La trayectoria que une Lliquimuni y Mayaya Centro–Suapi muestra una misma lógica: frente a la crisis energética y fiscal, el Estado desplaza la frontera hidrocarburífera hacia la Zona No Tradicional amazónica, aun cuando allí se sostienen modos de vida agroecológicos consolidados —en particular, la cadena cooperativa del cacao. Más allá del optimismo oficial y las cifras preliminares, lo que está en juego no es solo un recurso, sino territorios vivos. A continuación se desarrollan los riesgos probables, diferenciando efectos locales (en torno a pozos y planta de gas) y regionales (asociados al gasoducto y a las facilidades de transporte).
A. Riesgos a escala local (pozos y planta de gas)
A.1 Drenajes alterados, suelo degradado y daños “fuera de huella”
La instalación de planchadas y la mejora/apertura de caminos en laderas húmedas modifican el escurrimiento natural del agua. Al reconducirse o concentrarse las corrientes, se generan surcos de erosión y se movilizan sedimentos que terminan depositándose en parcelas agricolas vecinas, colmatando zanjas, cubriendo raíces finas y afectando el vigor de las plantas. Aunque las compensaciones suelen cubrir la superficie intervenida directamente, los perjuicios a predios colindantes —pérdida de suelo fértil, caída del rendimiento, reposición de cercos y drenajes— quedan fuera del cálculo. En economías de pequeños productores, esta externalización de costos erosiona la base patrimonial y genera conflictos silenciosos que raramente constan en actasA.2. Antorchas (calor, hollín y emisiones)
A.2 Antorchas permanentes: calor, hollín y calidad del aire
El uso de antorchas encendidas 24/7 para quemar gas no aprovechable crea islas de calor que desbalancean el microclima del cacao, cultivo que depende de sombra y humedad estable. La combustión libera CO2, CO, NOx, SO2 y material particulado, incluyendo carbono negro (hollín) que se deposita en hojas y flores, reduciendo fotosíntesis y cuajado de frutos. En las noches secas y frías, el penacho de la antorcha puede descender y “ahumar” cultivos sensibles, además de afectar vías respiratorias de familias y trabajadores. Sin una estimación anual de horas de quema, alternativas de aprovechamiento y monitoreo continuo de calidad del aire con datos públicos, se naturaliza un impacto crónico que mella la base productiva del territorio.
A.3 Polinizadores del cacao y microclimas agroforestales
El cacao depende de polinizadores entomófilos —notoriamente especies del género Forcipomyia— que prosperan en microhábitats húmedos de sotobosque y hojarasca. Cambios sutiles de temperatura, reducción de humedad por apertura de claros y deposición de hollín sobre flores y estigmas disminuyen la polinización efectiva y, por tanto, la productividad. La simplificación del paisaje (más planchadas, más claros, menos cobertura) reduce refugios y sustratos, afectando riqueza y abundancia de insectos clave. Sin líneas base de polinizadores y sin corredores húmedos de conservación alrededor de los pozos, la merma se hace visible recién en la balanza de fin de cosecha.
A.4 Agua subterránea y superficial: presión sobre acuíferos y competencia de usos
La operación requiere volúmenes constantes de agua (para perforación, enfriamiento, limpieza). La práctica de perforar pozos de captación dentro del propio predio operativo traslada el costo a los acuíferos locales. En periodos secos, una extracción sostenida puede deprimir niveles freáticos, secando norias comunitarias y obligando a los productores a transportar agua para viveros y riego puntual. Sin un balance hídrico por pozo y planta, con piezometría y límites explícitos de extracción, la competencia entre usos domésticos, productivos y operativos rompe la seguridad hídrica de los sistemas agroecológicos.
B. Riesgos a escala regional (gasoducto y facilidades)
B.1 Fragmentación de hábitats y afectación de cabeceras de cuenca
El gasoducto proyectado (~200 km, 10”) requiere una franja de servidumbre con vegetación despejada permanente para acceso y seguridad. Su trazado cruzaría porciones del PN-ANMI Cotapata y del PNMI Alto Beni, espacios de alta biodiversidad y funciones hidrológicas críticas para Yungas y el norte paceño. La apertura de la franja, aun con revegetación superficial, fragmenta corredores biológicos, incrementa la susceptibilidad a incendios y expone suelos de cabeceras a procesos de inestabilidad. En escenarios de lluvias extremas, estas zonas actúan como esponjas; si se las corta, el régimen de caudales aguas abajo puede volverse más errático y erosivo.
B.2 Servidumbres y reconfiguración del ordenamiento predial
La instalación del ducto implica expropiaciones parciales o servidumbres de paso sobre propiedades y comunidades con vocación agrícola y forestal. Más allá del pago por franja, la fragmentación de parcelas reconfigura la logística (accesos, drenajes, cercos, pasos de ganado), encarece costos de manejo y, en ocasiones, desalienta la inversión en renovación de cacaotales. Si no existen contratos tipo, tasaciones transparentes y un mecanismo de quejas con plazos y arbitraje independiente, la servidumbre se transforma en fuente de conflicto prolongado.
B.3 Gasoducto–camino–río: un triángulo de riesgo en Yungas
El trazo paralelo a carreteras y riberas expone el ducto a deslizamientos, socavación y corrosión acelerada por la alta humedad. Un movimiento de masa o la pérdida de soporte por socavación puede causa rupturas, con liberación de gas y riesgo de incendio/explosión ante una chispa. La gestión de este riesgo exige modelación geotécnica por tramo, válvulas de corte sectorizadas, sensores de presión/flujo y simulacros con municipios y comunidades. La ausencia de esta ingeniería preventiva traslada el costo a los habitantes y a los ecosistemas.
B.4 Efectos acumulativos e inducidos: caminos, deforestación y ocupación
La franja del ducto y los accesos abren nuevas puertas hacia zonas antes poco transitadas. Sin control de accesos y vigilancia participativa, es previsible el aumento de deforestación inducida, cacería y lotes informales. Estos impactos no surgen de un único punto, sino del acumulado de obras y del flujo de personas. Evaluar el proyecto de manera aislada subestima estos efectos; se requiere un enfoque de paisaje, con medidas que incluyan cierres físicos, patrullajes comunitarios y coordinación interinstitucional.
B.5 Gobernanza, transparencia y consulta: el riesgo institucional
La opacidad informativa —contratos y EIAs no públicos, reuniones informativas sin deliberación— debilita el control social y alimenta la desconfianza. A ello se suma una criminalización sutil de la disidencia, donde familias que expresan temores son estigmatizadas, inhibiendo la denuncia temprana. La negociación con capital extranjero sin reglas claras tensiona el discurso de soberanía y dificulta atribuir responsabilidades ante fallas. Este es un riesgo sistémico: si no hay consulta previa efectiva, mesas técnicas permanente con actas públicas y monitoreo participativo, cualquier plan de manejo pierde legitimidad y eficacia.
Verificación y exigencias mínimas para las actividades hidrocarburíferas
Para no repetir la historia de Lliquimuni, los gobiernos locales, organizaciones cacaoteras y comunidades deberían exigir, por escrito y con acceso público, al menos:
Aire y antorchas: cálculo anual de horas de quema; evaluación de alternativas (captura/recirculación); monitoreo continuo (PM, NOx, SO2) con publicación mensual y límites de alerta accionables.
Agua: balance hídrico por pozo y por planta; límites de extracción subterránea con piezometría y reporte trimestral; sistemas de tratamiento y reuso; planes de contingencia en estiaje.
Suelo y drenaje: diseños de drenaje pluvial y barreras de sedimentos por obra; estabilización de taludes; protocolos de restitución post-obra con garantías.
Biodiversidad y cacao: línea base de polinizadores y microclimas; zonas de exclusión y corredores húmedos; monitoreo fenológico del cacao pre/durante/post obras.
Gasoducto: estudio geotécnico por tramo crítico; válvulas de seccionamiento; sensores; plan de respuesta a emergencias con simulacros públicos.
Social y gobernanza: consulta previa con calendario y actas; contratos tipo y matriz de compensaciones que incluyan daños fuera de huella; canal de quejas con arbitraje independiente; publicación de cronogramas y presupuestos.
En síntesis, frente al avance de la frontera hidrocarburífera en territorios agroecológicos, resulta imprescindible exigir la realización de Estudios de Impacto Ambiental integrales que evalúen no solo los efectos ecológicos, sino también las repercusiones sociales y productivas sobre los sistemas agroforestales. De igual manera, se debe demandar la aplicación efectiva de procesos de consulta previa, libre e informada, conforme a la normativa nacional en materia hidrocarburífera y a los estándares internacionales de derechos colectivos. Solo mediante mecanismos de evaluación y participación reales será posible garantizar que las decisiones sobre el gas respeten las dinámicas de vida, producción y gobernanza local de la Amazonia boliviana.
Entre el gas y la vida agroecológica
Los riesgos aquí descritos confirman que Mayaya Centro–Suapi cristaliza una obstinación estructural: la urgencia de “mostrar gas” por encima de la prudencia socioambiental y de la vocación productiva agroecológica que da sustento a miles de familias. En la práctica, esta expansión traslada los costos a quienes han demostrado, por décadas, que es posible producir con el bosque y no contra él.
Evitar repetir la historia requiere mucho más que nuevos pozos o discursos de reactivación. Exige información pública completa, controles comunitarios e instituciones independientes, y un pacto real con los territorios que hoy sostienen suelo, agua, polinizadores y cultura productiva. Pensar una política energética post-extractiva no implica renunciar al desarrollo: significa redefinirlo desde la sostenibilidad territorial, priorizando la protección de aquello que hace posible la vida del cacao, críticos y otros alimentos y, con ella, un futuro amazónico viable. Solo así la Amazonia dejará de ser frontera de sacrificio para convertirse en territorio de futuro.
fundacionsolon.org 
La trayectoria que une Lliquimuni y Mayaya Centro–Suapi muestra una misma lógica: frente a la crisis energética y fiscal, el Estado desplaza la frontera hidrocarburífera hacia la Zona No Tradicional amazónica, aun cuando allí se sostienen modos de vida agroecológicos consolidados —en particular, la cadena cooperativa del cacao. Más allá del optimismo oficial y las cifras preliminares, lo que está en juego no es solo un recurso, sino territorios vivos. A continuación se desarrollan los riesgos probables, diferenciando efectos locales (en torno a pozos y planta de gas) y regionales (asociados al gasoducto y a las facilidades de transporte).
A. Riesgos a escala local (pozos y planta de gas)
A.1 Drenajes alterados, suelo degradado y daños “fuera de huella”
La instalación de planchadas y la mejora/apertura de caminos en laderas húmedas modifican el escurrimiento natural del agua. Al reconducirse o concentrarse las corrientes, se generan surcos de erosión y se movilizan sedimentos que terminan depositándose en parcelas agricolas vecinas, colmatando zanjas, cubriendo raíces finas y afectando el vigor de las plantas. Aunque las compensaciones suelen cubrir la superficie intervenida directamente, los perjuicios a predios colindantes —pérdida de suelo fértil, caída del rendimiento, reposición de cercos y drenajes— quedan fuera del cálculo. En economías de pequeños productores, esta externalización de costos erosiona la base patrimonial y genera conflictos silenciosos que raramente constan en actasA.2. Antorchas (calor, hollín y emisiones)
A.2 Antorchas permanentes: calor, hollín y calidad del aire
El uso de antorchas encendidas 24/7 para quemar gas no aprovechable crea islas de calor que desbalancean el microclima del cacao, cultivo que depende de sombra y humedad estable. La combustión libera CO2, CO, NOx, SO2 y material particulado, incluyendo carbono negro (hollín) que se deposita en hojas y flores, reduciendo fotosíntesis y cuajado de frutos. En las noches secas y frías, el penacho de la antorcha puede descender y “ahumar” cultivos sensibles, además de afectar vías respiratorias de familias y trabajadores. Sin una estimación anual de horas de quema, alternativas de aprovechamiento y monitoreo continuo de calidad del aire con datos públicos, se naturaliza un impacto crónico que mella la base productiva del territorio.
A.3 Polinizadores del cacao y microclimas agroforestales
El cacao depende de polinizadores entomófilos —notoriamente especies del género Forcipomyia— que prosperan en microhábitats húmedos de sotobosque y hojarasca. Cambios sutiles de temperatura, reducción de humedad por apertura de claros y deposición de hollín sobre flores y estigmas disminuyen la polinización efectiva y, por tanto, la productividad. La simplificación del paisaje (más planchadas, más claros, menos cobertura) reduce refugios y sustratos, afectando riqueza y abundancia de insectos clave. Sin líneas base de polinizadores y sin corredores húmedos de conservación alrededor de los pozos, la merma se hace visible recién en la balanza de fin de cosecha.
A.4 Agua subterránea y superficial: presión sobre acuíferos y competencia de usos
La operación requiere volúmenes constantes de agua (para perforación, enfriamiento, limpieza). La práctica de perforar pozos de captación dentro del propio predio operativo traslada el costo a los acuíferos locales. En periodos secos, una extracción sostenida puede deprimir niveles freáticos, secando norias comunitarias y obligando a los productores a transportar agua para viveros y riego puntual. Sin un balance hídrico por pozo y planta, con piezometría y límites explícitos de extracción, la competencia entre usos domésticos, productivos y operativos rompe la seguridad hídrica de los sistemas agroecológicos.
B. Riesgos a escala regional (gasoducto y facilidades)
B.1 Fragmentación de hábitats y afectación de cabeceras de cuenca
El gasoducto proyectado (~200 km, 10”) requiere una franja de servidumbre con vegetación despejada permanente para acceso y seguridad. Su trazado cruzaría porciones del PN-ANMI Cotapata y del PNMI Alto Beni, espacios de alta biodiversidad y funciones hidrológicas críticas para Yungas y el norte paceño. La apertura de la franja, aun con revegetación superficial, fragmenta corredores biológicos, incrementa la susceptibilidad a incendios y expone suelos de cabeceras a procesos de inestabilidad. En escenarios de lluvias extremas, estas zonas actúan como esponjas; si se las corta, el régimen de caudales aguas abajo puede volverse más errático y erosivo.
B.2 Servidumbres y reconfiguración del ordenamiento predial
La instalación del ducto implica expropiaciones parciales o servidumbres de paso sobre propiedades y comunidades con vocación agrícola y forestal. Más allá del pago por franja, la fragmentación de parcelas reconfigura la logística (accesos, drenajes, cercos, pasos de ganado), encarece costos de manejo y, en ocasiones, desalienta la inversión en renovación de cacaotales. Si no existen contratos tipo, tasaciones transparentes y un mecanismo de quejas con plazos y arbitraje independiente, la servidumbre se transforma en fuente de conflicto prolongado.
B.3 Gasoducto–camino–río: un triángulo de riesgo en Yungas
El trazo paralelo a carreteras y riberas expone el ducto a deslizamientos, socavación y corrosión acelerada por la alta humedad. Un movimiento de masa o la pérdida de soporte por socavación puede causa rupturas, con liberación de gas y riesgo de incendio/explosión ante una chispa. La gestión de este riesgo exige modelación geotécnica por tramo, válvulas de corte sectorizadas, sensores de presión/flujo y simulacros con municipios y comunidades. La ausencia de esta ingeniería preventiva traslada el costo a los habitantes y a los ecosistemas.
B.4 Efectos acumulativos e inducidos: caminos, deforestación y ocupación
La franja del ducto y los accesos abren nuevas puertas hacia zonas antes poco transitadas. Sin control de accesos y vigilancia participativa, es previsible el aumento de deforestación inducida, cacería y lotes informales. Estos impactos no surgen de un único punto, sino del acumulado de obras y del flujo de personas. Evaluar el proyecto de manera aislada subestima estos efectos; se requiere un enfoque de paisaje, con medidas que incluyan cierres físicos, patrullajes comunitarios y coordinación interinstitucional.
B.5 Gobernanza, transparencia y consulta: el riesgo institucional
La opacidad informativa —contratos y EIAs no públicos, reuniones informativas sin deliberación— debilita el control social y alimenta la desconfianza. A ello se suma una criminalización sutil de la disidencia, donde familias que expresan temores son estigmatizadas, inhibiendo la denuncia temprana. La negociación con capital extranjero sin reglas claras tensiona el discurso de soberanía y dificulta atribuir responsabilidades ante fallas. Este es un riesgo sistémico: si no hay consulta previa efectiva, mesas técnicas permanente con actas públicas y monitoreo participativo, cualquier plan de manejo pierde legitimidad y eficacia.
Verificación y exigencias mínimas para las actividades hidrocarburíferas
Para no repetir la historia de Lliquimuni, los gobiernos locales, organizaciones cacaoteras y comunidades deberían exigir, por escrito y con acceso público, al menos:
En síntesis, frente al avance de la frontera hidrocarburífera en territorios agroecológicos, resulta imprescindible exigir la realización de Estudios de Impacto Ambiental integrales que evalúen no solo los efectos ecológicos, sino también las repercusiones sociales y productivas sobre los sistemas agroforestales. De igual manera, se debe demandar la aplicación efectiva de procesos de consulta previa, libre e informada, conforme a la normativa nacional en materia hidrocarburífera y a los estándares internacionales de derechos colectivos. Solo mediante mecanismos de evaluación y participación reales será posible garantizar que las decisiones sobre el gas respeten las dinámicas de vida, producción y gobernanza local de la Amazonia boliviana.
Entre el gas y la vida agroecológica
Los riesgos aquí descritos confirman que Mayaya Centro–Suapi cristaliza una obstinación estructural: la urgencia de “mostrar gas” por encima de la prudencia socioambiental y de la vocación productiva agroecológica que da sustento a miles de familias. En la práctica, esta expansión traslada los costos a quienes han demostrado, por décadas, que es posible producir con el bosque y no contra él.
Evitar repetir la historia requiere mucho más que nuevos pozos o discursos de reactivación. Exige información pública completa, controles comunitarios e instituciones independientes, y un pacto real con los territorios que hoy sostienen suelo, agua, polinizadores y cultura productiva. Pensar una política energética post-extractiva no implica renunciar al desarrollo: significa redefinirlo desde la sostenibilidad territorial, priorizando la protección de aquello que hace posible la vida del cacao, críticos y otros alimentos y, con ella, un futuro amazónico viable. Solo así la Amazonia dejará de ser frontera de sacrificio para convertirse en territorio de futuro.
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