Devorando bosques para alimentar vacas

Por: José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

La noche de San Juan de este año dejó 659 incendios en todo el país. Sin embargo, esta cifra representa un pequeño pico en el total de incendios que se vienen desarrollando en el año. Al finalizar junio habremos superado los 7000 incendios sólo en este mes. De estos incendios, más de 1700 habrán sido en zonas boscosas y unos 150 en áreas protegidas según los datos oficiales del MMAyA publicados hasta la fecha.[1]

La actividad ganadera es la responsable de la mayoría de estos incendios. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en el año 2015 el 41% de los incendios se produjeron en áreas de uso ganadero.[2] La ganadería no sólo es responsable de los incendios en tierras de uso ganadero sino en gran parte de las tierras boscosas. El 2015, por ejemplo, hubo 20.000 incendios en áreas de producción forestal, reservas forestales y áreas protegidas, además de otros 21.000 incendios en áreas de uso ganadero. Los incendios que provoca la ganadería bovina son sobre todo para “recuperar” pastizales para alimentar el ganado y limpiar terrenos de cobertura forestal para ampliar los pastizales para las vacas.


Según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 71 % de la deforestación en Sudamérica se debe a la expansión de las superficies de pastizales para la ganadería bovina[3]. Otro estudio titulado “El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia” afirma que en nuestro país el 60% de la deforestación entre el 2005 y el 2010 se debió a actividades ganaderas[4].

En Bolivia existen dos grandes tipos de ganadería bovina: Por un lado, la extensiva que se realiza en grandes extensiones de tierra para que el ganado pastee libremente y, por el otro lado, la intensiva en la cual los animales están confinados y se los alimenta para que crezcan más rápido.

La primera es de bajo costo productivo[5] mientras la segunda requiere una inversión más alta. En el país predomina la ganadería extensiva, con inmensas superficies para pastoreo. De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad del departamento del Beni está cubierto por pastos naturales dedicados a la ganadería. Mientras que Santa Cruz concentra tres cuartas partes de los pastizales cultivados en Bolivia.[6]

Según el informe de Fundación Tierra sobre los incendios en la Chiquitania del 2019,[7]los principales protagonistas del incendio son los grandes ganaderos situados a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria y están localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías”. Este informe señala que en la zona de San Matías “al menos 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las cinco mil hectáreas definidas constitucionalmente”.

Del total de estas propiedades ganaderas, quince fueron tituladas durante el gobierno del MAS entre el 2016 y el 2018. Este tipo de titulaciones de tierra alientan aún más la expansión de las actividades ganaderas a gran escala a costa del bosque, generando mayor cantidad de quemas, las mismas que varias veces derivan en incendios descontrolados que incluso afectan al mismo sector ganadero.

Según el INE, en Bolivia existen alrededor de 10 millones de cabezas de ganado bovino. Podríamos decir que hay casi una vaca por cada boliviano y la demanda de carne está abastecida en el país. Asimismo, el 2019 se produjo un total de 204.203 toneladas de carne y se exportaron 4.915 toneladas.[8] Las exportaciones de carne deshuesada congelada tienen como destino principal el Perú, Vietnam y China desde agosto del 2019. También se exporta carne procesada (principalmente hamburguesas), conservas y despojos comestibles de carne al Perú y Ecuador.[9]

El plan de los ganaderos y los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez es ampliar la exportación de carne. Asimismo, La Federación de Ganaderos de Santa Cruz plantea multiplicar por 15 sus exportaciones de carne hasta el 2025. Si el agronegocio logra exportar 75.000 toneladas de carne tendrían un ingreso de 250 millones de dólares[10]. Para ello necesitan ampliar sus mercados, apuntando principalmente a la China, Rusia y otros países.

Lo que está provocando los incendios en Bolivia son las características de una ganadería que devora bosques para alimentar vacas. Situación que se agrava por el sueño de algunas elites de exportar carne y ganar millones de dólares para sus bolsillos. El impacto de la ganadería sobre los bosques de Bolivia es ya trágico. Pretender ampliar las exportaciones de carne en este contexto sólo agravará el ecocidio en curso.


[1] http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source

[2] ABT, Reporte Nacional de focos de Calor Gestión 2015, Disponible en:

[3] http://www.fao.org/3/i5588s/i5588s.pdf

[4] Müller R., Pacheco P., y Montero JC. 2014. El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. CIFOR.

[5] Sin embargo, de alto costo ambiental, ya que la ganadería bovina extensiva es la que más superficie quema para regenerar pastizales.      

[6] https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[7] http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/194

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/derribe-de-ganado-bovino-2018-2019/

[9] https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/Cifras-763-Bolivia-Exportaciones-carne-bovinos-derivados.pdf

[10] Asimismo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) plantea en su Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2020-2030 llegar a un hato bovino de 17 millones de cabezas de ganado – esto es, una tasa de crecimiento de alrededor del 5% anual – y exportar 150 mil toneladas por un valor de al menos 500 millones de dólares para el 2030. Para dicho fin, el sector ganadero propone pasar de 13 millones a 20 millones de hectáreas de uso ganadero. Véase: https://www.notiboliviarural.com/pecuaria/ganaderos-plantean-al-gobierno-un-plan-de-desarrollo

TUNUPA 111: La Lupa Perdida, Análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

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Recuperemos y revolucionemos la lupa perdida

El presente texto está dirigido sobre todo a los defensores de la naturaleza y a los representantes de los pueblos indígenas.  En esta publicación hemos buscado sistematizar de manera accesible algunos de los elementos centrales sobre la Evaluación de Impacto Ambiental tanto a nivel internacional como nacional.

Los procesos e instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental son fundamentales para evitar que se produzca un nuevo ecocidio en Bolivia como el ocurrido durante los incendios en la Chiquitania el año 2019.

La problemática de la Evaluación de Impacto Ambiental en general ha estado constreñida a círculos de especialistas en la materia. Nuestro objetivo no es hacer una cartilla sobre buenas prácticas de Evaluación de Impacto Ambiental. Buscamos analizar los avances y retrocesos que se han producido en las últimas décadas y proponer algunos caminos que nos permitan no sólo incorporar los avances a nivel internacional, sino  explorar nuevos caminos para incorporar los principios de los Derechos de la Madre Tierra en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Estamos convencidos que el desafío es no sólo recuperar la lupa perdida de la evaluación de impactos ambientales sino pulir su lente para que nos permita develar la complejidad de esta problemática que se ha agravado por la crisis sistémica que  vivimos en el planeta.

Lo invitamos a leer el TUNUPA N°111 en su totalidad aquí en formato pdf o lea los artículos individuales en el siguiente índice:

Conflicto de intereses y falta de justicia en la Evaluación de Impacto Ambiental

Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) vienen siendo realizados en Bolivia por las mismas empresas interesadas en la ejecución de dichos  proyectos. En este contexto no cumplen con los criterios de objetividad para evaluar los posibles impactos ambientales.

La normativa boliviana no fija criterios para garantizar la independencia y neutralidad de quienes  realizan los estudios de impacto ambiental. Esta situación se agrava cuando se trata de proyectos promovidos por el poder ejecutivo.

Según la normativa vigente, la máxima Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) encargada de la categorización, revisión de los EEIA, aprobación de las Licencias Ambientales y seguimiento de los proyectos de mayor envergadura, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

Desde que Juan Pablo Ramos Morales renunciara en el 2010 como Viceministro de Medio Ambiente, por negarse a firmar la licencia ambiental para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio Moxos que atraviesa por el TIPNIS, el gobierno de Evo Morales designó a funcionarios absolutamente sumisos para facilitar la aprobación ambiental de los proyectos del ejecutivo. Está situación se mantiene durante el gobierno de Añez y lo más seguro es que continúe mientras no se cree una Autoridad Ambiental Competente que tenga autonomía del gobierno central.

Después de más de dos décadas de aplicación de la Ley 1333 es evidente que se necesita una profunda reforma institucional para que la AACN pueda actuar con la libertad necesaria para evaluar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a los procesos de EIA. 

La construcción de una institucionalidad ambiental autónoma del poder ejecutivo requiere de una articulación con nuevas instancias como la Defensoría de la Madre Tierra, que fueron creadas hace una década atrás, pero que no fueron implementadas precisamente para no entorpecer a nivel ambiental la aprobación de los proyectos del gobierno central.

Aunque la normativa ambiental establece recursos para que la población pueda impugnar las decisiones de la Autoridad Ambiental Competente, la práctica es que en general hay una denegación de justicia en casi todos los reclamos que se han presentado por temas ambientales.

El problema de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia es extremadamente complejo de resolver porque no existe la independencia necesaria entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta subordinación de jueces y fiscales al gobierno de turno no es exclusiva del anterior gobierno de Evo Morales. En la actualidad los jueces y fiscales designados por el anterior régimen se han vuelto funcionales al nuevo gobierno para mantenerse en sus cargos sin entrar en conflicto con los nuevos gobernantes.

El acceso a la justicia en materia ambiental requiere de cambios profundos a nivel de la cultura de los servidores públicos y de la población en general entorno al ejercicio del poder, la justicia y la gestión ambiental.

Sin información ni consulta real en la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

A pesar de que la normativa ambiental establece el derecho de la población a tener acceso a la información, en los hechos no son de acceso público las Fichas Ambientales, los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), los Programas de Prevención y Mitigación (PPM), los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), las Auditorias Ambientales y otros documentos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental sólo consigna licencias ambientales (Declaratoria de Impacto Ambiental) sin incluir EEIA, PPM, PASA y otros documentos fundamentales.

En las reuniones de consulta pública las empresas tanto públicas como privadas sólo comparten información muy escueta enfocada a destacar las virtudes del proyecto y no a mostrar los diferentes impactos que se pueden producir en el mediano y largo plazo.

Sin acceso a la información es imposible poder realizar EEIA participativos que tomen en cuenta las preocupaciones de las poblaciones a ser afectadas.

La normativa sobre EIA en Bolivia no ha incorporado de manera efectiva la consulta para el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. El año 2007 hubo un avance relativo y coyuntural en el sector de hidrocarburos con la aprobación del DS 29033, pero pronto esta norma se empezó a flexibilizar y no se generalizó, ni amplió a todos las actividades, obras y proyectos de otros sectores como correspondía. 

Tampoco se incorporó en la reglamentación de la EIA el proceso de consulta previa libre e informada a toda población afectada (no sólo indígena) por la explotación de recursos naturales, establecido en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado.

En los EEIA sólo se consigna una consulta pública que es de carácter informativo para escuchar las preocupaciones de la población afectada. Está consulta en varios casos como los del TIPNIS, la mega hidroeléctrica Rositas y otros no se ha realizado de manera previa, informada y de buena fe. En el caso de Rositas se firmó de manera publica un contrato con una asociación de empresas chinas para la construcción de la mega hidroeléctrica antes de realizar el EEIA, efectuar cualquier tipo de consulta y contar con la respectiva licencia ambiental.

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EEIA no integrales y sin alternativas

A pesar de que la norma establece que los EEIA deben analizar los impactos acumulativos y sinérgicos, el gobierno de Evo Morales optó por realizar EEIA fraccionados, que no toman en cuenta los impactos a largo plazo y que sólo consideran los efectos durante la construcción de la obra. Ese ha sido el caso de la construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Lejos de hacer un EEIA de toda la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, se fraccionó la carretera en tres tramos, se hizo estudios sólo de dos tramos y no se realizó EEIA del tramo de mayor impacto que atraviesa por el TIPNIS.

Los emprendimiento del estado se han venido definiendo al más alto nivel y los EEIAs han tenido solamente la finalidad cumplir la forma para la obtención de la Licencia Ambiental. No se han considerado alternativas a los proyectos planteados. En el caso del sector eléctrico se han promovido mega proyectos sin considerar las opciones de proyectos de energías alternativas.

No se han realizado Evaluaciones Ambientales Estratégicas para la definición de políticas y programas centrales. Se han definido los proyectos a partir de criterios de impacto mediático o de expectativas desmesuradas de ingresos económicos para luego proceder a obtener las licencias ambientales sin considerar todas las opciones posibles.

 

Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

“Tenemos que aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático”[1]

En Bolivia y todo el mundo vivimos una nueva situación marcada por la pandemia del covid-19 y varias crisis simultáneas: económica, climática, sanitaria, política y social, situación que ha provocado que la atención de los gobiernos, y los recursos económicos, se concentren en atender la crisis sanitaria, dejando de lado temas vitales como el cambio climático, que según señaló las Naciones Unidas “es más mortal que el coronavirus”[2].

La actual pandemia es posterior a la presentación de las propuestas de los partidos políticos, sin embargo la alerta tan catastrófica sobre el cambio climático que los organismos de Naciones Unidas han advertido no es nueva. Actualmente las muertes por coronavirus en todo el mundo sobrepasan el medio millón de personas, mientras la Organización Mundial de la Salud en el 2018 ya había previsto que “entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico[3]. Continúa leyendo Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

De la ficha ambiental al formulario de categorización para favorecer el extractivismo

La Ficha Ambiental, establecida en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 fue definida como el documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la categoría de EEIA. El RPCA aconsejaba que su llenado se haga en la fase de pre factibilidad incluyendo información sobre la inversión total, los recursos naturales a ser aprovechados, la identificación de impactos “clave”, la formulación de medidas de mitigación y la elaboración de una matriz de identificación de impactos ambientales.

La Ficha Ambiental ha sido flexibilizada con el tiempo y en el Decreto Supremo  3856 del 3 de abril del 2019 se menciona solamente un “Formulario de nivel de categorización ambiental” que sólo debe ser llenado por el representante legal de las actividades, obras o proyectos que se encontrarían en las categorías 1, 2 y 3 que se encuentran listadas en un anexo del decreto.  Así mismo este DS, a diferencia de su predecesor (DS 3549 de 2018)  consigna una lista de emprendimientos que entrarían en la categoría 4 y no requerirían de llenado de dicho formulario.

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 establecía que la categorización sería determinada mediante la metodología de Identificación de Impactos Ambientales (IIA) de la Ficha Ambiental a través del Procedimiento Computarizado de Evaluación de Impactos Ambientales (PCEIA). Esta metodología de identificación de impactos ambientales ha sido remplazada por una suerte de auto categorización que realiza el representante legal de la actividad, obra o proyecto en base de un listado que incluye como anexo el DS 3856 de 2019.

A manera de ejemplo, la extracción de salmueras de los salares que tiene una importante incidencia en las aguas subterráneas y superficiales está clasificada en la categoría 2. En general las actividades del sector de Hidrocarburos sólo están clasificadas en la categoría 1 cuando se encuentren en áreas protegidas, sitios Ramsar o Territorios Indígenas Originarias Campesinas.

En el caso del sector agropecuario, la absoluta mayoría de actividades están en la categoría 4 que no necesita ningún requerimiento. En la categoría 1, que requiere EEIA integral, sólo figura un tipo de emprendimiento agropecuario: proyectos multipropósito con el componente riego de aprovechamiento de aguas de represa para producción agrícola de más de 500 hectáreas. En la categoría 2 sólo existen cuatro actividades agropecuarias que necesitaría EEIA específico.

Según las Directrices para la Evaluación del Impacto Ambiental para los Proyectos de campo de la FAO requieren estudios de evaluación de impacto ambiental entre otros: Proyectos agro-industriales de gran escala, cambios a tecnologías de producción intensiva; Provisión de grandes niveles de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, etc.); Aforestación/Reforestación a gran escala, incluyendo operaciones madereras; Operaciones de la industria forestal, tales como aserraderos e industria papelera y de pulpa; Embalses de agua, sistemas de drenaje o de riego de mediana y gran escala; Ganadería a gran escala; Nuevas introducciones de especies no nativas de plantas, insectos y animales, incluyendo organismos genéticamente modificados. Grandes programas de mecanización agrícola.

A pesar de los visibles impactos sobre la deforestación, los incendios forestales, la perdida de la biodiversidad, la contaminación de agua y suelos por uso de agrotóxicos y las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático, el sector agropecuario está prácticamente exento de realizar EEIA.

Los derechos de la Madre Tierra y la Evaluación de Impacto Ambiental

La Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 71) define a la Madre Tierra como “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común” (Art. 3). La Ley 71 avanza en la dirección de superar la división entre seres humanos y naturaleza y sienta las bases para que todo proceso de Evaluación de Impacto “Ambiental” sea integral (ambiental, social, cultural), y evalúe los impactos sobre todos los componentes de los sistemas de vida susceptibles de ser afectados por una actividad, obra o proyecto.

Así mismo, la Ley 71 establece un nuevo marco para que no sólo se evalúen impactos sino para que se garanticen los derechos de los diferentes seres que conforman los sistemas de vida. Ninguna de las reglamentaciones posteriores sobre EIA ha intentado incorporar criterios y parámetros para que en los procedimientos (fichas ambientales, categorización, EEIA, licencias ambientales, seguimiento y otros)  se identifiquen los derechos de la Madre Tierra que pueden ser afectados y se establezcan medidas de protección de los mismos.

Los diferentes reglamentos modificatorios de la EIA no han recogido ni operativizado los principios de armonía/equilibrio, precaución, integralidad, no mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, restauración de la Madre Tierra, regeneración de la Madre Tierra, complementariedad y otros consignados en la Ley 71 y la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien).

Bolivia ha vivido una suerte de esquizofrenia a nivel ambiental. Por un lado ha aprobado dos leyes de la Madre Tierra que cuestionan la visión antropocéntrica de la naturaleza, y por otro lado ha aplicado reglamentos profundamente neoliberales  orientados a facilitar el extractivismo de toda índole en el territorio nacional incluyendo sus áreas protegidas.

Evolución e involución de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

La Ley de Medio Ambiente 1333, promulgada el 27 de abril 1992, inició la legislación ambiental nacional que contempla la EIA. La Ley 1333 que se encuentra vigente, define la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), enumera las actividades que pueden degradar el medio ambiente, establece cuatro categorías para la realización o no de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), crea la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) que es la forma principal de Licencia Ambiental, define mecanismos de participación ciudadana y establece infracciones administrativas y delitos ambientales.

En 1995 se promulgaron seis reglamentos a la Ley 1333. Los dos principales que tienen que ver con la EIA son el Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).

El RGGA establece que no se puede iniciar una actividad, obra o proyecto sin la respectiva Licencia Ambiental y desarrolla las infracciones, sanciones y multas. El RPCA desarrolla los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ficha Ambiental, la categorización, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental y diferentes mecanismos de seguimiento y adecuación.

A lo largo de más de dos décadas los reglamentos de la Ley de Medio Ambiente han sido en general debilitados a pesar de que en el país se dieron pasos importante con la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2008), la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), la Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) y otras disposiciones nacionales e internacionales.

La Constitución Política del Estado del 2009 señala que “las políticas de gestión ambiental se basarán en (…) la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente” (Art. 345.2). Así mismo establece que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (Art. 33).

La Ley de Derechos de la Madre Tierra amplia el derecho humano al medio ambiente a los derechos de todos los componentes de la Madre Tierra. Señala que “El ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra” (Art. 6). Establece que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de “Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra” (Art. 8.1).

Esta visión no fue incorporada ni recogida en ninguno de los reglamentos que se emitieron posteriormente en relación a la EIA. Por el contrario se debilitó la normativa para permitir actividades en áreas protegidas, se flexibilizó la presentación de la Ficha Ambiental, la categorización, la realización de EEIA, la consulta pública y otros aspectos fundamentales.

¿Cómo es la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia?

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo identificar y predecir, los impactos que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar sobre el medio ambiente y la población con el fin de establecer las medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos impactos negativos e incentivar aquellos positivos.

El proceso de EIA comprendía la Ficha Ambiental, la categorización para definir el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  (EEIA), la realización del EEIA, la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), y el seguimiento a la implementación, operación y abandono de la obra. En los últimos años, estas etapas se han venido flexibilizando en particular en relación a la Ficha Ambiental y la categorización debilitando el proceso de EIA.

Ficha Ambiental

Formulario de categorización

Según el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) de 1995, la Evaluación de Impacto Ambiental comenzaba con la presentación de la Ficha Ambiental que era un documento de sistematización de  la información de un determinado proyecto en una etapa inicial de prefactibilidad.

El artículo 7 del RPCA definía a la Ficha Ambiental como el “Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA (…) incluye información sobre el proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de la posible solución para los impactos negativos

La Ficha Ambiental debía incluir entre otros una descripción del proyecto, duración, alternativas y tecnología, inversión total, recursos naturales a ser aprovechados, generación de residuos, identificación de impactos “clave”, formulación de medidas de mitigación y prevención, y una matriz de identificación de impactos ambientales.

Este documento desde el año 2018 ha sido remplazado por el llenado de un “Formulario de Nivel de Categorización Ambiental” que contiene menos información y requerimientos que la original Ficha Ambiental, y que no se aplica a obras, actividades y proyectos comprendidos en la categoría 4 del listado del DS 3856 del 2019.

Categorías

Categoría 1: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral

Incluye el análisis detallado de todos los factores del sistema ambiental
a nivel físico, biológico, socioeconómico, cultural, y jurídico-institucional y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Explotación a cielo abierto de minerales, mega hidroeléctricas…

Categoría 2: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico

Incluye el análisis de algunos factores del sistema ambiental, y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Extracción de salmueras de los salares, construcción de planta para reactor de investigación de energía nuclear.

Categoría 3

Solamente requieren presentar Programa de Previsión y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).

Ej. Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado.

Categoría 4

No requiere de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Medidas de Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Mayoría de actividades del sector agropecuario

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental – EEIA

El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) tiene por objetivo identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA busca establecer las medidas necesarias para evitar, mitigar o controlar los impactos negativos e incentivar los efectos positivos.

La identificación de los impactos debe incluir un inventario, valoración cuantitativa y cualitativa de los efectos del proyecto sobre los aspectos ambientales y socioeconómicos del área de influencia del mismo. Debe distinguir los efectos positivos de los negativos, los directos de los indirectos, los temporales de los permanentes, los a corto plazo de los a largo plazo, los reversibles de los irreversibles, y los acumulables y sinérgicos.

Durante la realización del EEIA se debe hacer una consulta pública a la población afectada “para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público”.

El EEIA debe formular medidas de mitigación para la prevención, reducción, remedio o compensación para cada uno de los impactos negativos evaluados como importantes, así como considerar alternativas y justificar las soluciones adoptadas.

El EEIA debe incluir un PPM y un PASA para la implementación de las medidas de mitigación durante las diferentes fases de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente.

Licencia Ambiental – LA

La Licencia Ambiental es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente que autoriza desde el punto de vista ambiental el inicio o la continuidad de un proyecto, obra o actividad.

La Licencia Ambiental tiene carácter de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos, obras y actividades de las categorías 1 y 2, y de Certificado de Dispensación de EEIA para quienes están en la categoría 3 previa aprobación del PPM y PASA.

La DIA, conjuntamente con el EEIA, el PPM y el PASA, fija las condiciones ambientales que deben cumplirse durante las fases de implementación, operación y abandono o terminación de un proyecto, obra o actividad.

La Autoridad Ambiental Competente (AAC) puede decidir no conceder la DIA si el proyecto obra o actividad provoca o agrava seria y/o irreversiblemente problemas de salud de la población; afecta gravemente o destruye ecosistemas sensibles, así como áreas asignadas por el Gobierno a etnias o grupos originarios, “siempre que no sean considerados como de necesidad nacional”; pone en riesgo de ser destruidas a áreas declaradas como naturales protegidas, históricas, arqueológicas, turísticas o culturales; incrementa concentraciones contaminantes en el aire y el agua; produce radiaciones ionizantes; provoca impactos negativos socioeconómicos o culturales de gran magnitud, imposibles de ser adecuadamente controlados o compensados. (Art. 85 RPCA)

La Licencia Ambiental tienen vigencia de 10 años y puede ser renovada.

Seguimiento

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), contenido en el EEIA e incorporado en la DIA, definirá las modalidades y los períodos de inspección y vigilancia en la fase de implementación, operación y abandono del proyecto, obra o actividad.

El PASA incluirá los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental, los puntos y frecuencias de muestreo, estimación del costo y cronograma del Plan, y análisis o parámetros de verificación de cumplimiento del Plan.

El representante legal de un proyecto, obra o actividad debe realizar un Monitoreo Ambiental permanente y presentar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) Informes de Monitoreo Ambiental (IMA) reportando el avance y situación ambiental, con referencia a lo establecido en su respectiva Licencia Ambiental. (DS 3549, 2018)

La AAC principalmente a nivel departamental y municipal realizará inspecciones de seguimiento y vigilancia.

En los casos que corresponda se realizará una Auditoria Ambiental (AA) para verificar el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Estas auditorias pueden aplicarse en diferentes etapas de un proyecto. En caso de infracciones y contravenciones a lo establecido en su Licencia Ambiental, la AAC aplicará sanciones que podran llegar hasta la revocación de la Licencia Ambiental y el pago de multas.

Ademas de estas sanciones administrativas se podrán iniciar acciones penales por la comisión de delitos ambientales establecidos en la Ley 1333, el Código Penal y su Procedimiento. En este caso, la AAC debe denunciar los hechos ante la Fiscalía del Distrito y constituirse en parte civil, coadyuvante o querellante.

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centrales

La Evaluación de Impacto Ambiental y el derecho internacional

Diferentes tribunales internacionales se han pronunciado sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental. Entre ellos figuran entre otros la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ha emitido una opinión consultiva en 2017 en la que señala:

Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son inherentemente interdependientes. Atributos fundamentales de los derechos humanos como la dignidad, la igualdad y la libertad dependen de un medio ambiente que les permita florecer.

Para garantizar los derechos a la vida e integridad los Estados deben:

(i) regular las actividades que puedan causar un daño significativo al medio ambiente, con el propósito de disminuir el riesgo a los derechos humanos,

(ii) supervisar y fiscalizar actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente, para lo cual deben poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas, entre los cuales se incluyan tanto medidas preventivas como medidas de sanción y reparación;

(iii) exigir la realización de un estudio de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente, independientemente que la actividad o proyecto sea realizado por un Estado o por personas privadas. Estos estudios deben realizarse de manera previa, por entidades independientes bajo la supervisión del Estado, abarcar el impacto acumulado y respetar las tradiciones y cultura de pueblos indígenas que podrían verse afectados.

(iv) establecer un plan de contingencia, a efecto de disponer de medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales, y

(v) mitigar el daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas del Estado.

Para la CIDH los procesos de EIA deben incluir el principio precautorio y asegurar:

(1) el acceso a la información. En el marco de la de protección del medio ambiente, esta obligación implica tanto la provisión de mecanismos y procedimientos para que las personas individuales soliciten la información, como la recopilación y difusión activa de información por parte del Estado.

(2) la participación pública. El Estado debe garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar el público sobre estas oportunidades de participación. Los mecanismos de participación pública en materia ambiental incluyen entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial.

(3) el acceso a la justicia. Los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental.

La Evaluación de Impacto Ambiental en organismos financieros internacionales

Organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fueron de los primeros en introducir la EIA y la consulta pública. En el caso de América Latina se convirtieron en requisito para acceder a sus préstamos.

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 1979 adoptó una política ambiental que disponía de modo general la obligación de velar  por  la  calidad ambiental de sus operaciones en la región. La misma se fue ampliando y actualizando hasta que en 2006 adoptó la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), que en su Directiva B.5 se dice: “La preparación de las Evaluaciones Ambientales (EA), sus planes de gestión asociados y su implementación son responsabilidad del prestatario. El Banco exigirá el cumplimiento de estándares específicos para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y análisis ambientales…”. La Directiva B.6. del BID señala que las operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán de consultas con las partes afectadas y que se considerarán sus puntos de vista. En 2019 el Directorio Ejecutivo aprobó una versión preliminar de un nuevo Marco de Política Ambiental que está en proceso de consulta pública en la región.

• Banco Mundial. En 1984 Adoptó una política que introduce el requisito para que todos los proyectos potenciales se sometan a un análisis de sus posibles impactos en el medio ambiente. Este requisito evolucionó hasta que en 1989 adoptó una directiva interna sobre la EIA, que luego se revisó a través de la Política Operativa 4.01 y el Procedimiento del Banco 4.01.

• Principios de Ecuador. Aprobados en 2003 y actualizados en el 2013, los Principios del Ecuador forman un compromiso voluntario, originado en una iniciativa de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. Actualmente 105 instituciones financieras internacionales en 38 países han adoptado estos principios y cubren más del 70% de la deuda internacional de proyectos financiados en mercados emergentes. Los Principios de Ecuador contienen la evaluación de impacto ambiental, social y culturalmente apropiada, la consulta a la población local, la posibilidad de recibir comentarios y quejas, entre otros. La Evaluación Ambiental y Social, es definida como “un proceso que determina los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales (incluyendo los laborales, los de salud y los de seguridad) de un Proyecto propuesto en su área de influencia”. Además, proveen lineamientos que los países deben seguir para la evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales relevantes del proyecto, así como minimizar, mitigar y compensar los impactos adversos de manera pertinente y adecuada. El Principio 3 señala que: “El proceso de evaluación debería…abordar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los permisos pertinentes del país anfitrión relativos a los aspectos ambientales y sociales”.

• Eximbank de China. Este banco apoya la estrategia de “salir afuera” del gobierno chino y es el banco chino que más financiamiento ha destinado a proyectos para la construcción de hidroeléctricas en el mundo. También es el único banco chino que ha adoptado políticas para controlar los impactos ambientales y sociales de sus préstamos (1). En 2007  fue el primer banco chino en establecer requisitos ambientales para la otorgación de créditos. En este marco, el Eximbank estableció lineamientos específicos para la otorgación de créditos a diferentes industrias incluyendo el requisito de evaluaciones de impacto ambiental. Según el Eximbank en caso de que las normativas y procedimientos en materia ambiental de los países anfitriones sean insuficientes, “el Banco revisará los proyectos relevantes con referencia a los estándares chinos o las normas internacionales” (2).

En general casi todas los entidades financieras internacionales establecen requisitos de evaluación de impactos ambientales, sin embargo la calidad, profundidad y cumplimiento de los mismos es en muchos casos cuestionable, laxa y supeditada a acuerdos políticos entre los gobiernos y las instituciones financieras internacionales.


(1) Paulina Garzón, “Manual sobre lineamientos ambientales y sociales chinos para préstamos e inversiones en el exterior”, IISCAL, 2018.

(2) Citado por Juan Pablo Neri Pereyra en “Nuevas Relaciones de Dependencia” http://www.latinvestment.org

La Evaluación de Impacto Ambiental y los Instrumentos Internacionales

A partir de la década de los setenta se empezaron a acordar instrumentos internacionales sobre la EIA en el marco Naciones Unidas. Aunque no todos tienen un carácter vinculante para los Estados, son un marco importante para la implementación de este proceso. Algunos de estos instrumentos son:

• 1972 – Declaración de Estocolmo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Si bien no tiene una referencia explícita a la EIA, señala a la planificación como instrumento para conciliar las exigencias de desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.

• 1982 – Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el punto 11.c indica: “Las actividades que puedan perturbar la naturaleza serán precedidas de una evaluación de sus consecuencias y se realizarán con suficiente antelación estudio de los efectos que puedan tener los proyectos de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de llevarse a cabo, tales actividades se planificarán y realizarán con vistas a reducir al mínimo sus posibles efectos perjudiciales”.

• 1987 – Metas y principios para las evaluaciones de impacto ambiental. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Contiene 13 principios para guiar los procesos de EIA. El principio 1 señala: “Los Estados (incluidas sus autoridades competentes) no deben emprender ni autorizar actividades sin considerar previamente, lo antes posible, sus efectos ambientales. Si el alcance, naturaleza y ubicación de una actividad propuesta son tales que pueden afectar considerablemente al medio ambiente, debe realizarse una evaluación completa del impacto ambiental…”. El principio 7 indica: “Antes de tomar una decisión sobre una actividad, debe darse la oportunidad de hacer observaciones sobre la evaluación del impacto ambiental a los organismos gubernamentales, los miembros del público, los expertos en las disciplinas pertinentes y los grupos interesados”.

• 1992 – La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Principio de prevención vinculado a la EIA y principio precautorio entre otros.

• 1992 – Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático. Su artículo 4 insta a los Estados a emplear “métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él”.

• 1992 – Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD por su sigla en ingles). El Artículo 14.a señala que cada Estado “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica…”.

• 2004 – Directrices voluntarias Akwé:Kon (todo en la creación) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Contiene procedimientos y metodologías para la evaluación integral de impacto cultural, social y ambiental relacionadas con la diversidad biológica en territorios indígenas. También proporciona orientación para incorporar a la EAE los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.

• 2006 – Directrices voluntarias sobre evaluación del impacto ambiental, incluida la diversidad biológica de la CBD.

• 2011 – Directrices para la Evaluación del Impacto Ambiental para los Proyectos de campo de la FAO. Plantea la EIA para proyectos agroindustriales, organismos genéricamente modificados, proyectos de gran escala ganaderos y de reforestación.

que debe incluir la EIA

Diferencias entre la Evaluación de Impacto Ambiental, la Estratégica y la Social

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso para evaluar los probables impactos en el medio ambiente, y para proponer medidas adecuadas de mitigación de un determinado proyecto, obra o actividad, en cambio la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un proceso para evaluar los probables impactos de políticas, planes o programas propuestos para asegurar que se incluyen plenamente y se analizan en una etapa temprana de la adopción de decisiones, junto con las consideraciones económicas, sociales y culturales (Directrices Akwé:Kon del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2005). El primero actúa sobre emprendimientos específicos, concretos, en cambio el segundo evalúa, en materia ambiental, los impactos de políticas o programas del Estado.

La Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA) señala que “un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de buena calidad informa a los planificadores, tomadores de decisiones y público afectado acerca de la sustentabilidad de decisiones estratégicas, facilita la búsqueda de la mejor alternativa y asegura un proceso democrático de toma de decisiones. Esto incrementa la credibilidad de las decisiones y da por resultado una evaluación ambiental en el nivel de proyecto más efectiva en cuanto a costo y tiempo”.

Se podría decir que la EAE es una herramienta de apoyo, desarrollada en forma de proceso, que se aplica a decisiones de naturaleza estratégica en materia ambiental y en un marco sustentabilidad, incluyendo el diseño de políticas, planes y programas de gobierno. Su fin es la búsqueda de mejores opciones para el desarrollo, actuando de manera anticipada en las decisiones, mediante un proceso participativo, transparente y democrático. La ventaja de la Evaluación Ambiental Estratégica es que puede implicar cambios en los perfiles y tipos de proyectos que se desarrollen. Es decir, una decisión a nivel estratégico podría evitar, por sí sola, impactos ambientales posteriores en cada uno de los proyectos desarrollados (1).

En la normativa boliviana la EAE es considerada como el “Estudio de las incidencias que puedan tener planes y programas. El EEIA estratégico, por la naturaleza propia de planes y programas, es de menor profundidad y detalle técnico que un EEIA de proyectos, obras o actividades; pero formalmente tiene el mismo contenido.” (Art. 4 Reglamento General de Gestión Ambiental, 1995)

La Evaluación del Impacto Social (EIS) es un proceso para evaluar los probables impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un desarrollo propuesto que puedan afectar a los derechos, que tengan una dimensión económica, social, cultural, cívica y política, así como afectar al bienestar, vitalidad y viabilidad de una comunidad afectada. (Directrices Akwé:Kon del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2005).

La AIAI, definen a la EIS como “los procesos de análisis, monitoreo y gestión de las consecuencias sociales voluntarias e involuntarias de intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos) y todo proceso de cambio social invocado en dichas intervenciones”.

La EIS no es nueva, surgió al mismo tiempo que la EIA en la década de los 70 y era elaboraba como parte de la EIA, pero con el tiempo se separó debido a que parecía más efectivo dividir los aspectos sociales de los aspectos biofísicos a pesar de que es evidente que la naturaleza y la sociedad están inmersas en un mismo sistema complejo.

La aplicación de la EIS continúa siendo limitada y se encuentra aún en las primeras fases. Pese a que algunos países cuentan con Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS), que teóricamente incorporan aspectos sociales, han sido limitadas a vagas referencias que se diluyen a lo largo del estudio, terminando las evaluaciones centrándose casi exclusivamente en los aspectos ambientales del proyecto.

Las Directrices Akwé:Kon del Convenio sobre Diversidad Biológica alientan la integración de las Evaluaciones de impactos ambientales, sociales y culturales para precisamente tener una apreciación más integrada de los impactos que se pueden producir durante la realización de un determinado emprendimiento.


(1) Thérivel et al,  “Systems of strategic environmental assessment”, 1992.

Los principios de prevención y precautorio

En todo proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es fundamental tomar en cuenta el principio de prevención y el principio precautorio. El principio de prevención supone que el riesgo puede ser conocido anticipadamente y que pueden adoptarse medidas para neutralizarlo, mientras que el de precaución opera cuando el riesgo de daño ambiental aun no puede ser evaluado en toda su magnitud. El principio de prevención busca evitar daños seguros y mensurables, mientras el principio de precaución busca impedir riesgos cuando existe la duda sobre los mismos.

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 dispone la prevención como un principio fundamental en materia ambiental y lo vincula a la obligación de los Estados de emprender “una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente” (Declaración de Río, Principio 17).  La EIA es un instrumento de aplicación del principio de prevención, puesto que para poder prevenir y tomar las medidas necesarias de manera anticipada, es esencial analizar y evaluar los diferentes impactos que se pueden producir.

El principio de prevención es una obligación de los Estados porque generalmente no se puede restaurar la situación preexistente al daño ambiental. La no realización o la realización deficiente de la Evaluación de Impacto Ambiental es una violación al principio de prevención que es la política principal de los Estados respecto a la protección del medio ambiente.

El principio de precaución o precautorio busca evitar daños graves o irreversibles a partir de la posibilidad de impactos ambientales. Este principio manda actuar con cautela aun en los casos en los que no existe suficiente información. La Declaración de Río, señala: “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (Principio 15).

Lo que distingue al principio precautorio en el marco del derecho ambiental, es que la certeza y la previsibilidad deja de ser un requisito fundamental. No es necesario contar con evidencia científica para implementar medidas preventivas y correctivas frente a un posible daño. La defensa del medio ambiente ya no se basa en la prueba de la afectación, sino en la posibilidad de la alteración negativa.

“El principio de precaución requiere que se adopte un enfoque cauto y que evite riesgos en aquellos casos en que no pueden predecirse los impactos con certeza y/o en los que existe incertidumbre respecto de la eficacia de las medidas de mitigación. Si no pueden establecerse los impactos en los recursos de diversidad biológica importantes con la certeza suficiente, la actividad se detiene hasta que no haya información suficiente disponible o se adopta un escenario de ‘peor caso’ respecto del impacto en la diversidad biológica y la propuesta, y su aplicación y gestión se diseñan de manera de reducir los riesgos hasta niveles aceptables” (Documento de antecedentes de la Decisión VII/28 del Convenio sobre la Diversidad Biológica: Directrices voluntarias sobre evaluaciones de impacto, incluida la diversidad biológica).

Eucaliptos para matar la biodiversidad

Por: José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua informó que se autorizó la importación de eucaliptos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en Bolivia.

Las plantaciones de eucaliptos con fines comerciales son lo opuesto a un bosque. En las plantaciones de monocultivos lo que menos se busca es la biodiversidad, debido a que todos los árboles son iguales, uno al lado de otro, como palitos de fósforo de gran tamaño. En una plantación no importa el árbol sino la madera y, fundamentalmente, la celulosa que se extrae de la madera. Su objetivo no es reproducir la vida sino hacer negocio produciendo pulpa de papel o pellets para combustible.

Las plantaciones de monocultivos intensifican la alienación y destrucción de la naturaleza.

En la región central de Chile, por ejemplo, las plantaciones de monocultivos forestales han afectado el ciclo del agua[1]. Asimismo, los feroces incendios que se producen anualmente en Chile se deben en parte a las plantaciones de monocultivos que se queman como palitos de fósforos.

Mientras que, en el caos de Argentina, las plantaciones de eucaliptos alientan la concentración de tierras y afectan la salud de las poblaciones locales por el uso de pesticidas[2]. Por otro lado, los monocultivos de eucaliptos que se instalaron desde la década de los ochenta en el Uruguay acidificaron los suelos y los hicieron inhabitables para otras especies de plantas nativas[3]. Y en el caso del Brasil, se habla de la aparición de “desiertos verdes” por la eliminación de grandes porciones del Bosque Atlántico nativo por las plantaciones de eucalipto[4].

Sin ir muy lejos, en el Valle Alto de Cochabamba se ha comprobado que las plantaciones de eucalipto generaron cambios perjudiciales en el suelo y contribuyeron a su degradación[5]. Así mismo, diversos estudios en el mundo muestran que las plantaciones forestales afectan la soberanía alimentaria de la población.

El gobierno de Añez oculta y calla estos impactos porque le interesan más los bolsillos de algunos empresarios del agronegocio que la preservación y regeneración de nuestros bosques nativos. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua estas plantaciones de semillas importadas de eucaliptos ayudarían a la lucha contra al cambio climático porque serían muy eficientes en la captura de dióxido de carbono.

Sin embargo, la verdad es que los monocultivos de árboles sólo almacenan dióxido de carbono hasta que mueren en la guillotina de los aserraderos. Estas plantaciones sepultan en muchos casos la posibilidad de que bosques dañados por los incendios puedan recuperarse con el tiempo. Además, para plantar, mantener, cortar, transportar y procesar la madera, se consume combustibles fósiles que emiten dióxido de carbono. Si queremos realmente enfrentar el cambio climático debemos preservar nuestros bosques y no remplazarlos por plantaciones de monocultivos.

Por si esto fuera poco, la nota del Ministerio de Medio Ambiente y Agua dice que se introducirá “un paquete tecnológico” que “utilizará material genético con características inmunológicas más fuertes”.

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué el gobierno transitorio de Añez no sólo quiere introducir maíz, trigo, caña de azúcar, algodón y soya transgénica, sino que ahora busca importar semillas de eucaliptos transgénicos? El gobierno transitorio de Añez, sigue los pasos del gobierno de Evo Morales, y no hace nada por abrogar las normas incendiarias que llevaron al ecocidio de la Chiquitanía el año pasado. 

En vez de terminar de matar a los ecosistemas con plantaciones de monocultivos debemos promover la preservación y regeneración de los nueve tipos de bosque que existen en Bolivia (cita). La reforestación tiene que ser con especies nativas y de ninguna manera con monocultivos de eucaliptos.

Nuestros bosques son una fuente de alimentación, medicinas, agua y oxigeno que pueden ser aprovechada a través de prácticas de agroforestería que convivan con el bosque y no lo destruyan. Pretender uniformizar los árboles para hacer dinero sólo traerá nuevas tragedias a la naturaleza y a los seres humanos.


[1] https://www.mdpi.com/1999-4907/10/6/473/htm

[2] https://archivo.argentina.indymedia.org/news/2013/03/833086.php

[3] http://www.guayubira.org.uy/2007/02/impacto-de-las-plantaciones-de-eucaliptos-en-el-suelo/

[4] https://globalforestcoalition.org/resisting-green-deserts-in-brazil/

[5] http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n2-3/v4n2-3_a12.pdf

Importancia de la Evaluación de Impacto Ambiental

Tanto la naturaleza como la sociedad están inmersas en un mismo sistema complejo con relaciones igualmente complejas. Es incorrecto considerar que los ecosistemas y las sociedades son sistemas complejos independientes que sólo interactúan en unos pocos puntos. Las sociedades son en realidad sistemas complejos inmersos dentro de sistemas complejos que son los ecosistemas (1). Los seres humanos y sus actividades económicas, productivas, culturales y cotidianas se realizan dentro de la naturaleza y no son posibles fuera de ellas.

Un cambio muy pequeño en los componentes de un sistema complejo puede generar cambios gigantescos en la respuesta o viceversa. Así, cuando se busca predecir el resultado de una determinada intervención sobre el medio ambiente se tiene que enfrentar cuando menos dos fuentes de incertidumbre: la gran cantidad de variables que generan un sin número de interacciones y el comportamiento no lineal que tienen tales interacciones.

La realización de una actividad, obra o proyecto puede tener impactos de diversa índole sobre la naturaleza y, por tanto, sobre la propia sociedad. En esa medida es fundamental a) analizar las diferentes interacciones que se pueden producir al implementar, funcionar o cumplir su vida útil un determinado emprendimiento, b) prever los diferentes impactos a corto y mediano plazo, acumulados y sinérgicos, directos e indirectos, c) considerar los diferentes escenarios y alternativas, d) precisar las diferentes estrategias y medidas de mitigación, e) evaluar de manera neutral y objetiva las diferentes opciones y f) tomar la decisión más apropiada que puede implicar la no realización de dicho emprendimiento por los peligros que implica.

La Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA) es un proceso que comienza en las etapas iniciales de un proyecto y que continua durante su fase de implementación, construcción, operación y abandono o desmantelamiento. Este proceso de EIA puede extenderse en el tiempo durante muchas décadas.

La EIA no es un proceso formal para obtener la autorización para el inicio de obras. La EIA es un proceso esencial en particular en la actualidad donde se han alterado los ciclos vitales del planeta Tierra. Precisamente por el agravamiento de la crisis ecológica mundial es necesario perfeccionar y fortalecer permanentemente los proceso de EIA. Procesos de deforestación de hace cincuenta años hoy tienen una valoración y repercusión mucho más grave. 

Así mismo, los procesos de EIA son fundamentales para la preservación de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que “una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce de múltiples derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la integridad personal, la salud y el propio derecho a un medio ambiente sano” (2). 


(1) Luis Zambrano, “La Complejidad de los socioecosistemas” Instituto de Biología UNAM. 2013.
(2) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre del 2017.

Litio: ¿Qué proponen los partidos?

Todos los partidos políticos hablan del litio y lo destacan como un elemento central para el desarrollo del país. Sin embargo, más allá de la retórica, no hay propuestas concretas para hacer frente a la casi paralización del proyecto de industrialización del litio. Los programas de los partidos no se refieren a los problemas de la última década en la industrialización del litio. Tampoco hacen planteamientos para resolver los posibles escenarios de conflicto después de la abrogación por Evo Morales del Decreto Supremo 3738 que creó la empresa mixta entre Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACISA. En relación a los temas ambientales y de consulta previa libre e informada a las poblaciones indígenas se dice muy poco o nada.

Desde el 2013 Bolivia comenzó a producir a nivel piloto cloruro de potasio y carbonato de litio y a partir del 2017 también empezó a producir a nivel piloto materiales catódicos y baterías de ion litio. El 2018 comenzó la segunda fase de producción industrial con la inauguración de la primera planta industrial de cloruro de potasio, con capacidad instalada de 350.000 Toneladas/año. Esta planta industrial opera hasta la fecha a menos del 10% de su capacidad. Asimismo, se tiene planificado concluir el 2020 la construcción de la planta industrial de carbonato de litio; la misma que, hasta febrero de este año, contaba con un 38% de avance[1].

Hasta finales del 2019, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) produjo en la planta industrial de cloruro de potasio a penas 26.741 toneladas de cloruro de potasio y en la planta piloto de carbonato de litio 420 toneladas. Hasta fines del 2019 se exportaron 21.036 toneladas de cloruro de potasio y 120 kilos (en calidad de muestra) de carbonato de litio[2].


Movimiento Al Socialismo

El programa de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) del 2020 no sufrió cambios relevantes respecto al litio en relación a su propuesta del 2019. Al igual que el año pasado, destaca de manera grandilocuente los logros alcanzados en la industrialización del litio[3] y, por el otro lado, plantea continuar con la implementación del Plan Nacional de la Industrialización del litio desarrollado durante sus anteriores gestiones. No realiza ninguna evaluación autocrítica del hecho de que Bolivia es absolutamente marginal en el mercado del litio, ni plantea una ruta de acción para hacer frente a la situación después de la disolución de la empresa YLB-ACISA. El MAS sigue hablando como si nada hubiera pasado en la diversificación productiva, la industrialización de los recursos naturales y la inserción de Bolivia en los primeros eslabones de la cadena de industrialización de materiales catódicos y baterías de litio.

El programa de gobierno del MAS plantea en primer lugar, “concretar la tercera fase de inversiones, para lograr la producción de materiales catódicos y baterías de litio, completando así la industrialización del litio” y, en segundo lugar, “consolidar los mercados de exportación” e “implementar las plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio de sales residuales” así como materiales catódicos y baterías, todo ello en asociación con “empresas privadas nacionales y extranjeras”. Sobre la experiencia fallida con ACISA no dice una sola palabra.

A diferencia de su programa del 2019 donde mencionaba “montar plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio (…) en asociación con la empresa alemana ACI Systems” para el salar de Uyuni, ahora sólo habla de la asociación con la empresa china TBEA-Boacheng para los salares de Coipasa y Pastos Grandes.

Comunidad Ciudadana

La propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) respecto al litio es la misma que del año pasado. Esta gira en torno a “estudios de pre-inversión e inversión en la denominada ´nueva´ minería”, en los que se contempla la industria de autos eléctricos y la priorización de proyectos de litio.  Asimismo, menciona la creación de “condiciones para que sea pública la información pertinente respecto a los criterios y parámetros financieros, económicos y técnicos sobre los que se estructuran los proyectos que son propiedad de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), así como las sociedades de YLB con empresas privadas”.

Uno de los puntos centrales de la propuesta en torno del litio de CC es convocar a “un pacto productivo” para diseñar “de modo conjunto (…) una Estrategia Nacional de la Industria del Litio”. Así, en función a esta estrategia, y al igual que el MAS, proponen insertar a Bolivia en “la cadena de valor global del litio, promoviendo relaciones de valor con las grandes empresas del mundo que producen autos eléctricos, otros vehículos y otros productos de alto valor, donde el litio es el material principal.” Esta sería la ruta para que Bolivia se inserte en “los grandes mercados del litio (Bolsa de Metales de Londres y la Bolsa de Shanghai)”.

Bajo estos lineamientos plantea industrializar el litio “con tecnologías apropiadas que agreguen valor y minimicen los impactos ambientales sobre el entorno”. Esta es la única mención al tema ambiental del litio en los programas de los partidos políticos. 

Juntos

La agenda de gobierno de Juntos respecto al litio gira en torno a la alusión de garantizar una “estabilidad económica y crecimiento sostenido”. Para ello, Juntos apuesta por una “diversificación” de las fuentes de riqueza y empleo, y promueve “industrias con potencial exportador”, como ser el litio, entre otros recursos naturales[4]. Su meta es lograr una “revolución de las exportaciones”. 

Con el fin de industrializar el litio en las “condiciones más ventajosas para el país” Juntos – al igual que el programa del año pasado de Bolivia dijo No – propone hacer una “evaluación cuidadosa del proyecto de explotación e industrialización de litio”, para determinar la viabilidad tecnológica, financiera y comercial del proyecto estatal, y tomar “responsablemente las decisiones que permitan reencauzarlo” en plazos breves y movilizando inversión, tecnología y recursos humanos. Con esta redacción ambigua Juntos abre el escenario para la privatización del litio y, a diferencia de los demás programas de gobierno, su propuesta no menciona la cadena de valor ni la fabricación de las baterías de litio. 

El programa de Juntos ya no menciona que “garantizarán la participación activa de las regiones de localización de los recursos evaporíticos, como es el caso del departamento de Potosí” como estaba planteado en el programa de Bolivia dice No del año pasado.

El actual gobierno transitorio que concentra a la coalición Juntos ha dado señales favorables para continuar la iniciativa de asociación entre YLB y la subsidiaria alemana[5] y recientemente ha expresado que el país necesita “tecnología [e] inversión extranjera” para reactivar el proyecto del litio[6].

Alianza Libre 21

La Alianza Libre 21 plantea convertir a Bolivia en “la capital mundial de las baterías de litio” y, para ello, propone llevar a cabo un “cinturón del litio en el occidente” como uno de los “tres cinturones estructurales de desarrollo energético y tecnológico en el país[7]. En este sentido, plantea desarrollar el “cinturón occidental boliviano de baterías”, con “centros de manufactura de baterías” distribuidas a lo largo de la zona andina y con destino productivo especifico (baterías para electrodomésticos, computadoras, celulares y autos). De esta manera, el programa de Libre 21, al igual que el MAS y CC, enfoca su propuesta de industrializar el litio mediante la producción de baterías.

Si bien Libre 21 da señales de promover empresas estatales fuertes, un aspecto particular de su propuesta es la creación de una empresa de litio: LIBOL. No queda claro, sin embargo, si la nueva empresa de litio que plantea Libre 21 vendría a remplazar a YLB y cuál sería el futuro de la actual empresa estatal del litio.  Lo que sí es claro es que esta nueva empresa de litio entraría dentro de su propuesta de transferir – a través de títulos de valor intransferible, embargables y heredables – parte de las acciones de las empresas estatales a la ciudadanía.

Finalmente, en su propuesta de “Bolivia corazón verde de Sudamérica” menciona de forma genérica que en una década todos los automóviles en el país deberían funciona a gas o con baterías de litio. La Alianza Libre 21 no ahonda en detalles de cómo planean sustituir los 1.910.127 vehículos que conformaban el parque automotor nacional del 2018[8].

Creemos

El programa de gobierno de Creemos, en su subtitulo específico sobre Explotación de Litio, parte de la idea de “mejorar todo el proyecto de explotación industrial del yacimiento de litio de Uyuni” enfatizando que lo harán “en consenso con la sociedad civil del departamento de Potosí”. Así, y mediante la asociación de YLB con “un inversionista privado”, pretenden comenzar la explotación del litio a más tardar el 2022.

Al igual que la mayoría de los otros programas de gobierno analizados, Creemos apunta a una industrialización del litio mediante la producción de baterías de litio. Con el argumento de aumentar el valor agregado y generar mayores recursos por materia de exportación, la propuesta de Creemos gira en torno a instalar una fábrica de baterías de litio para vehículos eléctricos dentro del territorio nacional que “pertenezca a uno de los grandes jugadores existentes en esta industria que nos garantice el mercado”. Para esto, contemplan que el Gobierno se comprometa a “realizar todas las inversiones en infraestructura física necesaria para hacer atractivo el proyecto” e implementar reducciones fiscales y aportes de recursos a través de YLB. Esta fábrica de baterías de litio entraría en operaciones antes del 2025.

Conclusiones

En general, todos los programas de gobierno analizados apuntan al litio como uno de los recursos naturales más estratégicos con el que cuenta el país; donde su industrialización garantizará tanto el desarrollo y crecimiento económico, así como el bienestar futuro del país. En todos los programas de gobierno a excepción del MAS, existe una crítica en términos muy generales al proyecto de industrialización del litio que se desarrolló hasta el momento. La mayoría de los partidos proponen revisar y/o desarrollar una nueva y mejor estrategia para su industrialización, mediante proyectos que incorporen tanto componentes financieros, tecnológicos como comerciales. Sin embargo, ninguno ahonda en los pormenores de estos proyectos ni en las diferencias en relación con el Plan Nacional de Industrialización del Litio desarrollado hasta el momento.

Todos, a excepción de Juntos, apuntan en mayor o menor medida a la cadena de valor de la producción de baterías de litio. En otras palabras, el objetivo no sería sólo explotar y exportar carbonato de litio e hidróxido de litio, sino producir materiales catódicos y baterías de ion de litio. 

El MAS, CC y Creemos buscan algún tipo de asociación con empresas internacionales que viabilicen tanto la producción de baterías en el país como la inserción de Bolivia en la cadena de valor global de las baterías de litio. Ningún partido aborda la cuestión de las regalías mineras por concepto de explotación de carbonato de litio e hidróxido de litio, conflicto que movilizó por más de cinco meses a diversos sectores en Potosí. Igualmente, ningún partido menciona a ACI Systems, ni cómo se procederá legal y financieramente  después de la abrogación del Decreto Supremo 3738 que creaba la empresa mixta YLB-ACISA.

Finalmente, llama profundamente la atención que, de las cinco propuestas analizadas, solo CC menciona de forma muy genérica el componente ambiental de la producción de litio, limitándose a un aspecto tecnológico y no así de productividad y balance socio-ambiental que tiene la extracción de litio en estos delicados ecosistemas.

*Este análisis comparativo abarca a la propuesta de gobierno presentado por: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Juntos, Alianza Libre 21 y Creemos


[1] https://www.ylb.gob.bo/resources/rendicion_cuentas/rendicion_inicial_2020.pdf

[2] https://www.ylb.gob.bo/archivos/notas_archivos/rendicion_de_cuentas_publicas_c.pdf y https://www.ylb.gob.bo/archivos/notas_archivos/np002_compressed.pdf

[3] Con menciones elocuentes tales como “se completó el circuito de la industrialización del litio a escala piloto y se dieron los primeros pasos hacia la producción a gran escala asegurando mercados internacionales para incursionar en la producción de baterías de litio y la industria automovilística.”

[4] Producción de alimentos, la agroindustria, el desarrollo forestal, la manufactura, la economía digital, el turismo, el transporte y otros servicios

[5] https://eldeber.com.bo/165736_embajada-alemana-asegura-que-su-pais-sigue-interesado-en-industrializacion-del-litio

[6] https://latinvestment.org/2020/04/25/el-litio-como-punta-de-lanza-para-reactivar-la-economia-post-coronavirus/

[7] Los otros dos “cinturones de desarrollo” serían: el cinturón gasífero (en el sur, centro y oriente) y el hidroeléctrico (en el centro y norte), a los cuales se agrega la generación focalizada de energía solar, geotérmica y eólica.   

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/boletines/actualidad-estadistica/category/225-parque-automotor#

Gobierno transitorio aprueba importación de eucaliptos para plantaciones forestales comerciales.

Por: Guillermo Villalobos

El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó una nota señalando que a través de su Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), lograron que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) promulgue una Resolución Administrativa – RA N° 084/2020 – que establece requisitos fitosanitarios para la “importación de plantines de eucalipto (Eucalyptus spp) en sustrato inerte (sin ningún tipo de bacteria o microbio), para la implementación de plantaciones forestales comerciales permitiendo mejorar la calidad y el rendimiento por hectárea.”[1]

De acuerdo a la nota del MMyA, la RA N° 084/2020, del SENASAG establece los requisitos para importar plantines de Eucalyptus spp, este nombre científico corresponde a una nomenclatura binominal, que es un sistema simplificado de clasificación biológica mediante la combinación de dos nombres correspondientes al género y a la especie. Entonces, Eucalyptus vendría a ser un género de árboles de la familia mirtáceas, mientras que la sigla spp es una abreviación para especies, es decir, todas aquellas que conforman este género de árbol[2]. De esta forma, al mencionar que se aprobó la importación de plantines de Eucalyptus spp de hecho, se está señalando que se aprobó la importación de cualquiera de las más de 280 especies de eucaliptos que existen en el mundo[3].

¿Por qué esto es importante? La pauta la da la segunda parte de la nota del MMAyA, cuando señala que la importación de eucaliptos es parte de “un paquete tecnológico que será introducido en las plantaciones forestales” el cual, según este comunicado, fue olvidado y dejo a Bolivia rezagada en comparación con los demás países de la región. Además, añaden que se utilizará eucaliptos con “material genético con característica inmunológica más fuerte que permite el desarrollo óptimo de la especie” logrando “mayor tasa de crecimiento y densidad de madera” y permitiendo avanzar hacia la modernización de las plantaciones forestales comerciales en el país. Llaman la atención dos aspectos: por un lado, la alusión a paquetes tecnológicos y material genético con características propias que supuestamente permiten mayores rendimientos y la modernización del sector y, por el otro lado, el abanico de posibilidades que abrió la RA N° 084/2020 para la introducción de cualquier especie de eucalipto.

La pregunta es ¿acaso con la RA N° 084/2020 del SENASAG se quiere viabilizar la introducción de eucaliptos genéticamente modificados al país? Dada la reciente aprobación por parte del Gobierno transitorio del Decreto Supremo 4232 que viabiliza al Comité Nacional de Bioseguridad llevar a cabo procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénica, dicha hipótesis no resulta tan descabellada. 

Al respecto, la empresa brasilera Futura Gene arguye ser una de las primeras entidades en haber desarrollado un eucalipto genéticamente modificado (H421), el cual supuestamente ofrece un 20% más en la productividad de madera[4]. Durante 2015 el Comité Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) del Brasil aprobó la libre comercialización y uso de este eucalipto transgénico en todo su territorio[5].

En la nota del MMAyA se destaca que se contará con las bondades ambientales de estos plantines importados. Por un lado, como una posibilidad para la lucha contra al cambio climático puesto que estos serían “muy eficientes en la captura de CO2” y, por otro lado, porque “no degradan los suelos y se adaptan muy bien en tierras con baja cantidad de nutrientes”.

Efectivamente, los arboles del genero Eucalyptus son eficientes fijadores de CO2, pero eso es solo una cara de la moneda, ya que las plantaciones forestales comerciales también generan importantes emisiones CO2 durante todo su proceso productivo. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de captura de CO2 del Eucalyptys grandis ronda los 245 t CO2/ha-7años, mientras que la huella de carbono del ciclo de vida de las plantaciones forestales comerciales – que abarca las etapas de producción de plantines, siembra y mantenimiento hasta el corte del árbol – es de -239 t/ha-7años[6]. Existiendo, por supuesto, diferencias y particularidades propias a cada contexto y ecosistema.

Respecto a la degradación de los suelos, desde los años 80 existe un intenso debate científico sobre los efectos de plantaciones forestales de eucaliptos sobre los suelos. En general, el grado de afectación (o beneficio) está estrechamente vinculado a condiciones específicas del ecosistema y sobre todo al tipo de suelo. En Bolivia se cuenta con diversos estudios referentes a los distintos efectos de las plantaciones forestales de eucaliptos en los suelos locales, como por ejemplo, en el caso del Valle Alto de Cochabamba donde se observó que este tipo de plantaciones generaron cambios fisicoquímicos en los suelos – volviéndolos ligeramente más salinos y cambiando la estructura y textura del suelo – en relación a las parcelas agrícolas perimetrales a las plantaciones.[7]

Estas mismas afectaciones se presentan en otros países de la región. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que posee plantaciones forestales de eucaliptos desde finales de los años 80 y actualmente cuenta con alrededor de 770 mil hectáreas,[8]  los monocultivos de eucaliptos sobre los suelos de praderas hicieron que se volvieran más ácidas e inhabitables para otras especies de plantas nativas. Igualmente, se observó una disminución del material orgánico y la Capacidad de Intercambio Catódico del suelo, así como un cambio en su estructura y textura que afecta la capacidad de filtración del agua.[9] 

Las plantaciones forestales de eucalipto no solo presentan problemas ambientales, sino que también acarrean consecuencias sociales importantes. En Brasil, por ejemplo, con 5,7 millones de hectáreas cultivadas es uno de los principales productores del mundo;[10]  esta gran producción llevó a que en los Estados de Bahia y Espirito Santo – dos de las principales áreas productoras – suplanten en gran medida el Bosque Atlántico Nativo[11] por “desiertos verdes” – denominación local a las plantaciones industriales de eucaliptos. La formación de estos “desiertos verdes” capitalizados en manos de las firmas forestales condujeron a un proceso de cooptación de tierras y al desplazamiento de las comunidades locales – tanto  afro-brasileñas Quilombera como indígenas Tupiniquim – de sus territorios, sin mencionar la exposición de estas comunidades al bombardeo de agroquímicos tóxicos realizados en las plantaciones circundantes.[12]

La nota del MMAyA termina haciendo referencia a los beneficios económicos de la introducción de estos plantines para el sector forestal. La nota señala que las plantaciones industriales al tener mayor uniformidad “reducen los costos de manejo, generando mayor productividad por hectárea” permitiendo “múltiples aplicaciones industriales con alta demanda en mercados internacionales” fortaleciendo así, “las condiciones de la producción nacional de madera para consumo interno y la exportación”.

Según el Mapa de Bosque del 2013, Bolivia tiene alrededor de 51.407.000 hectáreas de bosque en todo su territorio, clasificados en 9 tipos de distintos[13]. De acuerdo al Censo Agropecuario del 2013, la superficie de uso forestal en Bolivia es alrededor de 13.844.734,6 ha, de las cuales apenas 150.219,3 ha corresponden a plantaciones forestales maderables[14]. De estas 150.219,3 ha, solo 20.995,4 son plantaciones forestales de eucaliptos, las cuales se encuentran mayormente en Chuquisaca (8.783,6 ha), Cochabamba (4.023,1 ha), Potosí (4.023,1), La Paz (2.733,4 ha) y Santa Cruz (2.205,5 ha).[15]

En base a estos datos, nos preguntamos si ¿realmente es viable pensar que Bolivia puede competir con los países vecinos que son líderes mundiales en plantaciones forestales de eucaliptos? Parecería insulso y sin criterio económico apuntar a tratar de competir con Brasil, Uruguay o Chile (los cuales poseen hasta 270, 37 y 31 veces más hectáreas plantadas de este árbol, respectivamente). Sin embargo, la idea de ampliar las plantaciones forestales comerciales se extiende más allá de las políticas del Gobierno transitorio de Añez, ya que se encuentra presente en las agendas de gobierno de los principales partidos políticos[16] .

Por otro lado, cabe preguntarse ¿dónde se planea implementar estos plantíos forestales de eucaliptus? ¿se planea expandir las plantaciones existentes en la zona del altiplano y valles, o más bien, utilizar el eucalipto para “reforestar” las áreas deforestadas por la expansión de la frontera agropecuaria y las quemas descontroladas? Lamentablemente, la nota del MMAyA no brinda ninguna luz al respecto.

En todo caso, la cuestión de fondo es ¿por qué el gobierno transitorio se esmera en fortalecer un modelo económico con alto impacto socio-ambiental, en vez de, por ejemplo, promover una regeneración de los 9 tipos de bosques nativos que se encuentran en el país y desarrollar una agro-forestería comunitaria orientada a abastecer nichos de mercados con diversos productos de origen no maderable?


[1] https://www.mmaya.gob.bo/2020/06/aprueban-requisitos-fitosanitarios-para-la-importacion-de-plantines-de-eucalipto/

[2] https://www.iapt-taxon.org/nomen/pages/main/art_5.html

[3]  https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=EUCAL

[4] https://www.futuragene.com/pt/nosso-produto/eucalipto-geneticamente-modificado-com-aumento-de-produtividade/

[5] https://www.scidev.net/america-latina/biotecnologia/noticias/brasil-da-luz-verde-a-eucalipto-transgenico.html?__cf_chl_jschl_tk__=d683c2cb1149d056c28ba26ab1053ad3a59bb025-1591631902-0-AVzIjNxi5OkMtyWW9BOUTGoUzHa589USTVnBqlBHSOzaR4U9iZ-sCWdnKgRkJ5q2cYJOtfl5OSaFKByZgOHYlhfkTw6v3oyY7YX3asj84M-I6QEOjggAyVSLxmPynG75FmoRQshGvms1xwTfSbKX-LJ3baRAhF7D95CJPivZGOHyHfUiap5J2liGeSuq3bsIPSC_ArLIV-rZQKp5xMWM_4fWktkjpJwfd_1nM8f2pnMWSLswW6loFuldGRVpjNmnJG9jk7BYG2_CGBwATm_FVdOAjiB0fhDYf0xBKN9Z8_ruGPet_v3PbtiDJr8DuEmxQt9b92CtKUS6YuFGh6mByfCWRk3cgnZ5TjqoRDReRFm7imx50E_ascuvQ2uci6sCV6x4lm9_X2hnwkLweciLHFU

[6] Véase: http://www.advancesincleanerproduction.net/7th/files/sessoes/6A/1/martinez_la_et_al_academic.pdf

[7] Flores, E (2009) Efecto de las plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus L.) sobre los suelos de comunidades asentadas en la red ferroviaria Cochabamba-Cliza, En: Acta Nova. Vol. 4, Nº 2-3, diciembre 2009, pp. 338-355. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n2-3/v4n2-3_a12.pdf

[8] http://www.revistaforestal.uy/silvicultura/mas-vale-especie-conocida-que-otra-por-conocer.html

[9] http://www.guayubira.org.uy/2007/02/impacto-de-las-plantaciones-de-eucaliptos-en-el-suelo/

[10] Seguidos después por China con 4.5 millones de hectáreas y la India con 3,9 millones de hectáreas. Véase: https://agritrop.cirad.fr/589039/1/ID589039.pdf

[11] El Bosque Atlántico subtropical que ocupa el territorio de Brasil, este de Paraguay y norte de Argentina y Uruguay. Este bosque abarcaba originalmente el 15% de todo el territorio brasilero y es de hecho uno de los bosques más amenazados del mundo, donde durante el periodo 2018-2019 se deforestó 14.502 hectáreas solo en el Brasil. Véase: https://www.sosma.org.br/noticias/desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-quase-30/

[12] https://globalforestcoalition.org/resisting-green-deserts-in-brazil/

[13] Los tipos de bosque son: Amazónico con 19.402.388 ha (representa el 37% del total); Chiquitano con 8.645.849 ha (representa el 16,8%); Seco Interandino con 172.227 ha (representa el 0,3%); Tucumano Boliviano con 3.322.885 (representa el 6,5%); Chaqueño con 9.098.162 ha (representa el 17,7%), Llanuras Inundables con 3.047.598 ha (representa el 5,9%); Pantanal con 1.147.401 ha (representa el 2,2%); Yungas con 6.565.994 (representa el 12,8%); y Andino con 4.496 (representa el 0,01%). Véase: https://observatorioccdbolivia.files.wordpress.com/2015/06/01-memoria-tecnica-mapa-bosque-2013-otca.pdf

[14] La superficie de plantaciones forestales maderables se concentra principalmente en Santa Cruz con el 34,9% (52.456,3 ha), seguido por Beni con el 16,3% (24.543,8 ha), Chuquisaca con el 18,5% (27.856,2 ha) y La Paz con 15,1% (22.754,7 ha). Véase: Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.

[15] Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.

[16] https://fundacionsolon.org/2020/03/31/ecocidio-de-la-chiquitania-que-aprendieron-los-partidos-politicos/

¿Quién alimenta a Bolivia?

Por Pablo Solón y Guillermo Villalobos

A principios de Mayo la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliana Capobianco, realizó una conferencia de prensa sobre los transgénicos y la seguridad alimentaria de los bolivianos. En esta conferencia dijo: “Ante la crisis del coronavirus, creo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener alimentos en nuestra mesa. Aquí les muestro, por eso están aquí en la mesa estos productos, muchos de estos alimentos o bebidas que consumimos todos los días. ¿Quién no ha comido un Sniker, un chicle Clorets, un m&m, la mayonesa Rika, las zucaritas de Kellogs o estos Cheerios…? Esta es nuestra realidad en Bolivia”. Continúa leyendo ¿Quién alimenta a Bolivia?