Eucaliptos para matar la biodiversidad

Por: José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua informó que se autorizó la importación de eucaliptos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en Bolivia.

Las plantaciones de eucaliptos con fines comerciales son lo opuesto a un bosque. En las plantaciones de monocultivos lo que menos se busca es la biodiversidad, debido a que todos los árboles son iguales, uno al lado de otro, como palitos de fósforo de gran tamaño. En una plantación no importa el árbol sino la madera y, fundamentalmente, la celulosa que se extrae de la madera. Su objetivo no es reproducir la vida sino hacer negocio produciendo pulpa de papel o pellets para combustible.


Las plantaciones de monocultivos intensifican la alienación y destrucción de la naturaleza.

En la región central de Chile, por ejemplo, las plantaciones de monocultivos forestales han afectado el ciclo del agua[1]. Asimismo, los feroces incendios que se producen anualmente en Chile se deben en parte a las plantaciones de monocultivos que se queman como palitos de fósforos.

Mientras que, en el caos de Argentina, las plantaciones de eucaliptos alientan la concentración de tierras y afectan la salud de las poblaciones locales por el uso de pesticidas[2]. Por otro lado, los monocultivos de eucaliptos que se instalaron desde la década de los ochenta en el Uruguay acidificaron los suelos y los hicieron inhabitables para otras especies de plantas nativas[3]. Y en el caso del Brasil, se habla de la aparición de “desiertos verdes” por la eliminación de grandes porciones del Bosque Atlántico nativo por las plantaciones de eucalipto[4].

Sin ir muy lejos, en el Valle Alto de Cochabamba se ha comprobado que las plantaciones de eucalipto generaron cambios perjudiciales en el suelo y contribuyeron a su degradación[5]. Así mismo, diversos estudios en el mundo muestran que las plantaciones forestales afectan la soberanía alimentaria de la población.

El gobierno de Añez oculta y calla estos impactos porque le interesan más los bolsillos de algunos empresarios del agronegocio que la preservación y regeneración de nuestros bosques nativos. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua estas plantaciones de semillas importadas de eucaliptos ayudarían a la lucha contra al cambio climático porque serían muy eficientes en la captura de dióxido de carbono.

Sin embargo, la verdad es que los monocultivos de árboles sólo almacenan dióxido de carbono hasta que mueren en la guillotina de los aserraderos. Estas plantaciones sepultan en muchos casos la posibilidad de que bosques dañados por los incendios puedan recuperarse con el tiempo. Además, para plantar, mantener, cortar, transportar y procesar la madera, se consume combustibles fósiles que emiten dióxido de carbono. Si queremos realmente enfrentar el cambio climático debemos preservar nuestros bosques y no remplazarlos por plantaciones de monocultivos.

Por si esto fuera poco, la nota del Ministerio de Medio Ambiente y Agua dice que se introducirá “un paquete tecnológico” que “utilizará material genético con características inmunológicas más fuertes”.

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué el gobierno transitorio de Añez no sólo quiere introducir maíz, trigo, caña de azúcar, algodón y soya transgénica, sino que ahora busca importar semillas de eucaliptos transgénicos? El gobierno transitorio de Añez, sigue los pasos del gobierno de Evo Morales, y no hace nada por abrogar las normas incendiarias que llevaron al ecocidio de la Chiquitanía el año pasado. 

En vez de terminar de matar a los ecosistemas con plantaciones de monocultivos debemos promover la preservación y regeneración de los nueve tipos de bosque que existen en Bolivia (cita). La reforestación tiene que ser con especies nativas y de ninguna manera con monocultivos de eucaliptos.

Nuestros bosques son una fuente de alimentación, medicinas, agua y oxigeno que pueden ser aprovechada a través de prácticas de agroforestería que convivan con el bosque y no lo destruyan. Pretender uniformizar los árboles para hacer dinero sólo traerá nuevas tragedias a la naturaleza y a los seres humanos.


[1] https://www.mdpi.com/1999-4907/10/6/473/htm

[2] https://archivo.argentina.indymedia.org/news/2013/03/833086.php

[3] http://www.guayubira.org.uy/2007/02/impacto-de-las-plantaciones-de-eucaliptos-en-el-suelo/

[4] https://globalforestcoalition.org/resisting-green-deserts-in-brazil/

[5] http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n2-3/v4n2-3_a12.pdf

Importancia de la Evaluación de Impacto Ambiental

Tanto la naturaleza como la sociedad están inmersas en un mismo sistema complejo con relaciones igualmente complejas. Es incorrecto considerar que los ecosistemas y las sociedades son sistemas complejos independientes que sólo interactúan en unos pocos puntos. Las sociedades son en realidad sistemas complejos inmersos dentro de sistemas complejos que son los ecosistemas (1). Los seres humanos y sus actividades económicas, productivas, culturales y cotidianas se realizan dentro de la naturaleza y no son posibles fuera de ellas.

Un cambio muy pequeño en los componentes de un sistema complejo puede generar cambios gigantescos en la respuesta o viceversa. Así, cuando se busca predecir el resultado de una determinada intervención sobre el medio ambiente se tiene que enfrentar cuando menos dos fuentes de incertidumbre: la gran cantidad de variables que generan un sin número de interacciones y el comportamiento no lineal que tienen tales interacciones.

La realización de una actividad, obra o proyecto puede tener impactos de diversa índole sobre la naturaleza y, por tanto, sobre la propia sociedad. En esa medida es fundamental a) analizar las diferentes interacciones que se pueden producir al implementar, funcionar o cumplir su vida útil un determinado emprendimiento, b) prever los diferentes impactos a corto y mediano plazo, acumulados y sinérgicos, directos e indirectos, c) considerar los diferentes escenarios y alternativas, d) precisar las diferentes estrategias y medidas de mitigación, e) evaluar de manera neutral y objetiva las diferentes opciones y f) tomar la decisión más apropiada que puede implicar la no realización de dicho emprendimiento por los peligros que implica.

La Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA) es un proceso que comienza en las etapas iniciales de un proyecto y que continua durante su fase de implementación, construcción, operación y abandono o desmantelamiento. Este proceso de EIA puede extenderse en el tiempo durante muchas décadas.

La EIA no es un proceso formal para obtener la autorización para el inicio de obras. La EIA es un proceso esencial en particular en la actualidad donde se han alterado los ciclos vitales del planeta Tierra. Precisamente por el agravamiento de la crisis ecológica mundial es necesario perfeccionar y fortalecer permanentemente los proceso de EIA. Procesos de deforestación de hace cincuenta años hoy tienen una valoración y repercusión mucho más grave. 

Así mismo, los procesos de EIA son fundamentales para la preservación de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que “una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce de múltiples derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la integridad personal, la salud y el propio derecho a un medio ambiente sano” (2). 


(1) Luis Zambrano, “La Complejidad de los socioecosistemas” Instituto de Biología UNAM. 2013.
(2) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre del 2017.

Litio: ¿Qué proponen los partidos?

Todos los partidos políticos hablan del litio y lo destacan como un elemento central para el desarrollo del país. Sin embargo, más allá de la retórica, no hay propuestas concretas para hacer frente a la casi paralización del proyecto de industrialización del litio. Los programas de los partidos no se refieren a los problemas de la última década en la industrialización del litio. Tampoco hacen planteamientos para resolver los posibles escenarios de conflicto después de la abrogación por Evo Morales del Decreto Supremo 3738 que creó la empresa mixta entre Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACISA. En relación a los temas ambientales y de consulta previa libre e informada a las poblaciones indígenas se dice muy poco o nada.

Desde el 2013 Bolivia comenzó a producir a nivel piloto cloruro de potasio y carbonato de litio y a partir del 2017 también empezó a producir a nivel piloto materiales catódicos y baterías de ion litio. El 2018 comenzó la segunda fase de producción industrial con la inauguración de la primera planta industrial de cloruro de potasio, con capacidad instalada de 350.000 Toneladas/año. Esta planta industrial opera hasta la fecha a menos del 10% de su capacidad. Asimismo, se tiene planificado concluir el 2020 la construcción de la planta industrial de carbonato de litio; la misma que, hasta febrero de este año, contaba con un 38% de avance[1].

Hasta finales del 2019, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) produjo en la planta industrial de cloruro de potasio a penas 26.741 toneladas de cloruro de potasio y en la planta piloto de carbonato de litio 420 toneladas. Hasta fines del 2019 se exportaron 21.036 toneladas de cloruro de potasio y 120 kilos (en calidad de muestra) de carbonato de litio[2].


Movimiento Al Socialismo

El programa de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) del 2020 no sufrió cambios relevantes respecto al litio en relación a su propuesta del 2019. Al igual que el año pasado, destaca de manera grandilocuente los logros alcanzados en la industrialización del litio[3] y, por el otro lado, plantea continuar con la implementación del Plan Nacional de la Industrialización del litio desarrollado durante sus anteriores gestiones. No realiza ninguna evaluación autocrítica del hecho de que Bolivia es absolutamente marginal en el mercado del litio, ni plantea una ruta de acción para hacer frente a la situación después de la disolución de la empresa YLB-ACISA. El MAS sigue hablando como si nada hubiera pasado en la diversificación productiva, la industrialización de los recursos naturales y la inserción de Bolivia en los primeros eslabones de la cadena de industrialización de materiales catódicos y baterías de litio.

El programa de gobierno del MAS plantea en primer lugar, “concretar la tercera fase de inversiones, para lograr la producción de materiales catódicos y baterías de litio, completando así la industrialización del litio” y, en segundo lugar, “consolidar los mercados de exportación” e “implementar las plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio de sales residuales” así como materiales catódicos y baterías, todo ello en asociación con “empresas privadas nacionales y extranjeras”. Sobre la experiencia fallida con ACISA no dice una sola palabra.

A diferencia de su programa del 2019 donde mencionaba “montar plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio (…) en asociación con la empresa alemana ACI Systems” para el salar de Uyuni, ahora sólo habla de la asociación con la empresa china TBEA-Boacheng para los salares de Coipasa y Pastos Grandes.

Comunidad Ciudadana

La propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) respecto al litio es la misma que del año pasado. Esta gira en torno a “estudios de pre-inversión e inversión en la denominada ´nueva´ minería”, en los que se contempla la industria de autos eléctricos y la priorización de proyectos de litio.  Asimismo, menciona la creación de “condiciones para que sea pública la información pertinente respecto a los criterios y parámetros financieros, económicos y técnicos sobre los que se estructuran los proyectos que son propiedad de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), así como las sociedades de YLB con empresas privadas”.

Uno de los puntos centrales de la propuesta en torno del litio de CC es convocar a “un pacto productivo” para diseñar “de modo conjunto (…) una Estrategia Nacional de la Industria del Litio”. Así, en función a esta estrategia, y al igual que el MAS, proponen insertar a Bolivia en “la cadena de valor global del litio, promoviendo relaciones de valor con las grandes empresas del mundo que producen autos eléctricos, otros vehículos y otros productos de alto valor, donde el litio es el material principal.” Esta sería la ruta para que Bolivia se inserte en “los grandes mercados del litio (Bolsa de Metales de Londres y la Bolsa de Shanghai)”.

Bajo estos lineamientos plantea industrializar el litio “con tecnologías apropiadas que agreguen valor y minimicen los impactos ambientales sobre el entorno”. Esta es la única mención al tema ambiental del litio en los programas de los partidos políticos. 

Juntos

La agenda de gobierno de Juntos respecto al litio gira en torno a la alusión de garantizar una “estabilidad económica y crecimiento sostenido”. Para ello, Juntos apuesta por una “diversificación” de las fuentes de riqueza y empleo, y promueve “industrias con potencial exportador”, como ser el litio, entre otros recursos naturales[4]. Su meta es lograr una “revolución de las exportaciones”. 

Con el fin de industrializar el litio en las “condiciones más ventajosas para el país” Juntos – al igual que el programa del año pasado de Bolivia dijo No – propone hacer una “evaluación cuidadosa del proyecto de explotación e industrialización de litio”, para determinar la viabilidad tecnológica, financiera y comercial del proyecto estatal, y tomar “responsablemente las decisiones que permitan reencauzarlo” en plazos breves y movilizando inversión, tecnología y recursos humanos. Con esta redacción ambigua Juntos abre el escenario para la privatización del litio y, a diferencia de los demás programas de gobierno, su propuesta no menciona la cadena de valor ni la fabricación de las baterías de litio. 

El programa de Juntos ya no menciona que “garantizarán la participación activa de las regiones de localización de los recursos evaporíticos, como es el caso del departamento de Potosí” como estaba planteado en el programa de Bolivia dice No del año pasado.

El actual gobierno transitorio que concentra a la coalición Juntos ha dado señales favorables para continuar la iniciativa de asociación entre YLB y la subsidiaria alemana[5] y recientemente ha expresado que el país necesita “tecnología [e] inversión extranjera” para reactivar el proyecto del litio[6].

Alianza Libre 21

La Alianza Libre 21 plantea convertir a Bolivia en “la capital mundial de las baterías de litio” y, para ello, propone llevar a cabo un “cinturón del litio en el occidente” como uno de los “tres cinturones estructurales de desarrollo energético y tecnológico en el país[7]. En este sentido, plantea desarrollar el “cinturón occidental boliviano de baterías”, con “centros de manufactura de baterías” distribuidas a lo largo de la zona andina y con destino productivo especifico (baterías para electrodomésticos, computadoras, celulares y autos). De esta manera, el programa de Libre 21, al igual que el MAS y CC, enfoca su propuesta de industrializar el litio mediante la producción de baterías.

Si bien Libre 21 da señales de promover empresas estatales fuertes, un aspecto particular de su propuesta es la creación de una empresa de litio: LIBOL. No queda claro, sin embargo, si la nueva empresa de litio que plantea Libre 21 vendría a remplazar a YLB y cuál sería el futuro de la actual empresa estatal del litio.  Lo que sí es claro es que esta nueva empresa de litio entraría dentro de su propuesta de transferir – a través de títulos de valor intransferible, embargables y heredables – parte de las acciones de las empresas estatales a la ciudadanía.

Finalmente, en su propuesta de “Bolivia corazón verde de Sudamérica” menciona de forma genérica que en una década todos los automóviles en el país deberían funciona a gas o con baterías de litio. La Alianza Libre 21 no ahonda en detalles de cómo planean sustituir los 1.910.127 vehículos que conformaban el parque automotor nacional del 2018[8].

Creemos

El programa de gobierno de Creemos, en su subtitulo específico sobre Explotación de Litio, parte de la idea de “mejorar todo el proyecto de explotación industrial del yacimiento de litio de Uyuni” enfatizando que lo harán “en consenso con la sociedad civil del departamento de Potosí”. Así, y mediante la asociación de YLB con “un inversionista privado”, pretenden comenzar la explotación del litio a más tardar el 2022.

Al igual que la mayoría de los otros programas de gobierno analizados, Creemos apunta a una industrialización del litio mediante la producción de baterías de litio. Con el argumento de aumentar el valor agregado y generar mayores recursos por materia de exportación, la propuesta de Creemos gira en torno a instalar una fábrica de baterías de litio para vehículos eléctricos dentro del territorio nacional que “pertenezca a uno de los grandes jugadores existentes en esta industria que nos garantice el mercado”. Para esto, contemplan que el Gobierno se comprometa a “realizar todas las inversiones en infraestructura física necesaria para hacer atractivo el proyecto” e implementar reducciones fiscales y aportes de recursos a través de YLB. Esta fábrica de baterías de litio entraría en operaciones antes del 2025.

Conclusiones

En general, todos los programas de gobierno analizados apuntan al litio como uno de los recursos naturales más estratégicos con el que cuenta el país; donde su industrialización garantizará tanto el desarrollo y crecimiento económico, así como el bienestar futuro del país. En todos los programas de gobierno a excepción del MAS, existe una crítica en términos muy generales al proyecto de industrialización del litio que se desarrolló hasta el momento. La mayoría de los partidos proponen revisar y/o desarrollar una nueva y mejor estrategia para su industrialización, mediante proyectos que incorporen tanto componentes financieros, tecnológicos como comerciales. Sin embargo, ninguno ahonda en los pormenores de estos proyectos ni en las diferencias en relación con el Plan Nacional de Industrialización del Litio desarrollado hasta el momento.

Todos, a excepción de Juntos, apuntan en mayor o menor medida a la cadena de valor de la producción de baterías de litio. En otras palabras, el objetivo no sería sólo explotar y exportar carbonato de litio e hidróxido de litio, sino producir materiales catódicos y baterías de ion de litio. 

El MAS, CC y Creemos buscan algún tipo de asociación con empresas internacionales que viabilicen tanto la producción de baterías en el país como la inserción de Bolivia en la cadena de valor global de las baterías de litio. Ningún partido aborda la cuestión de las regalías mineras por concepto de explotación de carbonato de litio e hidróxido de litio, conflicto que movilizó por más de cinco meses a diversos sectores en Potosí. Igualmente, ningún partido menciona a ACI Systems, ni cómo se procederá legal y financieramente  después de la abrogación del Decreto Supremo 3738 que creaba la empresa mixta YLB-ACISA.

Finalmente, llama profundamente la atención que, de las cinco propuestas analizadas, solo CC menciona de forma muy genérica el componente ambiental de la producción de litio, limitándose a un aspecto tecnológico y no así de productividad y balance socio-ambiental que tiene la extracción de litio en estos delicados ecosistemas.

*Este análisis comparativo abarca a la propuesta de gobierno presentado por: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Juntos, Alianza Libre 21 y Creemos


[1] https://www.ylb.gob.bo/resources/rendicion_cuentas/rendicion_inicial_2020.pdf

[2] https://www.ylb.gob.bo/archivos/notas_archivos/rendicion_de_cuentas_publicas_c.pdf y https://www.ylb.gob.bo/archivos/notas_archivos/np002_compressed.pdf

[3] Con menciones elocuentes tales como “se completó el circuito de la industrialización del litio a escala piloto y se dieron los primeros pasos hacia la producción a gran escala asegurando mercados internacionales para incursionar en la producción de baterías de litio y la industria automovilística.”

[4] Producción de alimentos, la agroindustria, el desarrollo forestal, la manufactura, la economía digital, el turismo, el transporte y otros servicios

[5] https://eldeber.com.bo/165736_embajada-alemana-asegura-que-su-pais-sigue-interesado-en-industrializacion-del-litio

[6] https://latinvestment.org/2020/04/25/el-litio-como-punta-de-lanza-para-reactivar-la-economia-post-coronavirus/

[7] Los otros dos “cinturones de desarrollo” serían: el cinturón gasífero (en el sur, centro y oriente) y el hidroeléctrico (en el centro y norte), a los cuales se agrega la generación focalizada de energía solar, geotérmica y eólica.   

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/boletines/actualidad-estadistica/category/225-parque-automotor#

Gobierno transitorio aprueba importación de eucaliptos para plantaciones forestales comerciales.

Por: Guillermo Villalobos

El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó una nota señalando que a través de su Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), lograron que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) promulgue una Resolución Administrativa – RA N° 084/2020 – que establece requisitos fitosanitarios para la “importación de plantines de eucalipto (Eucalyptus spp) en sustrato inerte (sin ningún tipo de bacteria o microbio), para la implementación de plantaciones forestales comerciales permitiendo mejorar la calidad y el rendimiento por hectárea.”[1]

De acuerdo a la nota del MMyA, la RA N° 084/2020, del SENASAG establece los requisitos para importar plantines de Eucalyptus spp, este nombre científico corresponde a una nomenclatura binominal, que es un sistema simplificado de clasificación biológica mediante la combinación de dos nombres correspondientes al género y a la especie. Entonces, Eucalyptus vendría a ser un género de árboles de la familia mirtáceas, mientras que la sigla spp es una abreviación para especies, es decir, todas aquellas que conforman este género de árbol[2]. De esta forma, al mencionar que se aprobó la importación de plantines de Eucalyptus spp de hecho, se está señalando que se aprobó la importación de cualquiera de las más de 280 especies de eucaliptos que existen en el mundo[3].

¿Por qué esto es importante? La pauta la da la segunda parte de la nota del MMAyA, cuando señala que la importación de eucaliptos es parte de “un paquete tecnológico que será introducido en las plantaciones forestales” el cual, según este comunicado, fue olvidado y dejo a Bolivia rezagada en comparación con los demás países de la región. Además, añaden que se utilizará eucaliptos con “material genético con característica inmunológica más fuerte que permite el desarrollo óptimo de la especie” logrando “mayor tasa de crecimiento y densidad de madera” y permitiendo avanzar hacia la modernización de las plantaciones forestales comerciales en el país. Llaman la atención dos aspectos: por un lado, la alusión a paquetes tecnológicos y material genético con características propias que supuestamente permiten mayores rendimientos y la modernización del sector y, por el otro lado, el abanico de posibilidades que abrió la RA N° 084/2020 para la introducción de cualquier especie de eucalipto.

La pregunta es ¿acaso con la RA N° 084/2020 del SENASAG se quiere viabilizar la introducción de eucaliptos genéticamente modificados al país? Dada la reciente aprobación por parte del Gobierno transitorio del Decreto Supremo 4232 que viabiliza al Comité Nacional de Bioseguridad llevar a cabo procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénica, dicha hipótesis no resulta tan descabellada. 

Al respecto, la empresa brasilera Futura Gene arguye ser una de las primeras entidades en haber desarrollado un eucalipto genéticamente modificado (H421), el cual supuestamente ofrece un 20% más en la productividad de madera[4]. Durante 2015 el Comité Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) del Brasil aprobó la libre comercialización y uso de este eucalipto transgénico en todo su territorio[5].

En la nota del MMAyA se destaca que se contará con las bondades ambientales de estos plantines importados. Por un lado, como una posibilidad para la lucha contra al cambio climático puesto que estos serían “muy eficientes en la captura de CO2” y, por otro lado, porque “no degradan los suelos y se adaptan muy bien en tierras con baja cantidad de nutrientes”.

Efectivamente, los arboles del genero Eucalyptus son eficientes fijadores de CO2, pero eso es solo una cara de la moneda, ya que las plantaciones forestales comerciales también generan importantes emisiones CO2 durante todo su proceso productivo. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de captura de CO2 del Eucalyptys grandis ronda los 245 t CO2/ha-7años, mientras que la huella de carbono del ciclo de vida de las plantaciones forestales comerciales – que abarca las etapas de producción de plantines, siembra y mantenimiento hasta el corte del árbol – es de -239 t/ha-7años[6]. Existiendo, por supuesto, diferencias y particularidades propias a cada contexto y ecosistema.

Respecto a la degradación de los suelos, desde los años 80 existe un intenso debate científico sobre los efectos de plantaciones forestales de eucaliptos sobre los suelos. En general, el grado de afectación (o beneficio) está estrechamente vinculado a condiciones específicas del ecosistema y sobre todo al tipo de suelo. En Bolivia se cuenta con diversos estudios referentes a los distintos efectos de las plantaciones forestales de eucaliptos en los suelos locales, como por ejemplo, en el caso del Valle Alto de Cochabamba donde se observó que este tipo de plantaciones generaron cambios fisicoquímicos en los suelos – volviéndolos ligeramente más salinos y cambiando la estructura y textura del suelo – en relación a las parcelas agrícolas perimetrales a las plantaciones.[7]

Estas mismas afectaciones se presentan en otros países de la región. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que posee plantaciones forestales de eucaliptos desde finales de los años 80 y actualmente cuenta con alrededor de 770 mil hectáreas,[8]  los monocultivos de eucaliptos sobre los suelos de praderas hicieron que se volvieran más ácidas e inhabitables para otras especies de plantas nativas. Igualmente, se observó una disminución del material orgánico y la Capacidad de Intercambio Catódico del suelo, así como un cambio en su estructura y textura que afecta la capacidad de filtración del agua.[9] 

Las plantaciones forestales de eucalipto no solo presentan problemas ambientales, sino que también acarrean consecuencias sociales importantes. En Brasil, por ejemplo, con 5,7 millones de hectáreas cultivadas es uno de los principales productores del mundo;[10]  esta gran producción llevó a que en los Estados de Bahia y Espirito Santo – dos de las principales áreas productoras – suplanten en gran medida el Bosque Atlántico Nativo[11] por “desiertos verdes” – denominación local a las plantaciones industriales de eucaliptos. La formación de estos “desiertos verdes” capitalizados en manos de las firmas forestales condujeron a un proceso de cooptación de tierras y al desplazamiento de las comunidades locales – tanto  afro-brasileñas Quilombera como indígenas Tupiniquim – de sus territorios, sin mencionar la exposición de estas comunidades al bombardeo de agroquímicos tóxicos realizados en las plantaciones circundantes.[12]

La nota del MMAyA termina haciendo referencia a los beneficios económicos de la introducción de estos plantines para el sector forestal. La nota señala que las plantaciones industriales al tener mayor uniformidad “reducen los costos de manejo, generando mayor productividad por hectárea” permitiendo “múltiples aplicaciones industriales con alta demanda en mercados internacionales” fortaleciendo así, “las condiciones de la producción nacional de madera para consumo interno y la exportación”.

Según el Mapa de Bosque del 2013, Bolivia tiene alrededor de 51.407.000 hectáreas de bosque en todo su territorio, clasificados en 9 tipos de distintos[13]. De acuerdo al Censo Agropecuario del 2013, la superficie de uso forestal en Bolivia es alrededor de 13.844.734,6 ha, de las cuales apenas 150.219,3 ha corresponden a plantaciones forestales maderables[14]. De estas 150.219,3 ha, solo 20.995,4 son plantaciones forestales de eucaliptos, las cuales se encuentran mayormente en Chuquisaca (8.783,6 ha), Cochabamba (4.023,1 ha), Potosí (4.023,1), La Paz (2.733,4 ha) y Santa Cruz (2.205,5 ha).[15]

En base a estos datos, nos preguntamos si ¿realmente es viable pensar que Bolivia puede competir con los países vecinos que son líderes mundiales en plantaciones forestales de eucaliptos? Parecería insulso y sin criterio económico apuntar a tratar de competir con Brasil, Uruguay o Chile (los cuales poseen hasta 270, 37 y 31 veces más hectáreas plantadas de este árbol, respectivamente). Sin embargo, la idea de ampliar las plantaciones forestales comerciales se extiende más allá de las políticas del Gobierno transitorio de Añez, ya que se encuentra presente en las agendas de gobierno de los principales partidos políticos[16] .

Por otro lado, cabe preguntarse ¿dónde se planea implementar estos plantíos forestales de eucaliptus? ¿se planea expandir las plantaciones existentes en la zona del altiplano y valles, o más bien, utilizar el eucalipto para “reforestar” las áreas deforestadas por la expansión de la frontera agropecuaria y las quemas descontroladas? Lamentablemente, la nota del MMAyA no brinda ninguna luz al respecto.

En todo caso, la cuestión de fondo es ¿por qué el gobierno transitorio se esmera en fortalecer un modelo económico con alto impacto socio-ambiental, en vez de, por ejemplo, promover una regeneración de los 9 tipos de bosques nativos que se encuentran en el país y desarrollar una agro-forestería comunitaria orientada a abastecer nichos de mercados con diversos productos de origen no maderable?


[1] https://www.mmaya.gob.bo/2020/06/aprueban-requisitos-fitosanitarios-para-la-importacion-de-plantines-de-eucalipto/

[2] https://www.iapt-taxon.org/nomen/pages/main/art_5.html

[3]  https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=EUCAL

[4] https://www.futuragene.com/pt/nosso-produto/eucalipto-geneticamente-modificado-com-aumento-de-produtividade/

[5] https://www.scidev.net/america-latina/biotecnologia/noticias/brasil-da-luz-verde-a-eucalipto-transgenico.html?__cf_chl_jschl_tk__=d683c2cb1149d056c28ba26ab1053ad3a59bb025-1591631902-0-AVzIjNxi5OkMtyWW9BOUTGoUzHa589USTVnBqlBHSOzaR4U9iZ-sCWdnKgRkJ5q2cYJOtfl5OSaFKByZgOHYlhfkTw6v3oyY7YX3asj84M-I6QEOjggAyVSLxmPynG75FmoRQshGvms1xwTfSbKX-LJ3baRAhF7D95CJPivZGOHyHfUiap5J2liGeSuq3bsIPSC_ArLIV-rZQKp5xMWM_4fWktkjpJwfd_1nM8f2pnMWSLswW6loFuldGRVpjNmnJG9jk7BYG2_CGBwATm_FVdOAjiB0fhDYf0xBKN9Z8_ruGPet_v3PbtiDJr8DuEmxQt9b92CtKUS6YuFGh6mByfCWRk3cgnZ5TjqoRDReRFm7imx50E_ascuvQ2uci6sCV6x4lm9_X2hnwkLweciLHFU

[6] Véase: http://www.advancesincleanerproduction.net/7th/files/sessoes/6A/1/martinez_la_et_al_academic.pdf

[7] Flores, E (2009) Efecto de las plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus L.) sobre los suelos de comunidades asentadas en la red ferroviaria Cochabamba-Cliza, En: Acta Nova. Vol. 4, Nº 2-3, diciembre 2009, pp. 338-355. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n2-3/v4n2-3_a12.pdf

[8] http://www.revistaforestal.uy/silvicultura/mas-vale-especie-conocida-que-otra-por-conocer.html

[9] http://www.guayubira.org.uy/2007/02/impacto-de-las-plantaciones-de-eucaliptos-en-el-suelo/

[10] Seguidos después por China con 4.5 millones de hectáreas y la India con 3,9 millones de hectáreas. Véase: https://agritrop.cirad.fr/589039/1/ID589039.pdf

[11] El Bosque Atlántico subtropical que ocupa el territorio de Brasil, este de Paraguay y norte de Argentina y Uruguay. Este bosque abarcaba originalmente el 15% de todo el territorio brasilero y es de hecho uno de los bosques más amenazados del mundo, donde durante el periodo 2018-2019 se deforestó 14.502 hectáreas solo en el Brasil. Véase: https://www.sosma.org.br/noticias/desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-quase-30/

[12] https://globalforestcoalition.org/resisting-green-deserts-in-brazil/

[13] Los tipos de bosque son: Amazónico con 19.402.388 ha (representa el 37% del total); Chiquitano con 8.645.849 ha (representa el 16,8%); Seco Interandino con 172.227 ha (representa el 0,3%); Tucumano Boliviano con 3.322.885 (representa el 6,5%); Chaqueño con 9.098.162 ha (representa el 17,7%), Llanuras Inundables con 3.047.598 ha (representa el 5,9%); Pantanal con 1.147.401 ha (representa el 2,2%); Yungas con 6.565.994 (representa el 12,8%); y Andino con 4.496 (representa el 0,01%). Véase: https://observatorioccdbolivia.files.wordpress.com/2015/06/01-memoria-tecnica-mapa-bosque-2013-otca.pdf

[14] La superficie de plantaciones forestales maderables se concentra principalmente en Santa Cruz con el 34,9% (52.456,3 ha), seguido por Beni con el 16,3% (24.543,8 ha), Chuquisaca con el 18,5% (27.856,2 ha) y La Paz con 15,1% (22.754,7 ha). Véase: Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.

[15] Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.

[16] https://fundacionsolon.org/2020/03/31/ecocidio-de-la-chiquitania-que-aprendieron-los-partidos-politicos/

¿Quién alimenta a Bolivia?

Por Pablo Solón y Guillermo Villalobos

A principios de Mayo la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliana Capobianco, realizó una conferencia de prensa sobre los transgénicos y la seguridad alimentaria de los bolivianos. En esta conferencia dijo: “Ante la crisis del coronavirus, creo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener alimentos en nuestra mesa. Aquí les muestro, por eso están aquí en la mesa estos productos, muchos de estos alimentos o bebidas que consumimos todos los días. ¿Quién no ha comido un Sniker, un chicle Clorets, un m&m, la mayonesa Rika, las zucaritas de Kellogs o estos Cheerios…? Esta es nuestra realidad en Bolivia”. Continúa leyendo ¿Quién alimenta a Bolivia?

Transgénicos: Ambigüedades agronegociantes

A pesar de que la Constitución Política del Estado en su artículo 255 prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, ninguno de los programas de los partidos políticos que están inscritos para las próximas elecciones plantea medidas concretas para efectivizar dicha prohibición. El MAS, Comunidad Ciudadana y Juntos eluden hablar con nombre y apellido de los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) y prefieren utilizar el término de biotecnología o de transferencia de tecnología para la agricultura. La alianza Creemos es la única que en su programa de gobierno se pronuncia abiertamente a favor de los OGM. En relación a los biocombustibles -que van de la mano de los transgénicos- el MAS, Juntos y Creemos se pronuncian explícitamente a favor de ellos mientras CC se muestra a favor de los combustibles de origen agrario.

Movimiento Al Socialismo

Al igual que en su propuesta de gobierno del año pasado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) bajo la noción de “mejorar los rendimientos de los cultivos” propone en su pilar de Soberanía Alimentaria implementar “nuevas tecnologías”, donde destaca el uso de la “biotecnología”. Paralelamente, el MAS pone énfasis en la producción de biocombustibles (en particular biodiesel) que favorecen a la agroindustria y supuestamente reducen la importación de carburantes. A través de la producción de biocombustibles el MAS plantea “consolidar la soberanía productiva agroindustrial y de alimentos”. 

Juntos

El plan de gobierno de Juntos de la presidenta Añez, al igual que la alianza “Bolivia dijo No” que la precedió, no se pronuncia abiertamente sobre los transgénicos o los OGM y los encubre bajo el concepto de transferencia tecnológica en el proceso agropecuario. Su plan de gobierno plantea  eliminar todas “las barreras de entrada a los mercados y otros factores que restringen la competencia, la capacidad exportadora, la innovación, la productividad y el emprendimiento”, entre estos destacan “las prohibiciones injustificadas a las exportaciones y a la transferencia tecnología en el proceso productivo, especialmente agropecuario“.

Al igual que el MAS, Juntos está a favor de los biocombustibles. El programa de Juntos plantea “reconversión de la industria nacional orientada al mercado internacional” e “incorporar las nuevas tecnologías al aparato productivo para generar una nueva oferta de bienes y servicios (p.ej… biocombustibles, fertilizantes, productos químicos…)”. Igualmente, por medio de su “Plan Amazonía Exportadora” Juntos ofrece promover inversiones públicas y privadas orientadas a desarrollar “…un clúster de producción de biocombustibles y para generación eléctrica…”

Comunidad Ciudadana

Comunidad Ciudadana (CC) tampoco habla de manera explicita de los OGM y proponer llevar a cabo “investigación y desarrollo en biotecnología”. Así, bajo el “principio de precaución y el de bioseguridad” CC busca crear un Instituto Boliviano de Biotecnología, es decir un “órgano científico que conducirá y articulará con los actores relacionados, investigaciones soberanas de aplicación de la biotecnología a la agricultura, así como los análisis de sus impactos sobre la salud y el medio ambiente”. De esta manera, CC deja abierta la posibilidad de que -en función a las “investigaciones soberanas”- se pueda eventualmente introducir nuevos OGM en el país.

Por último, aunque CC no mencionan específicamente los biocombustibles, si proponen apoyaran “la producción de combustibles de origen agrario
con alta productividad y óptimas condiciones competitivas
” bajo su “política de transición energética y los compromisos internacionales como el Acuerdo de París“.

Creemos

El programa de gobierno de Creemos, al igual que el MAS,  propone expresamente autorizar el uso de biotecnología con el argumento de “mejorar los niveles de producción y productividad y hacer más eficientes las labores agrícolas”. Creemos plantea “…autorizar de manera inmediata el funcionamiento del Comité de Bioseguridad para que considere y autorice la realización de nuevos eventos biotecnológicos durante el año 2021 para los siguientes productos: soya, maíz, algodón y caña de azúcar”. Creemos propone elaborar una Ley que “regule a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el Estado, que dé certeza y claridad en los procedimientos a seguir y las competencias institucionales de todos los involucrados”. 

Creemos, al igual que el MAS y Juntos, está abiertamente favor de la producción de biocombustibles. Para ello plantea “acelerar los procedimientos de adición de alcohol anhidro en la gasolina especial, hasta un 12% de su volumen”. Para la producción de biodiesel proponen “trabajar de forma coordinada con la industria oleaginosa y los productores de soya del país, para que a partir del año 2022 comience a comercializarse biodiesel en el mercado nacional”.

El discurso y la practica

Ninguno de los programas de los partidos mencionados reafirma la prohibición constitucional a los OGM ni plantea una propuesta de ley para su eliminación gradual como corresponde. La alianza Creemos es la que de manera explicita se pronuncia a favor de los OGM para soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Con la promulgación del DS 4232, la presidenta transitoria Añez está implementando en la práctica el programa de Creemos sobre los transgénicos, lo ha ampliado al trigo y lo ha adelantado al 2020, antes de que siquiera se realicen las elecciones. El MAS, por oportunismo electoral, ha pasado a oponerse a los transgénicos para tratar de capitalizar el rechazo al Decreto Supremo de Añez sobre los OGM. CC ha asumido también una posición critica frente al Decreto de Añez, pero no se ha pronunciado categóricamente contra los transgénicos.

Lejos de defender una posición de principios y de respeto a la constitución sobre los transgénicos, los programas de estos partidos políticos prefieren una retórica ambigua sobre biotecnología para defender y/o ganarse el apoyo de los poderosos sectores de la oligarquía del agronegocio. En relación a los biocombustibles o combustibles de origen agrario se pronuncian a favor de los mismos a sabiendas de que estos agrocombustibles, en el contexto boliviano, representan necesariamente el uso de soya transgénica para la elaboración de biodiesel. 

 

El coronavirus y la deforestación están interrelacionados

por Pablo Solón

Todos hablamos de la curva del coronavirus.  Cada noche tomamos nota de los casos confirmados. Al principio las cifras eran de un dígito, luego pasamos a contar por decenas y ahora se cuentan por centenas en un sólo día. Entre el 10 de marzo y el 10 de Mayo, ósea en 61 días hemos pasado de 2 a 2.556 casos confirmados de covid 19 en Bolivia. Cada 10 días aproximadamente se duplican los casos confirmados de coronavirus y todos sabemos que la realidad es aun mucho peor porque sólo se hacen tests a una parte de los casos que tienen síntomas visibles.


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¿Y qué pasa con la curva de los incendios de bosques y pastizales en Bolivia?  La situación es extremadamente igual de grave o peor. Si tomamos los datos oficiales de los reportes diarios de focos de calor que empezó a publicar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua desde el 25 de marzo, pasaron de 104 a un acumulado de 5.086 focos de calor para el 10 de mayo. La curva de los incendios forestales sube aun de manera más empinada que la curva del coronavirus a pesar de que el país está semiparalizado en sus actividades.

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Han pasado más de 200 días desde que se fijaron dichos plazos. Hubo una elección, un cambio de gobierno, una pandemia y sin embargo ni el nuevo gobierno transitorio ni el viejo parlamento han abrogado el paquete de normas que facilitan y alientan las quemas en Bolivia. 

A fines de febrero de este año dirigentes de la Organización Indígena Chiquitana  entregaron proyectos de ley y de decreto supremo a la Asamblea Legislativa y al gobierno transitorio. Ninguno les respondió, ni hizo nada al respecto. Tanto el oficialismo como la oposición continúan alentando las quemas que provocaron el ecocidio en la Chiquitania.

Las curvas del coronavirus y de los focos de calor están interrelacionadas. Los virus que habitan en animales saltan a los humanos cuando destruimos su hábitat. Por ello el Papa Francisco en relación al coronavirus dice: “No sé si es la venganza, pero es la respuesta de la naturaleza”.

Las quemas contribuyen a la deforestación de los bosques que alimenta el cambio climático. El calentamiento de la tierra derrite los glaciares y en los polos del planeta se empiezan a liberar virus que estaban dormidos. La relación entre pandemias y afectación a la naturaleza es evidente. Por ello las Naciones Unidas advierten que el cambio climático es un peligro mayor que el coronavirus. Si queremos contener el calentamiento del planeta hay que de dejar los combustibles fósiles bajo tierra y detener la deforestación.

No se puede aplanar una curva y dejar que la otra se dispare. Bolivia avanza a un nuevo ecocidio este año y todo indica que el sector del agronegocio controlado por unos grandes propietarios y empresas trata de sacar provecho de la crisis y desconcierto que provoca la pandemia para aumentar sus ganancias, expandir la frontera agrícola y aprobar nuevas semillas transgénicas.

Al 19 de abril Bolivia supera registro de quemas de los últimos 10 años

Por Guillermo Villalobos

Hasta el 19 de abril del 2020 se registraron en Bolivia 3.368 focos de calor. Esta cifra es la más alta de la última década según los datos del Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (gráfica I).  

Gráfica I. Evolución histórico nacional de focos de calor acumulado al 19 de abril. 2010 a 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020 (has click en la imagen para agrandar)

Si observamos la pequeña barra en gris de focos de calor acumulados hasta el 19 de abril veremos que ninguno de los años anteriores Bolivia superó los 3.368 registrados oficialmente este año. El año pasado se registraron 2.761 incendios y el 2016 hubieron 2.538. Algunos años ni siquiera se llegó a los 1.000 focos de calor. Este es el primer año que pasamos la barrera de los 3.000 focos de calor acumulados hasta el 19 de abril.

El incremento de los focos de calor es extremadamente preocupante por dos razones: primero por el ecocido suscitado el 2019 que afectó más de 2 millones de hectáreas de bosque[1] y, segundo por la emergencia sanitaria del Covid-19 y la cuarentena que ha semiparalizado las actividades económicas del país.

Los departamentos que al 19 de abril acumularon la mayor cantidad de focos de calor fueron: Santa Cruz con 2.664, Beni con 319 y Tarija con 285. Según el mismo informe del MMAyA, desde el 2010 al 2020 Santa Cruz encabeza la lista con la mayor cantidad de focos de calor acumulados al 19 de abril (gráfica II).

Gráfica II. Evolución histórica de focos de calor acumulados por departamento al 19 de abril. 2010 al 2020.

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
(has click en la imagen para agrandar)

Asimismo, del 1 al 19 de abril de este año se registraron 1,564 focos de calor en todo el país. Santa Cruz ocupa el primer lugar con 1.063 focos de calor (equivalente al 67%), seguido de Beni con 340 (21%) y La Paz con 61 (4%). Los principales municipios afectados en Santa Cruz son: Charagua con 132, San Ignacio de Velazco con 118, Pailón con 112 y Cabezas con 105 focos. En el Beni el municipio mas afectado es Exaltación con 124 incendios (gráfica III).

Gráfica III. Evolución mensual de los focos de calor nacional y por departamento. 1 al 19 de abril 2020.  

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
(has click en la imagen para agrandar)

En Santa Cruz, según los datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) de esa gobernación, del 1 al 21 de abril se registraron 1.078 focos de quema[2] (gráfica IV). Esta cifra supera el promedio histórico de quemas del mes de abril para Santa Cruz.[3]

Gráfica IV. Evolución histórica focos de quema departamento de Santa Cruz. 1 al 21 de abril 2020

Fuente: Boletín del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales 21 de abril 2020, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. (has click en la imagen para agrandar)

De acuerdo a los datos presentado por el MMAyA, del total de focos de calor registrados entre el 1 y el 19 de abril, 48 se dieron en reservas forestales, principalmente en: Guarayos (21), El Chore (11) y la Cuenca del Río Boopi (7). Este mismo reporte muestra que 65 focos de calor se dieron en áreas protegidas, destacándose en Santa Cruz el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (39) y el Parque Nacional Amboró (7), en Cochabamba el Parque Nacional Carrasco (6) y en el Beni el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiborro Secruré (4).

Los tipos de bosques en donde más focos de calor se registraron fueron: bosque chaqueño (182), bosque chiquitano (166), bosque de yungas (37), bosque amazónico (32) y bosque de pantano (29) (gráfica V).

Gráfica V. Focos de calor en Reservas Forestales, Áreas Protegidas y por tipo de bosque. 1 al 19 de abril 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020. (has click en la imagen para agrandar)

Llama profundamente la atención que hasta la fecha se hayan registrado más focos de calor que el año pasado a pesar de la cuarentena nacional que está en vigencia desde el 22 de marzo, la misma que a limitado la movilidad de las personas y a ralentizando todo el aparato productivo y comercial del país. ¿Cómo es que en una cuarentena nacional se sigan dando chaqueos de esta magnitud? ¿Cómo es que Santa Cruz, que es el departamento más golpeado por el covid-19, al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de focos de calor?

Sería muy importante que, así como cada noche el Ministerio de Salud anuncia los casos confirmados de covid-19, el MMAyA informe diariamente por televisión los incendios registrados en el día para evitar que el ecocidio se repita en Bolivia.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Sobre la diferencia entre focos de calor y focos de quema véase: https://eldeber.com.bo/137001_foco-de-quema-y-foco-de-calor-es-lo-mismo-conoce-los-terminos-sobre-la-actividad-del-fuego

[3] https://eldeber.com.bo/175132_aumentan-los-chaqueos-en-santa-cruz-ya-se-supero-el-promedio-de-quemas-del-mes-de-abril

Focos de calor en tiempos de cuarentena

De acuerdo al informe presentado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) hasta finales del mes de marzo de este año se registraron un total de 4.288 focos de quemas acumuladas en todo el país; donde la amplia mayoría se suscitaron en Santa Cruz (3.625 focos) y en el Beni (282 focos). Asimismo, del total de focos registrados, 600 focos se dieron en 16 áreas protegidas nacionales y sub-nacionales de Santa Cruz y Beni (Tabla I).

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Ecocidio de la Chiquitanía: ¿Qué aprendieron los partidos políticos?

Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].

Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?

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Incendio en el Parque Nacional Otuquis y 673 focos de calor en el resto del país

El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas.  De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).

Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?  

Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí


[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.

Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

(haga click en la imagen para ver el pdf completo)

Las leyes incendiarias en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos

El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].

Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]

Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019

NormativaTítulo
Ley 337. 11/02/2013Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 502.
26/02/2014
Ley de ampliación del plazo y modificación a la ley n° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 739.
29/02/2015
Modificación de las leyes n° 337 y n° 502 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 740.
29/09/2015
Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social
Ley 741.
29/09/2015
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Ley 952.
26/05/2017
Ley de ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 1098.
17/09/2018
Ley que establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal
DS 3874.
18/04/2019
Decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Ley 1171.
25/04/2019
Ley de uso y manejo racional de quemas
DS 3973.
10/07/2019
Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia

De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.

Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales 

Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.

Clase de propiedadÁreaPago al contado (ufv/hectárea)Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y MedianaTierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)235313
Empresa y MedianaOtras áreas157235
Pequeña MedianaTPFP y otras áreas117117
ComunidadTPFP y otras áreas3939
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013

La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).   

Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]

Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos

Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.

A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].

La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].

Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).  

Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171

TIPO DE PROPIEDADMonto UFV por hectárea quemadaMonto en UFV
Por tipo de propiedad
Propiedades colectivas (comunidades indígena originario campesinas)1100
Pequeña propiedad agrícola120
Pequeña propiedad ganadera350
Mediana propiedad agrícola350
Mediana propiedad ganadera360
Propiedad empresarial agrícola6100
Propiedad empresarial ganadera6100
Fuente: Ley 1171 del 25 de abril del 2019

Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.

Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].

En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Véase: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/evo-defiende-campesinos-culpa-al-capitalismo-incendios

[3] Véase el veredicto final del quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del Caso Amazonía: Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2020/01/veredicto-caso-amazonc3ada_tidn.pdf

[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html

[5] ABT (2019) Reconstrucción del modelo de aprovechamiento y uso forestal-agrario: “Desarrollo Integral de bosques y tierras”. Disponible en: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2019/abril/informe-audiencia-inicial.pdf

[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.

[7] https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181114/que-dijo-gobierno-del-etanol-que-pasa-realidad

[8] https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/6/expertos-en-la-zona-arrasada-por-el-fuego-se-preve-la-siembra-de-soya-233273.html

[9] Recientemente se aprobó el Plan de Uso de Suelos del Beni, zonificando en cinco categorías y neuve sub categorías el uso del suelo. El nuevo PLUS fue duramente cuestionado, tanto porque se aprobó sin el consentimiento y participación del sector indígena y porque prioriza las áreas agropecuarias, disponiendo unos 9 millones de hectáreas adicionales para este sector. Véase: https://www.noticiasfides.com/economia/promulgan-ley-de-plan-de-uso-del-suelo-del-beni-y-en-medio-de-cuestionamientos-402770

China & Bolivia: Deuda, comercio, inversiones

La presencia de la China en Bolivia está cargada de mitos y realidades. En el ámbito comercial, es una realidad que Bolivia importa de la China más de dos mil millones de dólares. Una cifra que es cuatro veces las exportaciones a ese país, y que duplica el saldo de la deuda externa con la China.

Es un mito que la China es el mayor acreedor de la deuda externa de Bolivia. La deuda externa con China a agosto del 2019 fue de 966 millones de dólares, el equivalente al 9% del total de la deuda externa del país (10,747 millones de dólares). Así, la China se posiciona como el cuarto acreedor de Bolivia después del BID, la CAF y los Títulos de Deuda. No obstante, a nivel bilateral la China ocupa de lejos el primer lugar con un 75% de toda la deuda bilateral de Bolivia

Es un mito que la China invierte de manera directa en Bolivia. Según el Banco Central de Bolivia el flujo de inversión extranjera directa bruta de la China a Bolivia fue de apenas 29 millones de dólares el 2018, y el año que más invirtió de manera directa fue el 2015 con 72 millones de dólares, equivalente a un 6% de toda la inversión extranjera directa recibida ese año.

Es una realidad que varias empresas chinas trabajan en Bolivia con créditos de la China. Ese es el caso de la China Railway Construction Corporation que construye la carretera Rurrenabaque-Riberalta con un prestamo de 492 millones de dólares de la China. Tambien es el caso de Sinosteel Equipment y Engineering Co. que construye la siderurgia del Mutún con un crédito de 396 millones de dólares de la China.

Sin embargo, dos terceras partes del valor de los contratos con empresas chinas no son financiados por prestamos de la China. Por ejemplo, la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos que construye la China Harzone Industry Corp. tiene un financiamiento de la CAF de 191 millones de dólares, y Synohidro que trabaja la carretera Montero-Yapacani lo hace en base a un credito del BID de 92 millones de dólares.

Las empresas chinas son tambien financiadas con recursos propios de Bolivia. Algunos ejemplos son: Synohidro que construye la hidroeléctrica Ivirizu con un financiamiento del Banco Central de Bolivia de 553 millones de dólares, y la china CAMC que construyó la fabrica de Cloruro de Potasio en el salar de Uyuni con 178 millones de dólares provistos por el Estado de Bolivia.

De 3.265 millones de dólares que tienen repartidos empresas chinas en 25 contratos, 1.006 millones de dólares fueron financiados por deuda externa con la China, y el saldo de 2.259 millones de dólares fue cubierto por la CAF, el BID, FONPLATA y recursos propios de Bolivia.

Entre los dólares que entran y salen del país, la China se queda con la parte del dragón.

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TUNUPA 110: Sobredosis de electricidad en Bolivia

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Decodificando la sobredosis

Esta publicación busca analizar la realidad del sector eléctrico y las complicaciones generadas por la quimera de transformar a Bolivia en el corazón energético de Sud América. El objetivo de este texto es: Continúa leyendo TUNUPA 110: Sobredosis de electricidad en Bolivia

La pesadilla exportadora

Exportar en si mismo no es malo, pero se convierte en una pesadilla cuando afecta la naturaleza, las áreas protegidas, los territorios indígenas, la deuda externa, las finanzas públicas y además no genera utilidades económicas. Este es el caso de Bolivia corazón energético de Sud América. El gobierno de Evo Morales avanzó en la construcción de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas sin previamente sopesar todos estos factores. Continúa leyendo La pesadilla exportadora

Geotérmica: La más cara

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Según ENDE hay dos proyectos en ejecución de energía geotérmica en Laguna Colorada. La energía geotérmica se obtiene con el aprovechamiento de fluido geotérmico (rocas y fluidos calientes) extraído de la profundidad de la tierra y posteriormente se lo
devuelve al reservorio geotérmico por reinyección (Memoria ENDE, 2018).

El primer proyecto es una planta piloto de 5 MW de potencia para la electrificación rural en las zonas aledañas al campo: comunidades Quetena Chico, Quetena Grande, Huayllajara, la zona hotelera de Laguna Colorada y la zona donde se emplazarían proyectos de humedales del Silala (Memoria ENDE, 2018). Esta planta piloto entraría en funcionamiento el 2021 y es financiada con recursos propios de Bolivia. El costo de inversión por MW de está planta piloto es de 5,6 millones de dólares.

El segundo proyecto es una central geotérmica de 100 MW de potencia con contrato firmado en marzo de 2016 (1). Esta central estaría conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La inversión para esta planta asciende a 691 millones de dólares lo que representa un costo por MW de 6,91 millones de dólares cifra que hasta sextuplica el costo de inversión por MW de termoeléctricas, eólicas y solares. Esta central geotérmica es financiada por la agencia de cooperación japonesa JICA y recursos propios del estado. El contratista (supervisor de la perforación) es el Consorcio Nippon Koei LAC – ISOR.

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Llama profundamente la atención que el costo por MW de la planta más grande sea más alto que el de la planta piloto, y que el país asuma un proyecto de 691 millones de dólares para sólo generar 100 MW para el SIN cuando ya existe una sobre oferta de potencia instalada.

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(1) https://www.ecoticias.com/eco-america/193260/P 17 lanta-geotermica-en-Bolivia

Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

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Las centrales de generación eléctrica a partir de biomasa son termoeléctricas que en vez de utilizar gas natural o diesel emplean biomasa como combustible. En Bolivia la energía de biomasa se produce con el bagazo resultante del proceso de industrialización de la caña de azúcar de los ingenios azucareros. Las principales generadoras eléctricas a partir de biomasa son Guabirá Energía, UNAGRO, EASBA y Aguaí que recién aporta al SIN desde el 2019. Continúa leyendo Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla

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La potencia instalada hidroeléctrica se mantuvo estancada entre 2006 y 2016 durante el gobierno de Evo Morales. El año 2006 la potencia instalada hidroeléctrica conectada al Sistema Integrado Nacional (SIN) era de 476 MW y el 2016 apenas subió a 493 MW. A partir del 2017 recién empezó un incremento del sector hidroeléctrico con la entrada en funcionamiento de Misicuni, San Jose I, el aumento de la capacidad de Corani y San Jose II. En los últimos 3 años la potencia instalada hidroeléctrica se incrementó en un 52%. Continúa leyendo Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla