Abril registra 1.814 focos de calor

Durante el mes de abril, el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA) registró 1.814 focos de calor en todo el territorio nacional. Esto representa una disminución significativa en comparación a abril del 2020, cuando se registraron 3.400 focos de calor.

El departamento de Santa Cruz concentró el 69,8% de los focos de calor durante este mes; seguido en segundo lugar por el Beni, con el 22,2% y en tercer lugar La Paz, con el 3,5% del total de focos de calor registrados. Los municipios más afectados fueron: Pailón (567 focos), Cuatro Cañadas (164 focos), Charagua (160 focos) y San José de Velazco (119 focos) en Santa Cruz; mientras Exaltación (143 focos) y Reyes (62 focos) fueron los más afectados en el Beni.

Focos de calor mes de abril 2021: Por departamento, provincia y municipio

Fuente: MMAyA

El 39,5% de los focos de calor contabilizados durante abril de este año se dieron en áreas con cobertura boscosa. En términos porcentuales esto significa un aumento en comparación a abril del 2020, cuando el 36,3% del total de focos de calor durante ese mes se registraron en áreas con cobertura boscosa. Para abril del 2021, el tipo de bosque con mayor registro fue el Chaqueño, con 538 focos de calor (equivalente al 75,1% del total de los focos registrados en área boscosa). El segundo tipo de bosque más afectado fue el chiquitano, con 129 focos (18%), seguido luego por el bosque amazónico con 27 focos (3,8%) y el bosque de llanuras inundables con 14 focos (2%).

Por otro lado, entre el 01 al 30 de abril el SIMB registró 66 focos de calor en reservas forestales, casi todos concentrados en la reserva de Iturralde en La Paz (36 focos) y en la reserva de Guarayos en Santa Cruz (24 focos). Mientras que en áreas protegidas solamente se registraron 16 focos de calor, el equivalente al 0.9% del total de focos de calor registrados durante el mes de abril.  

El origen de las Defensorías

La figura de la Defensoría aparece por primera vez en Suecia en 1809 con el nombre de Ombudsman. Ombud en sueco quiere decir agente, representante, delegado y man hombre.

En sus orígenes suecos el Ombudsman era un órgano particular del poder legislativo destinado al control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios de la administración pública. El ombudsman estaba facultado para demandar ante la Justicia a quienes en el ejercicio de su función hubiesen cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. El Ombudsman tenía por misión prevenir los abusos de la administración pública y de los jueces.

El Ombudsman se fue expandiendo por diferentes países adoptando diferentes denominaciones. En Francia se denomina Mediateur de la Republic por considerar que actúa como un nexo o mediador entre la burocracia y el público. En Israel se le conoce como Comisionado Parlamentario para las Quejas del Público, en Sudáfrica Protector Público, en Italia Defensor Cívico. En algunos casos el Ombudsman es nombrado por el Parlamento, en otros por el Poder ejecutivo.

La incorporación de la figura del Ombudsman en la región latinoamericana, surge en los años 90 durante la “transición democrática” que siguió a las dictaduras militares, y tiene influencia de la variante española del Ombudsman. El primer Defensor del Pueblo de América Latina fue establecido en 1985, en Guatemala, con el nombre de “Procurador de los Derechos Humanos” con rango constitucional, como consecuencia de los acuerdos de paz. Desde entonces, la institución se ha extendido por todo el continente americano con diversos nombres y algunas variaciones en sus atribuciones.[1]

La función primordial del Ombudsman en América Latina, que asumió la denominación de Defensoría del Pueblo, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisionado de los Derechos Humanos y otras, es la de velar por el respeto de los derechos del individuo. La Defensoría es una instancia de protección y defensa de los derechos humanos.

Tres rasgos caracterizan a esta institución: 1) Ser independiente tanto del poder ejecutivo como del poder judicial para ejercer su rol de vigilancia y defensa; 2) Atender las quejas o denuncias contra injusticias o errores administrativos; y 3) tener el poder de investigar, criticar, y dar publicidad a sus acciones.[2]

La Defensoría del Pueblo recibe financiamiento del Estado, pero tiene absoluta independencia para actuar frente a los diferentes órganos del Estado.

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[1]Revisar:

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2006). La figura del Ombudsman. Revista IIDH. Extraído de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/22612.pdf

Valladares, L. (1995). El Ombudsman como canal de acceso a la justicia. Revista IIDH.

Volio, L. G. (2009). Los Ombudsman en América Latina y su incidencia política. IIDH Magazine

Bousta, R. (2018). El Ombudsman francés: análisis crítico de una reforma constitucional. Cuestiones constitucionales, (39), 371-387.

Pareja, M. T. (2004). El defensor del pueblo: un estudio con especial referencia al Ecuador. Konrad Adenauer-Stiftung.

[2] Donal Roward, EL ombudsman, p 39

2021 comienza con 3057 focos de calor

En el primer mes del 2021, el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA) registró 3.057 focos de calor en todo el territorio nacional. Una cifra mucho menor en comparación a enero del 2020, cuando se registraron 8.801 focos.

La mayoría de los focos de calor registrados se localizaron en el departamento de Santa Cruz y en segundo lugar Beni, con 2025 y 636 focos de calor respectivamente. Siendo los municipios más afectados: San Ignacio de Velasco, Pailón, Charagua en Santa Cruz y Exaltación, Reyes y Santa Rosa en el Beni.

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Focos de calor mes de enero 2021

Fuente: MMAyA

Del total de focos de calor contabilizados en enero de este año, 1345 focos (el 44%) se registraron dentro de áreas con cobertura boscosa. Donde el tipo de bosque con mayor registro de puntos de calor fue el bosque chaqueño con 651 focos, seguido por el bosque chiquitano y el bosque amazónico, con 484 y 147 focos de calor respectivamente.

Por último, los datos del SIMB señalan un aumento porcentual de los focos de calor registrados en reservas forestales. Durante enero del 2020, el 1,2% de los focos de calor se contabilizaron en reservas forestales, mientras que durante enero del 2021 este porcentaje creció al 4,7%. En contraste, a lo largo del primer mes del 2021 solo el 1,4% del total de focos de calor fueron registrados en áreas protegías; una disminución porcentual significativa en comparación con enero del 2020 cuando el 4,5% del total de focos de calor registrados se dieron en áreas protegidas.

Los ecocidios están interconectados

Por José Carlos Solón y Guillermo Villalobos M.

Ya sea Gaia o Pachamama, los saberes de culturas milenarias lo sabían, la tierra tiene vida en si misma. Desde los años 70, la ciencia encontró los modelos científicos necesarios para afirmar la existencia del sistema de la Tierra, en el cual sus diferentes componentes, bióticos y abióticos están íntimamente relacionados e interconectados. La vida de las plantas y árboles de la Amazonía está estrechamente vinculada con la arena del Sahara, que en un proceso lento y constante trae fósforo y ayuda al desarrollo del bosque amazónico[1]. Por otro lado, la desaparición o inserción de una especie puede desencadenar trastornos de gran envergadura en un ecosistema. Los ciclos metabólicos de la tierra, como el ciclo del agua y el ciclo del carbono, al ser parte del mismo sistema de la Tierra están interconectados.

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Energía: Perdidos en el laberinto

Si el panorama para una transición energética era complicado en el mundo y Bolivia antes de la pandemia, ahora, este se ha complejizado aún más[1]. Los programas de gobierno de los partidos que intervienen en las elecciones 2020 no marcan una clara ruta a seguir para salir de este laberinto. El Movimiento al Socialismo (MAS) insiste en antiguas propuestas como las de “mayor exploración, explotación e industrialización de los recursos hidrocarburíferos” y Bolivia corazón energético de Sudamérica”. Comunidad Ciudadana (CC) plantea salir del extractivismo y habla de una transición energética sin plazos ni propuestas precisas y sin pronunciarse frente a temas como los de la energía nuclear, las mega hidroeléctricas y sobre todo la sobre oferta de capacidad de generación eléctrica ociosa que tiene ahora el país. Creemos es el que más enfatiza la participación privada extranjera en el sector energético. Todos están de acuerdo con los agro-combustibles (etanol y biodiesel) y con la exportación de electricidad. Tanto CC como Creemos se pronuncia a favor de la generación distribuida y el desarrollo de prosumidores (consumidores que producen electricidad de manera descentralizada en base a energías alternativas).

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Litio: Hablan mucho y dicen poco

Todos los programas de gobierno de los partidos políticos analizados hablan del litio y lo destacan como un elemento central para el desarrollo del país. Esta posición se afianzó aún más con la crisis social y económica que acarreó el Covid-19, la cual obligó a los partidos y agrupaciones a readaptar y reconfigurar sus programas a la nueva realidad. Si bien debido a lo avanzado del calendario electoral los partidos políticos ya no pueden presentar un nuevo programa de gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tanto el MAS como CC optaron por publicar “documentos adicionales” a sus programas para adecuarlos al nuevo contexto. En ambos casos, el litio figura como uno de los elementos cardinales para la reactivación productiva y la reconstrucción de la economía nacional.   

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Septiembre presenta 65 % más focos de calor que el 2019

Entre el 01 y el 14 de septiembre del 2020 en el país se han registrado 35.946 focos de calor, según los datos presentados por Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Esto significa un incremento del 65,6 % en comparación al mismo periodo en el 2019, cuando se contabilizó 21.706 focos de calor.   

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Ecocidio a la vista

Bolivia una vez más está en llamas. Pareciera ayer que la sociedad boliviana lloraba por la Chiquitanía. Desde el principio del año hasta el 31 de Julio se han registrado 60.490 incendios. Durante el mismo período el año pasado se contabilizaron sólo 51.394 focos de calor. Esto representa un incremento de 17% en los incendios en relación al 2019. La pandemia del fuego se esparce a la velocidad del viento y tenemos muy poco tiempo para detenerla.


Voces en defensa de la Amazonía

Hasta el 14 de julio, el COVID-19 se ha llevado a más de 1000 indígenas en toda la Amazonia. La situación se ha tornado dramática, el asedio del extractivismo y la pandemia marcan uno de los momentos más complejos de los pueblos indígenas en la Amazonia. Sin embargo, voces en defensa de la Amazonia claman por la autoconvocatoria para hallar una solución.


Devorando bosques para alimentar vacas

Por: José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

La noche de San Juan de este año dejó 659 incendios en todo el país. Sin embargo, esta cifra representa un pequeño pico en el total de incendios que se vienen desarrollando en el año. Al finalizar junio habremos superado los 7000 incendios sólo en este mes. De estos incendios, más de 1700 habrán sido en zonas boscosas y unos 150 en áreas protegidas según los datos oficiales del MMAyA publicados hasta la fecha.[1]

La actividad ganadera es la responsable de la mayoría de estos incendios. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en el año 2015 el 41% de los incendios se produjeron en áreas de uso ganadero.[2] La ganadería no sólo es responsable de los incendios en tierras de uso ganadero sino en gran parte de las tierras boscosas. El 2015, por ejemplo, hubo 20.000 incendios en áreas de producción forestal, reservas forestales y áreas protegidas, además de otros 21.000 incendios en áreas de uso ganadero. Los incendios que provoca la ganadería bovina son sobre todo para “recuperar” pastizales para alimentar el ganado y limpiar terrenos de cobertura forestal para ampliar los pastizales para las vacas.


Según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 71 % de la deforestación en Sudamérica se debe a la expansión de las superficies de pastizales para la ganadería bovina[3]. Otro estudio titulado “El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia” afirma que en nuestro país el 60% de la deforestación entre el 2005 y el 2010 se debió a actividades ganaderas[4].

En Bolivia existen dos grandes tipos de ganadería bovina: Por un lado, la extensiva que se realiza en grandes extensiones de tierra para que el ganado pastee libremente y, por el otro lado, la intensiva en la cual los animales están confinados y se los alimenta para que crezcan más rápido.

La primera es de bajo costo productivo[5] mientras la segunda requiere una inversión más alta. En el país predomina la ganadería extensiva, con inmensas superficies para pastoreo. De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad del departamento del Beni está cubierto por pastos naturales dedicados a la ganadería. Mientras que Santa Cruz concentra tres cuartas partes de los pastizales cultivados en Bolivia.[6]

Según el informe de Fundación Tierra sobre los incendios en la Chiquitania del 2019,[7]los principales protagonistas del incendio son los grandes ganaderos situados a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria y están localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías”. Este informe señala que en la zona de San Matías “al menos 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las cinco mil hectáreas definidas constitucionalmente”.

Del total de estas propiedades ganaderas, quince fueron tituladas durante el gobierno del MAS entre el 2016 y el 2018. Este tipo de titulaciones de tierra alientan aún más la expansión de las actividades ganaderas a gran escala a costa del bosque, generando mayor cantidad de quemas, las mismas que varias veces derivan en incendios descontrolados que incluso afectan al mismo sector ganadero.

Según el INE, en Bolivia existen alrededor de 10 millones de cabezas de ganado bovino. Podríamos decir que hay casi una vaca por cada boliviano y la demanda de carne está abastecida en el país. Asimismo, el 2019 se produjo un total de 204.203 toneladas de carne y se exportaron 4.915 toneladas.[8] Las exportaciones de carne deshuesada congelada tienen como destino principal el Perú, Vietnam y China desde agosto del 2019. También se exporta carne procesada (principalmente hamburguesas), conservas y despojos comestibles de carne al Perú y Ecuador.[9]

El plan de los ganaderos y los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez es ampliar la exportación de carne. Asimismo, La Federación de Ganaderos de Santa Cruz plantea multiplicar por 15 sus exportaciones de carne hasta el 2025. Si el agronegocio logra exportar 75.000 toneladas de carne tendrían un ingreso de 250 millones de dólares[10]. Para ello necesitan ampliar sus mercados, apuntando principalmente a la China, Rusia y otros países.

Lo que está provocando los incendios en Bolivia son las características de una ganadería que devora bosques para alimentar vacas. Situación que se agrava por el sueño de algunas elites de exportar carne y ganar millones de dólares para sus bolsillos. El impacto de la ganadería sobre los bosques de Bolivia es ya trágico. Pretender ampliar las exportaciones de carne en este contexto sólo agravará el ecocidio en curso.


[1] http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source

[2] ABT, Reporte Nacional de focos de Calor Gestión 2015, Disponible en:

[3] http://www.fao.org/3/i5588s/i5588s.pdf

[4] Müller R., Pacheco P., y Montero JC. 2014. El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. CIFOR.

[5] Sin embargo, de alto costo ambiental, ya que la ganadería bovina extensiva es la que más superficie quema para regenerar pastizales.      

[6] https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[7] http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/194

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/derribe-de-ganado-bovino-2018-2019/

[9] https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/Cifras-763-Bolivia-Exportaciones-carne-bovinos-derivados.pdf

[10] Asimismo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) plantea en su Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2020-2030 llegar a un hato bovino de 17 millones de cabezas de ganado – esto es, una tasa de crecimiento de alrededor del 5% anual – y exportar 150 mil toneladas por un valor de al menos 500 millones de dólares para el 2030. Para dicho fin, el sector ganadero propone pasar de 13 millones a 20 millones de hectáreas de uso ganadero. Véase: https://www.notiboliviarural.com/pecuaria/ganaderos-plantean-al-gobierno-un-plan-de-desarrollo

TUNUPA 111: La Lupa Perdida, Análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

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Recuperemos y revolucionemos la lupa perdida

El presente texto está dirigido sobre todo a los defensores de la naturaleza y a los representantes de los pueblos indígenas.  En esta publicación hemos buscado sistematizar de manera accesible algunos de los elementos centrales sobre la Evaluación de Impacto Ambiental tanto a nivel internacional como nacional.

Los procesos e instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental son fundamentales para evitar que se produzca un nuevo ecocidio en Bolivia como el ocurrido durante los incendios en la Chiquitania el año 2019.

La problemática de la Evaluación de Impacto Ambiental en general ha estado constreñida a círculos de especialistas en la materia. Nuestro objetivo no es hacer una cartilla sobre buenas prácticas de Evaluación de Impacto Ambiental. Buscamos analizar los avances y retrocesos que se han producido en las últimas décadas y proponer algunos caminos que nos permitan no sólo incorporar los avances a nivel internacional, sino  explorar nuevos caminos para incorporar los principios de los Derechos de la Madre Tierra en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Estamos convencidos que el desafío es no sólo recuperar la lupa perdida de la evaluación de impactos ambientales sino pulir su lente para que nos permita develar la complejidad de esta problemática que se ha agravado por la crisis sistémica que  vivimos en el planeta.

Lo invitamos a leer el TUNUPA N°111 en su totalidad aquí en formato pdf o lea los artículos individuales en el siguiente índice:

Conflicto de intereses y falta de justicia en la Evaluación de Impacto Ambiental

Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) vienen siendo realizados en Bolivia por las mismas empresas interesadas en la ejecución de dichos  proyectos. En este contexto no cumplen con los criterios de objetividad para evaluar los posibles impactos ambientales.

La normativa boliviana no fija criterios para garantizar la independencia y neutralidad de quienes  realizan los estudios de impacto ambiental. Esta situación se agrava cuando se trata de proyectos promovidos por el poder ejecutivo.

Según la normativa vigente, la máxima Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) encargada de la categorización, revisión de los EEIA, aprobación de las Licencias Ambientales y seguimiento de los proyectos de mayor envergadura, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

Desde que Juan Pablo Ramos Morales renunciara en el 2010 como Viceministro de Medio Ambiente, por negarse a firmar la licencia ambiental para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio Moxos que atraviesa por el TIPNIS, el gobierno de Evo Morales designó a funcionarios absolutamente sumisos para facilitar la aprobación ambiental de los proyectos del ejecutivo. Está situación se mantiene durante el gobierno de Añez y lo más seguro es que continúe mientras no se cree una Autoridad Ambiental Competente que tenga autonomía del gobierno central.

Después de más de dos décadas de aplicación de la Ley 1333 es evidente que se necesita una profunda reforma institucional para que la AACN pueda actuar con la libertad necesaria para evaluar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a los procesos de EIA. 

La construcción de una institucionalidad ambiental autónoma del poder ejecutivo requiere de una articulación con nuevas instancias como la Defensoría de la Madre Tierra, que fueron creadas hace una década atrás, pero que no fueron implementadas precisamente para no entorpecer a nivel ambiental la aprobación de los proyectos del gobierno central.

Aunque la normativa ambiental establece recursos para que la población pueda impugnar las decisiones de la Autoridad Ambiental Competente, la práctica es que en general hay una denegación de justicia en casi todos los reclamos que se han presentado por temas ambientales.

El problema de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia es extremadamente complejo de resolver porque no existe la independencia necesaria entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta subordinación de jueces y fiscales al gobierno de turno no es exclusiva del anterior gobierno de Evo Morales. En la actualidad los jueces y fiscales designados por el anterior régimen se han vuelto funcionales al nuevo gobierno para mantenerse en sus cargos sin entrar en conflicto con los nuevos gobernantes.

El acceso a la justicia en materia ambiental requiere de cambios profundos a nivel de la cultura de los servidores públicos y de la población en general entorno al ejercicio del poder, la justicia y la gestión ambiental.

Sin información ni consulta real en la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

A pesar de que la normativa ambiental establece el derecho de la población a tener acceso a la información, en los hechos no son de acceso público las Fichas Ambientales, los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), los Programas de Prevención y Mitigación (PPM), los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), las Auditorias Ambientales y otros documentos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental sólo consigna licencias ambientales (Declaratoria de Impacto Ambiental) sin incluir EEIA, PPM, PASA y otros documentos fundamentales.

En las reuniones de consulta pública las empresas tanto públicas como privadas sólo comparten información muy escueta enfocada a destacar las virtudes del proyecto y no a mostrar los diferentes impactos que se pueden producir en el mediano y largo plazo.

Sin acceso a la información es imposible poder realizar EEIA participativos que tomen en cuenta las preocupaciones de las poblaciones a ser afectadas.

La normativa sobre EIA en Bolivia no ha incorporado de manera efectiva la consulta para el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. El año 2007 hubo un avance relativo y coyuntural en el sector de hidrocarburos con la aprobación del DS 29033, pero pronto esta norma se empezó a flexibilizar y no se generalizó, ni amplió a todos las actividades, obras y proyectos de otros sectores como correspondía. 

Tampoco se incorporó en la reglamentación de la EIA el proceso de consulta previa libre e informada a toda población afectada (no sólo indígena) por la explotación de recursos naturales, establecido en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado.

En los EEIA sólo se consigna una consulta pública que es de carácter informativo para escuchar las preocupaciones de la población afectada. Está consulta en varios casos como los del TIPNIS, la mega hidroeléctrica Rositas y otros no se ha realizado de manera previa, informada y de buena fe. En el caso de Rositas se firmó de manera publica un contrato con una asociación de empresas chinas para la construcción de la mega hidroeléctrica antes de realizar el EEIA, efectuar cualquier tipo de consulta y contar con la respectiva licencia ambiental.

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EEIA no integrales y sin alternativas

A pesar de que la norma establece que los EEIA deben analizar los impactos acumulativos y sinérgicos, el gobierno de Evo Morales optó por realizar EEIA fraccionados, que no toman en cuenta los impactos a largo plazo y que sólo consideran los efectos durante la construcción de la obra. Ese ha sido el caso de la construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Lejos de hacer un EEIA de toda la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, se fraccionó la carretera en tres tramos, se hizo estudios sólo de dos tramos y no se realizó EEIA del tramo de mayor impacto que atraviesa por el TIPNIS.

Los emprendimiento del estado se han venido definiendo al más alto nivel y los EEIAs han tenido solamente la finalidad cumplir la forma para la obtención de la Licencia Ambiental. No se han considerado alternativas a los proyectos planteados. En el caso del sector eléctrico se han promovido mega proyectos sin considerar las opciones de proyectos de energías alternativas.

No se han realizado Evaluaciones Ambientales Estratégicas para la definición de políticas y programas centrales. Se han definido los proyectos a partir de criterios de impacto mediático o de expectativas desmesuradas de ingresos económicos para luego proceder a obtener las licencias ambientales sin considerar todas las opciones posibles.

 

Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

“Tenemos que aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático”[1]

En Bolivia y todo el mundo vivimos una nueva situación marcada por la pandemia del covid-19 y varias crisis simultáneas: económica, climática, sanitaria, política y social, situación que ha provocado que la atención de los gobiernos, y los recursos económicos, se concentren en atender la crisis sanitaria, dejando de lado temas vitales como el cambio climático, que según señaló las Naciones Unidas “es más mortal que el coronavirus”[2].

La actual pandemia es posterior a la presentación de las propuestas de los partidos políticos, sin embargo la alerta tan catastrófica sobre el cambio climático que los organismos de Naciones Unidas han advertido no es nueva. Actualmente las muertes por coronavirus en todo el mundo sobrepasan el medio millón de personas, mientras la Organización Mundial de la Salud en el 2018 ya había previsto que “entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico[3]. Continúa leyendo Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

De la ficha ambiental al formulario de categorización para favorecer el extractivismo

La Ficha Ambiental, establecida en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 fue definida como el documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la categoría de EEIA. El RPCA aconsejaba que su llenado se haga en la fase de pre factibilidad incluyendo información sobre la inversión total, los recursos naturales a ser aprovechados, la identificación de impactos “clave”, la formulación de medidas de mitigación y la elaboración de una matriz de identificación de impactos ambientales.

La Ficha Ambiental ha sido flexibilizada con el tiempo y en el Decreto Supremo  3856 del 3 de abril del 2019 se menciona solamente un “Formulario de nivel de categorización ambiental” que sólo debe ser llenado por el representante legal de las actividades, obras o proyectos que se encontrarían en las categorías 1, 2 y 3 que se encuentran listadas en un anexo del decreto.  Así mismo este DS, a diferencia de su predecesor (DS 3549 de 2018)  consigna una lista de emprendimientos que entrarían en la categoría 4 y no requerirían de llenado de dicho formulario.

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 establecía que la categorización sería determinada mediante la metodología de Identificación de Impactos Ambientales (IIA) de la Ficha Ambiental a través del Procedimiento Computarizado de Evaluación de Impactos Ambientales (PCEIA). Esta metodología de identificación de impactos ambientales ha sido remplazada por una suerte de auto categorización que realiza el representante legal de la actividad, obra o proyecto en base de un listado que incluye como anexo el DS 3856 de 2019.

A manera de ejemplo, la extracción de salmueras de los salares que tiene una importante incidencia en las aguas subterráneas y superficiales está clasificada en la categoría 2. En general las actividades del sector de Hidrocarburos sólo están clasificadas en la categoría 1 cuando se encuentren en áreas protegidas, sitios Ramsar o Territorios Indígenas Originarias Campesinas.

En el caso del sector agropecuario, la absoluta mayoría de actividades están en la categoría 4 que no necesita ningún requerimiento. En la categoría 1, que requiere EEIA integral, sólo figura un tipo de emprendimiento agropecuario: proyectos multipropósito con el componente riego de aprovechamiento de aguas de represa para producción agrícola de más de 500 hectáreas. En la categoría 2 sólo existen cuatro actividades agropecuarias que necesitaría EEIA específico.

Según las Directrices para la Evaluación del Impacto Ambiental para los Proyectos de campo de la FAO requieren estudios de evaluación de impacto ambiental entre otros: Proyectos agro-industriales de gran escala, cambios a tecnologías de producción intensiva; Provisión de grandes niveles de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, etc.); Aforestación/Reforestación a gran escala, incluyendo operaciones madereras; Operaciones de la industria forestal, tales como aserraderos e industria papelera y de pulpa; Embalses de agua, sistemas de drenaje o de riego de mediana y gran escala; Ganadería a gran escala; Nuevas introducciones de especies no nativas de plantas, insectos y animales, incluyendo organismos genéticamente modificados. Grandes programas de mecanización agrícola.

A pesar de los visibles impactos sobre la deforestación, los incendios forestales, la perdida de la biodiversidad, la contaminación de agua y suelos por uso de agrotóxicos y las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático, el sector agropecuario está prácticamente exento de realizar EEIA.

Los derechos de la Madre Tierra y la Evaluación de Impacto Ambiental

La Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 71) define a la Madre Tierra como “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común” (Art. 3). La Ley 71 avanza en la dirección de superar la división entre seres humanos y naturaleza y sienta las bases para que todo proceso de Evaluación de Impacto “Ambiental” sea integral (ambiental, social, cultural), y evalúe los impactos sobre todos los componentes de los sistemas de vida susceptibles de ser afectados por una actividad, obra o proyecto.

Así mismo, la Ley 71 establece un nuevo marco para que no sólo se evalúen impactos sino para que se garanticen los derechos de los diferentes seres que conforman los sistemas de vida. Ninguna de las reglamentaciones posteriores sobre EIA ha intentado incorporar criterios y parámetros para que en los procedimientos (fichas ambientales, categorización, EEIA, licencias ambientales, seguimiento y otros)  se identifiquen los derechos de la Madre Tierra que pueden ser afectados y se establezcan medidas de protección de los mismos.

Los diferentes reglamentos modificatorios de la EIA no han recogido ni operativizado los principios de armonía/equilibrio, precaución, integralidad, no mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, restauración de la Madre Tierra, regeneración de la Madre Tierra, complementariedad y otros consignados en la Ley 71 y la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien).

Bolivia ha vivido una suerte de esquizofrenia a nivel ambiental. Por un lado ha aprobado dos leyes de la Madre Tierra que cuestionan la visión antropocéntrica de la naturaleza, y por otro lado ha aplicado reglamentos profundamente neoliberales  orientados a facilitar el extractivismo de toda índole en el territorio nacional incluyendo sus áreas protegidas.

Evolución e involución de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

La Ley de Medio Ambiente 1333, promulgada el 27 de abril 1992, inició la legislación ambiental nacional que contempla la EIA. La Ley 1333 que se encuentra vigente, define la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), enumera las actividades que pueden degradar el medio ambiente, establece cuatro categorías para la realización o no de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), crea la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) que es la forma principal de Licencia Ambiental, define mecanismos de participación ciudadana y establece infracciones administrativas y delitos ambientales.

En 1995 se promulgaron seis reglamentos a la Ley 1333. Los dos principales que tienen que ver con la EIA son el Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).

El RGGA establece que no se puede iniciar una actividad, obra o proyecto sin la respectiva Licencia Ambiental y desarrolla las infracciones, sanciones y multas. El RPCA desarrolla los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ficha Ambiental, la categorización, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental y diferentes mecanismos de seguimiento y adecuación.

A lo largo de más de dos décadas los reglamentos de la Ley de Medio Ambiente han sido en general debilitados a pesar de que en el país se dieron pasos importante con la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2008), la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), la Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) y otras disposiciones nacionales e internacionales.

La Constitución Política del Estado del 2009 señala que “las políticas de gestión ambiental se basarán en (…) la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente” (Art. 345.2). Así mismo establece que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (Art. 33).

La Ley de Derechos de la Madre Tierra amplia el derecho humano al medio ambiente a los derechos de todos los componentes de la Madre Tierra. Señala que “El ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra” (Art. 6). Establece que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de “Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra” (Art. 8.1).

Esta visión no fue incorporada ni recogida en ninguno de los reglamentos que se emitieron posteriormente en relación a la EIA. Por el contrario se debilitó la normativa para permitir actividades en áreas protegidas, se flexibilizó la presentación de la Ficha Ambiental, la categorización, la realización de EEIA, la consulta pública y otros aspectos fundamentales.

¿Cómo es la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia?

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo identificar y predecir, los impactos que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar sobre el medio ambiente y la población con el fin de establecer las medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos impactos negativos e incentivar aquellos positivos.

El proceso de EIA comprendía la Ficha Ambiental, la categorización para definir el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  (EEIA), la realización del EEIA, la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), y el seguimiento a la implementación, operación y abandono de la obra. En los últimos años, estas etapas se han venido flexibilizando en particular en relación a la Ficha Ambiental y la categorización debilitando el proceso de EIA.

Ficha Ambiental

Formulario de categorización

Según el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) de 1995, la Evaluación de Impacto Ambiental comenzaba con la presentación de la Ficha Ambiental que era un documento de sistematización de  la información de un determinado proyecto en una etapa inicial de prefactibilidad.

El artículo 7 del RPCA definía a la Ficha Ambiental como el “Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA (…) incluye información sobre el proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de la posible solución para los impactos negativos

La Ficha Ambiental debía incluir entre otros una descripción del proyecto, duración, alternativas y tecnología, inversión total, recursos naturales a ser aprovechados, generación de residuos, identificación de impactos “clave”, formulación de medidas de mitigación y prevención, y una matriz de identificación de impactos ambientales.

Este documento desde el año 2018 ha sido remplazado por el llenado de un “Formulario de Nivel de Categorización Ambiental” que contiene menos información y requerimientos que la original Ficha Ambiental, y que no se aplica a obras, actividades y proyectos comprendidos en la categoría 4 del listado del DS 3856 del 2019.

Categorías

Categoría 1: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral

Incluye el análisis detallado de todos los factores del sistema ambiental
a nivel físico, biológico, socioeconómico, cultural, y jurídico-institucional y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Explotación a cielo abierto de minerales, mega hidroeléctricas…

Categoría 2: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico

Incluye el análisis de algunos factores del sistema ambiental, y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Extracción de salmueras de los salares, construcción de planta para reactor de investigación de energía nuclear.

Categoría 3

Solamente requieren presentar Programa de Previsión y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).

Ej. Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado.

Categoría 4

No requiere de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Medidas de Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Mayoría de actividades del sector agropecuario

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental – EEIA

El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) tiene por objetivo identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA busca establecer las medidas necesarias para evitar, mitigar o controlar los impactos negativos e incentivar los efectos positivos.

La identificación de los impactos debe incluir un inventario, valoración cuantitativa y cualitativa de los efectos del proyecto sobre los aspectos ambientales y socioeconómicos del área de influencia del mismo. Debe distinguir los efectos positivos de los negativos, los directos de los indirectos, los temporales de los permanentes, los a corto plazo de los a largo plazo, los reversibles de los irreversibles, y los acumulables y sinérgicos.

Durante la realización del EEIA se debe hacer una consulta pública a la población afectada “para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público”.

El EEIA debe formular medidas de mitigación para la prevención, reducción, remedio o compensación para cada uno de los impactos negativos evaluados como importantes, así como considerar alternativas y justificar las soluciones adoptadas.

El EEIA debe incluir un PPM y un PASA para la implementación de las medidas de mitigación durante las diferentes fases de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente.

Licencia Ambiental – LA

La Licencia Ambiental es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente que autoriza desde el punto de vista ambiental el inicio o la continuidad de un proyecto, obra o actividad.

La Licencia Ambiental tiene carácter de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos, obras y actividades de las categorías 1 y 2, y de Certificado de Dispensación de EEIA para quienes están en la categoría 3 previa aprobación del PPM y PASA.

La DIA, conjuntamente con el EEIA, el PPM y el PASA, fija las condiciones ambientales que deben cumplirse durante las fases de implementación, operación y abandono o terminación de un proyecto, obra o actividad.

La Autoridad Ambiental Competente (AAC) puede decidir no conceder la DIA si el proyecto obra o actividad provoca o agrava seria y/o irreversiblemente problemas de salud de la población; afecta gravemente o destruye ecosistemas sensibles, así como áreas asignadas por el Gobierno a etnias o grupos originarios, “siempre que no sean considerados como de necesidad nacional”; pone en riesgo de ser destruidas a áreas declaradas como naturales protegidas, históricas, arqueológicas, turísticas o culturales; incrementa concentraciones contaminantes en el aire y el agua; produce radiaciones ionizantes; provoca impactos negativos socioeconómicos o culturales de gran magnitud, imposibles de ser adecuadamente controlados o compensados. (Art. 85 RPCA)

La Licencia Ambiental tienen vigencia de 10 años y puede ser renovada.

Seguimiento

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), contenido en el EEIA e incorporado en la DIA, definirá las modalidades y los períodos de inspección y vigilancia en la fase de implementación, operación y abandono del proyecto, obra o actividad.

El PASA incluirá los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental, los puntos y frecuencias de muestreo, estimación del costo y cronograma del Plan, y análisis o parámetros de verificación de cumplimiento del Plan.

El representante legal de un proyecto, obra o actividad debe realizar un Monitoreo Ambiental permanente y presentar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) Informes de Monitoreo Ambiental (IMA) reportando el avance y situación ambiental, con referencia a lo establecido en su respectiva Licencia Ambiental. (DS 3549, 2018)

La AAC principalmente a nivel departamental y municipal realizará inspecciones de seguimiento y vigilancia.

En los casos que corresponda se realizará una Auditoria Ambiental (AA) para verificar el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Estas auditorias pueden aplicarse en diferentes etapas de un proyecto. En caso de infracciones y contravenciones a lo establecido en su Licencia Ambiental, la AAC aplicará sanciones que podran llegar hasta la revocación de la Licencia Ambiental y el pago de multas.

Ademas de estas sanciones administrativas se podrán iniciar acciones penales por la comisión de delitos ambientales establecidos en la Ley 1333, el Código Penal y su Procedimiento. En este caso, la AAC debe denunciar los hechos ante la Fiscalía del Distrito y constituirse en parte civil, coadyuvante o querellante.

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centrales

La Evaluación de Impacto Ambiental y el derecho internacional

Diferentes tribunales internacionales se han pronunciado sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental. Entre ellos figuran entre otros la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ha emitido una opinión consultiva en 2017 en la que señala:

Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son inherentemente interdependientes. Atributos fundamentales de los derechos humanos como la dignidad, la igualdad y la libertad dependen de un medio ambiente que les permita florecer.

Para garantizar los derechos a la vida e integridad los Estados deben:

(i) regular las actividades que puedan causar un daño significativo al medio ambiente, con el propósito de disminuir el riesgo a los derechos humanos,

(ii) supervisar y fiscalizar actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente, para lo cual deben poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas, entre los cuales se incluyan tanto medidas preventivas como medidas de sanción y reparación;

(iii) exigir la realización de un estudio de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente, independientemente que la actividad o proyecto sea realizado por un Estado o por personas privadas. Estos estudios deben realizarse de manera previa, por entidades independientes bajo la supervisión del Estado, abarcar el impacto acumulado y respetar las tradiciones y cultura de pueblos indígenas que podrían verse afectados.

(iv) establecer un plan de contingencia, a efecto de disponer de medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales, y

(v) mitigar el daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas del Estado.

Para la CIDH los procesos de EIA deben incluir el principio precautorio y asegurar:

(1) el acceso a la información. En el marco de la de protección del medio ambiente, esta obligación implica tanto la provisión de mecanismos y procedimientos para que las personas individuales soliciten la información, como la recopilación y difusión activa de información por parte del Estado.

(2) la participación pública. El Estado debe garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar el público sobre estas oportunidades de participación. Los mecanismos de participación pública en materia ambiental incluyen entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial.

(3) el acceso a la justicia. Los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental.