Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) vienen siendo realizados en Bolivia por las mismas empresas interesadas en la ejecución de dichos proyectos. En este contexto no cumplen con los criterios de objetividad para evaluar los posibles impactos ambientales.
La normativa boliviana no fija criterios para garantizar la independencia y neutralidad de quienes realizan los estudios de impacto ambiental. Esta situación se agrava cuando se trata de proyectos promovidos por el poder ejecutivo.
Según la normativa vigente, la máxima Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) encargada de la categorización, revisión de los EEIA, aprobación de las Licencias Ambientales y seguimiento de los proyectos de mayor envergadura, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.
Desde que Juan Pablo Ramos Morales renunciara en el 2010 como Viceministro de Medio Ambiente, por negarse a firmar la licencia ambiental para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio Moxos que atraviesa por el TIPNIS, el gobierno de Evo Morales designó a funcionarios absolutamente sumisos para facilitar la aprobación ambiental de los proyectos del ejecutivo. Está situación se mantiene durante el gobierno de Añez y lo más seguro es que continúe mientras no se cree una Autoridad Ambiental Competente que tenga autonomía del gobierno central.
Después de más de dos décadas de aplicación de la Ley 1333 es evidente que se necesita una profunda reforma institucional para que la AACN pueda actuar con la libertad necesaria para evaluar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a los procesos de EIA.
La construcción de una institucionalidad ambiental autónoma del poder ejecutivo requiere de una articulación con nuevas instancias como la Defensoría de la Madre Tierra, que fueron creadas hace una década atrás, pero que no fueron implementadas precisamente para no entorpecer a nivel ambiental la aprobación de los proyectos del gobierno central.
Aunque la normativa ambiental establece recursos para que la población pueda impugnar las decisiones de la Autoridad Ambiental Competente, la práctica es que en general hay una denegación de justicia en casi todos los reclamos que se han presentado por temas ambientales.
El problema de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia es extremadamente complejo de resolver porque no existe la independencia necesaria entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta subordinación de jueces y fiscales al gobierno de turno no es exclusiva del anterior gobierno de Evo Morales. En la actualidad los jueces y fiscales designados por el anterior régimen se han vuelto funcionales al nuevo gobierno para mantenerse en sus cargos sin entrar en conflicto con los nuevos gobernantes.
El acceso a la justicia en materia ambiental requiere de cambios profundos a nivel de la cultura de los servidores públicos y de la población en general entorno al ejercicio del poder, la justicia y la gestión ambiental.
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