Boletín Nº2: ¿Qué es una Defensoría de la Madre Tierra?

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Contenido:

Roles distintos en relación a la Madre Tierra

En Bolivia existen instituciones que tienen competencias relacionadas al control, fiscalización y protección ambiental pero que son de diferente índole que las de una Defensoría de la Madre Tierra. Algunas dependen del Órgano ejecutivo y otras son parte del órgano judicial. Entre las primeras figura por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Entre las segundas esta el Tribunal Agroambiental y sus juzgados.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)[1]tiene entre sus atribuciones “Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del agua en todos sus estados, sean estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciales, humedales, minerales, medicinales”.

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT)[2] es una entidad que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que tiene por misión elaborar la Política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien, administrar los recursos del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, y coadyuvar en los procesos de negociación internacional sobre Cambio Climático.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)[3] fiscaliza, controla, supervisa y regula los sectores Forestal y Agrario. Esta institución viene de las ex – superintendencias y actualmente está bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entre sus competencias figura: “Otorgar autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución”, “Ejecutar acciones de prevención, control y fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales”, “imponer sanciones a los cambios de uso de suelo no permitidos ni autorizados”, “plantear ante la instancia competente la necesidad de expropiación de tierras por la causal de conservación y protección de la biodiversidad”, y “Requerir a autoridades políticas, administrativas, jurisdiccionales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, su participación en la tutela efectiva del Régimen Forestal”.

El Tribunal Agroambiental[4] y sus juzgados son responsables de impartir justicia especializada en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad.  Entre las competencias de los jueces agroambientales figura “Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano”, y “Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia”.

Normas, instituciones y su funcionamiento

Una buena norma es fundamental para el establecimiento de una institución que funcione de manera adecuada, sin embargo, no es garantía de que dicha entidad funcione siempre como corresponde. En la historia de la Defensoría del Pueblo, de las Tribunales Electorales, de los órganos judiciales y de otras instancias en Bolivia y en otros países, ha habido períodos en los que las instituciones, a pesar de contar con una normativa bien concebida, han atravesado períodos de un accionar negativo. Ello depende también de factores como las personas que los dirigen e integran; su independencia o relación con los otros órganos; la coyuntura política, económica y social; y la vigilancia e intervención de la sociedad civil para que dicha institución cumpla con las funciones para las que ha sido creada.

En el caso boliviano es de destacar que, desde la promulgación de la ley de Derechos de la Madre Tierra en el año 2010, son casi inexistentes las acciones judiciales interpuestas por la sociedad civil o las autoridades para el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. En el Ecuador existen más de veinte sentencias sobre derechos de la naturaleza[5]. Algunas sobre tiburones, jaguares, minería, ríos, transgénicos, bosques y otros temas vinculados a los Derechos de la Naturaleza.

En relación a los derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza no existe un amplio desarrollo doctrinario y jurisprudencial como existe en otros derechos. El camino de los derechos de la Madre Tierra está en construcción y toda norma evoluciona con el tiempo y se ajusta en función de la experiencia. En este sentido, es fundamental analizar y discutir de manera fundamentada y propositiva para profundizar el camino de los Derechos de la Madre Tierra.


[1] Decreto Supremo N° 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, 7 de febrero de 2009.

[2]Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien, 15 de octubre de 2012

[3] Decreto Supremo Nº 71, 9 de abril de 2009.

[4] Ley del Órgano Judicial, 24 de junio de 2010

[5] http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/

Defensoría de la Madre Tierra

En Ecuador la Defensoría de la Naturaleza la ejerce la Defensoría del Pueblo, mientras en el caso de Bolivia la ley 71 de 2010 estableció: “Se crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, establecidos en la presente Ley. Una ley especial establecerá su estructura, funcionamiento y atribuciones”.

La ley especial que establezca la estructura, funcionamiento y atribuciones de la Defensoría de la Madre Tierra debe recoger las disposiciones constitucionales establecidas para la Defensoría del Pueblo y aplicarlas a la Madre Tierra como sujeto de derechos.  En el proyecto de ley de la Defensoría de la Madre Tierra que está siendo considerado en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados figuran las siguientes atribuciones:

  1. Recomendar el desarrollo e implementación de estrategias que busquen garantizar los derechos de la Madre Tierra
  2. Sugerir la implementación de políticas, planes y acciones que salvaguarden las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y dinámicas vitales de la Madre Tierra y de sus sistemas de vida.
  3. Recomendar el cumplimiento de los compromisos nacionales ambientales establecidos en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales.
  4. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  5. Interponer las acciones previstas ante la jurisdicción agroambiental, con la finalidad de prevenir daños a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  6. Interponer acciones ordinarias y constitucionales, para la protección y defensa de los derechos de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  7. Promover la protección de los derechos de la Madre Tierra con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en el ámbito de sus competencias.
  8. Presentar anteproyectos de Ley o propuestas normativas en materia de su competencia.
  9. Solicitar a las autoridades, servidores públicos, representantes legales de empresas públicas y mixtas o autoridades indígenas originario campesinas de acuerdo a sus usos y costumbres, la información que requiera para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.
  10. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de acciones correctivas y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos de la Madre Tierra, a las instituciones públicas y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.
  11. Elaborar los reglamentos y la normativa interna para el ejercicio de sus funciones, en el marco de la presente Ley, generando mecanismos de participación social que comprenda a las organizaciones sociales y sociedad civil organizada.
  12. Coordinar con la Defensoría del Pueblo cuando en la defensa de la Madre Tierra “Pachamama” se identifiquen vulneraciones a derechos individuales o colectivos.

Los mecanismos a través de los cuales intervendría la Defensoría de la Madre Tierra son:

  1. Orientación y asesoría sobre derechos de la Madre Tierra.
  2. Recordatorios ante omisión de respuesta.
  3. Facilitación.
  4. Investigación por denuncias.
  5. Investigación de oficio.
  6. Seguimiento a denuncias.
  7. Audiencias Públicas cuando se determine su pertinencia.
  8. Espacios permanentes de participación y control social para la defensa de la Madre Tierra.

La Defensoría de la Madre Tierra al igual que la Defensoría del Pueblo podría emitir las siguientes resoluciones:

Recomendaciones

  • Cuando se trate de la rectificación, modificación o medidas que eviten la violación de los derechos de la Madre Tierra.
  • Cuando se trate de interponer acciones legales para la restauración, reparación o rehabilitación de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  • Cuando se trate de una política pública o acción que tenga incidencia en la afectación y deterioro relevante a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  • Cuando la conducta de la autoridad o servidora o servidor público constituya afectación a los derechos de la Madre Tierra, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Recordatorios o exhortaciones

  • Cuando el Estado tenga la obligación de implementar o adoptar normas o procedimientos que emerjan de obligaciones asumidas en materia derechos de la Madre Tierra.

Sugerencias

  • Cuando sean necesarios ajustes o correcciones a normas de carácter administrativo, posibilitando su mejora y correcta aplicación o en su defecto la necesidad de su elaboración.

Censura Pública

  • Cuando la autoridad, servidora o servidor público no hubiera adoptado la recomendación o recordatorio, o las razones que estime para no adoptarlas no sean justificadas, la Defensoría de la Madre Tierra emitirá Censura Pública

Según este proyecto de ley en caso de existir los suficientes elementos de convicción de posibles daños a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida, la Defensoría de la Madre Tierra remitirá los antecedentes a la jurisdicción agroambiental, y en caso de evidenciar indicios de un hecho que configure delito ambiental, remitirá antecedentes al Ministerio Público.

Cuando la vulneración de los derechos de la Madre Tierra comprometa a la jurisdicción indígena originaria campesina, coordinará con sus autoridades y tendrá legitimación activa para la interposición de acciones constitucionales bajo los procedimientos definidos en la Constitución y las leyes en la defensa de la Madre Tierra.

Estructura de la Defensoría de la Madre Tierra

Según el proyecto de ley mencionado, esta Defensoría estaría dirigida por la Defensora o el Defensor de la Madre Tierra por un período de 6 años, similar al del Defensor del Pueblo, y sería elegido por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así mismo estaría conformada por Delegaciones Defensoriales Adjuntas y Defensorías Territoriales a ser definidas por su reglamento interno.

Derechos humanos y derechos de la Madre Tierra

La Defensoría de la Madre Tierra no es una instancia destinada a velar por el derecho a un medio ambiente sano para las personas, este es un derecho humano y vigilar su protección es una competencia de la Defensoría del Pueblo.  Claro que, si no se respetan y garantizan los derechos de la naturaleza, se vulnerarán también los derechos humanos. Por ejemplo, la contaminación o desaparición de un río no sólo afecta los derechos del río sino a los pobladores que usan dichas aguas. Los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra están interrelacionados, pero no son lo mismo. En el primer caso el sujeto de derechos es el ser humano mientras en el segundo caso es la Naturaleza con todos sus componentes: los lagos, los animales, las plantas, los glaciares, los bosques, la tierra, por citar sólo algunos.

Los derechos de la Madre Tierra

La defensoría de la Naturaleza o de la Madre Tierra es una institución que surge como consecuencia del reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza. Si la Naturaleza es sujeto de derechos entonces, al igual que los seres humanos, debe existir una instancia que proteja y defienda los derechos de la Naturaleza.

El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza está en permanente expansión a nivel internacional. Además de Ecuador y Bolivia que lo tienen reconocido a nivel nacional en su constitución o en una ley específica, existen a la fecha otros 25 países que cuentan con disposiciones legales locales, fallos judiciales y proyectos de leyes en torno a los Derechos de la Naturaleza.

En el caso de Bolivia la ley 71 reconoce los siguientes derechos de la Madre Tierra:

  1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.
  2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.
  3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
  4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
  5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.
  6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.
  7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas.

En el caso de Ecuador su Constitución establece:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

En Bolivia la defensa y respeto de los derechos de la Madre Tierra es un deber de todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que deben “Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y/o sus componentes”, y a “Acudir a la convocatoria de las autoridades competentes o la sociedad civil organizada para la realización de acciones orientadas a la conservación y/o protección de la Madre Tierra” (Ley 71, art. 9, incisos f y g)

La Madre Tierra/Naturaleza es un sujeto de derechos que ejerce sus derechos a través del accionar de los seres humanos, los pueblos indígenas campesinos originarios, la sociedad en su conjunto y las autoridades del Estado.

La experiencia boliviana

La Defensoría del Pueblo en Bolivia se creó por mandato constitucional a través de la Ley N° 1818 de 1997 que señalaba en su primer artículo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes”.

La Constitución de 2009 bajo el título de “Función de Defensa de la Sociedad”, ya no habla de la Defensoría del Pueblo como “Alto Comisionado del Congreso” y afirma que además de velar “por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos” tiene por misión “la promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior”.

La nueva Constitución señala que la “Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa” y que “en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”. 

Sus atribuciones

Según la Constitución sus atribuciones son:

  1. Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.
  2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia.
  3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan.
  4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna.
  5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura publica por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.

La Constitución establece que la Defensora o el Defensor del Pueblo “no será́ objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones”. La Ley 870 del Defensor del Pueblo de 13 de diciembre de 2016 señala que “En caso de la comisión de delitos, se aplicará el procedimiento de juzgamiento previsto en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, “Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia…”

¿Qué no es una Defensoría?

La Defensoría del Pueblo al no ser una entidad del Órgano Ejecutivo no dicta ni aplica disposiciones de gestión gubernamental, no otorga ni revoca permisos, licencias u otro tipo de instrumentos que están bajo tuición de los distintos niveles de gobierno. La Defensoría del Pueblo no es un tribunal que juzga, dirime conflictos o sanciona a los transgresores de la ley. Las defensorías emiten recomendaciones y sugerencias para la inmediata corrección de ciertas determinaciones del Órgano Ejecutivo y judicial, pero ellas en sí mismas no tiene la facultad de aprobarlas, rechazarlas, ejecutarlas o juzgarlas. La Defensoría puede instar al Ministerio Público a iniciar una acción legal y ser coadyuvante en las acciones de defensa cuando constata que ha sido violado un derecho individual o colectivo, pero ella no remplaza las funciones del Ministerio Público.

El origen de las Defensorías

La figura de la Defensoría aparece por primera vez en Suecia en 1809 con el nombre de Ombudsman. Ombud en sueco quiere decir agente, representante, delegado y man hombre.

En sus orígenes suecos el Ombudsman era un órgano particular del poder legislativo destinado al control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios de la administración pública. El ombudsman estaba facultado para demandar ante la Justicia a quienes en el ejercicio de su función hubiesen cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. El Ombudsman tenía por misión prevenir los abusos de la administración pública y de los jueces.

El Ombudsman se fue expandiendo por diferentes países adoptando diferentes denominaciones. En Francia se denomina Mediateur de la Republic por considerar que actúa como un nexo o mediador entre la burocracia y el público. En Israel se le conoce como Comisionado Parlamentario para las Quejas del Público, en Sudáfrica Protector Público, en Italia Defensor Cívico. En algunos casos el Ombudsman es nombrado por el Parlamento, en otros por el Poder ejecutivo.

La incorporación de la figura del Ombudsman en la región latinoamericana, surge en los años 90 durante la “transición democrática” que siguió a las dictaduras militares, y tiene influencia de la variante española del Ombudsman. El primer Defensor del Pueblo de América Latina fue establecido en 1985, en Guatemala, con el nombre de “Procurador de los Derechos Humanos” con rango constitucional, como consecuencia de los acuerdos de paz. Desde entonces, la institución se ha extendido por todo el continente americano con diversos nombres y algunas variaciones en sus atribuciones.[1]

La función primordial del Ombudsman en América Latina, que asumió la denominación de Defensoría del Pueblo, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisionado de los Derechos Humanos y otras, es la de velar por el respeto de los derechos del individuo. La Defensoría es una instancia de protección y defensa de los derechos humanos.

Tres rasgos caracterizan a esta institución: 1) Ser independiente tanto del poder ejecutivo como del poder judicial para ejercer su rol de vigilancia y defensa; 2) Atender las quejas o denuncias contra injusticias o errores administrativos; y 3) tener el poder de investigar, criticar, y dar publicidad a sus acciones.[2]

La Defensoría del Pueblo recibe financiamiento del Estado, pero tiene absoluta independencia para actuar frente a los diferentes órganos del Estado.

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[1]Revisar:

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2006). La figura del Ombudsman. Revista IIDH. Extraído de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/22612.pdf

Valladares, L. (1995). El Ombudsman como canal de acceso a la justicia. Revista IIDH.

Volio, L. G. (2009). Los Ombudsman en América Latina y su incidencia política. IIDH Magazine

Bousta, R. (2018). El Ombudsman francés: análisis crítico de una reforma constitucional. Cuestiones constitucionales, (39), 371-387.

Pareja, M. T. (2004). El defensor del pueblo: un estudio con especial referencia al Ecuador. Konrad Adenauer-Stiftung.

[2] Donal Roward, EL ombudsman, p 39