TUNUPA 114: Basta de Ecocidio

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Contenido:

Ecocidio y Genocidio en el siglo XXI

Los ecocidios están interconectados

Las diferentes heridas de la Madre Tierra

El debate internacional sobre el ecocidio

Los primeros en reconocer el crimen de Ecocidio

El caso de México y las iniciativas en Europa

Delitos contra el medio ambiente ¿qué dicen las leyes bolivianas?

¿Cuál es la importancia de una legislación contra el Ecocidio?

Introducción

El mundo está avanzando hacía un colapso ecológico. Los desajustes ambientales provocados por el hombre vienen agravándose generando terribles impactos para la vida en la Tierra. En todos los rincones del planeta la sed de ganancias ahonda el saqueo de los recursos naturales provocando la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos vitales de la naturaleza.

La sexta extinción de la vida en la Tierra está en curso y necesitamos de un conjunto de acciones a diferentes niveles para evitar ese abismo. Es en este contexto que emerge con gran importancia el tema del ecocidio.

El ecocidio es un crimen de crímenes a nivel ambiental. El ecocidio es la afectación a gran escala de un ecosistema, de un ser animal o vegetal, de un rio, de un lago, de una montaña, de un glaciar, de un bosque, de un pantanal y de todos los seres no humanos que integran la comunidad de la Tierra.

Un delito ambiental es como una herida en nuestra pierna, un ecocidio es como perder dicha pierna. Los ecocidios generan daños que tienden a ser irreversibles. El sistema de la Tierra está interconectado. La destrucción de la Amazonía afecta a los nevados en los Andes y también a los polos del planeta. A mayor deforestación se alteran los ciclos del carbono y del agua, provocando la acumulación desmesurada de gases de efecto invernadero en la atmosfera que repercuten en todos los confines del planeta. La lucha contra el cambio climático es también la lucha por frenar los ecocidios que se repiten y retroalimentan.

Para evitar y frenar los ecocidios en curso es fundamental identificar y reconocer su existencia. Sólo así podremos llamar la atención de la sociedad, del Estado y la comunidad internacional, y actuar de manera oportuna para evitar que se produzcan adoptando las medidas de reparación, restauración y regeneración de la naturaleza antes que la herida se extienda de manera descontrolada en la Pachamama.

El ecocidio es el delito ambiental más grave y sin embargo no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. La incorporación del crimen de ecocidio en nuestra legislación no resolverá de manera automática los graves problemas ambientales que existen, pero será un hito en el camino de la defensa de los Derechos de la Madre Tierra en Bolivia. Permitirá una mejor aplicación de los principios de prevención y precaución. Reforzará la necesidad de que existan evaluaciones de impacto ambiental integrales ante la posibilidad de graves daños a la naturaleza. Contribuirá a desarrollar la conciencia social y será un paso clave para que exista una verdadera justicia para la Madre Tierra, y la impunidad no aliente nuevos ecocidios.

Ecocidio y Genocidio en el siglo XXI

por José Carlos Solón

El ecocidio, como palabra, nació en 1970. Durante la guerra de Vietnam un grupo de científicos acuñó y propagó el término “ecocidio” para denunciar la destrucción que el agente naranja, un herbicida, había causado a la salud humana y los ecosistemas durante la guerra de Vietnam. La operación estadounidense ‘Operation Ranch Hand’, pretendía terminar con los bosques de Vietnam con la intención de exterminar rápidamente al Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Viet Cong). Esto generó la destrucción completa de plantas, animales y ecosistemas, pero también graves secuelas para la salud humana con la aparición de cáncer y malformaciones en aquellas poblaciones que fueron rociadas por el letal herbicida. Sin dejar de lado los varios otros crímenes ejecutados por el ejército estadounidense, éste fue un primer gran ejemplo de “ecocidio”. La palabra viene de “Eco”, de “Oikos” que quiere decir “hogar” en griego y “cidio” que significa destrucción en latín. Desde entonces, el término se ha incorporado en el léxico popular.

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Luis Arce y los transgénicos: Entre promesas y contradicciones

Por Guillermo Villalobos

El pasado 7 de mayo del 2020, en medio de una situación de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo N° 4232 que “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa” en base a medidas tomadas en países vecinos. Estos procedimientos abreviados para facilitar la introducción de transgénicos debían aprobarse en un plazo de diez días, periodo que fue ampliado a cuarenta días por el DS N° 4238 del 14 de mayo de 2020. Posteriormente, el gobierno de Añez promulgó el Decreto Supremo N° 4348 de 22 de septiembre del 2020 para “identificar las áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología” antes de que el Comité Nacional de Bioseguridad hubiera aprobado la introducción de maíz transgénico.

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Asamblea Mundial por la Amazonía | Hoy es Todavía

El pasado 18 y 19 de julio, organizaciones indígenas, activistas, instituciones, colectivos, entre otros se autoconvocaron a la primer Asamblea Mundial por la Amazonía, para lanzar un grito de defensa a la amazonia y la vida, y para articular acciones conjuntas en torno a tres grupos de trabajo: Covid-19, Boicot y Movilización


Los derechos de la Madre Tierra y la Evaluación de Impacto Ambiental

La Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 71) define a la Madre Tierra como “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común” (Art. 3). La Ley 71 avanza en la dirección de superar la división entre seres humanos y naturaleza y sienta las bases para que todo proceso de Evaluación de Impacto “Ambiental” sea integral (ambiental, social, cultural), y evalúe los impactos sobre todos los componentes de los sistemas de vida susceptibles de ser afectados por una actividad, obra o proyecto.

Así mismo, la Ley 71 establece un nuevo marco para que no sólo se evalúen impactos sino para que se garanticen los derechos de los diferentes seres que conforman los sistemas de vida. Ninguna de las reglamentaciones posteriores sobre EIA ha intentado incorporar criterios y parámetros para que en los procedimientos (fichas ambientales, categorización, EEIA, licencias ambientales, seguimiento y otros)  se identifiquen los derechos de la Madre Tierra que pueden ser afectados y se establezcan medidas de protección de los mismos.

Los diferentes reglamentos modificatorios de la EIA no han recogido ni operativizado los principios de armonía/equilibrio, precaución, integralidad, no mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, restauración de la Madre Tierra, regeneración de la Madre Tierra, complementariedad y otros consignados en la Ley 71 y la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien).

Bolivia ha vivido una suerte de esquizofrenia a nivel ambiental. Por un lado ha aprobado dos leyes de la Madre Tierra que cuestionan la visión antropocéntrica de la naturaleza, y por otro lado ha aplicado reglamentos profundamente neoliberales  orientados a facilitar el extractivismo de toda índole en el territorio nacional incluyendo sus áreas protegidas.

Derechos de la Madre Tierra: Antropocentrismo al desnudo

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.

El Artículo 33 de la CPE establece que las personas “tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”. Así como cualquier persona puede “ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente” (Art. 34).  La Ley  de Derecho de la Madre Tierra promulgada el 2010 establece que la Madre Tierra tiene derechos y señala en su artículo 2 que “El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones”. Así mismo en su artículo 10 “crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra”. Continúa leyendo Derechos de la Madre Tierra: Antropocentrismo al desnudo

Agua: El olvido de sus múltiples dimensiones

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tiene una intención de voto superiores al 5%: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dijo No.

Bolivia fue uno de los primeros países en reconocer el derecho humano al agua en su texto constitucional (art. 20), y en afirmar que el agua es un “derecho fundamentalisimo para la vida” (art. 373). Sin embargo la crisis del agua del 2016 en La Paz y otras ciudades, la desaparición del lago Poopo en el 2015, la contaminación de ríos, represas y del propio lago Titicaca, sumados a los altos niveles de deforestación, muestran que no existen políticas de conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral del agua en el país.

Los programas de los partidos se centran en los servicios de agua potable y riego, y son extremadamente generales en relación a la gestión integral del agua.  El tema de la contaminación de los ríos, lagos y aguas subterráneas es apenas mencionado por algunos e ignorado por otros. La relación entre deforestación y agua es inexistente en todos. La gestión del agua es sobre todo vista desde la perspectiva de los seres humanos y no de los ecosistemas y la naturaleza como un todo. Continúa leyendo Agua: El olvido de sus múltiples dimensiones

Bosques: No son sólo madera

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tiene una intención de voto superiores al 5%: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dijo No.

Los bosques son ecosistemas esenciales para los ciclos vitales del planeta Tierra. Los bosques son mucho más que madera, recursos naturales, plantas medicinales, frutos para la exportación o simples almacenadores de dióxido de carbono. Los bosques son oxigeno, agua, sombra, abrigo, hogar y vida. Continúa leyendo Bosques: No son sólo madera

TIPNIS: Justicia para la Madre Tierra

Por Pablo Solón

[Publicado en Animal Político, La Razón, 26/05/2019] Bolivia debería ser un ejemplo en el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. En 2010 nuestro presidente, con la participación de más de mil invitados internacionales, organizó la cumbre de Tiquipaya que adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. A fines de ese año promulgó la Ley 71 que reconoce dichos derechos.

Bolivia fue el país que más promovió a nivel internacional la idea de que para garantizar los derechos humanos es necesario reconocer los derechos de la Madre Tierra. En 2014 un conjunto de personalidades y defensores de la naturaleza, que en su mayoría vinieron a la cumbre de 2010, crearon el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) que tiene un carácter ético y basa sus sentencias en la citada declaración. Según el propio tribunal, “sin ética ningún gobierno, institución o persona puede recuperar la humanidad que -hoy más que nunca- se necesita para evitar el colapso de los ciclos vitales de la Tierra”.

A dos años de haberse presentado al tribunal el caso del TIPNIS, y después de la visita de una comisión a Bolivia para verificar los hechos, el TIDN emitió una sentencia estableciendo que el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza e incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra.

Los 26 jueces y juezas que suscriben el fallo son o fueron amigos del “proceso de cambio” boliviano. Entre ellos figuran Vandana Shiva de la India, Fernando “Pino” Solanas senador de Argentina, Nnimmo Bassey de Nigeria, Enrique Leff de México, Arturo Escobar de Colombia y Blanca Chancoso presidenta de la Ecuarunari de Ecuador, a quien el presidente Evo Morales conoce desde antes de llegar al gobierno.

Las evidencias que sustentan la sentencia son varias; entre ellas destacan la no realización de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) integral del segundo tramo de la carretera que atraviesa por el corazón del TIPNIS, y tampoco de los tres puentes de gran envergadura construidos en el polígono 7. Así mismo, el tercer tramo de la carretera que en 2010 iba de San Ignacio de Moxos a Monte Grande fue extendido en 2015 hasta Santo Domingo, que está en la parte norte del TIPNIS, sin haber realizado el EEIA de los 48,3 km adicionales. A esto se suma la deforestación ya presente en el polígono 7 del TIPNIS, y -según un estudio del PIEB- el peligro de una deforestación de más de la mitad del TIPNIS por la construcción de la carretera.

Estas gravísimas violaciones a la Ley 1333 de Medio Ambiente eran de conocimiento de las más altas autoridades. En 2010, Juan Pablo Ramos renunció como viceministro de Medio Ambiente negándose a firmar la licencia ambiental para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y fue reemplazado por Cynthia Silva Maturana.

Cuando los pueblos indígenas marcharon en 2011 contra la carretera fueron reprimidos en Chaparina. Ante la gran indignación nacional, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 180 que declara la intangibilidad del TIPNIS y prohíbe la construcción de la carretera. Sin embargo, meses después, aprobó la Ley 222 para llevar adelante una consulta póstuma en la que manipuló el término de intangibilidad para de anular la Ley 180.

En un canal de televisión Álvaro García Linera dijo: “¿Qué significa intangibilidad? Que usted no puede sacar una hoja. Eso es intangibilidad. Que usted no puede levantar una rama. Que usted no puede tocar nada. Es decir, no puede hacer una escuela. No puede perforar para agua potable. Eso es intangibilidad”. Esta tergiversación alucinante del vicepresidente contradice totalmente el Decreto Supremo 1146 de febrero de 2012, que reglamenta la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS. Este decreto no prohíbe nada de lo que afirma García Linera. Las tres prohibiciones expresas que establece son de: “1. Asentamientos humanos externos u ocupación ilegal de tierras al interior del TIPNIS; 2. Autorizar el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o mercantiles; 3. Ejecutar megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos”.

La sentencia ha puesto en evidencia las violaciones a los derechos de “la selva más hermosa del mundo”, como la calificó el famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny, y nos convoca a redoblar esfuerzos para que en Bolivia efectivamente haya justicia para la Madre Tierra.

¿Qué hacemos por los Derechos de la Naturaleza?

Pablo Solón*

No hay derechos humanos sin derechos de la Naturaleza. No hay derechos de la naturaleza sin derechos indígenas. No hay derechos indígenas sin derechos de la naturaleza. Todos los derechos están interrelacionados. Sin embargo cada uno tiene su propia especificidad.

Los derechos de la naturaleza no son los derechos ambientales. Los derechos ambientales son esencialmente derechos humanos. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia expresamente garantiza el “Derecho AL medioambiente” de las personas, no “los derechos DEL medioambiente”.

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