Las recientes declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, sobre el respeto a los contratos firmados con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC, colocan al gobierno entre una encrucijada muy peligrosa:
Mauricio Medinaceli, designado por el presidente Rodrigo Paz en noviembre, dijo que el compromiso de honrar los acuerdos firmados por el gobierno izquierdista anterior con Rusia y China, incluso si no está de acuerdo con la forma en que se adjudicaron, fue pensado como un «primer mensaje a los inversores». “Nuestros contratos serán respetados”, dijo el ministro a Reuters en La Paz el 16 de enero[1].
Medinacelli está abriendo la caja de pandora donde confluyen los procesos judiciales, las promesas preelectorales y las disputas geopolíticas por el litio. El ministro de hidrocarburos y energía inició su gestión con declaraciones sobre la necesidad de una nueva ley del litio y la delimitación de áreas específicas del salar para el turismo, sin embargo, ya el pasado 23 de diciembre empezó a enredarse cuando dijo a La Razón:
“No importa si estos contratos se firmaron con algún país, no importa; es necesario devolver la confianza del país a la comunidad internacional, que en Bolivia, si se firmaron contratos antes o se firmarán en el futuro, se respetarán estos contratos y se llegará a acuerdos para que ambas partes ganen”, enfatizó[2].
Las declaraciones del ministro son extremadamente preocupantes al menos por tres razones: Primero, la situación judicial de los contratos, segundo un compromiso firmado por Rodrigo Paz en Potosí el 28 de julio de 2025, y tercero las declaraciones del Canciller Fernando Aramayo durante su visita a Washington a mediados de diciembre.
“Sub iudicium”
“Sub iudicium” es una locución latina que significa “bajo el juez” o “bajo juicio”. Los procedimientos bajo los cuáles el anterior gobierno firmó los anteriores contratos estaban bajo revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ambos contratos fueron objeto de por lo menos dos acciones legales: Por un lado, una Acción Popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) ante un juzgado en Colcha K, y por otro lado, un proceso ante el Tribunal Agroambiental de La Paz presentado por la Defensoría del Pueblo que ganó una acción de medidas cautelares. Los contratos se encuentran observados por que no respetaron el derecho a la consulta previa, libre e informada y tampoco cumplieron con los debidos estudios de evaluación de impacto ambiental
¿Cómo puede el ministro anticipar la forma en que fallará el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Qué pasará si el gobierno de Rodrigo Paz ratifica la firma empeñada del gobierno de Luis Arce Catacora y después el TCP falla en sentido contrario?
En el caso de la Acción Popular presentada por la CUPCONL, mediante decreto constitucional de fecha 22 de octubre de 2025, el TCP solicitó al Tribunal Agroambiental la remisión de la resolución que otorgaban las medidas cautelares de carácter temporal. El decreto constitucional realiza preguntas puntuales a entidades del Estado como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el propio Ministerio de Hidrocarburos y Energía, para ampliar y complementar la información referida a la denuncia.
Así mismo este decreto constitucional solicitó información al Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y convocó a diversas instituciones de la sociedad civil a presentar “amicus curiae” para ampliar su panorama de decisión. Todo esto ocurre mientras el ministro de Hidrocarburos ya tomó una decisión sin esperar al fallo de la justicia.
Si el fallo del TCP es desfavorable, no es de descartar que los actores de la región, la CUPCONL, recurran a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a sus derechos. ¿Cuál será la seguridad jurídica de estos contratos cuando el caso se ventile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Al no tratarse de una causa juzgada, cualquier declaración enfática sobre respetar la palabra empeñada por el anterior gobierno sólo crea mayor incertidumbre. Para “devolver la confianza en el país” el poder Ejecutivo debe empezar por aguardar y respetar las decisiones del poder Judicial.
“Promissum violatum”
“Promissum violatum” se traduce del latín como «promesa rota» o «promesa violada», Es imprescindible recordar que durante la campaña electoral de 2025 Rodrigo Paz asistió a un foro organizado por COMCIPO en Potosí donde firmó un acuerdo que establecía los siguientes cinco puntos:
Rechazar categóricamente los contratos de explotación de litio actualmente en consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional, suscritos con empresas chinas y rusas, por no haber garantizado transparencia ni el consentimiento adecuado de los actores locales.
Promover y promulgar una nueva Ley de Recursos Evaporíticos y del Litio, incorporando elementos de anteproyectos previos y estableciendo esta norma como condición previa a cualquier negociación o explotación.
Garantizar la consulta previa, libre e informada, conforme a la normativa nacional e internacional.
Incluir activamente a instituciones académicas, en particular a la Universidad Autónoma Tomás Frías y expertos potosinos, en la elaboración de políticas públicas sobre el litio.
Asegurar la reinversión de los recursos mineros en favor del desarrollo sostenible y del bienestar de las comunidades afectadas.
El primer punto, no es ambiguo y resulta inevitable preguntarse, ¿El ministro Medinacelli desconocía lo que firmó el presidente Paz, o simplemente decidió ignorarlo? ¿Cómo se piensa realmente “revisar los contratos” si ni siquiera existe una nueva ley del litio? ¿Pasará en Nor Lípez algo similar a lo que sucedió con Tariquía, donde los compromisos firmados en el pasado no tienen ningún valor? Ya no se trata de empeñar la palabra del Estado, es la palabra del presidente o mejor dicho, la firma de Rodrigo Paz.
“Anceps Imperium”
“Anceps Imperium” es una construcción del latín que se puede interpretar como “autoridad de dos cabezas” o “imperio de doble filo”. Mientras el ministro Medinacelli se lanza a respetar los contratos con los chinos y los rusos, la visita del canciller Aramayo en Washingtón en diciembre de 2025 suscita los siguientes titulares: “Bolivia gira hacia Estados Unidos al romper con China, Maduro y años de gobierno izquierdista” (“Bolivia pivots to the US as it breaks from China, Maduro and years of leftist rule”[3]) FOX News.
A raíz de la visita del canciller Aramayo a los Estados Unidos, Visión 360 de Bolivia sostuvo: “el acercamiento a Estados Unidos no responde a una lógica de alineamiento acrítico y pasivo, sino a la convicción de que ambos países comparten principios, valores e intereses estratégicos”. En entrevistas concedidas al Washington Explainer y a Fox News, Aramayo sostuvo que Bolivia aspira a construir una relación de largo plazo con Estados Unidos, basada en la cooperación política, la inversión privada, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento institucional, especialmente en sectores clave como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la explotación sostenible de los recursos naturales (Visión 360, miércoles 17 de diciembre de 2025).
Ante este escenario, de mensajes cruzados en medio de una guerra geopolítica de las grandes potencias por los recursos naturales, es imprescindible que el gobierno aclare cuál es su posición y que sus ministros dejen de dar mensajes contradictorios.
No se trata de alinearse con los gringos contra los chinos y los rusos, ni viceversa, sino como lo repite constantemente el Presidente pensar primero en Bolivia, Bolivia, Bolivia y Bolivia. El gobierno no puede aprobar los contratos con CBC y Uranium One Group como están. Hacerlo sería generar un conflicto que superaría el destino maltrecho del decreto supremo 5503.
El gobierno para salir de este atolladero, en el cual se ha metido solito, debe primero esperar a ver lo que decide la justicia en Bolivia, segundo respetar la palabra empeñada por el presidente y ratificar que los contratos actuales no serán enviados a la Asamblea Legislativa, y en tercer lugar dejar de alinearse con alguna de las potencias, y transparentar todas las negociaciones que está realizando con norteamericanos, rusos y chinos mostrando en blanco y negro los pros y contras de todas las opciones y propuestas. Si el gobierno quiere dar seguridad jurídica a los inversionistas lo primero que tiene que hacer es consensuar una ley del litio y no aprobar los contratos chino y ruso entre gallos y media noche como intento hacer el anterior gobierno en la Asamblea Legislativa.
¡Por respetar la palabra empeñada del anterior gobierno el ministro puede empeñar algo mucho más grave para el país!
fundacionsolon.org 
por José Carlos Solón
Las recientes declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, sobre el respeto a los contratos firmados con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC, colocan al gobierno entre una encrucijada muy peligrosa:
Medinacelli está abriendo la caja de pandora donde confluyen los procesos judiciales, las promesas preelectorales y las disputas geopolíticas por el litio. El ministro de hidrocarburos y energía inició su gestión con declaraciones sobre la necesidad de una nueva ley del litio y la delimitación de áreas específicas del salar para el turismo, sin embargo, ya el pasado 23 de diciembre empezó a enredarse cuando dijo a La Razón:
Las declaraciones del ministro son extremadamente preocupantes al menos por tres razones: Primero, la situación judicial de los contratos, segundo un compromiso firmado por Rodrigo Paz en Potosí el 28 de julio de 2025, y tercero las declaraciones del Canciller Fernando Aramayo durante su visita a Washington a mediados de diciembre.
“Sub iudicium”
“Sub iudicium” es una locución latina que significa “bajo el juez” o “bajo juicio”. Los procedimientos bajo los cuáles el anterior gobierno firmó los anteriores contratos estaban bajo revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ambos contratos fueron objeto de por lo menos dos acciones legales: Por un lado, una Acción Popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) ante un juzgado en Colcha K, y por otro lado, un proceso ante el Tribunal Agroambiental de La Paz presentado por la Defensoría del Pueblo que ganó una acción de medidas cautelares. Los contratos se encuentran observados por que no respetaron el derecho a la consulta previa, libre e informada y tampoco cumplieron con los debidos estudios de evaluación de impacto ambiental
¿Cómo puede el ministro anticipar la forma en que fallará el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Qué pasará si el gobierno de Rodrigo Paz ratifica la firma empeñada del gobierno de Luis Arce Catacora y después el TCP falla en sentido contrario?
En el caso de la Acción Popular presentada por la CUPCONL, mediante decreto constitucional de fecha 22 de octubre de 2025, el TCP solicitó al Tribunal Agroambiental la remisión de la resolución que otorgaban las medidas cautelares de carácter temporal. El decreto constitucional realiza preguntas puntuales a entidades del Estado como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el propio Ministerio de Hidrocarburos y Energía, para ampliar y complementar la información referida a la denuncia.
Así mismo este decreto constitucional solicitó información al Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y convocó a diversas instituciones de la sociedad civil a presentar “amicus curiae” para ampliar su panorama de decisión. Todo esto ocurre mientras el ministro de Hidrocarburos ya tomó una decisión sin esperar al fallo de la justicia.
Si el fallo del TCP es desfavorable, no es de descartar que los actores de la región, la CUPCONL, recurran a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a sus derechos. ¿Cuál será la seguridad jurídica de estos contratos cuando el caso se ventile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Al no tratarse de una causa juzgada, cualquier declaración enfática sobre respetar la palabra empeñada por el anterior gobierno sólo crea mayor incertidumbre. Para “devolver la confianza en el país” el poder Ejecutivo debe empezar por aguardar y respetar las decisiones del poder Judicial.
“Promissum violatum”
“Promissum violatum” se traduce del latín como «promesa rota» o «promesa violada», Es imprescindible recordar que durante la campaña electoral de 2025 Rodrigo Paz asistió a un foro organizado por COMCIPO en Potosí donde firmó un acuerdo que establecía los siguientes cinco puntos:
El primer punto, no es ambiguo y resulta inevitable preguntarse, ¿El ministro Medinacelli desconocía lo que firmó el presidente Paz, o simplemente decidió ignorarlo? ¿Cómo se piensa realmente “revisar los contratos” si ni siquiera existe una nueva ley del litio? ¿Pasará en Nor Lípez algo similar a lo que sucedió con Tariquía, donde los compromisos firmados en el pasado no tienen ningún valor? Ya no se trata de empeñar la palabra del Estado, es la palabra del presidente o mejor dicho, la firma de Rodrigo Paz.
“Anceps Imperium”
“Anceps Imperium” es una construcción del latín que se puede interpretar como “autoridad de dos cabezas” o “imperio de doble filo”. Mientras el ministro Medinacelli se lanza a respetar los contratos con los chinos y los rusos, la visita del canciller Aramayo en Washingtón en diciembre de 2025 suscita los siguientes titulares: “Bolivia gira hacia Estados Unidos al romper con China, Maduro y años de gobierno izquierdista” (“Bolivia pivots to the US as it breaks from China, Maduro and years of leftist rule”[3]) FOX News.
A raíz de la visita del canciller Aramayo a los Estados Unidos, Visión 360 de Bolivia sostuvo: “el acercamiento a Estados Unidos no responde a una lógica de alineamiento acrítico y pasivo, sino a la convicción de que ambos países comparten principios, valores e intereses estratégicos”. En entrevistas concedidas al Washington Explainer y a Fox News, Aramayo sostuvo que Bolivia aspira a construir una relación de largo plazo con Estados Unidos, basada en la cooperación política, la inversión privada, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento institucional, especialmente en sectores clave como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la explotación sostenible de los recursos naturales (Visión 360, miércoles 17 de diciembre de 2025).
Ante este escenario, de mensajes cruzados en medio de una guerra geopolítica de las grandes potencias por los recursos naturales, es imprescindible que el gobierno aclare cuál es su posición y que sus ministros dejen de dar mensajes contradictorios.
No se trata de alinearse con los gringos contra los chinos y los rusos, ni viceversa, sino como lo repite constantemente el Presidente pensar primero en Bolivia, Bolivia, Bolivia y Bolivia. El gobierno no puede aprobar los contratos con CBC y Uranium One Group como están. Hacerlo sería generar un conflicto que superaría el destino maltrecho del decreto supremo 5503.
Los contratos del litio que no se aprobaron en la anterior Asamblea Legislativa son malos para Bolivia porque además de no haber cumplido con la consulta previa y los estudios de impacto ambiental, ponen candados a cualquier elevación futura de las regalías del litio e inviabilizan la posibilidad de contar con una ley del litio concertada que beneficie al país. Así mismo, hasta ahora no se conocen los estudios de factibilidad económica que sustentan estos contratos ni existen explicaciones coherentes sobre porque el contrato ruso comprende una inversión similar al contrato chino si la cantidad a ser producida es casi la mitad.
El gobierno para salir de este atolladero, en el cual se ha metido solito, debe primero esperar a ver lo que decide la justicia en Bolivia, segundo respetar la palabra empeñada por el presidente y ratificar que los contratos actuales no serán enviados a la Asamblea Legislativa, y en tercer lugar dejar de alinearse con alguna de las potencias, y transparentar todas las negociaciones que está realizando con norteamericanos, rusos y chinos mostrando en blanco y negro los pros y contras de todas las opciones y propuestas. Si el gobierno quiere dar seguridad jurídica a los inversionistas lo primero que tiene que hacer es consensuar una ley del litio y no aprobar los contratos chino y ruso entre gallos y media noche como intento hacer el anterior gobierno en la Asamblea Legislativa.
¡Por respetar la palabra empeñada del anterior gobierno el ministro puede empeñar algo mucho más grave para el país!
[1] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/bolivia-pledges-honor-energy-lithium-deals-reassure-investors-2026-01-19/
[2] https://larazon.bo/economia-y-empresa/2025/12/23/gobierno-enviara-senales-de-confianza-sobre-los-contratos-del-litio-ya-firmados/
[3] https://www.foxnews.com/politics/bolivia-pivots-us-breaks-from-china-maduro-years-leftist-rule
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