La aprobación del Proyecto de Ley Nº157 vulnera la CPE, promueve un cambio en estructura de propiedad de la tierra y favorece el latifundio
La aprobación del Proyecto de Ley N.º 157 en la Cámara de Diputados, el 26 de marzo de 2026, viola principios esenciales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y pone en riesgo las bases del régimen agrario que garantizan la subsistencia y la reproducción de la vida rural en Bolivia.
El citado proyecto de ley vulnera el artículo 394, parágrafo II de la CPE que protege a la
pequeña propiedad agraria por su función social y su carácter de patrimonio familiar
inembargable. La CPE en ningún momento impide que la pequeña propiedad pueda recibir créditos, lo que sí establece es una protección para que el propietario no pueda ser despojado de su tierra por falta de pago de dichos préstamos, porque ello podría llevar a una reconcentración de la tierra y al surgimiento de nuevos latifundios prohibidos de manera expresa por el artículo 398 de la CPE. La inembargabilidad de la pequeña propiedad es una garantía destinada a impedir que la tierra, base del sustento familiar y de la vida rural, quede sometida a la lógica del mercado, los bancos, la usura, la especulación y lleve a la concentración de la tierra en manos de los sectores de mayor poder económico.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados vulnera, asimismo, el artículo 401 de la CPE al postergar por 10 años la verificación de la Función Económico Social (FES) para las medianas propiedades convertidas ya que constitucionalmente el incumplimiento de esta función es causal para la reversión para la propiedad mediana y empresarial. La suspensión de la verificación de la FES elimina el principal mecanismo de control estatal sobre el uso de la tierra y, en los hechos, habilita procesos de acumulación para el retorno del latifundio. Además de estas vulneraciones constitucionales, el Proyecto de Ley 157 establece una vía rápida de “máximo 10 días” para que el INRA proceda a convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad “sin más trámite que la solicitud escrita y una Declaración Jurada voluntaria donde exprese claramente la decisión de la conversión”. El proyecto de ley reduce al INRA a un mero tramitador administrativo y debilita su función de verificación, fiscalización y resguardo de la pequeña propiedad.
Esta norma fue aprobada sin un debate público amplio, sin procesos de socialización y
consulta a las organizaciones indigena originaria campesinas. La norma carece de estudios sobre la tenencia de la tierra, los problemas que ya existen y los impactos que generará en las diferentes regiones del país. Durante su tratamiento en Diputados quedaron en evidencia interpretaciones limitadas y contradictorias sobre su alcance. Una norma con impactos estructurales sobre la tierra no puede aprobarse sin un debate nacional serio, amplio y plural.
Finalmente, advertimos que la aprobación de esta ley es sólo el primer paso de un paquete agrario de leyes pensadas para fragmentar las tierras comunitarias y territorios indigena originario campesinos afectando el derecho de existencia, sentenciando a la destrucción sistemática de la cultura, identidad, idioma y modos de vida de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Bolivia.
El Proyecto de Ley 157 debe ser rechazado por ser una norma contraria a la Constitución y no haber respetado los procesos de consulta previa a las organizaciones indigena originaria campesinas. Anunciamos que si el presente proyecto de Ley es promulgado se presentar inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad, por ser flagrantemente violatorio al espíritu del régimen de recursos naturales y artículos expresos de la CPE. Bolivia necesita políticas que fortalezcan el desarrollo rural con equidad, no normas que debiliten derechos, erosionen la institucionalidad agraria y pongan en riesgo la base territorial de la vida.
Fundación Solón 