Antes de detallar las características del proyecto Mayaya Centro–Suapi, es necesario recordar el antecedente de Lliquimuni, no solo por su proximidad geográfica —ambos se ubican en el norte paceño— sino porque su análisis permite identificar patrones recurrentes en las operaciones de exploración en la Amazonia boliviana. El fracaso de Lliquimuni develó “sombras” que hoy sirven como advertencia ante el nuevo impulso exploratorio.
La historia de Lliquimuni comienza en 2007, cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reservó varios bloques para exploración. Entre ellos, el Área de Exploración Lliquimuni, ubicada en el norte del departamento de La Paz, con una extensión aproximada de 221 cuadrículas (5.525 km²).
En 2008, esta área fue adjudicada a la empresa mixta PETROANDINA S.A.M., integrada por YPFB (60 %) y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA, 40 %). El contrato, de 30 años, marcaba una alianza estratégica entre ambos Estados y fue presentado como una apuesta geopolítica para diversificar la producción nacional.
La primera gran tarea fue la prospección sísmica 2D, adjudicada a la empresa norteamericana Geokinetics, que diseñó una malla de más de mil kilómetros de líneas sísmicas (ver Mapa 2). Estas líneas se sobrepusieron a territorios indígenas —mosetene, tsimane y leco— y a siete municipios, entre ellos Alto Beni y Palos Blancos. A pesar de las denuncias por consultas previas inconclusas y el incumplimiento de acuerdos, los trabajos no se detuvieron. Las dirigencias locales y organizaciones de la sociedad civil que reclamaron fueron tildadas de enemigas del desarrollo.
Los resultados preliminares de Geokinetics registraron 43.000 datos geológicos, estimando un potencial de 1 TCF de gas y 50 millones de barriles de petróleo. También se definió un punto de perforación para confirmar esos volúmenes. La fase sísmica concluyó en un año y ocho meses, con una inversión de 102 millones de dólares.
El punto de perforación se ubicó en el extremo norte del municipio de Alto Beni, cerca de la comunidad Las Delicias. Para llegar allí se ejecutaron tres obras civiles: (i) el mejoramiento del camino Bella Vista – Brecha T, (ii) la apertura de un nuevo tramo entre Brecha T y Las Delicias, y (iii) la construcción de la planchada, donde se instalaría la torre de perforación.
Las obras comenzaron en mayo de 2012, con la expectativa de iniciar la perforación en el segundo trimestre del año. Sin embargo, los plazos se postergaron tres veces: marzo y diciembre de 2013, y finalmente enero de 2014. Las causas oficiales aludían a inexperiencia operativa y a dificultades geológicas, aunque luego un temporal de lluvias paralizó todas las actividades y obligó a evacuar al personal.
Ante la presión estatal por reactivar el proyecto, PETROANDINA buscó apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) para reacondicionar los caminos. Pero la ruta Bella Vista–Brecha T estaba intransitable, por lo que se habilitó una vía alterna: Puente Coroico – Mayaya – Brecha T (ver Mapa 3), que sirvió como acceso temporal.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2014, en presencia del presidente Evo Morales, se dio inicio a la perforación del pozo Lliquimuni Centro X1 IE. En su discurso, Morales aseguró que comenzaba “una nueva era hidrocarburífera” para el departamento y el país, calificando el proyecto de “geoestratégico para Bolivia”. Justificó los retrasos por las condiciones climáticas y por la necesidad de cumplir con la consulta previa que fue un procedimiento formal más que real.
Aunque no se conoce con precisión la inversión inicial en obras civiles, se estima que, con los retrasos incluidos, alcanzó 12 millones de dólares. Una fase prevista para seis meses se extendió a dos años y siete meses.
Los nombres de los pozos están divididos usualmente entres: el nombre del pozo (Mayaya), el código cronológicode pozo (X1) y el tipo de pozo que en caso de ser deexploración hidrocarburífero en léxico técnico se presentanincorporando al nombre del pozo la terminación (IE) quesignifica que es un pozo de Investigación Estratigráfica.
La siguiente etapa —perforación y evaluación— fue ejecutada por la empresa china SINOPEC, en alianza con PETROANDINA, con el compromiso de entregar resultados en mayo de 2015. Se estimaba alcanzar una profundidad de 3 200 metros. No obstante, la entrega se postergó cuatro veces, hasta que finalmente no se comunicó una nueva fecha.
El silencio generó frustración en la población y en las instituciones regionales. El entonces gobernador Félix Patzi y asambleístas departamentales exigieron explicaciones. Tras una reunión privada, se informó extraoficialmente que “no se halló petróleo, pero sí gas”, lo que mantuvo viva la ilusión de futuras regalías.
El silencio oficial se rompió recién el 21 de marzo de 2016, cuando el presidente de YPFB anunció:
“Tras culminar las operaciones exploratorias, se ha concluido que el área de Lliquimuni presenta volúmenes de hidrocarburos, pero en cantidades no comerciales.”
El anuncio cerró ocho años de operaciones y más de 200 millones de dólares invertidos, dejando tras de sí caminos abiertos, desmontes, expectativas frustradas y una profunda desconfianza hacia los proyectos estatales. Analistas coincidieron en que Lliquimuni fue menos un proyecto técnico que un proyecto político, impulsado para sostener la narrativa del “corazón energético” cuando las reservas del sur comenzaban a declinar.
Más allá del fracaso económico, Lliquimuni reveló las “sombras” estructurales del modelo hidrocarburífero en zonas no tradicionales, sombras que hoy resurgen en el caso de Mayaya–Suapi:
La desestimación de las denuncias y preocupaciones locales, particularmente de comunidades indígenas y productoras de cacao, críticos y otros alimentos, que fueron tratadas como opositoras al progreso.
La opacidad informativa y los retrasos sistemáticos, que generaron desconfianza y fragmentaron la relación entre Estado y comunidades.
La contradicción entre el discurso nacionalista y la presencia de capital extranjero, evidenciada en la participación venezolana, norteamericana y china.
La obstinación política por hallar hidrocarburos a cualquier costo, incluso extendiendo perforaciones más allá de lo técnicamente recomendable.
Lliquimuni, en suma, no solo representa el fracaso de una inversión millonaria, sino también la consolidación de una lógica extractiva que justificó el riesgo ambiental y social en nombre del desarrollo nacional. Esa misma lógica es la que ahora se reactiva con Mayaya–Suapi, en el mismo territorio, sobre las mismas rutas y, sobre todo, sobre los mismos ecosistemas y comunidades que hoy sostienen una economía agroecológica consolidada.
El contraste entre ambos modelos —el extractivista y el agroecológico— constituye el eje de análisis de la siguiente sección.
fundacionsolon.org 
Antes de detallar las características del proyecto Mayaya Centro–Suapi, es necesario recordar el antecedente de Lliquimuni, no solo por su proximidad geográfica —ambos se ubican en el norte paceño— sino porque su análisis permite identificar patrones recurrentes en las operaciones de exploración en la Amazonia boliviana. El fracaso de Lliquimuni develó “sombras” que hoy sirven como advertencia ante el nuevo impulso exploratorio.
La historia de Lliquimuni comienza en 2007, cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reservó varios bloques para exploración. Entre ellos, el Área de Exploración Lliquimuni, ubicada en el norte del departamento de La Paz, con una extensión aproximada de 221 cuadrículas (5.525 km²).
En 2008, esta área fue adjudicada a la empresa mixta PETROANDINA S.A.M., integrada por YPFB (60 %) y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA, 40 %). El contrato, de 30 años, marcaba una alianza estratégica entre ambos Estados y fue presentado como una apuesta geopolítica para diversificar la producción nacional.
La primera gran tarea fue la prospección sísmica 2D, adjudicada a la empresa norteamericana Geokinetics, que diseñó una malla de más de mil kilómetros de líneas sísmicas (ver Mapa 2). Estas líneas se sobrepusieron a territorios indígenas —mosetene, tsimane y leco— y a siete municipios, entre ellos Alto Beni y Palos Blancos. A pesar de las denuncias por consultas previas inconclusas y el incumplimiento de acuerdos, los trabajos no se detuvieron. Las dirigencias locales y organizaciones de la sociedad civil que reclamaron fueron tildadas de enemigas del desarrollo.
Los resultados preliminares de Geokinetics registraron 43.000 datos geológicos, estimando un potencial de 1 TCF de gas y 50 millones de barriles de petróleo. También se definió un punto de perforación para confirmar esos volúmenes. La fase sísmica concluyó en un año y ocho meses, con una inversión de 102 millones de dólares.
El punto de perforación se ubicó en el extremo norte del municipio de Alto Beni, cerca de la comunidad Las Delicias. Para llegar allí se ejecutaron tres obras civiles: (i) el mejoramiento del camino Bella Vista – Brecha T, (ii) la apertura de un nuevo tramo entre Brecha T y Las Delicias, y (iii) la construcción de la planchada, donde se instalaría la torre de perforación.
Las obras comenzaron en mayo de 2012, con la expectativa de iniciar la perforación en el segundo trimestre del año. Sin embargo, los plazos se postergaron tres veces: marzo y diciembre de 2013, y finalmente enero de 2014. Las causas oficiales aludían a inexperiencia operativa y a dificultades geológicas, aunque luego un temporal de lluvias paralizó todas las actividades y obligó a evacuar al personal.
Ante la presión estatal por reactivar el proyecto, PETROANDINA buscó apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) para reacondicionar los caminos. Pero la ruta Bella Vista–Brecha T estaba intransitable, por lo que se habilitó una vía alterna: Puente Coroico – Mayaya – Brecha T (ver Mapa 3), que sirvió como acceso temporal.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2014, en presencia del presidente Evo Morales, se dio inicio a la perforación del pozo Lliquimuni Centro X1 IE. En su discurso, Morales aseguró que comenzaba “una nueva era hidrocarburífera” para el departamento y el país, calificando el proyecto de “geoestratégico para Bolivia”. Justificó los retrasos por las condiciones climáticas y por la necesidad de cumplir con la consulta previa que fue un procedimiento formal más que real.
Aunque no se conoce con precisión la inversión inicial en obras civiles, se estima que, con los retrasos incluidos, alcanzó 12 millones de dólares. Una fase prevista para seis meses se extendió a dos años y siete meses.
La siguiente etapa —perforación y evaluación— fue ejecutada por la empresa china SINOPEC, en alianza con PETROANDINA, con el compromiso de entregar resultados en mayo de 2015. Se estimaba alcanzar una profundidad de 3 200 metros. No obstante, la entrega se postergó cuatro veces, hasta que finalmente no se comunicó una nueva fecha.
El silencio generó frustración en la población y en las instituciones regionales. El entonces gobernador Félix Patzi y asambleístas departamentales exigieron explicaciones. Tras una reunión privada, se informó extraoficialmente que “no se halló petróleo, pero sí gas”, lo que mantuvo viva la ilusión de futuras regalías.
El silencio oficial se rompió recién el 21 de marzo de 2016, cuando el presidente de YPFB anunció:
El anuncio cerró ocho años de operaciones y más de 200 millones de dólares invertidos, dejando tras de sí caminos abiertos, desmontes, expectativas frustradas y una profunda desconfianza hacia los proyectos estatales. Analistas coincidieron en que Lliquimuni fue menos un proyecto técnico que un proyecto político, impulsado para sostener la narrativa del “corazón energético” cuando las reservas del sur comenzaban a declinar.
Más allá del fracaso económico, Lliquimuni reveló las “sombras” estructurales del modelo hidrocarburífero en zonas no tradicionales, sombras que hoy resurgen en el caso de Mayaya–Suapi:
productoras de cacao, críticos y otros alimentos, que fueron tratadas como opositoras al progreso.
entre Estado y comunidades.
participación venezolana, norteamericana y china.
de lo técnicamente recomendable.
Lliquimuni, en suma, no solo representa el fracaso de una inversión millonaria, sino también la consolidación de una lógica extractiva que justificó el riesgo ambiental y social en nombre del desarrollo nacional. Esa misma lógica es la que ahora se reactiva con Mayaya–Suapi, en el mismo territorio, sobre las mismas rutas y, sobre todo, sobre los mismos ecosistemas y comunidades que hoy sostienen una economía agroecológica consolidada.
El contraste entre ambos modelos —el extractivista y el agroecológico— constituye el eje de análisis de la siguiente sección.
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