El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie [1], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas [2]. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2,3 millones de hectáreas quemadas [3]. No toda superficie quemada son bosques. Gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre los años 2012 a 2016 Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosques [4]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial [5].
Los incendios del año pasado y este año representan un verdadero ecocidio que al final se abre paso en el programa de los partidos políticos que participan de las elecciones, pero que ninguno se atreve a calificarlo como un ecocidio. Todos mencionan los incendios y la Chiquitania, pero ninguno quiere referirse al bosque como sujeto de derechos, ni a las causas estructurales de los incendios: la ganadería y el modelo del agronegocio de la soya transgénica.
Este 25 de septiembre se llevará a cabo en Santa Cruz la audiencia de Acción Popular contra el gobierno de Jeanine Añez por instruir al Comité Nacional de Bioseguridad elaborar un procedimiento abreviado para la evaluación de cientos de eventos transgénicos de cinco productos: maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
El año pasado Bolivia vivió un ecocidio en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la que condena las acciones políticas que promovieron la tragedia. La verdadera problemática del ecocidio radica en las acciones humanas que quemaron más de 6 millones de hectáreas, acabando con la vida de miles de seres. Todo provocado por un modelo productivo que debe cambiar en el país. La sentencia, marca la continuación de la búsqueda de la defensa de los derechos de la naturaleza y asimismo de la importancia de la biodiversidad que nuestro país alberga.
El año pasado los bosques de Sudamérica, y en particular de la Amazonía y la Chiquitanía, padecieron un verdadero infierno. Lo lógico hubiera sido que este año bajaran significativamente las cifras de incendios y que las autoridades de todos los países hubieran tomado todas las medidas necesarias para evitar que se repita el ecocidio. Sin embargo, la situación es muy diferente:
Cuatro veces más incendios en el Pantanal
Uno los ecosistemas más afectados este año es el Gran Pantanal, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. Según el reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),[1] del 01 de enero al 04 de agosto de este año 768 mil hectáreas en el Pantanal fueron afectadas por incendios forestales. Siendo el Pantanal brasilero el más dañificado con 534 mil (70%) hectáreas quemadas, seguido por Bolivia y posteriormente Paraguay, con 147 mil (19%) y 86 mil (11%) hectáreas respectivamente.
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Fuente: Fundación Amigos de la Naturaleza. 2020. Incendios transfronterizos y dinámica del fuego en el Pantanal. Santa Cruz, Bolivia. p. 5.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) del Brasil, en todo el mes de agosto del 2019 se registraron 34.806 focos de quema,[2] frente a los 175.644 computados durante el mismo periodo en el 2020; esto significa, un aumento del 405% de los focos de quema en relación al año pasado.[3] Se estima que el fuego ya consumió el 10% de todo el bioma del Pantanal brasilero, siendo estos incendios uno de los más devastadores en los últimos tiempos.[4]
Del otro lado de la frontera, en Bolivia, en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis el Sistema de Información y Monitoreo del Bosque (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) registró 3.752 focos de calor entre el 01 de enero al 31 de agosto, quemándose siquiera 95.765 hectáreas, sin olvidar las ya 6.528 hectáreas que se quemaron durante el mes de marzo de este año. A lo que se suma las 14.500 hectáreas quemadas en el Área Natural de Manejo Integral San Matías.[5] Mientras que, en la frontera paraguaya, se reportan que en la Reserva Pantanal Paraguayo se han quemado unas 4.000 hectáreas.[6]
La situación en el Pantanal es alarmante. El estrepitoso aumento de las quemas en el bosque de pantanal se complementa con la sequía que fustiga esta región. Según un informe de la ONG SOS Pantanal, entre enero a mayo hubo una disminución del 50% de las precipitaciones en todo el ecosistema del Pantanal, enfrentando uno de las menor inundaciones en los últimos 47 años.[7] Este escenario, sumado al importante aumento de la temperatura, hace que el ambiente sea aún más propenso a la propagación de los fuegos.
La Amazonía sigue ardiendo
Los incendios trasfronterizos en el Pantanal representan apenas un eslabón de esta compleja problemática. A pesar de que los datos de focos de quemas en el Pantanal brasileños registrado durante el mes de agosto de este año son absolutamente alarmantes, solo corresponden al 15.9% del total de focos de quema registrados por el INPE. Mientras que el 59.9% (661.890 focos) de los focos de quema se encuentra en el bosque amazónico. Solo hasta julio de este año, el área quemada en el bosque amazónico brasilero asciende ya a los 13.703 km2 (1.370.300 hectáreas).[8]
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Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2019)
Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2020)
Si bien en Bolivia durante el mes de agosto hubieron menos focos de calor que el año pasado,[9] los registros acumulados hasta la fecha no dejan de ser inquietantes.
De los 45.770 focos de calor registrados en el mes de agosto, 11.899 (el 26 %) se registraron en áreas con cobertura boscosa, según datos SIMB. El tipo de bosque más afectado en el país sigue siendo el bosque chiquitano, contabilizándose durante el mes de agosto 4.117 focos (equivalente al 34,6 % del total de focos de calor registrados en áreas boscosas), seguido por el bosque amazónico con 3.083 focos de calor (25,9 %), el bosque de llanuras inundables con 1.532 focos de calor (12,9 %), el bosque de pantano con 1.165 focos de calor (9,8 %) y el bosque chaqueño con 891 focos de calor (7,5 %).
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Así, y a pesar de la devastación causada por los incendios forestales del 2019 siguen latentes en la memoria colectiva, los fuegos nuevamente se presentan en los ecosistemas boscosos boliviano.
Los datos del SIMB revelan que la amazonia es el segundo tipo bosque más afectado por el fuego. En términos porcentuales, durante el mes de agosto de este año la amazonia registró un mayor porcentaje de concentración de focos de calor (el 25,9%) que el mismo periodo en el 2019, fecha en que el bosque amazónico concentró solo el 13% del total de focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa.
Sin embargo, los bosques bolivianos no son los únicos que se encuentran asediados por las llamas. Lastimosamente los fuegos son una condición regional que traspasa las fronteras de los Estados, afectando directa e indirectamente de forma sistémica a toda la región.
En Colombia, por ejemplo, la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) señala que en tan solo los primeros cuatro meses del 2020 se deforestaron 75.000 hectáreas de bosque amazónico – equivalente al 47,4% del total deforestado en 2019.[10] Igualmente, según WWF Colombia, entre enero a abril del 2019 hubo 23.358 focos de calor Amazonia colombiana, pero en el mismo periodo del 2020 se registraron 63.178 focos de calor – un aumento del 37 %.[11]
El acelerado avance de la deforestación y de las quemas en la Amazonía en general afectan dramáticamente la residencia del bosque, acelerado su degradación y haciéndolo cada vez más vulnerable a condiciones extremas. Asimismo, la afectación sistémica producto de la deforestación y quema del bosque amazónico conlleva a una reducción importante de la humedad y las lluvias que alimenta otras cuencas subtropicales, influenciando sustancialmente a los bosques aledaños – como el caso del Pantanal – y en la región en general.[12]
Incendios en el bosque chaqueño
El bosque chaqueño es otro de los ecosistemas boscosos transfronterizos que se encuentra afectado por los fuegos. Según el reporte del Instituto Forestal Nacional (Infona) del Paraguay, en el mes de julio se registraron 14.400 focos de calor, donde los departamentos fronterizos con Brasil, Bolivia y Argentina son los más damnificados.[13] Solo durante el 1 de septiembre de este año se detectaron 1.334 focos de calor, de las cuales 854 (el 64 %) se encuentran en el Chaco paraguayo.[14]
La misma situación se observa en las provincias que conforman la mayor parte del Gran Chaco argentino: Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta. Entre mediados de marzo al final de julio alrededor de 30.000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas.[15] Entre tanto, durante el primer quincena del mes de agosto de este año, se quemaron solo en la provincia del Chaco más de 20.000 hectáreas; a la vez que los incendios siguen proliferando y expandiéndose en otras provincias.[16]
Por otro parte, en Bolivia durante el mes de agosto el bosque chaqueño registró 891 focos de calor, haciéndolo el quinto bosque con mayor concentración de focos de calor registrado en área con cobertura boscosa. Siendo la provincia Chiquitos y las provincias fronterizas de Cordillera y Gran Chaco las más afectadas, según los datos presentados por el SIMB.
Los focos de calor registrado en el chaco son extremadamente inquietantes. No solo porque el bosque chaqueño es uno de los más deforestados a nivel mundial, sino porque también alberga una importante población de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PISAC).[17] Un reciente informe trinacional sobre Incendios y Deforestación en Territorios con Registros de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (Brasil – Bolivia – Paraguay) revela que, entre el 2018 y 2019, en estos países hubo un alarmante aumento de los focos de calor registraos en Territorios Indígenas y Áreas Protegidas con presencia de PISAC.[18]
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Focos de incendio en 2019 y áreas de presencia de PIA en Paraguay y Bolivia.
Fuente: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, p. 31.
En suma, los datos presentados nos develan que, a pesar de la devastación de los incendios forestales del 2019, los bosques sudamericanos siguen estando asediados por los fuegos; donde, el bosque amazónico sigue siendo uno de los más aquejado por las llamas. Sin embargo, no es menos alarmante la precipitosa marcha de las llamas en los demás ecosistemas boscosos de la región.
Los fuegos que se están registrando en los distintos bosques de sudamericanos son en su absoluta mayoría provocadas por los seres humanos. La falta de control y de fiscalización por parte de los Estados y de la sociedad es evidentemente uno de los elementos principales que permite la vertiginosa propagación de los incendios. Sin embargo, es fundamentar visualizar que el origen de los fuegos corresponden a una política de Estado – siendo los ejemplos más evidentes los casos de Brasil y Bolivia[19]. Esta política tiene un propósito claro: fomentar y potencializar el modelo extractivo de commodities específicos – como por ejemplo, el agrícola – en desmedro de los bosques y de los territorios indígenas.
La pandemia del Covid-19 – así como las políticas de contingencia tomadas por los gobiernos – lejos de frenar el avance de la deforestación e incendios en los bosques le proporcionó un renovado impulso. Ante la latente crisis socio-económica generado por el Covid-19, los gobiernos y las elites dominantes apuntan a afianzar y profundizar aún más el modelo extractivista depredador, donde los business as usal es el único paradigma posible para “salir” de la crisis generado por la pandemia. Omitiendo, por supuesto, que es justamente este modelo el que nos llevó a esta crisis en un primer lugar.
[3] Mientras que en entre el 01 de enero al 31 de agosto del 2020 se registraron 303.422 focos de quema acumulados, un aumento del 377% en comparación al 2019, donde se registraron 63.646 focos de quema en el mismo periodo. Véase: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal
[9] Según la ABT, en el mes de agosto “se registró 69% menos de focos de calor en todo el país, comparados con el mismo mes del 2019”, hecho que la ABT atribuye al permanente trabajo de fiscalización, a la Resolución Administrativa ABT N° 149/2020 de prohibición de quemas y a las lluvias. Sin embargo, de acuerdo al Boletín Informativo N° 18 de la ABT, del total de focos de calor registradas durante del 24 al 30 de agosto, solo el 5,3% se dieron en áreas donde la ABT ha emitido alguna autorización (quemas legales), mientras que 75,7 % se dieron en áreas donde no ha proporcionado una autorización (quemas ilegales) y el 19 % se encuentran en otra jurisdicción (por ejemplo: en Territorios Comunitarios de Origen TCO y Áreas Protegidas). Véase: https://www.mmaya.gob.bo/2020/09/agosto-cierra-con-69-menos-focos-de-calor-registrados-en-comparacion-con-el-mismo-mes-del-2019/ y http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2020/09/Boletin-018.pdf
[18] De los 99 territorios indígenas (TI) con registros de PIA en Bolivia, Brasil y Paraguay, se constató en el 2019 un aumento de focos de calor en relación al 2018 de 258.25% en Bolivia; 259,28% en Brasil y 185.12% en Paraguay. Mientras que los focos de calor detectadas en las 32 unidades de conservación (áreas protegidas) con presencia de PIA en 2019, en comparación con 2018, aumentaron en un 744.38% en Bolivia, un 347.87% en Brasil y un 44.150% en Paraguay. Véase: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, pp. 42-48.
El pasado 18 y 19 de julio, organizaciones indígenas, activistas, instituciones, colectivos, entre otros se autoconvocaron a la primer Asamblea Mundial por la Amazonía, para lanzar un grito de defensa a la amazonia y la vida, y para articular acciones conjuntas en torno a tres grupos de trabajo: Covid-19, Boicot y Movilización
Bolivia una vez más está en llamas. Pareciera ayer que la sociedad boliviana lloraba por la Chiquitanía. Desde el principio del año hasta el 31 de Julio se han registrado 60.490 incendios. Durante el mismo período el año pasado se contabilizaron sólo 51.394 focos de calor. Esto representa un incremento de 17% en los incendios en relación al 2019. La pandemia del fuego se esparce a la velocidad del viento y tenemos muy poco tiempo para detenerla.
Hasta el 14 de julio, el COVID-19 se ha llevado a más de 1000 indígenas en toda la Amazonia. La situación se ha tornado dramática, el asedio del extractivismo y la pandemia marcan uno de los momentos más complejos de los pueblos indígenas en la Amazonia. Sin embargo, voces en defensa de la Amazonia claman por la autoconvocatoria para hallar una solución.
La Amazonía se está inundando de muerte. El COVID-19 está agravando el etnocidio y ecocidio de esta región que es esencial para la estabilidad del ecosistema de la Tierra. La destrucción de la Amazonía nos acerca más al precipicio y a la hecatombe climática. Una humanidad saludable y con futuro necesita de bosques y pueblos amazónicos vivos. ¿Quépodemos hacer?
El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó una nota señalando que a través de su Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), lograron que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) promulgue una Resolución Administrativa – RA N° 084/2020 – que establece requisitos fitosanitarios para la “importación de plantines de eucalipto (Eucalyptus spp) en sustrato inerte (sin ningún tipo de bacteria o microbio), para la implementación de plantaciones forestales comerciales permitiendo mejorar la calidad y el rendimiento por hectárea.”[1]
De acuerdo a la nota del MMyA, la RA N° 084/2020, del SENASAG establece los requisitos para importar plantines de Eucalyptus spp, este nombre científico corresponde a una nomenclatura binominal, que es un sistema simplificado de clasificación biológica mediante la combinación de dos nombres correspondientes al género y a la especie. Entonces, Eucalyptus vendría a ser un género de árboles de la familia mirtáceas, mientras que la sigla spp es una abreviación para especies, es decir, todas aquellas que conforman este género de árbol[2]. De esta forma, al mencionar que se aprobó la importación de plantines de Eucalyptus spp de hecho, se está señalando que se aprobó la importación de cualquiera de las más de 280 especies de eucaliptos que existen en el mundo[3].
¿Por qué esto es importante? La pauta la da la segunda parte de la nota del MMAyA, cuando señala que la importación de eucaliptos es parte de “un paquete tecnológico que será introducido en las plantaciones forestales” el cual, según este comunicado, fue olvidado y dejo a Bolivia rezagada en comparación con los demás países de la región. Además, añaden que se utilizará eucaliptos con “material genético con característica inmunológica más fuerte que permite el desarrollo óptimo de la especie” logrando “mayor tasa de crecimiento y densidad de madera” y permitiendo avanzar hacia la modernización de las plantaciones forestales comerciales en el país. Llaman la atención dos aspectos: por un lado, la alusión a paquetes tecnológicos y material genético con características propias que supuestamente permiten mayores rendimientos y la modernización del sector y, por el otro lado, el abanico de posibilidades que abrió la RA N° 084/2020 para la introducción de cualquier especie de eucalipto.
La pregunta es ¿acaso con la RA N° 084/2020 del SENASAG se quiere viabilizar la introducción de eucaliptos genéticamente modificados al país? Dada la reciente aprobación por parte del Gobierno transitorio del Decreto Supremo 4232 que viabiliza al Comité Nacional de Bioseguridad llevar a cabo procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénica, dicha hipótesis no resulta tan descabellada.
Al respecto, la empresa brasilera Futura Gene arguye ser una de las primeras entidades en haber desarrollado un eucalipto genéticamente modificado (H421), el cual supuestamente ofrece un 20% más en la productividad de madera[4]. Durante 2015 el Comité Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) del Brasil aprobó la libre comercialización y uso de este eucalipto transgénico en todo su territorio[5].
En la nota del MMAyA se destaca que se contará con las bondades ambientales de estos plantines importados. Por un lado, como una posibilidad para la lucha contra al cambio climático puesto que estos serían “muy eficientes en la captura de CO2” y, por otro lado, porque “no degradan los suelos y se adaptan muy bien en tierras con baja cantidad de nutrientes”.
Efectivamente, los arboles del genero Eucalyptus son eficientes fijadores de CO2, pero eso es solo una cara de la moneda, ya que las plantaciones forestales comerciales también generan importantes emisiones CO2 durante todo su proceso productivo. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de captura de CO2 del Eucalyptys grandis ronda los 245 t CO2/ha-7años, mientras que la huella de carbono del ciclo de vida de las plantaciones forestales comerciales – que abarca las etapas de producción de plantines, siembra y mantenimiento hasta el corte del árbol – es de -239 t/ha-7años[6]. Existiendo, por supuesto, diferencias y particularidades propias a cada contexto y ecosistema.
Respecto a la degradación de los suelos, desde los años 80 existe un intenso debate científico sobre los efectos de plantaciones forestales de eucaliptos sobre los suelos. En general, el grado de afectación (o beneficio) está estrechamente vinculado a condiciones específicas del ecosistema y sobre todo al tipo de suelo. En Bolivia se cuenta con diversos estudios referentes a los distintos efectos de las plantaciones forestales de eucaliptos en los suelos locales, como por ejemplo, en el caso del Valle Alto de Cochabamba donde se observó que este tipo de plantaciones generaron cambios fisicoquímicos en los suelos – volviéndolos ligeramente más salinos y cambiando la estructura y textura del suelo – en relación a las parcelas agrícolas perimetrales a las plantaciones.[7]
Estas mismas afectaciones se presentan en otros países de la región. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que posee plantaciones forestales de eucaliptos desde finales de los años 80 y actualmente cuenta con alrededor de 770 mil hectáreas,[8] los monocultivos de eucaliptos sobre los suelos de praderas hicieron que se volvieran más ácidas e inhabitables para otras especies de plantas nativas. Igualmente, se observó una disminución del material orgánico y la Capacidad de Intercambio Catódico del suelo, así como un cambio en su estructura y textura que afecta la capacidad de filtración del agua.[9]
Las plantaciones forestales de eucalipto no solo presentan problemas ambientales, sino que también acarrean consecuencias sociales importantes. En Brasil, por ejemplo, con 5,7 millones de hectáreas cultivadas es uno de los principales productores del mundo;[10] esta gran producción llevó a que en los Estados de Bahia y Espirito Santo – dos de las principales áreas productoras – suplanten en gran medida el Bosque Atlántico Nativo[11] por “desiertos verdes” – denominación local a las plantaciones industriales de eucaliptos. La formación de estos “desiertos verdes” capitalizados en manos de las firmas forestales condujeron a un proceso de cooptación de tierras y al desplazamiento de las comunidades locales – tanto afro-brasileñas Quilombera como indígenas Tupiniquim – de sus territorios, sin mencionar la exposición de estas comunidades al bombardeo de agroquímicos tóxicos realizados en las plantaciones circundantes.[12]
La nota del MMAyA termina haciendo referencia a los beneficios económicos de la introducción de estos plantines para el sector forestal. La nota señala que las plantaciones industriales al tener mayor uniformidad “reducen los costos de manejo, generando mayor productividad por hectárea” permitiendo “múltiples aplicaciones industriales con alta demanda en mercados internacionales” fortaleciendo así, “las condiciones de la producción nacional de madera para consumo interno y la exportación”.
Según el Mapa de Bosque del 2013, Bolivia tiene alrededor de 51.407.000 hectáreas de bosque en todo su territorio, clasificados en 9 tipos de distintos[13]. De acuerdo al Censo Agropecuario del 2013, la superficie de uso forestal en Bolivia es alrededor de 13.844.734,6 ha, de las cuales apenas 150.219,3 ha corresponden a plantaciones forestales maderables[14]. De estas 150.219,3 ha, solo 20.995,4 son plantaciones forestales de eucaliptos, las cuales se encuentran mayormente en Chuquisaca (8.783,6 ha), Cochabamba (4.023,1 ha), Potosí (4.023,1), La Paz (2.733,4 ha) y Santa Cruz (2.205,5 ha).[15]
En base a estos datos, nos preguntamos si ¿realmente es viable pensar que Bolivia puede competir con los países vecinos que son líderes mundiales en plantaciones forestales de eucaliptos? Parecería insulso y sin criterio económico apuntar a tratar de competir con Brasil, Uruguay o Chile (los cuales poseen hasta 270, 37 y 31 veces más hectáreas plantadas de este árbol, respectivamente). Sin embargo, la idea de ampliar las plantaciones forestales comerciales se extiende más allá de las políticas del Gobierno transitorio de Añez, ya que se encuentra presente en las agendas de gobierno de los principales partidos políticos[16] .
Por otro lado, cabe preguntarse ¿dónde se planea implementar estos plantíos forestales de eucaliptus? ¿se planea expandir las plantaciones existentes en la zona del altiplano y valles, o más bien, utilizar el eucalipto para “reforestar” las áreas deforestadas por la expansión de la frontera agropecuaria y las quemas descontroladas? Lamentablemente, la nota del MMAyA no brinda ninguna luz al respecto.
En todo caso, la cuestión de fondo es ¿por qué el gobierno transitorio se esmera en fortalecer un modelo económico con alto impacto socio-ambiental, en vez de, por ejemplo, promover una regeneración de los 9 tipos de bosques nativos que se encuentran en el país y desarrollar una agro-forestería comunitaria orientada a abastecer nichos de mercados con diversos productos de origen no maderable?
[7] Flores, E (2009) Efecto de las plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus L.) sobre los suelos de comunidades asentadas en la red ferroviaria Cochabamba-Cliza, En: Acta Nova. Vol. 4, Nº 2-3, diciembre 2009, pp. 338-355. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n2-3/v4n2-3_a12.pdf
[11] El Bosque Atlántico subtropical que ocupa el territorio de Brasil, este de Paraguay y norte de Argentina y Uruguay. Este bosque abarcaba originalmente el 15% de todo el territorio brasilero y es de hecho uno de los bosques más amenazados del mundo, donde durante el periodo 2018-2019 se deforestó 14.502 hectáreas solo en el Brasil. Véase: https://www.sosma.org.br/noticias/desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-quase-30/
[13] Los tipos de bosque son: Amazónico con 19.402.388 ha (representa el 37% del total); Chiquitano con 8.645.849 ha (representa el 16,8%); Seco Interandino con 172.227 ha (representa el 0,3%); Tucumano Boliviano con 3.322.885 (representa el 6,5%); Chaqueño con 9.098.162 ha (representa el 17,7%), Llanuras Inundables con 3.047.598 ha (representa el 5,9%); Pantanal con 1.147.401 ha (representa el 2,2%); Yungas con 6.565.994 (representa el 12,8%); y Andino con 4.496 (representa el 0,01%). Véase: https://observatorioccdbolivia.files.wordpress.com/2015/06/01-memoria-tecnica-mapa-bosque-2013-otca.pdf
[14] La superficie de plantaciones forestales maderables se concentra principalmente en Santa Cruz con el 34,9% (52.456,3 ha), seguido por Beni con el 16,3% (24.543,8 ha), Chuquisaca con el 18,5% (27.856,2 ha) y La Paz con 15,1% (22.754,7 ha). Véase: Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.
[15] Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.
A principios de Mayo la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliana Capobianco, realizó una conferencia de prensa sobre los transgénicos y la seguridad alimentaria de los bolivianos. En esta conferencia dijo: “Ante la crisis del coronavirus, creo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener alimentos en nuestra mesa. Aquí les muestro, por eso están aquí en la mesa estos productos, muchos de estos alimentos o bebidas que consumimos todos los días.¿Quién no ha comido un Sniker, un chicle Clorets, un m&m, la mayonesa Rika, las zucaritas de Kellogs o estos Cheerios…? Esta es nuestra realidad en Bolivia”.Continúa leyendo ¿Quién alimenta a Bolivia?
De acuerdo al informe presentado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) hasta finales del mes de marzo de este año se registraron un total de 4.288 focos de quemas acumuladas en todo el país; donde la amplia mayoría se suscitaron en Santa Cruz (3.625 focos) y en el Beni (282 focos). Asimismo, del total de focos registrados, 600 focos se dieron en 16 áreas protegidas nacionales y sub-nacionales de Santa Cruz y Beni (Tabla I).
El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas. De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).
Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?
Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí
[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.
El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].
Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]
Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia
De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.
Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales
Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.
Clase de propiedad
Área
Pago al contado (ufv/hectárea)
Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y Mediana
Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)
235
313
Empresa y Mediana
Otras áreas
157
235
Pequeña Mediana
TPFP y otras áreas
117
117
Comunidad
TPFP y otras áreas
39
39
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013
La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).
Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]
Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos
Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.
A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].
La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].
Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).
Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171
Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.
Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].
En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.
[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html
[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.
La Constitución Política del Estado establece que “el desarrollo rural integral sustentable” debe tener “énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria” (art. 405) y “promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos” (art. 407). La seguridad alimentaria hace referencia fundamentalmente a la disponibilidad de alimentos para satisfacer las necesidades de la población mientras la soberanía alimentaría va más allá y promueve la agroecología como alternativa frente a la agroindustria; prioriza la producción local; garantiza el derecho de los ciudadanos a saber y definir qué consumen; destaca el derecho de consumir lo que es necesario; impulsa la producción de alimentos por productores familiares y comunitarios; apoya el uso de semillas indígenas y el conocimiento tradicional; garantiza la redistribución de los latifundios y el acceso a la tierra, al agua y otros recursos para los productores pequeños y comunitarios; impulsa emprendimientos sociales y públicos para la producción y distribución de alimentos; asegura el derecho a una alimentación sana, variada y nutritiva; y promueve prácticas que contribuyan a restablecer la armonía con la naturaleza, evitando una mayor desertificación, deforestación y destrucción de la diversidad biológica. Continúa leyendo Soberanía alimentaria: La brújula perdida
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.
La producción de biocombustibles según el gobierno busca garantizar la seguridad energética en el país. La meta del gobierno es producir 380 millones de litros de etanol hasta el 2025 para lo cual se requiere duplicar las plantaciones de caña de azúcar pasando de 150.000 a 305.000 hectáreas.[1] Asimismo, para producir 100 millones de litros de biodiesel se requieren 250.000 hectáreas nuevas de soya[2]. En total estos agro-combustibles requieren de 400.000 hectáreas adicionales.
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.
Los programas de los partidos políticos en general destacan al sector agroexportador. BdN es el que más prioriza a este sector, seguido por CC y luego el MAS. Este último es el único que explícitamente habla de expandir la frontera agropecuaria aunque ya no habla de triplicar las cabezas de ganado como lo hacía en la Agenda Patriótica del 2013. Todos proponen “alianzas estratégicas entre el sector público y privado” y mencionan ciertos beneficios para incentivar la productividad del sector agropecuario exportador. El que más lejos va es BdN que propone eliminar las barreras y restricciones “injustificadas” a la exportación agroalimentaria y plantea negociar nuevos acuerdos (de libre) comercio.
Ninguno hace la conexión entre el sector agropecuario exportador y la deforestación galopante. Ninguno plantea evaluar los costos y beneficios reales de este sector. Ninguno hace mención a la fuerte presencia de extranjeros en el sector del agro negocio. Ninguno propone hacer una reingeniería del agro negocio por sus graves impactos ambientales. Continúa leyendo Agroindustria: Énfasis en el agronegocio exportador
Of all the ways to die, the most painful is by fire. Feeling your skin char, the flames invading even your bone marrow and screaming until your voice melts, you plead for cardiac arrest.
In the times of the inquisition witches and heretics were burned at the stake. Today human bonfires are prohibited. Since World War II and the Nazi Holocaust, the cremation of the living is considered a crime against humanity. No government would consider promoting policies of human incinerations, yet torching other living beings is on the rise in various countries on Earth.
Supporting itself on a branch with its three claws, a sloth smiles, without sensing what is coming. It just finished eating a few leaves and it readies itself for its never-ending nap to help along digestion. Sloths are the slowest mammals on Earth. Their lives of repose have allowed them to survive for 64 million years, much longer than humans and other more agile animals.
The fire remains unseen but travels at the speed of the wind. The sloth sleeps.
“The fire was an accident,” exclaim the politicians. In 2019, how can there be a fire that razes 957,000 hectares (3,700 square miles)? This is sixty times the area of Bolivia’s capital of La Paz. It’s almost the entirety of the Isiboro Sécure National Park and Indigenous Territory (TIPNIS). A fire of these dimensions is not the product of one or one hundred accidents; it is the product of thousands of fires all started in recent days.
Every year there is chaqueo (slashing-and-burning) but this time it has been multiplied a thousand-fold by the government’s call to expand the agricultural frontier. Ethanol and biodiesel require hundreds of thousands of hectares for inputs like sugar cane and soy. To this, add meat exports to China which require millions of hectares of pasture for cattle. There are also the political land grants and illegal settlements in forest areas. What is happening is no accident. Five years ago, the Vice President Alvaro Garcia Linera challenged Bolivian agro-industrialists to expand the agricultural frontier by one million hectares (3,860 square miles, or two-thirds of Connecticut) per year. That target figure has been reached, but with lands devastated by fire, not productive agricultural lands.
The fire approaches. First a spark, then another. Ash falls on the fur that camouflages the sloth. It wakes, confused, without understanding what is happening. It feels burning pinpricks and lets out a painful moan as it slowly moves in search of refuge.
This is Bolivia. The country where Mother Earth has rights. Where there is a law that says forests, rivers and sloths have the right to life and to “maintain the integrity of the life systems and natural processes which sustain them.” A country where schizophrenia is in power. Where the President gives speeches at international meetings in defense of Pachamama, the Mother Earth revered by the indigenous people of the Andes, while in Bolivia the rights of Mother Earth are violated. A country where in just 24 hours the parliament unanimously approves a law for the massive expansion biofuel production. Not a single parliamentarian speaks for the forests that, even then crackling at more than 300 degrees centigrade. The legislators all celebrated Bolivia’s entry into the era of biofuels. The same happened with the export of meat to China. None demanded prior environmental impact studies.
The fires this year are the product of a reelection strategy for national elections to be held in October. From a prior position of opposition to biofuels, the government flipped 180 degrees – without even blushing – to promoting ethanol and biodiesel as “green energy” sources. The idea is to grow agribusiness of Bolivia’s eastern lowlands to win their support in the elections. The same with the cattle producers, and large refrigerated shipping companies. Following the example of Paraguay which devastated their forests to feed cattle, the Bolivian government cleared agribusiness a pathway to export meat to China.
The dry leaves start to catch fire. The sloth hangs, climbing in slow motion until it reaches another tree. Anguish is reflected in its face. Smoke filling its lungs, it breathes with difficulty. Without hurrying or pausing it continues its climb. Occasionally wavering, it’s sustained by claws and survival instinct.
The candidates, who have said little or nothing about deforestation, biofuels and meat exports, run to the disaster areas for photo opportunities. Among themselves they look for who to blame, but no one wants to point to the development model of agribusiness in the eastern lowland capital of Santa Cruz, which is responsible for most of Bolivia’s deforestation. In 2015, of the 240,000 hectares deforested in Bolivia, 204,000 hectares were in Santa Cruz. In 2012, when deforestation in Santa Cruz stood at 100,000 hectares, 91% was illegal. By 2017, with a stroke of the pen the government had declared legal one-third of that deforestation.
Nature should not be burned at the stake, legally or illegally. Setting fire to a forest or other living beings, human or not, is a crime that degrades the human condition.
The sloth reaches the top of the highest tree, an imposing mapajo (ceiba pentandra) 70 meters tall. The horizon is in flames. It is said the sloth lives slowly to not die fast. Now all depends on the fortitude of a 300-year-old tree. Hopefully the winds will help. No chance of rain. In the distance the President’s helicopter flies over the inferno. He talks of evacuating people without uttering a word about the sloth or the other beings of Mother Earth.
In a few days the candidates will return to campaigning, some to challenge totalitarianism and others to camouflage it, but none to denounce the anthropocentric totalitarianism we carry inside.
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tiene una intención de voto superiores al 5%: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dijo No.
El 2016 se deforestaron 295.777 hectáreas según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Hace unos días, la misma ABT habla de 953 mil hectáreas de bosques quemados en lo que va del 2019 y dice que en solo cinco días el fuego arrasó con 471 mil hectáreas de bosques en la Chiquitanía[1]. La deforestación es sin duda el tema de mayor preocupación en relación a la naturaleza, sin embargo los partidos le dedican poca atención en sus programas y prefieren no hablar de las causas de fondo que están alimentando esta hoguera de biodiversidad que se produce cada año en Bolivia. Todos obvian mencionar a la soya, al modelo cruceño del agro negocio, a la ganadería, a los biocombustibles, a los asentamientos ilegales y al chaqueo como los factores que se deben encarar para frenar este gran flagelo a la naturaleza. Continúa leyendo Deforestación: Que siga la hoguera
