Hasta finales de 2020, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tenía registrados 2.120 productos de insumos agrícolas en todo el país, de los cuales 1.863 eran plaguicidas químicos de uso agrícola[1]. Estos plaguicidas químicos se centran principalmente en tres categorías: herbicidas (35,5%), insecticidas (33,3%) y fungicidas (27,8%) (Gráfica 1). Siendo que la mayoría de ellos (el 46,2%) están destinados al cultivo de soya, luego al barbecho (10,9%), al cultivo de arroz (10,6%), maíz (7%), papa (3,4%), caña de azúcar (2,4%) y trigo (2,3%), entre otros (Senasag, 2020).
Bolivia depende enteramente de los plaguicidas importados de otros países, ya sea de forma legal o ilegal (AEMP, 2019). La amplia mayoría de los plaguicidas químicos de uso agrícola que contaban con un registro sanitario vigente hasta finales de 2020 provenían de China (equivalente al 49,8 % del total), y en menor medida de países vecinos y foráneos como: Uruguay (9,6%), Paraguay (6,7%), India (6,3%), Brasil (4,5%), Argentina (4,7%), Ecuador (2,7%) y Perú (2,1 %) (Mapa 1).
En Bolivia sólo existe un evento transgénico autorizado legalmente: la soya RR. Todas las otras semillas transgénicas que circulan por Bolivia han sido introducidas de manera ilegal y por lo tanto las empresas y personas que las contrabandean, comercializan y utilizan deben ser sancionadas de acuerdo a ley. Para salir de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) el primer paso es no ampliar las autorizaciones a nuevos transgénicos. Por eso es importante que se hayan abrogado recientemente los “decretos transgénicos” (4232 y 4238) que establecían un procedimiento abreviado para cientos de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. En la actualidad el procedimiento abreviado para evaluación de semillas modificadas genéticamente sólo esta vigente para la soya HB4 e Intacta destinada a la producción de biodiésel, y hasta la fecha no existe ninguna solicitud en trámite para autorizar alguno de estos dos eventos de soya transgénica. En síntesis, el tema central en Bolivia es no autorizar nuevas semillas transgénicas y establecer un procedimiento para salir gradualmente de la soya RR, como lo manda la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en su Artículo 24.8:”Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.
En el camino de la exigencia de dejar el uso de semillas transgénicas y el modelo agrícola que lo sostiene, una primera pregunta a realizarse es ¿este modelo alimenta a Bolivia? ¿quién alimenta al país y en qué condiciones? La política agraria nacional ha estado históricamente enfocada en el gran proyecto de agricultura industrial, pero lo que tenemos es solo una agricultura monoproductora de materias primas a partir de la soya transgénica. Del otro lado tenemos a la agricultura familiar campesina e indígena que produce -sin ser un proyecto de las élites empresariales ni del Estado- el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos que consumimos las y los bolivianos. Pese a estar comprobado que la agricultura familiar campesina e indígena es el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, es el sector menos favorecido por las políticas, al punto de estar en franco declive.
En búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por la agricultura familiar. Los pequeños agricultores alimentan a la humanidad, a pesar de que sólo son dueños de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta[1]. El Censo Agropecuario llevado a cabo el año 2013 señala que en el país existen unas 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) [2]. El 95 % de estas UPA corresponden a los productores de la agricultura familiar, que conforman unos 4 millones de personas, según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA [3].
En Bolivia, la agricultura familiar campesina e indígena produce el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos: hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres y cereales. El 65 % de los alimentos que consumimos en Bolivia son producidos por la agricultura familiar. Apenas el 3 % de los alimentos son producidos por la agricultura no familiar, y el restante 32 % es importado (Cartagena, 2020a). En otras palabras, la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica de los bolivianos provienen de la agricultura familiar campesina e indígena.
¿Quién alimenta al país? ¿Y a quién alimenta el Estado?
Pamela Cartagena (2020b), citando a McKay (2018), señala que todas las empresas que se dedican al rubro de las oleaginosas en Bolivia (son seis y con capitales estadounidenses, peruanos y venezolanos) exportan su producción, y apenas dos de ellas producen para el consumo interno: aceites de cocina, margarina, jabón, torta de soya para alimentación avícola y porcina. En ese sentido, es falso afirmar que la producción soyera transgénica “garantiza la seguridad alimentaria del país”, como afirman los representantes del agronegocio.
Consecuente con una política agraria y de tierras que ha venido favoreciendo en gran medida al agronegocio (Cauthin, 2021), hasta 2013 los datos sostenían que el 78,3% del total del incremento de la producción agrícola del país obedecía a dos cultivos: soya (55,4%) y caña de azúcar (22,9%) -caña destinada a la producción de alcohol- (Ormachea; Ramírez 2013). Esto expresa que la política agrícola ha favorecido un modelo por sobre otro que diversifique la producción destinada al mercado interno. Debido a esta premeditada inclinación, es que sobre todo la última década se reportan porcentajes de producción negativos para cultivos que están a cargo de familias campesinas, como la cebolla, la papa, el plátano, la alfalfa, la yuca, el tomate, la cebada en grano, la arveja e incluso el maíz fresco (Ormachea; Ramírez 2013).
Siendo la agricultura familiar campesina e indígena el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, este sector es el que menos creció en comparación a la agroindustria. Según los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2019), de 2005 a 2019 la superficie cultivada de soya se incrementó en 429.120 hectáreas: pasando de 930.500 a 1.359.620 de hectáreas respectivamente. Siendo que la mayoría de su producción se destina a la exportación. Entre 2005 y 2019 este sector exportó en promedio el 79% de su producción (Villalobos, 2021). En contraste, la superficie cultivada con papa se incrementó en 35.466 hectáreas entre 2005 y 2018. Mientras que la superficie cultivada con maíz, tomate, cebolla y haba aumentaron solo en 3.469, 1.162, 1.448 y 4.959 hectáreas respectivamente, durante el mismo periodo (INE, 2019).
La falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar campesina afectó profundamente la seguridad alimentaria nacional, haciendo de Bolivia un país cada vez más dependiente de los alimentos que se importan de los países vecinos. Las importaciones de papa, por ejemplo, pasaron de 1.282 toneladas en 2006 a 51.805 toneladas en 2016. De igual manera, las importaciones de tomates aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6.943 toneladas importadas en el mismo periodo. Mientras que, de no importar cebolla en 2005, en 2017 se importaron 14.328 toneladas (Prudencio, 2019).
Prohibiciones, moratorias y etiquetados: países que rechazan los OGM
Medio centenar de países han desarrollado legislaciones para controlar, restringir o prohibir la introducción, comercialización o producción de transgénicos en sus territorios, ya sea mediante leyes de moratoria para semillas, de prohibiciones a cultivos o de etiquetado de advertencia para productos procesados que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Actualmente, al menos 39 países han prohibido mediante leyes los cultivos transgénicos en sus territorios, sobre todo por motivos de salud humana y ambiental. Casi la totalidad de Europa prohíbe los cultivos transgénicos en su territorio y sólo permite la importación de algunos productos transgénicos bajo normas de etiquetado y sobre todo para consumo animal. La Unión Europea obliga etiquetar todos los productos transgénicos que tengan hasta milésimas de componente OGM, Estados Unidos se ha comprometido a implementar el etiquetado desde enero de 2022. Otros países que exigen etiquetados pero con más flexibilidad [4], son: Indonesia, Tailanda, Australia, Nueva Zelandia, África del sur, Kenia, Canadá, Brasil, Colombia, Nicaragua, Mali, Togo, China, Japón, Taiwan, Vietnam e India.
El caso de Perú: Ley de moratoria por 15 años
En enero de 2021, Perú promulgó la Ley 31111 que amplía el plazo de la moratoria al ingreso, comercialización y producción de transgénicos u Organismos Vivos Modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente” por 15 años, hasta el 31 de diciembre de 2035 [5]. Esta Ley es una ampliación de la Ley 29811 de 2011 que ya había puesto una primera moratoria por 10 años. Aunque la Ley excluye de esta moratoria: a) los OVM para fines de investigación, b) los OVM usados como productos farmacéuticos y veterinarios autorizados, c) los OVM y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento, d) otros OVM sujetos al análisis de riesgos previos.
La Ley de moratoria propone la salvaguarda de la “agrobiodiversidad” para cultivos, animales y organismos e incluso ecosistemas, esto significa crear un programa para conservar los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad (Art. 23), como las semillas nativas por ejemplo. Al mismo tiempo, en el Art. 28 instruye la generación de Líneas de Base para obtener información científica y tecnológica, relativa al estado de la biodiversidad nativa, incluyendo la diversidad genética de las especies nativas, que puede potencialmente ser afectada por OVM.
Otra iniciativa relevante es la que explica el reglamento de la Ley en el Art. 32 sobre la realización de listas y mapas de los Centros de Origen y Diversificación de Especies, según la prioridad: a) Especies de las cuales el Perú es centro de origen, b) Especies de las cuales Perú es centro de diversificación, c) Especies tradicionales y no tradicionales de importancia para la bioseguridad en el Perú, d) Diversidad y variabilidad existente en Perú de los principales cultivos, crianzas y de sus parientes silvestres de los cuales existan OVM. Las penalidades por contravenir esta Ley son: a) Amonestación, b)Multa, c) Decomiso, temporal o definitivo con destrucción del producto [6].
El caso de México: Decreto contra el glifosato y el maíz transgénico
Recientemente México se incorporó a la creciente lista de países que buscan contrarrestar el uso de OGM en sus territorios. Como parte de una política para lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos[7], el gobierno de México, mediante Decreto presidencial aprobado el pasado 31 de diciembre de 2020, determinó sustituir gradualmente el uso, adquisición, promoción e importación del glifosato (principal herbicida utilizado en la agricultura comercial), disponiendo un periodo de tres años -hasta 2024- para lograr tal objetivo. Además, el decreto determina la revocación de los permisos y la abstención de otorgar nuevos permisos para la liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados.
Para lograr dicho fin, se encarga a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promover “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas” que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Disponiendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el desarrollo de tecnologías e investigaciones que permitan promover alternativas al glifosato. Estas instituciones estatales también tendrán que promover reformas legales correspondientes para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado.
¿Hacia dónde va Bolivia?
Después de la abrogatoria de los “decretos transgénicos” en Bolivia se barajan tres opciones: a) Aprobar una ley de biotecnología que nuevamente de curso a la aprobación de nuevas semillas transgénicas, esta propuesta es promovida por el agronegocio y sectores del gobierno, b) Hacer respetar la Constitución y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y a través de una ley establecer las acciones y plazos para la eliminación gradual de cultivos de OGM autorizados en el país, y c) Aprobar una ley de moratoria a la importación, comercialización y uso de semillas transgénicas por 15 o 30 años, postergando una decisión definitiva al respecto mientras el país desarrolla y fortalece su capacidad técnica e institucional en la materia.
La abrogatoria de los “decretos transgénicos” lejos de resolver el conflicto con el agronegocio lo va a llevar a un nuevo nivel, en el que este sector a través de una ley intentará volver a abrir las puertas a nuevos transgénicos, mientras organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil buscarán una salida definitiva de los organismos genéticamente modificados, pues queda claro que no se logrará la seguridad y soberanía alimentaria con base en el modelo agroindustrial de exportación, sino por medio de otros enfoques agrícolas y pecuarios que prioricen la producción de alimentos para el consumo nacional; apoyando y fortaleciendo -para ello- la agricultura familiar campesina e indígena.
APIA (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarias APIA.
Cartagena, P. (2020a). La producción campesino indígena: soporte alimentario y de salud integral en tiempos de coronavirus. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. 08/04/2020
Cartagena, P. (2020b). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.
Cauthin, M (2021) La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. Fundacionsolon.org.
Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Importaciones 2019 p. Base de datos Importaciones.
McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.
Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.
Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.
Prudencio, J., Plata, W., Velasco, S. & Colque, G. (2019). Efectos de la sobre la producción importación de alimentos campesina-indígena. Fundación Tierra.
El uso de agroquímicos está estrechamente ligado al predominio de un modelo económico y de un paradigma agrícola que tiene sus orígenes en la Revolución Verde[1]. A la Revolución Verde se la entiende como un modelo de asistencia agrícola – impulsado principalmente por los Estados Unidos – que durante los años cincuenta y sesenta fue exportado a los países del sur global bajo el discurso de “modernización” y “lucha contra el hambre mundial” (Méndez, 2017).
La revolución verde se basó en cuatro paradigmas centrales: 1) la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, 2) la producción intensiva mediante la implementación de insumos químicos (esencialmente fertilizantes y pesticidas), 3) la mecanización del proceso agrícola (principalmente uso de tractor y sistemas de irrigación) y 4) la selección genética y desarrollo e implementación de nuevas semillas de alto rendimiento (Ceccon, 2008).
El segundo gran impulso en el uso de agroquímicos se da desde los años ochenta hasta nuestros días, cuando la Revolución Verde entró en su segunda fase histórica, denominada también como “revolución genética o biotecnológica” (Picado, 2013). El elemento principal de esta segunda fase fue la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o transgénicos, así como los mercados más globales y liberalizados que profundizaron dinámicas extractivistas con base en la extracción de nuevos commodities agrarios, tales como la soya, el maíz y el trigo, entre otros (Hotz-Giménez et al., 2013).
Lejos de estar abandonadas por el Estado, las élites empresariales de Santa Cruz se crearon gracias a los apoyos públicos: tierras, capital y un sin fin de políticas hechas a su medida. Con un discurso y una agenda hábilmente adecuadas al tiempo que les toca vivir, actualmente abanderan la defensa de la alimentación nacional y la modernización agrícola para consolidar sus privilegios, a través de la introducción de más eventos transgénicos y replicar el modelo extractivista soyero.
La élite extractivista de oriente
A decir de Soruco (2008), la élite empresarial de Santa Cruz es producto de auges extractivos (goma, algodón, soya), que lejos de responder al mercado interno y a la sociedad nacional, históricamente se vinculó de forma umbilical a los mercados internacionales de materias primas. Esta élite fue erigida por una serie de políticas estatales que tuvieron como momentos centrales, según Peralta-Rivero (2020), los planes de desarrollo estatales de 1955, 1962, 1970 y 1975: “estos impulsaron las recomendaciones del Plan Bohan a través de la planificación estatal lo que ayudó a consolidar la agroindustria en tierras bajas, sobre todo en Santa Cruz”.
Por vía del Estado esta élite obtuvo beneficios directos con inversiones en infraestructura (caminos), capital (subsidios, créditos), tecnología (equipamiento), fuerza de trabajo (mano de obra de occidente vía colonización) y por supuesto dotación de tierras -de una forma “irracional y clientelar”- sobre todo durante la dictadura de Banzer (Soruco, 2008); hasta 1985 la política agraria permitió la consolidación de la mediana y gran propiedad sobre todo en el oriente boliviano. Según Paz (2004), los casos “paradigmáticos de apoyo estatal” fueron la caña de azúcar en Santa Cruz, la ganadería bovina en Beni y, posteriormente, las oleaginosas y cereales en Santa Cruz hasta el quiebre del ciclo neoliberal. La etapa posneoliberal, a la cabeza de Evo Morales, tuvo dos tipos de gestión frente al agronegocio: la primera de 2006 a 2009, con un discurso rupturista con esta élite parte de la llamada “media luna” (Soruco, 2008). Y el periodo 2010 a 2019, donde se va reconfigurando el escenario de pactos y acuerdos, logrando reencauzar algunas consignas de su agenda -como se verá más adelante-, para llegar a 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, con la plenitud de lograr las reformas legales y políticas arañadas en años anteriores. Con Luis Arce se inicia una nueva etapa que podría ser de ruptura y/o de continuidad.
El “grano de oro” no es lo que parece
En estos últimos años, al sector agroempresarial solo le fue necesario generar un dispositivo efectivo para volver a consolidar una nueva ola de apoyos estatales y una nueva agenda política, que garantice su continuidad clánica empresarial. Este dispositivo se generó a partir del boom de los precios internacionales de la soya transgénica, sector que “se ha desarrollado de manera similar a un enclave extractivo, social y sectorialmente” (McKay, 2018), y que ha crecido en la región ante el declive de este modelo de producción agrícola en los países europeos, lo que hizo que economías “emergentes” -como Sudamérica- ocuparan el lugar denostado de producción primaria de alimentos y materias primas (Ormachea, 2013) o de commodities para el mercado global (Svampa, 2013).
El modelo del agronegocio “se vende como un modelo de éxito”, explica Colque (2020), pues solo resalta los factores positivos: inyección a la economía nacional, generación de “miles sino millones” de empleos directos e indirectos, seguridad y soberanía alimentaria del país, e incluso afirma ser un sector ambientalmente sostenible; cuando casi el 100% de la soya cultivada en Bolivia es transgénica y ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas (Cartagena, 2020) de monocultivo, con fuertes impactos socioambientales, pues requiere de insumos como semillas patentadas, agroquímicos, maquinaria pesada para terreno, etc. La mecanización del proceso hace que la fuerza de trabajo local se haga excedentaria, lo que agudiza la migración campo – ciudad, e incluso los pequeños agricultores se estancan pues hay escasas posibilidades de ascenso social (McKay, 2018).
Respecto a la tierra, en la zona de producción soyera en Santa Cruz pervive un inequitativo sistema de distribución de la tierra: el 78% son pequeños productores (con 50 hectáreas o menos) que manejan el 9% de la superficie productiva de soya, mientras que el 2% son grandes productores (con más de 1.000 hectáreas) que manejan el 71% de la superficie productiva de soya (Cartagena, 2020). Por otra parte, de una comparación entre la producción de 2003 con soya no transgénica y la de 2019 con soya transgénica (evento 40-3-2), resulta que el rendimiento por hectárea de soya no transgénica es mayor: 2,4 y 1,85 TM/ha respectivamente (Peralta, 2020; Villalobos, 2021).
Desde una mirada feminista, el complejo del agronegocio abarca solo a hombres en las direcciones: “dada la estructura patriarcal del complejo soyero” y de la ”cultura” machista de que son los hombres los que deciden y saben sobre producción agrícola (McKay, 2018). Ambientalmente, el uso constante de agroquímicos con alto grado de toxicidad -según la OMS y la FAO- puede afectar a animales (sobre todo polinizadores), humanos, suelos y agua (Villalobos, 2020). Un terrible efecto ambiental del agronegocio -subrayado por varios estudios- es la relación que tiene la actividad con el alarmante incremento de tasas de deforestación e incendios forestales, los peores de Bolivia fueron en 2019 y 2020 (Vos; Gallegos et al. 2020).
Entonces, el trasfondo del relato de la élite soyera es otro distinto al del modelo agrícola “exitoso” que quiere vender. Cartagena (2020) coincide con Colque (2020) en que subyacen “razones extra productivas” en este gremio, que tienen que ver la consolidación de tenencia de sus tierras y el incremento de su valor, por ejemplo, vendiéndolas o rentándolas para otros cultivos; o las ganancias que produce el resto de la cadena productiva de la soya, como el mercado de los insumos agrícolas.
En efecto, según los datos de campo relevados por McKay (2018), hay una cadena de varios actores involucrados en el negocio de los insumos de la soya transgénica, desde las transnacionales Syngenta, Monsanto, John Deere, New Holland, Nidera, entre otras corporaciones que “colaboran” con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para “promover” variedades de semillas, cosechadoras, tractores, fumigadores, sembradoras, agroquímicos e incluso servicios crediticios y financieros. MacKay (2018) sostiene, por ejemplo, que otro de los efectos es la dependencia a la tecnología. El caso de los capitales y tecnología brasileña usado por el agronegocio boliviano condujo a una ola de “extranjerización”: entre 2006 y 2007 los brasileños controlaban el 40,3 por ciento del área total de las plantaciones de soya, frente al 19,6 por ciento que representaban en 1994 y 1995 (Urioste, 2012).
Sin embargo, estos mismos sectores vienen presionando al Estado para tener más beneficios políticos directos (Ormachea; Ramírez 2013), donde resalta un consorcio complejo: ANAPO, CAO, IBCE, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) -parte del grupo CropLife- y hasta la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. De hecho, muchas de estas gestiones han tenido como resultado eventos públicos de intercambios de acuerdos entre el gobierno de Evo Morales y el consorcio soyero, como el Encuentro Plurinacional de 2011 y 2012 (Gomez, 2013); la ExpoSoya de 2014, la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015; incluso la ExpoSoya de 2020 que tuvo como participante a la presidenta transitoria, Jeanine Añez.
Las leyes hechas a medida del agronegocio
En un debate de 2020, Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Secretario Ejecutivo de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), volvía a afirmar que frente a la pandemia el sector se reactivaría sólo con el apoyo del Estado y demandaba: acceso a tecnología e insumos; ampliar la Función Económica Social (FES); y garantizar mercados externos, así como contar con infraestructura específica como puertos, carreteras, hubs y ferrocarriles. Esta ha sido la agenda del agronegocio los últimos 15 años y -como se verá a continuación- en buena parte ha sido atendida con un marco legal hecho a medida del agronegocio.
Transgénicos e insumos
El agronegocio ha venido usando una narrativa de “emergencia” de incrementar rendimientos en la producción de alimentos, para satisfacer el mercado interno cada vez que impulsa una medida a favor del sector, ya sean argumentos climáticos -como la sequía- o incluso la pandemia de Covid-19. En 2016, con pretexto de la sequía, aprobaron el DS 2857 para la importación de maíz transgénico amarillo proveniente de Argentina destinado al consumo animal, lo que ocasionó la siembra ilegal de maíz BT y maíz RR en el chaco cruceño (Cartagena, 2020). En 2919 alegaron baja productividad y problemas por la sequía para conseguir el DS 3874, que permite la evaluación de la soya transgénica evento HB4 y la soya evento Intacta, destinados a biodiésel. En 2020 lograron la aprobación del Decreto 4232 para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, y pusieron como argumento que la iniciativa era parte del Plan Nacional de Emergencia por el Covid-19 para el abastecimiento del consumo interno.
Normas que la viabilizan
DS 28225 de 2005 que permite el uso, procesamiento y comercialización interna y externa de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) y sus derivados. Ley 314 de 2012 que permite la expropiación para iniciar la construcción de la Planta Industrializadora de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo. DS 2857 de 2016 que permite la importación de maíz amarillo transgénico proveniente de la Argentina. Ley 1098 de 2018 que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel. DS 3874 de 2019 que autoriza procedimientos abreviados para soya HB4 y soya Intacta, con fines de producción de biocombustibles. DS 4232 de 2020 que establece procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos. RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp para ser implementados en plantaciones forestales.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).
Tierra: Función Económica Social (FES), desmontes y frontera agrícola
La Ley 337 que paradógicamente crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, en realidad consolida un terrible “perdonazo” a desmontes realizados entre 1996 y 2011. Con leyes de este tipo, los últimos años se ha visto una paulatina legalización de desmontes y quemas, pagando apenas pequeñas multas, evitando sanciones penales y reforestando pequeñas partes. Al mismo tiempo, con la Ley 740 de ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades, el agronegocio ha logrado evitar la reversión de tierras, aunque el horizonte del sector es la cancelación o eliminación de la FES, arguyendo que su carácter temporal dificulta o restringe el acceso al crédito agrícola basado en la propiedad de la tierra como garantía (CAO, 2020). Mediante la Ley departamental 93 de Beni, en 2019, lograron ampliar la frontera agrícola en este departamento con 10 millones de hectáreas destinadas al sector ganadero, modificando el Plan de Uso de los Suelos (PLUS), con cinco categorías generales: tierras de uso agropecuario (9.026.912 ha.); de uso agrosilvopastoril (946.064 ha.); de uso forestal (3.276.067 ha.); de uso restringido (2.203.290 ha.); Áreas naturales protegidas (6.855.760 ha). Según el estudio de Rojas (2020), la falta de datos técnicos en el PLUS de 2019, solo ratifica que fue una decisión política y no con base científica, que beneficia en primera línea a los ganaderos, pero también a intereses agroindustriales nacionales y extranjeros (Rojas, 2020).
Normas que la viabilizan
Ley 337 de 2013 que crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece el perdonazo de desmontes realizados entre 1996 y 2011. Ley 502 de 2014 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 12 meses más. Ley 740 de 2015 que ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades. Ley 739 de 2015 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 18 meses más. Ley 741 de 2015 que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades. Ley 1171 de 2019 que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha). DS 3973 de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Beni y Santa Cruz. Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).
Mercados y exportación
En 2008, producto de un boicot del sector agroempresarial, el gobierno emitió el Decreto 29460 que restringe la exportación de alimentos ante déficit de abastecimiento interno. A partir de ese momento, el objetivo del agronegocio es lograr la libre exportación de productos agrícolas o agroindustriales sin restricciones temporales y sin bandas de precios, un objetivo que habían logrado con el Decreto 4139 de 2020 firmado por Añez y derogado por Arce ese mismo año. Este es un tema latente en el sector y un espacio en disputa con el Gobierno, sobre todo estos años que los precios internacionales de la soya volvieron a repuntar, prueba de ello fueron los bloqueos de carreteras convocado por ANAPO exigiendo la eliminación de la banda de precios a derivados de la soya.
Normas de restringen y controlan en mercado interno
DS 29460 de 2008 que prohíbe la exportación temporal de alimentos ante desabastecimiento interno. DS 1514 de 2013 que autoriza la cuota anual de exportación de soya de 400.000 toneladas. DS 1925 de 2014 que aumentó la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales. DS 3127 de 2017 que aumentó de la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales. DS 3920 de 2019 que autorizó la exportación de 60% de la producción nacional de soya. DS 4417 de 2020 que abroga los Decretos 4139 y 4181.
Normas que la viabilizan
DS 4139 de 2020 que libera plenamente las exportaciones de todos los subproductos de la soya (derogado).
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).
Fuentes:
Colque, G. (2020). Detrás de la expansión de la frontera agrícola: sostenibilidad económica, social y ambiental del agro-modelo cruceño. [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.
Cartagena, P. (2020). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.
McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.
Osinaga, E. (2020). Perspectivas del sector agropecuario [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.
Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.
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Rojas, J. y Anzaldo, A. (2020). El nuevo PLUS del Beni, excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana. Revista Mundos Rurales, 15(1).
Soruco, X. coord. (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación TIERRA, 2008.
Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.
Villalobos, G. (2021). ¿Qué son los agroquímicos?. Fundacionsolon.org.
Vos, V., Gallegos, S. et al. (2020) Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.
Desde los años 90, el modelo agroindustrial basado en la exportación de commodities agrarios -es decir, materias primas para la exportación- comenzó a afianzarse cada vez más en el país. Tal como en los años 90,[1] hoy en día el sector que privilegia este modelo agrario lo promociona como un modelo que impulsa la “modernización” de la agricultura -fundamentalmente por medio del uso de biotecnología- y que esa “modernización” lleva a mayores rendimientos y productividad, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria nacional[2].
En el caso boliviano, como en Brasil y Argentina, el cultivo de soya poco a poco se fue posicionado como el pilar principal de este modelo agroindustrial. Así, bajo este modelo, la superficie cultivada con esta leguminosa se incrementó a pasos acelerados, pasando de significar apenas el 7,3% del total de superficie cultivada en 1985-1986 a representar el 38,6% del total de superficie cultivada del país en el 2004-2005 (Gráfica 1).
La historia de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Bolivia es intrincada. A grandes rasgos, podemos identificar cinco grandes períodos que marcaron la historia normativa de los OGM en el país. El primer periodo se remonta a principios de la década de los 90 con los primeros ensayos con papa Genéticamente Modificado (GM) variedad Desiree. Sin embargo, fue recién después de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 (ratificado por Bolivia en 1994 mediante la Ley 1580) y la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1996 que regula un Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos que Bolivia aprueba en 1997 su Reglamento sobre Bioseguridad. Con este reglamento -cuya finalidad es minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos por el uso y liberación de OGM- se crea el Comité Nacional de Bioseguridad como organismo encargado de asesorar en temas relacionados al manejo y evaluación técnica para realizar actividades con OGM.
Es en base al Reglamento sobre Bioseguridad que en 2005 se autoriza por primera vez en el país la producción y comercialización de soya genéticamente modificada resistente al glifosato evento (40-3-2), constituyéndose en el único OGM formalmente aprobado hasta la fecha en el país. A partir de esta autorización, que da inicio al segundo periodo, es que poco a poco toda la soya convencional que se producía en el país se reemplaza por soya transgénica. Desde 2012 prácticamente toda la soya producida en Bolivia es transgénica.
Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, se inicia un tercer periodo histórico, caracterizado por la aprobación de un amplio marco legal que norma la utilización de transgénicos en el país. Así, partiendo desde la misma CPE (Art. 255, I., No. 8) y mediante la aprobación de distintas leyes entre 2010 y 2014, el país construyó un marco legal que buscó normar, desincentivar y prohibir la importación, uso, producción, liberación al medio y comercialización de OGM en el país.
Empero, y pese a todo este marco legal, desde 2011 se comienza a observar la conformación de un cuarto periodo, caracterizado por una “apertura” de la norma a favor de los OGM. Dicha “apertura” se dio fundamentalmente por medio de la Ley 144; la cual – a la par de prohibir la introducción de OGM al país (Art. 15, No 2) – establece que todo producto OGM destinado al consumo humano tiene que estar debidamente etiquetado y que se establezcan disposiciones para controlar la producción, importación y comercialización de productos GM (Art 19, No 5). Años después, esta Ley dio paso al Reglamento sobre etiquetado de productos que contengan OGM, donde se establece que todo alimento producido, fabricado e importado al país que contenga o derive de OGM obligatoriamente tenga una etiqueta (DS 2452 Art. 4).
El quinto y último periodo consolida ese viraje hacia una apertura a los OGM y una flexibilización de la normativa nacional. Este viraje comenzó a concretarse con el Decreto Supremo N° 1098 del 2018, que autoriza la producción de aditivos de origen vegetal (etanol y biodiésel), para luego pasar al Decreto Supremo N° 3874 del 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de dos nuevos tipos de soya transgénica (evento HB4 e Intacta) para la producción de biodiésel. El punto más alto de este periodo lo representó la promulgación de los Decretos Supremos 4232 y 4348 en el 2020. El DS N° 4232 autorizó nuevamente al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados, solo que esta vez para un número indefinido de eventos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. Mientras que el DS N° 4348 autoriza la zonificación de áreas para el cultivo de maíz transgénico, a pesar de no estar aún autorizados legalmente.
“A pesar de las recientes estimaciones de que las repercusiones económicas de los plaguicidas en las especies no destinatarias (incluidos los seres humanos) ascienden aproximadamente a 8.000 millones de dólares anuales en los países en desarrollo, el uso de plaguicidas está aumentando y se utilizan millones de toneladas de ingredientes activos de plaguicidas en la agricultura” (FAO, 2018)
Por Guillermo Villalobos M.
Cada año en los campos de cultivos de todo el mundo se aplica millones de toneladas de agroquímicos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a nivel global se rocían unos 4.6 millones de toneladas de plaguicidas químicos al año y unos 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados.[1] Solo durante el 2018, la FAO estima que se usaron unos 188 millones de toneladas de fertilizantes, 40% más que en el 2000. Mientras que, para el 2018, se usaron 4,1 millones de toneladas de pesticidas, 33% más que en el 2000 (FAO 2020).
El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie [1], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas [2]. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2,3 millones de hectáreas quemadas [3]. No toda superficie quemada son bosques. Gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre los años 2012 a 2016 Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosques [4]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial [5].
Los incendios del año pasado y este año representan un verdadero ecocidio que al final se abre paso en el programa de los partidos políticos que participan de las elecciones, pero que ninguno se atreve a calificarlo como un ecocidio. Todos mencionan los incendios y la Chiquitania, pero ninguno quiere referirse al bosque como sujeto de derechos, ni a las causas estructurales de los incendios: la ganadería y el modelo del agronegocio de la soya transgénica.
Este 25 de septiembre se llevará a cabo en Santa Cruz la audiencia de Acción Popular contra el gobierno de Jeanine Añez por instruir al Comité Nacional de Bioseguridad elaborar un procedimiento abreviado para la evaluación de cientos de eventos transgénicos de cinco productos: maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
El año pasado Bolivia vivió un ecocidio en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la que condena las acciones políticas que promovieron la tragedia. La verdadera problemática del ecocidio radica en las acciones humanas que quemaron más de 6 millones de hectáreas, acabando con la vida de miles de seres. Todo provocado por un modelo productivo que debe cambiar en el país. La sentencia, marca la continuación de la búsqueda de la defensa de los derechos de la naturaleza y asimismo de la importancia de la biodiversidad que nuestro país alberga.
El año pasado los bosques de Sudamérica, y en particular de la Amazonía y la Chiquitanía, padecieron un verdadero infierno. Lo lógico hubiera sido que este año bajaran significativamente las cifras de incendios y que las autoridades de todos los países hubieran tomado todas las medidas necesarias para evitar que se repita el ecocidio. Sin embargo, la situación es muy diferente:
Cuatro veces más incendios en el Pantanal
Uno los ecosistemas más afectados este año es el Gran Pantanal, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. Según el reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),[1] del 01 de enero al 04 de agosto de este año 768 mil hectáreas en el Pantanal fueron afectadas por incendios forestales. Siendo el Pantanal brasilero el más dañificado con 534 mil (70%) hectáreas quemadas, seguido por Bolivia y posteriormente Paraguay, con 147 mil (19%) y 86 mil (11%) hectáreas respectivamente.
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Fuente: Fundación Amigos de la Naturaleza. 2020. Incendios transfronterizos y dinámica del fuego en el Pantanal. Santa Cruz, Bolivia. p. 5.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) del Brasil, en todo el mes de agosto del 2019 se registraron 34.806 focos de quema,[2] frente a los 175.644 computados durante el mismo periodo en el 2020; esto significa, un aumento del 405% de los focos de quema en relación al año pasado.[3] Se estima que el fuego ya consumió el 10% de todo el bioma del Pantanal brasilero, siendo estos incendios uno de los más devastadores en los últimos tiempos.[4]
Del otro lado de la frontera, en Bolivia, en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis el Sistema de Información y Monitoreo del Bosque (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) registró 3.752 focos de calor entre el 01 de enero al 31 de agosto, quemándose siquiera 95.765 hectáreas, sin olvidar las ya 6.528 hectáreas que se quemaron durante el mes de marzo de este año. A lo que se suma las 14.500 hectáreas quemadas en el Área Natural de Manejo Integral San Matías.[5] Mientras que, en la frontera paraguaya, se reportan que en la Reserva Pantanal Paraguayo se han quemado unas 4.000 hectáreas.[6]
La situación en el Pantanal es alarmante. El estrepitoso aumento de las quemas en el bosque de pantanal se complementa con la sequía que fustiga esta región. Según un informe de la ONG SOS Pantanal, entre enero a mayo hubo una disminución del 50% de las precipitaciones en todo el ecosistema del Pantanal, enfrentando uno de las menor inundaciones en los últimos 47 años.[7] Este escenario, sumado al importante aumento de la temperatura, hace que el ambiente sea aún más propenso a la propagación de los fuegos.
La Amazonía sigue ardiendo
Los incendios trasfronterizos en el Pantanal representan apenas un eslabón de esta compleja problemática. A pesar de que los datos de focos de quemas en el Pantanal brasileños registrado durante el mes de agosto de este año son absolutamente alarmantes, solo corresponden al 15.9% del total de focos de quema registrados por el INPE. Mientras que el 59.9% (661.890 focos) de los focos de quema se encuentra en el bosque amazónico. Solo hasta julio de este año, el área quemada en el bosque amazónico brasilero asciende ya a los 13.703 km2 (1.370.300 hectáreas).[8]
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Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2019)
Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2020)
Si bien en Bolivia durante el mes de agosto hubieron menos focos de calor que el año pasado,[9] los registros acumulados hasta la fecha no dejan de ser inquietantes.
De los 45.770 focos de calor registrados en el mes de agosto, 11.899 (el 26 %) se registraron en áreas con cobertura boscosa, según datos SIMB. El tipo de bosque más afectado en el país sigue siendo el bosque chiquitano, contabilizándose durante el mes de agosto 4.117 focos (equivalente al 34,6 % del total de focos de calor registrados en áreas boscosas), seguido por el bosque amazónico con 3.083 focos de calor (25,9 %), el bosque de llanuras inundables con 1.532 focos de calor (12,9 %), el bosque de pantano con 1.165 focos de calor (9,8 %) y el bosque chaqueño con 891 focos de calor (7,5 %).
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Así, y a pesar de la devastación causada por los incendios forestales del 2019 siguen latentes en la memoria colectiva, los fuegos nuevamente se presentan en los ecosistemas boscosos boliviano.
Los datos del SIMB revelan que la amazonia es el segundo tipo bosque más afectado por el fuego. En términos porcentuales, durante el mes de agosto de este año la amazonia registró un mayor porcentaje de concentración de focos de calor (el 25,9%) que el mismo periodo en el 2019, fecha en que el bosque amazónico concentró solo el 13% del total de focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa.
Sin embargo, los bosques bolivianos no son los únicos que se encuentran asediados por las llamas. Lastimosamente los fuegos son una condición regional que traspasa las fronteras de los Estados, afectando directa e indirectamente de forma sistémica a toda la región.
En Colombia, por ejemplo, la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) señala que en tan solo los primeros cuatro meses del 2020 se deforestaron 75.000 hectáreas de bosque amazónico – equivalente al 47,4% del total deforestado en 2019.[10] Igualmente, según WWF Colombia, entre enero a abril del 2019 hubo 23.358 focos de calor Amazonia colombiana, pero en el mismo periodo del 2020 se registraron 63.178 focos de calor – un aumento del 37 %.[11]
El acelerado avance de la deforestación y de las quemas en la Amazonía en general afectan dramáticamente la resiliencia del bosque, acelerado su degradación y haciéndolo cada vez más vulnerable a condiciones extremas. Asimismo, la afectación sistémica producto de la deforestación y quema del bosque amazónico conlleva a una reducción importante de la humedad y las lluvias que alimenta otras cuencas subtropicales, influenciando sustancialmente a los bosques aledaños – como el caso del Pantanal – y en la región en general.[12]
Incendios en el bosque chaqueño
El bosque chaqueño es otro de los ecosistemas boscosos transfronterizos que se encuentra afectado por los fuegos. Según el reporte del Instituto Forestal Nacional (Infona) del Paraguay, en el mes de julio se registraron 14.400 focos de calor, donde los departamentos fronterizos con Brasil, Bolivia y Argentina son los más damnificados.[13] Solo durante el 1 de septiembre de este año se detectaron 1.334 focos de calor, de las cuales 854 (el 64 %) se encuentran en el Chaco paraguayo.[14]
La misma situación se observa en las provincias que conforman la mayor parte del Gran Chaco argentino: Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta. Entre mediados de marzo al final de julio alrededor de 30.000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas.[15] Entre tanto, durante el primer quincena del mes de agosto de este año, se quemaron solo en la provincia del Chaco más de 20.000 hectáreas; a la vez que los incendios siguen proliferando y expandiéndose en otras provincias.[16]
Por otro parte, en Bolivia durante el mes de agosto el bosque chaqueño registró 891 focos de calor, haciéndolo el quinto bosque con mayor concentración de focos de calor registrado en área con cobertura boscosa. Siendo la provincia Chiquitos y las provincias fronterizas de Cordillera y Gran Chaco las más afectadas, según los datos presentados por el SIMB.
Los focos de calor registrado en el chaco son extremadamente inquietantes. No solo porque el bosque chaqueño es uno de los más deforestados a nivel mundial, sino porque también alberga una importante población de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PISAC).[17] Un reciente informe trinacional sobre Incendios y Deforestación en Territorios con Registros de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (Brasil – Bolivia – Paraguay) revela que, entre el 2018 y 2019, en estos países hubo un alarmante aumento de los focos de calor registraos en Territorios Indígenas y Áreas Protegidas con presencia de PISAC.[18]
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Focos de incendio en 2019 y áreas de presencia de PIA en Paraguay y Bolivia.
Fuente: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, p. 31.
En suma, los datos presentados nos develan que, a pesar de la devastación de los incendios forestales del 2019, los bosques sudamericanos siguen estando asediados por los fuegos; donde, el bosque amazónico sigue siendo uno de los más aquejado por las llamas. Sin embargo, no es menos alarmante la precipitosa marcha de las llamas en los demás ecosistemas boscosos de la región.
Los fuegos que se están registrando en los distintos bosques de sudamericanos son en su absoluta mayoría provocadas por los seres humanos. La falta de control y de fiscalización por parte de los Estados y de la sociedad es evidentemente uno de los elementos principales que permite la vertiginosa propagación de los incendios. Sin embargo, es fundamentar visualizar que el origen de los fuegos corresponden a una política de Estado – siendo los ejemplos más evidentes los casos de Brasil y Bolivia[19]. Esta política tiene un propósito claro: fomentar y potencializar el modelo extractivo de commodities específicos – como por ejemplo, el agrícola – en desmedro de los bosques y de los territorios indígenas.
La pandemia del Covid-19 – así como las políticas de contingencia tomadas por los gobiernos – lejos de frenar el avance de la deforestación e incendios en los bosques le proporcionó un renovado impulso. Ante la latente crisis socio-económica generado por el Covid-19, los gobiernos y las elites dominantes apuntan a afianzar y profundizar aún más el modelo extractivista depredador, donde los business as usal es el único paradigma posible para “salir” de la crisis generado por la pandemia. Omitiendo, por supuesto, que es justamente este modelo el que nos llevó a esta crisis en un primer lugar.
[3] Mientras que en entre el 01 de enero al 31 de agosto del 2020 se registraron 303.422 focos de quema acumulados, un aumento del 377% en comparación al 2019, donde se registraron 63.646 focos de quema en el mismo periodo. Véase: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal
[9] Según la ABT, en el mes de agosto “se registró 69% menos de focos de calor en todo el país, comparados con el mismo mes del 2019”, hecho que la ABT atribuye al permanente trabajo de fiscalización, a la Resolución Administrativa ABT N° 149/2020 de prohibición de quemas y a las lluvias. Sin embargo, de acuerdo al Boletín Informativo N° 18 de la ABT, del total de focos de calor registradas durante del 24 al 30 de agosto, solo el 5,3% se dieron en áreas donde la ABT ha emitido alguna autorización (quemas legales), mientras que 75,7 % se dieron en áreas donde no ha proporcionado una autorización (quemas ilegales) y el 19 % se encuentran en otra jurisdicción (por ejemplo: en Territorios Comunitarios de Origen TCO y Áreas Protegidas). Véase: https://www.mmaya.gob.bo/2020/09/agosto-cierra-con-69-menos-focos-de-calor-registrados-en-comparacion-con-el-mismo-mes-del-2019/ y http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2020/09/Boletin-018.pdf
[18] De los 99 territorios indígenas (TI) con registros de PIA en Bolivia, Brasil y Paraguay, se constató en el 2019 un aumento de focos de calor en relación al 2018 de 258.25% en Bolivia; 259,28% en Brasil y 185.12% en Paraguay. Mientras que los focos de calor detectadas en las 32 unidades de conservación (áreas protegidas) con presencia de PIA en 2019, en comparación con 2018, aumentaron en un 744.38% en Bolivia, un 347.87% en Brasil y un 44.150% en Paraguay. Véase: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, pp. 42-48.
El pasado 18 y 19 de julio, organizaciones indígenas, activistas, instituciones, colectivos, entre otros se autoconvocaron a la primer Asamblea Mundial por la Amazonía, para lanzar un grito de defensa a la amazonia y la vida, y para articular acciones conjuntas en torno a tres grupos de trabajo: Covid-19, Boicot y Movilización
Bolivia una vez más está en llamas. Pareciera ayer que la sociedad boliviana lloraba por la Chiquitanía. Desde el principio del año hasta el 31 de Julio se han registrado 60.490 incendios. Durante el mismo período el año pasado se contabilizaron sólo 51.394 focos de calor. Esto representa un incremento de 17% en los incendios en relación al 2019. La pandemia del fuego se esparce a la velocidad del viento y tenemos muy poco tiempo para detenerla.
Hasta el 14 de julio, el COVID-19 se ha llevado a más de 1000 indígenas en toda la Amazonia. La situación se ha tornado dramática, el asedio del extractivismo y la pandemia marcan uno de los momentos más complejos de los pueblos indígenas en la Amazonia. Sin embargo, voces en defensa de la Amazonia claman por la autoconvocatoria para hallar una solución.
La Amazonía se está inundando de muerte. El COVID-19 está agravando el etnocidio y ecocidio de esta región que es esencial para la estabilidad del ecosistema de la Tierra. La destrucción de la Amazonía nos acerca más al precipicio y a la hecatombe climática. Una humanidad saludable y con futuro necesita de bosques y pueblos amazónicos vivos. ¿Quépodemos hacer?
El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó una nota señalando que a través de su Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), lograron que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) promulgue una Resolución Administrativa – RA N° 084/2020 – que establece requisitos fitosanitarios para la “importación de plantines de eucalipto (Eucalyptus spp) en sustrato inerte (sin ningún tipo de bacteria o microbio), para la implementación de plantaciones forestales comerciales permitiendo mejorar la calidad y el rendimiento por hectárea.”[1]
De acuerdo a la nota del MMyA, la RA N° 084/2020, del SENASAG establece los requisitos para importar plantines de Eucalyptus spp, este nombre científico corresponde a una nomenclatura binominal, que es un sistema simplificado de clasificación biológica mediante la combinación de dos nombres correspondientes al género y a la especie. Entonces, Eucalyptus vendría a ser un género de árboles de la familia mirtáceas, mientras que la sigla spp es una abreviación para especies, es decir, todas aquellas que conforman este género de árbol[2]. De esta forma, al mencionar que se aprobó la importación de plantines de Eucalyptus spp de hecho, se está señalando que se aprobó la importación de cualquiera de las más de 280 especies de eucaliptos que existen en el mundo[3].
¿Por qué esto es importante? La pauta la da la segunda parte de la nota del MMAyA, cuando señala que la importación de eucaliptos es parte de “un paquete tecnológico que será introducido en las plantaciones forestales” el cual, según este comunicado, fue olvidado y dejo a Bolivia rezagada en comparación con los demás países de la región. Además, añaden que se utilizará eucaliptos con “material genético con característica inmunológica más fuerte que permite el desarrollo óptimo de la especie” logrando “mayor tasa de crecimiento y densidad de madera” y permitiendo avanzar hacia la modernización de las plantaciones forestales comerciales en el país. Llaman la atención dos aspectos: por un lado, la alusión a paquetes tecnológicos y material genético con características propias que supuestamente permiten mayores rendimientos y la modernización del sector y, por el otro lado, el abanico de posibilidades que abrió la RA N° 084/2020 para la introducción de cualquier especie de eucalipto.
La pregunta es ¿acaso con la RA N° 084/2020 del SENASAG se quiere viabilizar la introducción de eucaliptos genéticamente modificados al país? Dada la reciente aprobación por parte del Gobierno transitorio del Decreto Supremo 4232 que viabiliza al Comité Nacional de Bioseguridad llevar a cabo procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénica, dicha hipótesis no resulta tan descabellada.
Al respecto, la empresa brasilera Futura Gene arguye ser una de las primeras entidades en haber desarrollado un eucalipto genéticamente modificado (H421), el cual supuestamente ofrece un 20% más en la productividad de madera[4]. Durante 2015 el Comité Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) del Brasil aprobó la libre comercialización y uso de este eucalipto transgénico en todo su territorio[5].
En la nota del MMAyA se destaca que se contará con las bondades ambientales de estos plantines importados. Por un lado, como una posibilidad para la lucha contra al cambio climático puesto que estos serían “muy eficientes en la captura de CO2” y, por otro lado, porque “no degradan los suelos y se adaptan muy bien en tierras con baja cantidad de nutrientes”.
Efectivamente, los arboles del genero Eucalyptus son eficientes fijadores de CO2, pero eso es solo una cara de la moneda, ya que las plantaciones forestales comerciales también generan importantes emisiones CO2 durante todo su proceso productivo. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de captura de CO2 del Eucalyptys grandis ronda los 245 t CO2/ha-7años, mientras que la huella de carbono del ciclo de vida de las plantaciones forestales comerciales – que abarca las etapas de producción de plantines, siembra y mantenimiento hasta el corte del árbol – es de -239 t/ha-7años[6]. Existiendo, por supuesto, diferencias y particularidades propias a cada contexto y ecosistema.
Respecto a la degradación de los suelos, desde los años 80 existe un intenso debate científico sobre los efectos de plantaciones forestales de eucaliptos sobre los suelos. En general, el grado de afectación (o beneficio) está estrechamente vinculado a condiciones específicas del ecosistema y sobre todo al tipo de suelo. En Bolivia se cuenta con diversos estudios referentes a los distintos efectos de las plantaciones forestales de eucaliptos en los suelos locales, como por ejemplo, en el caso del Valle Alto de Cochabamba donde se observó que este tipo de plantaciones generaron cambios fisicoquímicos en los suelos – volviéndolos ligeramente más salinos y cambiando la estructura y textura del suelo – en relación a las parcelas agrícolas perimetrales a las plantaciones.[7]
Estas mismas afectaciones se presentan en otros países de la región. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que posee plantaciones forestales de eucaliptos desde finales de los años 80 y actualmente cuenta con alrededor de 770 mil hectáreas,[8] los monocultivos de eucaliptos sobre los suelos de praderas hicieron que se volvieran más ácidas e inhabitables para otras especies de plantas nativas. Igualmente, se observó una disminución del material orgánico y la Capacidad de Intercambio Catódico del suelo, así como un cambio en su estructura y textura que afecta la capacidad de filtración del agua.[9]
Las plantaciones forestales de eucalipto no solo presentan problemas ambientales, sino que también acarrean consecuencias sociales importantes. En Brasil, por ejemplo, con 5,7 millones de hectáreas cultivadas es uno de los principales productores del mundo;[10] esta gran producción llevó a que en los Estados de Bahia y Espirito Santo – dos de las principales áreas productoras – suplanten en gran medida el Bosque Atlántico Nativo[11] por “desiertos verdes” – denominación local a las plantaciones industriales de eucaliptos. La formación de estos “desiertos verdes” capitalizados en manos de las firmas forestales condujeron a un proceso de cooptación de tierras y al desplazamiento de las comunidades locales – tanto afro-brasileñas Quilombera como indígenas Tupiniquim – de sus territorios, sin mencionar la exposición de estas comunidades al bombardeo de agroquímicos tóxicos realizados en las plantaciones circundantes.[12]
La nota del MMAyA termina haciendo referencia a los beneficios económicos de la introducción de estos plantines para el sector forestal. La nota señala que las plantaciones industriales al tener mayor uniformidad “reducen los costos de manejo, generando mayor productividad por hectárea” permitiendo “múltiples aplicaciones industriales con alta demanda en mercados internacionales” fortaleciendo así, “las condiciones de la producción nacional de madera para consumo interno y la exportación”.
Según el Mapa de Bosque del 2013, Bolivia tiene alrededor de 51.407.000 hectáreas de bosque en todo su territorio, clasificados en 9 tipos de distintos[13]. De acuerdo al Censo Agropecuario del 2013, la superficie de uso forestal en Bolivia es alrededor de 13.844.734,6 ha, de las cuales apenas 150.219,3 ha corresponden a plantaciones forestales maderables[14]. De estas 150.219,3 ha, solo 20.995,4 son plantaciones forestales de eucaliptos, las cuales se encuentran mayormente en Chuquisaca (8.783,6 ha), Cochabamba (4.023,1 ha), Potosí (4.023,1), La Paz (2.733,4 ha) y Santa Cruz (2.205,5 ha).[15]
En base a estos datos, nos preguntamos si ¿realmente es viable pensar que Bolivia puede competir con los países vecinos que son líderes mundiales en plantaciones forestales de eucaliptos? Parecería insulso y sin criterio económico apuntar a tratar de competir con Brasil, Uruguay o Chile (los cuales poseen hasta 270, 37 y 31 veces más hectáreas plantadas de este árbol, respectivamente). Sin embargo, la idea de ampliar las plantaciones forestales comerciales se extiende más allá de las políticas del Gobierno transitorio de Añez, ya que se encuentra presente en las agendas de gobierno de los principales partidos políticos[16] .
Por otro lado, cabe preguntarse ¿dónde se planea implementar estos plantíos forestales de eucaliptus? ¿se planea expandir las plantaciones existentes en la zona del altiplano y valles, o más bien, utilizar el eucalipto para “reforestar” las áreas deforestadas por la expansión de la frontera agropecuaria y las quemas descontroladas? Lamentablemente, la nota del MMAyA no brinda ninguna luz al respecto.
En todo caso, la cuestión de fondo es ¿por qué el gobierno transitorio se esmera en fortalecer un modelo económico con alto impacto socio-ambiental, en vez de, por ejemplo, promover una regeneración de los 9 tipos de bosques nativos que se encuentran en el país y desarrollar una agro-forestería comunitaria orientada a abastecer nichos de mercados con diversos productos de origen no maderable?
[7] Flores, E (2009) Efecto de las plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus L.) sobre los suelos de comunidades asentadas en la red ferroviaria Cochabamba-Cliza, En: Acta Nova. Vol. 4, Nº 2-3, diciembre 2009, pp. 338-355. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n2-3/v4n2-3_a12.pdf
[11] El Bosque Atlántico subtropical que ocupa el territorio de Brasil, este de Paraguay y norte de Argentina y Uruguay. Este bosque abarcaba originalmente el 15% de todo el territorio brasilero y es de hecho uno de los bosques más amenazados del mundo, donde durante el periodo 2018-2019 se deforestó 14.502 hectáreas solo en el Brasil. Véase: https://www.sosma.org.br/noticias/desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-quase-30/
[13] Los tipos de bosque son: Amazónico con 19.402.388 ha (representa el 37% del total); Chiquitano con 8.645.849 ha (representa el 16,8%); Seco Interandino con 172.227 ha (representa el 0,3%); Tucumano Boliviano con 3.322.885 (representa el 6,5%); Chaqueño con 9.098.162 ha (representa el 17,7%), Llanuras Inundables con 3.047.598 ha (representa el 5,9%); Pantanal con 1.147.401 ha (representa el 2,2%); Yungas con 6.565.994 (representa el 12,8%); y Andino con 4.496 (representa el 0,01%). Véase: https://observatorioccdbolivia.files.wordpress.com/2015/06/01-memoria-tecnica-mapa-bosque-2013-otca.pdf
[14] La superficie de plantaciones forestales maderables se concentra principalmente en Santa Cruz con el 34,9% (52.456,3 ha), seguido por Beni con el 16,3% (24.543,8 ha), Chuquisaca con el 18,5% (27.856,2 ha) y La Paz con 15,1% (22.754,7 ha). Véase: Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.
[15] Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.
A principios de Mayo la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliana Capobianco, realizó una conferencia de prensa sobre los transgénicos y la seguridad alimentaria de los bolivianos. En esta conferencia dijo: “Ante la crisis del coronavirus, creo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener alimentos en nuestra mesa. Aquí les muestro, por eso están aquí en la mesa estos productos, muchos de estos alimentos o bebidas que consumimos todos los días.¿Quién no ha comido un Sniker, un chicle Clorets, un m&m, la mayonesa Rika, las zucaritas de Kellogs o estos Cheerios…? Esta es nuestra realidad en Bolivia”.Continúa leyendo ¿Quién alimenta a Bolivia?
De acuerdo al informe presentado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) hasta finales del mes de marzo de este año se registraron un total de 4.288 focos de quemas acumuladas en todo el país; donde la amplia mayoría se suscitaron en Santa Cruz (3.625 focos) y en el Beni (282 focos). Asimismo, del total de focos registrados, 600 focos se dieron en 16 áreas protegidas nacionales y sub-nacionales de Santa Cruz y Beni (Tabla I).
El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas. De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).
Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?
Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí
[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.
El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].
Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]
Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia
De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.
Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales
Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.
Clase de propiedad
Área
Pago al contado (ufv/hectárea)
Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y Mediana
Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)
235
313
Empresa y Mediana
Otras áreas
157
235
Pequeña Mediana
TPFP y otras áreas
117
117
Comunidad
TPFP y otras áreas
39
39
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013
La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).
Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]
Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos
Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.
A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].
La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].
Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).
Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171
Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.
Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].
En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.
[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html
[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.
