Ecocidio de la Chiquitanía: ¿Qué aprendieron los partidos políticos?

Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].

Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?

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Incendio en el Parque Nacional Otuquis y 673 focos de calor en el resto del país

El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas.  De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).

Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?  

Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí


[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.

Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

(haga click en la imagen para ver el pdf completo)

Las leyes incendiarias en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos

El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].

Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]

Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019

NormativaTítulo
Ley 337. 11/02/2013Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 502.
26/02/2014
Ley de ampliación del plazo y modificación a la ley n° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 739.
29/02/2015
Modificación de las leyes n° 337 y n° 502 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 740.
29/09/2015
Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social
Ley 741.
29/09/2015
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Ley 952.
26/05/2017
Ley de ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 1098.
17/09/2018
Ley que establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal
DS 3874.
18/04/2019
Ley que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Ley 1171.
25/04/2019
Ley de uso y manejo racional de quemas
DS 3973.
10/07/2019
Ley que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia

De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.

Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales 

Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.

Clase de propiedadÁreaPago al contado (ufv/hectárea)Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y MedianaTierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)235313
Empresa y MedianaOtras áreas157235
Pequeña MedianaTPFP y otras áreas117117
ComunidadTPFP y otras áreas3939
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013

La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).   

Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]

Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos

Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.

A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].

La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].

Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).  

Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171

TIPO DE PROPIEDADMonto UFV por hectárea quemadaMonto en UFV
Por tipo de propiedad
Propiedades colectivas (comunidades indígena originario campesinas)1100
Pequeña propiedad agrícola120
Pequeña propiedad ganadera350
Mediana propiedad agrícola350
Mediana propiedad ganadera360
Propiedad empresarial agrícola6100
Propiedad empresarial ganadera6100
Fuente: Ley 1171 del 25 de abril del 2019

Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.

Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].

En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Véase: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/evo-defiende-campesinos-culpa-al-capitalismo-incendios

[3] Véase el veredicto final del quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del Caso Amazonía: Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2020/01/veredicto-caso-amazonc3ada_tidn.pdf

[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html

[5] ABT (2019) Reconstrucción del modelo de aprovechamiento y uso forestal-agrario: “Desarrollo Integral de bosques y tierras”. Disponible en: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2019/abril/informe-audiencia-inicial.pdf

[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.

[7] https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181114/que-dijo-gobierno-del-etanol-que-pasa-realidad

[8] https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/6/expertos-en-la-zona-arrasada-por-el-fuego-se-preve-la-siembra-de-soya-233273.html

[9] Recientemente se aprobó el Plan de Uso de Suelos del Beni, zonificando en cinco categorías y neuve sub categorías el uso del suelo. El nuevo PLUS fue duramente cuestionado, tanto porque se aprobó sin el consentimiento y participación del sector indígena y porque prioriza las áreas agropecuarias, disponiendo unos 9 millones de hectáreas adicionales para este sector. Véase: https://www.noticiasfides.com/economia/promulgan-ley-de-plan-de-uso-del-suelo-del-beni-y-en-medio-de-cuestionamientos-402770

China & Bolivia: Deuda, comercio, inversiones

La presencia de la China en Bolivia está cargada de mitos y realidades. En el ámbito comercial, es una realidad que Bolivia importa de la China más de dos mil millones de dólares. Una cifra que es cuatro veces las exportaciones a ese país, y que duplica el saldo de la deuda externa con la China.

Es un mito que la China es el mayor acreedor de la deuda externa de Bolivia. La deuda externa con China a agosto del 2019 fue de 966 millones de dólares, el equivalente al 9% del total de la deuda externa del país (10,747 millones de dólares). Así, la China se posiciona como el cuarto acreedor de Bolivia después del BID, la CAF y los Títulos de Deuda. No obstante, a nivel bilateral la China ocupa de lejos el primer lugar con un 75% de toda la deuda bilateral de Bolivia

Es un mito que la China invierte de manera directa en Bolivia. Según el Banco Central de Bolivia el flujo de inversión extranjera directa bruta de la China a Bolivia fue de apenas 29 millones de dólares el 2018, y el año que más invirtió de manera directa fue el 2015 con 72 millones de dólares, equivalente a un 6% de toda la inversión extranjera directa recibida ese año.

Es una realidad que varias empresas chinas trabajan en Bolivia con créditos de la China. Ese es el caso de la China Railway Construction Corporation que construye la carretera Rurrenabaque-Riberalta con un prestamo de 492 millones de dólares de la China. Tambien es el caso de Sinosteel Equipment y Engineering Co. que construye la siderurgia del Mutún con un crédito de 396 millones de dólares de la China.

Sin embargo, dos terceras partes del valor de los contratos con empresas chinas no son financiados por prestamos de la China. Por ejemplo, la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos que construye la China Harzone Industry Corp. tiene un financiamiento de la CAF de 191 millones de dólares, y Synohidro que trabaja la carretera Montero-Yapacani lo hace en base a un credito del BID de 92 millones de dólares.

Las empresas chinas son tambien financiadas con recursos propios de Bolivia. Algunos ejemplos son: Synohidro que construye la hidroeléctrica Ivirizu con un financiamiento del Banco Central de Bolivia de 553 millones de dólares, y la china CAMC que construyó la fabrica de Cloruro de Potasio en el salar de Uyuni con 178 millones de dólares provistos por el Estado de Bolivia.

De 3.265 millones de dólares que tienen repartidos empresas chinas en 25 contratos, 1.006 millones de dólares fueron financiados por deuda externa con la China, y el saldo de 2.259 millones de dólares fue cubierto por la CAF, el BID, FONPLATA y recursos propios de Bolivia.

Entre los dólares que entran y salen del país, la China se queda con la parte del dragón.

Lea la publicación en su totalidad haciendo click aquí o navegue por los distinto artículos en el siguiente índice:

TUNUPA 110: Sobredosis de electricidad en Bolivia

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Decodificando la sobredosis

Esta publicación busca analizar la realidad del sector eléctrico y las complicaciones generadas por la quimera de transformar a Bolivia en el corazón energético de Sud América. El objetivo de este texto es: Continúa leyendo TUNUPA 110: Sobredosis de electricidad en Bolivia

La pesadilla exportadora

Exportar en si mismo no es malo, pero se convierte en una pesadilla cuando afecta la naturaleza, las áreas protegidas, los territorios indígenas, la deuda externa, las finanzas públicas y además no genera utilidades económicas. Este es el caso de Bolivia corazón energético de Sud América. El gobierno de Evo Morales avanzó en la construcción de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas sin previamente sopesar todos estos factores. Continúa leyendo La pesadilla exportadora

Geotérmica: La más cara

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Según ENDE hay dos proyectos en ejecución de energía geotérmica en Laguna Colorada. La energía geotérmica se obtiene con el aprovechamiento de fluido geotérmico (rocas y fluidos calientes) extraído de la profundidad de la tierra y posteriormente se lo
devuelve al reservorio geotérmico por reinyección (Memoria ENDE, 2018).

El primer proyecto es una planta piloto de 5 MW de potencia para la electrificación rural en las zonas aledañas al campo: comunidades Quetena Chico, Quetena Grande, Huayllajara, la zona hotelera de Laguna Colorada y la zona donde se emplazarían proyectos de humedales del Silala (Memoria ENDE, 2018). Esta planta piloto entraría en funcionamiento el 2021 y es financiada con recursos propios de Bolivia. El costo de inversión por MW de está planta piloto es de 5,6 millones de dólares.

El segundo proyecto es una central geotérmica de 100 MW de potencia con contrato firmado en marzo de 2016 (1). Esta central estaría conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La inversión para esta planta asciende a 691 millones de dólares lo que representa un costo por MW de 6,91 millones de dólares cifra que hasta sextuplica el costo de inversión por MW de termoeléctricas, eólicas y solares. Esta central geotérmica es financiada por la agencia de cooperación japonesa JICA y recursos propios del estado. El contratista (supervisor de la perforación) es el Consorcio Nippon Koei LAC – ISOR.

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Llama profundamente la atención que el costo por MW de la planta más grande sea más alto que el de la planta piloto, y que el país asuma un proyecto de 691 millones de dólares para sólo generar 100 MW para el SIN cuando ya existe una sobre oferta de potencia instalada.

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(1) https://www.ecoticias.com/eco-america/193260/P 17 lanta-geotermica-en-Bolivia

Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

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Las centrales de generación eléctrica a partir de biomasa son termoeléctricas que en vez de utilizar gas natural o diesel emplean biomasa como combustible. En Bolivia la energía de biomasa se produce con el bagazo resultante del proceso de industrialización de la caña de azúcar de los ingenios azucareros. Las principales generadoras eléctricas a partir de biomasa son Guabirá Energía, UNAGRO, EASBA y Aguaí que recién aporta al SIN desde el 2019. Continúa leyendo Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla

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La potencia instalada hidroeléctrica se mantuvo estancada entre 2006 y 2016 durante el gobierno de Evo Morales. El año 2006 la potencia instalada hidroeléctrica conectada al Sistema Integrado Nacional (SIN) era de 476 MW y el 2016 apenas subió a 493 MW. A partir del 2017 recién empezó un incremento del sector hidroeléctrico con la entrada en funcionamiento de Misicuni, San Jose I, el aumento de la capacidad de Corani y San Jose II. En los últimos 3 años la potencia instalada hidroeléctrica se incrementó en un 52%. Continúa leyendo Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla

Termoeléctricas: Sobreoferta de electricidad

00 GRAFICAS TUNUPA 110 termo-11Las centrales termoeléctricas que funcionan principalmente a gas natural han sido las que más han crecido en los últimos 13 años. Durante el gobierno de Evo Morales las termoeléctricas se duplicaron pasando de una potencia instalada de 926 MW en 2006 a 1.855 MW en 2018. El año 2019 pegaron un nuevo salto con la inauguración de tres plantas de ciclo combinado con una capacidad total de 1.000 MW, lo que eleva la potencia instalada termoeléctrica a 2.855 MW en el Sistema Integrado Nacional (SIN) Continúa leyendo Termoeléctricas: Sobreoferta de electricidad

El desencuentro entre la demanda y oferta

En casi cincuenta años, la demanda total de electricidad en Bolivia (SIN, SA y Auto productores) ha pasado de 709 GWh en 1970 a 8.450 Gwh en 2018. El crecimiento promedio anual en estas cinco décadas ha sido de 5,3%. En los últimos tres años la tasa de crecimiento anual ha disminuido a 4,1% el 2016, 2,1% el 2017 y 0,9% el 2018. La potencia instalada conectada a al SIN pasó de 865 MW en 1997 a 2.424 MW en 2018. El excedente de potencia subió de 321 MW a 913 MW, equivalente a un 60% de la potencia máxima demandada ese año. Continúa leyendo El desencuentro entre la demanda y oferta

Termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solar y biomasa

En Bolivia existen:

a) termoeléctricas que funcionan a gas natural y diesel,
b) hidroeléctricas que funcionan con el empuje del agua,
c) plantas eólicas que utilizan la fuerza del viento,
d) plantas fotovoltaicas que aprovechan la radicación solar, y
e) plantas que utilizan biomasa (bagazo de caña de azúcar) como combustible para mover sus turbinas.

Algunas de las ventajas y desventajas de estas centrales eléctricas son: Continúa leyendo Termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solar y biomasa

Electricidad: Bien de consumo inmediato

La electricidad es un bien de consumo inmediato. Solo se produce lo que se va a consumir porque la energía no se puede almacenar en grandes cantidades. A diferencia de otros bienes no se puede guardar la electricidad para consumirla más adelante. Por eso las inversiones en electricidad tienen que tomar en cuenta siempre la demanda, su proyección y los nuevos mercados reales y no sólo teóricos. Continúa leyendo Electricidad: Bien de consumo inmediato

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por ecocidio en la Chiquitania

El quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado el pasado 5 de diciembre en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques colindantes y determinó enviar en los próximos meses una comisión a Bolivia para realizar una vista in-situ a la zona afectada con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales, y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio en la Chiquitania y la Amazonía.

Como medidas cautelares a ser ejecutadas por el gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa de Bolivia, el citado Tribunal Internacional dispuso: a) derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania; b) aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel; y c) implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.

Según el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza se debe declarar a toda la Amazonía y la Chiquitania como sujeto de derecho. En el caso de Bolivia este reconocimiento está respaldado por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra aprobada el año 2010.

Los miembros del Tribunal que visiten Bolivia verificarán si se está cumpliendo la legislación boliviana en relación a los derechos de la Madre Tierra y constatarán si ha habido avances o no en la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra que fue aprobada por ley el 2010, y cuya implementación se exigió en la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso del TIPNIS el año 2019.

A continuación transcribimos el veredicto del Tribunal sobre el mencionado caso (haga click para ver el pdf completo).

¿Qué sabe la Ministra de Medio Ambiente sobre el proyecto Rositas?

Por Pablo Solón

La Ministra de Medio Ambiente María Elva Pinkert, siguiendo los pasos del gobierno de Evo Morales, ha anunciado que viabilizará el proyecto mega hidroeléctrico Rositas. ¿Ha leído la ministra de Medio Ambiente el Informe final de diseño final de la central hidroeléctrica. Volumen I: Resumen Ejecutivo de junio del 2017, realizado por la empresa Española EPTISA contratada por ENDE? Continúa leyendo ¿Qué sabe la Ministra de Medio Ambiente sobre el proyecto Rositas?

Lettre Ouverte au Mouvement Alter Mondialiste sur la situation en Bolivie

[Versión en español / English version]

Mes chers amis,

Le Président Evo Morales a déclaré ce mercredi matin, lors d’une conférence de presse, qu’un coup d’état était en cours en Bolivie et « qu’il faisait à nouveau appel à la solidarité internationale pour défendre le Processus » (connu comme “Proceso de Cambio”) dans mon pays.

Avec une grande amertume, ayant participé au gouvernement entre les années 2006 et 2011, je suis très désolé de vous dire que cette affirmation d’Evo Morales est complètement fausse.

Certes, il est vrai que la Bolivie connaît aujourd’hui une très forte radicalisation et convulsion sociale. Pour preuve, les immeubles de plusieurs sièges de la Cour Électorale ont été brûlés dans plusieurs départements et il y a des manifestations dans le pays tout entier qui mobilisent des centaines de milliers de personnes. Continúa leyendo Lettre Ouverte au Mouvement Alter Mondialiste sur la situation en Bolivie

Letter to the Alternative Globalization Movement on the situation in Bolivia

[Versión en español / version française]

Dear friends,

The morning of October 23* President Evo Morales held a press conference saying that there is a coup taking place in Bolivia and calling for international solidarity to defend the ‘process of change’ in Bolivia.

With deep regret, as I was part of the government between 2006 and 2011, I must disagree completely with Evo Morales statement. It is certainly true that Bolivia is in a state of extreme polarization and social unrest. The buildings of various departmental electoral courts have been set on fire and there are massive mobilizations throughout the country.

What is the source for the social unrest that could lead to even worse scenes of violence? Is it possible that Bolivia is living through the fifth stage of a ‘soft coup’ against President Morales promoted by imperialism and Carlos Mesa [the main opposition candidate] as has been suggested by a former government Minister? Continúa leyendo Letter to the Alternative Globalization Movement on the situation in Bolivia

Carta al movimiento antiglobalizador sobre la situación en Bolivia

[English version / version française]

Estimad@s amig@s

El 23 de octubre en la mañana* el presidente Evo Morales realizó una conferencia de prensa diciendo que hay un golpe de estado en Bolivia y llamando a la solidaridad internacional para defender el proceso de cambio en Bolivia.

Con profunda vergüenza, ya que fui parte del gobierno entre el 2006 y el 2011, debo discrepar profundamente con la afirmación de Evo Morales. Es cierto que en Bolivia hay un estado de extrema polarización y convulsión social. Los edificios de varias cortes electorales departamentales han sido quemados y hay movilizaciones multitudinarias en todo el país.

¿Cuál es el origen de esta convulsión social que puede desencadenar escenarios de gran violencia? ¿Será que ha comenzado en Bolivia la quinta etapa del “golpe suave” contra el presidente Morales promovida por el imperialismo y Carlos Mesa cómo afirma un ex ministro de gobierno de Evo? Continúa leyendo Carta al movimiento antiglobalizador sobre la situación en Bolivia