Palos Blancos y Alto Beni se declararon libres de minería en 2021 a través de las leyes municipales No. 233 y 097 respectivamente Antes, ya se había registrado la presencia de diversos actores interesados en la explotación del oro. Entre estos actores se encontraban tanto cooperativas mineras como empresas privadas que, previendo los posibles beneficios de la actividad, iniciaron trámites de solicitud de contratos mineros como una manera de reservar espacios para futuras operaciones extractivas, sin necesariamente garantizar su ejecución inmediata.
Ante este escenario, las comunidades interculturales e indígenas hicieron conocer su decisión: no a la minería porque es incompatible con la vocación productiva agroecológica de los municipios. Esta posición frente a la minería fue adoptada por los municipios —quienes a través de procesos legales y administrativos— lograron que en el catastro minero de la AJAM sus territorios sean restringidos. Esto quiere decir que, aquellas cuadrículas en trámite sobrepuestas a las jurisdicciones muncipales, han sido suspendidas y actualmente nadie puede solicitar reservas o derechos mineros en Palos Blancos y Alto Beni.
En Alto Beni se logró restringir 4.420 cuadrículas, equivalentes a 110.500 hectáreas.*
En Palos Blancos se restringieron 15.484 cuadrículas, que representan 387.100 hectáreas. *
En ambos municipios se paralizaron 54 trámites mineros en curso.
Sin embargo, según informantes clave, permanecen vigentes dos contratos mineros adjudicados antes de la restricción municipal.
*La superficie excede el tamaño del municipio, ya que las cuadriculas restringidas ubicadas en los límites municipales se extienden más allá de las fronteras del propio municipio.
54 trámites mineros suspendidos temporalmente en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni
Caso 2: Consejo Regional T’simane Mosetene de Pilón Lajas (CRTM-PL)
En el ámbito de los territorios indígenas, destaca el caso del Consejo Regional T’simane Mosetene d Pilón Lajas (CRTM-PL), cuya jurisdicción abarca la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. Este territorio, reconocido por su importancia ecológica y cultural, ha sido objeto de múltiples presiones debido al interés de diversos actores mineros.
Para el 2024, se habían identificado al menos nueve solicitudes de trámites mineros ingresados a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La mayoría de estas solicitudes provenían de operadores privados, y se concentraban principalmente en los bordes del territorio indígena, generando preocupación por el impacto ambiental y social que podrían ocasionar.
Frente a esta situación, el CRTM-PL decidió ejercer su derecho a la libre determinación y emitió una resolución que expresa su voluntad de ser territorio libre de minería. Esta decisión responde a normas internas y al Decreto Supremo N° 23110 del 9 de abril de 1992 que establece la creación de la “Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas” y la prohibición de actividades incompatibles con el objeto de protección, como la minería (art. 5)
En respuesta, la AJAM ha comunicado formalmente que el Pilón Lajas esta sobrepuesto a otras áreas restringidas previamente. Es decir, que existen al menos 6 restricciones de otorgación de derechos que ya atenderían el pedido de las comunidades Mosetenes, T’simanes y Tacanas por no permitir la solicitud de cualquier tipo de trámite minero, ni mucho menos la firma de un contrato minero dentro de su territorio.
A pesar de ello, persiste una constante tensión en las familias del CRTM-PL, que continúan enfrentando el desafío de salvaguardar sus espacios de vida frente al avance de intereses extractivos externos.
A 2025, se identificaron 9 trámites mineros en curso en inmediaciones del territorio Pilón Lajas.
Con la determinación comunitaria, se da paso a una restricción de una superficie aproximada de 416.700 hectáreas.
9 trámites mineros suspendidos temporalmente en el Consejo Regional T’simane Mosetene de Pilón Lajas
Fuente: A partir de cifras sistematizadas de la Gaceta Nacional Minera (2017’2024) e informantes clave
Caso 3: Rurrenabaque y San Buenaventura
Los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura representan un caso en construcción respecto a las resistencias frente a la expansión de la actividad minera aurífera. En ambos municipios, las organizaciones indígenas han expresado de manera clara su posición de rechazo a la minería, tanto legal como ilegal, debido a los impactos socioambientales que esta conlleva y, sobre todo, a las posibles repercusiones negativas sobre una de sus principales fuentes de sustento económico: el turismo y los emprendimientos asociados a esta actividad.
El análisis de los registros de trámites mineros presentados ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) muestra que hasta 2025 hay 20 solicitudes en curso, en su mayoría vinculadas a operadores privados. Estas solicitudes se ubican principalmente en los bordes de los territorios indígenas Tacana I, del rio Beni y del río Tequeje, lo que aumenta el riesgo de conflictos por el uso del espacio y de los bienes comunes.
Cabe mencionar que existe la resolución de un juez de Rurrenabaque derivada de la acción popular interpuesta por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que ordena la suspensión de toda actividad minera en el río Beni y sus afluentes hasta lograr la rehabilitación de los cursos de agua. Por lo que existe una restricción parcial de los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque. Ahora el desafío se encuentra en lograr la restricción en la totalidad de estos municipios.
En ambos municipios se identificaron 20 trámites mineros, especialmente en el río Beni, que se busca paralizar y dar de baja desde la AJAM.
Las comunidades indígenas de San Buenaventura buscan paralizar aproximadamente 294.900 hectáreas, equivalentes a 11.800 cuadrículas.
Las comunidades de Rurrenabaque buscan complementar la restricción iniciada por el CRTM-PL, paralizando unas 106.125 hectáreas, es decir, 4.245 cuadrículas.
20 trámites mineros suspendidos temporalmente en los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque
Fuente: A partir de cifras sistematizadas de la Gaceta Nacional Minera (2017’2024) e informantes clave
fundacionsolon.org 
Caso 1: Palos Blancos y Alto Beni
Palos Blancos y Alto Beni se declararon libres de minería en 2021 a través de las leyes municipales No. 233 y 097 respectivamente Antes, ya se había registrado la presencia de diversos actores interesados en la explotación del oro. Entre estos actores se encontraban tanto cooperativas mineras como empresas privadas que, previendo los posibles beneficios de la actividad, iniciaron trámites de solicitud de contratos mineros como una manera de reservar espacios para futuras operaciones extractivas, sin necesariamente garantizar su ejecución inmediata.
Ante este escenario, las comunidades interculturales e indígenas hicieron conocer su decisión: no a la minería porque es incompatible con la vocación productiva agroecológica de los municipios. Esta posición frente a la minería fue adoptada por los municipios —quienes a través de procesos legales y administrativos— lograron que en el catastro minero de la AJAM sus territorios sean restringidos. Esto quiere decir que, aquellas cuadrículas en trámite sobrepuestas a las jurisdicciones muncipales, han sido suspendidas y actualmente nadie puede solicitar reservas o derechos mineros en Palos Blancos y Alto Beni.
*La superficie excede el tamaño del municipio, ya que las cuadriculas restringidas ubicadas en los límites municipales se extienden más allá de las fronteras del propio municipio.
Caso 2: Consejo Regional T’simane Mosetene de Pilón Lajas (CRTM-PL)
En el ámbito de los territorios indígenas, destaca el caso del Consejo Regional T’simane Mosetene d Pilón Lajas (CRTM-PL), cuya jurisdicción abarca la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. Este territorio, reconocido por su importancia ecológica y cultural, ha sido objeto de múltiples presiones debido al interés de diversos actores mineros.
Para el 2024, se habían identificado al menos nueve solicitudes de trámites mineros ingresados a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La mayoría de estas solicitudes provenían de operadores privados, y se concentraban principalmente en los bordes del territorio indígena, generando preocupación por el impacto ambiental y social que podrían ocasionar.
Frente a esta situación, el CRTM-PL decidió ejercer su derecho a la libre determinación y emitió una resolución que expresa su voluntad de ser territorio libre de minería. Esta decisión responde a normas internas y al Decreto Supremo N° 23110 del 9 de abril de 1992 que establece la creación de la “Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas” y la prohibición de actividades incompatibles con el objeto de protección, como la minería (art. 5)
En respuesta, la AJAM ha comunicado formalmente que el Pilón Lajas esta sobrepuesto a otras áreas restringidas previamente. Es decir, que existen al menos 6 restricciones de otorgación de derechos que ya atenderían el pedido de las comunidades Mosetenes, T’simanes y Tacanas por no permitir la solicitud de cualquier tipo de trámite minero, ni mucho menos la firma de un contrato minero dentro de su territorio.
A pesar de ello, persiste una constante tensión en las familias del CRTM-PL, que continúan enfrentando el desafío de salvaguardar sus espacios de vida frente al avance de intereses extractivos externos.
A 2025, se identificaron 9 trámites mineros en curso en inmediaciones del territorio Pilón Lajas.
Con la determinación comunitaria, se da paso a una restricción de una superficie aproximada de 416.700 hectáreas.
Caso 3: Rurrenabaque y San Buenaventura
Los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura representan un caso en construcción respecto a las resistencias frente a la expansión de la actividad minera aurífera. En ambos municipios, las organizaciones indígenas han expresado de manera clara su posición de rechazo a la minería, tanto legal como ilegal, debido a los impactos socioambientales que esta conlleva y, sobre todo, a las posibles repercusiones negativas sobre una de sus principales fuentes de sustento económico: el turismo y los emprendimientos asociados a esta actividad.
El análisis de los registros de trámites mineros presentados ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) muestra que hasta 2025 hay 20 solicitudes en curso, en su mayoría vinculadas a operadores privados. Estas solicitudes se ubican principalmente en los bordes de los territorios indígenas Tacana I, del rio Beni y del río Tequeje, lo que aumenta el riesgo de conflictos por el uso del espacio y de los bienes comunes.
Cabe mencionar que existe la resolución de un juez de Rurrenabaque derivada de la acción popular interpuesta por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que ordena la suspensión de toda actividad minera en el río Beni y sus afluentes hasta lograr la rehabilitación de los cursos de agua. Por lo que existe una restricción parcial de los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque. Ahora el desafío se encuentra en lograr la restricción en la totalidad de estos municipios.
CoContenido:
Descargue la publicación completa aqui
Comparte esto: