El Litio y el Público Fantasma

Por José Carlos Solón

El gobierno de Luis Arce lanzó la “Convocatoria Internacional de Extracción Directa de Litio para los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes” el pasado 30 de abril. En este contexto, es fundamental revisar lo ocurrido con la anterior convocatoria en la que se seleccionó a ACISA, subsidiaria de la empresa alemana ACI Systems, como socia estratégica para cuatro plantas de Hidróxido de Litio, Hidróxido de Magnesio, Materiales Catódicos y Baterías de Litio.

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Un primer paso hacia la democratización de la energía en Bolivia

La generación distribuida no estaba normada en Bolivia. Las pocas instalaciones de paneles solares para autoconsumo de hogares, instituciones y empresas hasta ahora no podían conectarse a la red, ni vender el excedente de energía eléctrica que generaban. Esta situación ha cambiado con la promulgación del Decreto Supremo Nº 4477 que allana el camino para que la población, además de generar energía eléctrica para su autoconsumo a través de fuentes renovables (fotovoltaica, mini eólica o mini hidráulica), pueda ahora inyectar a la Red de Distribución el excedente que produzca y recibir una retribución.

Este decreto promulgado el pasado 24 de marzo define a la Generación Distribuida como la “generación de energía eléctrica que se caracteriza por ser un sistema de generación descentralizado e instalado en el lugar de consumo, de pequeña a mediana escala, con fuentes renovables, conectadas a la Red de Distribución a fin de inyectar sus excedentes de generación”. Al usuario del servicio público de electricidad que produce excedente electricidad lo denomina “Generador Distribuido” (Art. 2).

El Decreto indica que habrá una retribución por la energía eléctrica que se inyecte a la red, sin embargo, deja al regulador del sector eléctrico (Art. 5), en este caso la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), establecer las caracteristicas y monto de dicha retribución.

El mencionado decreto sólo menciona los siguiente criterios para determinar la retribución: el desarrollo del mercado eléctrico; las categorías de consumo; la energía consumida por el Generador Distribuido; y la energía inyectada a la Red de Distribución.

El DS 4477 establece tres categorías de potencia instalada para la Generación Distribuida: Nanogeneración hasta 10 kilovatios (kW); Microgeneración entre  10 kW y 50 kW; y Minigeneración entre a 50 kW y 350 kW.

Con relación a la parte técnica de instalación de proyectos de Generación Distribuida, el Decreto indica que debe ser realizada por empresas instaladoras especializadas, debidamente registradas y habilitadas por el “Distribuidor” u “operadores eléctricos” (Art.4).

Sobre los costos de este tipo de proyectos, el DS 4477 determina que serán responsabilidad del usuario: “Cuando un Generador Distribuido quiera inyectar su excedente de energía eléctrica, el Distribuidor u operadores eléctricos estará a cargo de la conexión y adecuación, colocación del equipo de medición y otros accesorios necesarios; los costos en los que incurra serán deducidos de la Retribución del Generador Distribuido, aspecto que será establecido por el Ente Regulador del sector eléctrico”. Seguidamente indica que: “En aquellos casos en los que el Distribuidor u operadores eléctricos no pueda realizar la conexión y adecuación, colocación del equipo de medición y otros accesorios necesarios, el Distribuidor u operadores eléctricos asignará a una empresa registrada y habilitada, conforme lo establecido por el Ente Regulador del sector eléctrico, cuyos costos serán asumidos por el Generador Distribuido” (Art. 4). (Enfasis propio)

Algunas interrogantes

Normar la generación distribuida en el país es un importante avance hacia la democratización de la energía y la transición energética. Sin embargo, quedan algunos aspectos relevantes que deben ser precisados. La Disposición Adicional Primera del DS 4477 dice: “El Ente Regulador del sector eléctrico mediante Resoluciones Administrativas, reglamentará los aspectos requeridos para la aplicación del presente Decreto Supremo en un plazo de hasta seis (6) meses, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”.

¿La reglamentación del DS 4477 se limitará a viviendas u edificios, donde familias o empresas sean las que asuman esta actividad o ampliará su enfoque a colectivos urbanos, municipales o de comunidades?. La generación distribuida podría tener un impacto importante si empieza a desarrollarse a nivel municipal y de comunidades indígenas campesinas.

Sobre este aspecto, el Decreto no hace una diferenciación entre distintos tipos de usuario que requieren reglas diferentes. Por ejemplo, sectores agrícolas que usan energía solar para riego o pequeñas empresas que generan electricidad para sus talleres requieren de tratamientos diferenciados. Así mismo, iniciativas comunitarias o municipales que generen electricidad para su autoconsumo y persigan un ingreso económico deben ser claramente contempladas.

¿Cómo será la retribución por la venta de excedente eléctrico? ¿Será en dinero de libre disponibilidad o será en créditos o bonos para el Generador Distribuido? ¿La retribución será lo suficientemente atractiva para motivar a la población a generar un excedente de energía eléctrica que pueda vender a la red?. Uno de los obstáculos para la expansión de la energía solar en Bolivia, que varios técnicos advierten, son los subsidios que actualmente existen para el gas natural que utilizan las termoeléctricas. Por estos subsidios, en el 2017, la tarifa eléctrica era de Bs 0,60 (0,08 $US) por kilovatio hora (kW/h) para el sector residencial y de Bs 0,40 (0,06 $US) para el sector industrial, ¿podrá la generación distribuida competir con estos precios?.

En algunos países contar con un precio fijo asegurado y/o preferencial más elevado que el precio de mercado en la red, permite al que invierte en un pequeño sistema fotovoltaico contar con un ingreso seguro por un determinado lapso de tiempo que compense los primeros años de amortización de la inversión.

¿Habrá algún tipo de apoyo o financiamiento a bajo costo para quienes quieran emprender esta actividad?. Realizar una instalación en generación distribuida renovable requiere de cierta capacidad económica y de espacio para la instalación de paneles solares. El DS 4477 no hace ninguna referencia a líneas de financiamiento de bajo costo para sectores de la población que quieran ingresar en esta actividad. Existe el riesgo que quienes no tienen acceso a capital o créditos de bajo costo no puedan participar de la generación distribuida, y que esta se concentre en sectores privilegiados con capacidad económica para asumir dicha inversión.

¿En el corto plazo se contará con suficientes empresas instaladoras especializadas y habilitadas para conectarse a la red?. Este aspecto es importante para un avance ágil hacia la generación distribuida.

De otra parte, los límites de potencia instalada definidos por el Decreto en cada categoría son muy bajos (≤ 10 kW; > 10 kW ≤ 50 kW; > 50 kW ≤ 350 kW). Es necesario que en una próxima fase se creen nuevas categorías para que se puedan desarrollar emprendimientos comunitarios y municipales de mediana escala que sean viables en términos económicos.

Bolivia cuentan con uno de los mayores niveles de radiación solar del planeta, y la apuesta por la generación distribuida no sólo permitirá aprovechar este potencial, sino que será una alternativa para los mega proyectos de alto impacto ambiental.

TUNUPA 113: Energía y litio en las Elecciones 2020

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¿Qué dicen sobre energía y litio los programas de gobierno de los partidos para las elecciones 2020?

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Energía: Perdidos en el laberinto

Si el panorama para una transición energética era complicado en el mundo y Bolivia antes de la pandemia, ahora, este se ha complejizado aún más[1]. Los programas de gobierno de los partidos que intervienen en las elecciones 2020 no marcan una clara ruta a seguir para salir de este laberinto. El Movimiento al Socialismo (MAS) insiste en antiguas propuestas como las de “mayor exploración, explotación e industrialización de los recursos hidrocarburíferos” y Bolivia corazón energético de Sudamérica”. Comunidad Ciudadana (CC) plantea salir del extractivismo y habla de una transición energética sin plazos ni propuestas precisas y sin pronunciarse frente a temas como los de la energía nuclear, las mega hidroeléctricas y sobre todo la sobre oferta de capacidad de generación eléctrica ociosa que tiene ahora el país. Creemos es el que más enfatiza la participación privada extranjera en el sector energético. Todos están de acuerdo con los agro-combustibles (etanol y biodiesel) y con la exportación de electricidad. Tanto CC como Creemos se pronuncia a favor de la generación distribuida y el desarrollo de prosumidores (consumidores que producen electricidad de manera descentralizada en base a energías alternativas).

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Transgénicos: Tras el voto del agronegocio

A pesar de que la Constitución Política del Estado en su artículo 255 prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM), ninguno de los programas de los partidos políticos que están inscritos para las próximas elecciones plantea medidas concretas para efectivizar dicha prohibición. El MAS y Comunidad Ciudadana eluden hablar con nombre y apellido de los transgénicos u OGM y prefieren utilizar el término de biotecnología o de transferencia de tecnología para la agricultura. La alianza Creemos es la única que en su programa de gobierno se pronuncia abiertamente a favor de los OGM. En relación a los biocombustibles -que van de la mano de los transgénicos- el MAS y Creemos se pronuncian explícitamente a favor de ellos mientras que CC guardia silencio.

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Litio: Hablan mucho y dicen poco

Todos los programas de gobierno de los partidos políticos analizados hablan del litio y lo destacan como un elemento central para el desarrollo del país. Esta posición se afianzó aún más con la crisis social y económica que acarreó el Covid-19, la cual obligó a los partidos y agrupaciones a readaptar y reconfigurar sus programas a la nueva realidad. Si bien debido a lo avanzado del calendario electoral los partidos políticos ya no pueden presentar un nuevo programa de gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tanto el MAS como CC optaron por publicar “documentos adicionales” a sus programas para adecuarlos al nuevo contexto. En ambos casos, el litio figura como uno de los elementos cardinales para la reactivación productiva y la reconstrucción de la economía nacional.   

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La energía después de la pandemia

Por Ximena Montaño

El mundo está cambiado con la pandemia y existe una profunda incertidumbre de lo que acontecerá en el futuro. El confinamiento ha afectado al conjunto de la economía mundial, en particular a la industria, comercio y transporte; lo que ha llevado a una disminución drástica de la demanda de combustibles como el petróleo, que incluso cotizó precios negativos, del gas natural y de los biocombustibles. Así como también una disminución significativa en la demanda de energía eléctrica, salvo de la demanda de electricidad para el sector residencial. La pandemia ha ralentizado a la economía global, los rebrotes del virus están postergando las expectativas de recuperación, lo que está impactando severamente al sector de hidrocarburos y al energético en su conjunto.

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Litio: ¿Qué proponen los partidos?

Todos los partidos políticos hablan del litio y lo destacan como un elemento central para el desarrollo del país. Sin embargo, más allá de la retórica, no hay propuestas concretas para hacer frente a la casi paralización del proyecto de industrialización del litio. Los programas de los partidos no se refieren a los problemas de la última década en la industrialización del litio. Tampoco hacen planteamientos para resolver los posibles escenarios de conflicto después de la abrogación por Evo Morales del Decreto Supremo 3738 que creó la empresa mixta entre Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACISA. En relación a los temas ambientales y de consulta previa libre e informada a las poblaciones indígenas se dice muy poco o nada.

Desde el 2013 Bolivia comenzó a producir a nivel piloto cloruro de potasio y carbonato de litio y a partir del 2017 también empezó a producir a nivel piloto materiales catódicos y baterías de ion litio. El 2018 comenzó la segunda fase de producción industrial con la inauguración de la primera planta industrial de cloruro de potasio, con capacidad instalada de 350.000 Toneladas/año. Esta planta industrial opera hasta la fecha a menos del 10% de su capacidad. Asimismo, se tiene planificado concluir el 2020 la construcción de la planta industrial de carbonato de litio; la misma que, hasta febrero de este año, contaba con un 38% de avance[1].

Hasta finales del 2019, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) produjo en la planta industrial de cloruro de potasio a penas 26.741 toneladas de cloruro de potasio y en la planta piloto de carbonato de litio 420 toneladas. Hasta fines del 2019 se exportaron 21.036 toneladas de cloruro de potasio y 120 kilos (en calidad de muestra) de carbonato de litio[2].


Movimiento Al Socialismo

El programa de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) del 2020 no sufrió cambios relevantes respecto al litio en relación a su propuesta del 2019. Al igual que el año pasado, destaca de manera grandilocuente los logros alcanzados en la industrialización del litio[3] y, por el otro lado, plantea continuar con la implementación del Plan Nacional de la Industrialización del litio desarrollado durante sus anteriores gestiones. No realiza ninguna evaluación autocrítica del hecho de que Bolivia es absolutamente marginal en el mercado del litio, ni plantea una ruta de acción para hacer frente a la situación después de la disolución de la empresa YLB-ACISA. El MAS sigue hablando como si nada hubiera pasado en la diversificación productiva, la industrialización de los recursos naturales y la inserción de Bolivia en los primeros eslabones de la cadena de industrialización de materiales catódicos y baterías de litio.

El programa de gobierno del MAS plantea en primer lugar, “concretar la tercera fase de inversiones, para lograr la producción de materiales catódicos y baterías de litio, completando así la industrialización del litio” y, en segundo lugar, “consolidar los mercados de exportación” e “implementar las plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio de sales residuales” así como materiales catódicos y baterías, todo ello en asociación con “empresas privadas nacionales y extranjeras”. Sobre la experiencia fallida con ACISA no dice una sola palabra.

A diferencia de su programa del 2019 donde mencionaba “montar plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio (…) en asociación con la empresa alemana ACI Systems” para el salar de Uyuni, ahora sólo habla de la asociación con la empresa china TBEA-Boacheng para los salares de Coipasa y Pastos Grandes.

Comunidad Ciudadana

La propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) respecto al litio es la misma que del año pasado. Esta gira en torno a “estudios de pre-inversión e inversión en la denominada ´nueva´ minería”, en los que se contempla la industria de autos eléctricos y la priorización de proyectos de litio.  Asimismo, menciona la creación de “condiciones para que sea pública la información pertinente respecto a los criterios y parámetros financieros, económicos y técnicos sobre los que se estructuran los proyectos que son propiedad de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), así como las sociedades de YLB con empresas privadas”.

Uno de los puntos centrales de la propuesta en torno del litio de CC es convocar a “un pacto productivo” para diseñar “de modo conjunto (…) una Estrategia Nacional de la Industria del Litio”. Así, en función a esta estrategia, y al igual que el MAS, proponen insertar a Bolivia en “la cadena de valor global del litio, promoviendo relaciones de valor con las grandes empresas del mundo que producen autos eléctricos, otros vehículos y otros productos de alto valor, donde el litio es el material principal.” Esta sería la ruta para que Bolivia se inserte en “los grandes mercados del litio (Bolsa de Metales de Londres y la Bolsa de Shanghai)”.

Bajo estos lineamientos plantea industrializar el litio “con tecnologías apropiadas que agreguen valor y minimicen los impactos ambientales sobre el entorno”. Esta es la única mención al tema ambiental del litio en los programas de los partidos políticos. 

Juntos

La agenda de gobierno de Juntos respecto al litio gira en torno a la alusión de garantizar una “estabilidad económica y crecimiento sostenido”. Para ello, Juntos apuesta por una “diversificación” de las fuentes de riqueza y empleo, y promueve “industrias con potencial exportador”, como ser el litio, entre otros recursos naturales[4]. Su meta es lograr una “revolución de las exportaciones”. 

Con el fin de industrializar el litio en las “condiciones más ventajosas para el país” Juntos – al igual que el programa del año pasado de Bolivia dijo No – propone hacer una “evaluación cuidadosa del proyecto de explotación e industrialización de litio”, para determinar la viabilidad tecnológica, financiera y comercial del proyecto estatal, y tomar “responsablemente las decisiones que permitan reencauzarlo” en plazos breves y movilizando inversión, tecnología y recursos humanos. Con esta redacción ambigua Juntos abre el escenario para la privatización del litio y, a diferencia de los demás programas de gobierno, su propuesta no menciona la cadena de valor ni la fabricación de las baterías de litio. 

El programa de Juntos ya no menciona que “garantizarán la participación activa de las regiones de localización de los recursos evaporíticos, como es el caso del departamento de Potosí” como estaba planteado en el programa de Bolivia dice No del año pasado.

El actual gobierno transitorio que concentra a la coalición Juntos ha dado señales favorables para continuar la iniciativa de asociación entre YLB y la subsidiaria alemana[5] y recientemente ha expresado que el país necesita “tecnología [e] inversión extranjera” para reactivar el proyecto del litio[6].

Alianza Libre 21

La Alianza Libre 21 plantea convertir a Bolivia en “la capital mundial de las baterías de litio” y, para ello, propone llevar a cabo un “cinturón del litio en el occidente” como uno de los “tres cinturones estructurales de desarrollo energético y tecnológico en el país[7]. En este sentido, plantea desarrollar el “cinturón occidental boliviano de baterías”, con “centros de manufactura de baterías” distribuidas a lo largo de la zona andina y con destino productivo especifico (baterías para electrodomésticos, computadoras, celulares y autos). De esta manera, el programa de Libre 21, al igual que el MAS y CC, enfoca su propuesta de industrializar el litio mediante la producción de baterías.

Si bien Libre 21 da señales de promover empresas estatales fuertes, un aspecto particular de su propuesta es la creación de una empresa de litio: LIBOL. No queda claro, sin embargo, si la nueva empresa de litio que plantea Libre 21 vendría a remplazar a YLB y cuál sería el futuro de la actual empresa estatal del litio.  Lo que sí es claro es que esta nueva empresa de litio entraría dentro de su propuesta de transferir – a través de títulos de valor intransferible, embargables y heredables – parte de las acciones de las empresas estatales a la ciudadanía.

Finalmente, en su propuesta de “Bolivia corazón verde de Sudamérica” menciona de forma genérica que en una década todos los automóviles en el país deberían funciona a gas o con baterías de litio. La Alianza Libre 21 no ahonda en detalles de cómo planean sustituir los 1.910.127 vehículos que conformaban el parque automotor nacional del 2018[8].

Creemos

El programa de gobierno de Creemos, en su subtitulo específico sobre Explotación de Litio, parte de la idea de “mejorar todo el proyecto de explotación industrial del yacimiento de litio de Uyuni” enfatizando que lo harán “en consenso con la sociedad civil del departamento de Potosí”. Así, y mediante la asociación de YLB con “un inversionista privado”, pretenden comenzar la explotación del litio a más tardar el 2022.

Al igual que la mayoría de los otros programas de gobierno analizados, Creemos apunta a una industrialización del litio mediante la producción de baterías de litio. Con el argumento de aumentar el valor agregado y generar mayores recursos por materia de exportación, la propuesta de Creemos gira en torno a instalar una fábrica de baterías de litio para vehículos eléctricos dentro del territorio nacional que “pertenezca a uno de los grandes jugadores existentes en esta industria que nos garantice el mercado”. Para esto, contemplan que el Gobierno se comprometa a “realizar todas las inversiones en infraestructura física necesaria para hacer atractivo el proyecto” e implementar reducciones fiscales y aportes de recursos a través de YLB. Esta fábrica de baterías de litio entraría en operaciones antes del 2025.

Conclusiones

En general, todos los programas de gobierno analizados apuntan al litio como uno de los recursos naturales más estratégicos con el que cuenta el país; donde su industrialización garantizará tanto el desarrollo y crecimiento económico, así como el bienestar futuro del país. En todos los programas de gobierno a excepción del MAS, existe una crítica en términos muy generales al proyecto de industrialización del litio que se desarrolló hasta el momento. La mayoría de los partidos proponen revisar y/o desarrollar una nueva y mejor estrategia para su industrialización, mediante proyectos que incorporen tanto componentes financieros, tecnológicos como comerciales. Sin embargo, ninguno ahonda en los pormenores de estos proyectos ni en las diferencias en relación con el Plan Nacional de Industrialización del Litio desarrollado hasta el momento.

Todos, a excepción de Juntos, apuntan en mayor o menor medida a la cadena de valor de la producción de baterías de litio. En otras palabras, el objetivo no sería sólo explotar y exportar carbonato de litio e hidróxido de litio, sino producir materiales catódicos y baterías de ion de litio. 

El MAS, CC y Creemos buscan algún tipo de asociación con empresas internacionales que viabilicen tanto la producción de baterías en el país como la inserción de Bolivia en la cadena de valor global de las baterías de litio. Ningún partido aborda la cuestión de las regalías mineras por concepto de explotación de carbonato de litio e hidróxido de litio, conflicto que movilizó por más de cinco meses a diversos sectores en Potosí. Igualmente, ningún partido menciona a ACI Systems, ni cómo se procederá legal y financieramente  después de la abrogación del Decreto Supremo 3738 que creaba la empresa mixta YLB-ACISA.

Finalmente, llama profundamente la atención que, de las cinco propuestas analizadas, solo CC menciona de forma muy genérica el componente ambiental de la producción de litio, limitándose a un aspecto tecnológico y no así de productividad y balance socio-ambiental que tiene la extracción de litio en estos delicados ecosistemas.

*Este análisis comparativo abarca a la propuesta de gobierno presentado por: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Juntos, Alianza Libre 21 y Creemos


[1] https://www.ylb.gob.bo/resources/rendicion_cuentas/rendicion_inicial_2020.pdf

[2] https://www.ylb.gob.bo/archivos/notas_archivos/rendicion_de_cuentas_publicas_c.pdf y https://www.ylb.gob.bo/archivos/notas_archivos/np002_compressed.pdf

[3] Con menciones elocuentes tales como “se completó el circuito de la industrialización del litio a escala piloto y se dieron los primeros pasos hacia la producción a gran escala asegurando mercados internacionales para incursionar en la producción de baterías de litio y la industria automovilística.”

[4] Producción de alimentos, la agroindustria, el desarrollo forestal, la manufactura, la economía digital, el turismo, el transporte y otros servicios

[5] https://eldeber.com.bo/165736_embajada-alemana-asegura-que-su-pais-sigue-interesado-en-industrializacion-del-litio

[6] https://latinvestment.org/2020/04/25/el-litio-como-punta-de-lanza-para-reactivar-la-economia-post-coronavirus/

[7] Los otros dos “cinturones de desarrollo” serían: el cinturón gasífero (en el sur, centro y oriente) y el hidroeléctrico (en el centro y norte), a los cuales se agrega la generación focalizada de energía solar, geotérmica y eólica.   

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/boletines/actualidad-estadistica/category/225-parque-automotor#

Transgénicos: Ambigüedades agronegociantes

A pesar de que la Constitución Política del Estado en su artículo 255 prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, ninguno de los programas de los partidos políticos que están inscritos para las próximas elecciones plantea medidas concretas para efectivizar dicha prohibición. El MAS, Comunidad Ciudadana y Juntos eluden hablar con nombre y apellido de los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) y prefieren utilizar el término de biotecnología o de transferencia de tecnología para la agricultura. La alianza Creemos es la única que en su programa de gobierno se pronuncia abiertamente a favor de los OGM. En relación a los biocombustibles -que van de la mano de los transgénicos- el MAS, Juntos y Creemos se pronuncian explícitamente a favor de ellos mientras CC se muestra a favor de los combustibles de origen agrario.

Movimiento Al Socialismo

Al igual que en su propuesta de gobierno del año pasado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) bajo la noción de “mejorar los rendimientos de los cultivos” propone en su pilar de Soberanía Alimentaria implementar “nuevas tecnologías”, donde destaca el uso de la “biotecnología”. Paralelamente, el MAS pone énfasis en la producción de biocombustibles (en particular biodiesel) que favorecen a la agroindustria y supuestamente reducen la importación de carburantes. A través de la producción de biocombustibles el MAS plantea “consolidar la soberanía productiva agroindustrial y de alimentos”. 

Juntos

El plan de gobierno de Juntos de la presidenta Añez, al igual que la alianza “Bolivia dijo No” que la precedió, no se pronuncia abiertamente sobre los transgénicos o los OGM y los encubre bajo el concepto de transferencia tecnológica en el proceso agropecuario. Su plan de gobierno plantea  eliminar todas “las barreras de entrada a los mercados y otros factores que restringen la competencia, la capacidad exportadora, la innovación, la productividad y el emprendimiento”, entre estos destacan “las prohibiciones injustificadas a las exportaciones y a la transferencia tecnología en el proceso productivo, especialmente agropecuario“.

Al igual que el MAS, Juntos está a favor de los biocombustibles. El programa de Juntos plantea “reconversión de la industria nacional orientada al mercado internacional” e “incorporar las nuevas tecnologías al aparato productivo para generar una nueva oferta de bienes y servicios (p.ej… biocombustibles, fertilizantes, productos químicos…)”. Igualmente, por medio de su “Plan Amazonía Exportadora” Juntos ofrece promover inversiones públicas y privadas orientadas a desarrollar “…un clúster de producción de biocombustibles y para generación eléctrica…”

Comunidad Ciudadana

Comunidad Ciudadana (CC) tampoco habla de manera explicita de los OGM y proponer llevar a cabo “investigación y desarrollo en biotecnología”. Así, bajo el “principio de precaución y el de bioseguridad” CC busca crear un Instituto Boliviano de Biotecnología, es decir un “órgano científico que conducirá y articulará con los actores relacionados, investigaciones soberanas de aplicación de la biotecnología a la agricultura, así como los análisis de sus impactos sobre la salud y el medio ambiente”. De esta manera, CC deja abierta la posibilidad de que -en función a las “investigaciones soberanas”- se pueda eventualmente introducir nuevos OGM en el país.

Por último, aunque CC no mencionan específicamente los biocombustibles, si proponen apoyaran “la producción de combustibles de origen agrario
con alta productividad y óptimas condiciones competitivas
” bajo su “política de transición energética y los compromisos internacionales como el Acuerdo de París“.

Creemos

El programa de gobierno de Creemos, al igual que el MAS,  propone expresamente autorizar el uso de biotecnología con el argumento de “mejorar los niveles de producción y productividad y hacer más eficientes las labores agrícolas”. Creemos plantea “…autorizar de manera inmediata el funcionamiento del Comité de Bioseguridad para que considere y autorice la realización de nuevos eventos biotecnológicos durante el año 2021 para los siguientes productos: soya, maíz, algodón y caña de azúcar”. Creemos propone elaborar una Ley que “regule a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el Estado, que dé certeza y claridad en los procedimientos a seguir y las competencias institucionales de todos los involucrados”. 

Creemos, al igual que el MAS y Juntos, está abiertamente favor de la producción de biocombustibles. Para ello plantea “acelerar los procedimientos de adición de alcohol anhidro en la gasolina especial, hasta un 12% de su volumen”. Para la producción de biodiesel proponen “trabajar de forma coordinada con la industria oleaginosa y los productores de soya del país, para que a partir del año 2022 comience a comercializarse biodiesel en el mercado nacional”.

El discurso y la practica

Ninguno de los programas de los partidos mencionados reafirma la prohibición constitucional a los OGM ni plantea una propuesta de ley para su eliminación gradual como corresponde. La alianza Creemos es la que de manera explicita se pronuncia a favor de los OGM para soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Con la promulgación del DS 4232, la presidenta transitoria Añez está implementando en la práctica el programa de Creemos sobre los transgénicos, lo ha ampliado al trigo y lo ha adelantado al 2020, antes de que siquiera se realicen las elecciones. El MAS, por oportunismo electoral, ha pasado a oponerse a los transgénicos para tratar de capitalizar el rechazo al Decreto Supremo de Añez sobre los OGM. CC ha asumido también una posición critica frente al Decreto de Añez, pero no se ha pronunciado categóricamente contra los transgénicos.

Lejos de defender una posición de principios y de respeto a la constitución sobre los transgénicos, los programas de estos partidos políticos prefieren una retórica ambigua sobre biotecnología para defender y/o ganarse el apoyo de los poderosos sectores de la oligarquía del agronegocio. En relación a los biocombustibles o combustibles de origen agrario se pronuncian a favor de los mismos a sabiendas de que estos agrocombustibles, en el contexto boliviano, representan necesariamente el uso de soya transgénica para la elaboración de biodiesel. 

 

La pesadilla exportadora

Exportar en si mismo no es malo, pero se convierte en una pesadilla cuando afecta la naturaleza, las áreas protegidas, los territorios indígenas, la deuda externa, las finanzas públicas y además no genera utilidades económicas. Este es el caso de Bolivia corazón energético de Sud América. El gobierno de Evo Morales avanzó en la construcción de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas sin previamente sopesar todos estos factores. Continúa leyendo La pesadilla exportadora

Geotérmica: La más cara

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Según ENDE hay dos proyectos en ejecución de energía geotérmica en Laguna Colorada. La energía geotérmica se obtiene con el aprovechamiento de fluido geotérmico (rocas y fluidos calientes) extraído de la profundidad de la tierra y posteriormente se lo
devuelve al reservorio geotérmico por reinyección (Memoria ENDE, 2018).

El primer proyecto es una planta piloto de 5 MW de potencia para la electrificación rural en las zonas aledañas al campo: comunidades Quetena Chico, Quetena Grande, Huayllajara, la zona hotelera de Laguna Colorada y la zona donde se emplazarían proyectos de humedales del Silala (Memoria ENDE, 2018). Esta planta piloto entraría en funcionamiento el 2021 y es financiada con recursos propios de Bolivia. El costo de inversión por MW de está planta piloto es de 5,6 millones de dólares.

El segundo proyecto es una central geotérmica de 100 MW de potencia con contrato firmado en marzo de 2016 (1). Esta central estaría conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La inversión para esta planta asciende a 691 millones de dólares lo que representa un costo por MW de 6,91 millones de dólares cifra que hasta sextuplica el costo de inversión por MW de termoeléctricas, eólicas y solares. Esta central geotérmica es financiada por la agencia de cooperación japonesa JICA y recursos propios del estado. El contratista (supervisor de la perforación) es el Consorcio Nippon Koei LAC – ISOR.

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Llama profundamente la atención que el costo por MW de la planta más grande sea más alto que el de la planta piloto, y que el país asuma un proyecto de 691 millones de dólares para sólo generar 100 MW para el SIN cuando ya existe una sobre oferta de potencia instalada.

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(1) https://www.ecoticias.com/eco-america/193260/P 17 lanta-geotermica-en-Bolivia

Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

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Las centrales de generación eléctrica a partir de biomasa son termoeléctricas que en vez de utilizar gas natural o diesel emplean biomasa como combustible. En Bolivia la energía de biomasa se produce con el bagazo resultante del proceso de industrialización de la caña de azúcar de los ingenios azucareros. Las principales generadoras eléctricas a partir de biomasa son Guabirá Energía, UNAGRO, EASBA y Aguaí que recién aporta al SIN desde el 2019. Continúa leyendo Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla

00 GRAFICAS TUNUPA 110 ENERGIA hidro-19

La potencia instalada hidroeléctrica se mantuvo estancada entre 2006 y 2016 durante el gobierno de Evo Morales. El año 2006 la potencia instalada hidroeléctrica conectada al Sistema Integrado Nacional (SIN) era de 476 MW y el 2016 apenas subió a 493 MW. A partir del 2017 recién empezó un incremento del sector hidroeléctrico con la entrada en funcionamiento de Misicuni, San Jose I, el aumento de la capacidad de Corani y San Jose II. En los últimos 3 años la potencia instalada hidroeléctrica se incrementó en un 52%. Continúa leyendo Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla

Termoeléctricas: Sobreoferta de electricidad

00 GRAFICAS TUNUPA 110 termo-11Las centrales termoeléctricas que funcionan principalmente a gas natural han sido las que más han crecido en los últimos 13 años. Durante el gobierno de Evo Morales las termoeléctricas se duplicaron pasando de una potencia instalada de 926 MW en 2006 a 1.855 MW en 2018. El año 2019 pegaron un nuevo salto con la inauguración de tres plantas de ciclo combinado con una capacidad total de 1.000 MW, lo que eleva la potencia instalada termoeléctrica a 2.855 MW en el Sistema Integrado Nacional (SIN) Continúa leyendo Termoeléctricas: Sobreoferta de electricidad

El desencuentro entre la demanda y oferta

En casi cincuenta años, la demanda total de electricidad en Bolivia (SIN, SA y Auto productores) ha pasado de 709 GWh en 1970 a 8.450 Gwh en 2018. El crecimiento promedio anual en estas cinco décadas ha sido de 5,3%. En los últimos tres años la tasa de crecimiento anual ha disminuido a 4,1% el 2016, 2,1% el 2017 y 0,9% el 2018. La potencia instalada conectada a al SIN pasó de 865 MW en 1997 a 2.424 MW en 2018. El excedente de potencia subió de 321 MW a 913 MW, equivalente a un 60% de la potencia máxima demandada ese año. Continúa leyendo El desencuentro entre la demanda y oferta

Termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solar y biomasa

En Bolivia existen:

a) termoeléctricas que funcionan a gas natural y diesel,
b) hidroeléctricas que funcionan con el empuje del agua,
c) plantas eólicas que utilizan la fuerza del viento,
d) plantas fotovoltaicas que aprovechan la radicación solar, y
e) plantas que utilizan biomasa (bagazo de caña de azúcar) como combustible para mover sus turbinas.

Algunas de las ventajas y desventajas de estas centrales eléctricas son: Continúa leyendo Termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solar y biomasa

Electricidad: Bien de consumo inmediato

La electricidad es un bien de consumo inmediato. Solo se produce lo que se va a consumir porque la energía no se puede almacenar en grandes cantidades. A diferencia de otros bienes no se puede guardar la electricidad para consumirla más adelante. Por eso las inversiones en electricidad tienen que tomar en cuenta siempre la demanda, su proyección y los nuevos mercados reales y no sólo teóricos. Continúa leyendo Electricidad: Bien de consumo inmediato

¿Qué sabe la Ministra de Medio Ambiente sobre el proyecto Rositas?

Por Pablo Solón

La Ministra de Medio Ambiente María Elva Pinkert, siguiendo los pasos del gobierno de Evo Morales, ha anunciado que viabilizará el proyecto mega hidroeléctrico Rositas. ¿Ha leído la ministra de Medio Ambiente el Informe final de diseño final de la central hidroeléctrica. Volumen I: Resumen Ejecutivo de junio del 2017, realizado por la empresa Española EPTISA contratada por ENDE? Continúa leyendo ¿Qué sabe la Ministra de Medio Ambiente sobre el proyecto Rositas?