El proceso de adecuación de las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATEs), que inicialmente debía durar dos años y medio, se ha extendido por más de ocho años y sigue lejos de concluirse. Esta afirmación no se fundamenta solo en las once resoluciones ministeriales que prorrogaron el inicio del proceso de reversión, sino también en las cifras oficiales que muestran un avance mínimo y, en algunos casos, contradictorio. Este artículo examina esas cifras y evidencia cómo el proceso de adecuación se ha convertido en un mecanismo fallido dentro del conjunto de reformas orientadas a la formalización del régimen minero en Bolivia.
Como se desarrolló en el primer artículo de esta serie, once resoluciones ministeriales ampliaron sucesivamente el plazo para completar el proceso de adecuación, postergando también la reversión de derechos mineros no regularizados. Estas resoluciones se sustentaron en informes técnico-jurídicos emitidos por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), elaborados por sus direcciones de Catastro y Asuntos Jurídicos, a solicitud del Ministerio de Minería y Metalurgia. Dichos informes contienen cifras que permiten analizar la evolución del proceso en los últimos años.
Antes de abordar el análisis de los datos, es necesario aclarar algunos términos. Los informes distinguen tres categorías de ATEs según su situación trámite:
ATEs con solicitud de adecuación: aquellas que han presentado la documentación requerida, pero se encuentran detenidas por observaciones o requisitos pendientes.
ATEs sin solicitud de adecuación: reconocidas oficialmente, pero cuyos titulares no han iniciado el proceso de regularización.
Universo de ATEs: la suma total de las dos categorías anteriores, que representa la línea base del proceso.
Los informes no especifican explícitamente cuántas ATEs han culminado el proceso con la firma de sus Contratos Administrativos Mineros (CAM), aunque esta información puede inferirse por diferencias entre los datos de distintos periodos. Además, el flujo de información no ha sido constante: los años 2019 y 2020 solo cuentan con un informe anual, y hay ausencias notables de datos durante el año 2020 y el primer semestre de 2022.
Gráfico 1. Evolución del proceso de adecuación según informes técnicos/legales de la AJAM (2019-2025)
Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones ministeriales del Ministerio de Minería y Metalurgia, 2025.
A partir de la sistematización de los datos, se identifican varios puntos críticos. Tras la promulgación del reglamento de adecuación, se contabilizaban 4.180 ATEs en todo el país. De ese total 2.917 ATEs (casi el 70%) habira presentando hasta junio del 2019 sus solicitudes de adecuación, mientras que las restantes 1.253 (30%) no habían iniciado trámites. Estas cifras podrían, en principio, respaldar la narrativa institucional sobre la voluntad de adecuación del sector. Sin embargo, un análisis sincrónico revela varias inconsistencias.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la evolución del universo de ATEs entre 2019 y 2025. Luego de una tendencia decreciente de aproximadamente 80 ATEs por semestre, se registra un incremento abrupto de más de 300 casos en 2025, lo cual contradice la lógica esperada. Si la AJAM estuviera culminando adecuaciones y firmando CAMs, debería observarse una reducción progresiva del universo de ATEs. Este incremento constituye una anomalía y genera desconfianza sobre el manejo institucional del proceso.
Dicha anormalidad puede deberse a al menos tres razones:
Inclusión tardía de nuevas ATEs que no figuraban inicialmente, reconociéndoles derechos preconstituidos y habilitándolas a operar bajo el amparo del artículo 186 de la Ley 535.
Retroceso de trámites avanzados, es decir, ATEs que estaban próximas a firmar su contrato, pero fueron observadas nuevamente y devueltas a etapas anteriores del proceso.
Errores de consolidación o publicación de datos por parte de la AJAM, lo cual compromete la seriedad y la validez de los informes y las resoluciones que de ellos derivan.
Independientemente de la causa, la presencia de inconsistencias en documentos oficiales debilita la credibilidad del proceso de adecuación, afectando no solo a la AJAM sino también a las instituciones que respaldan y validan sus datos.
Respecto al grupo de ATEs con solicitud, esta muestra altibajos (potencialmente atribuibles a la finalización de trámites o nuevos ingresos). Mientras que el grupo de ATEs sin solicitud debería disminuir progresivamente, pero no es así. Sin embargo, en el primer semestre de 2021 y el primero de 2023 se registran aumentos inesperados, reforzando la hipótesis de una ampliación continua del universo de ATEs y, por ende, del reconocimiento de nuevos derechos preconstituidos.
A estas cifras debe sumarse la dimensión de un problema estructural que también interpela a la AJAM: la reducción del universo de ATEs que han logrado firmar sus contratos ha sido mínima. En ocho años, solo se ha reducido en un 12%. Si se proyecta la tendencia registrada —incluido el dato del 2025—, el proceso de adecuación tomaría al menos 36 años más para completarse. Incluso sin considerar las cifras del 2025, el panorama sigue siendo crítico: entre 2019 y 2024 apenas se firmaron 827 contratos administrativos mineros, lo que representa apenas un 20% del universo inicial de 4.180 ATEs. Este ritmo no solo perjudica a los actores mineros —atrapados en un proceso interminable pese a haber presentado la documentación requerida—, sino también al Estado boliviano, que no logra concretar la formalización de derechos ni activar su reversión y redistribución conforme al marco legal vigente.
Si se intenta desagregara los datos por departamento basado en estimaciones basadas en las gacetas mineras de la AJAM (2016-2025), el 90% de las ATEs que aún no han culminado su proceso de adecuación se concentran en tres departamentos: Potosí (40%), La Paz (30%) y Oruro (20%), dejando solo un 10% al resto del país. Esta concentración territorial recarga de trabajo a las oficinas regionales de la AJAM en esos departamentos, generando cuellos de botella administrativos por la cantidad de trámites que cada uno de estas debe atender.
Así, el proceso de adecuación de las ATEs se perfila como un fracaso institucional, sostenido en una burocracia ineficiente, cifras poco confiables y decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer el régimen minero, lo debilitan y prolongan indefinidamente su transición legal.
Un fracaso institucional en el proceso de adecuación
Detrás del lento avance del proceso de adecuación y de sus porcentajes claramente desalentadores, se evidencia un fracaso institucional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad encargada de dirigir, regular y supervisar dicho proceso. A pesar de haber elaborado el reglamento correspondiente y de ser responsable del seguimiento de su implementación, la AJAM ha evadido responsabilidades sustantivas al declararse una instancia meramente técnico-jurídica. Esta postura omite que los datos oficiales que produce son fundamentales para que el Ministerio de Minería y Metalurgia emita resoluciones ministeriales que, en la práctica, amplían casi indefinidamente los plazos del proceso de adecuación.
A este debilitamiento institucional se suma un problema estructural en la gestión de la información. Los datos divulgados en 2025 presentan inconsistencias notorias, como el aumento sin explicación del número de ATEs pendientes de adecuación. Esta situación exige una aclaración pública por parte de la AJAM. No solo es urgente transparentar el estado actual del proceso, sino también informar sobre las limitaciones institucionales, operativas y políticas que han impedido su avance. Este ejercicio de transparencia no solo concierne al sector minero que espera la resolución de sus trámites, sino también a la sociedad boliviana en su conjunto, que observa cómo un proceso clave para la seguridad jurídica y ambiental del país se vuelve cada vez más opaco e ineficaz.
En este contexto, resulta urgente replantear el enfoque con el que se ha conducido el proceso de adecuación, así como revisar las responsabilidades políticas e institucionales implicadas. Este artículo ha demostrado cómo las sucesivas ampliaciones han desvirtuado el espíritu normativo de la Ley 535 y cómo la inacción —o incapacidad— de la AJAM compromete su legitimidad como autoridad reguladora en el ámbito minero.
fundacionsolon.org 
Por Fernando Alcons Salluco
El proceso de adecuación de las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATEs), que inicialmente debía durar dos años y medio, se ha extendido por más de ocho años y sigue lejos de concluirse. Esta afirmación no se fundamenta solo en las once resoluciones ministeriales que prorrogaron el inicio del proceso de reversión, sino también en las cifras oficiales que muestran un avance mínimo y, en algunos casos, contradictorio. Este artículo examina esas cifras y evidencia cómo el proceso de adecuación se ha convertido en un mecanismo fallido dentro del conjunto de reformas orientadas a la formalización del régimen minero en Bolivia.
Como se desarrolló en el primer artículo de esta serie, once resoluciones ministeriales ampliaron sucesivamente el plazo para completar el proceso de adecuación, postergando también la reversión de derechos mineros no regularizados. Estas resoluciones se sustentaron en informes técnico-jurídicos emitidos por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), elaborados por sus direcciones de Catastro y Asuntos Jurídicos, a solicitud del Ministerio de Minería y Metalurgia. Dichos informes contienen cifras que permiten analizar la evolución del proceso en los últimos años.
Antes de abordar el análisis de los datos, es necesario aclarar algunos términos. Los informes distinguen tres categorías de ATEs según su situación trámite:
Los informes no especifican explícitamente cuántas ATEs han culminado el proceso con la firma de sus Contratos Administrativos Mineros (CAM), aunque esta información puede inferirse por diferencias entre los datos de distintos periodos. Además, el flujo de información no ha sido constante: los años 2019 y 2020 solo cuentan con un informe anual, y hay ausencias notables de datos durante el año 2020 y el primer semestre de 2022.
Gráfico 1. Evolución del proceso de adecuación según informes técnicos/legales de la AJAM (2019-2025)
A partir de la sistematización de los datos, se identifican varios puntos críticos. Tras la promulgación del reglamento de adecuación, se contabilizaban 4.180 ATEs en todo el país. De ese total 2.917 ATEs (casi el 70%) habira presentando hasta junio del 2019 sus solicitudes de adecuación, mientras que las restantes 1.253 (30%) no habían iniciado trámites. Estas cifras podrían, en principio, respaldar la narrativa institucional sobre la voluntad de adecuación del sector. Sin embargo, un análisis sincrónico revela varias inconsistencias.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la evolución del universo de ATEs entre 2019 y 2025. Luego de una tendencia decreciente de aproximadamente 80 ATEs por semestre, se registra un incremento abrupto de más de 300 casos en 2025, lo cual contradice la lógica esperada. Si la AJAM estuviera culminando adecuaciones y firmando CAMs, debería observarse una reducción progresiva del universo de ATEs. Este incremento constituye una anomalía y genera desconfianza sobre el manejo institucional del proceso.
Dicha anormalidad puede deberse a al menos tres razones:
Independientemente de la causa, la presencia de inconsistencias en documentos oficiales debilita la credibilidad del proceso de adecuación, afectando no solo a la AJAM sino también a las instituciones que respaldan y validan sus datos.
Respecto al grupo de ATEs con solicitud, esta muestra altibajos (potencialmente atribuibles a la finalización de trámites o nuevos ingresos). Mientras que el grupo de ATEs sin solicitud debería disminuir progresivamente, pero no es así. Sin embargo, en el primer semestre de 2021 y el primero de 2023 se registran aumentos inesperados, reforzando la hipótesis de una ampliación continua del universo de ATEs y, por ende, del reconocimiento de nuevos derechos preconstituidos.
A estas cifras debe sumarse la dimensión de un problema estructural que también interpela a la AJAM: la reducción del universo de ATEs que han logrado firmar sus contratos ha sido mínima. En ocho años, solo se ha reducido en un 12%. Si se proyecta la tendencia registrada —incluido el dato del 2025—, el proceso de adecuación tomaría al menos 36 años más para completarse. Incluso sin considerar las cifras del 2025, el panorama sigue siendo crítico: entre 2019 y 2024 apenas se firmaron 827 contratos administrativos mineros, lo que representa apenas un 20% del universo inicial de 4.180 ATEs. Este ritmo no solo perjudica a los actores mineros —atrapados en un proceso interminable pese a haber presentado la documentación requerida—, sino también al Estado boliviano, que no logra concretar la formalización de derechos ni activar su reversión y redistribución conforme al marco legal vigente.
Si se intenta desagregara los datos por departamento basado en estimaciones basadas en las gacetas mineras de la AJAM (2016-2025), el 90% de las ATEs que aún no han culminado su proceso de adecuación se concentran en tres departamentos: Potosí (40%), La Paz (30%) y Oruro (20%), dejando solo un 10% al resto del país. Esta concentración territorial recarga de trabajo a las oficinas regionales de la AJAM en esos departamentos, generando cuellos de botella administrativos por la cantidad de trámites que cada uno de estas debe atender.
Así, el proceso de adecuación de las ATEs se perfila como un fracaso institucional, sostenido en una burocracia ineficiente, cifras poco confiables y decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer el régimen minero, lo debilitan y prolongan indefinidamente su transición legal.
Un fracaso institucional en el proceso de adecuación
Detrás del lento avance del proceso de adecuación y de sus porcentajes claramente desalentadores, se evidencia un fracaso institucional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad encargada de dirigir, regular y supervisar dicho proceso. A pesar de haber elaborado el reglamento correspondiente y de ser responsable del seguimiento de su implementación, la AJAM ha evadido responsabilidades sustantivas al declararse una instancia meramente técnico-jurídica. Esta postura omite que los datos oficiales que produce son fundamentales para que el Ministerio de Minería y Metalurgia emita resoluciones ministeriales que, en la práctica, amplían casi indefinidamente los plazos del proceso de adecuación.
A este debilitamiento institucional se suma un problema estructural en la gestión de la información. Los datos divulgados en 2025 presentan inconsistencias notorias, como el aumento sin explicación del número de ATEs pendientes de adecuación. Esta situación exige una aclaración pública por parte de la AJAM. No solo es urgente transparentar el estado actual del proceso, sino también informar sobre las limitaciones institucionales, operativas y políticas que han impedido su avance. Este ejercicio de transparencia no solo concierne al sector minero que espera la resolución de sus trámites, sino también a la sociedad boliviana en su conjunto, que observa cómo un proceso clave para la seguridad jurídica y ambiental del país se vuelve cada vez más opaco e ineficaz.
En este contexto, resulta urgente replantear el enfoque con el que se ha conducido el proceso de adecuación, así como revisar las responsabilidades políticas e institucionales implicadas. Este artículo ha demostrado cómo las sucesivas ampliaciones han desvirtuado el espíritu normativo de la Ley 535 y cómo la inacción —o incapacidad— de la AJAM compromete su legitimidad como autoridad reguladora en el ámbito minero.
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