San Cristóbal: entre el fracaso de una socialización y el camino a la Acción Popular

La humedad de una noche de lluvia y un viento cortante fueron la antesala del camino hasta un gran salón. El domingo, 16 de febrero, en la comunidad de San Cristóbal, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), titular del Territorio Indígena Originario Campesino Nor Lípez, había convocado a un ampliado de emergencia para que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) responda a una serie de crecientes dudas sobre el contrato con la empresa china CBC.

La testera permanecía vacía mientras los asistentes, en su mayoría dirigentes de comunidades y autoridades originarias, conversaban en pequeños grupos. El ambiente y sus actores se habían munido de preguntas para YLB en relación a: la tasa de interés de la deuda/ inversión, el candado sobre las regalías, la falta de consulta previa a los pueblos indígenas, el impacto ambiental por el uso intensivo de agua, la ausencia de estudios técnicos adecuados y muchas más.

Había un pequeño grupo de funcionarios de YLB que con cámaras y proyectores se alistaba a dar inicio a la socialización. Entre las autoridades del gobierno no se
encontraba el presidente de YLB, ni los viceministros Mayta, ni Arnez, a pesar de que esta socialización era clave y definitiva para el gobierno pues tanto la planta
de CBC como la de Uranium One Group necesitan del agua de la región de Nor Lípez.

En el frío salón que mas parecía un coliseo, rodeado por exautoridades, diputados y asambleístas departamentales, sólo se divisaba al ministro de Educación, Omar Veliz, que mas que un entendido en la materia es el operador político del gobierno de Luis Arce en el departamento de Potosí.

YLB repartía una cartilla titulada “Verdades y mentiras sobre los contratos de litio”. El contenido era poco prolijo, el grado de detalle inexistente, con formulaciones discrecionalmente favorables para YLB. En una de las 11 “mentiras y verdades” que tenía este panfleto se decía: “Mentira: no habrá transferencia de tecnología. Verdad: Al final de los contratos, las empresas transferirán la tecnología a YLB”.

«Al final de los contratos» es en más de 30 años cuando seguramente esa tecnología ya sea obsoleta. Pero lo que no decía esa cartilla era que durante 30 años YLB le pagaría por el uso de dicha tecnología 1.700 dólares por cada tonelada producida. Es decir que en 30 años CBC recibiría 1.785 millones de dólares (1.700 USD x 35.000 toneladas x 30 años). Era evidente que quienes hicieron la cartilla no habían leído el contrato con CBC y nos estaban tomando el pelo.

La sala tenía alrededor de 100 personas de diferentes comunidades de Nor Lípez. El evento acumulaba ya una hora de retraso cuando comenzaron los primeros reclamos: “¡Hora! ¡hora!”. Finalmente, subieron a la testera y tras las palabras de inauguración, se entonó el Himno Nacional. Todos se pusieron de pie, se quitaron los sombreros y las gorras. Algunos levantaron el puño izquierdo.

El corregidor de San Cristóbal tomó la palabra. Su discurso buscaba enmarcar la socialización como un proceso necesario para entender los términos del contrato. Súbitamente las palabras del corregidor fueron interrumpidas por el estruendo de petardos y gritos provenientes del exterior. Una columna de comunarios de Río Grande irrumpió en el salón, gritando “¡Río Grande se respeta, carajo!”. La consigna resonaba como un eco, multiplicada por las paredes del recinto. Eran alrededor de 200 personas que gritaban “no queremos socialización, no se nos ha socializado antes de la firma del contrato”. El argumento era simple, pero irrefutable.

Los funcionarios de YLB y su equipo técnico se desvanecieron en cuestión de segundos. La escena tomó un giro inesperado. Quienes habíamos asistido esperando una socialización, nos encontramos de frente con una posición mucho más contundente que ponía el dedo en la llaga: la falta de la consulta antes de la firma de los contratos.

La columna de Río Grande avanzó hacia la testera, moviendo y levantando las sillas, volcaron la mesa donde estaba sentado el ministro de Educación. Los representantes de Río Grande tomaron la palabra con discursos firmes y contundentes. Su demanda era clara: expulsar al ministro y una diputada, así como rechazar cualquier intento de socialización pues su derecho había sido ya vulnerado. La indignación era tangible, no solo en sus palabras, sino en el lenguaje corporal, en la determinación con la que cerraban filas alrededor de la testera.

A diferencia de los funcionarios de YLB que se habían esfumado, el ministro de educación permanecía en la sala esperando el momento para intentar conciliar posiciones. Sin embargo, la presión fue en aumento hasta que finalmente se vio obligado a retirarse escoltado por un policía.

Con la salida del ministro el ampliado recuperó su carácter interno. La asamblea empezó con un debate entre los miembros de la CUPCONL hasta concluir con
la lectura de una resolución por parte de su Secretario General, Iván Calcina.

El ampliado expresaba la indignación de un conjunto de comunidades que no habían sido consultadas antes de la firma de los contratos. El punto siete dejaba claro que esta lucha va más allá de la disputa entre evistas y arcistas. Al sur del salar, un pueblo hacía prevalecer sus derechos por encima de las disputas partidarias que habían dividido varias de sus organizaciones.

Entonces comenzó una ruta crítica que se convertiría en una Acción Popular en defensa del derecho a la información y el derecho a la consulta de los habitantes de la TIOC Nor Lípez