Asamblea Mundial por la Amazonía | Hoy es Todavía

El pasado 18 y 19 de julio, organizaciones indígenas, activistas, instituciones, colectivos, entre otros se autoconvocaron a la primer Asamblea Mundial por la Amazonía, para lanzar un grito de defensa a la amazonia y la vida, y para articular acciones conjuntas en torno a tres grupos de trabajo: Covid-19, Boicot y Movilización


Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

(haga click en la imagen para ver el pdf completo)

Las leyes incendiarias en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos

El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].

Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]

Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019

NormativaTítulo
Ley 337. 11/02/2013Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 502.
26/02/2014
Ley de ampliación del plazo y modificación a la ley n° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 739.
29/02/2015
Modificación de las leyes n° 337 y n° 502 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 740.
29/09/2015
Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social
Ley 741.
29/09/2015
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Ley 952.
26/05/2017
Ley de ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 1098.
17/09/2018
Ley que establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal
DS 3874.
18/04/2019
Decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Ley 1171.
25/04/2019
Ley de uso y manejo racional de quemas
DS 3973.
10/07/2019
Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia

De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.

Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales 

Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.

Clase de propiedadÁreaPago al contado (ufv/hectárea)Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y MedianaTierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)235313
Empresa y MedianaOtras áreas157235
Pequeña MedianaTPFP y otras áreas117117
ComunidadTPFP y otras áreas3939
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013

La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).   

Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]

Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos

Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.

A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].

La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].

Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).  

Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171

TIPO DE PROPIEDADMonto UFV por hectárea quemadaMonto en UFV
Por tipo de propiedad
Propiedades colectivas (comunidades indígena originario campesinas)1100
Pequeña propiedad agrícola120
Pequeña propiedad ganadera350
Mediana propiedad agrícola350
Mediana propiedad ganadera360
Propiedad empresarial agrícola6100
Propiedad empresarial ganadera6100
Fuente: Ley 1171 del 25 de abril del 2019

Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.

Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].

En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Véase: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/evo-defiende-campesinos-culpa-al-capitalismo-incendios

[3] Véase el veredicto final del quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del Caso Amazonía: Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2020/01/veredicto-caso-amazonc3ada_tidn.pdf

[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html

[5] ABT (2019) Reconstrucción del modelo de aprovechamiento y uso forestal-agrario: “Desarrollo Integral de bosques y tierras”. Disponible en: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2019/abril/informe-audiencia-inicial.pdf

[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.

[7] https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181114/que-dijo-gobierno-del-etanol-que-pasa-realidad

[8] https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/6/expertos-en-la-zona-arrasada-por-el-fuego-se-preve-la-siembra-de-soya-233273.html

[9] Recientemente se aprobó el Plan de Uso de Suelos del Beni, zonificando en cinco categorías y neuve sub categorías el uso del suelo. El nuevo PLUS fue duramente cuestionado, tanto porque se aprobó sin el consentimiento y participación del sector indígena y porque prioriza las áreas agropecuarias, disponiendo unos 9 millones de hectáreas adicionales para este sector. Véase: https://www.noticiasfides.com/economia/promulgan-ley-de-plan-de-uso-del-suelo-del-beni-y-en-medio-de-cuestionamientos-402770

Cumbre por la naturaleza, los territorios y la vida

CONVOCATORIA

Las Organizaciones indígenas, Colectivos, activistas e instituciones agrupados en Ia Coordinadora Nacional para Ia Defensa de los Territorios con mucha preocupación observamos Ia profundización de una crisis sistémica cuyas dimensiones ambiental, climática, económica, política y social se agudizan de Ia mano de un modelo extractivista que no solo devasta Ia naturaleza, sino que socava las bases institucionales y democráticas de Ia sociedad boliviana. Como muestra de este nuevo escenario una marcha legitima de mas de 40 días de Ia nación Qara Qara cuya demanda fue burlada por el gobierno, Ia aprobación de semillas transgénicas para favorecer los intereses del agronegocio, Ia corrupción en el INRA y los recientes asentamientos y distribución de tierras en Ia Chiquitania y Ia reciente intervención violenta de Ia policía contra nuestros hermanos de Tariquia.

Por ello, planteamos Ia imperiosa necesidad de articulación en torno a Ia construcción de una Agenda Nacional que retome las alternativas que tanto pueblos indígenas como otros sectores sociales preocupados por esta situación vienen planteando ante el modelo de desarrollo basado en Ia generación de ingresos económicos. Es urgente trabajar en una propuesta que respete Ia vida de todos los seres de Ia naturaleza y del uso eficiente y responsable de los bienes y bondades de Ia naturaleza, velando por el bienestar de todos y todas, y de mantener Ia vida para las siguientes generaciones, una agenda que nazca desde una perspectiva integral y holística con Ia participación de diferentes sectores de Ia sociedad civil.

En este sentido, convocamos a Ia primera “Cumbre por la naturaleza, los territorios y Ia vida” que se desarrollara los días jueves 4 y viernes 5 de abril del presente año en el salón María Eugenia Canedo de APCOB ubicado en Ia Calle Alfredo Jordán No.79 de la Ciudad de Santa Cruz a partir de las 8:30.

Podrán participar lideres y lideresas de las Organizaciones indígenas, ambientalistas, plataformas, ONGs y personas vinculadas a las temáticas de los derechos humanos, ambientales, de los pueblos indígenas y de Ia naturaleza.

Por Ia Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios

Firman:

Central indígena de Comunidades Originarias de Lomerío – CICOL

Subcentral de Cabildos lndigenales del Territorio indígena Multiétnico 1- TIM1

Subcentral de Cabildos lndigenales del Territorio indígena Mojeño lgnaciano TIMI

Capitanía Charagua Norte – CCHN

Subcentral de Cabildos lndigenales del Territorio indígena y Parque Nacional lsiboro Secure- TIPNIS

Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni-CPEMB

Organización Indígena Chiquitana – OICH

Asamblea del Pueblo Guaraní APG

Colectivo Árbol

cumbre por la naturaleza

 

Video: El TIPNIS y los Derechos de la Naturaleza

El TIPNIS y los Derechos de la Naturaleza es un video producido por la Fundación Solón que en once minutos resume una historia de promesas, dignidad, lucha, represión, victoria y traición contra los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas en Bolivia. Continúa leyendo Video: El TIPNIS y los Derechos de la Naturaleza

Rositas y el Reasentamiento Involuntario

¿Quiénes serán las y los afectados y a dónde irán a parar las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas? ¿Cuál es el área de impacto directo e indirecto del proyecto? ¿Qué dicen al respecto los Términos de Referencia del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Rositas? Continúa leyendo Rositas y el Reasentamiento Involuntario

Las áreas (des)protegidas de Rositas

Marielle Cauthin

La fauna y la vegetación que habita en los alrededores de lo que podría ser la hidroeléctrica Rositas en Santa Cruz es sobrecogedora: la paraba frente roja que es endémica de Bolivia, convive junto a otras especies amenazadas como el cóndor de los andes, el tucán o el gavilán azulado. Se estima que en la zona habitan cerca de cuatrocientas especies de aves, mientras más de dos mil clases de plantas son parte de diferentes tipos de bosques por donde se desplazan jucumaris, antas, jaguares, pumas, monos, entre más de una centena de mamíferos, y más de sesenta especies de peces como el sábalo, dorado o surubí, que son base de la dieta de las familias del lugar. Continúa leyendo Las áreas (des)protegidas de Rositas

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por caso TIPNIS

El 8 de noviembre de 2017, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en su cuarta sesión realizada en Bonn, Alemania, escuchó el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) presentado por el presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, Fabián Gil y la presidenta de la Organización de Mujeres del TIPNIS Marqueza Teco Moyoviri de Maleca (ver resolución del TIDN sobre el TIPNIS). Continúa leyendo Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por caso TIPNIS

TUNUPA 104: Consulta para el Consentimiento Libre Previo e Informado de los Pueblos Indígenas

Invitamos a leer el TUNUPA Nº104 dedicado al tema de la Consulta y Consentimiento a los pueblos indígenas en Bolivia. Formato PDF

Índice: 

14 razones para decir NO a las mega hidroeléctricas en este 14 de Marzo

1. Los embalses de las mega hidroeléctricas son una de las principales causas de la deforestación y destrucción del hábitat de pueblos, animales y plantas. El Bala y el Chepete deforestará más de 80.000 hectáreas de bosque amazónico.

Continúa leyendo 14 razones para decir NO a las mega hidroeléctricas en este 14 de Marzo

Mega Hidroeléctricas: La “consulta” sin consentimiento

En los Términos De Referencia (TDR) de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de las mega hidroeléctricas de El Bala-Chepete (Beni) y Rositas (Santa Cruz) se establece una “consulta pública” que no guarda ninguna relación con la consulta libre, previa e informada establecida en el Artículo 30 y el Artículo 352 de la Constitución Política del Estado, ni con el Convenio Nº169 de la OIT o con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Continúa leyendo Mega Hidroeléctricas: La “consulta” sin consentimiento

La consulta a los pueblos indígenas en el sector de hidrocarburos

La consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas en el sector de hidrocarburos está reglamentada en Bolivia por el Decreto Supremo 29033 de 16 de febrero de 2007. Esta norma establece los procedimientos para el proceso de consulta y participación de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas (exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y distribución de gas natural por redes) en sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO), propiedades comunitarias y tierras de ocupación y acceso.

Según esta norma el proceso de consulta tiene las siguientes características:

07.PNGEsta norma ha sido modificada en tres oportunidades por los Decretos Supremos 29124, 29574 y 2298 con el objetivo de acelerar el proceso de consulta en perjuicio de los pueblos indígenas. El Decreto Supremo 2298 establece que en los casos que no pueda desarrollarse o concluirse el proceso de Consulta y Participación por causas no atribuibles a la autoridad competente, ésta emitirá una resolución administrativa para concluir con el proceso de Consulta y Participación. Esta resolución administrativa será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental, y pasar a la fase de ejecución de las actividades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la consulta para el consentimiento previo, libre e informado

05

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una instancia legalmente vinculante y cuya jurisdicción es reconocida por Bolivia. Esta Corte ha emitido sentencias con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta para el consentimiento libre, previo e informado. Su jurisprudencia es una de las fuentes de derecho más importantes al respecto.

En su sentencia del año 2012 sobre el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador señala en el parágrafo 177: “La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo o la comunidad, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Asimismo, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto. Por último, la consulta debe tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de decisiones. El incumplimiento de esta obligación, o la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, comprometen la responsabilidad internacional de los Estados.”

Y en el parágrafo 186 remarca que “la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como ‘un verdadero instrumento de participación’ ‘que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas’”.

En ese sentido, la Corte señala que “la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”.

Así mismo, la Corte en el parágrafo 205 determina que “los Estudios de Impacto Ambiental ‘sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad’, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, ‘con conocimiento y de forma voluntaria’”.

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Infográfica: Consulta para el Consentimiento Libre Previo Informado y de Buena Fe


Haz doble click para verlo en pantalla completa

Los elementos de la consulta para un consentimiento libre, previo, informado y de buena fe están interrelacionados y no deben ser aislados o fragmentados. El objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas antes de la adopción y aplicación de cualquier ley, proyecto u acción susceptible de afectarlos (previo), no debe haber interferencias ni presiones (libre), debe facilitar toda la información de manera oportuna, objetiva, precisa y adecuada (informado), debe darse en un clima de confianza (buena fe) y respetando los usos y costumbres, formas de organización y autoridades de los pueblos indígenas.

Consulta y Consentimiento en la Constitución de Bolivia

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia contiene un capítulo especial sobre los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y cuatro de sus artículos desarrollan el tema de la consulta libre, previa, informada y de buena fe. Continúa leyendo Consulta y Consentimiento en la Constitución de Bolivia

Historia de la Obligación Internacional de Bolivia para la Consulta a los Pueblos Indígenas

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El Convenio Nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en 1957, fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enunció los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los Estados al respecto. Este convenio usaba términos condescendientes e incluso hacía referencia a estas poblaciones como “menos avanzadas” promoviendo una visión desarrollista.

El Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, adoptado en 1989, contempla varias medidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Estas consultas deben “efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Bolivia ratificó el Convenio Nº169 el año 1991.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas -después de más de dos décadas de negociación- fue adoptada el año 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un año más tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó con el voto a favor de 143 estados. El Artículo 19 de esta declaración dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

El 7 de noviembre de 2007, mediante Ley Nº 3760, Bolivia eleva a rango de ley los 46 artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum y promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de su Artículo 256 eleva a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como son el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

TIPNIS: la saga por los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas

Por Pablo Solón

[English version] La historia de TIPNIS es una historia de dignidad, lucha, gloria, traición, heroísmo, represión, victoria y nueva traición contra los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Continúa leyendo TIPNIS: la saga por los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas

TIPNIS: the saga for the rights of nature and indigenous people

by Pablo Solón

[Versión en español] The story of TIPNIS is a story of dignity, struggle, glory, betrayal, heroism, repression, victory and renewed betrayal against the rights of Mother Earth and of indigenous people. Continúa leyendo TIPNIS: the saga for the rights of nature and indigenous people

Respuesta a las amenazas de expulsión a la Fundación Solón

En los últimos días ha recrudecido la acusación de que el rechazo de pueblos indígenas al proyecto hidroeléctrico de El Bala y el Chepete es producto de algunas ONGs, y el pasado 12 de noviembre un asambleísta departamental de La Paz del MAS declaró “que desde la Asamblea Legislativa Departamental se identificó a varias ONG, entre ellas la Fundación Solón, que se oponen al proyecto hidroeléctrico y que en las próximas semana enviarán una lista al Gobierno para que las investiguen y luego las expulsen”.(ver artículo) Continúa leyendo Respuesta a las amenazas de expulsión a la Fundación Solón