Los agroquímicos más usados en Bolivia: entre toxicidad y prohibiciones internacionales

Por Guillermo Villalobos M.

20 de mayo de 2021

Hasta finales de 2020, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tenía registrados 2.120 productos de insumos agrícolas en todo el país, de los cuales 1.863 eran plaguicidas químicos de uso agrícola[1]. Estos plaguicidas químicos se centran principalmente en tres categorías: herbicidas (35,5%), insecticidas (33,3%) y fungicidas (27,8%) (Gráfica 1). Siendo que la mayoría de ellos (el 46,2%) están destinados al cultivo de soya, luego al barbecho (10,9%), al cultivo de arroz (10,6%), maíz (7%), papa (3,4%), caña de azúcar (2,4%) y trigo (2,3%), entre otros (Senasag, 2020).

Bolivia depende enteramente de los plaguicidas importados de otros países, ya sea de forma legal o ilegal (AEMP, 2019).  La amplia mayoría de los plaguicidas químicos de uso agrícola que contaban con un registro sanitario vigente hasta finales de 2020 provenían de China (equivalente al 49,8 % del total), y en menor medida de países vecinos y foráneos como: Uruguay (9,6%), Paraguay (6,7%), India (6,3%), Brasil (4,5%), Argentina (4,7%), Ecuador (2,7%) y Perú (2,1 %) (Mapa 1). 

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El viraje hacia el modelo agroexportador dependiente de agroquímicos

Por Guillermo Villalobos M.

El uso de agroquímicos está estrechamente ligado al predominio de un modelo económico y de un paradigma agrícola que tiene sus orígenes en la Revolución Verde[1]. A la Revolución Verde se la entiende como un modelo de asistencia agrícola – impulsado principalmente por los Estados Unidos – que durante los años cincuenta y sesenta fue exportado a los países del sur global bajo el discurso de “modernización” y “lucha contra el hambre mundial” (Méndez, 2017).

La revolución verde se basó en cuatro paradigmas centrales: 1) la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, 2) la producción intensiva mediante la implementación de insumos químicos (esencialmente fertilizantes y pesticidas), 3) la mecanización del proceso agrícola (principalmente uso de tractor y sistemas de irrigación) y 4) la selección genética y desarrollo e implementación de nuevas semillas de alto rendimiento (Ceccon, 2008).       

El segundo gran impulso en el uso de agroquímicos se da desde los años ochenta hasta nuestros días, cuando la Revolución Verde entró en su segunda fase histórica, denominada también como “revolución genética o biotecnológica” (Picado, 2013). El elemento principal de esta segunda fase fue la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o transgénicos, así como los mercados más globales y liberalizados que profundizaron dinámicas extractivistas con base en la extracción de nuevos commodities agrarios, tales como la soya, el maíz y el trigo, entre otros (Hotz-Giménez et al., 2013).  

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El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya

Por: Guillermo Villalobos M.

Desde los años 90, el modelo agroindustrial basado en la exportación de commodities agrarios -es decir, materias primas para la exportación- comenzó a afianzarse cada vez más en el país. Tal como en los años 90,[1] hoy en día el sector que privilegia este modelo agrario lo promociona como un modelo que impulsa la “modernización” de la agricultura -fundamentalmente por medio del uso de biotecnología- y que esa “modernización” lleva a mayores rendimientos y productividad, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria nacional[2]. 

En el caso boliviano, como en Brasil y Argentina, el cultivo de soya poco a poco se fue posicionado como el pilar principal de este modelo agroindustrial. Así, bajo este modelo, la superficie cultivada con esta leguminosa se incrementó a pasos acelerados, pasando de significar apenas el 7,3% del total de superficie cultivada en 1985-1986 a representar el 38,6% del total de superficie cultivada del país en el 2004-2005 (Gráfica 1).

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La historia de los transgénicos en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos M.

La historia de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Bolivia es intrincada. A grandes rasgos, podemos identificar cinco grandes períodos que marcaron la historia normativa de los OGM en el país. El primer periodo se remonta a principios de la década de los 90 con los primeros ensayos con papa Genéticamente Modificado (GM) variedad Desiree. Sin embargo, fue recién después de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 (ratificado por Bolivia en 1994 mediante la Ley 1580) y la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1996 que regula un Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos que Bolivia aprueba en 1997 su Reglamento sobre Bioseguridad. Con este reglamento -cuya finalidad es minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos por el uso y liberación de OGM- se crea el Comité Nacional de Bioseguridad como organismo encargado de asesorar en temas relacionados al manejo y evaluación técnica para realizar actividades con OGM.

Es en base al Reglamento sobre Bioseguridad que en 2005 se autoriza por primera vez en el país la producción y comercialización de soya genéticamente modificada resistente al glifosato evento (40-3-2), constituyéndose en el único OGM formalmente aprobado hasta la fecha  en el país. A partir de esta autorización, que da inicio al segundo periodo, es que poco a poco toda la soya convencional que se producía en el país se reemplaza por soya transgénica. Desde 2012 prácticamente toda la soya producida en Bolivia es transgénica.

Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, se inicia un tercer periodo histórico, caracterizado por la aprobación de un amplio marco legal que norma la utilización de transgénicos en el país. Así, partiendo desde la misma CPE (Art. 255, I., No. 8) y mediante la aprobación de distintas leyes entre 2010 y 2014, el país construyó un marco legal que buscó normar, desincentivar y prohibir la importación, uso, producción, liberación al medio y comercialización de OGM en el país.

Empero, y pese a todo este marco legal, desde 2011 se comienza a observar la conformación de un cuarto periodo, caracterizado por una “apertura” de la norma a favor de los OGM. Dicha “apertura” se dio fundamentalmente por medio de la Ley 144; la cual – a la par de prohibir la introducción de OGM al país (Art. 15, No 2) – establece que todo producto OGM destinado al consumo humano tiene que estar debidamente etiquetado y que se establezcan disposiciones para controlar la producción, importación y comercialización de productos GM (Art 19, No 5). Años después, esta Ley dio paso al Reglamento sobre etiquetado de productos que contengan OGM, donde se establece que todo alimento producido, fabricado e importado al país que contenga o derive de OGM obligatoriamente tenga una etiqueta (DS 2452 Art. 4).

El quinto y último periodo consolida ese viraje hacia una apertura a los OGM y una flexibilización de la normativa nacional. Este viraje comenzó a concretarse con el Decreto Supremo N° 1098 del 2018, que autoriza la producción de aditivos de origen vegetal (etanol y biodiésel), para luego pasar al Decreto Supremo N° 3874 del 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de dos nuevos tipos de soya transgénica (evento HB4 e Intacta) para la producción de biodiésel. El punto más alto de este periodo lo representó la promulgación de los Decretos Supremos 4232 y 4348 en el 2020. El DS N° 4232 autorizó nuevamente al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados, solo que esta vez para un número indefinido de eventos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. Mientras que el DS N° 4348 autoriza la zonificación de áreas para el cultivo de maíz transgénico, a pesar de no estar aún autorizados legalmente.