Delitos contra el medio ambiente ¿qué dicen las leyes bolivianas?

Blanca Ramírez / Marielle Cauthin

¿Qué tipificaciones y sanciones existen en la legislación nacional sobre delitos contra el medio ambiente o actos relativos al ecocidio? Las actuales normas otorgan penas de privación de libertad de uno a diez años por daños graves al medio ambiente, sobre todo atentados contra bosques, agua y animales silvestres y domésticos. Sin embargo, aunque son cada vez más evidentes los delitos ambientales y sus consecuencias, no son visibles la identificación de responsables ni las sanciones. En los hechos la aplicación de las leyes presenta grandes limitaciones y vacíos institucionales; incluso están vigentes nuevas normas que minimizan los crímenes ambientales y solo imponen multas ante graves delitos, como es el caso de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas (2019), con relación a los megaincendios forestales.

Desarrollo cronológico del marco legal ambiental

En Bolivia, las leyes que sancionan daños al medio ambiente datan desde la década de los 70, como el Decreto Ley 12301 de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca, que tipifica como delitos la caza y pesca ilegal así como la exportación de determinadas especies. En 1992 se promulgó la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos con una tipificación más integral sobre las quemas, tala de bosques, caza y pesca ilegal o contaminación de aguas; y cuyas sanciones se agravan cuando el delito pone en riesgo de extinción a una o varias especies; cuando los delitos son protagonizados por funcionarios públicos la penalidad se duplica. En 1996 se promulgó la Ley Forestal 1700 que tipifica los delitos forestales con penas de privación de libertad.

Más tarde, en 2009 la Constitución Política del Estado (CPE) estableció el derecho de las personas a un medio ambiente sano; en 2010 y 2012 se promulgaron las leyes de la Madre Tierra (071) y de Desarrollo Integral (300), que otorgan derechos a la naturaleza para poder regenerarse en caso de daños. El Código Penal, hasta sus modificaciones de 2015, tipificó una serie de delitos ambientales incluido el maltrato a animales domésticos con penas de privación de libertad.

El delito ambiental y las garantías para su defensa

La Constitución establece que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado (Art. 33). Para hacer prevalecer este derecho, la misma CPE otorga la potestad a personas o colectividades de iniciar “acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente” (Art. 34). La CPE establece los delitos ambientales no prescriben y que el Estado y la sociedad deben mitigar los efectos nocivos al medio ambiente y los pasivos ambientales (Art. 347).

¿Qué es un atentado contra el medio ambiente? ¿Atentados graves contra el medio ambiente pueden ser las recientes tragedias ambientales como la “desaparición” del lago Poopó, los megaincendios en la Chiquitanía y Amazonía, la matanza de cientos de jaguares y otras especies para ser comercializadas en China, la contaminación de ríos amazónicos por la minería, etc. Aunque la normativa boliviana no incluye claramente el “ecocidio” como delito, sí contempla varias tipificaciones sobre los delitos ambientales. La Ley de Medio Ambiente 1333 establece que los delitos ambientales “son las acciones que lesionen, deterioren, degraden, destruyan el medio ambiente y cuyos autores merecen sanciones administrativas y penales” (Art. 103). Esto significa que administrativamente (en el ejercicio de sus funciones) se puede sancionar a funcionarios públicos y también se puede seguir procesos con penas de privación de libertad tanto a funcionarios como a sociedad civil que atente contra el medio ambiente.

En su Artículo 5, la Ley de la Madre Tierra sostiene que para efectos de protección y tutela de estos derechos, “la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público”. Esto supone que la naturaleza y los diversos sistemas de vidas que alberga en su calidad de “víctimas del delito” deben tener garantías para su regeneración: “absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad”, según el Artículo 2 de la Ley de la Madre Tierra. Para garantizar esta capacidad, la misma ley otorga al Estado y personas individuales o colectivas la capacidad de respetar, proteger y garantizar este derecho.

Instituciones responsables sobre el medio ambiente

El Tribunal Agroambiental es la principal institución del Estado para hacer valer los derechos de la población a un medio ambiente sano, así como para precautelar los derechos de la Madre Tierra. Este tribunal debería resolver acciones medio ambientales contra actos que atenten contra fauna, flora, agua, bosques, biodiversidad y medioambiente en general, incluso tiene tuición sobre demandas contra “prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales” (Art. 189 CPE). Sin embargo, hasta la fecha este tribunal no se ha pronunciado sobre los megaproyectos extractivos ni sobre la introducción de transgénicos, para citar algunas de las controversias medioambientales, reduciendo sus acciones a resolución de conflictos de linderos entre civiles o entre en comunidades, como se aprecia en sus resoluciones.

Además de este tribunal, la Ley 300 de la Madre Tierra y el Desarrollo Productivo establece que otras entidades públicas en defensa de la naturaleza son: autoridades públicas en cualquier nivel del Estado, Ministerio Público y la Defensoría de la Madre Tierra, que hasta la fecha no ha sido creada pese a las tragedias ambientales como la sequía del lago Poopó o los megaincendios en la Chiquitanía y Amazonía.

Delitos contra el medio ambiente tipificados

Lamentablemente la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 2012 deriva a una “ley específica” -hasta ahora no desarrollada- los tipos de responsabilidad por el daño causado a los derechos de la Madre Tierra (Art. 42). Sin embargo, la misma Ley establece que en las sanciones penales no habrá suspensión de la pena y la reincidencia se castigará con la agravación de un tercio de la pena. También se determina que los delitos relacionados con la Madre Tierra son imprescriptibles (Art. 44).

En ausencia de esa Ley, el Código Penal establece algunas sanciones contra los delitos ambientales con penas de uno a seis años, cuando el delito califica como “daño calificado”. Estas penas son para quienes destruyen “bosques, selvas, pastos, mieses, o cultivos, o el hecho recayere en animales de raza” (Art. 358). Los incendios también están penalizados (Art. 206) con dos a cuatro años de cárcel para “el que con objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos, ocasionare un incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena propiedad”; penas de uno a seis años a las personas que destruyan o deterioren patrimonio arqueológico (Art. 223; Art. 358).

En 2017 se elaboró un proyecto de ley de reformas al Código Penal para delitos contra la Madre Tierra y sus componentes. Este proyecto sostenía a la Madre Tierra como un bien jurídicamente protegido y los delitos contra ella debían calificarse como “graves”. La propuesta establecía penas de 3 a 15 años contra el delito de biocidio; y penas de 15 a 20 años de privación de libertad contra el delito de ecocidio; y penas de 3 a 10 años contra la tala ilegal.

Animales

El Código Penal establece que la caza y pesca prohibida en reservas fiscales o privadas tiene pena de multas y trabajo (Art. 356). Los tratos crueles y el biocidio contra animales también son sancionados con seis meses a cinco año de cárcel o multas y trabajos (Art. 350 bis. ter.), haciendo referencia exclusivamente a animales domésticos, por lo que representa una limitación en su aplicación a casos de fauna silvestre.

Foto: Animal silvestre calcinado por incendios forestales en la Chiquitanía. Fuente: Mongabay.com

El Artículo 10 de Ley 1333 sostiene que cazar, pescar o capturar animales utilizando explosivos, veneno y otros similares que causen daño, degradación o amenacen la extinción de especies será sancionado con privación de libertad de uno a tres años y multa. El Artículo 111 de la misma ley indica que incitar, promover, capturar y/o comercializar el producto de la cacería, tenencia, acopio, transporte de especies animales y vegetales, o de sus derivados sin autorización o que estén declaradas en veda o reserva, poniendo en riesgo de extinción a las mismas, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta dos años perdiendo las especies, las que serán devueltas a su hábitat natural, si fuere aconsejable, más la multa equivalente al cien por ciento del valor de estas.

El Decreto Ley 12301 de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (1975) en su Artículo 10 añade que la caza ilegal se constituye en un “delito contra la Economía Nacional”, por lo que el responsable puede ser juzgado también con otro marco legal penal.

Agua

En cuando a daños a fuentes de agua, la Ley de Medio Ambiente refiere como otros delitos ambientales: envenenar, contaminar o adulterar aguas, arrojar aguas residuales o con químicos en cauces, ríos, cuencas, lagos, etc.; así como suspender el servicio de aprovisionamiento de agua (Art. 105; Art. 107; Art. 108), dependiendo de la gravedad tienen penas de uno a diez años o multas para cubrir en cien por ciento el daño provocado.

Foto: Lago Titicaca contaminado por basura. Fuente: Semana.com

Bosques

Respecto a los bosques, el Artículo 109 de la Ley de Medio Ambiente establece que todo el que tale bosques sin autorización para fines distintos al uso doméstico del propietario y cause daño y degradación del medio ambiente “será sancionado con dos o cuatro años de pena de privación de libertad y multa equivalente al cien por ciento del valor del bosque talado”. Si la tala se produce en áreas protegidas o en zonas de reserva, con daño o degradación del medio ambiente, la pena privativa de libertad y la pecuniaria se agravarán en un tercio. Si la tala se hace contraviniendo normas expresas de producción y conservación de los bosques, la pena será agravada en el cien por ciento, tanto la privación de libertad como la pecuniaria.

Foto: Megaincendios en el Pantanal boliviano. Fuente: Mogabay.com

La Ley Forestal 1700 en su Artículo 42 establece como delitos forestales: resistencia a la autoridad, desobediencia contra los inspectores y auditores forestales; actos de falsedad material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados referidos al Plan de Manejo y otros documentos similares; quemas en áreas forestales sin autorización o sin observar las regulaciones sobre quema controlada o se afecten tierras de protección, producción forestal, inmovilización o áreas protegidas; se constituyen actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional la tala o quema de la cobertura arbórea en tierras de protección, producción forestal o inmovilización y en las áreas protegidas, la tala o quema practicadas en tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos; se constituye acto de sustracción la utilización de recursos forestales sin autorización o fuera de las áreas otorgadas, así como su comercialización.

Otros daños

El Artículo 105 de la Ley de Medio Ambiente sanciona con uno a diez años de cárcel el acto de quebrantar normas de sanidad o propagar epizootias y plagas vegetales. En sus Artículos 112 y 113 también queda sancionado con privación de libertad de hasta dos años el vertido o comercialización de desechos industriales que representen peligro humano o para el medio ambiente; así como la autorización o cooperación para la introducción o transporte en territorio nacional de desechos tóxicos peligrosos radioactivos que será sancionado con la pena de privación de libertad de hasta diez años.

Proteger a la Madre Tierra ¿qué tenemos y qué nos falta?

Aunque hay una serie de tipificaciones para los delitos ambientales, no es evidente que hayan juicios, procesos y sentencias para los responsables y resarcimiento para la naturaleza; la causa de este problema se debe a falta de voluntad política para crear una adecuada e independiente institucionalidad que defienda los intereses de la Madre Tierra: Tribunal Agroambiental (con mandato Constitucional) y la Defensoría de la Madre Tierra (con mandato de las Leyes 300 y 071).

Otro problema son los vacíos legales o la interpretación de las normas, por ejemplo, existe una Ley de defensa de animales que contempla el delito de biocidio, pero que está dirigida solo a animales domésticos, desprotegiendo a los animales silvestres, actualmente más vulnerables a matanzas masivas. La Ley 1171 de Uso y manejo racional de quemas, que es señalada como una de las “leyes incendiarias” por colectivos ambientalistas, establece un régimen de sanciones “administrativas y pecuniarias (económicas)” por el delito de incendios en propiedad privada o en Áreas Protegidas, mediante esta ley los responsables de los megaincendios solo deben pagar pequeñas multas, por lo que este tipo de leyes “incentiva” más que sanciona este tipo de delito.

El Estado debe sostener el principio precautorio (Ley Marco Madre Tierra) y el principio de prevención (Ley Medio Ambiente) frente a los delitos ambientales. Esto significa que la normativa debe ir más allá de la punición: trabajar con un enfoque de concientización, de prevención y de precaución, todo ello con el fin de que hayan garantías efectivas para el cuidado de la Madre Tierra y para la reparación de la naturaleza frente a un daño. Finalmente, la legislación debe dar un salto conceptual cuando se han producido graves e irreparables daños a la naturaleza y se han destruidos los sistemas de vida que alberga; en ese sentido el “ecocidio” debe formar parte de un marco normativo que ayude a combatir la gravedad de los crímenes ambientales en Bolivia y el mundo.

Normas y artículos respecto a delitos contra el medio ambiente

Constitución Política del Estado (25 de enero de 2009)DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS SECCIÓN I DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.
Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente
CAPÍTULO TERCERO JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL
Artículo 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por la ley: 1. Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medioambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. 2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. 3. Conocer y resolver en única instancia los procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas. 4.Organizar los juzgados agroambientales.
TÍTULO II MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO CAPÍTULO PRIMERO MEDIO AMBIENTE
Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.
Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.
Artículo 344. I. Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos. II. El Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente.
Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1.La planificación y gestión participativas, con control social. 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use,transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente.
Artículo 346. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión.
Artículo 347.I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.
CAPÍTULO QUINTO RECURSOS HÍDRICOS
Artículo 373 II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.
Artículo 374 III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
CAPÍTULO SÉPTIMO BIODIVERSIDAD, COCA, ÁREAS PROTEGIDAS Y RECURSOS FORESTALES SECCIÓN I BIODIVERSIDAD
Artículo 383. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad.
SECCIÓN IV RECURSOS FORESTALES
Artículo 389 III. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados.
CAPÍTULO OCTAVO AMAZONIA
Artículo 392 Se reconoce el valor histórico cultural y económico de la siringa y del castaño, símbolos de la amazonia boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de interés público regulados por la ley.
TÍTULO IV GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y ACCIONES DE DEFENSA CAPÍTULO PRIMERO GARANTÍAS JURISDICCIONALES
Artículo 111. Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles.
Código Penal del Estado Plurinacional de Bolivia (Modificada mediante Ley Nº 700, 3 de junio de 2015)TÍTULO V DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMÚN CAPÍTULO I INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS
Art. 206°.- (INCENDIO). El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años. Incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años el que con objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos, ocasionare un incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena propiedad.
Art. 207°.- (OTROS ESTRAGOS). El que causare estrago por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe de un edificio o por cualquier otro medio poderoso de destrucción, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.
Art. 208°.- (PELIGRO DE ESTRAGO). El que por cualquier medio originare el peligro de un estrago, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años.
CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL
Art. 223°.- (DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE BIENES DEL ESTADO Y LA RIQUEZA NACIONAL). El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.
CAPÍTULO VII USURPACION
Art. 354°.- (USURPACIÓN DE AGUAS). El que para conseguir para sí o para otro algún provecho ilícito y perjuicio de tercero, desviare a su favor las aguas públicas o privadas que no le corresponden o lo hiciere en mayor cantidad de la debida, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años. En la misma pena incurrirá el que estorbare o impídiere de cualquier manera el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.
Art. 355°.- (USURPACIÓN AGRAVADA). La sanción será agravada en un tercio, si en los casos de los artículos precedentes, los hechos fueren cometidos por varias personas y con armas.
Art. 356°.- (CAZA Y PESCA PROHIBIDAS). El que violare las disposiciones relativas a la caza y a la pesca o las hiciere en los lugares de reserva fiscal o en fundo ajeno, que esté cultivado o cercado, sin el consentimiento del dueño, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta días.
CAPÍTULO VIII DAÑOS
Art. 358°.- (DAÑO CALIFICADO). La sanción será de privación de libertad de uno a seis años: 1. Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales, sobre plantas de productos o conductos de agua, electricidad o de substancias energéticas. 2. Cuando se cometiere en despoblado y en banda o cuadrilla, o con violencia en las personas o amenazas graves. 3. Cuando recayere en cosas de valor artístico, arqueológico, científico, histórico, religioso, militar o económico. 4. Cuando se realizare mediante incendio, destrucción o deterioro de documentos de valor estimable. 5. Cuando se produjere la destrucción de bosques, selvas, pastos, mieses, o cultivos, o el hecho recayere en animales de raza.
Artículo 350 Bis. (TRATOS CRUELES). I. Se sancionará con privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año, y multa de treinta (30) a sesenta (60) días o prestación de trabajo de tres (3) a seis (6) meses, a quien: 1. Ocasionare, con ensañamiento o con motivos fútiles, sufrimiento grave y daño que provoque la pérdida total o parcial de un sentido, de parte de su fisonomía o de un órgano, a un animal. 2. Utilizare a un animal para cualquier práctica sexual. II. En caso de que un animal ocasionare las consecuencias establecidas en el numeral 1 del Parágrafo anterior, el dueño o tenedor cubrirá los costos de la asistencia médica y el resarcimiento económico cuando corresponda, bajo alternativa de aplicarse la pena dispuesta para tratos crueles. III. La pena será agravada en un tercio de la pena máxima, si producto del trato cruel se ocasione la muerte del animal.
Artículo 350 ter. (BIOCIDIO). I. Se sancionará con privación de libertad de dos (2) años a cinco (5) años y multa de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, a quien matare con ensañamiento con motivos fútiles a un animal. II. La sanción será agravada en un tercio de la pena máxima, si se matare a más de un animal.
Ley 1333 del Medio Ambiente (27 de abril de 1992)
CAPITULO V DE LOS DELITOS AMBIENTALES
ARTICULO 103.- Todo el que realice acciones que lesionen deterioren, degraden, destruyan el medio ambiente o realice actos descritos en el artículo 20º, según la gravedad del hecho comete una contravención o falta, que merecerá la sanción que fija la Ley.
ARTICULO 104.- Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el Art. 206º del Código Penal cuando una persona, al quemar campos de labranza o pastoreo, dentro de los límites que la reglamentación establece, ocasione incendio en propiedad ajena, por negligencia o con intencionalidad, incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años.
ARTICULO 105.– Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja los incisos 2 y 7 del Art. 216 del Código Penal Específicamente cuando una persona: a) Envenena, contamina o adultera aguas destinadas al consumo público, al uso industrial agropecuario o piscícola, por encima de los límites permisibles a establecerse en la reglamentación respectiva. b) Quebrante normas de sanidad pecuaria o propague epizootias y plagas vegetales. Se aplicará pena de privación de libertad de uno diez años.
ARTICULO 106.- Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el Art. 223º del Código Penal, cuando destruya, deteriore, sustraiga o exporte bienes pertinentes al dominio público, fuentes de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurriendo en privación de libertad de uno a seis años.
ARTICULO 107.-El que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza, en los cauces de aguas, en las riberas, acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de aguas, capaces de contaminar o degradar las aguas que excedan los límites a establecerse en la reglamentación, será sancionado con la pena de privación de libertad de uno a cuatro años y con la multa de cien por ciento del daño causado.
ARTICULO 108.- El que ilegal o arbitrariamente interrumpa o suspenda el servicio de aprovisionamiento de agua para el consumo de las poblaciones o las destinadas al regadío, será sancionado con privación de libertad de hasta dos años, más treinta días de multa equivalente al salario básico diario.
ARTICULO 109.- Todo el que tale bosques sin autorización para fines distintos al uso doméstico del propietario de la tierra amparado por título de propiedad, causando daño y degradación del medio ambiente será sancionado con dos o cuatro años de pena de privación de libertad y multa equivalente al cien por ciento del valor del bosque talado. Si la tala se produce en áreas protegidas o en zonas de reserva, con daño o degradación del medio ambiente, la pena privativa de libertad y la pecuniaria se agravarán en un tercio. Si la tala se hace contraviniendo normas expresas de producción y conservación de los bosques, la pena será agravada en el cien por ciento, tanto la privación de libertad como la pecuniaria.
ARTICULO 110.- Todo el que con o sin autorización cace, pesque o capture, utilizando medios prohibidos como explosivos, sustancias venenosas y las prohibidas por normas especiales, causando daño, degradación del medio ambiente o amenace la extinción de las especies, será sancionado con la privación de libertad de uno a tres años y multa equivalente al cien por ciento del valor de los animales pescados, capturados o cazados. Si esa caza, pesca o captura se efectúa en áreas protegidas o zonas de reserva o en períodos de veda causando daño o degradación del medio ambiente, la pena será agravada en un tercio y multa equivalente al cien por ciento del valor de las especies.
ARTICULO 111.- El que incite, promueva, capture y/o comercialice el producto de la cacería, tenencia, acopio, transporte de especies animales y vegetales, o de sus derivados sin autorización o que estén declaradas en veda o reserva, poniendo en riesgo de extinción a las mismas, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta dos años perdiendo las especies, las que serán devueltas a su hábitat natural, si fuere aconsejable, más la multa equivalente al cien por ciento del valor de estas.
ARTICULO 112.- El que deposite, vierta o comercialice desechos industriales líquidos sólidos o gaseosos poniendo en peligro la vida humana y/o siendo no asimilables por el medio ambiente, o no cumpla las normas sanitarias y de protección ambiental, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta dos años. ARTICULO 113.- El que autorice, permita, coopere o coadyuve al depósito, introducción o transporte en territorio nacional de desechos tóxicos peligrosos radioactivos y otros de origen externo, que por sus características constituyan un peligro para la salud de la población y el medio ambiente, transfiera e introduzca tecnología contaminante no aceptada en el país de origen así como el que realice el tránsito ilícito de desechos peligrosos, será sancionado con la pena de privación de libertad de hasta diez años.
ARTÍCULO 114.- Los delitos tipificados en la presente Ley son de orden público y serán procesados por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Las infracciones serán procesadas de conformidad a esta ley y sancionadas por la autoridad administrativa competente. ARTÍCULO 115.- Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas por la presente Ley y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta.
Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (15 de octubre de 2012)Artículo 42. (TIPOS DE RESPONSABILIDADES POR EL DAÑO CAUSADO) Los tipos de responsabilidad por el daño causado a los derechos de la Madre Tierra, serán regulados por Ley específica.
ARTÍCULO 44.- (SANCIÓN PENAL). En delitos relacionados con la Madre Tierra, no habrá lugar al beneficio de la suspensión condicional de la pena. El reincidente será sancionado con la agravación de un tercio de la pena más grave. Los delitos relacionados con la Madre Tierra son imprescriptibles.
Ley 071 de la Madre Tierra (21 de diciembre de 2010)Artículo 2. (PRINCIPIOS). Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley son: 3. Garantía de regeneración de la Madre Tierra. El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones.
Artículo 5. (CARÁCTER JURÍDICO DE LA MADRE TIERRA). Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Los derechos establecidos en la presente Ley, no limitan la existencia de otros derechos de la Madre Tierra.
Artículo 9. (DEBERES DE LAS PERSONAS) Son deberes de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas: f) Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y/o sus componentes.
Ley Forestal 1700 (12 de julio de 1996)CAPITULO VI: DE LAS PROHIBICIONES, CONTRAVENCIONES, DELITOS Y SANCIONES.
ARTICULO 39º. (Prohibición de concesión). Se prohíbe adquirir concesiones forestales, personalmente o por interpósita persona, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber dejado el cargo a: a) El Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados, Ministros de Estado, Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional Contralor General de la República, Vocales de las Cortes Superiores de Distrito, autoridades ejecutivas de la Reforma Agraria y miembros de la Judicatura Agraria, Fiscal General de la República, Superintendente General de Recursos Naturales Renovables, Superintendente Forestal, Prefectos, Subprefectos y Corregidores y Consejeros Departamentales, Alcaldes y Concejales. servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y de la Superintendencia Forestal. b) Los cónyuges, ascendientes, descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad de los servidores públicos mencionados en el inciso a). Se salvan los derechos constituidos con anterioridad a la publicación de la presente ley y los que se adquieran por sucesión hereditaria. Los que incurran en la prohibición establecida perderán el derecho y se inhabilitarán para un nuevo otorgamiento durante cinco años, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.
ARTICULO 40º. (Prohibiciones a extranjeros) Las personas individuales o colectivas extranjeras no podrán obtener bajo ningún título derechos forestales dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras
ARTICULO 41º. (Contravenciones y sanciones administrativas) I. Las contravenciones al Régimen Forestal de la Nación dan lugar a sanciones administrativas de amonestación escrita, multas progresivas, revocatoria del derecho otorgado y cancelación de la licencia concedida, según su gravedad o grado de reincidencia. II. El reglamento establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de las sanciones administrativas. La escala de multas se basará en porcentajes incrementales del monto de las patentes de aprovechamiento forestal o de desmonte, según corresponda, de acuerdo a la gravedad de la contravención o grado de reincidencia. El incremento no podrá exceder del 100% de la patente respectiva. III. Constituyen contravenciones graves que dan lugar a la revocatoria del derecho otorgado, las establecidas y previstas en la presente ley.
ARTICULO 42º. (Delitos forestales) I. Constituyen delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de funciones tipificados en los artículo 159º, 160º y 161º del Código Penal, según correspondan los actos ejercidos contra los inspectores y auditores forestales debidamente acreditados por la autoridad competente y el incumplimiento de las resoluciones de la autoridad forestal, de los pliegos de cargo y, recomendaciones de las inspecciones y de los informes y dictámenes de auditoría debidamente validados. II. Constituyen circunstancias agravantes de los delitos tipificados en os artículos 198º, 199º, 200º y 203º del Código Penal según corresponda, cuando los actos de falsedad material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados, estén referidos al Plan de Manejo y sus instrumentos subsidiarios programas de abastecimiento de materia prima, declaraciones juradas, informes y documentos de los profesionales y técnicos forestales, pliegos de cargo y recomendaciones de las inspecciones forestales, informes y dictámenes de auditorías forestales y demás instrumentos establecidos por la presente ley y su reglamento. III. Constituyen circunstancias agravantes del delito previsto en el artículo 206º del Código Penal cuando la quema en áreas forestales se efectúe sin la debida autorización o sin observar las regulaciones sobre quema controlada o se afecten tierras de protección, producción forestal, inmovilización o áreas protegidas. IV. Constituyen actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional tipificados en el artículo 223º del Código Penal. La tala o quema de la cobertura arbórea en tierras de protección, producción forestal o inmovilización y en las áreas protegidas, la tala o quema practicadas en tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos sin la autorización de la autoridad competente o sin cumplir las regulaciones de la materia, así como el incumplimiento del Plan de Manejo en aspectos que afecten elementos esenciales de protección y sostenibilidad del bosque. V. Constituye acto de sustracción tipificado en el artículo 223º del Código Penal la utilización de recursos forestales sin autorización concedida por la autoridad competente o fuera de las áreas otorgadas, así como su comercialización.
Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato (1 de junio de 2015)Artículo 10. (TRATOS CRUELES Y BIOCIDIO). Se incluyen en el Código Penal, los Artículos 350 bis y 350 ter
Decreto Ley 12301 de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (14 de marzo de 1975)Artículo 8º.- Para los efectos de esta Ley, la acción genérica de cazar o la caza, comprende la búsqueda, acoso, persecución, captura o muerte de los animales de la fauna silvestre, así como la recolección de los productos derivados de ésta. Se entiende por acción de caza ilegal los intentos de caza sin justificativo alguno o los actos de asistencia por parte de terceras personas.
Artículo 10º.- La caza realizada en contravención a las disposiciones de esta Ley, no confiere la propiedad de los animales cazados ni de sus productos y constituye delito punible, conforme con lo estipulado en el Título VI además, estará sujeta a las disposiciones penales establecidas en el Decreto Ley Nº. 04291 de “Delitos contra la Economía Nacional”.
Artículo 26º.– Quedan definitivamente prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana

Foto portada: Laregión.bo

Gil Imaná: Homenaje a un maestro del arte y del amor

Habíamos pensado que las palabras alcanzarían para despedir al amigo, que los recursos exquisitos de nuestro idioma acudirían prontos para expresar los sentimientos emanados de los recuerdos y del cariño que le hemos tenido. Queríamos hablar de su vida y rendirle un justo homenaje acudiendo a evocar su compromiso con las esperanzas del pueblo y hablar de su magnífica obra; recordar algunos de los muchos vértices que representan su aporte al arte y, sobre todo, su extraordinaria capacidad de amar y crear. Queríamos compartirlo con quienes sienten hoy este inmenso vacío que deja la partida de Gil Imaná. Pero las palabras se han anudado y los recuerdos se han agolpado y apenas podemos decir “gracias”. Gracias por el regalo de haberlo conocido.

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Ecocidio y Genocidio en el siglo XXI

por José Carlos Solón

El ecocidio, como palabra, nació en 1970. Durante la guerra de Vietnam un grupo de científicos acuñó y propagó el término “ecocidio” para denunciar la destrucción que el agente naranja, un herbicida, había causado a la salud humana y los ecosistemas durante la guerra de Vietnam. La operación estadounidense ‘Operation Ranch Hand’, pretendía terminar con los bosques de Vietnam con la intención de exterminar rápidamente al Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Viet Cong). Esto generó la destrucción completa de plantas, animales y ecosistemas, pero también graves secuelas para la salud humana con la aparición de cáncer y malformaciones en aquellas poblaciones que fueron rociadas por el letal herbicida. Sin dejar de lado los varios otros crímenes ejecutados por el ejército estadounidense, éste fue un primer gran ejemplo de “ecocidio”. La palabra viene de “Eco”, de “Oikos” que quiere decir “hogar” en griego y “cidio” que significa destrucción en latín. Desde entonces, el término se ha incorporado en el léxico popular.

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Luis Arce y los transgénicos: Entre promesas y contradicciones

Por Guillermo Villalobos

El pasado 7 de mayo del 2020, en medio de una situación de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo N° 4232 que “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa” en base a medidas tomadas en países vecinos. Estos procedimientos abreviados para facilitar la introducción de transgénicos debían aprobarse en un plazo de diez días, periodo que fue ampliado a cuarenta días por el DS N° 4238 del 14 de mayo de 2020. Posteriormente, el gobierno de Añez promulgó el Decreto Supremo N° 4348 de 22 de septiembre del 2020 para “identificar las áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología” antes de que el Comité Nacional de Bioseguridad hubiera aprobado la introducción de maíz transgénico.

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2020 termina con 9008 focos de calor en diciembre

El mes de diciembre del 2020 registró un total de 9.008 focos de calor, según los datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA). Esto es casi tres veces más en relación a diciembre del 2019, cuando se registraron sólo 3.291 focos de calor en total

El departamento de Santa Cruz concentró el 73 % del total de los focos registrados (6587 focos) seguido por Beni con el 15% (1360 focos). Esto representa un aumento importante para el Beni en comparación al 2019, cuando apeas concentró el 7% (233 focos) del total de los focos de calor registrados en diciembre de ese año.

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Focos de calor mes de diciembre 2020

Focos de calor mes de diciembre 2019

Fuente: MMAyA

Del total de focos de calor contabilizados en diciembre del 2020, el 44,3 % de los focos de calor (3.989 focos) se registraron en áreas con cobertura boscosa; un porcentaje similar al 2019 cuando el 45,3% de los focos de calor se dieron en áreas boscosas. El tipo de bosque más afectado fue el amazónico, con 1.661 focos de calor (equivalente al 41,6% de los focos de calor registrados en área boscosa); seguido por el bosque chiquitano con 1.479 focos de calor (37,1%) y el bosque de pantano con 404 focos de calor (10,1%). Patrones muy similares a los focos de calor registrados en estos tipos de bosques en diciembre del 2019.

Respecto a las reservas forestales, los datos proporcionados por el SIMB indican un aumento porcentual entre el 2020 y el 2019. Durante diciembre del 2019, el 1,9% de los focos de calor se dieron en reservas forestales, mientras que en diciembre del 2020 este porcentaje se duplico, representando el 4,5%. Las reservas más afectadas en el 2020 fueron: Guarayos, Río Grande Masicuri e Itenez, todos en el departamento de Santa Cruz.

A nivel de las áreas protegidas, diciembre del 2020 registró 532 focos de calor, equivalente al 5,9% del total de focos de calor registros. Este valor porcentual es muy similar a diciembre del 2019 cuando el 5,2% del total de los focos de calor registrados se dieron en áreas protegidas. Las áreas protegidas más afectadas en diciembre del 2020 fueron: San Matías, Isiboro Securé, Iñao y Otuquis.

Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Diciembre 2019

Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Diciembre 2020

Fuente: MMAyA

Es importante destacar que los focos de calor registrados en diciembre se dieron a pesar de existir una Resolución Administrativa de la ABT, emitida a principios de octubre, que paraliza la autorización de quemas en todo el territorio.

Porque ganó Lucho & David en las elecciones de Bolivia

Por Pablo Solón

[English version] El MAS ha ganado en primera vuelta las elecciones en Bolivia. Dos sondeos en boca de urna (Ciesmori y Tu Voto Cuenta) en base a diferentes muestras sostienen que Luis Arce y David Choquehuanca habrían obtenido más del 50% de los votos y tendrían una diferencia de más del 20% de los votos con el segundo: Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).  Todavía hay que esperar los resultados del conteo oficial que estarán disponibles el miércoles o jueves, pero la tendencia de los resultados de estas dos encuestas en boca de urna difícilmente cambiará de manera sustantiva.

¿Por qué ganó Lucho & David?

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TUNUPA 113: Energía y litio en las Elecciones 2020

Le invitamos a leer el TUNUPA N°113: Energía y litio en las Elecciones 2020 en su totalidad aquí en formato pdf o lea los artículos individuales en el siguiente índice:

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¿Qué dicen sobre energía y litio los programas de gobierno de los partidos para las elecciones 2020?

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Bosques: Sin lecciones de fondo de la Chiquitania

El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie [1], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas [2]. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2,3 millones de hectáreas quemadas [3]. No toda superficie quemada son bosques. Gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre los años 2012 a 2016 Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosques [4]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial [5].

Los incendios del año pasado y este año representan un verdadero ecocidio que al final se abre paso en el programa de los partidos políticos que participan de las elecciones, pero que ninguno se atreve a calificarlo como un ecocidio. Todos mencionan los incendios y la Chiquitania, pero ninguno quiere referirse al bosque como sujeto de derechos, ni a las causas estructurales de los incendios: la ganadería y el modelo del agronegocio de la soya transgénica.

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Plan multimillonario para recuperación de incendios llega tarde y es para fortalecimiento de capacidades y diagnóstico de daños

A casi un año de los devastadores incendios que causaron uno de los peores desastres ambientales en la historia del país, el Gobierno nacional y departamental de Santa Cruz presentaron el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz que alcanza a 1.205 millones de bolivianos. Mas de la mitad de esta cifra será para fortalecimiento de capacidades y elaborar un diagnostico, y hasta la fecha el gobierno sólo tiene comprometidos 26 millones de bolivianos (2%).


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Fuente: Presentación Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz (Santa Cruz, 3 de agosto del 20209

Los ganaderos entre los principales responsables

La parte de diagnostico del plan afirma que de 2.053 predios afectados por los incendios, 1.209 corresponden a propiedades ganaderas (58% del total) lo que confirma que la principal causa de los incendios estuvo ligada a este actividad.

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Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

El Plan dice que, de una superficie total quemada de 3,4 millones de hectáreas, 1,4 millones de hectáreas fueron quemadas en tierras de uso agropecuario extensivo (42% del total de hectáreas quemadas). En segundo lugar figuran las tierras de uso forestal con 930 mil hectáreas quemadas (27% del total), seguidas de las áreas protegidas con 686 mil hectáreas quemadas (20% del total).

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Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

El mencionado Plan identifica como “causas subyacentes” de los incendios del 2019 al “marco normativo generado por la anterior gestión de gobierno”, que avalaron “perdonazos” y asentamientos humanos en tierras con vocación no aptas para actividades agropecuarias. Dentro de este marco normativo, mencionan a la Ley N° 337 (de “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales), la Ley N° 741 (que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias), la Ley N° 1171 (de uso y manejo racional de quemas) y el Decreto Supremo N° 3973 (que autorizan el desmonte para incrementar la actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni)[1]. Sin embargo, el Plan no propone la abrogación inmediata de estas normas para evitar que continúen estos incentivos perversos a las quemas y la deforestación.

Así mismo, el Plan omite mencionar otras leyes que directa e indirectamente promueven y legalizan la expansión de la frontera agrícola a costas del bosque, como ser la Ley N° 740 (de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social), la Ley N° 1098 (marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal), y el Decreto Supremo N° 3874 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta)[2]. Sobre la necesidad de poner limites a la exportación de carne no existe ni siquiera una mención.

Mas de la mitad del financiamiento será para fortalecimiento de capacidades y un diagnostico

De los 1.205 millones de bolivianos que necesitaría el Plan, el mayor porcentaje (38%) sería para Gestión de Riesgos que incluye:

  • Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias y cambio climático con enfoque de protección, género e inclusión.
  • Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.
  • Generación de procesos de coordinación y gobernanza entre los actores involucrados.

En segundo lugar, con el 35% del presupuesto, está el eje ambiental con los siguientes componentes y financiamientos:

  • Restauración asistida y regeneración natural de bosques en zonas priorizadas. (50,4 millones Bs. – 4,1% del total)
  • Conservación de corredores de conectividad de flora y fauna silvestre en sitios prioritarios de conservación y de las áreas de influencia (17 millones de Bs. – 1,4%).
  • Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión (269,2 millones Bs. – 22%).
  • Manejo sustentable de recursos hídricos con enfoque de cuenca y cambio climático (47,5 millones Bs. 3,9%).
  • Monitoreo de la restauración (funciones ambientales, fijación y captura de carbono, balance hídrico, fuentes de agua superficiales y subterráneas, suelos y corredores de biodiversidad) (33,1 millones Bs. 2,7%).
  • Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental (2,6 millones Bs. – 0,2%).

Como se puede apreciar el lineamiento estratégico que más financiamiento tiene (269,2 millones de Bs) dentro del sector ambiental es el de “Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión“. Dentro de este lineamiento el proyecto con mayor financiamiento (170 millones de Bs.) es para “Valoración de daños y pérdidas ocasionados a la biodiversidad, suelos y agua, a consecuencia de las emergencias ambientales, para el monitoreo y seguimiento en las Áreas Protegidas afectadas del SNAP“. En otras palabras la mayoría del financiamiento para el sector ambiental será destinado a “Un documento con el diagnóstico de daños y pérdidas de la biodiversidad, suelos y agua, afectado por los incendios con la definición de indicadores para el monitoreo y seguimiento“.

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El proyecto con más financiamiento dentro del sector ambiental del Plan de Recuperación. Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

A todo esto hay que añadir que en la “Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental” se gastarán 2,6 millones de Bs. EN este lineamiento estratégico figura un proyecto de “Política Nacional de Bosques y Plantaciones Forestales y su Estrategia de Implementación, que incluya la promoción del desarrollo forestal sostenible a partir de zonas afectadas por los incendios forestales“.

Sólo el 2% de financiamiento

Según el mencionado Plan sólo el 2% tiene financiamiento comprometido [3]. El otro 98% – 1.178 millones de Bolivianos – sería gestionado a través de créditos y donaciones de la cooperación internacional desde entidades públicas nacionales y sub nacionales.

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Fuente: Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz

Es necesario destacar que el Plan no contempla los incendios que están ocurriendo ya el 2020 especialmente en Áreas protegidas como Otuquis y San Matías [4]. ¿Cuánto más costará a los bolivianos y bolivianas los incendios forestales de este año? ¿Por qué este costo no lo asumen los culpables de este desastre ambiental?

En síntesis el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz es un plan para pasar el sombrero a la cooperación internacional, gastar el dinero en consultorias y documentos, y no abordar las causas estructurales que llevan a la deforestación y las quemas. En le medida en que no se analice y busque cambiar el modelo depredador del agronegocio, este Plan de Recuperación será sin duda uno más de muchos.


[1] https://fundacionsolon.org/2020/02/20/las-leyes-incendiarias-en-bolivia/   

[2] Así como el más reciente Decreto Supremo N° 4232 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados).

[3] Los proyectos o acciones que tienen fondos comprometidos son:

  • Eje Social: Provisión de servicios de salud para población afectada priorizando a la más vulnerable y Recuperación de servicios básicos (agua para consumo humano);
  • Eje Productivo: Recuperación de las condiciones de sistemas de producción agropecuaria y silvopastoril sustentables con valor agregado, y Recuperación de áreas productivas agrícolas de subsistencia y otras actividades alternativas (economía de patio);
  • Componente transversal Gestión de Riesgos: Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en atención, mitigación y prevención de riesgos con enfoque de cambio climático y Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.

[4] https://fundacionsolon.org/2020/07/31/julio-del-2020-mas-incendios-en-areas-protegidas-y-en-el-bosque-chiquitano-que-el-2019/

42% más de incendios en reservas forestales en lo que va del año en Bolivia

Entre el 1 de enero y el 22 de Julio del 2020 se han registrado, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 48.668 focos de calor. Durante el mismo período, el 2019 se registraron 44.902 focos de calor. Esto significa un incremento de 8,3% de focos de calor en relación al 2019.

44.902 focos de calor entre el 1/1 y el 22/7 del 2019
48.668 focos de calor entre el 1/1 y el 22/7 del 2020

La situación es aun más grave. Si tomamos en cuenta los incendios en áreas boscosas el incremento sube al 11,3% (17.285 el 2019 vs. 19.243 el 2020), y si nos fijamos solamente en los incendios en reservas forestales el incremento es del 42% (1.236 el 2019 vs 1.759 el 2020). El año pasado las reservas forestales que más incendios tuvieron en el periodo 1/1 al 22/7 fueron Iturralde, Guarayos y El Chore, mientras este año son Guarayos, Iturralde e Itenez.

2019

1.236 focos de calor en reservas forestales

2020

1.759 focos de Calor en reservas forestales

El mes pasado el pico de focos de calor por día llegó a los 650 incendios el 24 de junio. Sin embargo, este mes de julio ya hemos duplicado esa cifra con 1.318 focos de calor el día 21 de Julio.

24 de Junio: 650 focos de calor
21 de Julio: 1.318 focos de calor

En los 30 días de junio hubieron 7.315 incendios, mientras que en sólo 21 días del mes de julio ya estamos en 10.402 incendios.

La situación es extremadamente preocupante. El gobierno en su conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque y Tierra (ABT) siguen sin hacer nada para evitar un ecocidio como el que se vivió el 2019.

Al 19 de abril Bolivia supera registro de quemas de los últimos 10 años

Por Guillermo Villalobos

Hasta el 19 de abril del 2020 se registraron en Bolivia 3.368 focos de calor. Esta cifra es la más alta de la última década según los datos del Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (gráfica I).  

Gráfica I. Evolución histórico nacional de focos de calor acumulado al 19 de abril. 2010 a 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020 (has click en la imagen para agrandar)

Si observamos la pequeña barra en gris de focos de calor acumulados hasta el 19 de abril veremos que ninguno de los años anteriores Bolivia superó los 3.368 registrados oficialmente este año. El año pasado se registraron 2.761 incendios y el 2016 hubieron 2.538. Algunos años ni siquiera se llegó a los 1.000 focos de calor. Este es el primer año que pasamos la barrera de los 3.000 focos de calor acumulados hasta el 19 de abril.

El incremento de los focos de calor es extremadamente preocupante por dos razones: primero por el ecocido suscitado el 2019 que afectó más de 2 millones de hectáreas de bosque[1] y, segundo por la emergencia sanitaria del Covid-19 y la cuarentena que ha semiparalizado las actividades económicas del país.

Los departamentos que al 19 de abril acumularon la mayor cantidad de focos de calor fueron: Santa Cruz con 2.664, Beni con 319 y Tarija con 285. Según el mismo informe del MMAyA, desde el 2010 al 2020 Santa Cruz encabeza la lista con la mayor cantidad de focos de calor acumulados al 19 de abril (gráfica II).

Gráfica II. Evolución histórica de focos de calor acumulados por departamento al 19 de abril. 2010 al 2020.

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
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Asimismo, del 1 al 19 de abril de este año se registraron 1,564 focos de calor en todo el país. Santa Cruz ocupa el primer lugar con 1.063 focos de calor (equivalente al 67%), seguido de Beni con 340 (21%) y La Paz con 61 (4%). Los principales municipios afectados en Santa Cruz son: Charagua con 132, San Ignacio de Velazco con 118, Pailón con 112 y Cabezas con 105 focos. En el Beni el municipio mas afectado es Exaltación con 124 incendios (gráfica III).

Gráfica III. Evolución mensual de los focos de calor nacional y por departamento. 1 al 19 de abril 2020.  

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
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En Santa Cruz, según los datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) de esa gobernación, del 1 al 21 de abril se registraron 1.078 focos de quema[2] (gráfica IV). Esta cifra supera el promedio histórico de quemas del mes de abril para Santa Cruz.[3]

Gráfica IV. Evolución histórica focos de quema departamento de Santa Cruz. 1 al 21 de abril 2020

Fuente: Boletín del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales 21 de abril 2020, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. (has click en la imagen para agrandar)

De acuerdo a los datos presentado por el MMAyA, del total de focos de calor registrados entre el 1 y el 19 de abril, 48 se dieron en reservas forestales, principalmente en: Guarayos (21), El Chore (11) y la Cuenca del Río Boopi (7). Este mismo reporte muestra que 65 focos de calor se dieron en áreas protegidas, destacándose en Santa Cruz el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (39) y el Parque Nacional Amboró (7), en Cochabamba el Parque Nacional Carrasco (6) y en el Beni el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiborro Secruré (4).

Los tipos de bosques en donde más focos de calor se registraron fueron: bosque chaqueño (182), bosque chiquitano (166), bosque de yungas (37), bosque amazónico (32) y bosque de pantano (29) (gráfica V).

Gráfica V. Focos de calor en Reservas Forestales, Áreas Protegidas y por tipo de bosque. 1 al 19 de abril 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020. (has click en la imagen para agrandar)

Llama profundamente la atención que hasta la fecha se hayan registrado más focos de calor que el año pasado a pesar de la cuarentena nacional que está en vigencia desde el 22 de marzo, la misma que a limitado la movilidad de las personas y a ralentizando todo el aparato productivo y comercial del país. ¿Cómo es que en una cuarentena nacional se sigan dando chaqueos de esta magnitud? ¿Cómo es que Santa Cruz, que es el departamento más golpeado por el covid-19, al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de focos de calor?

Sería muy importante que, así como cada noche el Ministerio de Salud anuncia los casos confirmados de covid-19, el MMAyA informe diariamente por televisión los incendios registrados en el día para evitar que el ecocidio se repita en Bolivia.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Sobre la diferencia entre focos de calor y focos de quema véase: https://eldeber.com.bo/137001_foco-de-quema-y-foco-de-calor-es-lo-mismo-conoce-los-terminos-sobre-la-actividad-del-fuego

[3] https://eldeber.com.bo/175132_aumentan-los-chaqueos-en-santa-cruz-ya-se-supero-el-promedio-de-quemas-del-mes-de-abril

Ecocidio de la Chiquitanía: ¿Qué aprendieron los partidos políticos?

Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].

Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?

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Incendio en el Parque Nacional Otuquis y 673 focos de calor en el resto del país

El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas.  De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).

Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?  

Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí


[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.

China & Bolivia: Deuda, comercio, inversiones

La presencia de la China en Bolivia está cargada de mitos y realidades. En el ámbito comercial, es una realidad que Bolivia importa de la China más de dos mil millones de dólares. Una cifra que es cuatro veces las exportaciones a ese país, y que duplica el saldo de la deuda externa con la China.

Es un mito que la China es el mayor acreedor de la deuda externa de Bolivia. La deuda externa con China a agosto del 2019 fue de 966 millones de dólares, el equivalente al 9% del total de la deuda externa del país (10,747 millones de dólares). Así, la China se posiciona como el cuarto acreedor de Bolivia después del BID, la CAF y los Títulos de Deuda. No obstante, a nivel bilateral la China ocupa de lejos el primer lugar con un 75% de toda la deuda bilateral de Bolivia

Es un mito que la China invierte de manera directa en Bolivia. Según el Banco Central de Bolivia el flujo de inversión extranjera directa bruta de la China a Bolivia fue de apenas 29 millones de dólares el 2018, y el año que más invirtió de manera directa fue el 2015 con 72 millones de dólares, equivalente a un 6% de toda la inversión extranjera directa recibida ese año.

Es una realidad que varias empresas chinas trabajan en Bolivia con créditos de la China. Ese es el caso de la China Railway Construction Corporation que construye la carretera Rurrenabaque-Riberalta con un prestamo de 492 millones de dólares de la China. Tambien es el caso de Sinosteel Equipment y Engineering Co. que construye la siderurgia del Mutún con un crédito de 396 millones de dólares de la China.

Sin embargo, dos terceras partes del valor de los contratos con empresas chinas no son financiados por prestamos de la China. Por ejemplo, la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos que construye la China Harzone Industry Corp. tiene un financiamiento de la CAF de 191 millones de dólares, y Synohidro que trabaja la carretera Montero-Yapacani lo hace en base a un credito del BID de 92 millones de dólares.

Las empresas chinas son tambien financiadas con recursos propios de Bolivia. Algunos ejemplos son: Synohidro que construye la hidroeléctrica Ivirizu con un financiamiento del Banco Central de Bolivia de 553 millones de dólares, y la china CAMC que construyó la fabrica de Cloruro de Potasio en el salar de Uyuni con 178 millones de dólares provistos por el Estado de Bolivia.

De 3.265 millones de dólares que tienen repartidos empresas chinas en 25 contratos, 1.006 millones de dólares fueron financiados por deuda externa con la China, y el saldo de 2.259 millones de dólares fue cubierto por la CAF, el BID, FONPLATA y recursos propios de Bolivia.

Entre los dólares que entran y salen del país, la China se queda con la parte del dragón.

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TUNUPA 110: Sobredosis de electricidad en Bolivia

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Decodificando la sobredosis

Esta publicación busca analizar la realidad del sector eléctrico y las complicaciones generadas por la quimera de transformar a Bolivia en el corazón energético de Sud América. El objetivo de este texto es: Continúa leyendo TUNUPA 110: Sobredosis de electricidad en Bolivia

Energía eólica: Alternativa a las megahidroeléctricas

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La energía eólica empezó con grandes augurios el 2014 pero después de Qollpana fase I y II se ha mantenido estancada en 27 MW de potencia instalada hasta el 2019. El 2020 cuando se concluyan las 3 plantas eólicas que están en construcción en Santa Cruz habrá un salto de 108 MW y se alcanzará una potencia instalada de 135 MW. Entre tanto, en operación, sólo existen 27 MW de potencia eólica.
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REPAM: El extractivismo es la principal causa de conflictos en la Panamazonía

La Red Eclesial Panamazónica REPAM presentó recientemente su Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental en el cual expone diferentes datos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales de esta región. La panamazonía comprende el territorio conformado por la Cuenca del Amazonas. Políticamente este territorio alcanza parte de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guayana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela. De conjunto comprende 8 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen al 40% de la extensión de toda Sudamérica, y alberga aproximadamente a 33.6 millones de personas.

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La panamazonía contiene el bosque tropical continuo más extenso de la tierra. El 15% de toda la biodiversidad terrestre del planeta y el 15% de toda el agua dulce del mundo se encuentran en esta región. La cuenca amazónica alberga a 377 pueblos indígenas, y cuenta con más de 250 lenguas originarias. Por lo que, la panamazonía es una de las regiones de mayor diversidad biocultural del planeta.

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Amazonía y conflictos socioambientales

La panamazonía es una región de grandes conflictos socioambientales producto de las dinámicas económicas de carácter extractivista impulsadas por los diferentes Estados que conforman su territorio. De acuerdo a la REPAM, las principales actividades que provocan el conflicto socioambiental en esta región son la minería (tanto legal como ilegal), la explotación petrolífera, las hidroeléctricas, las quemas y la deforestación.

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Producto de las actividades extractivistas, la deforestación y la expansión de la frontera agraria, se generan una diversidad de problemáticas sociales. Según el sondeo realizado por la REPAM, las principales problemáticas sociales en la amazonia están relacionadas con:

  1. el extractivismo y los megaproyectos
  2. la crisis socioambiental
  3. la tenencia, legalización o presión sobre los territorios
  4. la ausencia institucional
  5. la fragilidad organizativa
  6. la pérdida cultural e identitaria
  7. la violencia, y
  8. la persecución política
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Sin duda, una de las poblaciones más vulnerable a las problemáticas suscitadas por el modelo extractivista son los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) o “Pueblos libres”. En todo el territorio amazónico se estima que habitan alrededor de 130 PIAV. Estos pueblos, son los más vulnerables a los daños ambientales producto de la explotación económica de la amazonia; y están sujetos a constante desplazamiento, dislocación, persecución y perdida cultural por parte de los megaproyectos, empresas extractivas y deforestación.

De los principales problemas sociales arriba identificados, la REPAM destaca las más relevantes a nivel de cada país panamazónico, siendo estas: la ausencia institucional por parte de Gobiernos y otras instituciones (Brasil y Colombia), Salud (Venezuela y Guyana), rasgos de la crisis socioambiental (Bolivia y Ecuador), y Violencia (Perú).

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Los mayores problemas culturales en la amazonia se centran en: la perdida identitaria y cultural, la tenencia y la presión sobre los territorios, y el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada. Estas problemáticas se suman y articulan con la violación de los derechos básicos, como ser: el derecho de las minorías étnicas a vivir su cultura, el derecho a la identidad y nacionalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otras.   

Específicamente, los problemas sociales identificados por el Atlas Panamazónico relativos a temas culturales por país se centrarían en: la perdida cultural e identitaria (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela), la tenencia y la presión sobre los territorios (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada (Colombia y Perú) y la falta de reconocimiento y valorización de la diversidad cultural (Ecuador).

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Experiencias de justicia socioambiental

A nivel panamazónico, existen diferentes experiencias que surgen como alternativas en búsqueda de una justicia socioambiental en la región. El estudio del REPAM se enfoca específicamente en tres experiencias: producción alternativa, cuidado ambiental y capacitación productiva. Bajo la propuesta de este marco comparativo se puede observar que, a nivel porcentual, Venezuela se posicionaría como el país con menor experiencias de justicia social y ambiental de la región, seguido por Perú y luego Bolivia. Mientras que, en contraste, Colombia se posiciona como el país amazónico con mayores experiencias de justica a las problemáticas socioambientales. Estos datos revelan la gran brecha que existe entre los diferentes países panamazónicos respecto a cómo crear experiencias para la búsqueda de una justicia socioambiental y para crea alternativas frente al modelo extractivista.

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El Atlas Panamazónico presentado por el REPAM es una herramienta valorable para una visualización y análisis global del territorio de la Cuenca Amazónica. Sin embargo, como su mismo nombre lo indica, más que un instrumento de referencia local que permita un análisis focalizado y especifico, el Atlas Panamazónico en realidad es una herramienta de aproximación a la realidad de la Amazonía. En este sentido, el Atlas Panamazónico solo permite una contextualización global de esta vasta región.     

Introducción a la “La Naturaleza en la Agenda de los Partidos”

A continuación, presentamos un análisis comparativo de 16 temas vinculados a la naturaleza, consignados en los programas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y la alianza Bolivia dice No (BdN), partidos que tienen una intención de voto superior al 5%, según las últimas encuestas nacionales.

Si tuviéramos que sintetizar la posición de los programas de gobierno de cada uno de estos partidos con relación a la naturaleza se podría decir que:

  • El MAS mantiene una retórica con relación a la Madre Tierra carente de propuestas concretas para evitar los impactos negativos sobre la naturaleza de diferentes políticas extractivas: minería, hidrocarburos, agroindustria y otras.
  • CC cuestiona el extractivismo y habla de respetar la capacidad regenerativa de los ecosistemas, pero obvia pronunciarse sobre temas claves como las megahidroeléctricas, los transgénicos, la energía nuclear, los biocombustibles, entre otros.
  • La alianza BdN es la que menos atención le dedica al medio ambiente y la que abiertamente propone generalizar a todo Bolivia el modelo extractivista-exportador del oriente.

Los programas de gobierno fueron entregados el 19 de julio de 2019 al Órgano Electoral Plurinacional, quince días antes que comenzara la tragedia de los incendios en Bolivia. A todas luces estos programas de gobierno son insuficientes para hacer frente al ecocidio desatado este año en el país. Hasta la fecha ningún partido ha realizado una reflexión autocrítica sobre su programa de gobierno.

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