Boletín Nº3: Transgénicos en Bolivia, ¿cómo llegamos y cómo salimos?

Haga click para leer la publicación en pdf

Contenido:

¿Cómo salir de los transgénicos en Bolivia?

Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos

28 de abril de 2021

En Bolivia sólo existe un evento transgénico autorizado legalmente: la soya RR. Todas las otras semillas transgénicas que circulan por Bolivia han sido introducidas de manera ilegal y por lo tanto las empresas y personas que las contrabandean, comercializan y utilizan deben ser sancionadas de acuerdo a ley. Para salir de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) el primer paso es no ampliar las autorizaciones a nuevos transgénicos. Por eso es importante que se hayan abrogado recientemente los “decretos transgénicos” (4232 y 4238) que establecían un procedimiento abreviado para cientos de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. En la actualidad el procedimiento abreviado para evaluación de semillas modificadas genéticamente sólo esta vigente para la soya HB4 e Intacta destinada a la producción de biodiésel, y hasta la fecha no existe ninguna solicitud en trámite para autorizar alguno de estos dos eventos de soya transgénica. En síntesis, el tema central en Bolivia es no autorizar nuevas semillas transgénicas y establecer un procedimiento para salir gradualmente de la soya RR, como lo manda la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en su Artículo 24.8:”Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.

En el camino de la exigencia de dejar el uso de semillas transgénicas y el modelo agrícola que lo sostiene, una primera pregunta a realizarse es ¿este modelo alimenta a Bolivia? ¿quién alimenta al país y en qué condiciones? La política agraria nacional ha estado históricamente enfocada en el gran proyecto de agricultura industrial, pero lo que tenemos es solo una agricultura monoproductora de materias primas a partir de la soya transgénica. Del otro lado tenemos a la agricultura familiar campesina e indígena que produce -sin ser un proyecto de las élites empresariales ni del Estado- el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos que consumimos las y los bolivianos. Pese a estar comprobado que la agricultura familiar campesina e indígena es el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, es el sector menos favorecido por las políticas, al punto de estar en franco declive.

En búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por la agricultura familiar. Los pequeños agricultores alimentan a la humanidad, a pesar de que sólo son dueños de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta[1]. El Censo Agropecuario llevado a cabo el año 2013 señala que en el país existen unas 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) [2]. El 95 % de estas UPA corresponden a los productores de la agricultura familiar, que conforman unos 4 millones de personas, según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA [3].

En Bolivia, la agricultura familiar campesina e indígena produce el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos: hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres y cereales. El 65 % de los alimentos que consumimos en Bolivia son producidos por la agricultura familiar. Apenas el 3 % de los alimentos son producidos por la agricultura no familiar, y el restante 32 % es importado (Cartagena, 2020a). En otras palabras, la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica de los bolivianos provienen de la agricultura familiar campesina e indígena.

¿Quién alimenta al país? ¿Y a quién alimenta el Estado?

Pamela Cartagena (2020b), citando a McKay (2018), señala que todas las empresas que se dedican al rubro de las oleaginosas en Bolivia (son seis y con capitales estadounidenses, peruanos y venezolanos) exportan su producción, y apenas dos de ellas producen para el consumo interno: aceites de cocina, margarina, jabón, torta de soya para alimentación avícola y porcina. En ese sentido, es falso afirmar que la producción soyera transgénica “garantiza la seguridad alimentaria del país”, como afirman los representantes del agronegocio.

Consecuente con una política agraria y de tierras que ha venido favoreciendo en gran medida al agronegocio (Cauthin, 2021), hasta 2013 los datos sostenían que el 78,3% del total del incremento de la producción agrícola del país obedecía a dos cultivos: soya (55,4%) y caña de azúcar (22,9%) -caña destinada a la producción de alcohol- (Ormachea; Ramírez 2013). Esto expresa que la política agrícola ha favorecido un modelo por sobre otro que diversifique la producción destinada al mercado interno. Debido a esta premeditada inclinación, es que sobre todo la última década se reportan porcentajes de producción negativos para cultivos que están a cargo de familias campesinas, como la cebolla, la papa, el plátano, la alfalfa, la yuca, el tomate, la cebada en grano, la arveja e incluso el maíz fresco (Ormachea; Ramírez 2013).

Siendo la agricultura familiar campesina e indígena el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, este sector es el que menos creció en comparación a la agroindustria. Según los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2019), de 2005 a 2019 la superficie cultivada de soya se incrementó en 429.120 hectáreas: pasando de 930.500 a 1.359.620 de hectáreas respectivamente. Siendo que la mayoría de su producción se destina a la exportación. Entre 2005 y 2019 este sector exportó en promedio el 79% de su producción (Villalobos, 2021). En contraste, la superficie cultivada con papa se incrementó en 35.466 hectáreas entre 2005 y 2018. Mientras que la superficie cultivada con maíz, tomate, cebolla y haba aumentaron solo en 3.469, 1.162, 1.448 y 4.959 hectáreas respectivamente, durante el mismo periodo (INE, 2019).

La falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar campesina afectó profundamente la seguridad alimentaria nacional, haciendo de Bolivia un país cada vez más dependiente de los alimentos que se importan de los países vecinos. Las importaciones de papa, por ejemplo, pasaron de 1.282 toneladas en 2006 a 51.805 toneladas en 2016. De igual manera, las importaciones de tomates aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6.943 toneladas importadas en el mismo periodo. Mientras que, de no importar cebolla en 2005, en 2017 se importaron 14.328 toneladas (Prudencio, 2019).

Prohibiciones, moratorias y etiquetados: países que rechazan los OGM

Medio centenar de países han desarrollado legislaciones para controlar, restringir o prohibir la introducción, comercialización o producción de transgénicos en sus territorios, ya sea mediante leyes de moratoria para semillas, de prohibiciones a cultivos o de etiquetado de advertencia para productos procesados que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Actualmente, al menos 39 países han prohibido mediante leyes los cultivos transgénicos en sus territorios, sobre todo por motivos de salud humana y ambiental. Casi la totalidad de Europa prohíbe los cultivos transgénicos en su territorio y sólo permite la importación de algunos productos transgénicos bajo normas de etiquetado y sobre todo para consumo animal. La Unión Europea obliga etiquetar todos los productos transgénicos que tengan hasta milésimas de componente OGM, Estados Unidos se ha comprometido a implementar el etiquetado desde enero de 2022. Otros países que exigen etiquetados pero con más flexibilidad [4], son: Indonesia, Tailanda, Australia, Nueva Zelandia, África del sur, Kenia, Canadá, Brasil, Colombia, Nicaragua, Mali, Togo, China, Japón, Taiwan, Vietnam e India.

El caso de Perú: Ley de moratoria por 15 años

En enero de 2021, Perú promulgó la Ley 31111 que amplía el plazo de la moratoria al ingreso, comercialización y producción de transgénicos u Organismos Vivos Modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente” por 15 años, hasta el 31 de diciembre de 2035 [5]. Esta Ley es una ampliación de la Ley 29811 de 2011 que ya había puesto una primera moratoria por 10 años. Aunque la Ley excluye de esta moratoria: a) los OVM para fines de investigación, b) los OVM usados como productos farmacéuticos y veterinarios autorizados, c) los OVM y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento, d) otros OVM sujetos al análisis de riesgos previos.

La Ley de moratoria propone la salvaguarda de la “agrobiodiversidad” para cultivos, animales y organismos e incluso ecosistemas, esto significa crear un programa para conservar los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad (Art. 23), como las semillas nativas por ejemplo. Al mismo tiempo, en el Art. 28 instruye la generación de Líneas de Base para obtener información científica y tecnológica, relativa al estado de la biodiversidad nativa, incluyendo la diversidad genética de las especies nativas, que puede potencialmente ser afectada por OVM.

Otra iniciativa relevante es la que explica el reglamento de la Ley en el Art. 32 sobre la realización de listas y mapas de los Centros de Origen y Diversificación de Especies, según la prioridad: a) Especies de las cuales el Perú es centro de origen, b) Especies de las cuales Perú es centro de diversificación, c) Especies tradicionales y no tradicionales de importancia para la bioseguridad en el Perú, d) Diversidad y variabilidad existente en Perú de los principales cultivos, crianzas y de sus parientes silvestres de los cuales existan OVM. Las penalidades por contravenir esta Ley son: a) Amonestación, b)Multa, c) Decomiso, temporal o definitivo con destrucción del producto [6].

El caso de México: Decreto contra el glifosato y el maíz transgénico

Recientemente México se incorporó a la creciente lista de países que buscan contrarrestar el uso de OGM en sus territorios. Como parte de una política para lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos[7], el gobierno de México, mediante Decreto presidencial aprobado el pasado 31 de diciembre de 2020, determinó sustituir gradualmente el uso, adquisición, promoción e importación del glifosato (principal herbicida utilizado en la agricultura comercial), disponiendo un periodo de tres años -hasta 2024- para lograr tal objetivo. Además, el decreto determina la revocación de los permisos y la abstención de otorgar nuevos permisos para la liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados. 

Para lograr dicho fin, se encarga a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promover “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas” que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Disponiendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el desarrollo de tecnologías e investigaciones que permitan promover alternativas al glifosato. Estas instituciones estatales también tendrán que promover reformas legales correspondientes para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado. 

¿Hacia dónde va Bolivia?

Después de la abrogatoria de los “decretos transgénicos” en Bolivia se barajan tres opciones: a) Aprobar una ley de biotecnología que nuevamente de curso a la aprobación de nuevas semillas transgénicas, esta propuesta es promovida por el agronegocio y sectores del gobierno, b) Hacer respetar la Constitución y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y a través de una ley establecer las acciones y plazos para la eliminación gradual de cultivos de OGM autorizados en el país, y c) Aprobar una ley de moratoria a la importación, comercialización y uso de semillas transgénicas por 15 o 30 años, postergando una decisión definitiva al respecto mientras el país desarrolla y fortalece su capacidad técnica e institucional en la materia.

La abrogatoria de los “decretos transgénicos” lejos de resolver el conflicto con el agronegocio lo va a llevar a un nuevo nivel, en el que este sector a través de una ley intentará volver a abrir las puertas a nuevos transgénicos, mientras organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil buscarán una salida definitiva de los organismos genéticamente modificados, pues queda claro que no se logrará la seguridad y soberanía alimentaria con base en el modelo agroindustrial de exportación, sino por medio de otros enfoques agrícolas y pecuarios que prioricen la producción de alimentos para el consumo nacional; apoyando y fortaleciendo -para ello- la agricultura familiar campesina e indígena. 


[1]  Véase:  http://www.fao.org/news/story/es/item/1195759/icode/

[2]  Véase: https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[3]  Véase: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipcanotas/fortalecer-la-agricultura-familiar-para-mitigar-los-impactos-del-covid-19

[4] Véase: https://www.infogm.org/spip.php?page=carte&lang=fr

[5] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-29811.pdf

[6] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/113252603-reglamento-ley-moratoria-ovm.pdf

[7] Actualmente México importa unos 16 millones de toneladas de maíz amarillo, proveniente principalmente de los Estados Unidos. Véase: https://www.reuters.com/article/agricultura-mexico-glifosato-idLTAKBN2AJ2BN

Fuentes:

APIA (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarias APIA.

Cartagena, P. (2020a). La producción campesino indígena: soporte alimentario y de salud integral en tiempos de coronavirus. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. 08/04/2020

Cartagena, P. (2020b). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

Cauthin, M (2021) La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. Fundacionsolon.org.

Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Importaciones 2019 p. Base de datos Importaciones.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.

Prudencio, J., Plata, W., Velasco, S. & Colque, G. (2019). Efectos de la sobre la producción importación de alimentos campesina-indígena. Fundación Tierra.

La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño

Por Marielle Cauthin

20 de abril de 2021

Lejos de estar abandonadas por el Estado, las élites empresariales de Santa Cruz se crearon gracias a los apoyos públicos: tierras, capital y un sin fin de políticas hechas a su medida. Con un discurso y una agenda hábilmente adecuadas al tiempo que les toca vivir, actualmente abanderan la defensa de la alimentación nacional y la modernización agrícola para consolidar sus privilegios, a través de la introducción de más eventos transgénicos y replicar el modelo extractivista soyero.

La élite extractivista de oriente

A decir de Soruco (2008), la élite empresarial de Santa Cruz es producto de auges extractivos (goma, algodón, soya), que lejos de responder al mercado interno y a la sociedad nacional, históricamente se vinculó de forma umbilical a los mercados internacionales de materias primas. Esta élite fue erigida por una serie de políticas estatales que tuvieron como momentos centrales, según Peralta-Rivero (2020), los planes de desarrollo estatales de 1955, 1962, 1970 y 1975: “estos impulsaron las recomendaciones del Plan Bohan a través de la planificación estatal lo que ayudó a consolidar la agroindustria en tierras bajas, sobre todo en Santa Cruz”.

Por vía del Estado esta élite obtuvo beneficios directos con inversiones en infraestructura (caminos), capital (subsidios, créditos), tecnología (equipamiento), fuerza de trabajo (mano de obra de occidente vía colonización) y por supuesto dotación de tierras -de una forma “irracional y clientelar”- sobre todo durante la dictadura de Banzer (Soruco, 2008); hasta 1985 la política agraria permitió la consolidación de la mediana y gran propiedad sobre todo en el oriente boliviano. Según Paz (2004), los casos “paradigmáticos de apoyo estatal” fueron la caña de azúcar en Santa Cruz, la ganadería bovina en Beni y, posteriormente, las oleaginosas y cereales en Santa Cruz hasta el quiebre del ciclo neoliberal. La etapa posneoliberal, a la cabeza de Evo Morales, tuvo dos tipos de gestión frente al agronegocio: la primera de 2006 a 2009, con un discurso rupturista con esta élite parte de la llamada “media luna” (Soruco, 2008). Y el periodo 2010 a 2019, donde se va reconfigurando el escenario de pactos y acuerdos, logrando reencauzar algunas consignas de su agenda -como se verá más adelante-, para llegar a 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, con la plenitud de lograr las reformas legales y políticas arañadas en años anteriores. Con Luis Arce se inicia una nueva etapa que podría ser de ruptura y/o de continuidad.

El “grano de oro” no es lo que parece

En estos últimos años, al sector agroempresarial solo le fue necesario generar un dispositivo efectivo para volver a consolidar una nueva ola de apoyos estatales y una nueva agenda política, que garantice su continuidad clánica empresarial. Este dispositivo se generó a partir del boom de los precios internacionales de la soya transgénica, sector que “se ha desarrollado de manera similar a un enclave extractivo, social y sectorialmente” (McKay, 2018), y que ha crecido en la región ante el declive de este modelo de producción agrícola en los países europeos, lo que hizo que economías “emergentes” -como Sudamérica- ocuparan el lugar denostado de producción primaria de alimentos y materias primas (Ormachea, 2013) o de commodities para el mercado global (Svampa, 2013).

El modelo del agronegocio “se vende como un modelo de éxito”, explica Colque (2020), pues solo resalta los factores positivos: inyección a la economía nacional, generación de “miles sino millones” de empleos directos e indirectos, seguridad y soberanía alimentaria del país, e incluso afirma ser un sector ambientalmente sostenible; cuando casi el 100% de la soya cultivada en Bolivia es transgénica y ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas (Cartagena, 2020) de monocultivo, con fuertes impactos socioambientales, pues requiere de insumos como semillas patentadas, agroquímicos, maquinaria pesada para terreno, etc. La mecanización del proceso hace que la fuerza de trabajo local se haga excedentaria, lo que agudiza la migración campo – ciudad, e incluso los pequeños agricultores se estancan pues hay escasas posibilidades de ascenso social (McKay, 2018).

Respecto a la tierra, en la zona de producción soyera en Santa Cruz pervive un inequitativo sistema de distribución de la tierra: el 78% son pequeños productores (con 50 hectáreas o menos) que manejan el 9% de la superficie productiva de soya, mientras que el 2% son grandes productores (con más de 1.000 hectáreas) que manejan el 71% de la superficie productiva de soya (Cartagena, 2020). Por otra parte, de una comparación entre la producción de 2003 con soya no transgénica y la de 2019 con soya transgénica (evento 40-3-2), resulta que el rendimiento por hectárea de soya no transgénica es mayor: 2,4 y 1,85 TM/ha respectivamente (Peralta, 2020; Villalobos, 2021).

Desde una mirada feminista, el complejo del agronegocio abarca solo a hombres en las direcciones: “dada la estructura patriarcal del complejo soyero” y de la ”cultura” machista de que son los hombres los que deciden y saben sobre producción agrícola (McKay, 2018). Ambientalmente, el uso constante de agroquímicos con alto grado de toxicidad -según la OMS y la FAO- puede afectar a animales (sobre todo polinizadores), humanos, suelos y agua (Villalobos, 2020). Un terrible efecto ambiental del agronegocio -subrayado por varios estudios- es la relación que tiene la actividad con el alarmante incremento de tasas de deforestación e incendios forestales, los peores de Bolivia fueron en 2019 y 2020 (Vos; Gallegos et al. 2020).

Entonces, el trasfondo del relato de la élite soyera es otro distinto al del modelo agrícola “exitoso” que quiere vender. Cartagena (2020) coincide con Colque (2020) en que subyacen “razones extra productivas” en este gremio, que tienen que ver la consolidación de tenencia de sus tierras y el incremento de su valor, por ejemplo, vendiéndolas o rentándolas para otros cultivos; o las ganancias que produce el resto de la cadena productiva de la soya, como el mercado de los insumos agrícolas.

En efecto, según los datos de campo relevados por McKay (2018), hay una cadena de varios actores involucrados en el negocio de los insumos de la soya transgénica, desde las transnacionales Syngenta, Monsanto, John Deere, New Holland, Nidera, entre otras corporaciones que “colaboran” con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para “promover” variedades de semillas, cosechadoras, tractores, fumigadores, sembradoras, agroquímicos e incluso servicios crediticios y financieros. MacKay (2018) sostiene, por ejemplo, que otro de los efectos es la dependencia a la tecnología. El caso de los capitales y tecnología brasileña usado por el agronegocio boliviano condujo a una ola de “extranjerización”: entre 2006 y 2007 los brasileños controlaban el 40,3 por ciento del área total de las plantaciones de soya, frente al 19,6 por ciento que representaban en 1994 y 1995 (Urioste, 2012).

Sin embargo, estos mismos sectores vienen presionando al Estado para tener más beneficios políticos directos (Ormachea; Ramírez 2013), donde resalta un consorcio complejo: ANAPO, CAO, IBCE, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) -parte del grupo CropLife- y hasta la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. De hecho, muchas de estas gestiones han tenido como resultado eventos públicos de intercambios de acuerdos entre el gobierno de Evo Morales y el consorcio soyero, como el Encuentro Plurinacional de 2011 y 2012 (Gomez, 2013); la ExpoSoya de 2014, la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015; incluso la ExpoSoya de 2020 que tuvo como participante a la presidenta transitoria, Jeanine Añez.

Las leyes hechas a medida del agronegocio

En un debate de 2020, Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Secretario Ejecutivo de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), volvía a afirmar que frente a la pandemia el sector se reactivaría sólo con el apoyo del Estado y demandaba: acceso a tecnología e insumos; ampliar la Función Económica Social (FES); y garantizar mercados externos, así como contar con infraestructura específica como puertos, carreteras, hubs y ferrocarriles. Esta ha sido la agenda del agronegocio los últimos 15 años y -como se verá a continuación- en buena parte ha sido atendida con un marco legal hecho a medida del agronegocio.

Transgénicos e insumos

El agronegocio ha venido usando una narrativa de “emergencia” de incrementar rendimientos en la producción de alimentos, para satisfacer el mercado interno cada vez que impulsa una medida a favor del sector, ya sean argumentos climáticos -como la sequía- o incluso la pandemia de Covid-19. En 2016, con pretexto de la sequía, aprobaron el DS 2857 para la importación de maíz transgénico amarillo proveniente de Argentina destinado al consumo animal, lo que ocasionó la siembra ilegal de maíz BT y maíz RR en el chaco cruceño (Cartagena, 2020). En 2919 alegaron baja productividad y problemas por la sequía para conseguir el DS 3874, que permite la evaluación de la soya transgénica evento HB4 y la soya evento Intacta, destinados a biodiésel. En 2020 lograron la aprobación del Decreto 4232 para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, y pusieron como argumento que la iniciativa era parte del Plan Nacional de Emergencia por el Covid-19 para el abastecimiento del consumo interno.

Normas que la viabilizanDS 28225 de 2005 que permite el uso, procesamiento y comercialización interna y externa de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) y sus derivados.
Ley 314 de 2012 que permite la expropiación para iniciar la construcción de la Planta Industrializadora de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo.
DS 2857 de 2016 que permite la importación de maíz amarillo transgénico proveniente de la Argentina.
Ley 1098 de 2018 que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel.
DS 3874 de 2019 que autoriza procedimientos abreviados para soya HB4 y soya Intacta, con fines de producción de biocombustibles.
DS 4232 de 2020 que establece procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos.
RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp para ser implementados en plantaciones forestales.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Tierra: Función Económica Social (FES), desmontes y frontera agrícola

La Ley 337 que paradógicamente crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, en realidad consolida un terrible “perdonazo” a desmontes realizados entre 1996 y 2011. Con leyes de este tipo, los últimos años se ha visto una paulatina legalización de desmontes y quemas, pagando apenas pequeñas multas, evitando sanciones penales y reforestando pequeñas partes. Al mismo tiempo, con la Ley 740 de ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades, el agronegocio ha logrado evitar la reversión de tierras, aunque el horizonte del sector es la cancelación o eliminación de la FES, arguyendo que su carácter temporal dificulta o restringe el acceso al crédito agrícola basado en la propiedad de la tierra como garantía (CAO, 2020). Mediante la Ley departamental 93 de Beni, en 2019, lograron ampliar la frontera agrícola en este departamento con 10 millones de hectáreas destinadas al sector ganadero, modificando el Plan de Uso de los Suelos (PLUS), con cinco categorías generales: tierras de uso agropecuario (9.026.912 ha.); de uso agrosilvopastoril (946.064 ha.); de uso forestal (3.276.067 ha.); de uso restringido (2.203.290 ha.); Áreas naturales protegidas (6.855.760 ha). Según el estudio de Rojas (2020), la falta de datos técnicos en el PLUS de 2019, solo ratifica que fue una decisión política y no con base científica, que beneficia en primera línea a los ganaderos, pero también a intereses agroindustriales nacionales y extranjeros (Rojas, 2020).

Normas que la viabilizanLey 337 de 2013 que crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece el perdonazo de desmontes realizados entre 1996 y 2011.
Ley 502 de 2014 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 12 meses más.
Ley 740 de 2015 que ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades.
Ley 739 de 2015 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 18 meses más.
Ley 741 de 2015 que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades.
Ley 1171 de 2019 que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha).
DS 3973 de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Beni y Santa Cruz.
Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Mercados y exportación

En 2008, producto de un boicot del sector agroempresarial, el gobierno emitió el Decreto 29460 que restringe la exportación de alimentos ante déficit de abastecimiento interno. A partir de ese momento, el objetivo del agronegocio es lograr la libre exportación de productos agrícolas o agroindustriales sin restricciones temporales y sin bandas de precios, un objetivo que habían logrado con el Decreto 4139 de 2020 firmado por Añez y derogado por Arce ese mismo año. Este es un tema latente en el sector y un espacio en disputa con el Gobierno, sobre todo estos años que los precios internacionales de la soya volvieron a repuntar, prueba de ello fueron los bloqueos de carreteras convocado por ANAPO exigiendo la eliminación de la banda de precios a derivados de la soya.

Normas de restringen
y controlan en mercado interno
DS 29460 de 2008 que prohíbe la exportación temporal de alimentos ante desabastecimiento interno.
DS 1514 de 2013 que autoriza la cuota anual de exportación de soya de 400.000 toneladas.
DS 1925 de 2014 que aumentó la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3127 de 2017 que aumentó de la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3920 de 2019 que autorizó la exportación de 60% de la producción nacional de soya.
DS 4417 de 2020 que abroga los Decretos 4139 y 4181.
Normas que la viabilizanDS 4139 de 2020 que libera plenamente las exportaciones de todos los subproductos de la soya (derogado).
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Fuentes:

Colque, G. (2020). Detrás de la expansión de la frontera agrícola: sostenibilidad económica, social y ambiental del agro-modelo cruceño. [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Cartagena, P. (2020). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Osinaga, E. (2020). Perspectivas del sector agropecuario [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

Peralta, C. (2020). Impactos y tendencias del modelo agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia. Revista Mundos Rurales 15(01), 10-2020.

Rojas, J. y Anzaldo, A. (2020). El nuevo PLUS del Beni, excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana. Revista Mundos Rurales, 15(1).

Soruco, X. coord. (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación TIERRA, 2008.

Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.

Villalobos, G. (2021). ¿Qué son los agroquímicos?. Fundacionsolon.org.

Vos, V., Gallegos, S. et al. (2020) Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.