TUNUPA 114: Basta de Ecocidio

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Contenido:

Ecocidio y Genocidio en el siglo XXI

Los ecocidios están interconectados

Las diferentes heridas de la Madre Tierra

El debate internacional sobre el ecocidio

Los primeros en reconocer el crimen de Ecocidio

El caso de México y las iniciativas en Europa

Delitos contra el medio ambiente ¿qué dicen las leyes bolivianas?

¿Cuál es la importancia de una legislación contra el Ecocidio?

Introducción

El mundo está avanzando hacía un colapso ecológico. Los desajustes ambientales provocados por el hombre vienen agravándose generando terribles impactos para la vida en la Tierra. En todos los rincones del planeta la sed de ganancias ahonda el saqueo de los recursos naturales provocando la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos vitales de la naturaleza.

La sexta extinción de la vida en la Tierra está en curso y necesitamos de un conjunto de acciones a diferentes niveles para evitar ese abismo. Es en este contexto que emerge con gran importancia el tema del ecocidio.

El ecocidio es un crimen de crímenes a nivel ambiental. El ecocidio es la afectación a gran escala de un ecosistema, de un ser animal o vegetal, de un rio, de un lago, de una montaña, de un glaciar, de un bosque, de un pantanal y de todos los seres no humanos que integran la comunidad de la Tierra.

Un delito ambiental es como una herida en nuestra pierna, un ecocidio es como perder dicha pierna. Los ecocidios generan daños que tienden a ser irreversibles. El sistema de la Tierra está interconectado. La destrucción de la Amazonía afecta a los nevados en los Andes y también a los polos del planeta. A mayor deforestación se alteran los ciclos del carbono y del agua, provocando la acumulación desmesurada de gases de efecto invernadero en la atmosfera que repercuten en todos los confines del planeta. La lucha contra el cambio climático es también la lucha por frenar los ecocidios que se repiten y retroalimentan.

Para evitar y frenar los ecocidios en curso es fundamental identificar y reconocer su existencia. Sólo así podremos llamar la atención de la sociedad, del Estado y la comunidad internacional, y actuar de manera oportuna para evitar que se produzcan adoptando las medidas de reparación, restauración y regeneración de la naturaleza antes que la herida se extienda de manera descontrolada en la Pachamama.

El ecocidio es el delito ambiental más grave y sin embargo no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. La incorporación del crimen de ecocidio en nuestra legislación no resolverá de manera automática los graves problemas ambientales que existen, pero será un hito en el camino de la defensa de los Derechos de la Madre Tierra en Bolivia. Permitirá una mejor aplicación de los principios de prevención y precaución. Reforzará la necesidad de que existan evaluaciones de impacto ambiental integrales ante la posibilidad de graves daños a la naturaleza. Contribuirá a desarrollar la conciencia social y será un paso clave para que exista una verdadera justicia para la Madre Tierra, y la impunidad no aliente nuevos ecocidios.

La sentencia del ecocidio en la Chiquitania

El año pasado Bolivia vivió un ecocidio en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la que condena las acciones políticas que promovieron la tragedia. La verdadera problemática del ecocidio radica en las acciones humanas que quemaron más de 6 millones de hectáreas, acabando con la vida de miles de seres. Todo provocado por un modelo productivo que debe cambiar en el país. La sentencia, marca la continuación de la búsqueda de la defensa de los derechos de la naturaleza y asimismo de la importancia de la biodiversidad que nuestro país alberga.


Ecocidio y derechos de la naturaleza en la Chiquitania

Los derechos de la naturaleza buscan reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) es una entidad internacional que busca dar una voz a la naturaleza y a los defensores de la naturaleza. Esta surge de la sociedad civil y bajo el mandato de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza que nació durante la cumbre de Tiquipaya el año 2010 en Cochabamba. Debido al ecocidio suscitado por los incendios del año pasado, el Tribunal llevará a cabo audiencias virtuales el lunes 17 y miércoles 19 de agosto, por el caso “Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía”.


Los derechos de la Madre Tierra y la Evaluación de Impacto Ambiental

La Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 71) define a la Madre Tierra como “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común” (Art. 3). La Ley 71 avanza en la dirección de superar la división entre seres humanos y naturaleza y sienta las bases para que todo proceso de Evaluación de Impacto “Ambiental” sea integral (ambiental, social, cultural), y evalúe los impactos sobre todos los componentes de los sistemas de vida susceptibles de ser afectados por una actividad, obra o proyecto.

Así mismo, la Ley 71 establece un nuevo marco para que no sólo se evalúen impactos sino para que se garanticen los derechos de los diferentes seres que conforman los sistemas de vida. Ninguna de las reglamentaciones posteriores sobre EIA ha intentado incorporar criterios y parámetros para que en los procedimientos (fichas ambientales, categorización, EEIA, licencias ambientales, seguimiento y otros)  se identifiquen los derechos de la Madre Tierra que pueden ser afectados y se establezcan medidas de protección de los mismos.

Los diferentes reglamentos modificatorios de la EIA no han recogido ni operativizado los principios de armonía/equilibrio, precaución, integralidad, no mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, restauración de la Madre Tierra, regeneración de la Madre Tierra, complementariedad y otros consignados en la Ley 71 y la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien).

Bolivia ha vivido una suerte de esquizofrenia a nivel ambiental. Por un lado ha aprobado dos leyes de la Madre Tierra que cuestionan la visión antropocéntrica de la naturaleza, y por otro lado ha aplicado reglamentos profundamente neoliberales  orientados a facilitar el extractivismo de toda índole en el territorio nacional incluyendo sus áreas protegidas.

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por ecocidio en la Chiquitania

El quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado el pasado 5 de diciembre en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques colindantes y determinó enviar en los próximos meses una comisión a Bolivia para realizar una vista in-situ a la zona afectada con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales, y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio en la Chiquitania y la Amazonía.

Como medidas cautelares a ser ejecutadas por el gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa de Bolivia, el citado Tribunal Internacional dispuso: a) derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania; b) aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel; y c) implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.

Según el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza se debe declarar a toda la Amazonía y la Chiquitania como sujeto de derecho. En el caso de Bolivia este reconocimiento está respaldado por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra aprobada el año 2010.

Los miembros del Tribunal que visiten Bolivia verificarán si se está cumpliendo la legislación boliviana en relación a los derechos de la Madre Tierra y constatarán si ha habido avances o no en la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra que fue aprobada por ley el 2010, y cuya implementación se exigió en la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso del TIPNIS el año 2019.

A continuación transcribimos el veredicto del Tribunal sobre el mencionado caso (haga click para ver el pdf completo).

REPAM: El extractivismo es la principal causa de conflictos en la Panamazonía

La Red Eclesial Panamazónica REPAM presentó recientemente su Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental en el cual expone diferentes datos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales de esta región. La panamazonía comprende el territorio conformado por la Cuenca del Amazonas. Políticamente este territorio alcanza parte de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guayana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela. De conjunto comprende 8 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen al 40% de la extensión de toda Sudamérica, y alberga aproximadamente a 33.6 millones de personas.

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La panamazonía contiene el bosque tropical continuo más extenso de la tierra. El 15% de toda la biodiversidad terrestre del planeta y el 15% de toda el agua dulce del mundo se encuentran en esta región. La cuenca amazónica alberga a 377 pueblos indígenas, y cuenta con más de 250 lenguas originarias. Por lo que, la panamazonía es una de las regiones de mayor diversidad biocultural del planeta.

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Amazonía y conflictos socioambientales

La panamazonía es una región de grandes conflictos socioambientales producto de las dinámicas económicas de carácter extractivista impulsadas por los diferentes Estados que conforman su territorio. De acuerdo a la REPAM, las principales actividades que provocan el conflicto socioambiental en esta región son la minería (tanto legal como ilegal), la explotación petrolífera, las hidroeléctricas, las quemas y la deforestación.

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Producto de las actividades extractivistas, la deforestación y la expansión de la frontera agraria, se generan una diversidad de problemáticas sociales. Según el sondeo realizado por la REPAM, las principales problemáticas sociales en la amazonia están relacionadas con:

  1. el extractivismo y los megaproyectos
  2. la crisis socioambiental
  3. la tenencia, legalización o presión sobre los territorios
  4. la ausencia institucional
  5. la fragilidad organizativa
  6. la pérdida cultural e identitaria
  7. la violencia, y
  8. la persecución política
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Sin duda, una de las poblaciones más vulnerable a las problemáticas suscitadas por el modelo extractivista son los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) o “Pueblos libres”. En todo el territorio amazónico se estima que habitan alrededor de 130 PIAV. Estos pueblos, son los más vulnerables a los daños ambientales producto de la explotación económica de la amazonia; y están sujetos a constante desplazamiento, dislocación, persecución y perdida cultural por parte de los megaproyectos, empresas extractivas y deforestación.

De los principales problemas sociales arriba identificados, la REPAM destaca las más relevantes a nivel de cada país panamazónico, siendo estas: la ausencia institucional por parte de Gobiernos y otras instituciones (Brasil y Colombia), Salud (Venezuela y Guyana), rasgos de la crisis socioambiental (Bolivia y Ecuador), y Violencia (Perú).

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Los mayores problemas culturales en la amazonia se centran en: la perdida identitaria y cultural, la tenencia y la presión sobre los territorios, y el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada. Estas problemáticas se suman y articulan con la violación de los derechos básicos, como ser: el derecho de las minorías étnicas a vivir su cultura, el derecho a la identidad y nacionalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otras.   

Específicamente, los problemas sociales identificados por el Atlas Panamazónico relativos a temas culturales por país se centrarían en: la perdida cultural e identitaria (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela), la tenencia y la presión sobre los territorios (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada (Colombia y Perú) y la falta de reconocimiento y valorización de la diversidad cultural (Ecuador).

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Experiencias de justicia socioambiental

A nivel panamazónico, existen diferentes experiencias que surgen como alternativas en búsqueda de una justicia socioambiental en la región. El estudio del REPAM se enfoca específicamente en tres experiencias: producción alternativa, cuidado ambiental y capacitación productiva. Bajo la propuesta de este marco comparativo se puede observar que, a nivel porcentual, Venezuela se posicionaría como el país con menor experiencias de justicia social y ambiental de la región, seguido por Perú y luego Bolivia. Mientras que, en contraste, Colombia se posiciona como el país amazónico con mayores experiencias de justica a las problemáticas socioambientales. Estos datos revelan la gran brecha que existe entre los diferentes países panamazónicos respecto a cómo crear experiencias para la búsqueda de una justicia socioambiental y para crea alternativas frente al modelo extractivista.

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El Atlas Panamazónico presentado por el REPAM es una herramienta valorable para una visualización y análisis global del territorio de la Cuenca Amazónica. Sin embargo, como su mismo nombre lo indica, más que un instrumento de referencia local que permita un análisis focalizado y especifico, el Atlas Panamazónico en realidad es una herramienta de aproximación a la realidad de la Amazonía. En este sentido, el Atlas Panamazónico solo permite una contextualización global de esta vasta región.     

Derechos de la Madre Tierra: Antropocentrismo al desnudo

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.

El Artículo 33 de la CPE establece que las personas “tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”. Así como cualquier persona puede “ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente” (Art. 34).  La Ley  de Derecho de la Madre Tierra promulgada el 2010 establece que la Madre Tierra tiene derechos y señala en su artículo 2 que “El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones”. Así mismo en su artículo 10 “crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra”. Continúa leyendo Derechos de la Madre Tierra: Antropocentrismo al desnudo