Mediante Decreto Supremo 4490, el presidente Luis Arce abrogó este 21 de abril los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348, emitidos en 2020 por la presidenta interina Jeanine Añez, que permitían la introducción de semillas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos; así como la identificación de áreas para cultivo de maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología.
El decreto de abrogación menciona contravenciones de estos decretos a la seguridad y soberanía alimentaria, así como a la biodiversidad, que están protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes 144 y 300, además de acuerdos internacionales firmados por Bolivia sobre biodiversidad.
La única semilla transgénica aprobada desde 2005 en Bolivia es la soya genéticamente modificada evento (40-3-2) resistente a glifosato. Así mismo, aun se encuentra vigente el procedimiento abreviado para la evaluación de los eventos HB4 e Intacta de soya transgénica destinadas a la producción de biodiésel, según autoriza el Decreto Supremo 3874 de 2019, firmado por Evo Morales.
¿Qué decían los decretos abrogados?
El Decreto Supremo 4232 de 7 de mayo 2020 en su Artículo Único autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB): “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”. Para ello, en su Disposición Transitoria, otorgaba un plazo de apenas diez días para que el CNB apruebe los procedimientos abreviados, e instruía tomar en cuenta “acciones y medidas adoptadas por los países vecinos”.
En Bolivia, el Reglamento sobre Bioseguridad aprobado en 1997 establece un procedimiento para la evaluación de semillas transgénicas que comprende:
Los posibles riesgos que pueda tener la liberación del OGM para la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica.
La clasificación de los riesgos.
Las condiciones en que se liberará el OGM.
La factibilidad de las medidas de gestión del riesgo propuestas por el solicitante.
Los posibles beneficios económicos que pudieran producir las actividades con el OGM.
En base a esta evaluación el CNB puede recomendar o no la introducción de una determinada semilla transgénica.
El decreto de Añez lo que hacía era crear una vía rápida para evaluar las semillas transgénicas basada fundamentalmente en análisis realizados en otros países y no en Bolivia. Así, se omitía realizar una evaluación exhaustiva de sus impactos sobre el medio ambiente, la diversidad biológica específica del país, el patrimonio de semillas nativas de los pueblos indígenas y la salud humana.
Ante la imposibilidad de establecer procedimientos abreviados en un plazo ridículo de diez días, el gobierno transitorio de Añez promulgó una semana después el Decreto Supremo 4238 de 14 de mayo de 2020, para alargar el plazo a cuarenta días para la elaboración de dicho procedimiento abreviado de evaluación.
Meses después, el 22 de septiembre de 2020, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 4348, que disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Este Decreto se aprobó a pesar de que hasta esa fecha no se había autorizado ninguna semilla transgénica de maíz, es decir que se daba por hecho que habrían zonas para maíz genéticamente modificado.
“Decretos transgénicos” que contravenían el marco legal
Entre los considerandos que menciona el Decreto de abrogación 4490 están los mandatos de la Constitución Política del Estado, como el Art. 16 sobre la obligación del gobierno de garantizar la seguridad alimentaria y el Art. 409, que establece que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley y no así por un normas de menor jerarquía como es un decreto.
También señala que los decretos abrogados contravienen el Artículo 15 de la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que dispone: “no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”. Así mismo, establece que vulneran el Art. 24 de la Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, que establece acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio boliviano, de las que el país es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.
Respecto a los tratados internacionales que se vulneraron con los decretos de Añez están: el Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena del Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Bolivia a través de la Ley 2274.
La demanda de la sociedad civil
Varios actores de la sociedad civil boliviana se pronunciaron ante el riesgo que representan las semillas transgénicas. Todos enfatizaron que esto se agravaba para cultivos como el maíz de los que Bolivia es centro de origen. Entre estas articulaciones figuran la Asamblea en Defensa de los Bosque y la Vida -que agrupa colectivos, instituciones, y asociaciones académic@s y científic@s-, así como el colectivo Bolivia Libre de Transgénicos y la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, que congrega a productores, apicultores, recolectores, transformadores, entre otros.
Entre las acciones que realizaron estaban pedir la excusa de los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad por existir conflictos de intereses, pues varios de ellos estaban ligados al sector del agronegocio y empresas importadoras de semillas transgénicas, por lo que eran juez y parte. También presentaron una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, argumentando que los decretos constituían una amenaza directa al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia; una amenaza a la biodiversidad y el medio ambiente; una afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa debido al uso de agroquímicos como el glifosato; una afectación a los bosques y los suelos por la ampliación de la frontera agrícola; y una amenaza a la salud humana, pues el herbicida glifosato -parte del paquete tecnológico de los OGM- fue clasificado como “probable cancerígeno para los humanos” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).
La abrogatoria de los “decretos transgénicos” debería ser seguida por la abrogación del Decreto 3874 aprobado por Evo Morales, que también establece un procedimiento abreviado para dos eventos transgénicos ligados a la producción de biocombustible y etanol, y de otras normas que de una u otra forma afectan a los bosques y la biodiversidad. Entre ellas están la Ley 1098 de 2018, que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel; la RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp, para ser implementados en plantaciones forestales; la Ley 741 de 2015, que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades; la Ley 1171 de 2019, que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha); la Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni, entre otras.
Lejos de estar abandonadas por el Estado, las élites empresariales de Santa Cruz se crearon gracias a los apoyos públicos: tierras, capital y un sin fin de políticas hechas a su medida. Con un discurso y una agenda hábilmente adecuadas al tiempo que les toca vivir, actualmente abanderan la defensa de la alimentación nacional y la modernización agrícola para consolidar sus privilegios, a través de la introducción de más eventos transgénicos y replicar el modelo extractivista soyero.
La élite extractivista de oriente
A decir de Soruco (2008), la élite empresarial de Santa Cruz es producto de auges extractivos (goma, algodón, soya), que lejos de responder al mercado interno y a la sociedad nacional, históricamente se vinculó de forma umbilical a los mercados internacionales de materias primas. Esta élite fue erigida por una serie de políticas estatales que tuvieron como momentos centrales, según Peralta-Rivero (2020), los planes de desarrollo estatales de 1955, 1962, 1970 y 1975: “estos impulsaron las recomendaciones del Plan Bohan a través de la planificación estatal lo que ayudó a consolidar la agroindustria en tierras bajas, sobre todo en Santa Cruz”.
Por vía del Estado esta élite obtuvo beneficios directos con inversiones en infraestructura (caminos), capital (subsidios, créditos), tecnología (equipamiento), fuerza de trabajo (mano de obra de occidente vía colonización) y por supuesto dotación de tierras -de una forma “irracional y clientelar”- sobre todo durante la dictadura de Banzer (Soruco, 2008); hasta 1985 la política agraria permitió la consolidación de la mediana y gran propiedad sobre todo en el oriente boliviano. Según Paz (2004), los casos “paradigmáticos de apoyo estatal” fueron la caña de azúcar en Santa Cruz, la ganadería bovina en Beni y, posteriormente, las oleaginosas y cereales en Santa Cruz hasta el quiebre del ciclo neoliberal. La etapa posneoliberal, a la cabeza de Evo Morales, tuvo dos tipos de gestión frente al agronegocio: la primera de 2006 a 2009, con un discurso rupturista con esta élite parte de la llamada “media luna” (Soruco, 2008). Y el periodo 2010 a 2019, donde se va reconfigurando el escenario de pactos y acuerdos, logrando reencauzar algunas consignas de su agenda -como se verá más adelante-, para llegar a 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, con la plenitud de lograr las reformas legales y políticas arañadas en años anteriores. Con Luis Arce se inicia una nueva etapa que podría ser de ruptura y/o de continuidad.
El “grano de oro” no es lo que parece
En estos últimos años, al sector agroempresarial solo le fue necesario generar un dispositivo efectivo para volver a consolidar una nueva ola de apoyos estatales y una nueva agenda política, que garantice su continuidad clánica empresarial. Este dispositivo se generó a partir del boom de los precios internacionales de la soya transgénica, sector que “se ha desarrollado de manera similar a un enclave extractivo, social y sectorialmente” (McKay, 2018), y que ha crecido en la región ante el declive de este modelo de producción agrícola en los países europeos, lo que hizo que economías “emergentes” -como Sudamérica- ocuparan el lugar denostado de producción primaria de alimentos y materias primas (Ormachea, 2013) o de commodities para el mercado global (Svampa, 2013).
El modelo del agronegocio “se vende como un modelo de éxito”, explica Colque (2020), pues solo resalta los factores positivos: inyección a la economía nacional, generación de “miles sino millones” de empleos directos e indirectos, seguridad y soberanía alimentaria del país, e incluso afirma ser un sector ambientalmente sostenible; cuando casi el 100% de la soya cultivada en Bolivia es transgénica y ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas (Cartagena, 2020) de monocultivo, con fuertes impactos socioambientales, pues requiere de insumos como semillas patentadas, agroquímicos, maquinaria pesada para terreno, etc. La mecanización del proceso hace que la fuerza de trabajo local se haga excedentaria, lo que agudiza la migración campo – ciudad, e incluso los pequeños agricultores se estancan pues hay escasas posibilidades de ascenso social (McKay, 2018).
Respecto a la tierra, en la zona de producción soyera en Santa Cruz pervive un inequitativo sistema de distribución de la tierra: el 78% son pequeños productores (con 50 hectáreas o menos) que manejan el 9% de la superficie productiva de soya, mientras que el 2% son grandes productores (con más de 1.000 hectáreas) que manejan el 71% de la superficie productiva de soya (Cartagena, 2020). Por otra parte, de una comparación entre la producción de 2003 con soya no transgénica y la de 2019 con soya transgénica (evento 40-3-2), resulta que el rendimiento por hectárea de soya no transgénica es mayor: 2,4 y 1,85 TM/ha respectivamente (Peralta, 2020; Villalobos, 2021).
Desde una mirada feminista, el complejo del agronegocio abarca solo a hombres en las direcciones: “dada la estructura patriarcal del complejo soyero” y de la ”cultura” machista de que son los hombres los que deciden y saben sobre producción agrícola (McKay, 2018). Ambientalmente, el uso constante de agroquímicos con alto grado de toxicidad -según la OMS y la FAO- puede afectar a animales (sobre todo polinizadores), humanos, suelos y agua (Villalobos, 2020). Un terrible efecto ambiental del agronegocio -subrayado por varios estudios- es la relación que tiene la actividad con el alarmante incremento de tasas de deforestación e incendios forestales, los peores de Bolivia fueron en 2019 y 2020 (Vos; Gallegos et al. 2020).
Entonces, el trasfondo del relato de la élite soyera es otro distinto al del modelo agrícola “exitoso” que quiere vender. Cartagena (2020) coincide con Colque (2020) en que subyacen “razones extra productivas” en este gremio, que tienen que ver la consolidación de tenencia de sus tierras y el incremento de su valor, por ejemplo, vendiéndolas o rentándolas para otros cultivos; o las ganancias que produce el resto de la cadena productiva de la soya, como el mercado de los insumos agrícolas.
En efecto, según los datos de campo relevados por McKay (2018), hay una cadena de varios actores involucrados en el negocio de los insumos de la soya transgénica, desde las transnacionales Syngenta, Monsanto, John Deere, New Holland, Nidera, entre otras corporaciones que “colaboran” con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para “promover” variedades de semillas, cosechadoras, tractores, fumigadores, sembradoras, agroquímicos e incluso servicios crediticios y financieros. MacKay (2018) sostiene, por ejemplo, que otro de los efectos es la dependencia a la tecnología. El caso de los capitales y tecnología brasileña usado por el agronegocio boliviano condujo a una ola de “extranjerización”: entre 2006 y 2007 los brasileños controlaban el 40,3 por ciento del área total de las plantaciones de soya, frente al 19,6 por ciento que representaban en 1994 y 1995 (Urioste, 2012).
Sin embargo, estos mismos sectores vienen presionando al Estado para tener más beneficios políticos directos (Ormachea; Ramírez 2013), donde resalta un consorcio complejo: ANAPO, CAO, IBCE, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) -parte del grupo CropLife- y hasta la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. De hecho, muchas de estas gestiones han tenido como resultado eventos públicos de intercambios de acuerdos entre el gobierno de Evo Morales y el consorcio soyero, como el Encuentro Plurinacional de 2011 y 2012 (Gomez, 2013); la ExpoSoya de 2014, la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015; incluso la ExpoSoya de 2020 que tuvo como participante a la presidenta transitoria, Jeanine Añez.
Las leyes hechas a medida del agronegocio
En un debate de 2020, Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Secretario Ejecutivo de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), volvía a afirmar que frente a la pandemia el sector se reactivaría sólo con el apoyo del Estado y demandaba: acceso a tecnología e insumos; ampliar la Función Económica Social (FES); y garantizar mercados externos, así como contar con infraestructura específica como puertos, carreteras, hubs y ferrocarriles. Esta ha sido la agenda del agronegocio los últimos 15 años y -como se verá a continuación- en buena parte ha sido atendida con un marco legal hecho a medida del agronegocio.
Transgénicos e insumos
El agronegocio ha venido usando una narrativa de “emergencia” de incrementar rendimientos en la producción de alimentos, para satisfacer el mercado interno cada vez que impulsa una medida a favor del sector, ya sean argumentos climáticos -como la sequía- o incluso la pandemia de Covid-19. En 2016, con pretexto de la sequía, aprobaron el DS 2857 para la importación de maíz transgénico amarillo proveniente de Argentina destinado al consumo animal, lo que ocasionó la siembra ilegal de maíz BT y maíz RR en el chaco cruceño (Cartagena, 2020). En 2919 alegaron baja productividad y problemas por la sequía para conseguir el DS 3874, que permite la evaluación de la soya transgénica evento HB4 y la soya evento Intacta, destinados a biodiésel. En 2020 lograron la aprobación del Decreto 4232 para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, y pusieron como argumento que la iniciativa era parte del Plan Nacional de Emergencia por el Covid-19 para el abastecimiento del consumo interno.
Normas que la viabilizan
DS 28225 de 2005 que permite el uso, procesamiento y comercialización interna y externa de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) y sus derivados. Ley 314 de 2012 que permite la expropiación para iniciar la construcción de la Planta Industrializadora de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo. DS 2857 de 2016 que permite la importación de maíz amarillo transgénico proveniente de la Argentina. Ley 1098 de 2018 que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel. DS 3874 de 2019 que autoriza procedimientos abreviados para soya HB4 y soya Intacta, con fines de producción de biocombustibles. DS 4232 de 2020 que establece procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos. RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp para ser implementados en plantaciones forestales.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).
Tierra: Función Económica Social (FES), desmontes y frontera agrícola
La Ley 337 que paradógicamente crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, en realidad consolida un terrible “perdonazo” a desmontes realizados entre 1996 y 2011. Con leyes de este tipo, los últimos años se ha visto una paulatina legalización de desmontes y quemas, pagando apenas pequeñas multas, evitando sanciones penales y reforestando pequeñas partes. Al mismo tiempo, con la Ley 740 de ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades, el agronegocio ha logrado evitar la reversión de tierras, aunque el horizonte del sector es la cancelación o eliminación de la FES, arguyendo que su carácter temporal dificulta o restringe el acceso al crédito agrícola basado en la propiedad de la tierra como garantía (CAO, 2020). Mediante la Ley departamental 93 de Beni, en 2019, lograron ampliar la frontera agrícola en este departamento con 10 millones de hectáreas destinadas al sector ganadero, modificando el Plan de Uso de los Suelos (PLUS), con cinco categorías generales: tierras de uso agropecuario (9.026.912 ha.); de uso agrosilvopastoril (946.064 ha.); de uso forestal (3.276.067 ha.); de uso restringido (2.203.290 ha.); Áreas naturales protegidas (6.855.760 ha). Según el estudio de Rojas (2020), la falta de datos técnicos en el PLUS de 2019, solo ratifica que fue una decisión política y no con base científica, que beneficia en primera línea a los ganaderos, pero también a intereses agroindustriales nacionales y extranjeros (Rojas, 2020).
Normas que la viabilizan
Ley 337 de 2013 que crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece el perdonazo de desmontes realizados entre 1996 y 2011. Ley 502 de 2014 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 12 meses más. Ley 740 de 2015 que ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades. Ley 739 de 2015 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 18 meses más. Ley 741 de 2015 que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades. Ley 1171 de 2019 que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha). DS 3973 de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Beni y Santa Cruz. Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).
Mercados y exportación
En 2008, producto de un boicot del sector agroempresarial, el gobierno emitió el Decreto 29460 que restringe la exportación de alimentos ante déficit de abastecimiento interno. A partir de ese momento, el objetivo del agronegocio es lograr la libre exportación de productos agrícolas o agroindustriales sin restricciones temporales y sin bandas de precios, un objetivo que habían logrado con el Decreto 4139 de 2020 firmado por Añez y derogado por Arce ese mismo año. Este es un tema latente en el sector y un espacio en disputa con el Gobierno, sobre todo estos años que los precios internacionales de la soya volvieron a repuntar, prueba de ello fueron los bloqueos de carreteras convocado por ANAPO exigiendo la eliminación de la banda de precios a derivados de la soya.
Normas de restringen y controlan en mercado interno
DS 29460 de 2008 que prohíbe la exportación temporal de alimentos ante desabastecimiento interno. DS 1514 de 2013 que autoriza la cuota anual de exportación de soya de 400.000 toneladas. DS 1925 de 2014 que aumentó la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales. DS 3127 de 2017 que aumentó de la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales. DS 3920 de 2019 que autorizó la exportación de 60% de la producción nacional de soya. DS 4417 de 2020 que abroga los Decretos 4139 y 4181.
Normas que la viabilizan
DS 4139 de 2020 que libera plenamente las exportaciones de todos los subproductos de la soya (derogado).
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).
Fuentes:
Colque, G. (2020). Detrás de la expansión de la frontera agrícola: sostenibilidad económica, social y ambiental del agro-modelo cruceño. [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.
Cartagena, P. (2020). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.
McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.
Osinaga, E. (2020). Perspectivas del sector agropecuario [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.
Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.
Peralta, C. (2020). Impactos y tendencias del modelo agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia. Revista Mundos Rurales 15(01), 10-2020.
Rojas, J. y Anzaldo, A. (2020). El nuevo PLUS del Beni, excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana. Revista Mundos Rurales, 15(1).
Soruco, X. coord. (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación TIERRA, 2008.
Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.
Villalobos, G. (2021). ¿Qué son los agroquímicos?. Fundacionsolon.org.
Vos, V., Gallegos, S. et al. (2020) Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.
La historia de los alimentos transgénicos muestra que no solo es un tema de desarrollo de biotecnología, si no, de privatización de semillas, salud poblacional, marcos regulatorios y presión empresarial de países ricos hacia países del sur global para imponer la receta del paquete “agrobiotecnológico”.
Siguiendo la presión política y social por desplazar los cultivos transgénicos del norte al sur, este modelo se ha impuesto a Bolivia, y el país podría convertirse en el tercero de Sudamérica con más semillas y eventos transgénicos legalizados, si se mantienen vigentes los Decretos Supremos 24676; 3874; y 4232, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) y varias leyes nacionales prohíben la importación, producción y comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
¿Qué tipificaciones y sanciones existen en la legislación nacional sobre delitos contra el medio ambiente o actos relativos al ecocidio? Las actuales normas otorgan penas de privación de libertad de uno a diez años por daños graves al medio ambiente, sobre todo atentados contra bosques, agua y animales silvestres y domésticos. Sin embargo, aunque son cada vez más evidentes los delitos ambientales y sus consecuencias, no son visibles la identificación de responsables ni las sanciones. En los hechos la aplicación de las leyes presenta grandes limitaciones y vacíos institucionales; incluso están vigentes nuevas normas que minimizan los crímenes ambientales y solo imponen multas ante graves delitos, como es el caso de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas (2019), con relación a los megaincendios forestales.
