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Un primer paso hacia la democratización de la energía en Bolivia

La generación distribuida no estaba normada en Bolivia. Las pocas instalaciones de paneles solares para autoconsumo de hogares, instituciones y empresas hasta ahora no podían conectarse a la red, ni vender el excedente de energía eléctrica que generaban. Esta situación ha cambiado con la promulgación del Decreto Supremo Nº 4477 que allana el camino para que la población, además de generar energía eléctrica para su autoconsumo a través de fuentes renovables (fotovoltaica, mini eólica o mini hidráulica), pueda ahora inyectar a la Red de Distribución el excedente que produzca y recibir una retribución.

Este decreto promulgado el pasado 24 de marzo define a la Generación Distribuida como la “generación de energía eléctrica que se caracteriza por ser un sistema de generación descentralizado e instalado en el lugar de consumo, de pequeña a mediana escala, con fuentes renovables, conectadas a la Red de Distribución a fin de inyectar sus excedentes de generación”. Al usuario del servicio público de electricidad que produce excedente electricidad lo denomina “Generador Distribuido” (Art. 2).

El Decreto indica que habrá una retribución por la energía eléctrica que se inyecte a la red, sin embargo, deja al regulador del sector eléctrico (Art. 5), en este caso la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), establecer las caracteristicas y monto de dicha retribución.

El mencionado decreto sólo menciona los siguiente criterios para determinar la retribución: el desarrollo del mercado eléctrico; las categorías de consumo; la energía consumida por el Generador Distribuido; y la energía inyectada a la Red de Distribución.

El DS 4477 establece tres categorías de potencia instalada para la Generación Distribuida: Nanogeneración hasta 10 kilovatios (kW); Microgeneración entre  10 kW y 50 kW; y Minigeneración entre a 50 kW y 350 kW.

Con relación a la parte técnica de instalación de proyectos de Generación Distribuida, el Decreto indica que debe ser realizada por empresas instaladoras especializadas, debidamente registradas y habilitadas por el “Distribuidor” u “operadores eléctricos” (Art.4).

Sobre los costos de este tipo de proyectos, el DS 4477 determina que serán responsabilidad del usuario: “Cuando un Generador Distribuido quiera inyectar su excedente de energía eléctrica, el Distribuidor u operadores eléctricos estará a cargo de la conexión y adecuación, colocación del equipo de medición y otros accesorios necesarios; los costos en los que incurra serán deducidos de la Retribución del Generador Distribuido, aspecto que será establecido por el Ente Regulador del sector eléctrico”. Seguidamente indica que: “En aquellos casos en los que el Distribuidor u operadores eléctricos no pueda realizar la conexión y adecuación, colocación del equipo de medición y otros accesorios necesarios, el Distribuidor u operadores eléctricos asignará a una empresa registrada y habilitada, conforme lo establecido por el Ente Regulador del sector eléctrico, cuyos costos serán asumidos por el Generador Distribuido” (Art. 4). (Enfasis propio)

Algunas interrogantes

Normar la generación distribuida en el país es un importante avance hacia la democratización de la energía y la transición energética. Sin embargo, quedan algunos aspectos relevantes que deben ser precisados. La Disposición Adicional Primera del DS 4477 dice: “El Ente Regulador del sector eléctrico mediante Resoluciones Administrativas, reglamentará los aspectos requeridos para la aplicación del presente Decreto Supremo en un plazo de hasta seis (6) meses, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”.

¿La reglamentación del DS 4477 se limitará a viviendas u edificios, donde familias o empresas sean las que asuman esta actividad o ampliará su enfoque a colectivos urbanos, municipales o de comunidades?. La generación distribuida podría tener un impacto importante si empieza a desarrollarse a nivel municipal y de comunidades indígenas campesinas.

Sobre este aspecto, el Decreto no hace una diferenciación entre distintos tipos de usuario que requieren reglas diferentes. Por ejemplo, sectores agrícolas que usan energía solar para riego o pequeñas empresas que generan electricidad para sus talleres requieren de tratamientos diferenciados. Así mismo, iniciativas comunitarias o municipales que generen electricidad para su autoconsumo y persigan un ingreso económico deben ser claramente contempladas.

¿Cómo será la retribución por la venta de excedente eléctrico? ¿Será en dinero de libre disponibilidad o será en créditos o bonos para el Generador Distribuido? ¿La retribución será lo suficientemente atractiva para motivar a la población a generar un excedente de energía eléctrica que pueda vender a la red?. Uno de los obstáculos para la expansión de la energía solar en Bolivia, que varios técnicos advierten, son los subsidios que actualmente existen para el gas natural que utilizan las termoeléctricas. Por estos subsidios, en el 2017, la tarifa eléctrica era de Bs 0,60 (0,08 $US) por kilovatio hora (kW/h) para el sector residencial y de Bs 0,40 (0,06 $US) para el sector industrial, ¿podrá la generación distribuida competir con estos precios?.

En algunos países contar con un precio fijo asegurado y/o preferencial más elevado que el precio de mercado en la red, permite al que invierte en un pequeño sistema fotovoltaico contar con un ingreso seguro por un determinado lapso de tiempo que compense los primeros años de amortización de la inversión.

¿Habrá algún tipo de apoyo o financiamiento a bajo costo para quienes quieran emprender esta actividad?. Realizar una instalación en generación distribuida renovable requiere de cierta capacidad económica y de espacio para la instalación de paneles solares. El DS 4477 no hace ninguna referencia a líneas de financiamiento de bajo costo para sectores de la población que quieran ingresar en esta actividad. Existe el riesgo que quienes no tienen acceso a capital o créditos de bajo costo no puedan participar de la generación distribuida, y que esta se concentre en sectores privilegiados con capacidad económica para asumir dicha inversión.

¿En el corto plazo se contará con suficientes empresas instaladoras especializadas y habilitadas para conectarse a la red?. Este aspecto es importante para un avance ágil hacia la generación distribuida.

De otra parte, los límites de potencia instalada definidos por el Decreto en cada categoría son muy bajos (≤ 10 kW; > 10 kW ≤ 50 kW; > 50 kW ≤ 350 kW). Es necesario que en una próxima fase se creen nuevas categorías para que se puedan desarrollar emprendimientos comunitarios y municipales de mediana escala que sean viables en términos económicos.

Bolivia cuentan con uno de los mayores niveles de radiación solar del planeta, y la apuesta por la generación distribuida no sólo permitirá aprovechar este potencial, sino que será una alternativa para los mega proyectos de alto impacto ambiental.

¿Qué es el litio?

Por José Carlos Solón

El litio se ha vuelto un tema de discusión cada más frecuente en nuestro país y el mundo. Varias son las iniciativas que están en curso. Cada vez la problemática se complejiza y el uso de términos y conceptos se ha vuelto más frecuente, sin embargo, quedan poco conocidos para grandes sectores de la población. Por eso inauguramos esta serie de artículos de formato simple y accesible, para que podamos entender los conceptos básicos y fundamentales que nos permitan adentrarnos en el seguimiento, análisis y formulación de alternativas frente a las diferentes propuestas y proyectos que están en consideración con relación al litio.

¿Cuál es su origen?

El litio fue uno de los primeros cinco elementos en aparecer después del big bang que dio nacimiento a nuestro universo. Junto con el hidrógeno, el helio, el deuterio y el berilio; el litio fue de los primeros en surgir en este momento inicial de la creación que los astrofísicos denominan la nucleosíntesis primordial.

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Bolivia ingresa a la temporada de quemas con más focos de calor en el mes de mayo

El mes de mayo de 2021 registró 9.296 focos de calor en todo el territorio nacional, según datos proporcionados por el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA).  Esto significa un incremento del 47,7% en relación a los focos de calor registrados en mayo 2020 y mayo 2019, fechas en las cuales se contabilizaron 6.294 y 6.297 focos de calor respectivamente.

La mayoría de los focos de calor se dieron en el departamento de Santa Cruz, con 7.245 focos en total y en segundo lugar en el departamento del Beni, con 1.523 focos de calor. Siendo los municipios de El Carmen Rivero Torres, San Ignacio de Velasco, Pailón, San José y Charagua los más afectados.  

Focos de calor mes de mayo 2021: Por departamento, provincia y municipio

Fuente: MMAyA

Notablemente, del total de focos de calor registrados durante mayo del 2021, 4.932 focos se dieron en áreas con cobertura boscosa, lo que equivalente al 53,1% del total de focos de calor registrados en este mes. Esto representa un aumento porcentual significativo en comparación a mayo del 2020 y del 2019, cuando el porcentaje de focos de calor registrado en áreas con cobertura boscosa en mayo de esos años fue de 30,1% y 39,7% respectivamente.

Para mayo de este año, los datos del SIMB señalan al bosque chiquitano como el más afectado, con 2.410 focos de calor (equivalente al 48,9% del total de los focos registrados en área boscosa). El segundo tipo de bosque más afectado fue el chaqueño, con 1.780 focos (36,1%), seguido luego por el bosque de pantano con 507 focos (10,3%) y el bosque amazónico con 153 focos (3,1%).

Por el contrario, el SIMB registró 317 focos de calor en reservas forestales, equivalente al 3,4% del total de focos registrados en este periodo. Una cifra porcentual muy similar a mayo del 2019, pero menor a mayo de 2020, cuando el 6,4% de los focos de calor se dieron en reservas forestales. La mayoría de focos de calor registrados en reservas forestales en este año se concentraron en la reserva de Guarayos en Santa Cruz (158 focos), Iturralde en La Paz (112 focos) y en El Chore también en Santa Cruz (23 focos).

En cambio, en áreas protegidas solamente se registraron 90 focos de calor, el equivalente a apenas el 1% del total de focos de calor registrados durante el mes de mayo de este año. De acuerdo al SIMB, la mayoría de estos focos de calor, 23 en total, se dieron en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis.

Vista aérea incendio incendio Parque Nacional Otuquis / Imagen: Ministerio de Defensa

Si bien la cantidad de focos de calor registrados en el Parque Nacional Otuquis es baja, el daño que generó fue de gran magnitud. Solo durante los cinco días que duro el incendio en ese Parque Nacional se quemaron alrededor de 2.283 hectáreas[1]. En las próximas semanas el país entrara al momento más crítico de la temporada de quemas, y el hecho de que comencemos ya con 2.283 hectáreas quemadas en unos de los Parques Nacionales más abatidos por los incendios del año pasado constituye un llamado de alerta para extremar recursos para frenar los criminales incendios forestales.


[1] https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210601/controlan-incendio-parque-otuquis-pero-ya-devasto-2283-ha

¿Soberanía alimentaria con transgénicos?

Por Pablo Solón

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de Bolivia ha presentado un proyecto de Ley Marco de Bioseguridad con Organismos Genéticamente Modificados que tiene por objetivo regular el ingreso de nuevos OGM[1], en especial semillas transgénicas, “para realizar actividades destinadas a la seguridad con soberanía alimentaria” (Art. 14).

La afirmación del MMAyA contenida en el proyecto de ley es inadmisible. La soberanía alimentaria es incompatible con los transgénicos.

La soberanía alimentaria va más allá del concepto de seguridad alimentaria[2]. Para la seguridad alimentaria lo primordial es garantizar el acceso a alimentos, sin importar de dónde provengan o cómo se producen[3]. En cambio “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo” (Declaración de Nyéléni, 2007).

Cómo lo señala una publicación de la FAO “El concepto de seguridad alimentaria, adoptado por los Estados Miembros de la FAO, es, si se quiere, un concepto neutro en términos de correlación de fuerzas. No prejuzga sobre la concentración de poder económico en los distintos eslabones de la cadena alimentaria ni en el comercio internacional de alimentos ni en la propiedad de medios de producción clave, como la tierra o, más contemporáneamente, el acceso a la información. En tanto, el concepto de soberanía alimentaria parte justamente de constatar la asimetría del poder en los distintos mercados y espacios de poder involucrados, así como en los ámbitos de las negociaciones comerciales multilaterales. Apela, entonces, al papel equilibrador que puede jugar un Estado democrático, y concibe que los alimentos son más que mercancías[4].

Para la soberanía alimentaria el cómo y quién produce los alimentos es un tema central. La soberanía alimentaria no se limita a buscar una mayor producción de alimentos “made in Bolivia”, sino que plantea que estos no estén controlados por las grandes multinacionales de la alimentación que buscan dominar los mercados, las redes de distribución, la provisión de insumos, semillas transgénicas, agroquímicos, maquinarías, capital, tierra, agua e información para la producción de alimentos.

La soberanía alimentaria es contraria a las semillas transgénicas, no sólo por sus posibles impactos a la salud y al medio ambiente, sino porque estas semillas genéticamente modificadas son propiedad de un puñado de transnacionales que las usan para vender sus agrotóxicos y controlar los diferentes eslabones de la cadena de producción de alimentos.

La soberanía alimentaria busca crear sistemas alimentarios alternativos a nivel local, regional y mundial frente al modelo de alimentación corporativo transnacional. La soberanía alimentaria persigue generar procesos autónomos y soberanos frente a la expansión de las corporaciones de la alimentación.

Es un contrasentido absoluto hablar de soberanía alimentaria y al mismo tiempo promover el ingreso de semillas genéticamente modificadas cuya propiedad intelectual está en poder de grandes corporaciones. La introducción de semillas patentadas provoca la desaparición de las semillas criollas y ahonda las relaciones de dependencia de los pequeños productores, de los consumidores y del país en su conjunto.

El concepto de soberanía alimentaria fue propuesto en 1996, en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación, por la Vía Campesina, red de la cual forman parte la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB).

El 2014 la Vía Campesina -que está presente en 73 países de África, Asia, Europa y América, y representa a unos 200 millones de agricultores- le hizo llegar al Papa Francisco un documento que dice de manera categórica “Los cultivos transgénicos, más que una tecnología agrícola, son un instrumento corporativo de control de la agricultura”. En ese texto destacan que “Nunca en la historia de la agricultura y la alimentación ha habido una concentración tan grande de las semillas, llave de toda la red alimentaria, en tan pocas corporaciones”[5].

Uno de los puntales de la soberanía alimentaria es la agroecología que es absolutamente contraria a los transgénicos. Para la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina: “Identificamos la agroecología como patrimonio de los pueblos rurales y ancestrales, puesta al servicio de la humanidad, es un modo de ser, de vivir y de producir, tiene bases biológicas y sociales, con una fuerte relación con la naturaleza, con enfoque de género, con elevada diversificación, reciclaje de productos e insumos, gran autonomía a partir del autoabastecimiento y el abastecimiento local y regional de alimentos saludables[6].

Este año se prevé la realización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios en el marco de las Naciones Unidas. ¿Cuál será la posición que llevará Bolivia a esta cumbre si se aprueba esta Ley Marco de Bioseguridad con Organismos Genéticamente Modificados? ¿Acaso planteará qué es posible avanzar de la mano de los transgénicos para llegar a la soberanía alimentaria?


[1] En Bolivia sólo está autorizado legalmente un solo evento transgénico de soya (40-3-2).

[2] León Vega, Xavier (2014). “Transgénicos, agroindustria y soberanía alimentaria”. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales Nº 16, pp. 35.

[3] Rosset, Peter (2008). “Food  Sovereignty  and  the  Contemporary  Food  Crisis”. Development, No.51, pp. 460-463.

[4] Gordillo, Gustavo, et al. (2013). “Seguridad y Soberanía Alimentaria”, pp. vi.

[5] Vía Campesina (2014). “Porqué los cultivos transgénicos son una amenaza a los campesinos, la soberanía alimentaria, la salud y la biodiversidad en el planeta”.

[6] https://viacampesina.org/es/la-agroecologia-puntal-de-la-soberania-alimentaria/

Los agroquímicos más usados en Bolivia: entre toxicidad y prohibiciones internacionales

Por Guillermo Villalobos M.

20 de mayo de 2021

Hasta finales de 2020, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tenía registrados 2.120 productos de insumos agrícolas en todo el país, de los cuales 1.863 eran plaguicidas químicos de uso agrícola[1]. Estos plaguicidas químicos se centran principalmente en tres categorías: herbicidas (35,5%), insecticidas (33,3%) y fungicidas (27,8%) (Gráfica 1). Siendo que la mayoría de ellos (el 46,2%) están destinados al cultivo de soya, luego al barbecho (10,9%), al cultivo de arroz (10,6%), maíz (7%), papa (3,4%), caña de azúcar (2,4%) y trigo (2,3%), entre otros (Senasag, 2020).

Bolivia depende enteramente de los plaguicidas importados de otros países, ya sea de forma legal o ilegal (AEMP, 2019).  La amplia mayoría de los plaguicidas químicos de uso agrícola que contaban con un registro sanitario vigente hasta finales de 2020 provenían de China (equivalente al 49,8 % del total), y en menor medida de países vecinos y foráneos como: Uruguay (9,6%), Paraguay (6,7%), India (6,3%), Brasil (4,5%), Argentina (4,7%), Ecuador (2,7%) y Perú (2,1 %) (Mapa 1). 

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Boletín Nº3: Transgénicos en Bolivia, ¿cómo llegamos y cómo salimos?

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Abril registra 1.814 focos de calor

Durante el mes de abril, el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA) registró 1.814 focos de calor en todo el territorio nacional. Esto representa una disminución significativa en comparación a abril del 2020, cuando se registraron 3.400 focos de calor.

El departamento de Santa Cruz concentró el 69,8% de los focos de calor durante este mes; seguido en segundo lugar por el Beni, con el 22,2% y en tercer lugar La Paz, con el 3,5% del total de focos de calor registrados. Los municipios más afectados fueron: Pailón (567 focos), Cuatro Cañadas (164 focos), Charagua (160 focos) y San José de Velazco (119 focos) en Santa Cruz; mientras Exaltación (143 focos) y Reyes (62 focos) fueron los más afectados en el Beni.

Focos de calor mes de abril 2021: Por departamento, provincia y municipio

Fuente: MMAyA

El 39,5% de los focos de calor contabilizados durante abril de este año se dieron en áreas con cobertura boscosa. En términos porcentuales esto significa un aumento en comparación a abril del 2020, cuando el 36,3% del total de focos de calor durante ese mes se registraron en áreas con cobertura boscosa. Para abril del 2021, el tipo de bosque con mayor registro fue el Chaqueño, con 538 focos de calor (equivalente al 75,1% del total de los focos registrados en área boscosa). El segundo tipo de bosque más afectado fue el chiquitano, con 129 focos (18%), seguido luego por el bosque amazónico con 27 focos (3,8%) y el bosque de llanuras inundables con 14 focos (2%).

Por otro lado, entre el 01 al 30 de abril el SIMB registró 66 focos de calor en reservas forestales, casi todos concentrados en la reserva de Iturralde en La Paz (36 focos) y en la reserva de Guarayos en Santa Cruz (24 focos). Mientras que en áreas protegidas solamente se registraron 16 focos de calor, el equivalente al 0.9% del total de focos de calor registrados durante el mes de abril.  

Boletín Nº2: ¿Qué es una Defensoría de la Madre Tierra?

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Roles distintos en relación a la Madre Tierra

En Bolivia existen instituciones que tienen competencias relacionadas al control, fiscalización y protección ambiental pero que son de diferente índole que las de una Defensoría de la Madre Tierra. Algunas dependen del Órgano ejecutivo y otras son parte del órgano judicial. Entre las primeras figura por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Entre las segundas esta el Tribunal Agroambiental y sus juzgados.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)[1]tiene entre sus atribuciones “Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del agua en todos sus estados, sean estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciales, humedales, minerales, medicinales”.

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT)[2] es una entidad que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que tiene por misión elaborar la Política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien, administrar los recursos del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, y coadyuvar en los procesos de negociación internacional sobre Cambio Climático.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)[3] fiscaliza, controla, supervisa y regula los sectores Forestal y Agrario. Esta institución viene de las ex – superintendencias y actualmente está bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entre sus competencias figura: “Otorgar autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución”, “Ejecutar acciones de prevención, control y fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales”, “imponer sanciones a los cambios de uso de suelo no permitidos ni autorizados”, “plantear ante la instancia competente la necesidad de expropiación de tierras por la causal de conservación y protección de la biodiversidad”, y “Requerir a autoridades políticas, administrativas, jurisdiccionales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, su participación en la tutela efectiva del Régimen Forestal”.

El Tribunal Agroambiental[4] y sus juzgados son responsables de impartir justicia especializada en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad.  Entre las competencias de los jueces agroambientales figura “Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano”, y “Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia”.

Normas, instituciones y su funcionamiento

Una buena norma es fundamental para el establecimiento de una institución que funcione de manera adecuada, sin embargo, no es garantía de que dicha entidad funcione siempre como corresponde. En la historia de la Defensoría del Pueblo, de las Tribunales Electorales, de los órganos judiciales y de otras instancias en Bolivia y en otros países, ha habido períodos en los que las instituciones, a pesar de contar con una normativa bien concebida, han atravesado períodos de un accionar negativo. Ello depende también de factores como las personas que los dirigen e integran; su independencia o relación con los otros órganos; la coyuntura política, económica y social; y la vigilancia e intervención de la sociedad civil para que dicha institución cumpla con las funciones para las que ha sido creada.

En el caso boliviano es de destacar que, desde la promulgación de la ley de Derechos de la Madre Tierra en el año 2010, son casi inexistentes las acciones judiciales interpuestas por la sociedad civil o las autoridades para el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. En el Ecuador existen más de veinte sentencias sobre derechos de la naturaleza[5]. Algunas sobre tiburones, jaguares, minería, ríos, transgénicos, bosques y otros temas vinculados a los Derechos de la Naturaleza.

En relación a los derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza no existe un amplio desarrollo doctrinario y jurisprudencial como existe en otros derechos. El camino de los derechos de la Madre Tierra está en construcción y toda norma evoluciona con el tiempo y se ajusta en función de la experiencia. En este sentido, es fundamental analizar y discutir de manera fundamentada y propositiva para profundizar el camino de los Derechos de la Madre Tierra.


[1] Decreto Supremo N° 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, 7 de febrero de 2009.

[2]Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien, 15 de octubre de 2012

[3] Decreto Supremo Nº 71, 9 de abril de 2009.

[4] Ley del Órgano Judicial, 24 de junio de 2010

[5] http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/

Defensoría de la Madre Tierra

En Ecuador la Defensoría de la Naturaleza la ejerce la Defensoría del Pueblo, mientras en el caso de Bolivia la ley 71 de 2010 estableció: “Se crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, establecidos en la presente Ley. Una ley especial establecerá su estructura, funcionamiento y atribuciones”.

La ley especial que establezca la estructura, funcionamiento y atribuciones de la Defensoría de la Madre Tierra debe recoger las disposiciones constitucionales establecidas para la Defensoría del Pueblo y aplicarlas a la Madre Tierra como sujeto de derechos.  En el proyecto de ley de la Defensoría de la Madre Tierra que está siendo considerado en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados figuran las siguientes atribuciones:

  1. Recomendar el desarrollo e implementación de estrategias que busquen garantizar los derechos de la Madre Tierra
  2. Sugerir la implementación de políticas, planes y acciones que salvaguarden las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y dinámicas vitales de la Madre Tierra y de sus sistemas de vida.
  3. Recomendar el cumplimiento de los compromisos nacionales ambientales establecidos en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales.
  4. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  5. Interponer las acciones previstas ante la jurisdicción agroambiental, con la finalidad de prevenir daños a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  6. Interponer acciones ordinarias y constitucionales, para la protección y defensa de los derechos de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  7. Promover la protección de los derechos de la Madre Tierra con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en el ámbito de sus competencias.
  8. Presentar anteproyectos de Ley o propuestas normativas en materia de su competencia.
  9. Solicitar a las autoridades, servidores públicos, representantes legales de empresas públicas y mixtas o autoridades indígenas originario campesinas de acuerdo a sus usos y costumbres, la información que requiera para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.
  10. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de acciones correctivas y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos de la Madre Tierra, a las instituciones públicas y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.
  11. Elaborar los reglamentos y la normativa interna para el ejercicio de sus funciones, en el marco de la presente Ley, generando mecanismos de participación social que comprenda a las organizaciones sociales y sociedad civil organizada.
  12. Coordinar con la Defensoría del Pueblo cuando en la defensa de la Madre Tierra “Pachamama” se identifiquen vulneraciones a derechos individuales o colectivos.

Los mecanismos a través de los cuales intervendría la Defensoría de la Madre Tierra son:

  1. Orientación y asesoría sobre derechos de la Madre Tierra.
  2. Recordatorios ante omisión de respuesta.
  3. Facilitación.
  4. Investigación por denuncias.
  5. Investigación de oficio.
  6. Seguimiento a denuncias.
  7. Audiencias Públicas cuando se determine su pertinencia.
  8. Espacios permanentes de participación y control social para la defensa de la Madre Tierra.

La Defensoría de la Madre Tierra al igual que la Defensoría del Pueblo podría emitir las siguientes resoluciones:

Recomendaciones

  • Cuando se trate de la rectificación, modificación o medidas que eviten la violación de los derechos de la Madre Tierra.
  • Cuando se trate de interponer acciones legales para la restauración, reparación o rehabilitación de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  • Cuando se trate de una política pública o acción que tenga incidencia en la afectación y deterioro relevante a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  • Cuando la conducta de la autoridad o servidora o servidor público constituya afectación a los derechos de la Madre Tierra, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Recordatorios o exhortaciones

  • Cuando el Estado tenga la obligación de implementar o adoptar normas o procedimientos que emerjan de obligaciones asumidas en materia derechos de la Madre Tierra.

Sugerencias

  • Cuando sean necesarios ajustes o correcciones a normas de carácter administrativo, posibilitando su mejora y correcta aplicación o en su defecto la necesidad de su elaboración.

Censura Pública

  • Cuando la autoridad, servidora o servidor público no hubiera adoptado la recomendación o recordatorio, o las razones que estime para no adoptarlas no sean justificadas, la Defensoría de la Madre Tierra emitirá Censura Pública

Según este proyecto de ley en caso de existir los suficientes elementos de convicción de posibles daños a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida, la Defensoría de la Madre Tierra remitirá los antecedentes a la jurisdicción agroambiental, y en caso de evidenciar indicios de un hecho que configure delito ambiental, remitirá antecedentes al Ministerio Público.

Cuando la vulneración de los derechos de la Madre Tierra comprometa a la jurisdicción indígena originaria campesina, coordinará con sus autoridades y tendrá legitimación activa para la interposición de acciones constitucionales bajo los procedimientos definidos en la Constitución y las leyes en la defensa de la Madre Tierra.

Estructura de la Defensoría de la Madre Tierra

Según el proyecto de ley mencionado, esta Defensoría estaría dirigida por la Defensora o el Defensor de la Madre Tierra por un período de 6 años, similar al del Defensor del Pueblo, y sería elegido por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así mismo estaría conformada por Delegaciones Defensoriales Adjuntas y Defensorías Territoriales a ser definidas por su reglamento interno.

Derechos humanos y derechos de la Madre Tierra

La Defensoría de la Madre Tierra no es una instancia destinada a velar por el derecho a un medio ambiente sano para las personas, este es un derecho humano y vigilar su protección es una competencia de la Defensoría del Pueblo.  Claro que, si no se respetan y garantizan los derechos de la naturaleza, se vulnerarán también los derechos humanos. Por ejemplo, la contaminación o desaparición de un río no sólo afecta los derechos del río sino a los pobladores que usan dichas aguas. Los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra están interrelacionados, pero no son lo mismo. En el primer caso el sujeto de derechos es el ser humano mientras en el segundo caso es la Naturaleza con todos sus componentes: los lagos, los animales, las plantas, los glaciares, los bosques, la tierra, por citar sólo algunos.

Los derechos de la Madre Tierra

La defensoría de la Naturaleza o de la Madre Tierra es una institución que surge como consecuencia del reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza. Si la Naturaleza es sujeto de derechos entonces, al igual que los seres humanos, debe existir una instancia que proteja y defienda los derechos de la Naturaleza.

El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza está en permanente expansión a nivel internacional. Además de Ecuador y Bolivia que lo tienen reconocido a nivel nacional en su constitución o en una ley específica, existen a la fecha otros 25 países que cuentan con disposiciones legales locales, fallos judiciales y proyectos de leyes en torno a los Derechos de la Naturaleza.

En el caso de Bolivia la ley 71 reconoce los siguientes derechos de la Madre Tierra:

  1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.
  2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.
  3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
  4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
  5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.
  6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.
  7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas.

En el caso de Ecuador su Constitución establece:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

En Bolivia la defensa y respeto de los derechos de la Madre Tierra es un deber de todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que deben “Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y/o sus componentes”, y a “Acudir a la convocatoria de las autoridades competentes o la sociedad civil organizada para la realización de acciones orientadas a la conservación y/o protección de la Madre Tierra” (Ley 71, art. 9, incisos f y g)

La Madre Tierra/Naturaleza es un sujeto de derechos que ejerce sus derechos a través del accionar de los seres humanos, los pueblos indígenas campesinos originarios, la sociedad en su conjunto y las autoridades del Estado.

La experiencia boliviana

La Defensoría del Pueblo en Bolivia se creó por mandato constitucional a través de la Ley N° 1818 de 1997 que señalaba en su primer artículo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes”.

La Constitución de 2009 bajo el título de “Función de Defensa de la Sociedad”, ya no habla de la Defensoría del Pueblo como “Alto Comisionado del Congreso” y afirma que además de velar “por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos” tiene por misión “la promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior”.

La nueva Constitución señala que la “Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa” y que “en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”. 

Sus atribuciones

Según la Constitución sus atribuciones son:

  1. Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.
  2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia.
  3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan.
  4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna.
  5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura publica por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.

La Constitución establece que la Defensora o el Defensor del Pueblo “no será́ objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones”. La Ley 870 del Defensor del Pueblo de 13 de diciembre de 2016 señala que “En caso de la comisión de delitos, se aplicará el procedimiento de juzgamiento previsto en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, “Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia…”

¿Qué no es una Defensoría?

La Defensoría del Pueblo al no ser una entidad del Órgano Ejecutivo no dicta ni aplica disposiciones de gestión gubernamental, no otorga ni revoca permisos, licencias u otro tipo de instrumentos que están bajo tuición de los distintos niveles de gobierno. La Defensoría del Pueblo no es un tribunal que juzga, dirime conflictos o sanciona a los transgresores de la ley. Las defensorías emiten recomendaciones y sugerencias para la inmediata corrección de ciertas determinaciones del Órgano Ejecutivo y judicial, pero ellas en sí mismas no tiene la facultad de aprobarlas, rechazarlas, ejecutarlas o juzgarlas. La Defensoría puede instar al Ministerio Público a iniciar una acción legal y ser coadyuvante en las acciones de defensa cuando constata que ha sido violado un derecho individual o colectivo, pero ella no remplaza las funciones del Ministerio Público.

El origen de las Defensorías

La figura de la Defensoría aparece por primera vez en Suecia en 1809 con el nombre de Ombudsman. Ombud en sueco quiere decir agente, representante, delegado y man hombre.

En sus orígenes suecos el Ombudsman era un órgano particular del poder legislativo destinado al control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios de la administración pública. El ombudsman estaba facultado para demandar ante la Justicia a quienes en el ejercicio de su función hubiesen cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. El Ombudsman tenía por misión prevenir los abusos de la administración pública y de los jueces.

El Ombudsman se fue expandiendo por diferentes países adoptando diferentes denominaciones. En Francia se denomina Mediateur de la Republic por considerar que actúa como un nexo o mediador entre la burocracia y el público. En Israel se le conoce como Comisionado Parlamentario para las Quejas del Público, en Sudáfrica Protector Público, en Italia Defensor Cívico. En algunos casos el Ombudsman es nombrado por el Parlamento, en otros por el Poder ejecutivo.

La incorporación de la figura del Ombudsman en la región latinoamericana, surge en los años 90 durante la “transición democrática” que siguió a las dictaduras militares, y tiene influencia de la variante española del Ombudsman. El primer Defensor del Pueblo de América Latina fue establecido en 1985, en Guatemala, con el nombre de “Procurador de los Derechos Humanos” con rango constitucional, como consecuencia de los acuerdos de paz. Desde entonces, la institución se ha extendido por todo el continente americano con diversos nombres y algunas variaciones en sus atribuciones.[1]

La función primordial del Ombudsman en América Latina, que asumió la denominación de Defensoría del Pueblo, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisionado de los Derechos Humanos y otras, es la de velar por el respeto de los derechos del individuo. La Defensoría es una instancia de protección y defensa de los derechos humanos.

Tres rasgos caracterizan a esta institución: 1) Ser independiente tanto del poder ejecutivo como del poder judicial para ejercer su rol de vigilancia y defensa; 2) Atender las quejas o denuncias contra injusticias o errores administrativos; y 3) tener el poder de investigar, criticar, y dar publicidad a sus acciones.[2]

La Defensoría del Pueblo recibe financiamiento del Estado, pero tiene absoluta independencia para actuar frente a los diferentes órganos del Estado.

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[1]Revisar:

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2006). La figura del Ombudsman. Revista IIDH. Extraído de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/22612.pdf

Valladares, L. (1995). El Ombudsman como canal de acceso a la justicia. Revista IIDH.

Volio, L. G. (2009). Los Ombudsman en América Latina y su incidencia política. IIDH Magazine

Bousta, R. (2018). El Ombudsman francés: análisis crítico de una reforma constitucional. Cuestiones constitucionales, (39), 371-387.

Pareja, M. T. (2004). El defensor del pueblo: un estudio con especial referencia al Ecuador. Konrad Adenauer-Stiftung.

[2] Donal Roward, EL ombudsman, p 39

El Litio y el Público Fantasma

Por José Carlos Solón

El gobierno de Luis Arce lanzó la “Convocatoria Internacional de Extracción Directa de Litio para los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes” el pasado 30 de abril. En este contexto, es fundamental revisar lo ocurrido con la anterior convocatoria en la que se seleccionó a ACISA, subsidiaria de la empresa alemana ACI Systems, como socia estratégica para cuatro plantas de Hidróxido de Litio, Hidróxido de Magnesio, Materiales Catódicos y Baterías de Litio.

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¿Cómo salir de los transgénicos en Bolivia?

Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos

28 de abril de 2021

En Bolivia sólo existe un evento transgénico autorizado legalmente: la soya RR. Todas las otras semillas transgénicas que circulan por Bolivia han sido introducidas de manera ilegal y por lo tanto las empresas y personas que las contrabandean, comercializan y utilizan deben ser sancionadas de acuerdo a ley. Para salir de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) el primer paso es no ampliar las autorizaciones a nuevos transgénicos. Por eso es importante que se hayan abrogado recientemente los “decretos transgénicos” (4232 y 4238) que establecían un procedimiento abreviado para cientos de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. En la actualidad el procedimiento abreviado para evaluación de semillas modificadas genéticamente sólo esta vigente para la soya HB4 e Intacta destinada a la producción de biodiésel, y hasta la fecha no existe ninguna solicitud en trámite para autorizar alguno de estos dos eventos de soya transgénica. En síntesis, el tema central en Bolivia es no autorizar nuevas semillas transgénicas y establecer un procedimiento para salir gradualmente de la soya RR, como lo manda la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en su Artículo 24.8:”Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.

En el camino de la exigencia de dejar el uso de semillas transgénicas y el modelo agrícola que lo sostiene, una primera pregunta a realizarse es ¿este modelo alimenta a Bolivia? ¿quién alimenta al país y en qué condiciones? La política agraria nacional ha estado históricamente enfocada en el gran proyecto de agricultura industrial, pero lo que tenemos es solo una agricultura monoproductora de materias primas a partir de la soya transgénica. Del otro lado tenemos a la agricultura familiar campesina e indígena que produce -sin ser un proyecto de las élites empresariales ni del Estado- el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos que consumimos las y los bolivianos. Pese a estar comprobado que la agricultura familiar campesina e indígena es el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, es el sector menos favorecido por las políticas, al punto de estar en franco declive.

En búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por la agricultura familiar. Los pequeños agricultores alimentan a la humanidad, a pesar de que sólo son dueños de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta[1]. El Censo Agropecuario llevado a cabo el año 2013 señala que en el país existen unas 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) [2]. El 95 % de estas UPA corresponden a los productores de la agricultura familiar, que conforman unos 4 millones de personas, según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA [3].

En Bolivia, la agricultura familiar campesina e indígena produce el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos: hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres y cereales. El 65 % de los alimentos que consumimos en Bolivia son producidos por la agricultura familiar. Apenas el 3 % de los alimentos son producidos por la agricultura no familiar, y el restante 32 % es importado (Cartagena, 2020a). En otras palabras, la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica de los bolivianos provienen de la agricultura familiar campesina e indígena.

¿Quién alimenta al país? ¿Y a quién alimenta el Estado?

Pamela Cartagena (2020b), citando a McKay (2018), señala que todas las empresas que se dedican al rubro de las oleaginosas en Bolivia (son seis y con capitales estadounidenses, peruanos y venezolanos) exportan su producción, y apenas dos de ellas producen para el consumo interno: aceites de cocina, margarina, jabón, torta de soya para alimentación avícola y porcina. En ese sentido, es falso afirmar que la producción soyera transgénica “garantiza la seguridad alimentaria del país”, como afirman los representantes del agronegocio.

Consecuente con una política agraria y de tierras que ha venido favoreciendo en gran medida al agronegocio (Cauthin, 2021), hasta 2013 los datos sostenían que el 78,3% del total del incremento de la producción agrícola del país obedecía a dos cultivos: soya (55,4%) y caña de azúcar (22,9%) -caña destinada a la producción de alcohol- (Ormachea; Ramírez 2013). Esto expresa que la política agrícola ha favorecido un modelo por sobre otro que diversifique la producción destinada al mercado interno. Debido a esta premeditada inclinación, es que sobre todo la última década se reportan porcentajes de producción negativos para cultivos que están a cargo de familias campesinas, como la cebolla, la papa, el plátano, la alfalfa, la yuca, el tomate, la cebada en grano, la arveja e incluso el maíz fresco (Ormachea; Ramírez 2013).

Siendo la agricultura familiar campesina e indígena el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, este sector es el que menos creció en comparación a la agroindustria. Según los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2019), de 2005 a 2019 la superficie cultivada de soya se incrementó en 429.120 hectáreas: pasando de 930.500 a 1.359.620 de hectáreas respectivamente. Siendo que la mayoría de su producción se destina a la exportación. Entre 2005 y 2019 este sector exportó en promedio el 79% de su producción (Villalobos, 2021). En contraste, la superficie cultivada con papa se incrementó en 35.466 hectáreas entre 2005 y 2018. Mientras que la superficie cultivada con maíz, tomate, cebolla y haba aumentaron solo en 3.469, 1.162, 1.448 y 4.959 hectáreas respectivamente, durante el mismo periodo (INE, 2019).

La falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar campesina afectó profundamente la seguridad alimentaria nacional, haciendo de Bolivia un país cada vez más dependiente de los alimentos que se importan de los países vecinos. Las importaciones de papa, por ejemplo, pasaron de 1.282 toneladas en 2006 a 51.805 toneladas en 2016. De igual manera, las importaciones de tomates aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6.943 toneladas importadas en el mismo periodo. Mientras que, de no importar cebolla en 2005, en 2017 se importaron 14.328 toneladas (Prudencio, 2019).

Prohibiciones, moratorias y etiquetados: países que rechazan los OGM

Medio centenar de países han desarrollado legislaciones para controlar, restringir o prohibir la introducción, comercialización o producción de transgénicos en sus territorios, ya sea mediante leyes de moratoria para semillas, de prohibiciones a cultivos o de etiquetado de advertencia para productos procesados que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Actualmente, al menos 39 países han prohibido mediante leyes los cultivos transgénicos en sus territorios, sobre todo por motivos de salud humana y ambiental. Casi la totalidad de Europa prohíbe los cultivos transgénicos en su territorio y sólo permite la importación de algunos productos transgénicos bajo normas de etiquetado y sobre todo para consumo animal. La Unión Europea obliga etiquetar todos los productos transgénicos que tengan hasta milésimas de componente OGM, Estados Unidos se ha comprometido a implementar el etiquetado desde enero de 2022. Otros países que exigen etiquetados pero con más flexibilidad [4], son: Indonesia, Tailanda, Australia, Nueva Zelandia, África del sur, Kenia, Canadá, Brasil, Colombia, Nicaragua, Mali, Togo, China, Japón, Taiwan, Vietnam e India.

El caso de Perú: Ley de moratoria por 15 años

En enero de 2021, Perú promulgó la Ley 31111 que amplía el plazo de la moratoria al ingreso, comercialización y producción de transgénicos u Organismos Vivos Modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente” por 15 años, hasta el 31 de diciembre de 2035 [5]. Esta Ley es una ampliación de la Ley 29811 de 2011 que ya había puesto una primera moratoria por 10 años. Aunque la Ley excluye de esta moratoria: a) los OVM para fines de investigación, b) los OVM usados como productos farmacéuticos y veterinarios autorizados, c) los OVM y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento, d) otros OVM sujetos al análisis de riesgos previos.

La Ley de moratoria propone la salvaguarda de la “agrobiodiversidad” para cultivos, animales y organismos e incluso ecosistemas, esto significa crear un programa para conservar los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad (Art. 23), como las semillas nativas por ejemplo. Al mismo tiempo, en el Art. 28 instruye la generación de Líneas de Base para obtener información científica y tecnológica, relativa al estado de la biodiversidad nativa, incluyendo la diversidad genética de las especies nativas, que puede potencialmente ser afectada por OVM.

Otra iniciativa relevante es la que explica el reglamento de la Ley en el Art. 32 sobre la realización de listas y mapas de los Centros de Origen y Diversificación de Especies, según la prioridad: a) Especies de las cuales el Perú es centro de origen, b) Especies de las cuales Perú es centro de diversificación, c) Especies tradicionales y no tradicionales de importancia para la bioseguridad en el Perú, d) Diversidad y variabilidad existente en Perú de los principales cultivos, crianzas y de sus parientes silvestres de los cuales existan OVM. Las penalidades por contravenir esta Ley son: a) Amonestación, b)Multa, c) Decomiso, temporal o definitivo con destrucción del producto [6].

El caso de México: Decreto contra el glifosato y el maíz transgénico

Recientemente México se incorporó a la creciente lista de países que buscan contrarrestar el uso de OGM en sus territorios. Como parte de una política para lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos[7], el gobierno de México, mediante Decreto presidencial aprobado el pasado 31 de diciembre de 2020, determinó sustituir gradualmente el uso, adquisición, promoción e importación del glifosato (principal herbicida utilizado en la agricultura comercial), disponiendo un periodo de tres años -hasta 2024- para lograr tal objetivo. Además, el decreto determina la revocación de los permisos y la abstención de otorgar nuevos permisos para la liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados. 

Para lograr dicho fin, se encarga a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promover “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas” que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Disponiendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el desarrollo de tecnologías e investigaciones que permitan promover alternativas al glifosato. Estas instituciones estatales también tendrán que promover reformas legales correspondientes para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado. 

¿Hacia dónde va Bolivia?

Después de la abrogatoria de los “decretos transgénicos” en Bolivia se barajan tres opciones: a) Aprobar una ley de biotecnología que nuevamente de curso a la aprobación de nuevas semillas transgénicas, esta propuesta es promovida por el agronegocio y sectores del gobierno, b) Hacer respetar la Constitución y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y a través de una ley establecer las acciones y plazos para la eliminación gradual de cultivos de OGM autorizados en el país, y c) Aprobar una ley de moratoria a la importación, comercialización y uso de semillas transgénicas por 15 o 30 años, postergando una decisión definitiva al respecto mientras el país desarrolla y fortalece su capacidad técnica e institucional en la materia.

La abrogatoria de los “decretos transgénicos” lejos de resolver el conflicto con el agronegocio lo va a llevar a un nuevo nivel, en el que este sector a través de una ley intentará volver a abrir las puertas a nuevos transgénicos, mientras organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil buscarán una salida definitiva de los organismos genéticamente modificados, pues queda claro que no se logrará la seguridad y soberanía alimentaria con base en el modelo agroindustrial de exportación, sino por medio de otros enfoques agrícolas y pecuarios que prioricen la producción de alimentos para el consumo nacional; apoyando y fortaleciendo -para ello- la agricultura familiar campesina e indígena. 


[1]  Véase:  http://www.fao.org/news/story/es/item/1195759/icode/

[2]  Véase: https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[3]  Véase: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipcanotas/fortalecer-la-agricultura-familiar-para-mitigar-los-impactos-del-covid-19

[4] Véase: https://www.infogm.org/spip.php?page=carte&lang=fr

[5] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-29811.pdf

[6] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/113252603-reglamento-ley-moratoria-ovm.pdf

[7] Actualmente México importa unos 16 millones de toneladas de maíz amarillo, proveniente principalmente de los Estados Unidos. Véase: https://www.reuters.com/article/agricultura-mexico-glifosato-idLTAKBN2AJ2BN

Fuentes:

APIA (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarias APIA.

Cartagena, P. (2020a). La producción campesino indígena: soporte alimentario y de salud integral en tiempos de coronavirus. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. 08/04/2020

Cartagena, P. (2020b). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

Cauthin, M (2021) La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. Fundacionsolon.org.

Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Importaciones 2019 p. Base de datos Importaciones.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.

Prudencio, J., Plata, W., Velasco, S. & Colque, G. (2019). Efectos de la sobre la producción importación de alimentos campesina-indígena. Fundación Tierra.

Se abrogan “Decretos transgénicos” de Añez y el agronegocio

Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos

22 de abril de 2021

Mediante Decreto Supremo 4490, el presidente Luis Arce abrogó este 21 de abril los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348, emitidos en 2020 por la presidenta interina Jeanine Añez, que permitían la introducción de semillas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos; así como la identificación de áreas para cultivo de maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología.

El decreto de abrogación menciona contravenciones de estos decretos a la seguridad y soberanía alimentaria, así como a la biodiversidad, que están protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes 144 y 300, además de acuerdos internacionales firmados por Bolivia sobre biodiversidad.

La única semilla transgénica aprobada desde 2005 en Bolivia es la soya genéticamente modificada evento (40-3-2) resistente a glifosato. Así mismo, aun se encuentra vigente el procedimiento abreviado para la evaluación de los eventos HB4 e Intacta de soya transgénica destinadas a la producción de biodiésel, según autoriza el Decreto Supremo 3874 de 2019, firmado por Evo Morales.

¿Qué decían los decretos abrogados?

El Decreto Supremo 4232 de 7 de mayo 2020 en su Artículo Único autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB): “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”. Para ello, en su Disposición Transitoria, otorgaba un plazo de apenas diez días para que el CNB apruebe los procedimientos abreviados, e instruía tomar en cuenta “acciones y medidas adoptadas por los países vecinos”.

En Bolivia, el Reglamento sobre Bioseguridad aprobado en 1997 establece un procedimiento para la evaluación de semillas transgénicas que comprende:

  1. Los posibles riesgos que pueda tener la liberación del OGM para la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica.
  2. La clasificación de los riesgos.
  3. Las condiciones en que se liberará el OGM.
  4. La factibilidad de las medidas de gestión del riesgo propuestas por el solicitante.
  5. Los posibles beneficios económicos que pudieran producir las actividades con el OGM.

En base a esta evaluación el CNB puede recomendar o no la introducción de una determinada semilla transgénica.

El decreto de Añez lo que hacía era crear una vía rápida para evaluar las semillas transgénicas basada fundamentalmente en análisis realizados en otros países y no en Bolivia. Así, se omitía realizar una evaluación exhaustiva de sus impactos sobre el medio ambiente, la diversidad biológica específica del país, el patrimonio de semillas nativas de los pueblos indígenas y la salud humana.

Ante la imposibilidad de establecer procedimientos abreviados en un plazo ridículo de diez días, el gobierno transitorio de Añez promulgó una semana después el Decreto Supremo 4238 de 14 de mayo de 2020, para alargar el plazo a cuarenta días para la elaboración de dicho procedimiento abreviado de evaluación.

Meses después, el 22 de septiembre de 2020, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 4348, que disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Este Decreto se aprobó a pesar de que hasta esa fecha no se había autorizado ninguna semilla transgénica de maíz, es decir que se daba por hecho que habrían zonas para maíz genéticamente modificado.

“Decretos transgénicos” que contravenían el marco legal

Entre los considerandos que menciona el Decreto de abrogación 4490 están los mandatos de la Constitución Política del Estado, como el Art. 16 sobre la obligación del gobierno de garantizar la seguridad alimentaria y el Art. 409, que establece que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley y no así por un normas de menor jerarquía como es un decreto.

También señala que los decretos abrogados contravienen el Artículo 15 de la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que dispone: “no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”. Así mismo, establece que vulneran el Art. 24 de la Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, que establece acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio boliviano, de las que el país es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

Respecto a los tratados internacionales que se vulneraron con los decretos de Añez están: el Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena del Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Bolivia a través de la Ley 2274.

La demanda de la sociedad civil

Varios actores de la sociedad civil boliviana se pronunciaron ante el riesgo que representan las semillas transgénicas. Todos enfatizaron que esto se agravaba para cultivos como el maíz de los que Bolivia es centro de origen. Entre estas articulaciones figuran la Asamblea en Defensa de los Bosque y la Vida -que agrupa colectivos, instituciones, y asociaciones académic@s y científic@s-, así como el colectivo Bolivia Libre de Transgénicos y la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, que congrega a productores, apicultores, recolectores, transformadores, entre otros.

Entre las acciones que realizaron estaban pedir la excusa de los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad por existir conflictos de intereses, pues varios de ellos estaban ligados al sector del agronegocio y empresas importadoras de semillas transgénicas, por lo que eran juez y parte. También presentaron una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, argumentando que los decretos constituían una amenaza directa al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia; una amenaza a la biodiversidad y el medio ambiente; una afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa debido al uso de agroquímicos como el glifosato; una afectación a los bosques y los suelos por la ampliación de la frontera agrícola; y una amenaza a la salud humana, pues el herbicida glifosato -parte del paquete tecnológico de los OGM- fue clasificado como “probable cancerígeno para los humanos” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).

La abrogatoria de los “decretos transgénicos” debería ser seguida por la abrogación del Decreto 3874 aprobado por Evo Morales, que también establece un procedimiento abreviado para dos eventos transgénicos ligados a la producción de biocombustible y etanol, y de otras normas que de una u otra forma afectan a los bosques y la biodiversidad. Entre ellas están la Ley 1098 de 2018, que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel; la RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp, para ser implementados en plantaciones forestales; la Ley 741 de 2015, que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades; la Ley 1171 de 2019, que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha); la Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni, entre otras.

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El viraje hacia el modelo agroexportador dependiente de agroquímicos

Por Guillermo Villalobos M.

El uso de agroquímicos está estrechamente ligado al predominio de un modelo económico y de un paradigma agrícola que tiene sus orígenes en la Revolución Verde[1]. A la Revolución Verde se la entiende como un modelo de asistencia agrícola – impulsado principalmente por los Estados Unidos – que durante los años cincuenta y sesenta fue exportado a los países del sur global bajo el discurso de “modernización” y “lucha contra el hambre mundial” (Méndez, 2017).

La revolución verde se basó en cuatro paradigmas centrales: 1) la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, 2) la producción intensiva mediante la implementación de insumos químicos (esencialmente fertilizantes y pesticidas), 3) la mecanización del proceso agrícola (principalmente uso de tractor y sistemas de irrigación) y 4) la selección genética y desarrollo e implementación de nuevas semillas de alto rendimiento (Ceccon, 2008).       

El segundo gran impulso en el uso de agroquímicos se da desde los años ochenta hasta nuestros días, cuando la Revolución Verde entró en su segunda fase histórica, denominada también como “revolución genética o biotecnológica” (Picado, 2013). El elemento principal de esta segunda fase fue la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o transgénicos, así como los mercados más globales y liberalizados que profundizaron dinámicas extractivistas con base en la extracción de nuevos commodities agrarios, tales como la soya, el maíz y el trigo, entre otros (Hotz-Giménez et al., 2013).  

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La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño

Por Marielle Cauthin

20 de abril de 2021

Lejos de estar abandonadas por el Estado, las élites empresariales de Santa Cruz se crearon gracias a los apoyos públicos: tierras, capital y un sin fin de políticas hechas a su medida. Con un discurso y una agenda hábilmente adecuadas al tiempo que les toca vivir, actualmente abanderan la defensa de la alimentación nacional y la modernización agrícola para consolidar sus privilegios, a través de la introducción de más eventos transgénicos y replicar el modelo extractivista soyero.

La élite extractivista de oriente

A decir de Soruco (2008), la élite empresarial de Santa Cruz es producto de auges extractivos (goma, algodón, soya), que lejos de responder al mercado interno y a la sociedad nacional, históricamente se vinculó de forma umbilical a los mercados internacionales de materias primas. Esta élite fue erigida por una serie de políticas estatales que tuvieron como momentos centrales, según Peralta-Rivero (2020), los planes de desarrollo estatales de 1955, 1962, 1970 y 1975: “estos impulsaron las recomendaciones del Plan Bohan a través de la planificación estatal lo que ayudó a consolidar la agroindustria en tierras bajas, sobre todo en Santa Cruz”.

Por vía del Estado esta élite obtuvo beneficios directos con inversiones en infraestructura (caminos), capital (subsidios, créditos), tecnología (equipamiento), fuerza de trabajo (mano de obra de occidente vía colonización) y por supuesto dotación de tierras -de una forma “irracional y clientelar”- sobre todo durante la dictadura de Banzer (Soruco, 2008); hasta 1985 la política agraria permitió la consolidación de la mediana y gran propiedad sobre todo en el oriente boliviano. Según Paz (2004), los casos “paradigmáticos de apoyo estatal” fueron la caña de azúcar en Santa Cruz, la ganadería bovina en Beni y, posteriormente, las oleaginosas y cereales en Santa Cruz hasta el quiebre del ciclo neoliberal. La etapa posneoliberal, a la cabeza de Evo Morales, tuvo dos tipos de gestión frente al agronegocio: la primera de 2006 a 2009, con un discurso rupturista con esta élite parte de la llamada “media luna” (Soruco, 2008). Y el periodo 2010 a 2019, donde se va reconfigurando el escenario de pactos y acuerdos, logrando reencauzar algunas consignas de su agenda -como se verá más adelante-, para llegar a 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, con la plenitud de lograr las reformas legales y políticas arañadas en años anteriores. Con Luis Arce se inicia una nueva etapa que podría ser de ruptura y/o de continuidad.

El “grano de oro” no es lo que parece

En estos últimos años, al sector agroempresarial solo le fue necesario generar un dispositivo efectivo para volver a consolidar una nueva ola de apoyos estatales y una nueva agenda política, que garantice su continuidad clánica empresarial. Este dispositivo se generó a partir del boom de los precios internacionales de la soya transgénica, sector que “se ha desarrollado de manera similar a un enclave extractivo, social y sectorialmente” (McKay, 2018), y que ha crecido en la región ante el declive de este modelo de producción agrícola en los países europeos, lo que hizo que economías “emergentes” -como Sudamérica- ocuparan el lugar denostado de producción primaria de alimentos y materias primas (Ormachea, 2013) o de commodities para el mercado global (Svampa, 2013).

El modelo del agronegocio “se vende como un modelo de éxito”, explica Colque (2020), pues solo resalta los factores positivos: inyección a la economía nacional, generación de “miles sino millones” de empleos directos e indirectos, seguridad y soberanía alimentaria del país, e incluso afirma ser un sector ambientalmente sostenible; cuando casi el 100% de la soya cultivada en Bolivia es transgénica y ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas (Cartagena, 2020) de monocultivo, con fuertes impactos socioambientales, pues requiere de insumos como semillas patentadas, agroquímicos, maquinaria pesada para terreno, etc. La mecanización del proceso hace que la fuerza de trabajo local se haga excedentaria, lo que agudiza la migración campo – ciudad, e incluso los pequeños agricultores se estancan pues hay escasas posibilidades de ascenso social (McKay, 2018).

Respecto a la tierra, en la zona de producción soyera en Santa Cruz pervive un inequitativo sistema de distribución de la tierra: el 78% son pequeños productores (con 50 hectáreas o menos) que manejan el 9% de la superficie productiva de soya, mientras que el 2% son grandes productores (con más de 1.000 hectáreas) que manejan el 71% de la superficie productiva de soya (Cartagena, 2020). Por otra parte, de una comparación entre la producción de 2003 con soya no transgénica y la de 2019 con soya transgénica (evento 40-3-2), resulta que el rendimiento por hectárea de soya no transgénica es mayor: 2,4 y 1,85 TM/ha respectivamente (Peralta, 2020; Villalobos, 2021).

Desde una mirada feminista, el complejo del agronegocio abarca solo a hombres en las direcciones: “dada la estructura patriarcal del complejo soyero” y de la ”cultura” machista de que son los hombres los que deciden y saben sobre producción agrícola (McKay, 2018). Ambientalmente, el uso constante de agroquímicos con alto grado de toxicidad -según la OMS y la FAO- puede afectar a animales (sobre todo polinizadores), humanos, suelos y agua (Villalobos, 2020). Un terrible efecto ambiental del agronegocio -subrayado por varios estudios- es la relación que tiene la actividad con el alarmante incremento de tasas de deforestación e incendios forestales, los peores de Bolivia fueron en 2019 y 2020 (Vos; Gallegos et al. 2020).

Entonces, el trasfondo del relato de la élite soyera es otro distinto al del modelo agrícola “exitoso” que quiere vender. Cartagena (2020) coincide con Colque (2020) en que subyacen “razones extra productivas” en este gremio, que tienen que ver la consolidación de tenencia de sus tierras y el incremento de su valor, por ejemplo, vendiéndolas o rentándolas para otros cultivos; o las ganancias que produce el resto de la cadena productiva de la soya, como el mercado de los insumos agrícolas.

En efecto, según los datos de campo relevados por McKay (2018), hay una cadena de varios actores involucrados en el negocio de los insumos de la soya transgénica, desde las transnacionales Syngenta, Monsanto, John Deere, New Holland, Nidera, entre otras corporaciones que “colaboran” con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para “promover” variedades de semillas, cosechadoras, tractores, fumigadores, sembradoras, agroquímicos e incluso servicios crediticios y financieros. MacKay (2018) sostiene, por ejemplo, que otro de los efectos es la dependencia a la tecnología. El caso de los capitales y tecnología brasileña usado por el agronegocio boliviano condujo a una ola de “extranjerización”: entre 2006 y 2007 los brasileños controlaban el 40,3 por ciento del área total de las plantaciones de soya, frente al 19,6 por ciento que representaban en 1994 y 1995 (Urioste, 2012).

Sin embargo, estos mismos sectores vienen presionando al Estado para tener más beneficios políticos directos (Ormachea; Ramírez 2013), donde resalta un consorcio complejo: ANAPO, CAO, IBCE, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) -parte del grupo CropLife- y hasta la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. De hecho, muchas de estas gestiones han tenido como resultado eventos públicos de intercambios de acuerdos entre el gobierno de Evo Morales y el consorcio soyero, como el Encuentro Plurinacional de 2011 y 2012 (Gomez, 2013); la ExpoSoya de 2014, la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015; incluso la ExpoSoya de 2020 que tuvo como participante a la presidenta transitoria, Jeanine Añez.

Las leyes hechas a medida del agronegocio

En un debate de 2020, Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Secretario Ejecutivo de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), volvía a afirmar que frente a la pandemia el sector se reactivaría sólo con el apoyo del Estado y demandaba: acceso a tecnología e insumos; ampliar la Función Económica Social (FES); y garantizar mercados externos, así como contar con infraestructura específica como puertos, carreteras, hubs y ferrocarriles. Esta ha sido la agenda del agronegocio los últimos 15 años y -como se verá a continuación- en buena parte ha sido atendida con un marco legal hecho a medida del agronegocio.

Transgénicos e insumos

El agronegocio ha venido usando una narrativa de “emergencia” de incrementar rendimientos en la producción de alimentos, para satisfacer el mercado interno cada vez que impulsa una medida a favor del sector, ya sean argumentos climáticos -como la sequía- o incluso la pandemia de Covid-19. En 2016, con pretexto de la sequía, aprobaron el DS 2857 para la importación de maíz transgénico amarillo proveniente de Argentina destinado al consumo animal, lo que ocasionó la siembra ilegal de maíz BT y maíz RR en el chaco cruceño (Cartagena, 2020). En 2919 alegaron baja productividad y problemas por la sequía para conseguir el DS 3874, que permite la evaluación de la soya transgénica evento HB4 y la soya evento Intacta, destinados a biodiésel. En 2020 lograron la aprobación del Decreto 4232 para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, y pusieron como argumento que la iniciativa era parte del Plan Nacional de Emergencia por el Covid-19 para el abastecimiento del consumo interno.

Normas que la viabilizanDS 28225 de 2005 que permite el uso, procesamiento y comercialización interna y externa de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) y sus derivados.
Ley 314 de 2012 que permite la expropiación para iniciar la construcción de la Planta Industrializadora de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo.
DS 2857 de 2016 que permite la importación de maíz amarillo transgénico proveniente de la Argentina.
Ley 1098 de 2018 que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel.
DS 3874 de 2019 que autoriza procedimientos abreviados para soya HB4 y soya Intacta, con fines de producción de biocombustibles.
DS 4232 de 2020 que establece procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos.
RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp para ser implementados en plantaciones forestales.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Tierra: Función Económica Social (FES), desmontes y frontera agrícola

La Ley 337 que paradógicamente crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, en realidad consolida un terrible “perdonazo” a desmontes realizados entre 1996 y 2011. Con leyes de este tipo, los últimos años se ha visto una paulatina legalización de desmontes y quemas, pagando apenas pequeñas multas, evitando sanciones penales y reforestando pequeñas partes. Al mismo tiempo, con la Ley 740 de ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades, el agronegocio ha logrado evitar la reversión de tierras, aunque el horizonte del sector es la cancelación o eliminación de la FES, arguyendo que su carácter temporal dificulta o restringe el acceso al crédito agrícola basado en la propiedad de la tierra como garantía (CAO, 2020). Mediante la Ley departamental 93 de Beni, en 2019, lograron ampliar la frontera agrícola en este departamento con 10 millones de hectáreas destinadas al sector ganadero, modificando el Plan de Uso de los Suelos (PLUS), con cinco categorías generales: tierras de uso agropecuario (9.026.912 ha.); de uso agrosilvopastoril (946.064 ha.); de uso forestal (3.276.067 ha.); de uso restringido (2.203.290 ha.); Áreas naturales protegidas (6.855.760 ha). Según el estudio de Rojas (2020), la falta de datos técnicos en el PLUS de 2019, solo ratifica que fue una decisión política y no con base científica, que beneficia en primera línea a los ganaderos, pero también a intereses agroindustriales nacionales y extranjeros (Rojas, 2020).

Normas que la viabilizanLey 337 de 2013 que crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece el perdonazo de desmontes realizados entre 1996 y 2011.
Ley 502 de 2014 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 12 meses más.
Ley 740 de 2015 que ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades.
Ley 739 de 2015 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 18 meses más.
Ley 741 de 2015 que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades.
Ley 1171 de 2019 que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha).
DS 3973 de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Beni y Santa Cruz.
Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Mercados y exportación

En 2008, producto de un boicot del sector agroempresarial, el gobierno emitió el Decreto 29460 que restringe la exportación de alimentos ante déficit de abastecimiento interno. A partir de ese momento, el objetivo del agronegocio es lograr la libre exportación de productos agrícolas o agroindustriales sin restricciones temporales y sin bandas de precios, un objetivo que habían logrado con el Decreto 4139 de 2020 firmado por Añez y derogado por Arce ese mismo año. Este es un tema latente en el sector y un espacio en disputa con el Gobierno, sobre todo estos años que los precios internacionales de la soya volvieron a repuntar, prueba de ello fueron los bloqueos de carreteras convocado por ANAPO exigiendo la eliminación de la banda de precios a derivados de la soya.

Normas de restringen
y controlan en mercado interno
DS 29460 de 2008 que prohíbe la exportación temporal de alimentos ante desabastecimiento interno.
DS 1514 de 2013 que autoriza la cuota anual de exportación de soya de 400.000 toneladas.
DS 1925 de 2014 que aumentó la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3127 de 2017 que aumentó de la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3920 de 2019 que autorizó la exportación de 60% de la producción nacional de soya.
DS 4417 de 2020 que abroga los Decretos 4139 y 4181.
Normas que la viabilizanDS 4139 de 2020 que libera plenamente las exportaciones de todos los subproductos de la soya (derogado).
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Fuentes:

Colque, G. (2020). Detrás de la expansión de la frontera agrícola: sostenibilidad económica, social y ambiental del agro-modelo cruceño. [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Cartagena, P. (2020). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Osinaga, E. (2020). Perspectivas del sector agropecuario [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

Peralta, C. (2020). Impactos y tendencias del modelo agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia. Revista Mundos Rurales 15(01), 10-2020.

Rojas, J. y Anzaldo, A. (2020). El nuevo PLUS del Beni, excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana. Revista Mundos Rurales, 15(1).

Soruco, X. coord. (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación TIERRA, 2008.

Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.

Villalobos, G. (2021). ¿Qué son los agroquímicos?. Fundacionsolon.org.

Vos, V., Gallegos, S. et al. (2020) Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

Primer trimestre del 2021 suma 7.084 focos de calor en todo el territorio nacional

Los focos de calor acumulados desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2021 en todo el territorio nacional suman 7.084 focos, una cifra cercana al primer trimestre del 2019 (10.953 focos) pero bastante inferior en comparación a los focos acumulados registrados el primer trimestre del 2020 (21.257 focos).

Sólo durante el mes de marzo del 2021 el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA) registró 1.809 focos de calor en todo el país, una cifra significativamente menor en comparación con marzo del 2020 cuando se registraron 8.012 focos de calor.

Santa Cruz, con 1.409 focos de calor, fue el departamento donde se registró la mayor cantidad de puntos de calor, seguido luego por Beni con 273 focos. La concentración de focos de calor durante el mes de marzo en los estos dos departamentos es un patrón que se mantiene desde los últimos 10 años; exceptuando marzo del 2020 cuando por primera vez Tarija superó a Beni y se posicionó en segundo lugar[1].

Focos de calor mes de marzo 2021 por departamento, provincia y municipio

Fuente: MMAyA

Los datos del SIMB evidencian que la mayoría de los focos de calor se registran en áreas con cobertura boscosa. Del total de focos acumulados durante el primer trimestre de este año, 3.621 se detectaron en áreas con cobertura boscosa, equivalente al 51% del total de los focos de calor acumulados. Este porcentaje es casi igual al 2020, cuando el 50% (10.740 focos) de los focos de calor acumulados durante el primer trimestre de ese año se registraron en áreas con cobertura boscosa. Mientras que, durante el primer trimestre del 2019, el 43% (4.752 focos) del total de focos de calor acumulados se dieron en áreas con cobertura boscosa.

Entre el 01 y el 31 de marzo del 2021, el SIMB contabilizó 890 focos de calor en áreas con cobertura boscosa, correspondiente al 49% de todos los focos de calor registrados durante ese mes. Al igual que el mes pasado, el tipo de bosque más afectado durante marzo de este año fue el chaqueño con 584 focos de calor, seguido en segundo lugar por el bosque chiquitano (231 focos de calor), y en menor medida el bosque amazónico (44 focos) y el bosque yungueño (13 focos).

A diferencia de las áreas con cobertura boscosa, el SIMB detectó pocos puntos de calor en reservas forestales y áreas protegidas. De enero a marzo del 2021 suman 257 focos de calor en reservas forestales; valores que se mantiene dentro de un rango similar al mismo periodo en el 2020 (373 focos) y el 2019 (241 focos). Mientras que los focos de calor acumulados durante el primer trimestre del 2021 en áreas protegidas sumaron 116 focos; un valor muy inferior en comparación al primer trimestre del 2020 y del 2019, cuando se registraron 951 y 699 focos de calor respectivamente.

Para finalizar, los datos el SIMB señalan que durante el 01 al 31 de marzo de este año solo 43 focos se registraron en áreas protegidas, equivalente al 2,4% del de focos de calor registrados en ese mes. En tanto que, en reservas forestales se detectaron 61 focos, correspondiente al 3,4% de los focos de calor registrados en marzo de este año. 


[1] MMAyA (2020). Reporte oficial de focos de calor e incendios forestales. Boletín N° 7 (martes 31 de marzo de 2020). Gestión 2020. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2021/04/boletin_20200331.pdf

El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya

Por: Guillermo Villalobos M.

Desde los años 90, el modelo agroindustrial basado en la exportación de commodities agrarios -es decir, materias primas para la exportación- comenzó a afianzarse cada vez más en el país. Tal como en los años 90,[1] hoy en día el sector que privilegia este modelo agrario lo promociona como un modelo que impulsa la “modernización” de la agricultura -fundamentalmente por medio del uso de biotecnología- y que esa “modernización” lleva a mayores rendimientos y productividad, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria nacional[2]. 

En el caso boliviano, como en Brasil y Argentina, el cultivo de soya poco a poco se fue posicionado como el pilar principal de este modelo agroindustrial. Así, bajo este modelo, la superficie cultivada con esta leguminosa se incrementó a pasos acelerados, pasando de significar apenas el 7,3% del total de superficie cultivada en 1985-1986 a representar el 38,6% del total de superficie cultivada del país en el 2004-2005 (Gráfica 1).

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