Septiembre presenta 65 % más focos de calor que el 2019

Entre el 01 y el 14 de septiembre del 2020 en el país se han registrado 35.946 focos de calor, según los datos presentados por Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Esto significa un incremento del 65,6 % en comparación al mismo periodo en el 2019, cuando se contabilizó 21.706 focos de calor.   

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Las cifras de los incendios desmienten a Pinkert y Costas

Rubén Costas, Gobernador de Santa Cruz, señaló el 14 de septiembre que “Solo el 17% (de los incendios) es de bosque, el restante son sabanas, pastizales y matorrales[1]. Así mismo la Ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, declaró “Hasta ahora hemos perdido 500.000 hectáreas, pero lo que se quemó es paja seca, muy poco bosque y vamos a evitar que se quemen”[2].

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Infierno en Sudamérica

Por: Guillermo Villalobos

El año pasado los bosques de Sudamérica, y en particular de la Amazonía y la Chiquitanía, padecieron un verdadero infierno. Lo lógico hubiera sido que este año bajaran significativamente las cifras de incendios y que las autoridades de todos los países hubieran tomado todas las medidas necesarias para evitar que se repita el ecocidio. Sin embargo, la situación es muy diferente:

Cuatro veces más incendios en el Pantanal

Uno los ecosistemas más afectados este año es el Gran Pantanal, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. Según el reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),[1] del 01 de enero al 04 de agosto de este año 768 mil hectáreas en el Pantanal fueron afectadas por incendios forestales. Siendo el Pantanal brasilero el más dañificado con 534 mil (70%) hectáreas quemadas, seguido por Bolivia y posteriormente Paraguay, con 147 mil (19%) y 86 mil (11%) hectáreas respectivamente.

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Fuente: Fundación Amigos de la Naturaleza. 2020. Incendios transfronterizos y dinámica del fuego en el Pantanal. Santa Cruz, Bolivia. p. 5.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) del Brasil, en todo el mes de agosto del 2019 se registraron 34.806 focos de quema,[2] frente a los 175.644 computados durante el mismo periodo en el 2020; esto significa, un aumento del 405% de los focos de quema en relación al año pasado.[3] Se estima que el fuego ya consumió el 10% de todo el bioma del Pantanal brasilero, siendo estos incendios uno de los más devastadores en los últimos tiempos.[4]

Del otro lado de la frontera, en Bolivia, en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis el Sistema de Información y Monitoreo del Bosque (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) registró 3.752 focos de calor entre el 01 de enero al 31 de agosto, quemándose siquiera 95.765 hectáreas, sin olvidar las ya 6.528 hectáreas que se quemaron durante el mes de marzo de este año. A lo que se suma las 14.500 hectáreas quemadas en el Área Natural de Manejo Integral San Matías.[5] Mientras que, en la frontera paraguaya, se reportan que en la Reserva Pantanal Paraguayo se han quemado unas 4.000 hectáreas.[6]

La situación en el Pantanal es alarmante. El estrepitoso aumento de las quemas en el bosque de pantanal se complementa con la sequía que fustiga esta región. Según un informe de la ONG SOS Pantanal, entre enero a mayo hubo una disminución del 50% de las precipitaciones en todo el ecosistema del Pantanal, enfrentando uno de las menor inundaciones en los últimos 47 años.[7] Este escenario, sumado al importante aumento de la temperatura, hace que el ambiente sea aún más propenso a la propagación de los fuegos. 

La Amazonía sigue ardiendo

Los incendios trasfronterizos en el Pantanal representan apenas un eslabón de esta compleja problemática. A pesar de que los datos de focos de quemas en el Pantanal brasileños registrado durante el mes de agosto de este año son absolutamente alarmantes, solo corresponden al 15.9% del total de focos de quema registrados por el INPE. Mientras que el 59.9% (661.890 focos) de los focos de quema se encuentra en el bosque amazónico. Solo hasta julio de este año, el área quemada en el bosque amazónico brasilero asciende ya a los 13.703 km2 (1.370.300 hectáreas).[8] 

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Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2019)

Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2020)

Fuente: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal Datos obtenidos el 01/09/2020

Tras los pasos de Brasil:

Si bien en Bolivia durante el mes de agosto hubieron menos focos de calor que el año pasado,[9] los registros acumulados hasta la fecha no dejan de ser inquietantes.

De los 45.770 focos de calor registrados en el mes de agosto, 11.899 (el 26 %) se registraron en áreas con cobertura boscosa, según datos SIMB. El tipo de bosque más afectado en el país sigue siendo el bosque chiquitano, contabilizándose durante el mes de agosto 4.117 focos (equivalente al 34,6 % del total de focos de calor registrados en áreas boscosas), seguido por el bosque amazónico con 3.083 focos de calor (25,9 %), el bosque de llanuras inundables con 1.532 focos de calor (12,9 %), el bosque de pantano con 1.165 focos de calor (9,8 %) y el bosque chaqueño con 891 focos de calor (7,5 %).

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Así, y a pesar de la devastación causada por los incendios forestales del 2019 siguen latentes en la memoria colectiva, los fuegos nuevamente se presentan en los ecosistemas boscosos boliviano.

Los datos del SIMB revelan que la amazonia es el segundo tipo bosque más afectado por el fuego. En términos porcentuales, durante el mes de agosto de este año la amazonia registró un mayor porcentaje de concentración de focos de calor (el 25,9%) que el mismo periodo en el 2019, fecha en que el bosque amazónico concentró solo el 13% del total de focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa.

Sin embargo, los bosques bolivianos no son los únicos que se encuentran asediados por las llamas. Lastimosamente los fuegos son una condición regional que traspasa las fronteras de los Estados, afectando directa e indirectamente de forma sistémica a toda la región.

En Colombia, por ejemplo, la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) señala que en tan solo los primeros cuatro meses del 2020 se deforestaron 75.000 hectáreas de bosque amazónico – equivalente al 47,4% del total deforestado en 2019.[10] Igualmente, según WWF Colombia, entre enero a abril del 2019 hubo 23.358 focos de calor Amazonia colombiana, pero en el mismo periodo del 2020 se registraron 63.178 focos de calor – un aumento del 37 %.[11]

El acelerado avance de la deforestación y de las quemas en la Amazonía en general afectan dramáticamente la residencia del bosque, acelerado su degradación y haciéndolo cada vez más vulnerable a condiciones extremas. Asimismo, la afectación sistémica producto de la deforestación y quema del bosque amazónico conlleva a una reducción importante de la humedad y las lluvias que alimenta otras cuencas subtropicales, influenciando sustancialmente a los bosques aledaños – como el caso del Pantanal – y en la región en general.[12]

Incendios en el bosque chaqueño

El bosque chaqueño es otro de los ecosistemas boscosos transfronterizos que se encuentra afectado por los fuegos. Según el reporte del Instituto Forestal Nacional (Infona) del Paraguay, en el mes de julio se registraron 14.400 focos de calor, donde los departamentos fronterizos con Brasil, Bolivia y Argentina son los más damnificados.[13] Solo durante el 1 de septiembre de este año se detectaron 1.334 focos de calor, de las cuales 854 (el 64 %) se encuentran en el Chaco paraguayo.[14]

La misma situación se observa en las provincias que conforman la mayor parte del Gran Chaco argentino: Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta. Entre mediados de marzo al final de julio alrededor de 30.000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas.[15] Entre tanto, durante el primer quincena del mes de agosto de este año, se quemaron solo en la provincia del Chaco más de 20.000 hectáreas; a la vez que los incendios siguen proliferando y expandiéndose en otras provincias.[16] 

Por otro parte, en Bolivia durante el mes de agosto el bosque chaqueño registró 891 focos de calor, haciéndolo el quinto bosque con mayor concentración de focos de calor registrado en área con cobertura boscosa. Siendo la provincia Chiquitos y las provincias fronterizas de Cordillera y Gran Chaco las más afectadas, según los datos presentados por el SIMB. 

Los focos de calor registrado en el chaco son extremadamente inquietantes. No solo porque el bosque chaqueño es uno de los más deforestados a nivel mundial, sino porque también alberga una importante población de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PISAC).[17] Un reciente informe trinacional sobre Incendios y Deforestación en Territorios con Registros de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (Brasil – Bolivia – Paraguay) revela que, entre el 2018 y 2019, en estos países hubo un alarmante aumento de los focos de calor registraos en Territorios Indígenas y Áreas Protegidas con presencia de PISAC.[18]

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Focos de incendio en 2019 y áreas de presencia de PIA en Paraguay y Bolivia.

Fuente: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, p. 31.

En suma, los datos presentados nos develan que, a pesar de la devastación de los incendios forestales del 2019, los bosques sudamericanos siguen estando asediados por los fuegos; donde, el bosque amazónico sigue siendo uno de los más aquejado por las llamas. Sin embargo, no es menos alarmante la precipitosa marcha de las llamas en los demás ecosistemas boscosos de la región.

Los fuegos que se están registrando en los distintos bosques de sudamericanos son en su absoluta mayoría provocadas por los seres humanos. La falta de control y de fiscalización por parte de los Estados y de la sociedad es evidentemente uno de los elementos principales que permite la vertiginosa propagación de los incendios. Sin embargo, es fundamentar visualizar que el origen de los fuegos corresponden a una política de Estado – siendo los ejemplos más evidentes los casos de Brasil y Bolivia[19]. Esta política tiene un propósito claro: fomentar y potencializar el modelo extractivo de commodities específicos – como por ejemplo, el agrícola – en desmedro de los bosques y de los territorios indígenas.    

La pandemia del Covid-19 – así como las políticas de contingencia tomadas por los gobiernos – lejos de frenar el avance de la deforestación e incendios en los bosques le proporcionó un renovado impulso. Ante la latente crisis socio-económica generado por el Covid-19, los gobiernos y las elites dominantes apuntan a afianzar y profundizar aún más el modelo extractivista depredador, donde los business as usal es el único paradigma posible para “salir” de la crisis generado por la pandemia. Omitiendo, por supuesto, que es justamente este modelo el que nos llevó a esta crisis en un primer lugar. 


[1] http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf

[2] Sobre la diferencia entre focos de calor y focos de quema véase: https://eldeber.com.bo/137001_foco-de-quema-y-foco-de-calor-es-lo-mismo-conoce-los-terminos-sobre-la-actividad-del-fuego

[3] Mientras que en entre el 01 de enero al 31 de agosto del 2020 se registraron 303.422 focos de quema acumulados, un aumento del 377% en comparación al 2019, donde se registraron 63.646 focos de quema en el mismo periodo. Véase: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal

[4] https://www.dw.com/pt-br/fogo-j%C3%A1-consumiu-mais-de-10-do-pantanal-em-2020/a-54630524

[5] A todo ello, en el Parque Nacional Otuquis se añaden las 313.744 hectáreas quemadas durante los incendios forestales del 2019 (correspondiente al 35% de su superficie). Véase: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf y https://erbol.com.bo/nacional/tribunal-de-la-naturaleza-declara-que-incendios-del-2019-fueron-un-%E2%80%9Cecocidio-ocasionado-por

[6] https://es.mongabay.com/2020/08/incendios-forestales-pantanal-bolivia-brasil-paraguay/

[7] Según una nota de Mongabay, los niveles del río Paraguay son tan bajos que “En el puerto de Asunción la altura del agua no supera los 70 cm”. Véase: https://es.mongabay.com/2020/08/incendios-forestales-pantanal-bolivia-brasil-paraguay/#:~:text=El%20reporte%20de%20FAN%20indica,mil%20hect%C3%A1reas%20en%20territorio%20boliviano.

[8] Véase: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/

[9] Según la ABT, en el mes de agosto “se registró 69% menos de focos de calor en todo el país, comparados con el mismo mes del 2019”, hecho que la ABT atribuye al permanente trabajo de fiscalización, a la Resolución Administrativa ABT N° 149/2020 de prohibición de quemas y a las lluvias. Sin embargo, de acuerdo al Boletín Informativo N° 18 de la ABT, del total de focos de calor registradas durante del 24 al 30 de agosto, solo el 5,3% se dieron en áreas donde la ABT ha emitido alguna autorización (quemas legales), mientras que 75,7 % se dieron en áreas donde no ha proporcionado una autorización (quemas ilegales) y el 19 % se encuentran en otra jurisdicción (por ejemplo: en Territorios Comunitarios de Origen TCO y Áreas Protegidas). Véase: https://www.mmaya.gob.bo/2020/09/agosto-cierra-con-69-menos-focos-de-calor-registrados-en-comparacion-con-el-mismo-mes-del-2019/ y http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2020/09/Boletin-018.pdf

[10] Véase: https://fcds.org.co/ni-la-covid-19-detiene-la-deforestacion-en-la-amazonia/

[11] Véase: https://www.wwf.org.co/sala_redaccion/?uNewsID=364635

[12] Zemp, D. C., C.-F. Schleussner, H. M. J. Barbosa, and A. Rammig (2017), Deforestation effects on Amazon forest resilience, Geophys. Res. Lett., 44, 6182–6190. Disponible en: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/2017GL072955#:~:text=deforestation%20could%20reduce%20the%20resilience,of%20deforestation%20on%20continental%20rainfall.

[13] Estos departamentos son: Presidente Hayes (6.654 focos de calor), Alto Paraguay (2.070 focos de calor) y Boquerón (964 focos de calor). Departamentos que abarcan tanto el bosque Seco Chaqueño como el bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay. Véase: http://www.infona.gov.py/index.php?cID=296 y http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/en-julio-se-detectaron-mas-de-14400-focos-de-calor-en-todo-el-territorio-nacional

[14] Véase: http://guyra.org.py/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-informativo-de-riesgos-de-incendios-01_09.pdf

[15] Véase: https://es.mongabay.com/2020/08/argentina-el-peligro-de-la-reactivacion-economica-para-los-bosques-del-gran-chaco/

[16] Véase: https://www.chacodiapordia.com/2020/08/14/incendios-en-chaco-ya-se-quemaron-20-000-hectareas-en-lo-que-va-de-agosto/ y https://www.ambito.com/informacion-general/incendios/grave-ya-son-nueve-las-provincias-afectadas-forestales-n5127758

[17] Véase: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/08/2020/puntos-de-calor-no-dejan-de-aumentar-en-la-amazonia-y-amenazan-piaci

[18] De los 99 territorios indígenas (TI) con registros de PIA en Bolivia, Brasil y Paraguay, se constató en el 2019 un aumento de focos de calor en relación al 2018 de 258.25% en Bolivia; 259,28% en Brasil y 185.12% en Paraguay. Mientras que los focos de calor detectadas en las 32 unidades de conservación (áreas protegidas) con presencia de PIA en 2019, en comparación con 2018, aumentaron en un 744.38% en Bolivia, un 347.87% en Brasil y un 44.150% en Paraguay. Véase: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, pp. 42-48.

[19] En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, bajo el slogan de “abrir la amazonia y los territorios indígenas al desarrollo”, fomenta una clara política “anti-ambientalista” propiciando la minería, la agroindustria y explotación forestal en la amazonia.  Mientras que, en Bolivia, Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) resolvió que los incendios del 2019 fueron un “ecocido provocado por la política del Estado y el Agronegocio” y estableció la abolición de las “leyes incendiarias”.  Véase: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/amazon-fires-brazil-rainforest-bolsonaro-destruction?CMP=Share_iOSApp_Other y https://es.mongabay.com/2020/08/bolivia-tribunal-de-la-naturaleza-culpa-a-morales-y-anez-por-incendios-del-2019/

Plan multimillonario para recuperación de incendios llega tarde y es para fortalecimiento de capacidades y diagnóstico de daños

A casi un año de los devastadores incendios que causaron uno de los peores desastres ambientales en la historia del país, el Gobierno nacional y departamental de Santa Cruz presentaron el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz que alcanza a 1.205 millones de bolivianos. Mas de la mitad de esta cifra será para fortalecimiento de capacidades y elaborar un diagnostico, y hasta la fecha el gobierno sólo tiene comprometidos 26 millones de bolivianos (2%).


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Fuente: Presentación Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz (Santa Cruz, 3 de agosto del 20209

Los ganaderos entre los principales responsables

La parte de diagnostico del plan afirma que de 2.053 predios afectados por los incendios, 1.209 corresponden a propiedades ganaderas (58% del total) lo que confirma que la principal causa de los incendios estuvo ligada a este actividad.

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Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

El Plan dice que, de una superficie total quemada de 3,4 millones de hectáreas, 1,4 millones de hectáreas fueron quemadas en tierras de uso agropecuario extensivo (42% del total de hectáreas quemadas). En segundo lugar figuran las tierras de uso forestal con 930 mil hectáreas quemadas (27% del total), seguidas de las áreas protegidas con 686 mil hectáreas quemadas (20% del total).

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Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

El mencionado Plan identifica como “causas subyacentes” de los incendios del 2019 al “marco normativo generado por la anterior gestión de gobierno”, que avalaron “perdonazos” y asentamientos humanos en tierras con vocación no aptas para actividades agropecuarias. Dentro de este marco normativo, mencionan a la Ley N° 337 (de “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales), la Ley N° 741 (que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias), la Ley N° 1171 (de uso y manejo racional de quemas) y el Decreto Supremo N° 3973 (que autorizan el desmonte para incrementar la actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni)[1]. Sin embargo, el Plan no propone la abrogación inmediata de estas normas para evitar que continúen estos incentivos perversos a las quemas y la deforestación.

Así mismo, el Plan omite mencionar otras leyes que directa e indirectamente promueven y legalizan la expansión de la frontera agrícola a costas del bosque, como ser la Ley N° 740 (de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social), la Ley N° 1098 (marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal), y el Decreto Supremo N° 3874 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta)[2]. Sobre la necesidad de poner limites a la exportación de carne no existe ni siquiera una mención.

Mas de la mitad del financiamiento será para fortalecimiento de capacidades y un diagnostico

De los 1.205 millones de bolivianos que necesitaría el Plan, el mayor porcentaje (38%) sería para Gestión de Riesgos que incluye:

  • Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias y cambio climático con enfoque de protección, género e inclusión.
  • Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.
  • Generación de procesos de coordinación y gobernanza entre los actores involucrados.

En segundo lugar, con el 35% del presupuesto, está el eje ambiental con los siguientes componentes y financiamientos:

  • Restauración asistida y regeneración natural de bosques en zonas priorizadas. (50,4 millones Bs. – 4,1% del total)
  • Conservación de corredores de conectividad de flora y fauna silvestre en sitios prioritarios de conservación y de las áreas de influencia (17 millones de Bs. – 1,4%).
  • Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión (269,2 millones Bs. – 22%).
  • Manejo sustentable de recursos hídricos con enfoque de cuenca y cambio climático (47,5 millones Bs. 3,9%).
  • Monitoreo de la restauración (funciones ambientales, fijación y captura de carbono, balance hídrico, fuentes de agua superficiales y subterráneas, suelos y corredores de biodiversidad) (33,1 millones Bs. 2,7%).
  • Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental (2,6 millones Bs. – 0,2%).

Como se puede apreciar el lineamiento estratégico que más financiamiento tiene (269,2 millones de Bs) dentro del sector ambiental es el de “Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión“. Dentro de este lineamiento el proyecto con mayor financiamiento (170 millones de Bs.) es para “Valoración de daños y pérdidas ocasionados a la biodiversidad, suelos y agua, a consecuencia de las emergencias ambientales, para el monitoreo y seguimiento en las Áreas Protegidas afectadas del SNAP“. En otras palabras la mayoría del financiamiento para el sector ambiental será destinado a “Un documento con el diagnóstico de daños y pérdidas de la biodiversidad, suelos y agua, afectado por los incendios con la definición de indicadores para el monitoreo y seguimiento“.

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El proyecto con más financiamiento dentro del sector ambiental del Plan de Recuperación. Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

A todo esto hay que añadir que en la “Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental” se gastarán 2,6 millones de Bs. EN este lineamiento estratégico figura un proyecto de “Política Nacional de Bosques y Plantaciones Forestales y su Estrategia de Implementación, que incluya la promoción del desarrollo forestal sostenible a partir de zonas afectadas por los incendios forestales“.

Sólo el 2% de financiamiento

Según el mencionado Plan sólo el 2% tiene financiamiento comprometido [3]. El otro 98% – 1.178 millones de Bolivianos – sería gestionado a través de créditos y donaciones de la cooperación internacional desde entidades públicas nacionales y sub nacionales.

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Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

Es necesario destacar que el Plan no contempla los incendios que están ocurriendo ya el 2020 especialmente en Áreas protegidas como Otuquis y San Matías [4]. ¿Cuánto más costará a los bolivianos y bolivianas los incendios forestales de este año? ¿Por qué este costo no lo asumen los culpables de este desastre ambiental?

En síntesis el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz es un plan para pasar el sombrero a la cooperación internacional, gastar el dinero en consultorias y documentos, y no abordar las causas estructurales que llevan a la deforestación y las quemas. En le medida en que no se analice y busque cambiar el modelo depredador del agronegocio, este Plan de Recuperación será sin duda uno más de muchos.


[1] https://fundacionsolon.org/2020/02/20/las-leyes-incendiarias-en-bolivia/   

[2] Así como el más reciente Decreto Supremo N° 4232 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados).

[3] Los proyectos o acciones que tienen fondos comprometidos son:

  • Eje Social: Provisión de servicios de salud para población afectada priorizando a la más vulnerable y Recuperación de servicios básicos (agua para consumo humano);
  • Eje Productivo: Recuperación de las condiciones de sistemas de producción agropecuaria y silvopastoril sustentables con valor agregado, y Recuperación de áreas productivas agrícolas de subsistencia y otras actividades alternativas (economía de patio);
  • Componente transversal Gestión de Riesgos: Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en atención, mitigación y prevención de riesgos con enfoque de cambio climático y Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.

[4] https://fundacionsolon.org/2020/07/31/julio-del-2020-mas-incendios-en-areas-protegidas-y-en-el-bosque-chiquitano-que-el-2019/

Asamblea Mundial por la Amazonía | Hoy es Todavía

El pasado 18 y 19 de julio, organizaciones indígenas, activistas, instituciones, colectivos, entre otros se autoconvocaron a la primer Asamblea Mundial por la Amazonía, para lanzar un grito de defensa a la amazonia y la vida, y para articular acciones conjuntas en torno a tres grupos de trabajo: Covid-19, Boicot y Movilización


Ecocidio a la vista

Bolivia una vez más está en llamas. Pareciera ayer que la sociedad boliviana lloraba por la Chiquitanía. Desde el principio del año hasta el 31 de Julio se han registrado 60.490 incendios. Durante el mismo período el año pasado se contabilizaron sólo 51.394 focos de calor. Esto representa un incremento de 17% en los incendios en relación al 2019. La pandemia del fuego se esparce a la velocidad del viento y tenemos muy poco tiempo para detenerla.


Voces en defensa de la Amazonía

Hasta el 14 de julio, el COVID-19 se ha llevado a más de 1000 indígenas en toda la Amazonia. La situación se ha tornado dramática, el asedio del extractivismo y la pandemia marcan uno de los momentos más complejos de los pueblos indígenas en la Amazonia. Sin embargo, voces en defensa de la Amazonia claman por la autoconvocatoria para hallar una solución.


La Amazonia nos llama

La Amazonía se está inundando de muerte. El COVID-19 está agravando el etnocidio y ecocidio de esta región que es esencial para la estabilidad del ecosistema de la Tierra. La destrucción de la Amazonía nos acerca más al precipicio y a la hecatombe climática. Una humanidad saludable y con futuro necesita de bosques y pueblos amazónicos vivos. ¿Quépodemos hacer?

Julio del 2020: más incendios en Áreas Protegidas y en el bosque Chiquitano que el 2019

Por: Guillermo Villalobos

Bolivia termina el mes de julio con un escenario ambiental perturbarte. Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), entre el 01 y el 29 de julio de este año se registraron 19.205 focos de calor. Mientras que, durante el mismo periodo, el 2019 se registraron 16.532 focos de calor. Dicho de otra manera, durante julio del 2020 los focos de calor se incrementaron en un 16.2% en relación al 2019. En los picos más altos, se llegó a registrar hasta 1.605 focos de calor en un solo día.[1]


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19.205 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 2020
16.532 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 2019

Fuente: MMAyA. Datos obtenidos el 29/07/2020 en: http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source

Los datos del SIMB muestran, asimismo, que hay un aumento porcentual considerable de los focos de calor registrados tanto en el bosque chiquitano como en Áreas Protegidas. Los reportes señalan que, durante 01 al 29 de julio del 2019, del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa el 50,5 % sucedieron en el bosque chiquitano; mientras que, durante el mismo periodo en el 2020, el 65,1 % del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa se dieron en el bosque chiquitano. 

focos_calor_2019_2020-01-01

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Por otro lado, llama la atención el aumento de focos de calor identificados en áreas protegidas. De acuerdo a los datos del SIMB, el porcentaje de focos de calor registrados en áreas protegidas durante el 01 al 29 de julio pasó de 5,2% el 2019 a 12,7% el 2020. Siendo Carrasco, Otuquis y San Matías las más afectadas el 2019; mientras Otuquis, San Matías y Tunari fueron las más dañificadas este año.

Desde hace una semana el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis, en el municipio de Puerto Suarez en Santa Cruz, se encuentra en llamas. En solo los primeros cuatro días de incendio se registraron 685 focos de calor.[2] Según declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pickert, se estima que 25.000 hectáreas están siendo afectadas por los fuegos;[3] en tanto la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) informó que ya se quemaron 60 mil hectáreas de pasturas naturales.[4] A todo esto, hay que sumar los 5.000 hectáreas que se quemaron en el incendio suscitado en marzo de este año,[5] y los 326.743 hectáreas quemadas en los incendios del año pasado.[6]

Lamentablemente el latente incendio en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis no es el único evento de este tipo. En lo que va del mes de julio, hubo incendios de magnitud en diferentes áreas protegías, donde resaltan: el Área Protegida Paramani (zona de amortiguación del Parque Nacional y Área de Manejo Integral Madidi), el Parque Nacional Tunari, el Área Natural de Manejo Integral San Matías y – en dos ocasiones distintas – el Parque Nacional Carrasco[7]

Si a pesar de encontrarnos en una situación de emergencia por la pandemia del Covid-19, el mes de julio nos presenta este panorama tan desolador ¿Qué nos espera para los meses de agosto y septiembre? ¿Cuántos miles de hectáreas en bosques y áreas protegidas, y todos los seres que habitan en ellos, quedaran calcinados por los incendios? ¿Es necesario tener que precipitarnos nuevamente a un desastre ambiental para el gobierno derogue de una vez las leyes incendiarias? Si no frenamos el ecocido en curso, muy pronto nos hallaremos en el punto de no retorno, donde ya no se podrá recuperar los ecosistemas que se incineraron por la codicia de unos cuantos.  


[1] MMAyA (2020). Reporte oficial de focos de Calor e incendios forestales. Boletín N° 115. Viernes 24 de julio. Disponible en: https://datos.siarh.gob.bo/simb/focosdecalor

[2] http://www.cejis.org/el-parque-nacional-otuquis-registra-685-focos-de-calor-en-cuatro-dias-de-incendio/

[3] https://eldeber.com.bo/pais/incendio-forestal-afecta-a-25000-hectareas-del-parque-nacional-otuquis_192613

[4] http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1687:abt-brinda-apoyo-logistico-para-combatir-incendio-en-otuquis&catid=8&Itemid=211&lang=es

[5] https://fundacionsolon.org/2020/03/16/incendio-en-el-parque-nacional-otuquis-y-673-focos-de-calor-en-el-resto-del-pais/#_ftn1

[6] http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[7] Véase: https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/guardaparques-del-parque-nacional-madidi-sofocaron-incendio-en-el-area-protegida-paramarani/; https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/sernap-sofoco-incendio-en-el-parque-nacional-tunari/; http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1690:ante-incremento-de-focos-de-calor-abt-no-descarta-paralizar-actividades-de-quema-en-municipios-de-riesgo&catid=8&Itemid=211&lang=es; y https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/sernap-logro-sofocar-incendio-en-el-parque-nacional-carrasco/ y https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/sernap-sofoco-incendio-en-el-parque-nacional-carrasco/

42% más de incendios en reservas forestales en lo que va del año en Bolivia

Entre el 1 de enero y el 22 de Julio del 2020 se han registrado, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 48.668 focos de calor. Durante el mismo período, el 2019 se registraron 44.902 focos de calor. Esto significa un incremento de 8,3% de focos de calor en relación al 2019.

44.902 focos de calor entre el 1/1 y el 22/7 del 2019
48.668 focos de calor entre el 1/1 y el 22/7 del 2020

La situación es aun más grave. Si tomamos en cuenta los incendios en áreas boscosas el incremento sube al 11,3% (17.285 el 2019 vs. 19.243 el 2020), y si nos fijamos solamente en los incendios en reservas forestales el incremento es del 42% (1.236 el 2019 vs 1.759 el 2020). El año pasado las reservas forestales que más incendios tuvieron en el periodo 1/1 al 22/7 fueron Iturralde, Guarayos y El Chore, mientras este año son Guarayos, Iturralde e Itenez.

2019

1.236 focos de calor en reservas forestales

2020

1.759 focos de Calor en reservas forestales

El mes pasado el pico de focos de calor por día llegó a los 650 incendios el 24 de junio. Sin embargo, este mes de julio ya hemos duplicado esa cifra con 1.318 focos de calor el día 21 de Julio.

24 de Junio: 650 focos de calor
21 de Julio: 1.318 focos de calor

En los 30 días de junio hubieron 7.315 incendios, mientras que en sólo 21 días del mes de julio ya estamos en 10.402 incendios.

La situación es extremadamente preocupante. El gobierno en su conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque y Tierra (ABT) siguen sin hacer nada para evitar un ecocidio como el que se vivió el 2019.

Devorando bosques para alimentar vacas

Por: José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

La noche de San Juan de este año dejó 659 incendios en todo el país. Sin embargo, esta cifra representa un pequeño pico en el total de incendios que se vienen desarrollando en el año. Al finalizar junio habremos superado los 7000 incendios sólo en este mes. De estos incendios, más de 1700 habrán sido en zonas boscosas y unos 150 en áreas protegidas según los datos oficiales del MMAyA publicados hasta la fecha.[1]

La actividad ganadera es la responsable de la mayoría de estos incendios. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en el año 2015 el 41% de los incendios se produjeron en áreas de uso ganadero.[2] La ganadería no sólo es responsable de los incendios en tierras de uso ganadero sino en gran parte de las tierras boscosas. El 2015, por ejemplo, hubo 20.000 incendios en áreas de producción forestal, reservas forestales y áreas protegidas, además de otros 21.000 incendios en áreas de uso ganadero. Los incendios que provoca la ganadería bovina son sobre todo para “recuperar” pastizales para alimentar el ganado y limpiar terrenos de cobertura forestal para ampliar los pastizales para las vacas.


Según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 71 % de la deforestación en Sudamérica se debe a la expansión de las superficies de pastizales para la ganadería bovina[3]. Otro estudio titulado “El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia” afirma que en nuestro país el 60% de la deforestación entre el 2005 y el 2010 se debió a actividades ganaderas[4].

En Bolivia existen dos grandes tipos de ganadería bovina: Por un lado, la extensiva que se realiza en grandes extensiones de tierra para que el ganado pastee libremente y, por el otro lado, la intensiva en la cual los animales están confinados y se los alimenta para que crezcan más rápido.

La primera es de bajo costo productivo[5] mientras la segunda requiere una inversión más alta. En el país predomina la ganadería extensiva, con inmensas superficies para pastoreo. De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad del departamento del Beni está cubierto por pastos naturales dedicados a la ganadería. Mientras que Santa Cruz concentra tres cuartas partes de los pastizales cultivados en Bolivia.[6]

Según el informe de Fundación Tierra sobre los incendios en la Chiquitania del 2019,[7]los principales protagonistas del incendio son los grandes ganaderos situados a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria y están localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías”. Este informe señala que en la zona de San Matías “al menos 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las cinco mil hectáreas definidas constitucionalmente”.

Del total de estas propiedades ganaderas, quince fueron tituladas durante el gobierno del MAS entre el 2016 y el 2018. Este tipo de titulaciones de tierra alientan aún más la expansión de las actividades ganaderas a gran escala a costa del bosque, generando mayor cantidad de quemas, las mismas que varias veces derivan en incendios descontrolados que incluso afectan al mismo sector ganadero.

Según el INE, en Bolivia existen alrededor de 10 millones de cabezas de ganado bovino. Podríamos decir que hay casi una vaca por cada boliviano y la demanda de carne está abastecida en el país. Asimismo, el 2019 se produjo un total de 204.203 toneladas de carne y se exportaron 4.915 toneladas.[8] Las exportaciones de carne deshuesada congelada tienen como destino principal el Perú, Vietnam y China desde agosto del 2019. También se exporta carne procesada (principalmente hamburguesas), conservas y despojos comestibles de carne al Perú y Ecuador.[9]

El plan de los ganaderos y los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez es ampliar la exportación de carne. Asimismo, La Federación de Ganaderos de Santa Cruz plantea multiplicar por 15 sus exportaciones de carne hasta el 2025. Si el agronegocio logra exportar 75.000 toneladas de carne tendrían un ingreso de 250 millones de dólares[10]. Para ello necesitan ampliar sus mercados, apuntando principalmente a la China, Rusia y otros países.

Lo que está provocando los incendios en Bolivia son las características de una ganadería que devora bosques para alimentar vacas. Situación que se agrava por el sueño de algunas elites de exportar carne y ganar millones de dólares para sus bolsillos. El impacto de la ganadería sobre los bosques de Bolivia es ya trágico. Pretender ampliar las exportaciones de carne en este contexto sólo agravará el ecocidio en curso.


[1] http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source

[2] ABT, Reporte Nacional de focos de Calor Gestión 2015, Disponible en:

[3] http://www.fao.org/3/i5588s/i5588s.pdf

[4] Müller R., Pacheco P., y Montero JC. 2014. El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. CIFOR.

[5] Sin embargo, de alto costo ambiental, ya que la ganadería bovina extensiva es la que más superficie quema para regenerar pastizales.      

[6] https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[7] http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/194

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/derribe-de-ganado-bovino-2018-2019/

[9] https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/Cifras-763-Bolivia-Exportaciones-carne-bovinos-derivados.pdf

[10] Asimismo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) plantea en su Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2020-2030 llegar a un hato bovino de 17 millones de cabezas de ganado – esto es, una tasa de crecimiento de alrededor del 5% anual – y exportar 150 mil toneladas por un valor de al menos 500 millones de dólares para el 2030. Para dicho fin, el sector ganadero propone pasar de 13 millones a 20 millones de hectáreas de uso ganadero. Véase: https://www.notiboliviarural.com/pecuaria/ganaderos-plantean-al-gobierno-un-plan-de-desarrollo

TUNUPA 111: La Lupa Perdida, Análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

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Recuperemos y revolucionemos la lupa perdida

El presente texto está dirigido sobre todo a los defensores de la naturaleza y a los representantes de los pueblos indígenas.  En esta publicación hemos buscado sistematizar de manera accesible algunos de los elementos centrales sobre la Evaluación de Impacto Ambiental tanto a nivel internacional como nacional.

Los procesos e instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental son fundamentales para evitar que se produzca un nuevo ecocidio en Bolivia como el ocurrido durante los incendios en la Chiquitania el año 2019.

La problemática de la Evaluación de Impacto Ambiental en general ha estado constreñida a círculos de especialistas en la materia. Nuestro objetivo no es hacer una cartilla sobre buenas prácticas de Evaluación de Impacto Ambiental. Buscamos analizar los avances y retrocesos que se han producido en las últimas décadas y proponer algunos caminos que nos permitan no sólo incorporar los avances a nivel internacional, sino  explorar nuevos caminos para incorporar los principios de los Derechos de la Madre Tierra en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Estamos convencidos que el desafío es no sólo recuperar la lupa perdida de la evaluación de impactos ambientales sino pulir su lente para que nos permita develar la complejidad de esta problemática que se ha agravado por la crisis sistémica que  vivimos en el planeta.

Lo invitamos a leer el TUNUPA N°111 en su totalidad aquí en formato pdf o lea los artículos individuales en el siguiente índice:

Conflicto de intereses y falta de justicia en la Evaluación de Impacto Ambiental

Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) vienen siendo realizados en Bolivia por las mismas empresas interesadas en la ejecución de dichos  proyectos. En este contexto no cumplen con los criterios de objetividad para evaluar los posibles impactos ambientales.

La normativa boliviana no fija criterios para garantizar la independencia y neutralidad de quienes  realizan los estudios de impacto ambiental. Esta situación se agrava cuando se trata de proyectos promovidos por el poder ejecutivo.

Según la normativa vigente, la máxima Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) encargada de la categorización, revisión de los EEIA, aprobación de las Licencias Ambientales y seguimiento de los proyectos de mayor envergadura, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

Desde que Juan Pablo Ramos Morales renunciara en el 2010 como Viceministro de Medio Ambiente, por negarse a firmar la licencia ambiental para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio Moxos que atraviesa por el TIPNIS, el gobierno de Evo Morales designó a funcionarios absolutamente sumisos para facilitar la aprobación ambiental de los proyectos del ejecutivo. Está situación se mantiene durante el gobierno de Añez y lo más seguro es que continúe mientras no se cree una Autoridad Ambiental Competente que tenga autonomía del gobierno central.

Después de más de dos décadas de aplicación de la Ley 1333 es evidente que se necesita una profunda reforma institucional para que la AACN pueda actuar con la libertad necesaria para evaluar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a los procesos de EIA. 

La construcción de una institucionalidad ambiental autónoma del poder ejecutivo requiere de una articulación con nuevas instancias como la Defensoría de la Madre Tierra, que fueron creadas hace una década atrás, pero que no fueron implementadas precisamente para no entorpecer a nivel ambiental la aprobación de los proyectos del gobierno central.

Aunque la normativa ambiental establece recursos para que la población pueda impugnar las decisiones de la Autoridad Ambiental Competente, la práctica es que en general hay una denegación de justicia en casi todos los reclamos que se han presentado por temas ambientales.

El problema de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia es extremadamente complejo de resolver porque no existe la independencia necesaria entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta subordinación de jueces y fiscales al gobierno de turno no es exclusiva del anterior gobierno de Evo Morales. En la actualidad los jueces y fiscales designados por el anterior régimen se han vuelto funcionales al nuevo gobierno para mantenerse en sus cargos sin entrar en conflicto con los nuevos gobernantes.

El acceso a la justicia en materia ambiental requiere de cambios profundos a nivel de la cultura de los servidores públicos y de la población en general entorno al ejercicio del poder, la justicia y la gestión ambiental.

Sin información ni consulta real en la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

A pesar de que la normativa ambiental establece el derecho de la población a tener acceso a la información, en los hechos no son de acceso público las Fichas Ambientales, los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), los Programas de Prevención y Mitigación (PPM), los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), las Auditorias Ambientales y otros documentos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental sólo consigna licencias ambientales (Declaratoria de Impacto Ambiental) sin incluir EEIA, PPM, PASA y otros documentos fundamentales.

En las reuniones de consulta pública las empresas tanto públicas como privadas sólo comparten información muy escueta enfocada a destacar las virtudes del proyecto y no a mostrar los diferentes impactos que se pueden producir en el mediano y largo plazo.

Sin acceso a la información es imposible poder realizar EEIA participativos que tomen en cuenta las preocupaciones de las poblaciones a ser afectadas.

La normativa sobre EIA en Bolivia no ha incorporado de manera efectiva la consulta para el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. El año 2007 hubo un avance relativo y coyuntural en el sector de hidrocarburos con la aprobación del DS 29033, pero pronto esta norma se empezó a flexibilizar y no se generalizó, ni amplió a todos las actividades, obras y proyectos de otros sectores como correspondía. 

Tampoco se incorporó en la reglamentación de la EIA el proceso de consulta previa libre e informada a toda población afectada (no sólo indígena) por la explotación de recursos naturales, establecido en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado.

En los EEIA sólo se consigna una consulta pública que es de carácter informativo para escuchar las preocupaciones de la población afectada. Está consulta en varios casos como los del TIPNIS, la mega hidroeléctrica Rositas y otros no se ha realizado de manera previa, informada y de buena fe. En el caso de Rositas se firmó de manera publica un contrato con una asociación de empresas chinas para la construcción de la mega hidroeléctrica antes de realizar el EEIA, efectuar cualquier tipo de consulta y contar con la respectiva licencia ambiental.

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EEIA no integrales y sin alternativas

A pesar de que la norma establece que los EEIA deben analizar los impactos acumulativos y sinérgicos, el gobierno de Evo Morales optó por realizar EEIA fraccionados, que no toman en cuenta los impactos a largo plazo y que sólo consideran los efectos durante la construcción de la obra. Ese ha sido el caso de la construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Lejos de hacer un EEIA de toda la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, se fraccionó la carretera en tres tramos, se hizo estudios sólo de dos tramos y no se realizó EEIA del tramo de mayor impacto que atraviesa por el TIPNIS.

Los emprendimiento del estado se han venido definiendo al más alto nivel y los EEIAs han tenido solamente la finalidad cumplir la forma para la obtención de la Licencia Ambiental. No se han considerado alternativas a los proyectos planteados. En el caso del sector eléctrico se han promovido mega proyectos sin considerar las opciones de proyectos de energías alternativas.

No se han realizado Evaluaciones Ambientales Estratégicas para la definición de políticas y programas centrales. Se han definido los proyectos a partir de criterios de impacto mediático o de expectativas desmesuradas de ingresos económicos para luego proceder a obtener las licencias ambientales sin considerar todas las opciones posibles.

 

Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

“Tenemos que aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático”[1]

En Bolivia y todo el mundo vivimos una nueva situación marcada por la pandemia del covid-19 y varias crisis simultáneas: económica, climática, sanitaria, política y social, situación que ha provocado que la atención de los gobiernos, y los recursos económicos, se concentren en atender la crisis sanitaria, dejando de lado temas vitales como el cambio climático, que según señaló las Naciones Unidas “es más mortal que el coronavirus”[2].

La actual pandemia es posterior a la presentación de las propuestas de los partidos políticos, sin embargo la alerta tan catastrófica sobre el cambio climático que los organismos de Naciones Unidas han advertido no es nueva. Actualmente las muertes por coronavirus en todo el mundo sobrepasan el medio millón de personas, mientras la Organización Mundial de la Salud en el 2018 ya había previsto que “entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico[3]. Continúa leyendo Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

De la ficha ambiental al formulario de categorización para favorecer el extractivismo

La Ficha Ambiental, establecida en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 fue definida como el documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la categoría de EEIA. El RPCA aconsejaba que su llenado se haga en la fase de pre factibilidad incluyendo información sobre la inversión total, los recursos naturales a ser aprovechados, la identificación de impactos “clave”, la formulación de medidas de mitigación y la elaboración de una matriz de identificación de impactos ambientales.

La Ficha Ambiental ha sido flexibilizada con el tiempo y en el Decreto Supremo  3856 del 3 de abril del 2019 se menciona solamente un “Formulario de nivel de categorización ambiental” que sólo debe ser llenado por el representante legal de las actividades, obras o proyectos que se encontrarían en las categorías 1, 2 y 3 que se encuentran listadas en un anexo del decreto.  Así mismo este DS, a diferencia de su predecesor (DS 3549 de 2018)  consigna una lista de emprendimientos que entrarían en la categoría 4 y no requerirían de llenado de dicho formulario.

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 establecía que la categorización sería determinada mediante la metodología de Identificación de Impactos Ambientales (IIA) de la Ficha Ambiental a través del Procedimiento Computarizado de Evaluación de Impactos Ambientales (PCEIA). Esta metodología de identificación de impactos ambientales ha sido remplazada por una suerte de auto categorización que realiza el representante legal de la actividad, obra o proyecto en base de un listado que incluye como anexo el DS 3856 de 2019.

A manera de ejemplo, la extracción de salmueras de los salares que tiene una importante incidencia en las aguas subterráneas y superficiales está clasificada en la categoría 2. En general las actividades del sector de Hidrocarburos sólo están clasificadas en la categoría 1 cuando se encuentren en áreas protegidas, sitios Ramsar o Territorios Indígenas Originarias Campesinas.

En el caso del sector agropecuario, la absoluta mayoría de actividades están en la categoría 4 que no necesita ningún requerimiento. En la categoría 1, que requiere EEIA integral, sólo figura un tipo de emprendimiento agropecuario: proyectos multipropósito con el componente riego de aprovechamiento de aguas de represa para producción agrícola de más de 500 hectáreas. En la categoría 2 sólo existen cuatro actividades agropecuarias que necesitaría EEIA específico.

Según las Directrices para la Evaluación del Impacto Ambiental para los Proyectos de campo de la FAO requieren estudios de evaluación de impacto ambiental entre otros: Proyectos agro-industriales de gran escala, cambios a tecnologías de producción intensiva; Provisión de grandes niveles de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, etc.); Aforestación/Reforestación a gran escala, incluyendo operaciones madereras; Operaciones de la industria forestal, tales como aserraderos e industria papelera y de pulpa; Embalses de agua, sistemas de drenaje o de riego de mediana y gran escala; Ganadería a gran escala; Nuevas introducciones de especies no nativas de plantas, insectos y animales, incluyendo organismos genéticamente modificados. Grandes programas de mecanización agrícola.

A pesar de los visibles impactos sobre la deforestación, los incendios forestales, la perdida de la biodiversidad, la contaminación de agua y suelos por uso de agrotóxicos y las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático, el sector agropecuario está prácticamente exento de realizar EEIA.

Los derechos de la Madre Tierra y la Evaluación de Impacto Ambiental

La Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 71) define a la Madre Tierra como “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común” (Art. 3). La Ley 71 avanza en la dirección de superar la división entre seres humanos y naturaleza y sienta las bases para que todo proceso de Evaluación de Impacto “Ambiental” sea integral (ambiental, social, cultural), y evalúe los impactos sobre todos los componentes de los sistemas de vida susceptibles de ser afectados por una actividad, obra o proyecto.

Así mismo, la Ley 71 establece un nuevo marco para que no sólo se evalúen impactos sino para que se garanticen los derechos de los diferentes seres que conforman los sistemas de vida. Ninguna de las reglamentaciones posteriores sobre EIA ha intentado incorporar criterios y parámetros para que en los procedimientos (fichas ambientales, categorización, EEIA, licencias ambientales, seguimiento y otros)  se identifiquen los derechos de la Madre Tierra que pueden ser afectados y se establezcan medidas de protección de los mismos.

Los diferentes reglamentos modificatorios de la EIA no han recogido ni operativizado los principios de armonía/equilibrio, precaución, integralidad, no mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, restauración de la Madre Tierra, regeneración de la Madre Tierra, complementariedad y otros consignados en la Ley 71 y la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien).

Bolivia ha vivido una suerte de esquizofrenia a nivel ambiental. Por un lado ha aprobado dos leyes de la Madre Tierra que cuestionan la visión antropocéntrica de la naturaleza, y por otro lado ha aplicado reglamentos profundamente neoliberales  orientados a facilitar el extractivismo de toda índole en el territorio nacional incluyendo sus áreas protegidas.

Evolución e involución de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

La Ley de Medio Ambiente 1333, promulgada el 27 de abril 1992, inició la legislación ambiental nacional que contempla la EIA. La Ley 1333 que se encuentra vigente, define la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), enumera las actividades que pueden degradar el medio ambiente, establece cuatro categorías para la realización o no de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), crea la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) que es la forma principal de Licencia Ambiental, define mecanismos de participación ciudadana y establece infracciones administrativas y delitos ambientales.

En 1995 se promulgaron seis reglamentos a la Ley 1333. Los dos principales que tienen que ver con la EIA son el Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).

El RGGA establece que no se puede iniciar una actividad, obra o proyecto sin la respectiva Licencia Ambiental y desarrolla las infracciones, sanciones y multas. El RPCA desarrolla los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ficha Ambiental, la categorización, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental y diferentes mecanismos de seguimiento y adecuación.

A lo largo de más de dos décadas los reglamentos de la Ley de Medio Ambiente han sido en general debilitados a pesar de que en el país se dieron pasos importante con la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2008), la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), la Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) y otras disposiciones nacionales e internacionales.

La Constitución Política del Estado del 2009 señala que “las políticas de gestión ambiental se basarán en (…) la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente” (Art. 345.2). Así mismo establece que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (Art. 33).

La Ley de Derechos de la Madre Tierra amplia el derecho humano al medio ambiente a los derechos de todos los componentes de la Madre Tierra. Señala que “El ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra” (Art. 6). Establece que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de “Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra” (Art. 8.1).

Esta visión no fue incorporada ni recogida en ninguno de los reglamentos que se emitieron posteriormente en relación a la EIA. Por el contrario se debilitó la normativa para permitir actividades en áreas protegidas, se flexibilizó la presentación de la Ficha Ambiental, la categorización, la realización de EEIA, la consulta pública y otros aspectos fundamentales.

¿Cómo es la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia?

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo identificar y predecir, los impactos que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar sobre el medio ambiente y la población con el fin de establecer las medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos impactos negativos e incentivar aquellos positivos.

El proceso de EIA comprendía la Ficha Ambiental, la categorización para definir el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  (EEIA), la realización del EEIA, la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), y el seguimiento a la implementación, operación y abandono de la obra. En los últimos años, estas etapas se han venido flexibilizando en particular en relación a la Ficha Ambiental y la categorización debilitando el proceso de EIA.

Ficha Ambiental

Formulario de categorización

Según el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) de 1995, la Evaluación de Impacto Ambiental comenzaba con la presentación de la Ficha Ambiental que era un documento de sistematización de  la información de un determinado proyecto en una etapa inicial de prefactibilidad.

El artículo 7 del RPCA definía a la Ficha Ambiental como el “Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA (…) incluye información sobre el proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de la posible solución para los impactos negativos

La Ficha Ambiental debía incluir entre otros una descripción del proyecto, duración, alternativas y tecnología, inversión total, recursos naturales a ser aprovechados, generación de residuos, identificación de impactos “clave”, formulación de medidas de mitigación y prevención, y una matriz de identificación de impactos ambientales.

Este documento desde el año 2018 ha sido remplazado por el llenado de un “Formulario de Nivel de Categorización Ambiental” que contiene menos información y requerimientos que la original Ficha Ambiental, y que no se aplica a obras, actividades y proyectos comprendidos en la categoría 4 del listado del DS 3856 del 2019.

Categorías

Categoría 1: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral

Incluye el análisis detallado de todos los factores del sistema ambiental
a nivel físico, biológico, socioeconómico, cultural, y jurídico-institucional y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Explotación a cielo abierto de minerales, mega hidroeléctricas…

Categoría 2: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico

Incluye el análisis de algunos factores del sistema ambiental, y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Extracción de salmueras de los salares, construcción de planta para reactor de investigación de energía nuclear.

Categoría 3

Solamente requieren presentar Programa de Previsión y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).

Ej. Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado.

Categoría 4

No requiere de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Medidas de Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Mayoría de actividades del sector agropecuario

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental – EEIA

El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) tiene por objetivo identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA busca establecer las medidas necesarias para evitar, mitigar o controlar los impactos negativos e incentivar los efectos positivos.

La identificación de los impactos debe incluir un inventario, valoración cuantitativa y cualitativa de los efectos del proyecto sobre los aspectos ambientales y socioeconómicos del área de influencia del mismo. Debe distinguir los efectos positivos de los negativos, los directos de los indirectos, los temporales de los permanentes, los a corto plazo de los a largo plazo, los reversibles de los irreversibles, y los acumulables y sinérgicos.

Durante la realización del EEIA se debe hacer una consulta pública a la población afectada “para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público”.

El EEIA debe formular medidas de mitigación para la prevención, reducción, remedio o compensación para cada uno de los impactos negativos evaluados como importantes, así como considerar alternativas y justificar las soluciones adoptadas.

El EEIA debe incluir un PPM y un PASA para la implementación de las medidas de mitigación durante las diferentes fases de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente.

Licencia Ambiental – LA

La Licencia Ambiental es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente que autoriza desde el punto de vista ambiental el inicio o la continuidad de un proyecto, obra o actividad.

La Licencia Ambiental tiene carácter de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos, obras y actividades de las categorías 1 y 2, y de Certificado de Dispensación de EEIA para quienes están en la categoría 3 previa aprobación del PPM y PASA.

La DIA, conjuntamente con el EEIA, el PPM y el PASA, fija las condiciones ambientales que deben cumplirse durante las fases de implementación, operación y abandono o terminación de un proyecto, obra o actividad.

La Autoridad Ambiental Competente (AAC) puede decidir no conceder la DIA si el proyecto obra o actividad provoca o agrava seria y/o irreversiblemente problemas de salud de la población; afecta gravemente o destruye ecosistemas sensibles, así como áreas asignadas por el Gobierno a etnias o grupos originarios, “siempre que no sean considerados como de necesidad nacional”; pone en riesgo de ser destruidas a áreas declaradas como naturales protegidas, históricas, arqueológicas, turísticas o culturales; incrementa concentraciones contaminantes en el aire y el agua; produce radiaciones ionizantes; provoca impactos negativos socioeconómicos o culturales de gran magnitud, imposibles de ser adecuadamente controlados o compensados. (Art. 85 RPCA)

La Licencia Ambiental tienen vigencia de 10 años y puede ser renovada.

Seguimiento

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), contenido en el EEIA e incorporado en la DIA, definirá las modalidades y los períodos de inspección y vigilancia en la fase de implementación, operación y abandono del proyecto, obra o actividad.

El PASA incluirá los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental, los puntos y frecuencias de muestreo, estimación del costo y cronograma del Plan, y análisis o parámetros de verificación de cumplimiento del Plan.

El representante legal de un proyecto, obra o actividad debe realizar un Monitoreo Ambiental permanente y presentar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) Informes de Monitoreo Ambiental (IMA) reportando el avance y situación ambiental, con referencia a lo establecido en su respectiva Licencia Ambiental. (DS 3549, 2018)

La AAC principalmente a nivel departamental y municipal realizará inspecciones de seguimiento y vigilancia.

En los casos que corresponda se realizará una Auditoria Ambiental (AA) para verificar el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Estas auditorias pueden aplicarse en diferentes etapas de un proyecto. En caso de infracciones y contravenciones a lo establecido en su Licencia Ambiental, la AAC aplicará sanciones que podran llegar hasta la revocación de la Licencia Ambiental y el pago de multas.

Ademas de estas sanciones administrativas se podrán iniciar acciones penales por la comisión de delitos ambientales establecidos en la Ley 1333, el Código Penal y su Procedimiento. En este caso, la AAC debe denunciar los hechos ante la Fiscalía del Distrito y constituirse en parte civil, coadyuvante o querellante.

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