Fundación Solón

por Leonel Mamani Mendoza

El 9 de abril, mucho antes de que el sol asomara sobre el Altiplano Sur, la movilización ya había comenzado. Desde Oruro, una delegación de las comunidades que rodean el Salar de Coipasa avanzaba hacia Uyuni para empalmar con el bus que los llevaría hasta Colcha K, el destino final. Casi al mismo tiempo, otro bus cruzaba el puente de Río Grande en la provincia Nor Lípez, desafiando un camino de tierra calaminado de casi dos horas. En él viajaba la comitiva del Comité Cívico de Potosí; el trayecto no fue fácil: las luces del vehículo fallaron en medio de los baches, tuvieron que iluminar la ruta con las linternas de sus celulares para guiar al conductor en la penumbra. Mientras tanto, el equipo de la Universidad Tomás Frías se apresuraba a cruzar el Salar de Uyuni, buscando ganar tiempo para llegar a la cita. Por otro lado, las comunidades intersalares de la región del sudoeste potosino, entre originarios y sindicatos, se organizaron para transportar a más de un centenar de habitantes locales para hacer escuchar su voz.

En una pequeña cocina de Colcha K, el aroma a buñuelos recién hechos marcaba la bienvenida. Un grupo de mujeres preparaba el recibimiento para quienes llegaban de Oruro, de la provincia de Quijarro y de la capital potosina. En las oficinas municipales, los funcionarios ultimaban los detalles de los espacios solicitados por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL). Estos trayectos no eran solo traslados físicos, sino la expresión de un conjunto de voluntades decididas a encontrarse. El objetivo era claro: celebrar la Segunda Pre-Cumbre del Litio, un espacio de unidad para la sociedad civil enfocado en la construcción de consensos reales para una nueva Ley del Litio.

Los últimos años han sido testigos de una proliferación de iniciativas: desde 2020, más de 15 proyectos de ley sobre recursos evaporíticos han visto la luz en Bolivia. Sin embargo, pocos han logrado generar el acuerdo necesario para avanzar. En las contadas ocasiones en que se alcanzó un punto común, los personalismos de algunos asambleístas terminaron traicionando los documentos consensuados, lo que derivó en una mayor fragmentación y en la aparición constante de nuevos proyectos.

Esta Pre-Cumbre partió de una premisa fundamental: no empezar de cero. Se buscó construir sobre la experiencia acumulada, integrando la mayor cantidad de sectores posibles. Este encuentro representó el segundo paso de un proceso liderado por tres organizaciones pilares en la vida social y política de la región: Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), el Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP) y el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO). Cabe recordar que la Primera Pre-Cumbre se realizó en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, los días 6 y 7 de marzo de 2026.

En Colcha K, la meta fue ordenar el debate, profundizarlo y, sobre todo, aterrizarlo en la realidad del territorio. El encuentro logró reunir a una diversidad de actores que rara vez convergen: dirigentes sociales, autoridades originarias, académicos, organizaciones ambientales, asambleístas y representantes del Ministerio de Hidrocarburos. Esta pluralidad rompió la inercia de leyes nacidas del aislamiento o capturadas por intereses sectoriales. Tras las palabras de bienvenida del alcalde y las autoridades locales, se dio inicio a dos jornadas intensas de trabajo distribuidas en cuatro mesas estratégicas: Jurídica, Técnica, Socioambiental y Económico-Financiera.

En la mesa socioambiental, el agua se erigió como un eje innegociable; ante la inminencia de la explotación, las comunidades establecieron salvaguardas estrictas para proteger el ciclo hídrico, prohibiendo la extracción en bofedales y exigiendo estudios hidrogeológicos de base.

La mesa técnica marcó un hito al proponer un modelo de soberanía tecnológica con participación privada bajo control estatal (51%), priorizando el valor agregado, un comité científico meritocrático y, fundamentalmente, la formación de capacidades locales para que los profesionales bolivianos asuman y dirijan el proceso de industrialización.

La mesa jurídica analizó la arquitectura institucional, planteando la transformación de YLB en una entidad que incorpore un Consejo Técnico Social Ambiental para garantizar el seguimiento y la fiscalización social. No obstante, el debate central fue la urgencia de «rayar la cancha»: establecer contratos sólidos y serios, con cláusulas favorables que eviten repetir controversias cíclicas y garanticen una estabilidad real ante la llegada de nuevos socios estratégicos.

Finalmente, la mesa económico-financiera logró consensuar la superación del actual 3% de regalías mediante un sistema variable y escalonado según precios internacionales. Sin embargo, la discusión sobre «cómo repartir la torta» entre las distintas entidades territoriales quedó como un espacio abierto donde los consensos deberán seguir madurando.

Las conclusiones se llevaron a una plenaria donde, pese al cansancio de las dos jornadas, se consolidó un primer paso firme hacia una posición colectiva. Al terminar, la esperanza se fijó en la realización de una última cumbre en la Ciudad de Uyuni. Pero quizá el giro más importante no está únicamente en construir un documento consensuado, sino en la decisión política que la acompaña. Para no repetir los errores de anteriores proyectos de ley, muchos de ellos elaborados sin consulta real y posteriormente cuestionados o rechazados, se ha definido que el anteproyecto será sometido a un proceso amplio de socialización en las comunidades intersalares. Las provincias de Antonio Quijarro y Enrique Baldivieso han requerido procesos de socialización orientados a la consolidación de sus propuestas. Por su parte, en el departamento de Oruro, particularmente las comunidades aledañas al salar de Coipasa avanzan con determinación, conscientes de la necesidad de dar continuidad a este proceso.

Lo que está en juego trasciende el diseño técnico, estamos frente a la oportunidad histórica de propiciar un debate plural, concreto y soberano sobre el marco normativo, nacido de la voluntad de construir acuerdos legítimos. El objetivo es lograr el encuentro de dos vías que trabajan sobre la propuesta: el documento consolidado por la sociedad civil y la propuesta del gobierno, que aún no conocemos y al parecer nadie conoce. En este contexto, la Segunda Pre Cumbre ha marcado un hito al gestar un acuerdo desde las bases, un documento de carne y hueso que comienza a materializar los debates y consensos territoriales.