Los avances y desafíos en la consolidación de municipios y territorioslibres de minería

“El trabajo de la promulgación de nuestra Ley municipal, de la Ley departamental, la acción popular ganada a través de la Defensoría del Pueblo y la Sentencia Constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en favor de nuestro municipio (contra el conflicto de competencias planteado por la Vicepresidencia) es producto del trabajo mancomunado, unido entre nuestros actores sociales, autoridades sindicales, cooperativas agropecuarias, instituciones académicas y autoridades políticas, que a una sola voz hemos trabajado. También quiero reconocer a nuestras autoridades en la Asamblea Departamental, la Asamblea Legislativa Nacional y autoridades departamentales y nacionales, con quienes hemos tenido interacción y hemos llegado a un entendimiento: todos hemos empujado el carro a una sola fuerza”

Beltrán Marquez, alcalde de Alto Beni

“¿Cómo nace la iniciativa de ser un municipio libre de actividad minera? En el año 2017 hubo asentamientos mineros ilegales en el Distrito San Miguel de Huachi, de Palos Blancos, por parte de la Cooperativa San Miguel del Carmen Ltda. (…) Esto provocó que se lleven ampliados de nuestros sectores sociales, las federaciones, sobre todo de las cooperativas de El Ceibo que es la instancia que nos aglutina (…) De los ampliados salieron resoluciones (…) Todas estas documentaciones fueron recabadas por el Concejo Municipal y con el respaldo de la Constitución Política del Estado, la Ley No. 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, la Ley No. 775 de Promoción de Alimentación Saludable de Bolivia, la Ley No. 3525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, la Ley No. 1333 de Medio Ambiente, la Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización, y la Ley No. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, con todo esto es que se crea la Ley Municipal No. 233 que declara a Palos Blancos como ‘Municipio agroecológico, productivo y libre de contaminación minera en el marco de la seguridad alimentaria’. Es así que estamos respaldados por las leyes nacionales y por las organizaciones sociales”.

Paulino Catari, responsable de la Unidad de Desarrollo Productivo del GAM Palos Blancos

“Tenemos resoluciones territoriales contra la minería desde 2017, 2019, 2021, 2024 y esta última que emitimos en un Consejo de Caciques este mes de mayo, porque somos un territorio agroecológico. Nosotros como indígenas vivimos de la caza, la pesca y tenemos nuestras parcelas de producción. Esta Resolución la hemos presentado en la ciudad de La Paz, junto a los hermanos del territorio Pilón Lajas, adjuntando los planos georeferenciados de nuestros territorios, para que la AJAM respete nuestros territorios. Aún con todas estas acciones siguen los intentos de hacer minería en nuestros espacios. Por eso decimos que somos un pueblo de resistencia y tenemos que seguir luchando”.

Renan Lipa, presidente de la OPIM

“Hay un desafío que aún tenemos pendiente -y quiero que este segundo Encuentro sea de aliados, de personas que se unan a la lucha de Alto Beni y Palos Blancos- es el proyecto de Ley Nacional que hemos presentado para que se declare a los municipios de Palos Blancos y Alto Beni como municipios agroecológicos y ecoturísticos libres de actividad y contaminación minera, en el marco de la seguridad con soberanía alimentaria. Este es el gran proyecto de nuestros municipios que ya está presentado en la asamblea legislativa nacional. Se presentó el 2023, hemos hecho seguimiento y esperamos que ahora, con el cambio de gobierno, las nuevas autoridades apoyen esta normativa que es una iniciativa de vida (…) lo único que pedimos es el respeto a la vida, porque ese es nuestro proyecto y visión. Queremos que se apruebe esta Ley y que nuestros vecinos se contagien y también busquen ser libres de minería (…) Cada uno de nosotros es parte importante del cambio, no solo de los municipios, sino de nuestra Bolivia”.

Nancy Chambi, presidenta del Concejo Municipal de Alto Beni

“Somos un movimiento que hemos cumplido 13 años, nacimos en la selva amazónica en un conflicto con la mayor empresa minera de hierro y lo que nos dimos cuenta en ese momento es que, en distintos lugares y regiones de Brasil, los territorios pasaban por lo mismo contra los procesos de minería. Entonces ¿cómo íbamos a hacer la resistencia? (…) Decidimos formar un movimiento nacional de afectados por la minería (…) y cuestionamos el modelo minero nacional que es la cuestión institucional y legal (…) pero la principal cuestión para nosotros era el derecho que tenemos de decir No al extractivismo minero. Es así que creamos los movimientos de base que tiene pilares fundamentales como la ‘formación’ en temas de leyes y derechos y la ‘organicidad’ de nuestro movimiento, por lo que construimos los colectivos de mujeres; de juventud y cultura; el colectivo de producción, donde hablamos de agroecología, turismo y otras economías posibles con la naturaleza en nuestros territorios; y otros colectivos más que se han ido formando. Desde estos lugares empezamos a discutir: ¿qué son los territorios libres de minería para nosotros? Entendimos que hablar de territorio es hablar de poder, disputa y lucha de clases. En nuestros territorios el agronegocio y el mineronegocio caminan juntos, y por tanto, la disputa con estos grupos requiere de mayor organización de parte de nosotros”.

Arae Claudinei Lombardi, integrante del Movimiento por la soberanía popular en la Minería, Brasil.

“Desde hace 20 años se establecieron (en Viacha) actividades metalúrgicas lixiviadoras donde hemos encontrado contaminación (…) hemos denunciado como municipio, hemos hecho el control y seguimiento, y quiero denunciar que algunas de nuestras autoridades de justicia no están comprendiendo la queja, el clamor y el auxilio de nuestra población (…) Ante este llamado de mis comunidades, el Defensor del Pueblo se puso a la tarea de buscar solución, interponiendo una acción popular. (Como resultados) la sentencia del caso dice que esas actividades económicas lixiviadoras – que hemos comprobado científicamente que son contaminantes – tienen que adecuarse al procedimiento de actividad minera, cuando mi Concejo Municipal -aunque tardíamente, debemos reconocer- dijo No a la actividad minera en Viacha (…) Yo, como autoridad municipal, he frenado la extensión de licencias de funcionamiento, he frenado las construcciones metalúrgicas o de características industriales, pero contrariamente, me dice un fallo que tienen que adecuarse, que tienen derecho, y paralelamente tengo una Ley municipal que dice No a la actividad minera”.

Napoleón Yahuasi, alcalde de Viacha

“Nosotros (en San Ignacio de Velasco) sufrimos todos los años de los incendios forestales, avasallamientos y uso de agroquímicos (…) En nuestro municipio tenemos cerca de setenta productores agroecológicos que producen piña, asaí, plátano, hortalizas y muchos otros frutos. Contamos con la Ley Municipal No. 455 de Fomento a la Producción Agroecológica. Tenemos implementados huertos con sistemas de riego por goteo. Trabajamos con sistemas SAF y también se está fortaleciendo con la entrega de herramientas (…). Hacemos ferias agroecológicas coordinadas con el Comité Impulsor Agroecológico, la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio y las organizaciones no gubernamentales aliadas. Buscamos mejorar la economía de las familias”.

Linda Sanchez, GAM San Ignacio de Velasco

“¿Qué nos convoca a este evento hermanos y hermanas? (…) nos convoca el agua. Cuando hablamos de minería, de bosques, cuando hablamos de agroecología que en el fondo es la agricultura natural y soberana, nos convoca el agua (…) Nos une la necesidad y el sueño de defender nuestro territorio, y el territorio no es simplemente una extensión geográfica por habitantes, con kilómetros cuadrados o con cuadrículas. Ante todo, el territorio es un espacio de vida, un espacio de convivencia social, un espacio de relacionamiento armónico con la naturaleza, con la Pachamama como dicen los andinos, o con la Casa Grande como dicen los hermanos indígenas. Nos une la defensa de ese territorio. No une también el sueño de ser territorios autónomos, con capacidad de construir la vida en función de nuestra cultura y formas de ver el mundo, como son Palos Blancos y Alto Beni hoy. No es poca cosa lo que se hace hoy en estos territorios, pequeños en extensión, pero grandes en convicción: Palos Blancos y Alto Beni son una especie de relámpago en la oscuridad y tenemos que aprovechar esa luz para seguir caminando. Lo que nos une hoy es ser autogobierno, ser autónomos y autodeterminarnos nosotros mismos para decidir qué queremos para nuestro presente y nuestro futuro”.

Oscar Olivera, Fundación Abril

“Es importante conocer el alcance de lo que significa que mi municipio o mi territorio esté restringido a la minería. Hay dos elementos que son esenciales: el primero es que los trámites que estén en curso y que estén sobrepuestos a mi territorio o a mi municipio sean rechazados definitivamente por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, por la AJAM. Es decir, que no solo se los ponga en pausa, sino que sean rechazados para que el municipio o el territorio en cuestión tenga la garantía de que esos trámites no van a continuar. El otro elemento importante de la restricción es que la superficie del municipio o del territorio no aparezcan en el catastro minero nacional -porque todo el territorio nacional está cuadriculado y registrado en una base de datos- que es donde aparecen las áreas libres y áreas restringidas y, por tanto, parte de garantizar una restricción minera en un municipio o en un territorio es que nuestra jurisdicción aparezca en ese catastro como áreas no disponibles para nuevas reservas de trámites o cualquier intensión de hacer actividades mineras por actores productivos mineros”. (…) En el caso de Palos Blancos y Alto Beni, después del evento en Villa Unificada en agosto de 2024, a los días llega una nota formal de la AJAM donde dice que la suspensión de los trámites mineros -aún no hablaba de restricción- era temporal y condicionada a dos situaciones: Una era la que se resuelva el conflicto de competencias interpuesta por la Vicepresidencia del Estado contra la Ley No. 097 de Alto Beni, y la otra era que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la acción popular de Palos Blancos (…) Finalmente tuvimos conocimiento de la sentencia constitucional sobre la acción popular de Palos Bancos, que si bien data del 2023 recién fue notificada este año y el Tribunal Constitucional ratifica la resolución del juez de Palos Blancos (…) En el conflicto de competencias, las autoridades de Alto Beni iniciaron un diálogo con la Vicepresidencia (…) y se logró que la Vicepresidencia retire la demanda y pida al TCP el archivo del caso. Sin embargo, el TCP igual se pronuncia y reconoce la validez y vigencia de la Ley de Alto Beni, a través de una sentencia que se conoció recientemente. En esta, el TCP reconoce que las competencias ambientales hacen al núcleo de las autonomías municipales (…) Entonces, ¿cómo estamos actualmente? Lo que se ha logrado es que la AJAM cumpla en gran medida la restricción a Palos Blancos y Alto Beni. En el catastro minero ya no aparecen estos municipios como disponibles”.

Fátima Monasterio, abogada en la Fundación Solón.

“La Ley No 870 -que es la Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo- hace mención en su artículo 14, numeral 18 a la posibilidad que tiene la Defensoría de velar por el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, así que, ante la ausencia de una Defensoría de la Madre Tierra establecida en la Ley No. 071, nosotros asumimos esta situación con la finalidad de evitar la vulneración de derechos (…) (Desde la Defensoría) hemos generado acciones en dos grandes vías: unas son las acciones constitucionales, como la acción popular dirigida a la tutela de derechos, y por otro lado, están las medidas cautelares ante la jurisdicción agroambiental. Por ambos caminos hemos avanzado para exigir la tutela de los derechos ambientales o los derechos de la Madre Tierra, que están íntimamente ligados a los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación y la posibilidad de tomar decisiones (…) Estas vías nos han permitido generar jurisprudencia (…) y abrir brechas que nos posibilitan articular estrategias como las restricciones a las actividades mineras” (…) En el caso de Palos Blancos y Alto Beni, la resolución de la acción popular ha dejado sin efecto cualquier acto administrativo que lesione o afecte el derecho a la consulta previa en la región de Palos Blancos y Alto Beni, exhorta a la AJAM La Paz para que los procesos de consulta previa tiendan a incluir a los grupos vulnerables, exhorta a cualquier institucionalidad a implementar políticas públicas para la no afectación del medio ambiente, y también exhorta a los gobiernos de Palos Blancos y Alto Beni a hacer conocer a la AJAM sobre las áreas superficiales libres de explotación minera para su restricción (..) esto fue ratificado por el Tribunal Constitucional que también dispone dar la tutela preventiva al río Beni (…) Esta sentencia es histórica para nosotros, porque reconoce derechos a un elemento vivo que es parte de todo un sistema también vivo donde el ser humano es un elemento más”.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo

“Ambas leyes (de Palos Blancos y Alto Beni) han generado sentencias constitucionales y en razón a ellas se ha trabajado de manera coordinada -a la cabeza de la Vicepresidencia- en la elaboración de un protocolo contra la minería ilegal. Este protocolo es una iniciativa de coordinación interinstitucional donde han participado la AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los municipios, la policía boliviana, las fuerzas armadas y lo que busca es una acción articulada entre todas las instancias del nivel central, así como municipal, quienes son la primera alerta y quienes están de manera directa afectados por la minería. Esta acción tiene un respaldo normativo único en el país que marca la diferencia con otros municipios por la otorgación de tutela (a través de una acción popular), y, por tanto, nosotros como AJAM hemos buscado ejecutar. Debido a que en el mes de julio se tuvo un caso de minería ilegal en el municipio de Palos Blancos, donde realizan la inspección y frente a los intentos de denunciar el hecho se encuentran con que las instituciones no asumen sus competencias o les derivan a otras instancias, es que los actores locales demandan una acción efectiva por parte del Estado. Es por ello que se ha efectuado este protocolo (…) en el que se ha obviado el tema administrativo en lo referido a minería ilegal y pasa directamente a un tema penal, debido a que ya contamos a la fecha con estas sentencias constitucionales y a que ya están protegidos ambos municipios de cualquier actividad minera por la restricción a cualquier solicitud de derecho minero, aclarando que actualmente existen dos derechos pre constituidos, pero que están claramente identificados. El resto de los espacios municipales están protegidos y por tanto no debería haber un trabajo de minería, y si en caso hubiere se la considera como minería ilegal”

Scarlet Valeriano, Dirección Jurídica de la AJAM.

“Como municipio de Palos Blancos hemos hecho una intervención ante una denuncia de minería ilegal en la zona de Muchane. Lo hemos hecho junto a la OPIM, pero no es fácil para nosotros, porque estas acciones demandan recursos económicos. Por ello hemos actuado en coordinación y hemos intervenido a esta empresa minera (…) Esta empresa había estado vinculada con un ex viceministro y cuando llegamos no creímos que la actividad estaba bien establecida. No fue fácil la actuación: hubo choque de palabras, físicos e incluso pudo pasar a mayores. Frente a ello hemos visto una falencia para saber cómo hacer las operaciones de control (…) este caso lo denunciamos al Ministerio Público y a la AJAM y ¿qué nos dijeron? que nosotros no teníamos competencias (…) De esta situación nace la necesidad de reclamar a la AJAM un documento que hoy es el Protocolo interinstitucional para la lucha contra la minería ilegal, este documento tampoco fue fácil de lograr: fueron muchas reuniones con las instituciones para que nos puedan escuchar”.

Juan de Dios Soto, responsable de la Unidad de Medio Ambiente del GAM Palos Blancos.

“Nosotros hacemos el monitoreo de las orillas del río (Alto Beni) con el apoyo siempre de las organizaciones sociales y subalcaldes. Hemos intervenido en varios lugares (…) donde hemos hecho decomiso de mercurio, bombas y otros materiales usados en la minería ilegal. Yo agradezco a las federaciones, centrales porque todas estas acciones las hacemos de la mano con ellos. Como ya lo mencionaron, un punto flaco son los recursos económicos insuficientes, así como las represalias por parte de los mineros ilegales por hacer este tipo de intervenciones… nos amenazan e intentan agredirnos, es algo complicado realizar estas actividades y se necesita valor, por ello agradezco a las autoridades sociales con quienes coordinamos para preservar nuestros espacios. La minería afecta y provoca la disminución de flora y fauna y es lo que no queremos (…) no queremos llegar a la situación de municipios vecinos que están con un panorama de afectaciones por la minería, nosotros estamos alejados de eso”.

Rubén Flores, responsable de la Unidad de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos del GAM Alto Beni.

“Como autoridades municipales estamos defendiendo el medio ambiente y también los derechos de la Madre Tierra y por ende, la vida (…) En los controles que hacemos se han incautado equipos de mineros ilegales. Nosotros proponemos, como autoridades municipales, que todo lo que se incaute a la minería ilegal se quede para las comunidades o para el municipio. Así vamos a frenar la actividad minera y animar a que se denuncie cuando hay minería”.

Gonzalo Marino, concejal del GAM Alto Beni

“Cuando nos comunican que hay gente que se está entrando a nuestro territorio, nosotros nos organizamos con las diecinueve comunidades y salimos juntos para intervenir para que no destruyan nuestras playas. No solo van los varones, también estamos las mujeres participando, haciendo la olla común para toda la comisión (…) Al minero que ingresó (a la zona Muchane) le hemos pedido documentación y no tenía, era ilegal. Le hemos dicho que no vuelva a pisar nuestro territorio (…) ¿por qué hemos ido a luchar? para que no estén en nuestras playas dejando esos hoyos tan grandes, eso no queremos, porque nosotros vivimos de nuestra producción”.

Eusebia Siquimen, presidenta de la OMIM

“En nuestro territorio (Tacana I) también tenemos diferentes actividades económicas: tenemos artesanos, tenemos la producción de pulpa de Asaí que recientemente se ha exportado y esperamos que ustedes sean nuestros aliados en este camino contra la minería, porque el mercurio no solo contamina el agua, sino también nuestro suelos y alimentos. En nuestro territorio hemos hecho inspecciones y acciones de control territorial contra la minería ilegal pero también contra el aprovechamiento forestal ilegal que es una amenaza. El pueblo Tacana ha decidido declararse libre de minería a consecuencia de la otorgación de derechos mineros sobre los ríos, como el Beni y el Tequeje. Comenzamos nuestra lucha con fuerza en 2021 y hemos retomado este 2025 proponiendo además a nuestros municipios de San Buenaventura e Ixiamas a que promulguen leyes municipales que les declaren libres de minería (…) Somos uno de los mejores destinos verdes y estamos impulsando el ecoturismo con iniciativas como la Ruta de la Mujer Tacana, demostrando que la economía no se mueve solo con el oro, sino también cuidando y protegiendo la naturaleza”.

Roger Terrazas y Darío Mamío, líderes tacanas en representación del CIPTA