Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].
Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?
Los bosques en la agenda de los partidos
Todos los programas de gobierno de los distintos partidos políticos mencionan a los bosques. En líneas generales, los programas proponen una gestión y/o manejo del mismo. Sin embargo, todas las propuestas tienen un enfoque desarrollista; es decir, buscan impulsar una política de “desarrollo” de los componentes del bosque (como ser: desarrollo del sector forestal, desarrollo forestal integrado, desarrollo sostenible del bosque, entre otros). Por ello, no sorprende que todas las propuestas apuntan directa o indirectamente a un “aprovechamiento” del sector forestal, concibiendo al bosque según una valoración mercantilista de sus recursos y no por el valor intrínseco que los bosques aportan a los ciclos vitales del planeta.
Esta premisa desarrollista también se enmascara bajo el discurso de “desarrollo sostenible”. Propuestas como: “desarrollo de un sector forestal sustentable” de CC, “Fortalecer el manejo integral y sustentable de los componentes del bosque” del MAS, “cambiar hacia una economía limpia y sustentable, más eficiente en el uso de (…) los bosques” de Juntos, o “(…) tierras o suelos de vocación forestal para que éstas sean utilizados bajo los criterios técnicos del aprovechamiento sustentable” de Libre 21; muestra como los partidos políticos incorporan en su retórica los principales principios del acuerdo de París. Pero ¿Qué tan verosímiles y serios son realmente sus propuestas respecto a la sostenibilidad de los bosques?
Movimiento Al Socialismo
Sin duda, la propuesta respecto a bosque del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue la que sufrió mayor trasformación en relación a su programa del año pasado. Si bien la propuesta actual del MAS mantiene una posición tenue y poco desarrollada – por ejemplo: sistema de control y monitoreo satelitales, fortalecer el manejo integrado y sustentable del bosque y garantizar la conservación del mismo, y cero tolerancia a la vulneración de la vida silvestre –, en su programa del 2020 incorpora un “Plan Nacional para el Bosque Seco Chiquitano” basado en “8 raíces de vida” para restaurar y fortalecer el bosque amazónico y chiquitano.
Aun cuando el plan propuesto por el MAS gira alrededor del bosque chiquitano quemado en los incendios del 2019 (ver subsiguiente subtitulo), existen proposiciones que aplican de manera general a todos los tipos de bosque del país. La propuesta del MAS procura “desarrollar un Plan y un marco normativo y de regulación de la conservación y el uso de los componentes de los ecosistemas amazónicos y chiquitanos de acuerdo a las vocaciones ecológicas y productivas (…)”. Bajo este marco, el MAS plantea “Controlar y fiscalizar el aprovechamiento de los componentes de los ecosistemas amazónicos y chiquitanos”. Además de elaborar una zonificación ecológica en función de criterios de conservación y protección de la biodiversidad y del bosque, con el fin de “establecer las medidas normativas, regulatorias de manejo integral y sustentable de los bosques”.
Por otro lado, llama también la atención la propuesta de “Prohibir la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, de protección y conservación”; como de “fortalecer las Áreas protegidas respetando los fines y objetivos de las mismas” destinando para ello un presupuesto y capacitaciones técnicas y logísticas. Por último, el MAS plantea establecer un sistema de registro y un marco indicativo de las capacidades regenerativas del bosque para una “planificación y gestión de la biodiversidad”, todo ello en el marco de la Ley 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral.
Comunidad Ciudadana
El actual programa de gobierno de Comunidad Ciudadana (CC) no sufrió cambios significativos respecto a su propuesta de bosques; y aunque es uno de los partidos que más desarrolla el tema, su propuesta, al igual que el año pasado, continúa enfocándose en la rentabilidad económica del bosque. CC plantea el desarrollo de “un sector forestal sustentable y económicamente rentable, aumentando la superficie bajo manejo integral del bosque e incrementando la superficie con plantaciones forestales industriales en áreas deforestadas”. Para ello, proyecta un sistema de concesiones mejorado e implantar la certificación forestal “para garantizar el manejo del bosque y proteger la cadena de custodia de la madera”, además de fortalecer la institucionalidad del sector forestal mediante la conformación de un “Consejo impulsor de desarrollo forestal integrado”. En otras palabras, la propuesta de CC busca enfatizar el componente maderable y mercantil del bosque.
Donde sí se observa un cambio importante es en la retórica respecto a permitir actividades de exploración y explotación en áreas naturales protegidas. En su programa de 2019, CC planteaba enérgicamente que “La exploración de hidrocarburos y de minerales no se realizará en áreas protegidas y se respetará el medio ambiente y los territorios indígenas aplicándose siempre la consulta previa.”; y para ello especificaba que preservarían las áreas naturales protegidas “haciendo cumplir la prohibición de actividades de exploración y producción de hidrocarburos.” En contraste, el actual programa de gobierno de CC solo menciona que “Preservaremos las áreas naturales protegidas del territorio boliviano haciendo cumplirla normativa vigente aplicable”; por lo que se observa una retórica mucha más neutra al respecto.
Con todo, es de destacar que la propuesta de CC es la única que plantea promover sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles; así como, consolidar una “producción y exportación de castaña, cacao, palmeras nativas, ganadería sostenible y la reactivación de la goma bajo técnicas locales y sostenibles de recolección”.
Juntos
La propuesta de Juntos – al igual que el programa de gobierno de Bolivia dijo No – se centra exclusivamente en la mercantilización del bosque. Bajo la noción de “elevar la productividad de las empresas, principalmente en el campo de la agroindustria (…) y la explotación forestal”, proponen retomar un sistema de concesiones forestales de largo plazo; así como “subsidiar el cumplimiento de estándares internacionales”, incentivar la producción de productos no maderables, desarrollar la cadena de valor forestal y fomentar el acceso a mercados internacionales. Con ello, este partido político pretende convertir a Bolivia en el “líder mundial de bosques naturales certificados”. Adicionalmente, es importante remarcar que la propuesta de Juntos es el único que plantean como prioridad la aplicación de bonos a la conservación del bosque, a la par de posibilitar la venta libre de bonos de carbono[5].
El programa de gobierno de Juntos propone exportar el modelo cruceño de una economía volcada a las exportaciones hacia otras regiones del país, en particular la región amazónica (Beni, Pando y el norte de La Paz). De esta manera, mediante su “Plan Amazonía Exportadora” plantean promover inversiones para un “desarrollo forestal sostenible”; al igual que el “biocomercio y servicios ambientales” y la conformación de un cluster de productores de biocombustibles. Así, para la visión de Juntos, los bosques se reducen a una noción de capital natural; el cual valoriza monetariamente algunos de componentes del bosque – como ser la madera – para poder ser mercantilizados.
Alianza Libre 21
El programa presentado por Alianza Libre 21, aun cuando menciona que es imperante proteger las áreas naturales protegidas, los parques naturales y las áreas naturales de manejo integrado, entre otros, al igual que los otros partidos parte de la misma premisa de desarrollar y mercantilizar el bosque. Su plan de gobierno propone “convertir al sector [forestal] en el principal exportador de recursos naturales renovables [identificando] (…) medidas de apoyo de orden financiero, comercial y tecnológico”. Para lo cual, pretenden identificar “geográficamente todas las tierras o suelos de vocación forestal para que éstas sean utilizados bajo los criterios técnicos del aprovechamiento sustentable.”
Al igual que CC y Juntos, la Alianza Libre 21 propone incentivar “el desarrollo de las plantaciones forestales industriales como una industria complementaria a la del bosque natural”. Para esto, proponen “identificar las zonas adecuadas para desarrollar las plantaciones forestales industriales, bajo el concepto de polos industriales de desarrollo forestal.” Empero, y a diferencia del actual programa de CC, menciona expresamente que no se permitirá la “explotación de recursos no renovables en las áreas protegidas y reservas naturales”.
Asimismo, salta a la vista que el programa de gobierno de Alianza Libre 21 es el único que hace referencia a la necesidad de prohibir la construcción de carreteras por medio de parque naturales; haciendo alusión expresa al caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Creemos
El programa de gobierno de Creemos es el que menos desarrolla el tema del bosque. Su propuesta gira alrededor de dos proposiciones: por un lado, reforestar el bosque chiquitano que fue quemado durante los incendios del 2019 (ver subsiguiente subtitulo), y por el otro lado, revisión y prohibición de la exploración ilegal de minerales en bosques y parques naturales. También propone un “fortalecimiento” de los Parques Nacionales y Áreas Protegidas Nacionales, para “garantizar su conservación futura (…) y promocionando la generación de recursos a través de visitas y excursiones”; así como “controlar cultivos ilegales [de coca] en los parques Nacionales y Áreas Protegidas”. Sin embargo, Creemos no plantea nada respecto a la gestión del bosque en sí, así como su protección, conservación y uso “sostenible”. Tampoco hace referencia sobre la conversión de uso de suelos de vocación forestal o plantaciones forestales industriales.
Deforestación y sus alicientes
Si bien la deforestación es uno de los temas de mayor preocupación en relación al calentamiento global y a la resiliencia al cambio climático; es uno de las temáticas menos abordado por los partidos políticos en sus propuestas de gobierno para las elecciones del 2020. Ningún partido propone medidas para frenar de la deforestación ilegal y legal que ocurre en el país[6], ni tampoco de los incentivos económicos y los instrumentos legales que lo fomenta.
Movimiento Al Socialismo
Respecto a la deforestación, el actual programa de gobierno del MAS mantiene su propuesta del año pasado. Esta se limita a desarrollar un “sistema de control satelital y dispositivos de monitoreo” para construir procesos de información respecto a la deforestación ilegal y, en base a ello, tomar medidas de control. Sin embargo, no hace referencia a los índices de deforestación actuales, ni tampoco propone una política clara para reducirlos.
Comunidad Ciudadana
Sobre la deforestación, el programa de gobierno de CC plantea “incrementar la superficie con plantación industriales en áreas deforestadas”, al igual que promocionar alternativas productivas sostenibles en la Amazonía “libre de deforestación” y un “plan nacional de forestación, reforestación y regeneración forestal, urbana y rural”. Si bien la propuesta de CC es muy parecida a la del año pasado, existen sutiles diferencias. En su programa del 2019, por ejemplo, proponían “suspender todos los incentivos legales y financieros a la deforestación y fomentar la regeneración natural y reforestación del bosque” mientras que en su actual programa plantean revisar y modificar “las normativas agrarias y ambientales que permiten el desmonte irracional, la deforestación descontrolada y el tráfico de tierras y recursos maderables.” De modo que, los incentivos financieros que promueven la deforestación – tales como la ganadería extensiva para la exportación de carne a la China o expansión de la frontera agrícola para la producción de biocombustibles – ya no son tomados en cuenta en el actual programa de gobierno de CC como principales causas de la deforestación.
Alianza Libre 21
El programa de gobierno de Alianza Libre 21, basándose en una premisa desarrollista, es el único que plantea explícitamente la necesidad de una expansión de la frontera agrícola, pero “según la vocación productiva del suelo”. En este sentido, proponen “revisar el marco legal vigente para que se respete la vocación mayor en el uso del suelo y de esa manera se evite la deforestación.” Sin embargo, si tomamos en cuenta que Bolivia posee alrededor de 8,9 millones de hectáreas de superficie total disponible para el desarrollo de actividades agrícolas[7] – lo que equivale sólo al 8,10% del total del territorio nacional – y de las cuales, ya para el 2012, 4,4 millones de hectáreas estaban siendo cultivadas, en barbecho o en descanso[8]; no cabe duda que una política dirigida a la expansión de la frontera agropecuaria fomentará directa e indirecta los índices de deforestación.
Creemos
La propuesta sobre deforestación de Creemos se enmarca dentro de su “plan de reducción de las quemas controladas”. En su programa de gobierno plantea una “reducción gradual de las quemas controladas” por medio de transferencias y adaptaciones tecnológicas a los diferentes productores agrícolas y ganaderos. Así, Creemos propone un plazo especifico – hasta el 2017 – para reducir en su totalidad la práctica de quemas controladas en todo el país; propuesta que ningún otro partido político planteo en sus programas de gobierno para el 2020-2025.
Juntos
El programa de gobierno de Juntos no hace referencia alguna al tema de deforestación.
Incendios en la Chiquitanía y Amazonía
Los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía y Amazonía fueron incorporados en el discurso político de la mayoría de los partidos. Todos, a excepción de Juntos, mencionan en sus programas de gobierno a la Chiquitanía y a los incendios que quemaron más de 2 millones de hectáreas de bosque. La mayoría de las propuestas giran alrededor de la restauración, reforestación y manejo de incendios forestales. Sin embargo, ninguno toca temas estructurales, como ser: la expansión de la frontera agrícola o los incentivos legales hacia los desmontes y las quemas (ver siguiente subtitulo).
Movimiento Al Socialismo
Como se mencionó párrafos arriba, el programa de gobierno del MAS – a la par de justificar los incendios del año pasado con el cambio climático – propone un Plan Nacional del Bosque Seco Chiquitano denominado “8 Raíces de Vida para Restaurar y Fomentar nuestro Bosque y la Biodiversidad”. En relación a la Chiquitanía y Amazonía el plan propuesto por el MAS plantea: un “Proyecto de Forestación y Reforestación masiva (…) reconstruyendo y fortaleciendo las funciones ambientales de la Amazonía y la Chiquitanía asignando para este fin recursos técnicos y financieros”. Para lo cual, propone “desarrollar programas y proyectos regionales y locales” y con ello restaurar y recrear la vida silvestre y la biodiversidad. Al igual que establecer un “Sistema de Registro y el Marco Indicativo de las Capacidades de Regeneración” de la Chiquitanía y Amazonía, con la finalidad de planificar y gestionar la biodiversidad de la región.
En el ámbito normativo, el Plan Nacional del Bosque Seco Chiquitano del MAS proyecta “desarrollar un plan y un marco normativo y de regulación a la conservación” en función a la vocación ecológica y productiva de la Chiquitanía y Amazonía; al igual que “controlar y fiscalizar” el aprovechamiento de estos ecosistemas. También propone desarrollar una “zonificación ecológica de las regiones amazónicas” con el propósito de establecer “medidas normativas, regulatorias de manejo integral y sustentable”. Por otro lado, se plantea un fortalecimiento de las Áreas Protegidas, para lo que sugieren dotar tanto presupuestos como capacidades técnicas y logísticas para los “Planes de Restauración y Regeneración” de los bosques chiquitanos y amazónicos.
Comunidad Ciudadana
A pesar de que CC propone un plan nacional de forestación, reforestación y regeneración forestal tanto en áreas urbanas como rurales, no hace referencia específica al área quemada en los incendios del 2019. Por otro parte, párrafos arriba vimos que la propuesta de este partido político proyecta incrementar las “plantaciones forestales industriales en áreas deforestadas”, pero no aclara si esto también aplica para las áreas devastadas por el incendio en la Chiquitanía y Amazonía.
La única propuesta específica que hace CC respecto a la Chiquitanía gira entorno a un “plan integral de manejo de incendios forestales”, con el cual pretenden crear tanto mecanismos de alerta temprana, sistemas de monitoreo y cuerpos de bomberos forestales. Sin embargo, no plantea nada para prevenir que se den los incendios en primer lugar. Mientras que para la Amazonía solo menciona alternativas productivas “libres de deforestación”.
Creemos
Creemos, al igual que el MAS, propone un “Plan de Emergencia para la Recuperación de la Chiquitanía”. Por medio de este plan, plantea recrear los habitas naturales y generar condiciones de “desarrollo a la zona” para no dañar más las condiciones de vida en la Chiquitanía. Así como: rehabilitar los daños sufridos, reforestar los bosques perdidos, reconstruir la infraestructura dañada, repoblar la zona con animales silvestres y establecer medios y procedimientos de prevención. Por otro lado, y de manera similar a CC, Creemos propone crear una Unidad Militar de Emergencia para combatir incendios forestales y demás desastres.
Como mencionamos párrafos arriba, es de remarcar que, si bien de forma genérica, el programa de gobierno de Creemos es el único que plantea una “transferencia y adaptación tecnológica de los productores agropecuarios” para reducir gradualmente las quemas controladas en el país.
Alianza Libre 21
El programa de gobierno de Alianza Libre 21 también propone implementar un Plan Integral de Restauración de la Chiquitanía. Dicho plan comprende, por una parte, un diagnostico – ecológico y socio ambiental – de los ecosistemas afectados, una evaluación de las poblaciones y su capacidad de adaptación y recuperación y, por otra parte, propuesta de “acciones necesarias para la recuperación de los ecosistemas”. Como referimos más arriba, el programa de Libre 21 menciona que “respetaran la capacidad de uso mayor del suelo”, con lo cual pretenden evitar desastres como los sucedidos en la Chiquitanía y Amazonía; sin embargo, y al igual que el MAS y CC, Libre 21 no propone nada para evitar que se den los chaqueos en primer lugar.
Conclusiones
Los bosques no son el punto central en los programas de gobierno de los partidos políticos en vista a las elecciones generales del 2020. Aunque todos mencionan los bosques, tienen – con diferentes matices – una visión desarrollista y mercantilista de los mismos. Y por lo mismo, ningún partido aborda a fondo los problemas estructurales que llevan a que sólo durante el periodo del 2015 al 2018 se pierda anualmente un promedio de 215 mil hectáreas de bosque[9]. Por el contrario, al igual que las propuestas presentadas el año pasado, todos buscan incentivar los mecanismos económicos y legales que provocan la deforestación y la perdida de los distintos ecosistemas boscosos.
Sin excepción todos los programas de gobierno analizados proponen, en diferentes niveles e intensidades, incentivar el sector agroindustrial y ganadero, tanto en ámbito legal, fiscal, financiero y tecnológico. A lo que se añade un apoyo expreso de todos los partidos a la producción de biocombustibles; a la par de propuestas concretas – MAS, CC, Creemos – para viabilizar el uso de biotecnología. Empero, ninguno vincula la agroindustria, la ganadería a gran escala, la exportación de carne a la China, los biocombustibles y la biotecnología con la expansión de la frontera agrícola, los desmontes, las quemas y consecuentemente la deforestación de los bosques.
A pesar de que existen propuestas para auditar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) – Comunidad Ciudadana – y revisar los procesos de dotación de tierras– Creemos y Libre 21 – son pocos los que van más allá y proponen una reversión y/o el no reconocimiento de la Función Económica Social (FES) de las tierras que fueron dotadas en suelos con vocación forestal. Siendo específicos, solo Creemos propone una relocalización a áreas aptas para actividad agropecuaria a las personas que, “de buena fe”, se asentaron en tierras dotadas por el Estado no aptas para la actividad agrícola; mientras Libre 21 plantea el no reconocimiento de derechos de fines agropecuarios en suelos de vocación forestal.
Respecto a los incendios en la Chiquitanía y Amazonía, todas las propuestas de gobierno plantean una reforestación y/o restauración; sin embargo, ninguna propone una pausa ecológica y una regeneración natural de acuerdo a los ciclos ecológicos del bosque. Por otro lado, solo la propuesta de Creemos plantea una reducción gradual de los chaqueos, aunque no ahonda en detalles respecto a posibles alternativas al sistema de roza-tumba-quema[10]; y si bien CC menciona a los sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales, no los propone como alternativa a los chaqueos anuales que se generan en el país. Del mismo modo, pese a que algunos programas apuntan a una revisión y modificación de las normativas legales que viabilizan los desmontes – MAS, CC y Creemos – ninguno plantea formalmente la abrogación de las leyes y decretos incendiarios que posibilitaron la expansión de la frontera agraria, los desmontes y los chaqueos que culminaron en el desastre ambiental del año pasado[11].
Por último, ninguno de los programas de gobierno hace referencia alguna sobre los derechos de la naturaleza y de los ecosistemas boscosos en específico. Sólo el MAS menciona de forma retorica a los derechos de la Madre Tierra, pero no realiza propuestas concretas respecto a su implementación. De esta manera, al igual que los programas de gobierno del año pasado, y a pesar del ecocidio suscitado en la Chiquitanía y Amazonía, ningún partido político va más allá del paradigma desarrollista del bosque. Igualmente, ninguno visualiza un sistema en el cual los seres humanos no ejerza un dominio sobre la naturaleza y donde otros seres vivos y ecosistemas de este planeta son también sujetos de derecho, tal como lo estipula Ley de Derechos de la Madre Tierra.
*Este análisis comparativo abarca a la propuesta de gobierno presentado por: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Juntos, Alianza Libre 21 y Creemos
[1] Véase: http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1183:desmontes-en-bolivia&catid=88:noticias&Itemid=193&lang=es
[2] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf
[3] Véase: https://funsolon.files.wordpress.com/2016/09/03-memoria-tecnica-quemas.pdf
[4] Fundación Solón (2017) Cambio climático y deforestación en Bolivia. En: Tunupa. N° 2. La Paz-Bolivia. p. 7. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2017/12/tunupa-102-final.pdf
[5] Los bonos de carbono es un sistema financiero que procura ofrecer incentivos económicos para que las empresas y gobiernos contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental, bajo la premisa de que las empresas y gobiernos tienen el derecho a generar emisiones como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. En suma, los bonos de carbono son un mecanismo de especulación financiera, que vende una suerte de perdones que compran las industrias para no reducir en los hechos sus emisiones de dióxido de carbono. Véase: https://paris2015cop21.org/que-son-bonos-carbono/
[6] Entre el 2012 y el 2015 la deforestación ilegal bajó del 92.1% al 64%, pero en términos absolutos aumentó de 117.950 ha el 2012 a 155.396 ha el 2015. Durante el mismo periodo, la deforestación total (es decir ilegal y legal) se duplicó, pasando de 128.044 ha a 240.467 ha. Esto revela que, en la realidad, estaríamos frente a un proceso de legalización de la deforestación ilegal. Véase: https://funsolon.files.wordpress.com/2019/01/inconsecuencia-climatica-web-final-1.pdf
[7] Es decir, superficie cultivada más superficie en barbecho, descanso y tierras con potencial disponible.
[8] Observatorio Agroambiental y Productivo (2012). Compendio Agropecuario. 2012. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. La Paz – Bolivia. pp. 37-38.
[9] Véase: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2019/abril/informe-audiencia-inicial.pdf
[10] Por ejemplo: la biotrituración, la agroforestería, el silvopastoreo y la agroecología. Véase: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/reportajes/chaqueos-destruyeron-35-millones-de-hectareas-de-bosques-en-15-anos
[11] Véase: https://fundacionsolon.org/2020/02/20/las-leyes-incendiarias-en-bolivia/
fundacionsolon.org 
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