chepete Bala. En todos estos casos, las comunidades se organizaron mediante asambleas para rechazar estas amenazas, emitiendo votos resolutivos y ejecutando acciones de hecho, como expulsiones, bloqueos de río y denuncias.
Preocupación por la minería aurífera y sus impactos a la biodiversidad, a la salud y a la organización
Respecto a la minería aurífera, las y los comunarios, particularmente del sector del río, relataron haber enfrentado años atrás presiones e intentos de cooptación para permitir el ingreso de actores mineros. Estos hechos fueron comunicados a sus autoridades territoriales y en las asambleas. En la mayoría de las comunidades, uno de los puntos más reiterados fue la preocupación por los impactos en la salud, a partir de los resultados del estudio de contaminación por mercurio realizado por la CPILAP que evidenció niveles peligrosos de exposición. Algunas comunidades aprovecharon el espacio para consultar sobre los avances en la implementación de esta acción popular y encargaron al CRTM-PL realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Tribunal de Garantías de Rurrenabaque. En relación a la biodiversidad, en comunidades como Alto Colorado surgió la pregunta de cómo impacta la contaminación de la minería a la biodiversidad y si los riesgos se extienden más allá de los ríos. Esta interrogante es altamente relevante en el actual contexto y demanda continuar investigando. En general, las comunidades expresaron que es necesario que toda la población conozca los impactos de la minería.
Foto: Comunidad Corte. Archivo Fundación Solón, 2025.
Crisis económica, vulnerabilidad y riesgo de ingreso minero
También se identificó una relación entre el contexto de crisis económica y el riesgo del ingreso de la minería, especialmente luego de que las comunidades perdieran sus cultivos debido a los incendios forestales de 2023 y las inundaciones del presente año. Se advirtió que el alza del precio del oro representa un incentivo que puede debilitar la posición comunitaria frente a la minería, si es que no se abordan colectivamente los impactos y no se consolidan acuerdos internos de protección del territorio.
Daños al río Beni
Las comunidades del sector río expresaron su preocupación por los efectos ya visibles de la minería aguas arriba, como la turbidez permanente del río Beni. En contraste, el río Quiquibey aún conserva sus ciclos naturales. Las comunidades asentadas sobre el Quiquibey manifestaron un rechazo a cualquier actividad minera, destacando el rol fundamental del río en la navegación, la pesca y la vida cotidiana.
Foto: Río Quiquibey. Archivo Fundación Solón, 2025.
Participación de la comunidad y de los jóvenes en el control territorial
También se abordó el rol de la juventud en las tareas de protección. Mientras que en algunas comunidades se evidenció una participación activa, en otras se señaló una desvinculación progresiva de jóvenes de las dinámicas comunales. En lugares como San José de Canaán, las y los jóvenes expresaron preocupaciones sobre cómo actuar ante el ingreso de personas externas al territorio, lo que permitió abrir el debate sobre los mecanismos internos de control y el rol que cumplen los guardaparques. Además, en gran parte de las comunidades se llegó a la conclusión de que cada comunario y comunaria debe ser un protector celoso del territorio, que no facilite el ingreso de personas externas para el aprovechamiento de recursos ni enseñe las rutas internas para la caza y pesca de autosustento, ya que luego los externos ingresan sin permiso y muchas veces a realizar caza furtiva. También se recordó que la protección no recae únicamente sobre los guardaparques, sino que es una tarea articulada entre la comunidad, los guardaparques y el Comité de Gestión.
Educación ambiental y conocimiento del territorio
Desde las comunidades del sector carretera se insistió en la necesidad de fortalecer la educación ambiental desde la escuela primaria. Así también, varias comunidades coincidieron en que toda la población conozca los límites del territorio y del área protegida como base para las acciones de monitoreo y control comunitario en apoyo al cuerpo de guardaparques.
Turismo comunitario como alternativa sostenible
Finalmente, se propuso reactivar el turismo comunitario como alternativa económica sostenible frente a la minería. Algunas comunidades del río cuentan con experiencias previas en esta actividad y manifestaron su interés en retomarla. Se indicó que para ello es necesario el apoyo de instituciones y la articulación con los gobiernos municipales, departamentales y nacional.
Foto: Comunidad Charque. Archivo Fundación Solón, 2025.
Respaldo a las propuestas del CRTM-PL y necesidad de unidad
De forma unánime, todas las comunidades visitadas respaldaron las propuestas presentadas por el CRTM-PL: declarar al Pilón Lajas como territorio libre de minería, elevar el Decreto Supremo 23110 al rango de ley y fortalecer el protocolo de consulta previa territorial. Coincidieron en que es necesario reforzar las herramientas normativas e institucionales para frenar el avance de actividades extractivas, y destacaron que la unidad entre comunidades es un factor clave para sostener la defensa territorial. En comunidades como Alto Colorado se concluyó que este camino no tendrá resultados inmediatos, que requerirá de gestiones, acciones de incidencia y, si es necesario, de medidas de presión. Por lo tanto, todas y todos deben saber que esta iniciativa no concluye con la decisión en la asamblea, sino que es el paso inicial.
Foto: Comunidad Alto Colorado. Archivo Fundación Solón, 2025.
El rol de los municipios
Las comunidades estuvieron de acuerdo con la determinación territorial de hacer respetar el decreto de creación del Pilón Lajas, pero surgió la consulta sobre cómo involucrar a los municipios que son parte del territorio y del área protegida, para que también desarrollen mecanismos de protección y apoyo a las comunidades y al Comité de Gestión. Se sugirió a la dirigencia del CRTM-PL que en sus gestiones con los gobiernos municipales incluyan este tema como una demanda y se pida que, en el marco de las competencias ambientales y de promoción de las vocaciones productivas locales, los gobiernos municipales desarrollen políticas que coadyuven a los objetivos del Pilón Lajas.
fundacionsolon.org 
Las reuniones comunales permitieron recoger una serie de reflexiones claves sobre las amenazas al territorio y al área protegida, así como las preocupaciones actuales de las comunidades del Pilón Lajas. A continuación, se presenta un resumen de los temas comunes expresados durante las plenarias:
En primer lugar, se identificó una memoria colectiva especialmente entre las personas mayores, quienes recordaron distintos momentos en que el territorio y el área protegida enfrentaron intentos de ingreso de actividades externas. Se mencionaron casos concretos, como el avasallamiento a la laguna Azul y a las áreas cercanas a la comunidad Charque; el saqueo de madera; las exploraciones sísmicas realizadas por empresas petroleras; y los estudios previos relacionados con la represa Chepete Bala. En todos estos casos, las comunidades se organizaron mediante asambleas para rechazar estas amenazas, emitiendo votos resolutivos y ejecutando acciones de hecho, como expulsiones, bloqueos de río y denuncias.
Respecto a la minería aurífera, las y los comunarios, particularmente del sector del río, relataron haber enfrentado años atrás presiones e intentos de cooptación para permitir el ingreso de actores mineros. Estos hechos fueron comunicados a sus autoridades territoriales y en las asambleas. En la mayoría de las comunidades, uno de los puntos más reiterados fue la preocupación por los impactos en la salud, a partir de los resultados del estudio de contaminación por mercurio realizado por la CPILAP que evidenció niveles peligrosos de exposición. Algunas comunidades aprovecharon el espacio para consultar sobre los avances en la implementación de esta acción popular y encargaron al CRTM-PL realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Tribunal de Garantías de Rurrenabaque. En relación a la biodiversidad, en comunidades como Alto Colorado surgió la pregunta de cómo impacta la contaminación de la minería a la biodiversidad y si los riesgos se extienden más allá de los ríos. Esta interrogante es altamente relevante en el actual contexto y demanda continuar investigando. En general, las comunidades expresaron que es necesario que toda la población conozca los impactos de la minería.
También se identificó una relación entre el contexto de crisis económica y el riesgo del ingreso de la minería, especialmente luego de que las comunidades perdieran sus cultivos debido a los incendios forestales de 2023 y las inundaciones del presente año. Se advirtió que el alza del precio del oro representa un incentivo que puede debilitar la posición comunitaria frente a la minería, si es que no se abordan colectivamente los impactos y no se consolidan acuerdos internos de protección del territorio.
Las comunidades del sector río expresaron su preocupación por los efectos ya visibles de la minería aguas arriba, como la turbidez permanente del río Beni. En contraste, el río Quiquibey aún conserva sus ciclos naturales. Las comunidades asentadas sobre el Quiquibey manifestaron un rechazo a cualquier actividad minera, destacando el rol fundamental del río en la navegación, la pesca y la vida cotidiana.
También se abordó el rol de la juventud en las tareas de protección. Mientras que en algunas comunidades se evidenció una participación activa, en otras se señaló una desvinculación progresiva de jóvenes de las dinámicas comunales. En lugares como San José de Canaán, las y los jóvenes expresaron preocupaciones sobre cómo actuar ante el ingreso de personas externas al territorio, lo que permitió abrir el debate sobre los mecanismos internos de control y el rol que cumplen los guardaparques. Además, en gran parte de las comunidades se llegó a la conclusión de que cada comunario y comunaria debe ser un protector celoso del territorio, que no facilite el ingreso de personas externas para el aprovechamiento de recursos ni enseñe las rutas internas para la caza y pesca de autosustento, ya que luego los externos ingresan sin permiso y muchas veces a realizar caza furtiva. También se recordó que la protección no recae únicamente sobre los guardaparques, sino que es una tarea articulada entre la comunidad, los guardaparques y el Comité de Gestión.
Desde las comunidades del sector carretera se insistió en la necesidad de fortalecer la educación ambiental desde la escuela primaria. Así también, varias comunidades coincidieron en que toda la población conozca los límites del territorio y del área protegida como base para las acciones de monitoreo y control comunitario en apoyo al cuerpo de guardaparques.
Finalmente, se propuso reactivar el turismo comunitario como alternativa económica sostenible frente a la minería. Algunas comunidades del río cuentan con experiencias previas en esta actividad y manifestaron su interés en retomarla. Se indicó que para ello es necesario el apoyo de instituciones y la articulación con los gobiernos municipales, departamentales y nacional.
De forma unánime, todas las comunidades visitadas respaldaron las propuestas presentadas por el CRTM-PL: declarar al Pilón Lajas como territorio libre de minería, elevar el Decreto Supremo 23110 al rango de ley y fortalecer el protocolo de consulta previa territorial. Coincidieron en que es necesario reforzar las herramientas normativas e institucionales para frenar el avance de actividades extractivas, y destacaron que la unidad entre comunidades es un factor clave para sostener la defensa territorial. En comunidades como Alto Colorado se concluyó que este camino no tendrá resultados inmediatos, que requerirá de gestiones, acciones de incidencia y, si es necesario, de medidas de presión. Por lo tanto, todas y todos deben saber que esta iniciativa no concluye con la decisión en la asamblea, sino que es el paso inicial.
Las comunidades estuvieron de acuerdo con la determinación territorial de hacer respetar el decreto de creación del Pilón Lajas, pero surgió la consulta sobre cómo involucrar a los municipios que son parte del territorio y del área protegida, para que también desarrollen mecanismos de protección y apoyo a las comunidades y al Comité de Gestión. Se sugirió a la dirigencia del CRTM-PL que en sus gestiones con los gobiernos municipales incluyan este tema como una demanda y se pida que, en el marco de las competencias ambientales y de promoción de las vocaciones productivas locales, los gobiernos municipales desarrollen políticas que coadyuven a los objetivos del Pilón Lajas.
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