TUNUPA 130: Socializar no es Consultar

Descargue la publicación completa aqui

El telón se abre con una decisión que no se consultó, ni socializó

Desde su firma, los recientes contratos para la explotación del salar de Uyuni generaron diversas críticas en torno a la estrategia del Estado boliviano
para asociarse con capital extranjero en el proceso de industrialización del litio.

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un contrato de asociación accidental con la empresa rusa Uranium One Group, parte del consorcio estatal Rosatom, para la instalación de una planta de salmuera de pozo con una capacidad de 14.000 toneladas anuales. A esto se le suma un contrato de servicios con el consorcio chino Hong Kong CBC para la construcción de dos plantas adicionales: una de salmuera residual, con una capacidad de 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, y otra de salmuera de pozo con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), con una capacidad de 25.000 toneladas anuales.

Si bien los contratos han sido objeto de una amplia variedad de observaciones y críticas, las principales críticas se concentran en cinco aspectos clave:

1. Regalías del 3 %, con limitaciones que impiden negociar condiciones más favorables en el futuro.
2. Endeudamiento de 2.000 millones de dólares, sin claridad sobre las tasas de interés.
3. Proyecciones de precios del litio por encima de 24.000 USD por tonelada, frente a la caída de precios que a julio de 2025, se encuentran
   por debajo de los 7.500 dólares por tonelada de carbonato de litio grado batería.
4. La consulta previa no se realizó a la TIOC Nor Lípez, siendo esta una vulneración a un derecho colectivo.
5. Falta de estudios de impacto ambiental y opacidad en el manejo del agua.

Las críticas hacia los contratos vinieron desde múltiples sectores de la sociedad civil: investigadores, expertos, abogados, legisladores, diputados, senadores, activistas, dirigentes sindicales, campesinos, comunidades indígenas, mineros y representantes cívicos. En resumen, una amplia gama de actores expresó su desacuerdo con los términos y el contenido de los contratos. A inicios de año, la tensión en torno a los contratos crecía mientras estos recorrían los pasillos y comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En ese contexto ante la posibilidad de que los contratos fueran tratados en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados,
parlamentarios de la oposición solicitaron formalmente copias legalizadas del contrato con el consorcio chino CBC, como condición para su análisis en comisión. Esta solicitud, fue aceptada durante una sesión en la que inicialmente no se tenía previsto abordar el tema.

Sorprendentemente, en cuestión de horas, el equipo técnico YLB logró remitir toda la documentación legalizada. Un trámite que usualmente puede tardar varios días, fue ejecutado con una celeridad pocas veces vista. Con la información en manos de los legisladores, el tratamiento del contrato se volvió inminente. Finalmente, el contrato con CBC fue incluido en la agenda del 7 de febrero de 2025 y abordado en una sesión calificada por varios asistentes como bochornosa, marcada por tensiones y cuestionamientos hacia la Comisión y sus miembros.

Se abre el telón, la sesión para el tratamiento del contrato con el consorcio chino CBC comenzó temprano en la ciudad de La Paz. Hasta allí llegaron dirigentes sindicales de la región y representantes del Comité Cívico de Potosí y la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS). Los medios de comunicación también se movilizaron para dar cobertura al evento. Sin embargo, debido a la creciente concurrencia y al ambiente tenso, el presidente de la Comisión declaró cuarto intermedio. La tensión, lejos de disiparse, se intensificó. Todos los actores involucrados permanecieron en estado de alerta, a la espera de que en cualquier momento, la sesión pudiera reanudarse.

Tal como muchos anticiparon —y algunos incluso anunciaron públicamente—, el tratamiento del contrato se llevó a cabo durante la noche del 7 de febrero. Fue una sesión polémica: En principio se impidió el ingreso de algunos representantes sociales, sin ofrecer razones claras. Algunos asambleístas tampoco fueron notificados a tiempo, lo que provocó retrasos evidentes en su participación. Dentro de la comisión, se debatió durante varios minutos si correspondía tratar o no la ley de aprobación del contrato.

En una de las esquinas de la sala, se encontraban presentes tres figuras clave detrás de los contratos: el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; el ex presidente ejecutivo de YLB, Omar Alarcón; y el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta. Estas autoridades del ejecutivo permanecieron a la espera de que se alcanzara el número de votos necesarios para iniciar formalmente el tratamiento del proyecto de ley y comenzar así con las presentaciones justificativas de los contratos.

Con los votos alcanzados se procedió a las presentaciones formales y las consecuentes réplicas. Se desató un verdadero bombardeo de argumentos y preguntas dirigidas al contenido y los alcances de los contratos. Los cinco puntos críticos que mencionamos anteriormente —y varios otros más— fueron ampliamente abordados por los asambleístas, quienes cuestionaron la falta de claridad en la documentación remitida por el Ejecutivo.

Las críticas no vinieron únicamente de diputados de oposición. Representantes de la región, legisladores del propio oficialismo y activistas sociales también manifestaron serias objeciones. El bloque en oposición al contrato, por su parte, se presentó visiblemente más preparado y con conocimiento de detalle de la documentación de los contratos. La sesión fue intensa, marcada por un constante cruce de argumentos y observaciones técnicas.

En un momento clave del debate, el ministro Alejandro Gallardo sostuvo que la consulta previa no era procedente, argumentando que no corresponde las consultas previas porque todavía no hay un proyecto aprobado en ALP, al igual que los estudios de impactos ambientales.

Tras varias horas de discusión ya cerca de la madrugada, se procedió a la votación. Hubo posturas claramente enfrentadas: algunos legisladores manifestaron un rechazo contundente, mientras que otros aprobaron sin reservas. Resultó llamativa la posición de ciertos representantes de la oposición que votaron a favor del contrato, otros justificaron su decisión argumentando que la discusión debía continuar en la siguiente instancia del procedimiento legislativo, es decir, en el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante las semanas posteriores a la aprobación de los contratos con el consorcio chino en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, se generó una creciente especulación e incertidumbre en torno a los términos de los acuerdos. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, en fecha 14 de febrero de 2025, ofreció una conferencia de prensa en la que aclaró que los contratos no serían considerados ni tratados por la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que se llevarán a cabo procesos de socialización y difusión a la población.

El proceso de industrialización articulado y gestionado por YLB no se ha caracterizado por la mejor transparencia. En esta publicación buscamos responder a las siguientes preguntas en función de las migajas que nos ha dejado YLB en sus redes sociales y su página web en los últimos años: ¿Cómo fue el performance de YLB en cuanto a las socializaciones?; ¿Cuántas socializaciones realizó YLB en los últimos años?; ¿Dónde se realizaron?; ¿Todas las socializaciones fueron exitosas?; ¿Cómo le fue a YLB con los permisos que ha conseguido en este tiempo?; ¿Las socializaciones son lo mismo que los procesos de consulta para el consentimiento libre previo e informado?; ¿Cómo respondieron las comunidades indígenas donde no se realizó la consulta para el consentimiento de los contratos del litio?

Descargue la publicación completa aqui

CONTENIDO: