Autobiografía de Gladys Oroza de Solón

[Sucre, octubre de 2009]

Mis actividades de lucha por la justicia comenzaron cuando era estudiante en la Escuela Normal de Sucre donde me gradué como profesora de Educación Musical. Fui dirigente de la Sección Musical cuando el año 1944 o 1945 el gobierno de entonces realizó un atentado contra la vida de José Antonio Arze fundador del PIR, y Javier Torres Goytia, quien era Secretario Ejecutivo de la FUL de la Universidad San Francisco Javier. Me gradué y fui a trabajar a la ciudad de La Paz para ingresar a la Universidad, deseaba estudiar Filosofía y Letras y también continuar mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música.

Desafortunadamente no continué mis estudios porque me casé, nació José Carlos y regresé a Sucre con José Carlos pequeño, su padre se fue a Francia y no supimos de él hasta que mi hijo tenía 11 años aproximadamente, para entonces, después de divorciarnos ya estuve casada con Walter Solón, eso fue el 5 de junio de 1954. Trabajé como maestra en todos los ciclos de enseñanza en Sucre y La Paz. Residimos en la ciudad de Sucre donde Walter pintó los murales y cuando esperaba a Pablo, Walter viajó a La Paz a pintar el mural en el edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, yo me quedé en Sucre hasta que Pablo naciera.

El año 1958 me trasladé a La Paz. El año 1961, por examen de competencia y concurso de méritos opté a la asignatura de Literatura Infantil, Rítmica y Rondas en la Escuela Normal Superior, en los cursos de profesionalización docente. En esa oportunidad Paz Nery Nava, ilustre maestra poetiza y escritora, me invitó a participar del Comité de Literatura Infantil que recién se organizaba. Con la ayuda de la bibliografía que Walter me traía de sus viajes y de Paz Nery Nava diseñamos el primer programa de Literatura Infantil que en un Congreso de Normales fue incluido como parte de los programa de estudio de las normales. El año 1962 viaje a México donde estudié Literatura Infantil en el Instituto Normal Superior, al retornar al país me reintegré al Comité de Literatura Infantil. En ese entonces la institución femenina CONIF me condecoró con un Diploma y la Kantuta de Plata por mi labor a favor de la literatura infantil.

En 1971, cuando se dio el golpe de Estado por Banzer, fui retirada de la Escuela Normal Superior y me dieron un cargo de profesora de música en el colegio Hugo Dávila, lo queme significó descenso en mi categoría del magisterio, cuando pregunté el porqué me dijeron: “pero su hijo había sido guerrillero” les respondí: “que a mucha honra” y no solicité otro cargo, sin embargo el Director de Educación Musical que fue mi compañero en la Normal y conocía mi trayectoria como maestra me llamó para decirme que podía trabajar en el colegio Hugo Dávila, ofrecimiento que acepté porque el colegio donde José Carlos comenzó su lucha apoyando a su director en una huelga de hambre.

En 1972 ingresé a la organización UMBO Unión de Mujeres de Bolivia dirigida por entonces por la profesora Delia de Quezada y posteriormente por la que fuera presidenta doña Lidya Gueiler, nuestra tarea era denunciar internacionalmente el golpe de Estado de Banzer y lo que estaba pasando en Bolivia. Tomamos contacto con Amnistía Internacional; pero fundamentalmente nuestra labor era prestar ayuda a las compañeras que estaban detenidas en Chonchocoro, nuestro nexo era un sacerdote italiano a quien le era permitido el acceso por el Ministerio de Gobierno de la dictadura de Banzer. Les hacíamos llegar ropa, objetos de limpieza y todo lo que nos solicitaban, hacíamos colectas para la compra de todos ellos, Con la hermana Pilar Zaldua viajamos a las minas llevando ayuda a las esposas de los trabajadores mineros que habían sido asesinados o que estaban presos.

En 1976 se funda la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y la hermana Ana María Ajuria me invita a pertenecer, allí continúa mi labor de ayuda y denuncia, se producían e imprimían boletines, los que distribuíamos clandestinamente y los enviábamos al exterior, algunas veces reuníamos dinero para publicar una solicitada en los periódicos El Diario o Presencia que debía pasar por una censura del Ministerio del Interior, en alguna ocasión tuvimos la ayuda de Ana María Romero que nos daba curso a un comunicado con alguna denuncia. Fui presidenta de la departamental de la APDH en una época difícil cuando se dictó el Decreto 21060 y también prestamos ayuda a los compañeros que venían en la Marcha por la Vida, con el equipo de médicos y llevándoles abarcas para muchos que venía caminando con los pies llagados. Se organizaron también, en el colegio que dirigía la Hermana Ana María Ajuria, cursos para los alumnos en los que se les explicaba los 30artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su aplicación en diferentes situaciones de su vida.

En 1987 la Federación Internacional de los Derechos Humanos invitó a las organizaciones de Derechos Humanos para conmemorar el Bicentenario de la Revolución Francesa, fui elegida por el Comité Ejecutivo de la APDH para representara Bolivia en Paris, fue una reunión a nivel mundial, lleve cuadros con datos estadísticos sobre la situación socioeconómica de la población boliviana, especialmente de la niñez, asimismo informes demostrando la vulneración de los Derechos Humanos en el país y la mía en particular con la Detención y Desaparición de mi hijo José Carlos. Ese año en un acto en el que se conmemoraba el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recibí de parte de la Asamblea Permanente la condecoración Ana María Ajuria. Después de la detención y desaparición de mi hijo José Carlos acaecida en la ciudad de Santa Cruz el 3 de febrero de 1972, me dediqué a denunciar este hecho y reclamar para que me digan dónde está, publiqué solicitadas en el periódico Presencia, escribí una carta abierta al Arzobispo de Sucre que lo bautizara, en todos los espacios democráticos que se abrieron en el país hice mis reclamos ante los diferentes gobiernos, me constituí en parte civil en el juicio de responsabilidades que se le hizo a Banzer en el parlamento.

En 1981, año del golpe militar de García Mesa fui detenida porque en representación de la APDH y de UMBO (Unión de Mujeres de Bolivia) era delegada ante el CONADE, (Comité de Defensa por la Democracia) en este Comité participaban no sólo partidos políticos, sino organizaciones sindicales, iglesias y organizaciones civiles, era un frente amplio que se organizó después de los atentados que se produjeron como el asesinato del Padre Luis Espinal. Fui llevada en las ambulancias desde la COB al cuartel del Estado Mayor donde fuimos golpeados, robados, luego salí al exilio a Lima – Perú junto a mi familia, en esa oportunidad salieron del país muchos compañeros de la APDH y organizamos el Comité por la Defensa del Pueblo Boliviano, publicamos boletines con denuncias de todas las violaciones a los DDHH que se cometían en el país. Desde allí asistí a la primera reunión de Familiares de Detenidos Desaparecidos que se realizó en San José de Costa Rica que fue organizada por el Padre Vives, asistieron compañeros y compañeras de varios países de Latinoamérica para denunciar lo que pasaba en sus países como resultado de la aplicación del Plan Cóndor, se resolvió organizar la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos FEDEFAM, en diciembre del mismo año nos volvimos a reunir en Caracas – Venezuela- donde se constituyó orgánicamente FEDEFAM. Retorné a Lima desde allí enterada de que se había organizado en NNUU la mesa de trabajo Señor Theo Van Boger quien lo dirigía, haciendo mi denuncia de lo que pasó con mi hijo José Carlos, pero lamentablemente no obtuve ninguna respuesta. Regresamos al país cuando se restituyó la democracia con el gobierno de don Hernán Siles Zuaso, reuní a los familiares de detenidos desaparecidos y se organizó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFAMD. Después del episodio de Teoponte un grupo de familiares dirigidos por doña María Luisa Bonadona se organizaron bajo la denominación de Mártires por la Liberación Nacional, junto a ellos conformamos la ASOFAMD.

En diciembre de 1983 en recordación al día de la Declaración Universal de los Derechos humanos el Dr. Siles dictó un decreto por el que se creaba la comisión para el esclarecimiento de ciudadanos detenidos desaparecidos que tuvo muy poca duración, sin embargo dos compañeros José Pinelo y una muchacha cuyo nombre no recuerdo, tuvieron acceso a los libros del cementerio y encontraron que durante los años de la dictadura de Banzer se habían ingresado a ese recinto 14 cadáveres, algunos tenían registrado su nombre los que fueron enterrados en nichos y el resto en una fosa común. Trabajamos mucho para lograr que un médico forense nos colaborara, tuvimos que solicitar los servicios de los forenses de la morgue, que lo hicieron de mal agrado porque destruyeron pruebas y en el cementerio no existía la infraestructura suficiente para este tipo de trabajo.

Continué con mi infructuosa labor de búsqueda de los restos de José Carlos pero tenía la satisfacción de que los familiares nos habíamos organizados formábamos parte de la Federación Latinoamericana de familiares. FEDEFAM, asistimos a sus Congresos que se realizaban cada año en diferentes lugares d Latinoamérica. Vino un experto de la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, dictó unas charlas, le comenté el caso de José Carlos y le pregunté si aún podía acudir a la Comisión me explicó que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y que no prescribe y que podía acudir allí, de esta manera viaje con Walter a Washington, llevé toda la documentación que tenía sobre la desaparición de José Carlos y me entreviste con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, me indicó que aun después del tiempo pasado tenía oportunidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que debía tener un interlocutor. En Washington, me puse en contacto con José Miguel Vivanco que dirigía American Watch, quien después de observar los documentos me dijo “que no era fácil pero no imposible”, me dio una lista de acciones y documentos que debía enviarle.

A mi retorno me puse a conseguir todo lo que me solicitó, hablé con Juan del Granado que dirigía la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados para que averiguara dónde estaban los obrados del juicio de responsabilidades que se le hizo a Banzer, le dijeron que estaban en la bóveda del Banco Central por lo tanto eran inaccesibles, luego hicimos junto a las compañeras de ASOFAMD una campaña para que el Congreso apruebe la Convención sobre Desaparición Forzada que se aprobó tiempo antes en una reunión de la OEA y que no había sido firmada por el Estado Boliviano. Luego pedí una certificación de habernos constituido en parte civil en el juicio contra Banzer, que pude conseguir gracias al Dr. Luis Ossio, que en esos años era Vicepresidente del país. También participé de mis gestiones a Luis Adolfo Siles quien fuera representante por Bolivia en una gestión de la Corte Interamericana, él escribió una nota a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH de la OEA. Envié al Dr. Vivanco todos estos documentos y presentó la denuncia ante la CIDH desde donde se hizo una consulta al gobierno boliviano, instancia que demoró mucho en responder, era el gobierno de Jaime Paz Zamora. Continué insistiendo por todos los medios que tenía a mi alcance hasta que en el gobierno de Sánchez de Lozada, la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia dirigida por el Lic, Morató respondió en un informe que daba muchos datos, inclusive nombres de los posibles responsables de la desaparición de José Carlos. Por tanto el Estado Boliviano reconocía los hechos y admitía su responsabilidad, informe que fue enviado a la CIDH de la OEA. Los personeros del Estado boliviano trataron de justificar los hechos. Se me propuso hacer un arreglo amistoso que no acepté. La Corte le permite al Estado acusado nombrar un juez ad hoc para que forme parte del tribunal, contrataron para su defensa un abogado también de Washington. Como el Estado Boliviano insistía en un arreglo amistoso, se me solicitó asistir a una audiencia privada en la que me mantuve firme en no admitir un arreglo amistoso. Cuando salimos de la audiencia el juez as hoc que era un Dr, Broker me dijo en inglés, porque no hablaba español, “desearía que todas las madres del mundo fueran como usted” – I wish that all mothers of the world will be like you.

El trámite duró 8 años en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por dilación del Estado Boliviano que no respondía a los requerimientos de la CIDH. Viajé nuevamente a Washington y pedí que el caso pasara a la Corte, de esta manera el caso fue a la Corte Interamericana de DDHH con sede en San José Costa Rica. Después dedos años, el año 2000 la Corte dictó sentencia contra el Estado Boliviano y dos años después – 2002 – dictó la sentencia de reparaciones en la que determinaba doce puntos que el Estado debía cumplir. Hasta ahora ha cumplido algunos pero no todos, entre ellos el que para mí es el más importante: EL ESTADO DEBE EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LOS RESTOS MORTALES DE LA VICTIMA Y ENTREGARLOS A SUS FAMILIARES, por que la Corte considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo. El Estado reconoció que no cumplió con la sentencia y prometió poner todos los medios necesarios para encontrar los restos de José Carlos. Entre tanto en el país continúa el juicio que viene durando nueve años.

El 6 de diciembre de 2008, después de ocho años de iniciado el proceso, el juez de turno en lo civil en Santa Cruz dicta la sentencia en laque no se condenó a los imputados por el delito de Desaparición Forzada y solo se condenó a tres de ellos por el delito de privación de libertad, a dos años y ocho meses de cárcel, además se absolvió a los imputados del delito por vejámenes y torturas aplicándoles, aun cuando se trata de delitos de lesa humanidad, el beneficio de la prescripción. Se ha apelado la sentencia y desde el mes de noviembre en que fue dictada la sentencia solo se ha señalado una audiencia que fue suspendida por excusa de uno de los jueces. La fiscalía representada por la abogada Pura Cuellar no hizo ni una sola acción por encontrar los restos de José Carlos. Se ha apelado y estamos en espera de la decisión del juez para una nueva audiencia. Han pasado 37 años de la desaparición de mi hijo, tengo 83 años y continuaré en su búsqueda mientras el Señor me dé su fortaleza.

Gladys Oroza de Solón nos dejo un 19 de Marzo del 2012

 

 

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por caso TIPNIS

El 8 de noviembre de 2017, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en su cuarta sesión realizada en Bonn, Alemania, escuchó el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) presentado por el presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, Fabián Gil y la presidenta de la Organización de Mujeres del TIPNIS Marqueza Teco Moyoviri de Maleca (ver resolución del TIDN sobre el TIPNIS). Continúa leyendo Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por caso TIPNIS

La consulta a los pueblos indígenas en el sector de hidrocarburos

La consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas en el sector de hidrocarburos está reglamentada en Bolivia por el Decreto Supremo 29033 de 16 de febrero de 2007. Esta norma establece los procedimientos para el proceso de consulta y participación de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas (exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y distribución de gas natural por redes) en sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO), propiedades comunitarias y tierras de ocupación y acceso.

Según esta norma el proceso de consulta tiene las siguientes características:

07.PNGEsta norma ha sido modificada en tres oportunidades por los Decretos Supremos 29124, 29574 y 2298 con el objetivo de acelerar el proceso de consulta en perjuicio de los pueblos indígenas. El Decreto Supremo 2298 establece que en los casos que no pueda desarrollarse o concluirse el proceso de Consulta y Participación por causas no atribuibles a la autoridad competente, ésta emitirá una resolución administrativa para concluir con el proceso de Consulta y Participación. Esta resolución administrativa será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental, y pasar a la fase de ejecución de las actividades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la consulta para el consentimiento previo, libre e informado

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una instancia legalmente vinculante y cuya jurisdicción es reconocida por Bolivia. Esta Corte ha emitido sentencias con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta para el consentimiento libre, previo e informado. Su jurisprudencia es una de las fuentes de derecho más importantes al respecto.

En su sentencia del año 2012 sobre el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador señala en el parágrafo 177: “La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo o la comunidad, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Asimismo, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto. Por último, la consulta debe tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de decisiones. El incumplimiento de esta obligación, o la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, comprometen la responsabilidad internacional de los Estados.”

Y en el parágrafo 186 remarca que “la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como ‘un verdadero instrumento de participación’ ‘que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas’”.

En ese sentido, la Corte señala que “la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”.

Así mismo, la Corte en el parágrafo 205 determina que “los Estudios de Impacto Ambiental ‘sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad’, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, ‘con conocimiento y de forma voluntaria’”.

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Infográfica: Consulta para el Consentimiento Libre Previo Informado y de Buena Fe


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Los elementos de la consulta para un consentimiento libre, previo, informado y de buena fe están interrelacionados y no deben ser aislados o fragmentados. El objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas antes de la adopción y aplicación de cualquier ley, proyecto u acción susceptible de afectarlos (previo), no debe haber interferencias ni presiones (libre), debe facilitar toda la información de manera oportuna, objetiva, precisa y adecuada (informado), debe darse en un clima de confianza (buena fe) y respetando los usos y costumbres, formas de organización y autoridades de los pueblos indígenas.

Historia de la Obligación Internacional de Bolivia para la Consulta a los Pueblos Indígenas

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El Convenio Nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en 1957, fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enunció los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los Estados al respecto. Este convenio usaba términos condescendientes e incluso hacía referencia a estas poblaciones como “menos avanzadas” promoviendo una visión desarrollista.

El Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, adoptado en 1989, contempla varias medidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Estas consultas deben “efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Bolivia ratificó el Convenio Nº169 el año 1991.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas -después de más de dos décadas de negociación- fue adoptada el año 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un año más tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó con el voto a favor de 143 estados. El Artículo 19 de esta declaración dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

El 7 de noviembre de 2007, mediante Ley Nº 3760, Bolivia eleva a rango de ley los 46 artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum y promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de su Artículo 256 eleva a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como son el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

TIPNIS: la saga por los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas

Por Pablo Solón

[English version] La historia de TIPNIS es una historia de dignidad, lucha, gloria, traición, heroísmo, represión, victoria y nueva traición contra los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Continúa leyendo TIPNIS: la saga por los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas

Gobierno de Bolivia enfrenta presión internacional para levantar falsas acusaciones contra Pablo Solón y Rafael Archondo y frenar mega represas de El Bala y el Chepete.

Comunicado de prensa, 27 de julio de 2017 [English version] 

Mas de 70 organizaciones y 700 personas de más de 50 países han llamado al Gobierno boliviano a levantar las falsas acusaciones en contra de sus ex representantes en las Naciones Unidas, Pablo Solón y Rafael Archondo y para detener los mega proyectos hidroeléctricos de El Bala y el Chepete. Continúa leyendo Gobierno de Bolivia enfrenta presión internacional para levantar falsas acusaciones contra Pablo Solón y Rafael Archondo y frenar mega represas de El Bala y el Chepete.

Bolivian government comes under international pressure to drop false charges against Pablo Solón and Rafael Archondo, and stop the El Bala and Chepete dams

Press Release, 27 July 2017 [Versión en español]

More than 70 organisations and 700 people from over 50 countries have called on the Bolivian government to drop its false charges against its former UN representatives, Pablo Solón and Rafael Archondo and to stop the proposed hydroelectric power projects, El Bala and Chepete. Continúa leyendo Bolivian government comes under international pressure to drop false charges against Pablo Solón and Rafael Archondo, and stop the El Bala and Chepete dams

According to Bolivian law, the government’s criminal action against Solon has legally expired

[Version en español] The criminal complaint against Pablo Solón presented by the Vice-Ministry of Anti-Corruption of Bolivia on September 2, 2016 –the investigation file of which could only be accessed by the accused comprehensively 322 days after the accusation (on 21 July 2017)-was brought forward on the basis of alleged offenses of “illegal appointments” and “breach of duties”. These crimes, established in articles 154 and 157 of the Criminal Code, are punishable by deprivation of liberty for a maximum of four years.

According to Article 29(2) of the Code of Criminal Procedure and Article 101(b) of the Criminal Code, the criminal action expires “in five years, for offenses punishable by deprivation of liberty whose legal maximum is less than six and greater than two years”.

The charge against Solón, according to the complaint made by the the Vice-Ministry, is supposedly because “as head of the Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia he appointed Mr. Rafael José Archondo Quiroga as Ambassador Deputy Permanent Representative of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations” through a note dated January 19, 2011, which was 6.5 years ago. This is supposedly the only act of Solón, who ceased to act as head of the Permanent Mission of Bolivia to the United Nations and government official at the end of June 2011, which was 6 years ago.

Neither the complaint by the Vice-Ministry nor the various documents in the case file mention that at any moment any economic harm has been caused to the state of Bolivia which, according to Article 29 Bis of the Code of Criminal Procedure, is the only cause for which the above mentioned expiration of charges would not apply.

Protected by law and taking into account that 6 years and 6 months have passed, Pablo Solón presented this July 25th a memorial addressed to the judge of anti-corruption and violence against women of the city of La Paz, requesting them “to issue a resolution declaring the exception proven and the criminal action expired”.

Within 24 hours, the judge must inform the Vice Ministry of Anti-Corruption and the Prosecutor of the request of Solón and by next week the judge should call a hearing to decide on this issue of expiration.

The expiration request is personal but once the journalist Rafael Archondo is legally notified he will can also request the expiration of this unjust criminal action.

The fact that the Vice-ministry of Transparency and Anti-corruption has presented this penal action against Solón and Archondo, knowing that the case was legally expired, demonstrates that the intention behind the accusation is to harrass, frighten and silence Solón for his critical position regarding the Chepete and El Bala mega-dams.

Memorial on the expiration of the legal action

Según la ley, la acción penal del gobierno contra Solón ha prescrito

[La Paz, Julio 25, 2017 – English version] La denuncia penal contra Pablo Solón que presentó el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción el 2 de septiembre del 2016 -a cuyo cuaderno de investigaciones el acusado recién pudo tener acceso de manera integra 322 días después (21 de Julio del 2017)- fue planteada por los supuestos delitos de “nombramientos ilegales” e “incumplimiento de deberes”. Estos delitos establecidos en los artículos 154 y 157 del Código Penal tienen penas privativas de libertad de un máximo de cuatro años.

Según los artículo 29 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal y 101-b) del Código Penal, la acción penal prescribe “en cinco años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años”.

Toda la acusación contra Solón según la denuncia del Viceministerio es supuestamente porque “en su condición de Jefe de Misión de la Representación Permanente del Estado Plurinacional habría nombrado o designado al Sr. Rafael José Archondo Quiroga como Embajador Representante Permanente adjunto/alterno del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas” mediante nota del 19 de enero de 2011, es decir hace hace 6 años y 6 meses. Este es el único presunto hecho que hubiera cometido Solón quien dejó de ser jefe de la Misión ante Naciones Unidas y funcionario público a fines de Junio del 2011, es decir hace 6 años atrás.

Tanto la denuncia del Viceministerio así cómo los diferentes documentos que cursan en el cuaderno de investigaciones de este caso en ningún momento señalan que se hubiera causado daño económico al Estado, que según el articulo 29 Bis del Código de Procedimiento Penal es la única causal por la cual no se aplicaría la prescripción anteriormente mencionada.

Amparado en la ley y en el tiempo transcurrido, Pablo Solón ha presentado este 25 de Julio un memorial dirigido a la jueza 1º Anticorrupción y violencia contra la mujer de la ciudad de La Paz solicitando emita resolución declarando probada la excepción y prescrita la acción penal con el correspondiente archivo de obrados.

En el plazo de 24 horas la jueza Cinthia Delgadillo Aramayo debe poner en conocimiento del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía el pedido del acusado para proceder a convocar la próxima semana a una audiencia para definir la prescripción.

La solicitud de prescripción es personal y una vez que el periodista Rafael Archondo sea legalmente notificado en México donde radica, podrá también solicitar la prescripción de esta injusta acción penal.

El hecho de que el Viceministerio de Transparencia y lucha contra la Corrupción haya presentado esta acción penal contra Solón y Archondo, a sabiendas de que legalmente había prescrito, muestra que la intención detrás de la acusación es desgastar, atemorizar y silenciar a Solón por su posición crítica frente a las mega hidroeléctricas del Chepete y El Bala y a Archondo por sus cuestionamientos al gobierno.

Memorial de excepción de prescripción

Videos de Morales con Archondo en la ONU

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http://webtv.un.org/search/press-conference-evo-morales-ayma-president-of-the-plurinational-state-of-bolivia/5237696502001?term=evo%20morales&languages=0&languages=0&sort=date&languages=0&page=3

[Pagina Siete, 8 de Julio] Pablo Solón,  ex-embajador ante  las Naciones Unidas,  calificó la acusación del Gobierno en su contra como “jalada de los cabellos”. Comentó, además,  que la prueba de que no hubo delito es que  cuando  Rafael Archondo cumplía  funciones hasta el presidente Evo Morales viajó  a Nueva York y estuvo junto a él, pero ninguna autoridad  denunció algo o tomó alguna acción.
“La prueba que no hubo delito es que durante los 14 meses que duró la gestión de Rafael Archondo,  a la cabeza de la  Misión  Permanente ante las Naciones Unidas, ni el Canciller, ni el vicecanciller,  ni el director de Multilaterales, ni los ministros que lo visitaron a Rafael Archondo,   ni el Presidente que fue a Nueva York, y también estuvo con Rafael Archondo, ninguna de las más altas autoridades, ni aquellos que estaban por encima de Archondo,   denunciaron o tomaron cualquier acción porque supuestamente habría un representante que habría sido nombrado ilegalmente y que estaría ejerciendo su función de manera ilegal”, dijo Solón.
El pasado 4 de julio se conoció que el  Gobierno,  a través del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó en 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que  sean investigados y enjuiciados por la vía penal  Solón, y el periodista Rafael Archondo,  quien fungió como encargado de Negocios y su sucesor. Según documentos publicados por ANF, a Archondo se lo acusa de  incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones. Mientras que a Solón   lo acusan de  nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.
Solón fue embajador de Bolivia ante la ONU. En 2011, presentó su renuncia. Archondo, que en ese momento era el segundo a cargo, lo reemplazó en su calidad de representante permanente alterno y encargado interino de negocios.

La inconsistencia de la acusación contra Archondo y Solón

Entrevista a Pablo Solón sobre las acusaciones del gobierno:

La prueba de que no hubo ningún delito es que ninguna autoridad, ni el Canciller, ni el Vicecanciller, ni el Director de Multilaterales, ni tampoco los otros ministros y el Presidente que lo visitaron a Rafael Archondo durante sus 14 meses de gestión al frente de la Mision Permanente de Bolivia ante la ONU denunciaron los supuestos delitos de “nombramiento ilegal” y “anticipación o prolongación de funciones”.

Aunque nos metan a la cárcel El Bala y el Chepete son inviables

[Pablo Solón] La noticia no fue una sorpresa. A raíz de nuestro análisis crítico de las mega hidroeléctricas de El Bala y el Chepete, varios amigos y amigas me habían advertido que buscarían debajo las piedras para acusarme de algo, intimidarme y hacerme callar.

El pasado viernes vinieron a dejarme la citación para que vaya a declarar. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque había un error en mi apellido. Quedamos en que volverían a entregarme la citación esta semana y que yo iría a declarar. Continúa leyendo Aunque nos metan a la cárcel El Bala y el Chepete son inviables

Hace más de 25 años que no se donde poner estas flores

José Carlos Trujillo Oroza “Jó” fue detenido desaparecido junto a otros dos jóvenes de la prisión de El Pari en Santa Cruz, Bolivia, durante la dictadura de Banzer el año 1972. Su madre Gladys Oroza de Solón Romero buscó la verdad, la justicia y sus restos por 40 años hasta su muerte en el año 2012. Hoy la búsqueda continúa #JoHastaEncontrarlo

Ya son 43 años pero siguen siendo 22. La búsqueda del Jó y la justicia continúan

Tunup@ Nº 02/2015

#Jo43años (versión en ingles)

El 2 de febrero de 1972, hace 43 años, José Carlos Trujillo Oroza, fue visto por última vez por su madre Gladys Oroza de Solón, para nunca más ser encontrado. Sólo tenia 22 años. Jó, como le llamaban con cariño sus seres queridos, había sido detenido hace 41 días en la prisión de “El Pari”. Fue detenido por miembros de la Dirección de Orden Político (DOP) de Santa Cruz. Fue brutalmente torturado, pero de sólo pensar en el dolor que causaría a su madre ocultaba sin éxito sus grotescas heridas. Jó era un joven activista lleno de esperanzas y sueños inspirados en el Che Guevara. Eso era muy peligroso en tiempos de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. En un abrir y cerrar de ojos, Jó desapareció de un cárcel pública. Otros dos detenidos desaparecieron con él aquel fatídico día, Carlos López Adrián y Alfonso Toledo Rosado. Continúa leyendo Ya son 43 años pero siguen siendo 22. La búsqueda del Jó y la justicia continúan

Informe sobre las desapariciones forzadas en Bolivia.

Sobre las Desapariciones forzadas en boliviaEsta publicación además de recopilar casos emblemáticos de las más de 156 casos de personas víctimas de la desaparición forzada por razones de ideológicopolíticos, reproduce el documento de la Convención Internacional para la protección de todas la personas contra las desapariciones forzadas que naciones Unidas aprobó en diciembre de 2006 y firmada en febrero de 2007.

ASOFAMD. 2da. Ed. Editada por ASOFAMD y Fundación Solón, 2008, 67 p.  Bs. 20

Los derechos de las mujeres trabajadoras

los derechos de las mujeres trabajadorasPublicación dirigida a las mujeres trabajadoras con el objetivo de transmitir aquellos derechos más importantes establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado, y en algunas convenciones, leyes y declaraciones a las que se rige nuestro Estado.

Ed. Fundacion Solón, La Paz, 2000, 16 p. Bs. 5

El derecho humano al agua y el saneamiento: triunfo y desafío para los pueblos del mundo

Derecho humano al aguaSelecciónde artículos y documentos importantes entorno a la aprobación del derecho humano al agua en llas Naciones Unidas.

Peredo, Elizabeth compiladora. Contribuciones de Anil Naidoo, Maude Barlow, Danielle Mietterrand, Wenonah Hauter, Adriana Marquisio, Martin Khor, Vandana Shiva y Suzanne Golas.

Versiones en español e inglés.  1ª Edición, 2011, 140 p. Bs. 40