TUNUPA 104: Consulta para el Consentimiento Libre Previo e Informado de los Pueblos Indígenas

Invitamos a leer el TUNUPA Nº104 dedicado al tema de la Consulta y Consentimiento a los pueblos indígenas en Bolivia. Formato PDF

Índice: 

Mega Hidroeléctricas: La “consulta” sin consentimiento

En los Términos De Referencia (TDR) de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de las mega hidroeléctricas de El Bala-Chepete (Beni) y Rositas (Santa Cruz) se establece una “consulta pública” que no guarda ninguna relación con la consulta libre, previa e informada establecida en el Artículo 30 y el Artículo 352 de la Constitución Política del Estado, ni con el Convenio Nº169 de la OIT o con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Continúa leyendo Mega Hidroeléctricas: La “consulta” sin consentimiento

La consulta a los pueblos indígenas en el sector de hidrocarburos

La consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas en el sector de hidrocarburos está reglamentada en Bolivia por el Decreto Supremo 29033 de 16 de febrero de 2007. Esta norma establece los procedimientos para el proceso de consulta y participación de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas (exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y distribución de gas natural por redes) en sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO), propiedades comunitarias y tierras de ocupación y acceso.

Según esta norma el proceso de consulta tiene las siguientes características:

07.PNGEsta norma ha sido modificada en tres oportunidades por los Decretos Supremos 29124, 29574 y 2298 con el objetivo de acelerar el proceso de consulta en perjuicio de los pueblos indígenas. El Decreto Supremo 2298 establece que en los casos que no pueda desarrollarse o concluirse el proceso de Consulta y Participación por causas no atribuibles a la autoridad competente, ésta emitirá una resolución administrativa para concluir con el proceso de Consulta y Participación. Esta resolución administrativa será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental, y pasar a la fase de ejecución de las actividades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la consulta para el consentimiento previo, libre e informado

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una instancia legalmente vinculante y cuya jurisdicción es reconocida por Bolivia. Esta Corte ha emitido sentencias con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta para el consentimiento libre, previo e informado. Su jurisprudencia es una de las fuentes de derecho más importantes al respecto.

En su sentencia del año 2012 sobre el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador señala en el parágrafo 177: “La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo o la comunidad, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Asimismo, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto. Por último, la consulta debe tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de decisiones. El incumplimiento de esta obligación, o la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, comprometen la responsabilidad internacional de los Estados.”

Y en el parágrafo 186 remarca que “la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como ‘un verdadero instrumento de participación’ ‘que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas’”.

En ese sentido, la Corte señala que “la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”.

Así mismo, la Corte en el parágrafo 205 determina que “los Estudios de Impacto Ambiental ‘sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad’, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, ‘con conocimiento y de forma voluntaria’”.

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Infográfica: Consulta para el Consentimiento Libre Previo Informado y de Buena Fe


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Los elementos de la consulta para un consentimiento libre, previo, informado y de buena fe están interrelacionados y no deben ser aislados o fragmentados. El objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas antes de la adopción y aplicación de cualquier ley, proyecto u acción susceptible de afectarlos (previo), no debe haber interferencias ni presiones (libre), debe facilitar toda la información de manera oportuna, objetiva, precisa y adecuada (informado), debe darse en un clima de confianza (buena fe) y respetando los usos y costumbres, formas de organización y autoridades de los pueblos indígenas.

Consulta y Consentimiento en la Constitución de Bolivia

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia contiene un capítulo especial sobre los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y cuatro de sus artículos desarrollan el tema de la consulta libre, previa, informada y de buena fe. Continúa leyendo Consulta y Consentimiento en la Constitución de Bolivia

Historia de la Obligación Internacional de Bolivia para la Consulta a los Pueblos Indígenas

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El Convenio Nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en 1957, fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enunció los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los Estados al respecto. Este convenio usaba términos condescendientes e incluso hacía referencia a estas poblaciones como “menos avanzadas” promoviendo una visión desarrollista.

El Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, adoptado en 1989, contempla varias medidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Estas consultas deben “efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Bolivia ratificó el Convenio Nº169 el año 1991.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas -después de más de dos décadas de negociación- fue adoptada el año 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un año más tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó con el voto a favor de 143 estados. El Artículo 19 de esta declaración dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

El 7 de noviembre de 2007, mediante Ley Nº 3760, Bolivia eleva a rango de ley los 46 artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum y promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de su Artículo 256 eleva a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como son el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.