Destacado Minería Oro

Los privilegiados de Evo Morales y Rodrigo Paz

Por Pablo Solón

Los sectores predilectos cambian de gobierno a gobierno. El grupo preferido de Evo Morales siempre fueron los productores de hoja de coca del Chapare. En cambio, Rodrigo Paz tiene a sus consentidos sobre todo en el agronegocio del oriente. Sin embargo, ambos se inclinan ante los privilegiados de siempre: los cooperativistas mineros y los inversionistas privados que operan tras bambalinas. Este artículo es un rápido recuento de las concesiones que Rodrigo Paz ya ha dado a este sector, y un llamado para que las modificaciones a la ley minera que se planean no profundicen mas el saqueo de los recursos naturales y la desolación de la vida.

El 19 de diciembre de 2025, dos días después del D.S. Nº 5503, el gobierno de Rodrigo Paz amplió por 18 meses los contratos administrativos mineros a las cooperativas para fortalecer su seguridad juridica. Al día siguiente se reunió con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL), quienes a cambio de su apoyo consiguieron que se instalen negociaciones para, entre otras demandas, “agilizar los trámites de licencias ambientales”. El 22 de diciembre (5 días después) firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) en el que se compromete a:

CUARTO.- ESTABLECER comisión permanente de trabajo iniciando el día lunes 29 de Diciembre del 2025 en la casa Grande del Pueblo con presencia del Presidente y conjuntamente sus Ministros de Estado.

SEXTO. – Promover una ley corta para la Modificación del artículo 151 de la ley 535 permitiendo la asociación de Cooperativas Mineras y empresas Privadas como una forma de fortalecer las inversiones en el sector.

SEPTIMO.- Trabajar de manera conjunta en la Modificación de la ley minera mediante leyes cortas hasta la elaboración de una Ley minera.

Evo Morales favoreció a los cooperativistas auríferos con la Ley de Minería y Metalurgia Nº535 de 2014. Esta ley fijo una regalía variable para la “minería de pequeña escala” de 1% cuando el precio era menor a 400 dólares por onza troy y de hasta 2,5% cuando el precio superaba los 700 dólares. Cuando se aprobó la Ley Nº535 el precio por onza troy ya estaba por encima de los 1.200 dólares y ahora a fines de 2025 alcanzó el record histórico de 4.400 dólares.

El actual precio del oro es más de seis veces los 700 dólares que se fijaron como referente para el cobro de una regalía del 2,5%, y sin embargo la regalía no se incrementó ni en una milésima en estos diez últimos años. Si la explotación del oro era rentable cuando el precio era de 700 dólares por onza troy ¿se imaginan lo que es hoy? Con este margen de ganancia pagar 3,72 Bs. por litro de diésel o 9,80 Bs. por litro es, como diría mi padre, “un pelo al gato”. Es más, si tomamos en cuenta que las cooperativas auríferas ya estaban comprando a 20 Bs. el diésel en el mercado negro, lo que ha ocurrido con el D.S. Nº 5503 es una disminución de sus costos de producción.

El 2022 se exportaron 52,3 toneladas de oro por valor de 3.007 millones de dólares y se recaudaron regalías por sólo 63 millones de dólares (2,1%). El 99,5% de este oro fue producido por cooperativas, pero la sólo el 5% fue exportado por el sector cooperativista, mientras el 95% fue comercializado al extranjero por empresas privadas. En otras palabras, quienes operan detrás de las cooperativas proveyendo capital y rescatando el oro son un puñado de inversionistas privados nacionales y extranjeros. Los principales favorecidos por los gobiernos de Evo Morales y Rodrigo Paz no son los cientos de miles de cooperativistas sino algunos pocos empresarios y dirigentes cooperativistas que dominan la cadena de explotación y comercialización del oro en Bolivia.

Además de pagar una regalía ínfima por las exportaciones de oro, todo el sector cooperativista de todos los minerales tributó menos de un millón de dólares en 2022 (Para ser exactos: 712.990 dólares según el Dossier de Estadísticas del sector Minero Metalúrgico 1980 – 2023).

El D.S. Nº 5503 no adopta ninguna medida para que el sector cooperativista y sus inversionistas privados empiecen a tributar como corresponde. Por el contrario dispone “estabilidad tributaria por un plazo de hasta quince años” (Artículo 9) cuando esta es una atribución de la Asamblea Legislativa Nacional.

El actual gobierno, no sólo consolida y extiende los monumentales beneficios que recibió este sector durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, sino que se compromete a “trabajar de manera conjunta (con FENCOMIN) en la Modificación de la ley minera mediante leyes cortas hasta la elaboración de una Ley minera”.

La historia de Bolivia se repite en un ciclo interminable de farsas y tragedias que sólo puede ser roto si confrontamos las causas estructurales de la crisis impulsando soluciones de fondo de carácter multidimensional.