El mes de diciembre del 2020 registró un total de 9.008 focos de calor, según los datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA). Esto es casi tres veces más en relación a diciembre del 2019, cuando se registraron sólo 3.291 focos de calor en total
El departamento de Santa Cruz concentró el 73 % del total de los focos registrados (6587 focos) seguido por Beni con el 15% (1360 focos). Esto representa un aumento importante para el Beni en comparación al 2019, cuando apeas concentró el 7% (233 focos) del total de los focos de calor registrados en diciembre de ese año.
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Focos de calor mes de diciembre 2020
Focos de calor mes de diciembre 2019
Fuente: MMAyA
Del total de focos de calor contabilizados en diciembre del 2020, el 44,3 % de los focos de calor (3.989 focos) se registraron en áreas con cobertura boscosa; un porcentaje similar al 2019 cuando el 45,3% de los focos de calor se dieron en áreas boscosas. El tipo de bosque más afectado fue el amazónico, con 1.661 focos de calor (equivalente al 41,6% de los focos de calor registrados en área boscosa); seguido por el bosque chiquitano con 1.479 focos de calor (37,1%) y el bosque de pantano con 404 focos de calor (10,1%). Patrones muy similares a los focos de calor registrados en estos tipos de bosques en diciembre del 2019.
Respecto a las reservas forestales, los datos proporcionados por el SIMB indican un aumento porcentual entre el 2020 y el 2019. Durante diciembre del 2019, el 1,9% de los focos de calor se dieron en reservas forestales, mientras que en diciembre del 2020 este porcentaje se duplico, representando el 4,5%. Las reservas más afectadas en el 2020 fueron: Guarayos, Río Grande Masicuri e Itenez, todos en el departamento de Santa Cruz.
A nivel de las áreas protegidas, diciembre del 2020 registró 532 focos de calor, equivalente al 5,9% del total de focos de calor registros. Este valor porcentual es muy similar a diciembre del 2019 cuando el 5,2% del total de los focos de calor registrados se dieron en áreas protegidas. Las áreas protegidas más afectadas en diciembre del 2020 fueron: San Matías, Isiboro Securé, Iñao y Otuquis.
Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Diciembre 2019
Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Diciembre 2020
Fuente: MMAyA
Es importante destacar que los focos de calor registrados en diciembre se dieron a pesar de existir una Resolución Administrativa de la ABT, emitida a principios de octubre, que paraliza la autorización de quemas en todo el territorio.
Más de dos tercios de las emisiones de gases efecto invernadero del país se deben a la deforestación y a la actividad agropecuaria. En toda Sudamérica, el 71% de la deforestación es producto de la expansión de pastizales para la ganadería. En Bolivia, la ganadería es el principal causante de los incendios en tierras de uso ganaderas, pero también en reservas forestales y en áreas protegidas. Incendios que se genera debido a las quemas de pastizales y bosques para expandir las áreas de pastoreo para el ganado.
Actualmente en el país existen unos 9 millones de cabezas de ganado, una vaca por cada boliviano. No obstante, el Gobierno, en acuerdo con los grandes ganaderos, pretende ampliar la exportación de carne hasta el 2025. Desde el 2019 Bolivia comenzó a exportar carne a la China, y desde entonces las exportaciones en general van en crecimiento. Esto se traducirá en más deforestación y más quemas. Ante este escenario, es urgente tomar medidas drásticas para frenar este ecocido en curso.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA), mediante su Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) registro en todo el mes de noviembre de este año 63.515 focos de calor. Esto es cuatro veces más que el 2019, cuando se registraron 15.645 focos de calor en todo noviembre.
De acuerdo al Boletín Informativo N° 031 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), de los 7.965 focos de calor registrados en la última semana de noviembre de este año, solo el 9,6% fueron en áreas autorizadas por la ABT[1]; esto a pesar de que aún se mantiene vigente las Resoluciones Administrativas N° 149/2020 y N° 275/2020 que paralizan temporalmente la autorización de quemas en todo el territorio nacional.
A nivel departamental, Santa Cruz concentró el 58% del total de los focos de calor registrados en noviembre, seguido en segundo lugar por Beni con el 26%; porcentajes muy similares al mes de noviembre del 2019. Los principales municipios con mayor incidencia de focos de calor en el 2020 fueron: San Iganacio de Velazco (8211 focos), Concepción (5416 focos), San Ignacio (departamento del Beni) (3209 focos), San Miguel (3010) y San José de Chiquitos (2591).
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Focos de calor mes de noviembre 2020
Focos de calor mes de noviembre 2019
Fuente: MMAyA
De acuerdo con los dados del SIMB, el 45% de los focos de calor registrados en noviembre del 2020 (28.561 focos) fueron en áreas con cobertura boscosa. El tipo de bosque con mayor recuento de focos de calor fue el Chiquitano, con 11.597 focos de calor (40,6% del total registrado en áreas boscosas), seguido por el bosque amazónico con 7.483 (26,2%), el bosque chaqueño 3.501 (12,3%) y el bosque tucumano-boliviano (10,5%). En términos porcentuales, el mes de noviembre del 2020 presentó un aumento significativo de los focos de calor en el bosque amazónico en comparación al mismo periodo del 2019 (11,5% del total de focos de calor registrados en área boscosa). El mismo patrón se observó en el bosque tucumano-boliviano. Sin embargo, los focos de calor registrados en el bosque chaqueño señalan una disminución porcentual importante respecto a noviembre del 2019, cuando en este tipo de bosque registraba el 25,9% de todos los focos de calor en área boscosa.
Los focos de calor contabilizados en reservas forestales fueron 11.205, equivalentes al 17,8% de todos los focos registrados en noviembre del 2020. Esto es ocho veces más que en noviembre del 2019.
Los focos de calor registrados en áreas protegidas durante noviembre del 2020 fueron más del doble de los registrados durante el mismo mes en 2019. Sin embargo en términos porcentuales en relación al total de focos de calor durante el mes de noviembre bajaron de 11,8% en el 2019 a 7,4% en el 2020.
Las áreas protegidas con mayor incidencia de focos de calor durante 2020 fueron: Noel Kempff Mercado (1.513 focos), Isiboro Secrué (1303 focos) Iñao (547 focos) y San Matías (421 focos). Mientras que las reservas forestales con mayores registros de focos de calor fueron: Guarayos (2564 focos), El Chore (1929 focos) y Ríos Blanco y Negro (1335 focos) en Santa Cruz; Bajo Paragua (1930 focos) en el Beni; y Chapare (1219 focos) en Cochabamba.
Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Noviembre 2020
Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Noviembre 2019
Fuente: MMAyA
El elevado número de focos de calor registrado durante los últimos meses de este año es atípico, según reporta la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). De acuerdo al monitoreo realizado por la FAN, a lo largo de los últimos 19 años existía una clara tendencia a la disminución de los focos de calor en el último trimestre del año.[2] Parte de este fenómeno atípico se explica por las altas temperaturas reportadas durante este mes, sumado a las bajas precipitaciones, que coadyuvaron a la expansión de los incendios hasta finales del mes.[3] En este contexto, un informe del Observatorio de la Tierra de la NASA de finales de octubre de este año detalla como el subcontinente sudamericano estaría enfrentando la segunda sequia más intensa desde el 2002.
Fuente: Observatorio de la Tierra, NASA
Según dio a conocer el reporte de la NASA, las carencia de precipitaciones esta, asimismo, afectando drásticamente el almacenamiento de agua subterránea, donde en algunas regiones muestran condiciones de sequía que anteriormente ocurría aproximadamente una vez cada 50 años.[4] De a cuerdo la Organización Meteorológica Mundial (OMM), desde octubre del 2020 se instaló un nuevo episodio de La Niña,[5] este fenómeno generalmente implica condiciones de mayor humedad en el norte de la Amazonia, pero mayor sequedad en el sur del continente. Se prevé que este episodio de la Niña sea moderado a intenso y que se pueda extender hasta el primer trimestre del 2021.[6] Ante este escenario, cabe la posibilidad de que para la próxima temporada de chaqueos las condiciones atmosféricas sean aún más favorables para la propagación de incendios forestales en gran parte del país.
[5] La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical, a saber, los vientos, la presión y las precipitaciones. Por lo general, tiene efectos en el tiempo y el clima contrarios a los de El Niño, que es la fase cálida del fenómeno denominado. Véase: https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-ni%C3%B1a-se-consolida
Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) durante el mes de octubre de este año se registraron 122.738 focos de calor en todo el país. En comparación, durante el mismo periodo el 2019, se contabilizaron 31.190 focos de calor. Esto significa un incremento de 293% con relación a octubre del año pasado.
Bolivia está nuevamente envuelta en llamas. Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), durante el mes de septiembre de este año se registraron 85.228 focos de calor en todo el país. Mientras que, durante el mismo periodo el 2019, se contabilizaron 60.076 focos de calor. Dicho de otra manera, el mes de septiembre del 2020 presenta 41,8% más focos de calor que el año pasado.
Santa Cruz sigue encabezando la lista de los departamentos más afectados, concentrando el 49% (42.087 focos) del total de los focos de calor. Sin embargo, este porcentaje significa una reducción significativa en comparación con el año pasado, cuando solo en ese departamento se concretaba el 66 % de los focos registrados. Por el contrario, el departamento del Beni tuvo un aumento considerable; en septiembre del 2019 este departamento concentró el 21% de los focos de calor, pero durante el mismo periodo del 2020 esta cifra subió al 34% [1] .
El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie [1], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas [2]. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2,3 millones de hectáreas quemadas [3]. No toda superficie quemada son bosques. Gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre los años 2012 a 2016 Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosques [4]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial [5].
Los incendios del año pasado y este año representan un verdadero ecocidio que al final se abre paso en el programa de los partidos políticos que participan de las elecciones, pero que ninguno se atreve a calificarlo como un ecocidio. Todos mencionan los incendios y la Chiquitania, pero ninguno quiere referirse al bosque como sujeto de derechos, ni a las causas estructurales de los incendios: la ganadería y el modelo del agronegocio de la soya transgénica.
El año pasado Bolivia vivió un ecocidio en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la que condena las acciones políticas que promovieron la tragedia. La verdadera problemática del ecocidio radica en las acciones humanas que quemaron más de 6 millones de hectáreas, acabando con la vida de miles de seres. Todo provocado por un modelo productivo que debe cambiar en el país. La sentencia, marca la continuación de la búsqueda de la defensa de los derechos de la naturaleza y asimismo de la importancia de la biodiversidad que nuestro país alberga.
A casi un año de los devastadores incendios que causaron uno de los peores desastres ambientales en la historia del país, el Gobierno nacional y departamental de Santa Cruz presentaron el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz que alcanza a 1.205 millones de bolivianos. Mas de la mitad de esta cifra será para fortalecimiento de capacidades y elaborar un diagnostico, y hasta la fecha el gobierno sólo tiene comprometidos 26 millones de bolivianos (2%).
La parte de diagnostico del plan afirma que de 2.053 predios afectados por los incendios, 1.209 corresponden a propiedades ganaderas (58% del total) lo que confirma que la principal causa de los incendios estuvo ligada a este actividad.
El Plan dice que, de una superficie total quemada de 3,4 millones de hectáreas, 1,4 millones de hectáreas fueron quemadas en tierras de uso agropecuario extensivo (42% del total de hectáreas quemadas). En segundo lugar figuran las tierras de uso forestal con 930 mil hectáreas quemadas (27% del total), seguidas de las áreas protegidas con 686 mil hectáreas quemadas (20% del total).
El mencionado Plan identifica como “causas subyacentes” de los incendios del 2019 al “marco normativo generado por la anterior gestión de gobierno”, que avalaron “perdonazos” y asentamientos humanos en tierras con vocación no aptas para actividades agropecuarias. Dentro de este marco normativo, mencionan a la Ley N° 337 (de “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales), la Ley N° 741 (que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias), la Ley N° 1171 (de uso y manejo racional de quemas) y el Decreto Supremo N° 3973 (que autorizan el desmonte para incrementar la actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni)[1]. Sin embargo, el Plan no propone la abrogación inmediata de estas normas para evitar que continúen estos incentivos perversos a las quemas y la deforestación.
Así mismo, el Plan omite mencionar otras leyes que directa e indirectamente promueven y legalizan la expansión de la frontera agrícola a costas del bosque, como ser la Ley N° 740 (de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social), la Ley N° 1098 (marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal), y el Decreto Supremo N° 3874 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta)[2]. Sobre la necesidad de poner limites a la exportación de carne no existe ni siquiera una mención.
Mas de la mitad del financiamiento será para fortalecimiento de capacidades y un diagnostico
De los 1.205 millones de bolivianos que necesitaría el Plan, el mayor porcentaje (38%) sería para Gestión de Riesgos que incluye:
Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias y cambio climático con enfoque de protección, género e inclusión.
Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.
Generación de procesos de coordinación y gobernanza entre los actores involucrados.
En segundo lugar, con el 35% del presupuesto, está el eje ambiental con los siguientes componentes y financiamientos:
Restauración asistida y regeneración natural de bosques en zonas priorizadas. (50,4 millones Bs. – 4,1% del total)
Conservación de corredores de conectividad de flora y fauna silvestre en sitios prioritarios de conservación y de las áreas de influencia (17 millones de Bs. – 1,4%).
Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión (269,2 millones Bs. – 22%).
Manejo sustentable de recursos hídricos con enfoque de cuenca y cambio climático (47,5 millones Bs. 3,9%).
Monitoreo de la restauración (funciones ambientales, fijación y captura de carbono, balance hídrico, fuentes de agua superficiales y subterráneas, suelos y corredores de biodiversidad) (33,1 millones Bs. 2,7%).
Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental (2,6 millones Bs. – 0,2%).
Como se puede apreciar el lineamiento estratégico que más financiamiento tiene (269,2 millones de Bs) dentro del sector ambiental es el de “Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión“. Dentro de este lineamiento el proyecto con mayor financiamiento (170 millones de Bs.) es para “Valoración de daños y pérdidas ocasionados a la biodiversidad, suelos y agua, a consecuencia de las emergencias ambientales, para el monitoreo y seguimiento en las Áreas Protegidas afectadas del SNAP“. En otras palabras la mayoría del financiamiento para el sector ambiental será destinado a “Un documento con el diagnóstico de daños y pérdidas de la biodiversidad, suelos y agua, afectado por los incendios con la definición de indicadores para el monitoreo y seguimiento“.
A todo esto hay que añadir que en la “Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental” se gastarán 2,6 millones de Bs. EN este lineamiento estratégico figura un proyecto de “Política Nacional de Bosques y Plantaciones Forestales y su Estrategia de Implementación, que incluya la promoción del desarrollo forestal sostenible a partir de zonas afectadas por los incendios forestales“.
Sólo el 2%de financiamiento
Según el mencionado Plan sólo el 2% tiene financiamiento comprometido [3]. El otro 98% – 1.178 millones de Bolivianos – sería gestionado a través de créditos y donaciones de la cooperación internacional desde entidades públicas nacionales y sub nacionales.
Es necesario destacar que el Plan no contempla los incendios que están ocurriendo ya el 2020 especialmente en Áreas protegidas como Otuquis y San Matías [4]. ¿Cuánto más costará a los bolivianos y bolivianas los incendios forestales de este año? ¿Por qué este costo no lo asumen los culpables de este desastre ambiental?
En síntesis el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz es un plan para pasar el sombrero a la cooperación internacional, gastar el dinero en consultorias y documentos, y no abordar las causas estructurales que llevan a la deforestación y las quemas. En le medida en que no se analice y busque cambiar el modelo depredador del agronegocio, este Plan de Recuperación será sin duda uno más de muchos.
[2] Así como el más reciente Decreto Supremo N° 4232 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados).
[3] Los proyectos o acciones que tienen fondos comprometidos son:
Eje Social: Provisión de servicios de salud para población afectada priorizando a la más vulnerable y Recuperación de servicios básicos (agua para consumo humano);
Eje Productivo: Recuperación de las condiciones de sistemas de producción agropecuaria y silvopastoril sustentables con valor agregado, y Recuperación de áreas productivas agrícolas de subsistencia y otras actividades alternativas (economía de patio);
Componente transversal Gestión de Riesgos: Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en atención, mitigación y prevención de riesgos con enfoque de cambio climático y Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.
Bolivia una vez más está en llamas. Pareciera ayer que la sociedad boliviana lloraba por la Chiquitanía. Desde el principio del año hasta el 31 de Julio se han registrado 60.490 incendios. Durante el mismo período el año pasado se contabilizaron sólo 51.394 focos de calor. Esto representa un incremento de 17% en los incendios en relación al 2019. La pandemia del fuego se esparce a la velocidad del viento y tenemos muy poco tiempo para detenerla.
Bolivia termina el mes de julio con un escenario ambiental perturbarte. Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), entre el 01 y el 29 de julio de este año se registraron 19.205 focos de calor. Mientras que, durante el mismo periodo, el 2019 se registraron 16.532 focos de calor. Dicho de otra manera, durante julio del 2020 los focos de calor se incrementaron en un 16.2% en relación al 2019. En los picos más altos, se llegó a registrar hasta 1.605 focos de calor en un solo día.[1]
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19.205 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 202016.532 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 2019
Los datos del SIMB muestran, asimismo, que hay un aumento porcentual considerable de los focos de calor registrados tanto en el bosque chiquitano como en Áreas Protegidas. Los reportes señalan que, durante 01 al 29 de julio del 2019, del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa el 50,5 % sucedieron en el bosque chiquitano; mientras que, durante el mismo periodo en el 2020, el 65,1 % del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa se dieron en el bosque chiquitano.
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Por otro lado, llama la atención el aumento de focos de calor identificados en áreas protegidas. De acuerdo a los datos del SIMB, el porcentaje de focos de calor registrados en áreas protegidas durante el 01 al 29 de julio pasó de 5,2% el 2019 a 12,7% el 2020. Siendo Carrasco, Otuquis y San Matías las más afectadas el 2019; mientras Otuquis, San Matías y Tunari fueron las más dañificadas este año.
Desde hace una semana el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis, en el municipio de Puerto Suarez en Santa Cruz, se encuentra en llamas. En solo los primeros cuatro días de incendio se registraron 685 focos de calor.[2] Según declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pickert, se estima que 25.000 hectáreas están siendo afectadas por los fuegos;[3] en tanto la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) informó que ya se quemaron 60 mil hectáreas de pasturas naturales.[4] A todo esto, hay que sumar los 5.000 hectáreas que se quemaron en el incendio suscitado en marzo de este año,[5] y los 326.743 hectáreas quemadas en los incendios del año pasado.[6]
Lamentablemente el latente incendio en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis no es el único evento de este tipo. En lo que va del mes de julio, hubo incendios de magnitud en diferentes áreas protegías, donde resaltan: el Área Protegida Paramani (zona de amortiguación del Parque Nacional y Área de Manejo Integral Madidi), el Parque Nacional Tunari, el Área Natural de Manejo Integral San Matías y – en dos ocasiones distintas – el Parque Nacional Carrasco[7].
Si a pesar de encontrarnos en una situación de emergencia por la pandemia del Covid-19, el mes de julio nos presenta este panorama tan desolador ¿Qué nos espera para los meses de agosto y septiembre? ¿Cuántos miles de hectáreas en bosques y áreas protegidas, y todos los seres que habitan en ellos, quedaran calcinados por los incendios? ¿Es necesario tener que precipitarnos nuevamente a un desastre ambiental para el gobierno derogue de una vez las leyes incendiarias? Si no frenamos el ecocido en curso, muy pronto nos hallaremos en el punto de no retorno, donde ya no se podrá recuperar los ecosistemas que se incineraron por la codicia de unos cuantos.
Entre el 1 de enero y el 22 de Julio del 2020 se han registrado, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 48.668 focos de calor. Durante el mismo período, el 2019 se registraron 44.902 focos de calor. Esto significa un incremento de 8,3% de focos de calor en relación al 2019.
44.902 focos de calor entre el 1/1 y el 22/7 del 201948.668 focos de calor entre el 1/1 y el 22/7 del 2020
La situación es aun más grave. Si tomamos en cuenta los incendios en áreas boscosas el incremento sube al 11,3% (17.285 el 2019 vs. 19.243 el 2020), y si nos fijamos solamente en los incendios en reservas forestales el incremento es del 42% (1.236 el 2019 vs 1.759 el 2020). El año pasado las reservas forestales que más incendios tuvieron en el periodo 1/1 al 22/7 fueron Iturralde, Guarayos y El Chore, mientras este año son Guarayos, Iturralde e Itenez.
2019
1.236 focos de calor en reservas forestales
2020
1.759 focos de Calor en reservas forestales
El mes pasado el pico de focos de calor por día llegó a los 650 incendios el 24 de junio. Sin embargo, este mes de julio ya hemos duplicado esa cifra con 1.318 focos de calor el día 21 de Julio.
24 de Junio: 650 focos de calor 21 de Julio: 1.318 focos de calor
En los 30 días de junio hubieron 7.315 incendios, mientras que en sólo 21 días del mes de julio ya estamos en 10.402 incendios.
La situación es extremadamente preocupante. El gobierno en su conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque y Tierra (ABT) siguen sin hacer nada para evitar un ecocidio como el que se vivió el 2019.
La noche de San Juan de este año dejó 659 incendios en todo el país. Sin embargo, esta cifra representa un pequeño pico en el total de incendios que se vienen desarrollando en el año. Al finalizar junio habremos superado los 7000 incendios sólo en este mes. De estos incendios, más de 1700 habrán sido en zonas boscosas y unos 150 en áreas protegidas según los datos oficiales del MMAyA publicados hasta la fecha.[1]
La actividad ganadera es la responsable de la mayoría de estos incendios. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en el año 2015 el 41% de los incendios se produjeron en áreas de uso ganadero.[2] La ganadería no sólo es responsable de los incendios en tierras de uso ganadero sino en gran parte de las tierras boscosas. El 2015, por ejemplo, hubo 20.000 incendios en áreas de producción forestal, reservas forestales y áreas protegidas, además de otros 21.000 incendios en áreas de uso ganadero. Los incendios que provoca la ganadería bovina son sobre todo para “recuperar” pastizales para alimentar el ganado y limpiar terrenos de cobertura forestal para ampliar los pastizales para las vacas.
Según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 71 % de la deforestación en Sudamérica se debe a la expansión de las superficies de pastizales para la ganadería bovina[3]. Otro estudio titulado “El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia” afirma que en nuestro país el 60% de la deforestación entre el 2005 y el 2010 se debió a actividades ganaderas[4].
En Bolivia existen dos grandes tipos de ganadería bovina: Por un lado, la extensiva que se realiza en grandes extensiones de tierra para que el ganado pastee libremente y, por el otro lado, la intensiva en la cual los animales están confinados y se los alimenta para que crezcan más rápido.
La primera es de bajo costo productivo[5] mientras la segunda requiere una inversión más alta. En el país predomina la ganadería extensiva, con inmensas superficies para pastoreo. De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad del departamento del Beni está cubierto por pastos naturales dedicados a la ganadería. Mientras que Santa Cruz concentra tres cuartas partes de los pastizales cultivados en Bolivia.[6]
Según el informe de Fundación Tierra sobre los incendios en la Chiquitania del 2019,[7] “los principales protagonistas del incendio son los grandes ganaderos situados a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria y están localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías”. Este informe señala que en la zona de San Matías “al menos 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las cinco mil hectáreas definidas constitucionalmente”.
Del total de estas propiedades ganaderas, quince fueron tituladas durante el gobierno del MAS entre el 2016 y el 2018. Este tipo de titulaciones de tierra alientan aún más la expansión de las actividades ganaderas a gran escala a costa del bosque, generando mayor cantidad de quemas, las mismas que varias veces derivan en incendios descontrolados que incluso afectan al mismo sector ganadero.
Según el INE, en Bolivia existen alrededor de 10 millones de cabezas de ganado bovino. Podríamos decir que hay casi una vaca por cada boliviano y la demanda de carne está abastecida en el país. Asimismo, el 2019 se produjo un total de 204.203 toneladas de carne y se exportaron 4.915 toneladas.[8] Las exportaciones de carne deshuesada congelada tienen como destino principal el Perú, Vietnam y China desde agosto del 2019. También se exporta carne procesada (principalmente hamburguesas), conservas y despojos comestibles de carne al Perú y Ecuador.[9]
El plan de los ganaderos y los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez es ampliar la exportación de carne. Asimismo, La Federación de Ganaderos de Santa Cruz plantea multiplicar por 15 sus exportaciones de carne hasta el 2025. Si el agronegocio logra exportar 75.000 toneladas de carne tendrían un ingreso de 250 millones de dólares[10]. Para ello necesitan ampliar sus mercados, apuntando principalmente a la China, Rusia y otros países.
Lo que está provocando los incendios en Bolivia son las características de una ganadería que devora bosques para alimentar vacas. Situación que se agrava por el sueño de algunas elites de exportar carne y ganar millones de dólares para sus bolsillos. El impacto de la ganadería sobre los bosques de Bolivia es ya trágico. Pretender ampliar las exportaciones de carne en este contexto sólo agravará el ecocidio en curso.
[4] Müller R., Pacheco P., y Montero JC. 2014. El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. CIFOR.
[5] Sin embargo, de alto costo ambiental, ya que la ganadería bovina extensiva es la que más superficie quema para regenerar pastizales.
[10] Asimismo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) plantea en su Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2020-2030 llegar a un hato bovino de 17 millones de cabezas de ganado – esto es, una tasa de crecimiento de alrededor del 5% anual – y exportar 150 mil toneladas por un valor de al menos 500 millones de dólares para el 2030. Para dicho fin, el sector ganadero propone pasar de 13 millones a 20 millones de hectáreas de uso ganadero. Véase: https://www.notiboliviarural.com/pecuaria/ganaderos-plantean-al-gobierno-un-plan-de-desarrollo
De acuerdo al informe presentado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) hasta finales del mes de marzo de este año se registraron un total de 4.288 focos de quemas acumuladas en todo el país; donde la amplia mayoría se suscitaron en Santa Cruz (3.625 focos) y en el Beni (282 focos). Asimismo, del total de focos registrados, 600 focos se dieron en 16 áreas protegidas nacionales y sub-nacionales de Santa Cruz y Beni (Tabla I).
Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].
Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?
Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.
El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.
Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.
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