A pesar de que la Constitución Política del Estado en su artículo 255 prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, ninguno de los programas de los partidos políticos que están inscritos para las próximas elecciones plantea medidas concretas para efectivizar dicha prohibición. El MAS, Comunidad Ciudadana y Juntos eluden hablar con nombre y apellido de los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) y prefieren utilizar el término de biotecnología o de transferencia de tecnología para la agricultura. La alianza Creemos es la única que en su programa de gobierno se pronuncia abiertamente a favor de los OGM. En relación a los biocombustibles -que van de la mano de los transgénicos- el MAS, Juntos y Creemos se pronuncian explícitamente a favor de ellos mientras CC se muestra a favor de los combustibles de origen agrario.
Movimiento Al Socialismo
Al igual que en su propuesta de gobierno del año pasado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) bajo la noción de “mejorar los rendimientos de los cultivos” propone en su pilar de Soberanía Alimentaria implementar “nuevas tecnologías”, donde destaca el uso de la “biotecnología”. Paralelamente, el MAS pone énfasis en la producción de biocombustibles (en particular biodiesel) que favorecen a la agroindustria y supuestamente reducen la importación de carburantes. A través de la producción de biocombustibles el MAS plantea “consolidar la soberanía productiva agroindustrial y de alimentos”.
Juntos
El plan de gobierno de Juntos de la presidenta Añez, al igual que la alianza “Bolivia dijo No” que la precedió, no se pronuncia abiertamente sobre los transgénicos o los OGM y los encubre bajo el concepto de transferencia tecnológica en el proceso agropecuario. Su plan de gobierno plantea eliminar todas “las barreras de entrada a los mercados y otros factores que restringen la competencia, la capacidad exportadora, la innovación, la productividad y el emprendimiento”, entre estos destacan “las prohibiciones injustificadas a las exportaciones y a la transferencia tecnología en el proceso productivo, especialmente agropecuario“.
Al igual que el MAS, Juntos está a favor de los biocombustibles. El programa de Juntos plantea “reconversión de la industria nacional orientada al mercado internacional” e “incorporar las nuevas tecnologías al aparato productivo para generar una nueva oferta de bienes y servicios (p.ej… biocombustibles, fertilizantes, productos químicos…)”. Igualmente, por medio de su “Plan Amazonía Exportadora” Juntos ofrece promover inversiones públicas y privadas orientadas a desarrollar “…un clúster de producción de biocombustibles y para generación eléctrica…”
Comunidad Ciudadana
Comunidad Ciudadana (CC) tampoco habla de manera explicita de los OGM y proponer llevar a cabo “investigación y desarrollo en biotecnología”. Así, bajo el “principio de precaución y el de bioseguridad” CC busca crear un Instituto Boliviano de Biotecnología, es decir un “órgano científico que conducirá y articulará con los actores relacionados, investigaciones soberanas de aplicación de la biotecnología a la agricultura, así como los análisis de sus impactos sobre la salud y el medio ambiente”. De esta manera, CC deja abierta la posibilidad de que -en función a las “investigaciones soberanas”- se pueda eventualmente introducir nuevos OGM en el país.
Por último, aunque CC no mencionan específicamente los biocombustibles, si proponen apoyaran “la producción de combustibles de origen agrario con alta productividad y óptimas condiciones competitivas” bajo su “política de transición energética y los compromisos internacionales como el Acuerdo de París“.
Creemos
El programa de gobierno de Creemos, al igual que el MAS, propone expresamente autorizar el uso de biotecnología con el argumento de “mejorar los niveles de producción y productividad y hacer más eficientes las labores agrícolas”. Creemos plantea “…autorizar de manera inmediata el funcionamiento del Comité de Bioseguridad para que considere y autorice la realización de nuevos eventos biotecnológicos durante el año 2021 para los siguientes productos: soya, maíz, algodón y caña de azúcar”. Creemos propone elaborar una Ley que “regule a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el Estado, que dé certeza y claridad en los procedimientos a seguir y las competencias institucionales de todos los involucrados”.
Creemos, al igual que el MAS y Juntos, está abiertamente favor de la producción de biocombustibles. Para ello plantea “acelerar los procedimientos de adición de alcohol anhidro en la gasolina especial, hasta un 12% de su volumen”. Para la producción de biodiesel proponen “trabajar de forma coordinada con la industria oleaginosa y los productores de soya del país, para que a partir del año 2022 comience a comercializarse biodiesel en el mercado nacional”.
El discurso y la practica
Ninguno de los programas de los partidos mencionados reafirma la prohibición constitucional a los OGM ni plantea una propuesta de ley para su eliminación gradual como corresponde. La alianza Creemos es la que de manera explicita se pronuncia a favor de los OGM para soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Con la promulgación del DS 4232, la presidenta transitoria Añez está implementando en la práctica el programa de Creemos sobre los transgénicos, lo ha ampliado al trigo y lo ha adelantado al 2020, antes de que siquiera se realicen las elecciones. El MAS, por oportunismo electoral, ha pasado a oponerse a los transgénicos para tratar de capitalizar el rechazo al Decreto Supremo de Añez sobre los OGM. CC ha asumido también una posición critica frente al Decreto de Añez, pero no se ha pronunciado categóricamente contra los transgénicos.
Lejos de defender una posición de principios y de respeto a la constitución sobre los transgénicos, los programas de estos partidos políticos prefieren una retórica ambigua sobre biotecnología para defender y/o ganarse el apoyo de los poderosos sectores de la oligarquía del agronegocio. En relación a los biocombustibles o combustibles de origen agrario se pronuncian a favor de los mismos a sabiendas de que estos agrocombustibles, en el contexto boliviano, representan necesariamente el uso de soya transgénica para la elaboración de biodiesel.
Todos hablamos de la curva del coronavirus. Cada noche tomamos nota de los casos confirmados. Al principio las cifras eran de un dígito, luego pasamos a contar por decenas y ahora se cuentan por centenas en un sólo día. Entre el 10 de marzo y el 10 de Mayo, ósea en 61 días hemos pasado de 2 a 2.556 casos confirmados de covid 19 en Bolivia. Cada 10 días aproximadamente se duplican los casos confirmados de coronavirus y todos sabemos que la realidad es aun mucho peor porque sólo se hacen tests a una parte de los casos que tienen síntomas visibles.
¿Y qué pasa con la curva de los incendios de bosques y pastizales en Bolivia? La situación es extremadamente igual de grave o peor. Si tomamos los datos oficiales de los reportes diarios de focos de calor que empezó a publicar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua desde el 25 de marzo, pasaron de 104 a un acumulado de 5.086 focos de calor para el 10 de mayo. La curva de los incendios forestales sube aun de manera más empinada que la curva del coronavirus a pesar de que el país está semiparalizado en sus actividades.
Han pasado más de 200 días desde que se fijaron dichos plazos. Hubo una elección, un cambio de gobierno, una pandemia y sin embargo ni el nuevo gobierno transitorio ni el viejo parlamento han abrogado el paquete de normas que facilitan y alientan las quemas en Bolivia.
A fines de febrero de este año dirigentes de la Organización Indígena Chiquitana entregaron proyectos de ley y de decreto supremo a la Asamblea Legislativa y al gobierno transitorio. Ninguno les respondió, ni hizo nada al respecto. Tanto el oficialismo como la oposición continúan alentando las quemas que provocaron el ecocidio en la Chiquitania.
Las curvas del coronavirus y de los focos de calor están interrelacionadas. Los virus que habitan en animales saltan a los humanos cuando destruimos su hábitat. Por ello el Papa Francisco en relación al coronavirus dice: “No sé si es la venganza, pero es la respuesta de la naturaleza”.
Las quemas contribuyen a la deforestación de los bosques que alimenta el cambio climático. El calentamiento de la tierra derrite los glaciares y en los polos del planeta se empiezan a liberar virus que estaban dormidos. La relación entre pandemias y afectación a la naturaleza es evidente. Por ello las Naciones Unidas advierten que el cambio climático es un peligro mayor que el coronavirus. Si queremos contener el calentamiento del planeta hay que de dejar los combustibles fósiles bajo tierra y detener la deforestación.
No se puede aplanar una curva y dejar que la otra se dispare. Bolivia avanza a un nuevo ecocidio este año y todo indica que el sector del agronegocio controlado por unos grandes propietarios y empresas trata de sacar provecho de la crisis y desconcierto que provoca la pandemia para aumentar sus ganancias, expandir la frontera agrícola y aprobar nuevas semillas transgénicas.
Hasta el 19 de abril del 2020 se registraron en Bolivia 3.368 focos de calor. Esta cifra es la más alta de la última década según los datos del Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (gráfica I).
Gráfica I. Evolución histórico nacional de focos de calor acumulado al 19 de abril. 2010 a 2020
Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020(has click en la imagen para agrandar)
Si observamos la pequeña barra en gris de focos de calor acumulados hasta el 19 de abril veremos que ninguno de los años anteriores Bolivia superó los 3.368 registrados oficialmente este año. El año pasado se registraron 2.761 incendios y el 2016 hubieron 2.538. Algunos años ni siquiera se llegó a los 1.000 focos de calor. Este es el primer año que pasamos la barrera de los 3.000 focos de calor acumulados hasta el 19 de abril.
El incremento de los focos de calor es extremadamente preocupante por dos razones: primero por el ecocido suscitado el 2019 que afectó más de 2 millones de hectáreas de bosque[1] y, segundo por la emergencia sanitaria del Covid-19 y la cuarentena que ha semiparalizado las actividades económicas del país.
Los departamentos que al 19 de abril acumularon la mayor cantidad de focos de calor fueron: Santa Cruz con 2.664, Beni con 319 y Tarija con 285. Según el mismo informe del MMAyA, desde el 2010 al 2020 Santa Cruz encabeza la lista con la mayor cantidad de focos de calor acumulados al 19 de abril (gráfica II).
Gráfica II. Evolución histórica de focos de calor acumulados por departamento al 19 de abril. 2010 al 2020.
Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020 (has click en la imagen para agrandar)
Asimismo, del 1 al 19 de abril de este año se registraron 1,564 focos de calor en todo el país. Santa Cruz ocupa el primer lugar con 1.063 focos de calor (equivalente al 67%), seguido de Beni con 340 (21%) y La Paz con 61 (4%). Los principales municipios afectados en Santa Cruz son: Charagua con 132, San Ignacio de Velazco con 118, Pailón con 112 y Cabezas con 105 focos. En el Beni el municipio mas afectado es Exaltación con 124 incendios (gráfica III).
Gráfica III. Evolución mensual de los focos de calor nacional y por departamento. 1 al 19 de abril 2020.
Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020 (has click en la imagen para agrandar)
En Santa Cruz, según los datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) de esa gobernación, del 1 al 21 de abril se registraron 1.078 focos de quema[2] (gráfica IV). Esta cifra supera el promedio histórico de quemas del mes de abril para Santa Cruz.[3]
Gráfica IV. Evolución histórica focos de quema departamento de Santa Cruz. 1 al 21 de abril 2020
Fuente: Boletín del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales 21 de abril 2020, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.(has click en la imagen para agrandar)
De acuerdo a los datos presentado por el MMAyA, del total de focos de calor registrados entre el 1 y el 19 de abril, 48 se dieron en reservas forestales, principalmente en: Guarayos (21), El Chore (11) y la Cuenca del Río Boopi (7). Este mismo reporte muestra que 65 focos de calor se dieron en áreas protegidas, destacándose en Santa Cruz el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (39) y el Parque Nacional Amboró (7), en Cochabamba el Parque Nacional Carrasco (6) y en el Beni el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiborro Secruré (4).
Los tipos de bosques en donde más focos de calor se registraron fueron: bosque chaqueño (182), bosque chiquitano (166), bosque de yungas (37), bosque amazónico (32) y bosque de pantano (29) (gráfica V).
Gráfica V. Focos de calor en Reservas Forestales, Áreas Protegidas y por tipo de bosque. 1 al 19 de abril 2020
Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020. (has click en la imagen para agrandar)
Llama profundamente la atención que hasta la fecha se hayan registrado más focos de calor que el año pasado a pesar de la cuarentena nacional que está en vigencia desde el 22 de marzo, la misma que a limitado la movilidad de las personas y a ralentizando todo el aparato productivo y comercial del país. ¿Cómo es que en una cuarentena nacional se sigan dando chaqueos de esta magnitud? ¿Cómo es que Santa Cruz, que es el departamento más golpeado por el covid-19, al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de focos de calor?
Sería muy importante que, así como cada noche el Ministerio de Salud anuncia los casos confirmados de covid-19, el MMAyA informe diariamente por televisión los incendios registrados en el día para evitar que el ecocidio se repita en Bolivia.
De acuerdo al informe presentado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) hasta finales del mes de marzo de este año se registraron un total de 4.288 focos de quemas acumuladas en todo el país; donde la amplia mayoría se suscitaron en Santa Cruz (3.625 focos) y en el Beni (282 focos). Asimismo, del total de focos registrados, 600 focos se dieron en 16 áreas protegidas nacionales y sub-nacionales de Santa Cruz y Beni (Tabla I).
Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].
Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?
El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas. De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).
Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.
Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)
En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?
Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí
[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.
Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.
El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.
Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.
(haga click en la imagen para ver el pdf completo)
El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].
Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]
Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia
De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.
Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales
Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.
Clase de propiedad
Área
Pago al contado (ufv/hectárea)
Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y Mediana
Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)
235
313
Empresa y Mediana
Otras áreas
157
235
Pequeña Mediana
TPFP y otras áreas
117
117
Comunidad
TPFP y otras áreas
39
39
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013
La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).
Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]
Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos
Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.
A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].
La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].
Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).
Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171
Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.
Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].
En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.
[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html
[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.
La presencia de la China en Bolivia está cargada de mitos y realidades. En el ámbito comercial, es una realidad que Bolivia importa de la China más de dos mil millones de dólares. Una cifra que es cuatro veces las exportaciones a ese país, y que duplica el saldo de la deuda externa con la China.
Es un mito que la China es el mayor acreedor de la deuda externa de Bolivia. La deuda externa con China a agosto del 2019 fue de 966 millones de dólares, el equivalente al 9% del total de la deuda externa del país (10,747 millones de dólares). Así, la China se posiciona como el cuarto acreedor de Bolivia después del BID, la CAF y los Títulos de Deuda. No obstante, a nivel bilateral la China ocupa de lejos el primer lugar con un 75% de toda la deuda bilateral de Bolivia
Es un mito que la China invierte de manera directa en Bolivia. Según el Banco Central de Bolivia el flujo de inversión extranjera directa bruta de la China a Bolivia fue de apenas 29 millones de dólares el 2018, y el año que más invirtió de manera directa fue el 2015 con 72 millones de dólares, equivalente a un 6% de toda la inversión extranjera directa recibida ese año.
Es una realidad que varias empresas chinas trabajan en Bolivia con créditos de la China. Ese es el caso de la China Railway Construction Corporation que construye la carretera Rurrenabaque-Riberalta con un prestamo de 492 millones de dólares de la China. Tambien es el caso de Sinosteel Equipment y Engineering Co. que construye la siderurgia del Mutún con un crédito de 396 millones de dólares de la China.
Sin embargo, dos terceras partes del valor de los contratos con empresas chinas no son financiados por prestamos de la China. Por ejemplo, la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos que construye la China Harzone Industry Corp. tiene un financiamiento de la CAF de 191 millones de dólares, y Synohidro que trabaja la carretera Montero-Yapacani lo hace en base a un credito del BID de 92 millones de dólares.
Las empresas chinas son tambien financiadas con recursos propios de Bolivia. Algunos ejemplos son: Synohidro que construye la hidroeléctrica Ivirizu con un financiamiento del Banco Central de Bolivia de 553 millones de dólares, y la china CAMC que construyó la fabrica de Cloruro de Potasio en el salar de Uyuni con 178 millones de dólares provistos por el Estado de Bolivia.
De 3.265 millones de dólares que tienen repartidos empresas chinas en 25 contratos, 1.006 millones de dólares fueron financiados por deuda externa con la China, y el saldo de 2.259 millones de dólares fue cubierto por la CAF, el BID, FONPLATA y recursos propios de Bolivia.
Entre los dólares que entran y salen del país, la China se queda con la parte del dragón.
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Esta publicación busca analizar la realidad del sector eléctrico y las complicaciones generadas por la quimera de transformar a Bolivia en el corazón energético de Sud América. El objetivo de este texto es: Continúa leyendo TUNUPA 110: Sobredosis de electricidad en Bolivia
Exportar en si mismo no es malo, pero se convierte en una pesadilla cuando afecta la naturaleza, las áreas protegidas, los territorios indígenas, la deuda externa, las finanzas públicas y además no genera utilidades económicas. Este es el caso de Bolivia corazón energético de Sud América. El gobierno de Evo Morales avanzó en la construcción de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas sin previamente sopesar todos estos factores. Continúa leyendo La pesadilla exportadora
Según ENDE hay dos proyectos en ejecución de energía geotérmica en Laguna Colorada. La energía geotérmica se obtiene con el aprovechamiento de fluido geotérmico (rocas y fluidos calientes) extraído de la profundidad de la tierra y posteriormente se lo
devuelve al reservorio geotérmico por reinyección (Memoria ENDE, 2018).
El primer proyecto es una planta piloto de 5 MW de potencia para la electrificación rural en las zonas aledañas al campo: comunidades Quetena Chico, Quetena Grande, Huayllajara, la zona hotelera de Laguna Colorada y la zona donde se emplazarían proyectos de humedales del Silala (Memoria ENDE, 2018). Esta planta piloto entraría en funcionamiento el 2021 y es financiada con recursos propios de Bolivia. El costo de inversión por MW de está planta piloto es de 5,6 millones de dólares.
El segundo proyecto es una central geotérmica de 100 MW de potencia con contrato firmado en marzo de 2016 (1). Esta central estaría conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La inversión para esta planta asciende a 691 millones de dólares lo que representa un costo por MW de 6,91 millones de dólares cifra que hasta sextuplica el costo de inversión por MW de termoeléctricas, eólicas y solares. Esta central geotérmica es financiada por la agencia de cooperación japonesa JICA y recursos propios del estado. El contratista (supervisor de la perforación) es el Consorcio Nippon Koei LAC – ISOR.
Llama profundamente la atención que el costo por MW de la planta más grande sea más alto que el de la planta piloto, y que el país asuma un proyecto de 691 millones de dólares para sólo generar 100 MW para el SIN cuando ya existe una sobre oferta de potencia instalada.
Las centrales de generación eléctrica a partir de biomasa son termoeléctricas que en vez de utilizar gas natural o diesel emplean biomasa como combustible. En Bolivia la energía de biomasa se produce con el bagazo resultante del proceso de industrialización de la caña de azúcar de los ingenios azucareros. Las principales generadoras eléctricas a partir de biomasa son Guabirá Energía, UNAGRO, EASBA y Aguaí que recién aporta al SIN desde el 2019. Continúa leyendo Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda
La potencia instalada hidroeléctrica se mantuvo estancada entre 2006 y 2016 durante el gobierno de Evo Morales. El año 2006 la potencia instalada hidroeléctrica conectada al Sistema Integrado Nacional (SIN) era de 476 MW y el 2016 apenas subió a 493 MW. A partir del 2017 recién empezó un incremento del sector hidroeléctrico con la entrada en funcionamiento de Misicuni, San Jose I, el aumento de la capacidad de Corani y San Jose II. En los últimos 3 años la potencia instalada hidroeléctrica se incrementó en un 52%. Continúa leyendo Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla
Las centrales termoeléctricas que funcionan principalmente a gas natural han sido las que más han crecido en los últimos 13 años. Durante el gobierno de Evo Morales las termoeléctricas se duplicaron pasando de una potencia instalada de 926 MW en 2006 a 1.855 MW en 2018. El año 2019 pegaron un nuevo salto con la inauguración de tres plantas de ciclo combinado con una capacidad total de 1.000 MW, lo que eleva la potencia instalada termoeléctrica a 2.855 MW en el Sistema Integrado Nacional (SIN) Continúa leyendo Termoeléctricas: Sobreoferta de electricidad
En casi cincuenta años, la demanda total de electricidad en Bolivia (SIN, SA y Auto productores) ha pasado de 709 GWh en 1970 a 8.450 Gwh en 2018. El crecimiento promedio anual en estas cinco décadas ha sido de 5,3%. En los últimos tres años la tasa de crecimiento anual ha disminuido a 4,1% el 2016, 2,1% el 2017 y 0,9% el 2018. La potencia instalada conectada a al SIN pasó de 865 MW en 1997 a 2.424 MW en 2018. El excedente de potencia subió de 321 MW a 913 MW, equivalente a un 60% de la potencia máxima demandada ese año. Continúa leyendo El desencuentro entre la demanda y oferta
a) termoeléctricas que funcionan a gas natural y diesel, b) hidroeléctricas que funcionan con el empuje del agua, c) plantas eólicas que utilizan la fuerza del viento, d) plantas fotovoltaicas que aprovechan la radicación solar, y e) plantas que utilizan biomasa (bagazo de caña de azúcar) como combustible para mover sus turbinas.
La electricidad es un bien de consumo inmediato. Solo se produce lo que se va a consumir porque la energía no se puede almacenar en grandes cantidades. A diferencia de otros bienes no se puede guardar la electricidad para consumirla más adelante. Por eso las inversiones en electricidad tienen que tomar en cuenta siempre la demanda, su proyección y los nuevos mercados reales y no sólo teóricos. Continúa leyendo Electricidad: Bien de consumo inmediato
El quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado el pasado 5 de diciembre en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques colindantes y determinó enviar en los próximos meses una comisión a Bolivia para realizar una vista in-situ a la zona afectada con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales, y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio en la Chiquitania y la Amazonía.
Como medidas cautelares a ser ejecutadas por el gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa de Bolivia, el citado Tribunal Internacional dispuso: a) derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania; b) aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel; y c) implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.
Según el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza se debe declarar a toda la Amazonía y la Chiquitania como sujeto de derecho. En el caso de Bolivia este reconocimiento está respaldado por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra aprobada el año 2010.
Los miembros del Tribunal que visiten Bolivia verificarán si se está cumpliendo la legislación boliviana en relación a los derechos de la Madre Tierra y constatarán si ha habido avances o no en la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra que fue aprobada por ley el 2010, y cuya implementación se exigió en la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso del TIPNIS el año 2019.
A continuación transcribimos el veredicto del Tribunal sobre el mencionado caso (haga click para ver el pdf completo).
