El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas. De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).
Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?
Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí
[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.
El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].
Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]
Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Ley que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Ley que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia
De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.
Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales
Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.
Clase de propiedad
Área
Pago al contado (ufv/hectárea)
Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y Mediana
Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)
235
313
Empresa y Mediana
Otras áreas
157
235
Pequeña Mediana
TPFP y otras áreas
117
117
Comunidad
TPFP y otras áreas
39
39
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013
La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).
Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]
Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos
Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.
A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].
La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].
Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).
Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171
Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.
Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].
En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.
[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html
[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.
La Constitución Política del Estado establece que “el desarrollo rural integral sustentable” debe tener “énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria” (art. 405) y “promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos” (art. 407). La seguridad alimentaria hace referencia fundamentalmente a la disponibilidad de alimentos para satisfacer las necesidades de la población mientras la soberanía alimentaría va más allá y promueve la agroecología como alternativa frente a la agroindustria; prioriza la producción local; garantiza el derecho de los ciudadanos a saber y definir qué consumen; destaca el derecho de consumir lo que es necesario; impulsa la producción de alimentos por productores familiares y comunitarios; apoya el uso de semillas indígenas y el conocimiento tradicional; garantiza la redistribución de los latifundios y el acceso a la tierra, al agua y otros recursos para los productores pequeños y comunitarios; impulsa emprendimientos sociales y públicos para la producción y distribución de alimentos; asegura el derecho a una alimentación sana, variada y nutritiva; y promueve prácticas que contribuyan a restablecer la armonía con la naturaleza, evitando una mayor desertificación, deforestación y destrucción de la diversidad biológica. Continúa leyendo Soberanía alimentaria: La brújula perdida
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.
La producción de biocombustibles según el gobierno busca garantizar la seguridad energética en el país. La meta del gobierno es producir 380 millones de litros de etanol hasta el 2025 para lo cual se requiere duplicar las plantaciones de caña de azúcar pasando de 150.000 a 305.000 hectáreas.[1] Asimismo, para producir 100 millones de litros de biodiesel se requieren 250.000 hectáreas nuevas de soya[2]. En total estos agro-combustibles requieren de 400.000 hectáreas adicionales.
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.
Los programas de los partidos políticos en general destacan al sector agroexportador. BdN es el que más prioriza a este sector, seguido por CC y luego el MAS. Este último es el único que explícitamente habla de expandir la frontera agropecuaria aunque ya no habla de triplicar las cabezas de ganado como lo hacía en la Agenda Patriótica del 2013. Todos proponen “alianzas estratégicas entre el sector público y privado” y mencionan ciertos beneficios para incentivar la productividad del sector agropecuario exportador. El que más lejos va es BdN que propone eliminar las barreras y restricciones “injustificadas” a la exportación agroalimentaria y plantea negociar nuevos acuerdos (de libre) comercio.
Ninguno hace la conexión entre el sector agropecuario exportador y la deforestación galopante. Ninguno plantea evaluar los costos y beneficios reales de este sector. Ninguno hace mención a la fuerte presencia de extranjeros en el sector del agro negocio. Ninguno propone hacer una reingeniería del agro negocio por sus graves impactos ambientales. Continúa leyendo Agroindustria: Énfasis en el agronegocio exportador
Of all the ways to die, the most painful is by fire. Feeling your skin char, the flames invading even your bone marrow and screaming until your voice melts, you plead for cardiac arrest.
In the times of the inquisition witches and heretics were burned at the stake. Today human bonfires are prohibited. Since World War II and the Nazi Holocaust, the cremation of the living is considered a crime against humanity. No government would consider promoting policies of human incinerations, yet torching other living beings is on the rise in various countries on Earth.
Supporting itself on a branch with its three claws, a sloth smiles, without sensing what is coming. It just finished eating a few leaves and it readies itself for its never-ending nap to help along digestion. Sloths are the slowest mammals on Earth. Their lives of repose have allowed them to survive for 64 million years, much longer than humans and other more agile animals.
The fire remains unseen but travels at the speed of the wind. The sloth sleeps.
“The fire was an accident,” exclaim the politicians. In 2019, how can there be a fire that razes 957,000 hectares (3,700 square miles)? This is sixty times the area of Bolivia’s capital of La Paz. It’s almost the entirety of the Isiboro Sécure National Park and Indigenous Territory (TIPNIS). A fire of these dimensions is not the product of one or one hundred accidents; it is the product of thousands of fires all started in recent days.
Every year there is chaqueo (slashing-and-burning) but this time it has been multiplied a thousand-fold by the government’s call to expand the agricultural frontier. Ethanol and biodiesel require hundreds of thousands of hectares for inputs like sugar cane and soy. To this, add meat exports to China which require millions of hectares of pasture for cattle. There are also the political land grants and illegal settlements in forest areas. What is happening is no accident. Five years ago, the Vice President Alvaro Garcia Linera challenged Bolivian agro-industrialists to expand the agricultural frontier by one million hectares (3,860 square miles, or two-thirds of Connecticut) per year. That target figure has been reached, but with lands devastated by fire, not productive agricultural lands.
The fire approaches. First a spark, then another. Ash falls on the fur that camouflages the sloth. It wakes, confused, without understanding what is happening. It feels burning pinpricks and lets out a painful moan as it slowly moves in search of refuge.
This is Bolivia. The country where Mother Earth has rights. Where there is a law that says forests, rivers and sloths have the right to life and to “maintain the integrity of the life systems and natural processes which sustain them.” A country where schizophrenia is in power. Where the President gives speeches at international meetings in defense of Pachamama, the Mother Earth revered by the indigenous people of the Andes, while in Bolivia the rights of Mother Earth are violated. A country where in just 24 hours the parliament unanimously approves a law for the massive expansion biofuel production. Not a single parliamentarian speaks for the forests that, even then crackling at more than 300 degrees centigrade. The legislators all celebrated Bolivia’s entry into the era of biofuels. The same happened with the export of meat to China. None demanded prior environmental impact studies.
The fires this year are the product of a reelection strategy for national elections to be held in October. From a prior position of opposition to biofuels, the government flipped 180 degrees – without even blushing – to promoting ethanol and biodiesel as “green energy” sources. The idea is to grow agribusiness of Bolivia’s eastern lowlands to win their support in the elections. The same with the cattle producers, and large refrigerated shipping companies. Following the example of Paraguay which devastated their forests to feed cattle, the Bolivian government cleared agribusiness a pathway to export meat to China.
The dry leaves start to catch fire. The sloth hangs, climbing in slow motion until it reaches another tree. Anguish is reflected in its face. Smoke filling its lungs, it breathes with difficulty. Without hurrying or pausing it continues its climb. Occasionally wavering, it’s sustained by claws and survival instinct.
The candidates, who have said little or nothing about deforestation, biofuels and meat exports, run to the disaster areas for photo opportunities. Among themselves they look for who to blame, but no one wants to point to the development model of agribusiness in the eastern lowland capital of Santa Cruz, which is responsible for most of Bolivia’s deforestation. In 2015, of the 240,000 hectares deforested in Bolivia, 204,000 hectares were in Santa Cruz. In 2012, when deforestation in Santa Cruz stood at 100,000 hectares, 91% was illegal. By 2017, with a stroke of the pen the government had declared legal one-third of that deforestation.
Nature should not be burned at the stake, legally or illegally. Setting fire to a forest or other living beings, human or not, is a crime that degrades the human condition.
The sloth reaches the top of the highest tree, an imposing mapajo (ceiba pentandra) 70 meters tall. The horizon is in flames. It is said the sloth lives slowly to not die fast. Now all depends on the fortitude of a 300-year-old tree. Hopefully the winds will help. No chance of rain. In the distance the President’s helicopter flies over the inferno. He talks of evacuating people without uttering a word about the sloth or the other beings of Mother Earth.
In a few days the candidates will return to campaigning, some to challenge totalitarianism and others to camouflage it, but none to denounce the anthropocentric totalitarianism we carry inside.
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tiene una intención de voto superiores al 5%: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dijo No.
El 2016 se deforestaron 295.777 hectáreas según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Hace unos días, la misma ABT habla de 953 mil hectáreas de bosques quemados en lo que va del 2019 y dice que en solo cinco días el fuego arrasó con 471 mil hectáreas de bosques en la Chiquitanía[1]. La deforestación es sin duda el tema de mayor preocupación en relación a la naturaleza, sin embargo los partidos le dedican poca atención en sus programas y prefieren no hablar de las causas de fondo que están alimentando esta hoguera de biodiversidad que se produce cada año en Bolivia. Todos obvian mencionar a la soya, al modelo cruceño del agro negocio, a la ganadería, a los biocombustibles, a los asentamientos ilegales y al chaqueo como los factores que se deben encarar para frenar este gran flagelo a la naturaleza. Continúa leyendo Deforestación: Que siga la hoguera
