Un primer paso hacia la democratización de la energía en Bolivia

La generación distribuida no estaba normada en Bolivia. Las pocas instalaciones de paneles solares para autoconsumo de hogares, instituciones y empresas hasta ahora no podían conectarse a la red, ni vender el excedente de energía eléctrica que generaban. Esta situación ha cambiado con la promulgación del Decreto Supremo Nº 4477 que allana el camino para que la población, además de generar energía eléctrica para su autoconsumo a través de fuentes renovables (fotovoltaica, mini eólica o mini hidráulica), pueda ahora inyectar a la Red de Distribución el excedente que produzca y recibir una retribución.

Este decreto promulgado el pasado 24 de marzo define a la Generación Distribuida como la “generación de energía eléctrica que se caracteriza por ser un sistema de generación descentralizado e instalado en el lugar de consumo, de pequeña a mediana escala, con fuentes renovables, conectadas a la Red de Distribución a fin de inyectar sus excedentes de generación”. Al usuario del servicio público de electricidad que produce excedente electricidad lo denomina “Generador Distribuido” (Art. 2).

El Decreto indica que habrá una retribución por la energía eléctrica que se inyecte a la red, sin embargo, deja al regulador del sector eléctrico (Art. 5), en este caso la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), establecer las caracteristicas y monto de dicha retribución.

El mencionado decreto sólo menciona los siguiente criterios para determinar la retribución: el desarrollo del mercado eléctrico; las categorías de consumo; la energía consumida por el Generador Distribuido; y la energía inyectada a la Red de Distribución.

El DS 4477 establece tres categorías de potencia instalada para la Generación Distribuida: Nanogeneración hasta 10 kilovatios (kW); Microgeneración entre  10 kW y 50 kW; y Minigeneración entre a 50 kW y 350 kW.

Con relación a la parte técnica de instalación de proyectos de Generación Distribuida, el Decreto indica que debe ser realizada por empresas instaladoras especializadas, debidamente registradas y habilitadas por el “Distribuidor” u “operadores eléctricos” (Art.4).

Sobre los costos de este tipo de proyectos, el DS 4477 determina que serán responsabilidad del usuario: “Cuando un Generador Distribuido quiera inyectar su excedente de energía eléctrica, el Distribuidor u operadores eléctricos estará a cargo de la conexión y adecuación, colocación del equipo de medición y otros accesorios necesarios; los costos en los que incurra serán deducidos de la Retribución del Generador Distribuido, aspecto que será establecido por el Ente Regulador del sector eléctrico”. Seguidamente indica que: “En aquellos casos en los que el Distribuidor u operadores eléctricos no pueda realizar la conexión y adecuación, colocación del equipo de medición y otros accesorios necesarios, el Distribuidor u operadores eléctricos asignará a una empresa registrada y habilitada, conforme lo establecido por el Ente Regulador del sector eléctrico, cuyos costos serán asumidos por el Generador Distribuido” (Art. 4). (Enfasis propio)

Algunas interrogantes

Normar la generación distribuida en el país es un importante avance hacia la democratización de la energía y la transición energética. Sin embargo, quedan algunos aspectos relevantes que deben ser precisados. La Disposición Adicional Primera del DS 4477 dice: “El Ente Regulador del sector eléctrico mediante Resoluciones Administrativas, reglamentará los aspectos requeridos para la aplicación del presente Decreto Supremo en un plazo de hasta seis (6) meses, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”.

¿La reglamentación del DS 4477 se limitará a viviendas u edificios, donde familias o empresas sean las que asuman esta actividad o ampliará su enfoque a colectivos urbanos, municipales o de comunidades?. La generación distribuida podría tener un impacto importante si empieza a desarrollarse a nivel municipal y de comunidades indígenas campesinas.

Sobre este aspecto, el Decreto no hace una diferenciación entre distintos tipos de usuario que requieren reglas diferentes. Por ejemplo, sectores agrícolas que usan energía solar para riego o pequeñas empresas que generan electricidad para sus talleres requieren de tratamientos diferenciados. Así mismo, iniciativas comunitarias o municipales que generen electricidad para su autoconsumo y persigan un ingreso económico deben ser claramente contempladas.

¿Cómo será la retribución por la venta de excedente eléctrico? ¿Será en dinero de libre disponibilidad o será en créditos o bonos para el Generador Distribuido? ¿La retribución será lo suficientemente atractiva para motivar a la población a generar un excedente de energía eléctrica que pueda vender a la red?. Uno de los obstáculos para la expansión de la energía solar en Bolivia, que varios técnicos advierten, son los subsidios que actualmente existen para el gas natural que utilizan las termoeléctricas. Por estos subsidios, en el 2017, la tarifa eléctrica era de Bs 0,60 (0,08 $US) por kilovatio hora (kW/h) para el sector residencial y de Bs 0,40 (0,06 $US) para el sector industrial, ¿podrá la generación distribuida competir con estos precios?.

En algunos países contar con un precio fijo asegurado y/o preferencial más elevado que el precio de mercado en la red, permite al que invierte en un pequeño sistema fotovoltaico contar con un ingreso seguro por un determinado lapso de tiempo que compense los primeros años de amortización de la inversión.

¿Habrá algún tipo de apoyo o financiamiento a bajo costo para quienes quieran emprender esta actividad?. Realizar una instalación en generación distribuida renovable requiere de cierta capacidad económica y de espacio para la instalación de paneles solares. El DS 4477 no hace ninguna referencia a líneas de financiamiento de bajo costo para sectores de la población que quieran ingresar en esta actividad. Existe el riesgo que quienes no tienen acceso a capital o créditos de bajo costo no puedan participar de la generación distribuida, y que esta se concentre en sectores privilegiados con capacidad económica para asumir dicha inversión.

¿En el corto plazo se contará con suficientes empresas instaladoras especializadas y habilitadas para conectarse a la red?. Este aspecto es importante para un avance ágil hacia la generación distribuida.

De otra parte, los límites de potencia instalada definidos por el Decreto en cada categoría son muy bajos (≤ 10 kW; > 10 kW ≤ 50 kW; > 50 kW ≤ 350 kW). Es necesario que en una próxima fase se creen nuevas categorías para que se puedan desarrollar emprendimientos comunitarios y municipales de mediana escala que sean viables en términos económicos.

Bolivia cuentan con uno de los mayores niveles de radiación solar del planeta, y la apuesta por la generación distribuida no sólo permitirá aprovechar este potencial, sino que será una alternativa para los mega proyectos de alto impacto ambiental.

Primer trimestre del 2021 suma 7.084 focos de calor en todo el territorio nacional

Los focos de calor acumulados desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2021 en todo el territorio nacional suman 7.084 focos, una cifra cercana al primer trimestre del 2019 (10.953 focos) pero bastante inferior en comparación a los focos acumulados registrados el primer trimestre del 2020 (21.257 focos).

Sólo durante el mes de marzo del 2021 el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA) registró 1.809 focos de calor en todo el país, una cifra significativamente menor en comparación con marzo del 2020 cuando se registraron 8.012 focos de calor.

Santa Cruz, con 1.409 focos de calor, fue el departamento donde se registró la mayor cantidad de puntos de calor, seguido luego por Beni con 273 focos. La concentración de focos de calor durante el mes de marzo en los estos dos departamentos es un patrón que se mantiene desde los últimos 10 años; exceptuando marzo del 2020 cuando por primera vez Tarija superó a Beni y se posicionó en segundo lugar[1].

Focos de calor mes de marzo 2021 por departamento, provincia y municipio

Fuente: MMAyA

Los datos del SIMB evidencian que la mayoría de los focos de calor se registran en áreas con cobertura boscosa. Del total de focos acumulados durante el primer trimestre de este año, 3.621 se detectaron en áreas con cobertura boscosa, equivalente al 51% del total de los focos de calor acumulados. Este porcentaje es casi igual al 2020, cuando el 50% (10.740 focos) de los focos de calor acumulados durante el primer trimestre de ese año se registraron en áreas con cobertura boscosa. Mientras que, durante el primer trimestre del 2019, el 43% (4.752 focos) del total de focos de calor acumulados se dieron en áreas con cobertura boscosa.

Entre el 01 y el 31 de marzo del 2021, el SIMB contabilizó 890 focos de calor en áreas con cobertura boscosa, correspondiente al 49% de todos los focos de calor registrados durante ese mes. Al igual que el mes pasado, el tipo de bosque más afectado durante marzo de este año fue el chaqueño con 584 focos de calor, seguido en segundo lugar por el bosque chiquitano (231 focos de calor), y en menor medida el bosque amazónico (44 focos) y el bosque yungueño (13 focos).

A diferencia de las áreas con cobertura boscosa, el SIMB detectó pocos puntos de calor en reservas forestales y áreas protegidas. De enero a marzo del 2021 suman 257 focos de calor en reservas forestales; valores que se mantiene dentro de un rango similar al mismo periodo en el 2020 (373 focos) y el 2019 (241 focos). Mientras que los focos de calor acumulados durante el primer trimestre del 2021 en áreas protegidas sumaron 116 focos; un valor muy inferior en comparación al primer trimestre del 2020 y del 2019, cuando se registraron 951 y 699 focos de calor respectivamente.

Para finalizar, los datos el SIMB señalan que durante el 01 al 31 de marzo de este año solo 43 focos se registraron en áreas protegidas, equivalente al 2,4% del de focos de calor registrados en ese mes. En tanto que, en reservas forestales se detectaron 61 focos, correspondiente al 3,4% de los focos de calor registrados en marzo de este año. 


[1] MMAyA (2020). Reporte oficial de focos de calor e incendios forestales. Boletín N° 7 (martes 31 de marzo de 2020). Gestión 2020. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2021/04/boletin_20200331.pdf

El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya

Por: Guillermo Villalobos

Desde los años 90, el modelo agroindustrial basado en la exportación de commodities agrarios -es decir, materias primas para la exportación- comenzó a afianzarse cada vez más en el país. Tal como en los años 90,[1] hoy en día el sector que privilegia este modelo agrario lo promociona como un modelo que impulsa la “modernización” de la agricultura -fundamentalmente por medio del uso de biotecnología- y que esa “modernización” lleva a mayores rendimientos y productividad, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria nacional[2]. En el caso boliviano, como en Brasil y Argentina, el cultivo de soya poco a poco se fue posicionado como el pilar principal de este modelo agroindustrial.

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La historia de los transgénicos en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos

La historia de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Bolivia es intrincada. A grandes rasgos, podemos identificar cinco grandes períodos que marcaron la historia normativa de los OGM en el país. El primer periodo se remonta a principios de la década de los 90 con los primeros ensayos con papa Genéticamente Modificado (GM) variedad Desiree. Sin embargo, fue recién después de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 (ratificado por Bolivia en 1994 mediante la Ley 1580) y la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1996 que regula un Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos que Bolivia aprueba en 1997 su Reglamento sobre Bioseguridad. Con este reglamento -cuya finalidad es minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos por el uso y liberación de OGM- se crea el Comité Nacional de Bioseguridad como organismo encargado de asesorar en temas relacionados al manejo y evaluación técnica para realizar actividades con OGM.

Es en base al Reglamento sobre Bioseguridad que en 2005 se autoriza por primera vez en el país la producción y comercialización de soya genéticamente modificada resistente al glifosato evento (40-3-2), constituyéndose en el único OGM formalmente aprobado hasta la fecha  en el país. A partir de esta autorización, que da inicio al segundo periodo, es que poco a poco toda la soya convencional que se producía en el país se reemplaza por soya transgénica. Desde 2012 prácticamente toda la soya producida en Bolivia es transgénica.

Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, se inicia un tercer periodo histórico, caracterizado por la aprobación de un amplio marco legal que norma la utilización de transgénicos en el país. Así, partiendo desde la misma CPE (Art. 255, I., No. 8) y mediante la aprobación de distintas leyes entre 2010 y 2014, el país construyó un marco legal que buscó normar, desincentivar y prohibir la importación, uso, producción, liberación al medio y comercialización de OGM en el país.

Empero, y pese a todo este marco legal, desde 2011 se comienza a observar la conformación de un cuarto periodo, caracterizado por una “apertura” de la norma a favor de los OGM. Dicha “apertura” se dio fundamentalmente por medio de la Ley 144; la cual – a la par de prohibir la introducción de OGM al país (Art. 15, No 2) – establece que todo producto OGM destinado al consumo humano tiene que estar debidamente etiquetado y que se establezcan disposiciones para controlar la producción, importación y comercialización de productos GM (Art 19, No 5). Años después, esta Ley dio paso al Reglamento sobre etiquetado de productos que contengan OGM, donde se establece que todo alimento producido, fabricado e importado al país que contenga o derive de OGM obligatoriamente tenga una etiqueta (DS 2452 Art. 4).

El quinto y último periodo consolida ese viraje hacia una apertura a los OGM y una flexibilización de la normativa nacional. Este viraje comenzó a concretarse con el Decreto Supremo N° 1098 del 2018, que autoriza la producción de aditivos de origen vegetal (etanol y biodiésel), para luego pasar al Decreto Supremo N° 3874 del 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de dos nuevos tipos de soya transgénica (evento HB4 e Intacta) para la producción de biodiésel. El punto más alto de este periodo lo representó la promulgación de los Decretos Supremos 4232 y 4348 en el 2020. El DS N° 4232 autorizó nuevamente al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados, solo que esta vez para un número indefinido de eventos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. Mientras que el DS N° 4348 autoriza la zonificación de áreas para el cultivo de maíz transgénico, a pesar de no estar aún autorizados legalmente.

De laboratorios al mercado: la historia de los alimentos transgénicos

Por: Marielle Cauthin 25/03/2021

La historia de los alimentos transgénicos muestra que no solo es un tema de desarrollo de biotecnología, si no, de privatización de semillas, salud poblacional, marcos regulatorios y presión empresarial de países ricos hacia países del sur global para imponer la receta del paquete “agrobiotecnológico”.

Siguiendo la presión política y social por desplazar los cultivos transgénicos del norte al sur, este modelo se ha impuesto a Bolivia, y el país podría convertirse en el tercero de Sudamérica con más semillas y eventos transgénicos legalizados, si se mantienen vigentes los Decretos Supremos 24676; 3874; y 4232, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) y varias leyes nacionales prohíben la importación, producción y comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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El caso de México y las iniciativas en Europa

Por Ximena Montaño Sandoval

El reconocimiento del ecocidio es tema de discusión en varios países del mundo. En el caso de México existen diferentes iniciativas para reformar su Código Penal Federal. En el 2020 se presentó una propuesta que dice: “Comete el delito de ecocidio quien por sí o por interpósita persona derivado de las actividades que realice, cause un daño grave, masivo y extenso, en superficie y temporalidad, a los recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, suelo, subsuelo o el ambiente, cuyo resultado sea la afectación de un ecosistema determinado”. La pena propuesta por este delito es de doce a veinte años de prisión más una multa, y en caso que los infractores sean servidores públicos se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión[1].

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Agua e inundaciones en Bolivia – Enero a Marzo 2021

Por Alejandra Nuñez del Prado R.

El mundo está experimentando grandes cambios en lugares fundamentales para la regulación del clima como los Andes y la selva Amazónica.  La devastación de estas ecoregiones a causa del derretimiento de glaciares y los incendios forestales tendrán consecuencias muy graves para el ciclo del agua[1].  

El agua es un recurso natural limitado e indispensable para la existencia y el desarrollo de todas las especies. Las intensas lluvias, así como la ausencia absoluta de ellas, afectan a cantidades incalculables de personas, definiendo el destino de naciones enteras.

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Think from the point of view of water

Pablo Solón

[Español] Look at life from the perspective of water. Assume that human beings are essentially water. Realize that three-quarters of our brain is made up of water. Feel the water in the blood running through our veins. Discover that rather then returning to dust we will return to water at our hour of parting. Imagine the journey of those little molecules that will leave our body to travel through the three states of water. Our being is made up of water that evaporates into the sky, becomes snow, settles on a glacier, and flows towards the ocean until it feels the rays of the sun. To be part of the whole in the water cycle again.

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Pensar desde el agua

Por Pablo Solón

[English] Mirar la vida desde la perspectiva del agua. Asumir que los seres humanos somos esencialmente agua.  Percatarse de que tres cuartas partes de nuestro cerebro están constituidas de agua. Sentir el agua en la sangre corriendo por nuestras venas. Descubrir que más que en polvo nos convertiremos en agua cuando nos llegue la hora de partir. Imaginarnos el viaje de esas pequeñas moléculas que abandonaran nuestro cuerpo para transitar por los tres estados del agua. Nuestro ser está formado de agua que se evapora hacia el cielo para convertirse en nieve, depositarse en un glaciar, fluir hacia el océano hasta sentir los rayos del sol. Volver a ser parte del todo en el ciclo del agua.

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Los primeros en reconocer el crimen de Ecocidio

Por Ximena Montaño Sandoval

El primer país en introducir el ecocidio en su Código Penal fue Vietnam en 1990, a razón de la utilización del Agente Naranja por el ejército de los Estados Unidos con la intención de destruir al Viet Cong durante la guerra de Vietnam. El mismo se encuentra definido en el marco de Crímenes contra la humanidad y estipula una sanción de entre diez y veinte años de prisión, cadena perpetua o pena capital para “Aquellos que, en tiempos de paz o de guerra, cometen actos de aniquilación masiva de poblaciones en un área, destruyendo la fuente de sus medios de vida, socavando la vida cultural y espiritual de una región, trastornando los cimientos de una sociedad con miras a socavar dicha sociedad, así como otros actos de genocidio o actos de ecocidio o de destrucción del medio natural…”.

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¿Qué son los agroquímicos?

“A pesar de las recientes estimaciones de que las repercusiones económicas de los plaguicidas en las especies no destinatarias (incluidos los seres humanos) ascienden aproximadamente a 8.000 millones de dólares anuales en los países en desarrollo, el uso de plaguicidas está aumentando y se utilizan millones de toneladas de ingredientes activos de plaguicidas en la agricultura” (FAO, 2018)

Por Guillermo Villalobos

Cada año en los campos de cultivos de todo el mundo se aplica millones de toneladas de agroquímicos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a nivel global se rocían unos 4.6 millones de toneladas de plaguicidas químicos al año y unos 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados.[1] Solo durante el 2018, la FAO estima que se usaron unos 188 millones de toneladas de fertilizantes, 40% más que en el 2000. Mientras que, para el 2018, se usaron 4,1 millones de toneladas de pesticidas, 33% más que en el 2000.[2]

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¿Cuál es la importancia de una legislación contra el Ecocidio?

Por Alejandra Nuñez del Prado R.

Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni seres humanos. Si las abejas desaparecieran del planeta, al ser humano solo le quedarían 4 años de vida.

La frase citada pertenece a una de las protestas de apicultor@s belgas en 1994 y dimensiona la relación de interdependencia entre especies. En las últimas décadas la población de abejas se ha reducido considerablemente debido al uso de agroquímicos y al cambio climático, ellas son responsables de por lo menos un tercio de la producción de alimentos a nivel global con la polinización de 85% de los bosques y 70% de cultivos agrícolas, por lo que su desaparición definitiva implicaría también la de una multitud de plantas, generando el desequilibrio de los ecosistemas y como consecuencia la extinción humana [i].

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1.386 focos de calor en áreas boscosas durante febrero 2021

El mes de febrero del 2.021 registró 2218 focos de calor en todo el país, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA). Una disminución significativa en relación a febrero del 2020, cuando se registraron 4.444 focos de calor. Santa Cruz sigue siendo el departamento con mayor número de focos de calor (1945 focos), siendo las provincias de Chiquitos, Cordillera y Velazco los más afectados.

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Focos de calor mes de febrero 2021

Fuente: MMAyA

Concerniente a las reservas forestales, el SIMB registró 53 focos de calor, la mayoría concentrado en la reserva de Iturralde (30 focos) y Guayaros (15 focos). Por otro lado, durante febrero de este año se registraron solo 31 focos de calor en áreas protegidas, principalmente en San Matías (16 focos), Aguarague (5 focos) y Carrasco (3 focos).

Por último, de focos de calor registrados en febrero del 2021, 1.386 focos se dieron en áreas con cobertura boscosa, equivalente al 62.5% del total de focos registrados. Esto significa un aumento porcentual en relación a febrero del 2020, cuando el 56% de los focos contabilizados se registraron en áreas boscosas. Los datos del SIMB señalan que el bosque chaqueño fue el más dañificado con 980 focos de calor, seguido por el bosque chiquitano (270 focos), el bosque amazónico (111 focos de calor), el bosque tucumano-boliviano (12 focos), el bosque de yungas (7 focos de calor) y el bosque de pantano y de llanuras inundables (con 3 focos de calor respectivamente).

Agroquímicos, cóndores y la amenaza a la vida silvestre

Por Guillermo Villalobos

El pasado 5 de febrero de este año, 34 cóndores (Vultur gryphus) y otras siete aves rapases – 5 buitres de cabeza roja (Cathartes aura), un gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus) y un carancho (Caracara plancus) – fueron halladas muertas en una quebrada cerca de la comunidad de Laderas Norte, a unos 20 km de la ciudad de Tarija.[1] El hecho sucedió debido a un envenenamiento, presuntamente por comunarios locales que – mediante un chivo envenenado que actuaba como señuelo – buscaban “eliminar” un depredador que amenazaba a su ganado.[2]

Los resultados de los análisis de laboratorio llevados a cabo por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz señalan que las aves fueron envenenadas con Carbofurán.[3]El Carbofurán (también conocido como Carbofurano) pertenece al grupo químico de los carbamatos y es el ingrediente activo en distintos insecticidas utilizados en una variedad de cultivos como la papa, el maíz, la soya, entre otros.[4]

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Agroquímicos: El país de las normas pisoteadas

Por: Guillermo Villalobos y Blanca Ramírez

Según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uso de plaguicidas en Bolivia se duplicó entre 2005 y 2018, pasando de 7.146 toneladas a 14.758 toneladas respectivamente.[1] El mayor uso de plaguicidas está estrechamente vinculado con la introducción de la soya durante los 90 y más específicamente con la legalización de la soya genéticamente modificada resistente a glifosato evento (40-3-2) en el 2005.[2] De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las importaciones de plaguicidas se incrementaron en 491% desde el 2007 al 2016, pasando de 6.594 toneladas en el 2007 a 39.000 toneladas el 2016, por un valor acumulado de 1.652 millones de dólares americanos.[3] Solo el año 2019, Bolivia importó un total de 52.489 toneladas de plaguicidas[4] por un valor FOB total de 247 millones de dólares americanos.[5]

Muchos de los plaguicidas que se importan legalmente al país tienen niveles de toxicidad elevados y son restringidos en otros países. Un estudio en 2018 reveló que, de los 229 ingredientes activos con registro sanitario de ese año, 164 eran considerados altamente tóxicos y 105 estaban prohibidos en otros países.[6] Paradójicamente Bolivia cuenta con un amplio marco legal que regula e incluso prohibió el uso de agroquímicos – plaguicidas, fungicidas, herbicidas, etc. – en el país; comenzando desde la misma Constitución Política del Estado, numerosas leyes y resoluciones administrativas, hasta varios tratados internacionales. A pesar de este marco legal, los datos develan que el país va en contra marca a lo dispuesto en su normativa.

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Delitos contra el medio ambiente ¿qué dicen las leyes bolivianas?

Blanca Ramírez / Marielle Cauthin

¿Qué tipificaciones y sanciones existen en la legislación nacional sobre delitos contra el medio ambiente o actos relativos al ecocidio? Las actuales normas otorgan penas de privación de libertad de uno a diez años por daños graves al medio ambiente, sobre todo atentados contra bosques, agua y animales silvestres y domésticos. Sin embargo, aunque son cada vez más evidentes los delitos ambientales y sus consecuencias, no son visibles la identificación de responsables ni las sanciones. En los hechos la aplicación de las leyes presenta grandes limitaciones y vacíos institucionales; incluso están vigentes nuevas normas que minimizan los crímenes ambientales y solo imponen multas ante graves delitos, como es el caso de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas (2019), con relación a los megaincendios forestales.

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Ecocidios: las diferentes heridas de la Madre Tierra

Por Guillermo Villalobos

Los ecocidios son profundas heridas ambientales que se asocian con eventos que destruyen ecosistemas. A lo largo de la historia reciente se han dado varios ecocidios en todo el planeta. Cielo, mar y tierra han sufrido ecocidios y los más conocidos se deben a daños irreparables en los ecosistemas. La contaminación del agua y el suelo, la deforestación y/o quema de los bosques, la extinción de especies vegetales y animales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, inducidas o causadas por la actividad humana han lastimado a la madre tierra[1]. Los ecocidios generan la destrucción puntual o continua de un ecosistema y generan profundas secuelas en los ciclos naturales, al balance sistémico y para las poblaciones locales. Para ejemplificar los posibles diferentes tipos de ecocidio, presentamos a continuación siete casos que, a lo largo de las últimas décadas, han marcado a la madre tierra.

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2021 comienza con 3057 focos de calor

En el primer mes del 2021, el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA) registró 3.057 focos de calor en todo el territorio nacional. Una cifra mucho menor en comparación a enero del 2020, cuando se registraron 8.801 focos.

La mayoría de los focos de calor registrados se localizaron en el departamento de Santa Cruz y en segundo lugar Beni, con 2025 y 636 focos de calor respectivamente. Siendo los municipios más afectados: San Ignacio de Velasco, Pailón, Charagua en Santa Cruz y Exaltación, Reyes y Santa Rosa en el Beni.

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Focos de calor mes de enero 2021

Fuente: MMAyA

Del total de focos de calor contabilizados en enero de este año, 1345 focos (el 44%) se registraron dentro de áreas con cobertura boscosa. Donde el tipo de bosque con mayor registro de puntos de calor fue el bosque chaqueño con 651 focos, seguido por el bosque chiquitano y el bosque amazónico, con 484 y 147 focos de calor respectivamente.

Por último, los datos del SIMB señalan un aumento porcentual de los focos de calor registrados en reservas forestales. Durante enero del 2020, el 1,2% de los focos de calor se contabilizaron en reservas forestales, mientras que durante enero del 2021 este porcentaje creció al 4,7%. En contraste, a lo largo del primer mes del 2021 solo el 1,4% del total de focos de calor fueron registrados en áreas protegías; una disminución porcentual significativa en comparación con enero del 2020 cuando el 4,5% del total de focos de calor registrados se dieron en áreas protegidas.

Los ecocidios están interconectados

Por José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

Ya sea Gaia o Pachamama, los saberes de culturas milenarias lo sabían, la tierra tiene vida en si misma. Desde los años 70, la ciencia encontró los modelos científicos necesarios para afirmar la existencia del sistema de la Tierra, en el cual sus diferentes componentes, bióticos y abióticos están íntimamente relacionados e interconectados. La vida de las plantas y árboles de la Amazonía está estrechamente vinculada con la arena del Sahara, que en un proceso lento y constante trae fósforo y ayuda al desarrollo del bosque amazónico[1]. Por otro lado, la desaparición o inserción de una especie puede desencadenar trastornos de gran envergadura en un ecosistema. Los ciclos metabólicos de la tierra, como el ciclo del agua y el ciclo del carbono, al ser parte del mismo sistema de la Tierra están interconectados.

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El debate internacional sobre el ecocidio

Por Ximena Montaño Sandoval

El crimen del ecocidio estaba presente en los primeros borradores de lo que posteriormente fue conocido como el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que fue adoptado en 1998 y entró en vigencia el 2002.  Según algunos expertos y estudiosos del tema, el delito de ecocidio fue eliminado de los borradores del Estatuto de Roma por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU de forma irregular, poco antes de su aprobación, debido al veto de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda y por presión de compañías multinacionales del sector de agroquímica y biotecnología, combustibles fósiles e industria nuclear. [1]

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