1 Lograr el reconocimiento legal de la restricción basada en la autodeterminación.
Un desafío central es que las decisiones colectivas de comunidades indígenas, campesinas, Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) y gobiernos municipales de declararse como “territorios libres de minería” tengan un respaldo explícito en la normativa vigente. Esto implicaría incorporar la autodeterminación comunitaria como causal legítima de restricción en el catastro minero, garantizando que las resoluciones locales sean vinculantes y respetadas por las autoridades nacionales.
2 Lograr una restricción definitiva
Consolidar medidas que impidan de manera permanente la expansión de la minería aurífera en territorios comunitarios y áreas de alto valor ambiental y para la economía y producción local. No se trata únicamente de frenar temporalmente las solicitudes en el catastro minero, sino de garantizar que las restricciones tengan un carácter irreversible, asegurando así la protección a largo plazo de los ecosistemas y modos de vida locales.
3 Fortalecer las estrategias de inspección frente a la minería ilegal.
Las comunidades requieren apoyo técnico, logístico y financiero para organizar comisiones de control, realizar monitoreos constantes y contar con equipos de registro de evidencias. La disponibilidad de recursos es clave para que estas acciones no queden en esfuerzos aislados, sino que se conviertan en mecanismos sostenibles, efectivos y reconocidos por las autoridades gubernamentales correspondientes.
4 Articular una red de actores institucionales para la atención de denuncias en territorios declarados libres de minería
Es necesario consolidar mecanismos de coordinación entre la AJAM, la Policía, las autoridades municipales y las instancias de fiscalización ambiental, de modo que las denuncias de minería ilegal presentadas por comunidades no queden sin respuesta. Una opción para concretar esta coordinación es la consolidación del protocolo de acción frente a la minería ilegal que permitiría atender con rapidez los casos y fortalecer la confianza de las poblaciones en las instituciones estatales.
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Los siguientes retos son:
1 Lograr el reconocimiento legal de la restricción basada en la
autodeterminación.
Un desafío central es que las decisiones colectivas de comunidades indígenas, campesinas, Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) y gobiernos municipales de declararse como “territorios libres de minería” tengan un respaldo explícito en la normativa vigente. Esto implicaría incorporar la autodeterminación comunitaria como causal legítima de restricción en el catastro minero, garantizando que las resoluciones locales sean vinculantes y respetadas por las autoridades nacionales.
2 Lograr una restricción definitiva
Consolidar medidas que impidan de manera permanente la expansión de la minería aurífera en territorios comunitarios y áreas de alto valor ambiental y para la economía y producción local. No se trata únicamente de frenar temporalmente las solicitudes en el catastro minero, sino de garantizar que las restricciones tengan un carácter irreversible, asegurando así la protección a largo plazo de los ecosistemas y modos de vida locales.
3 Fortalecer las estrategias de inspección frente a la minería ilegal.
Las comunidades requieren apoyo técnico, logístico y financiero para organizar comisiones de control, realizar monitoreos constantes y contar con equipos de registro de evidencias. La disponibilidad de recursos es clave para que estas acciones no queden en esfuerzos aislados, sino que se conviertan en mecanismos sostenibles, efectivos y reconocidos por las autoridades gubernamentales correspondientes.
4 Articular una red de actores institucionales para la atención de denuncias en territorios declarados libres de minería
Es necesario consolidar mecanismos de coordinación entre la AJAM, la Policía, las autoridades municipales y las instancias de fiscalización ambiental, de modo que las denuncias de minería ilegal presentadas por comunidades no queden sin respuesta. Una opción para concretar esta coordinación es la consolidación del protocolo de acción frente a la minería ilegal que permitiría atender con rapidez los casos y fortalecer la confianza de las poblaciones en las instituciones estatales.
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