Devorando bosques para alimentar vacas

Por: José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

La noche de San Juan de este año dejó 659 incendios en todo el país. Sin embargo, esta cifra representa un pequeño pico en el total de incendios que se vienen desarrollando en el año. Al finalizar junio habremos superado los 7000 incendios sólo en este mes. De estos incendios, más de 1700 habrán sido en zonas boscosas y unos 150 en áreas protegidas según los datos oficiales del MMAyA publicados hasta la fecha.[1]

La actividad ganadera es la responsable de la mayoría de estos incendios. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en el año 2015 el 41% de los incendios se produjeron en áreas de uso ganadero.[2] La ganadería no sólo es responsable de los incendios en tierras de uso ganadero sino en gran parte de las tierras boscosas. El 2015, por ejemplo, hubo 20.000 incendios en áreas de producción forestal, reservas forestales y áreas protegidas, además de otros 21.000 incendios en áreas de uso ganadero. Los incendios que provoca la ganadería bovina son sobre todo para “recuperar” pastizales para alimentar el ganado y limpiar terrenos de cobertura forestal para ampliar los pastizales para las vacas.


Según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 71 % de la deforestación en Sudamérica se debe a la expansión de las superficies de pastizales para la ganadería bovina[3]. Otro estudio titulado “El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia” afirma que en nuestro país el 60% de la deforestación entre el 2005 y el 2010 se debió a actividades ganaderas[4].

En Bolivia existen dos grandes tipos de ganadería bovina: Por un lado, la extensiva que se realiza en grandes extensiones de tierra para que el ganado pastee libremente y, por el otro lado, la intensiva en la cual los animales están confinados y se los alimenta para que crezcan más rápido.

La primera es de bajo costo productivo[5] mientras la segunda requiere una inversión más alta. En el país predomina la ganadería extensiva, con inmensas superficies para pastoreo. De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad del departamento del Beni está cubierto por pastos naturales dedicados a la ganadería. Mientras que Santa Cruz concentra tres cuartas partes de los pastizales cultivados en Bolivia.[6]

Según el informe de Fundación Tierra sobre los incendios en la Chiquitania del 2019,[7]los principales protagonistas del incendio son los grandes ganaderos situados a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria y están localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías”. Este informe señala que en la zona de San Matías “al menos 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las cinco mil hectáreas definidas constitucionalmente”.

Del total de estas propiedades ganaderas, quince fueron tituladas durante el gobierno del MAS entre el 2016 y el 2018. Este tipo de titulaciones de tierra alientan aún más la expansión de las actividades ganaderas a gran escala a costa del bosque, generando mayor cantidad de quemas, las mismas que varias veces derivan en incendios descontrolados que incluso afectan al mismo sector ganadero.

Según el INE, en Bolivia existen alrededor de 10 millones de cabezas de ganado bovino. Podríamos decir que hay casi una vaca por cada boliviano y la demanda de carne está abastecida en el país. Asimismo, el 2019 se produjo un total de 204.203 toneladas de carne y se exportaron 4.915 toneladas.[8] Las exportaciones de carne deshuesada congelada tienen como destino principal el Perú, Vietnam y China desde agosto del 2019. También se exporta carne procesada (principalmente hamburguesas), conservas y despojos comestibles de carne al Perú y Ecuador.[9]

El plan de los ganaderos y los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez es ampliar la exportación de carne. Asimismo, La Federación de Ganaderos de Santa Cruz plantea multiplicar por 15 sus exportaciones de carne hasta el 2025. Si el agronegocio logra exportar 75.000 toneladas de carne tendrían un ingreso de 250 millones de dólares[10]. Para ello necesitan ampliar sus mercados, apuntando principalmente a la China, Rusia y otros países.

Lo que está provocando los incendios en Bolivia son las características de una ganadería que devora bosques para alimentar vacas. Situación que se agrava por el sueño de algunas elites de exportar carne y ganar millones de dólares para sus bolsillos. El impacto de la ganadería sobre los bosques de Bolivia es ya trágico. Pretender ampliar las exportaciones de carne en este contexto sólo agravará el ecocidio en curso.


[1] http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source

[2] ABT, Reporte Nacional de focos de Calor Gestión 2015, Disponible en:

[3] http://www.fao.org/3/i5588s/i5588s.pdf

[4] Müller R., Pacheco P., y Montero JC. 2014. El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. CIFOR.

[5] Sin embargo, de alto costo ambiental, ya que la ganadería bovina extensiva es la que más superficie quema para regenerar pastizales.      

[6] https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[7] http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/194

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/derribe-de-ganado-bovino-2018-2019/

[9] https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/Cifras-763-Bolivia-Exportaciones-carne-bovinos-derivados.pdf

[10] Asimismo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) plantea en su Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2020-2030 llegar a un hato bovino de 17 millones de cabezas de ganado – esto es, una tasa de crecimiento de alrededor del 5% anual – y exportar 150 mil toneladas por un valor de al menos 500 millones de dólares para el 2030. Para dicho fin, el sector ganadero propone pasar de 13 millones a 20 millones de hectáreas de uso ganadero. Véase: https://www.notiboliviarural.com/pecuaria/ganaderos-plantean-al-gobierno-un-plan-de-desarrollo

Focos de calor en tiempos de cuarentena

De acuerdo al informe presentado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) hasta finales del mes de marzo de este año se registraron un total de 4.288 focos de quemas acumuladas en todo el país; donde la amplia mayoría se suscitaron en Santa Cruz (3.625 focos) y en el Beni (282 focos). Asimismo, del total de focos registrados, 600 focos se dieron en 16 áreas protegidas nacionales y sub-nacionales de Santa Cruz y Beni (Tabla I).

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Ecocidio de la Chiquitanía: ¿Qué aprendieron los partidos políticos?

Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].

Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?

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Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

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