Se abrogan “Decretos transgénicos” de Añez y el agronegocio

Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos

22 de abril de 2021

Mediante Decreto Supremo 4490, el presidente Luis Arce abrogó este 21 de abril los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348, emitidos en 2020 por la presidenta interina Jeanine Añez, que permitían la introducción de semillas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos; así como la identificación de áreas para cultivo de maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología.

El decreto de abrogación menciona contravenciones de estos decretos a la seguridad y soberanía alimentaria, así como a la biodiversidad, que están protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes 144 y 300, además de acuerdos internacionales firmados por Bolivia sobre biodiversidad.

La única semilla transgénica aprobada desde 2005 en Bolivia es la soya genéticamente modificada evento (40-3-2) resistente a glifosato. Así mismo, aun se encuentra vigente el procedimiento abreviado para la evaluación de los eventos HB4 e Intacta de soya transgénica destinadas a la producción de biodiésel, según autoriza el Decreto Supremo 3874 de 2019, firmado por Evo Morales.

¿Qué decían los decretos abrogados?

El Decreto Supremo 4232 de 7 de mayo 2020 en su Artículo Único autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB): “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”. Para ello, en su Disposición Transitoria, otorgaba un plazo de apenas diez días para que el CNB apruebe los procedimientos abreviados, e instruía tomar en cuenta “acciones y medidas adoptadas por los países vecinos”.

En Bolivia, el Reglamento sobre Bioseguridad aprobado en 1997 establece un procedimiento para la evaluación de semillas transgénicas que comprende:

  1. Los posibles riesgos que pueda tener la liberación del OGM para la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica.
  2. La clasificación de los riesgos.
  3. Las condiciones en que se liberará el OGM.
  4. La factibilidad de las medidas de gestión del riesgo propuestas por el solicitante.
  5. Los posibles beneficios económicos que pudieran producir las actividades con el OGM.

En base a esta evaluación el CNB puede recomendar o no la introducción de una determinada semilla transgénica.

El decreto de Añez lo que hacía era crear una vía rápida para evaluar las semillas transgénicas basada fundamentalmente en análisis realizados en otros países y no en Bolivia. Así, se omitía realizar una evaluación exhaustiva de sus impactos sobre el medio ambiente, la diversidad biológica específica del país, el patrimonio de semillas nativas de los pueblos indígenas y la salud humana.

Ante la imposibilidad de establecer procedimientos abreviados en un plazo ridículo de diez días, el gobierno transitorio de Añez promulgó una semana después el Decreto Supremo 4238 de 14 de mayo de 2020, para alargar el plazo a cuarenta días para la elaboración de dicho procedimiento abreviado de evaluación.

Meses después, el 22 de septiembre de 2020, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 4348, que disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Este Decreto se aprobó a pesar de que hasta esa fecha no se había autorizado ninguna semilla transgénica de maíz, es decir que se daba por hecho que habrían zonas para maíz genéticamente modificado.

“Decretos transgénicos” que contravenían el marco legal

Entre los considerandos que menciona el Decreto de abrogación 4490 están los mandatos de la Constitución Política del Estado, como el Art. 16 sobre la obligación del gobierno de garantizar la seguridad alimentaria y el Art. 409, que establece que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley y no así por un normas de menor jerarquía como es un decreto.

También señala que los decretos abrogados contravienen el Artículo 15 de la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que dispone: “no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”. Así mismo, establece que vulneran el Art. 24 de la Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, que establece acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio boliviano, de las que el país es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

Respecto a los tratados internacionales que se vulneraron con los decretos de Añez están: el Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena del Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Bolivia a través de la Ley 2274.

La demanda de la sociedad civil

Varios actores de la sociedad civil boliviana se pronunciaron ante el riesgo que representan las semillas transgénicas. Todos enfatizaron que esto se agravaba para cultivos como el maíz de los que Bolivia es centro de origen. Entre estas articulaciones figuran la Asamblea en Defensa de los Bosque y la Vida -que agrupa colectivos, instituciones, y asociaciones académic@s y científic@s-, así como el colectivo Bolivia Libre de Transgénicos y la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, que congrega a productores, apicultores, recolectores, transformadores, entre otros.

Entre las acciones que realizaron estaban pedir la excusa de los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad por existir conflictos de intereses, pues varios de ellos estaban ligados al sector del agronegocio y empresas importadoras de semillas transgénicas, por lo que eran juez y parte. También presentaron una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, argumentando que los decretos constituían una amenaza directa al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia; una amenaza a la biodiversidad y el medio ambiente; una afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa debido al uso de agroquímicos como el glifosato; una afectación a los bosques y los suelos por la ampliación de la frontera agrícola; y una amenaza a la salud humana, pues el herbicida glifosato -parte del paquete tecnológico de los OGM- fue clasificado como “probable cancerígeno para los humanos” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).

La abrogatoria de los “decretos transgénicos” debería ser seguida por la abrogación del Decreto 3874 aprobado por Evo Morales, que también establece un procedimiento abreviado para dos eventos transgénicos ligados a la producción de biocombustible y etanol, y de otras normas que de una u otra forma afectan a los bosques y la biodiversidad. Entre ellas están la Ley 1098 de 2018, que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel; la RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp, para ser implementados en plantaciones forestales; la Ley 741 de 2015, que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades; la Ley 1171 de 2019, que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha); la Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni, entre otras.

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De laboratorios al mercado: la historia de los alimentos transgénicos

De laboratorios al mercado: la historia de los alimentos transgénicos

Por: Marielle Cauthin 25/03/2021

La historia de los alimentos transgénicos muestra que no solo es un tema de desarrollo de biotecnología, si no, de privatización de semillas, salud poblacional, marcos regulatorios y presión empresarial de países ricos hacia países del sur global para imponer la receta del paquete “agrobiotecnológico”.

Siguiendo la presión política y social por desplazar los cultivos transgénicos del norte al sur, este modelo se ha impuesto a Bolivia, y el país podría convertirse en el tercero de Sudamérica con más semillas y eventos transgénicos legalizados, si se mantienen vigentes los Decretos Supremos 24676; 3874; y 4232, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) y varias leyes nacionales prohíben la importación, producción y comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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El caso de México y las iniciativas en Europa

Por Ximena Montaño Sandoval

El reconocimiento del ecocidio es tema de discusión en varios países del mundo. En el caso de México existen diferentes iniciativas para reformar su Código Penal Federal. En el 2020 se presentó una propuesta que dice: “Comete el delito de ecocidio quien por sí o por interpósita persona derivado de las actividades que realice, cause un daño grave, masivo y extenso, en superficie y temporalidad, a los recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, suelo, subsuelo o el ambiente, cuyo resultado sea la afectación de un ecosistema determinado”. La pena propuesta por este delito es de doce a veinte años de prisión más una multa, y en caso que los infractores sean servidores públicos se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión[1].

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Agua e inundaciones en Bolivia – Enero a Marzo 2021

Por Alejandra Nuñez del Prado R.

El mundo está experimentando grandes cambios en lugares fundamentales para la regulación del clima como los Andes y la selva Amazónica.  La devastación de estas ecoregiones a causa del derretimiento de glaciares y los incendios forestales tendrán consecuencias muy graves para el ciclo del agua[1].  

El agua es un recurso natural limitado e indispensable para la existencia y el desarrollo de todas las especies. Las intensas lluvias, así como la ausencia absoluta de ellas, afectan a cantidades incalculables de personas, definiendo el destino de naciones enteras.

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Los primeros en reconocer el crimen de Ecocidio

Por Ximena Montaño Sandoval

El primer país en introducir el ecocidio en su Código Penal fue Vietnam en 1990, a razón de la utilización del Agente Naranja por el ejército de los Estados Unidos con la intención de destruir al Viet Cong durante la guerra de Vietnam. El mismo se encuentra definido en el marco de Crímenes contra la humanidad y estipula una sanción de entre diez y veinte años de prisión, cadena perpetua o pena capital para “Aquellos que, en tiempos de paz o de guerra, cometen actos de aniquilación masiva de poblaciones en un área, destruyendo la fuente de sus medios de vida, socavando la vida cultural y espiritual de una región, trastornando los cimientos de una sociedad con miras a socavar dicha sociedad, así como otros actos de genocidio o actos de ecocidio o de destrucción del medio natural…”.

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¿Cuál es la importancia de una legislación contra el Ecocidio?

Por Alejandra Nuñez del Prado R.

Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni seres humanos. Si las abejas desaparecieran del planeta, al ser humano solo le quedarían 4 años de vida.

La frase citada pertenece a una de las protestas de apicultor@s belgas en 1994 y dimensiona la relación de interdependencia entre especies. En las últimas décadas la población de abejas se ha reducido considerablemente debido al uso de agroquímicos y al cambio climático, ellas son responsables de por lo menos un tercio de la producción de alimentos a nivel global con la polinización de 85% de los bosques y 70% de cultivos agrícolas, por lo que su desaparición definitiva implicaría también la de una multitud de plantas, generando el desequilibrio de los ecosistemas y como consecuencia la extinción humana [i].

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Delitos contra el medio ambiente ¿qué dicen las leyes bolivianas?

Blanca Ramírez / Marielle Cauthin

¿Qué tipificaciones y sanciones existen en la legislación nacional sobre delitos contra el medio ambiente o actos relativos al ecocidio? Las actuales normas otorgan penas de privación de libertad de uno a diez años por daños graves al medio ambiente, sobre todo atentados contra bosques, agua y animales silvestres y domésticos. Sin embargo, aunque son cada vez más evidentes los delitos ambientales y sus consecuencias, no son visibles la identificación de responsables ni las sanciones. En los hechos la aplicación de las leyes presenta grandes limitaciones y vacíos institucionales; incluso están vigentes nuevas normas que minimizan los crímenes ambientales y solo imponen multas ante graves delitos, como es el caso de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas (2019), con relación a los megaincendios forestales.

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Ecocidios: las diferentes heridas de la Madre Tierra

Por Guillermo Villalobos M.

Los ecocidios son profundas heridas ambientales que se asocian con eventos que destruyen ecosistemas. A lo largo de la historia reciente se han dado varios ecocidios en todo el planeta. Cielo, mar y tierra han sufrido ecocidios y los más conocidos se deben a daños irreparables en los ecosistemas. La contaminación del agua y el suelo, la deforestación y/o quema de los bosques, la extinción de especies vegetales y animales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, inducidas o causadas por la actividad humana han lastimado a la madre tierra[1]. Los ecocidios generan la destrucción puntual o continua de un ecosistema y generan profundas secuelas en los ciclos naturales, al balance sistémico y para las poblaciones locales. Para ejemplificar los posibles diferentes tipos de ecocidio, presentamos a continuación siete casos que, a lo largo de las últimas décadas, han marcado a la madre tierra.

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Los ecocidios están interconectados

Por José Carlos Solón y Guillermo Villalobos M.

Ya sea Gaia o Pachamama, los saberes de culturas milenarias lo sabían, la tierra tiene vida en si misma. Desde los años 70, la ciencia encontró los modelos científicos necesarios para afirmar la existencia del sistema de la Tierra, en el cual sus diferentes componentes, bióticos y abióticos están íntimamente relacionados e interconectados. La vida de las plantas y árboles de la Amazonía está estrechamente vinculada con la arena del Sahara, que en un proceso lento y constante trae fósforo y ayuda al desarrollo del bosque amazónico[1]. Por otro lado, la desaparición o inserción de una especie puede desencadenar trastornos de gran envergadura en un ecosistema. Los ciclos metabólicos de la tierra, como el ciclo del agua y el ciclo del carbono, al ser parte del mismo sistema de la Tierra están interconectados.

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El debate internacional sobre el ecocidio

Por Ximena Montaño Sandoval

El crimen del ecocidio estaba presente en los primeros borradores de lo que posteriormente fue conocido como el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que fue adoptado en 1998 y entró en vigencia el 2002.  Según algunos expertos y estudiosos del tema, el delito de ecocidio fue eliminado de los borradores del Estatuto de Roma por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU de forma irregular, poco antes de su aprobación, debido al veto de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda y por presión de compañías multinacionales del sector de agroquímica y biotecnología, combustibles fósiles e industria nuclear. [1]

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Ecocidio y Genocidio en el siglo XXI

por José Carlos Solón

El ecocidio, como palabra, nació en 1970. Durante la guerra de Vietnam un grupo de científicos acuñó y propagó el término “ecocidio” para denunciar la destrucción que el agente naranja, un herbicida, había causado a la salud humana y los ecosistemas durante la guerra de Vietnam. La operación estadounidense ‘Operation Ranch Hand’, pretendía terminar con los bosques de Vietnam con la intención de exterminar rápidamente al Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Viet Cong). Esto generó la destrucción completa de plantas, animales y ecosistemas, pero también graves secuelas para la salud humana con la aparición de cáncer y malformaciones en aquellas poblaciones que fueron rociadas por el letal herbicida. Sin dejar de lado los varios otros crímenes ejecutados por el ejército estadounidense, éste fue un primer gran ejemplo de “ecocidio”. La palabra viene de “Eco”, de “Oikos” que quiere decir “hogar” en griego y “cidio” que significa destrucción en latín. Desde entonces, el término se ha incorporado en el léxico popular.

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