Tras el fracaso de Lliquimuni, la exploración hidrocarburífera en la Amazonia boliviana parecía haber entrado en pausa. Sin embargo, el hallazgo preliminar del pozo Mayaya Centro X1 IE, comunicado en julio de 2024, reavivó el interés estatal y mediático por la región y con ello nuevamente el resurgimiento de las sombras que acompañaron a Lliquimuni. Según YPFB, el pozo habría encontrado un volumen estimado de 1,7 TCF de gas, cifra que fue rápidamente presentada como el inicio de una nueva etapa energética para Bolivia y, en particular, para el norte paceño.
El entusiasmo aumentó cuando la agencia internacional S&P Global incluyó a Mayaya Centro X1 entre los diez mayores descubrimientos de petróleo y gas del mundo en 2024, un reconocimiento que otorgó legitimidad simbólica al hallazgo. Desde el gobierno y la empresa estatal se retomó el discurso de una “nueva era hidrocarburífera”, acompañado de una amplia campaña de propaganda que recordaba el optimismo de los tiempos de Lliquimuni.
No obstante, las cifras deben tomarse con cautela. Los 1,7 TCF mencionados no constituyen reservas certificadas, sino estimaciones sujetas a verificación técnica. Hasta la fecha, el único dato respaldado corresponde al volumen estimado tras la perforación del pozo Mayaya Centro X1 IE, núcleo operativo del proyecto.
El proyecto Mayaya Centro–Suapi
Pocos días después del anuncio, el presidente Luis Arce Catacora visitó el sitio del pozo junto al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien presentó oficialmente el Proyecto Mayaya Centro–Suapi. El plan contempla una inversión de 403 millones de dólares destinados a perforaciones adicionales, obras civiles y el tendido de infraestructura para incorporar el gas al sistema nacional de ductos.
El proyecto incluye tres nuevos pozos:
Mayaya Centro X2 (MYC-X2) y Mayaya Centro X3 (MYC-X3), destinados a delimitar el campo descubierto por el primer pozo.
Suapi X1 IE (SAP-X1 IE), orientado a explorar una de las cuatro estructuras adicionales con potencial identificado.
Además, se prevé la construcción de caminos y planchadas para cada pozo, y una línea de recolección (gasoducto) de aproximadamente 200 km y 10 pulgadas de diámetro que conectaría Alto Beni con la planta de Senkata en El Alto colindante con la ciudad de La Paz.
El gasoducto seguiría parcialmente la ruta de los Yungas e incluiría dos infraestructuras clave:
una planta de gas en Alto Beni, mediante el traslado y reacondicionamiento de la existente en Naranjillos que se encuentra en el departamento de Santa Cruz.;
una estación de compresión en Coroico, para garantizar presión suficiente en el ascenso hacia la cordillera.
La inversión en estas “facilidades de superficie” se estima en 150 millones de dólares, y según YPFB, la ejecución está prevista entre 2025 y 2028, con producción inicial (First Gas) hacia fines de 2028 o inicios de 2029.
Avances y ubicación territorial
El pozo MYC-X1 se perforó en la comunidad de Palmar Suapi en el municipio de Alto Beni. Los pozos delimitadores se ubican a pocos kilómetros el primer pozo en las comunidades de Astilleros y Sucre en una zona dedicada a la producción de cacao, cítricos y banano. Según reportes oficiales, hacia octubre de 2025 los trabajos civiles en MYC-X2 alcanzaban un 70 % de avance, mientras que en MYC-X3 rondaban el 40 %. (Ver Mapa 4)
Paralelamente, se inició el trabajo topográfico para el diseño del gasoducto que conectará Alto Beni con Senkata. La propuesta inicial de YPFB prevé que la tubería atraviese cinco municipios —Alto Beni, Caranavi, Coroico, La Paz y El Alto—, siguiendo la carretera nacional de los Yungas, con excepción del tramo final que bordearía la ciudad de La Paz e ingresaría a Senkata por el Distrito 13.
El trazado, sin embargo, atraviesa zonas ambientalmente sensibles, incluyendo parte del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata (PN-ANMI) y del Parque Natural de Manejo Integral Alto Beni, ambos de alta biodiversidad y función hídrica estratégica. La apertura de caminos y la instalación de la franja de servidumbre —de 20 a 30 metros de ancho— podrían provocar deforestación, fragmentación de hábitats y alteraciones en las microcuencas que abastecen de agua a las comunidades.
Pese a ello, no se ha presentado públicamente un estudio de impacto ambiental detallado, ni un plan de mitigación validado con las autoridades locales o las organizaciones productoras de cacao.
Sombras que reaparecen
A pesar de la magnitud económica y ambiental del proyecto, la información pública es limitada. Ni los contratos, ni los estudios de impacto, ni las licencias ambientales se encuentran disponibles. Los gobiernos municipales y comunidades afectadas solo acceden a información fragmentaria, generalmente en reuniones informativas breves, donde no existen espacios reales de deliberación ni consulta. Esta opacidad informativa constituye la primera sombra que Mayaya comparte con Lliquimuni.
La segunda sombra es la criminalización sutil de la disidencia. Aunque no se registran conflictos abiertos, las familias o productores que expresan preocupación por los posibles impactos son señalados como “opositores” o “buscaplata”, incluso dentro de las propias organizaciones comunales, donde ciertos dirigentes actúan en alineación con intereses institucionales o empresariales.
Una tercera sombra corresponde a la extranjerización progresiva de las operaciones. Aun cuando YPFB no ha divulgado la lista de contratistas, el presidente de la empresa confirmó negociaciones avanzadas con inversionistas franceses y brasileños, prefigurando un esquema de participación foránea que vuelve a contradecir el discurso de soberanía energética.
El anuncio del presidente electo Rodrigo Paz, quien planteó un modelo de inversión 50/50 con capital extranjero, acentúa esta tendencia hacia la apertura del sector bajo el argumento de “reactivar la producción nacional”. Finalmente, persiste la obstinación estatal por encontrar hidrocarburos a cualquier costo, impulsada por la crisis energética y la escasez de divisas. Como en Lliquimuni, la urgencia por mostrar resultados parece imponerse sobre los límites técnicos, ambientales y sociales. Esta insistencia, que roza la obsesión, convierte al proyecto Mayaya–Suapi en un nuevo baluarte político, más que en una solución estructural a la crisis energética.
Entre el gas y el cacao: una paradoja territorial
El proyecto Mayaya Centro–Suapi condensa una paradoja nacional: mientras el país busca garantizar su seguridad energética, expande su frontera extractiva sobre una región que ha demostrado la viabilidad de un modelo alternativo de desarrollo basado en la producción agroecológica del cacao.
En el norte de La Paz, las mismas comunidades que en los años 80 y 90 enfrentaron la erradicación de cultivos de coca apostaron por un modelo de agricultura sostenible que hoy les permite exportar chocolate orgánico a mercados del norte global. Esa red cooperativa —encabezada por El Ceibo— ha convertido el cacao en símbolo de una Amazonia productiva y viva, que combina conservación, ingresos estables y arraigo territorial.
La expansión hidrocarburífera, sin embargo, pone en riesgo ese equilibrio. La apertura de caminos, el tránsito pesado y las emisiones asociadas a la quema de gas pueden alterar los microclimas que sostienen la producción, además de erosionar el tejido social que ha permitido sostener el sistema cooperativo.
Así, Mayaya–Suapi no es solo la continuidad técnica de Lliquimuni, sino la expresión más reciente de una obstinación estatal por buscar el futuro energético bajo la tierra amazónica, aun cuando ese futuro pueda comprometer las bases ecológicas, económicas y culturales que hoy sostienen la vida y la esperanza en la región.
fundacionsolon.org 
Tras el fracaso de Lliquimuni, la exploración hidrocarburífera en la Amazonia boliviana parecía haber entrado en pausa. Sin embargo, el hallazgo preliminar del pozo Mayaya Centro X1 IE, comunicado en julio de 2024, reavivó el interés estatal y mediático por la región y con ello nuevamente el resurgimiento de las sombras que acompañaron a Lliquimuni. Según YPFB, el pozo habría encontrado un volumen estimado de 1,7 TCF de gas, cifra que fue rápidamente presentada como el inicio de una nueva etapa energética para Bolivia y, en particular, para el norte paceño.
El entusiasmo aumentó cuando la agencia internacional S&P Global incluyó a Mayaya Centro X1 entre los diez mayores descubrimientos de petróleo y gas del mundo en 2024, un reconocimiento que otorgó legitimidad simbólica al hallazgo. Desde el gobierno y la empresa estatal se retomó el discurso de una “nueva era hidrocarburífera”, acompañado de una amplia campaña de propaganda que recordaba el optimismo de los tiempos de Lliquimuni.
No obstante, las cifras deben tomarse con cautela. Los 1,7 TCF mencionados no constituyen reservas certificadas, sino estimaciones sujetas a verificación técnica. Hasta la fecha, el único dato respaldado corresponde al volumen estimado tras la perforación del pozo Mayaya Centro X1 IE, núcleo operativo del proyecto.
El proyecto Mayaya Centro–Suapi
Pocos días después del anuncio, el presidente Luis Arce Catacora visitó el sitio del pozo junto al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien presentó oficialmente el Proyecto Mayaya Centro–Suapi. El plan contempla una inversión de 403 millones de dólares destinados a perforaciones adicionales, obras civiles y el tendido de infraestructura para incorporar el gas al sistema nacional de ductos.
El proyecto incluye tres nuevos pozos:
delimitar el campo descubierto por el primer pozo.
adicionales con potencial identificado.
Además, se prevé la construcción de caminos y planchadas para cada pozo, y una línea de recolección (gasoducto) de aproximadamente 200 km y 10 pulgadas de diámetro que conectaría Alto Beni con la planta de Senkata en El Alto colindante con la ciudad de La Paz.
El gasoducto seguiría parcialmente la ruta de los Yungas e incluiría dos infraestructuras clave:
La inversión en estas “facilidades de superficie” se estima en 150 millones de dólares, y según YPFB, la ejecución está prevista entre 2025 y 2028, con producción inicial (First Gas) hacia fines de 2028 o inicios de 2029.
Avances y ubicación territorial
El pozo MYC-X1 se perforó en la comunidad de Palmar Suapi en el municipio de Alto Beni. Los pozos delimitadores se ubican a pocos kilómetros el primer pozo en las comunidades de Astilleros y Sucre en una zona dedicada a la producción de cacao, cítricos y banano. Según reportes oficiales, hacia octubre de 2025 los trabajos civiles en MYC-X2 alcanzaban un 70 % de avance, mientras que en MYC-X3 rondaban el 40 %. (Ver Mapa 4)
Paralelamente, se inició el trabajo topográfico para el diseño del gasoducto que conectará Alto Beni con Senkata. La propuesta inicial de YPFB prevé que la tubería atraviese cinco municipios —Alto Beni, Caranavi, Coroico, La Paz y El Alto—, siguiendo la carretera nacional de los Yungas, con excepción del tramo final que bordearía la ciudad de La Paz e ingresaría a Senkata por el Distrito 13.
El trazado, sin embargo, atraviesa zonas ambientalmente sensibles, incluyendo parte del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata (PN-ANMI) y del Parque Natural de Manejo Integral Alto Beni, ambos de alta biodiversidad y función hídrica estratégica. La apertura de caminos y la instalación de la franja de servidumbre —de 20 a 30 metros de ancho— podrían provocar deforestación, fragmentación de hábitats y alteraciones en las microcuencas que abastecen de agua a las comunidades.
Pese a ello, no se ha presentado públicamente un estudio de impacto ambiental detallado, ni un plan de mitigación validado con las autoridades locales o las organizaciones productoras de cacao.
Sombras que reaparecen
A pesar de la magnitud económica y ambiental del proyecto, la información pública es limitada. Ni los contratos, ni los estudios de impacto, ni las licencias ambientales se encuentran disponibles. Los gobiernos municipales y comunidades afectadas solo acceden a información fragmentaria, generalmente en reuniones informativas breves, donde no existen espacios reales de deliberación ni consulta. Esta opacidad informativa constituye la primera sombra que Mayaya comparte con Lliquimuni.
La segunda sombra es la criminalización sutil de la disidencia. Aunque no se registran conflictos abiertos, las familias o productores que expresan preocupación por los posibles impactos son señalados como “opositores” o “buscaplata”, incluso dentro de las propias organizaciones comunales, donde ciertos dirigentes actúan en alineación con intereses institucionales o empresariales.
Una tercera sombra corresponde a la extranjerización progresiva de las operaciones. Aun cuando YPFB no ha divulgado la lista de contratistas, el presidente de la empresa confirmó negociaciones avanzadas con inversionistas franceses y brasileños, prefigurando un esquema de participación foránea que vuelve a contradecir el discurso de soberanía energética.
El anuncio del presidente electo Rodrigo Paz, quien planteó un modelo de inversión 50/50 con capital extranjero, acentúa esta tendencia hacia la apertura del sector bajo el argumento de “reactivar la producción nacional”. Finalmente, persiste la obstinación estatal por encontrar hidrocarburos a cualquier costo, impulsada por la crisis energética y la escasez de divisas. Como en Lliquimuni, la urgencia por mostrar resultados parece imponerse sobre los límites técnicos, ambientales y sociales. Esta insistencia, que roza la obsesión, convierte al proyecto Mayaya–Suapi en un nuevo baluarte político, más que en una solución estructural a la crisis energética.
Entre el gas y el cacao: una paradoja territorial
El proyecto Mayaya Centro–Suapi condensa una paradoja nacional: mientras el país busca garantizar su seguridad energética, expande su frontera extractiva sobre una región que ha demostrado la viabilidad de un modelo alternativo de desarrollo basado en la producción agroecológica del cacao.
En el norte de La Paz, las mismas comunidades que en los años 80 y 90 enfrentaron la erradicación de cultivos de coca apostaron por un modelo de agricultura sostenible que hoy les permite exportar chocolate orgánico a mercados del norte global. Esa red cooperativa —encabezada por El Ceibo— ha convertido el cacao en símbolo de una Amazonia productiva y viva, que combina conservación, ingresos estables y arraigo territorial.
La expansión hidrocarburífera, sin embargo, pone en riesgo ese equilibrio. La apertura de caminos, el tránsito pesado y las emisiones asociadas a la quema de gas pueden alterar los microclimas que sostienen la producción, además de erosionar el tejido social que ha permitido sostener el sistema cooperativo.
Así, Mayaya–Suapi no es solo la continuidad técnica de Lliquimuni, sino la expresión más reciente de una obstinación estatal por buscar el futuro energético bajo la tierra amazónica, aun cuando ese futuro pueda comprometer las bases ecológicas, económicas y culturales que hoy sostienen la vida y la esperanza en la región.
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