A casi un año de los devastadores incendios que causaron uno de los peores desastres ambientales en la historia del país, el Gobierno nacional y departamental de Santa Cruz presentaron el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz que alcanza a 1.205 millones de bolivianos. Mas de la mitad de esta cifra será para fortalecimiento de capacidades y elaborar un diagnostico, y hasta la fecha el gobierno sólo tiene comprometidos 26 millones de bolivianos (2%).
La parte de diagnostico del plan afirma que de 2.053 predios afectados por los incendios, 1.209 corresponden a propiedades ganaderas (58% del total) lo que confirma que la principal causa de los incendios estuvo ligada a este actividad.
El Plan dice que, de una superficie total quemada de 3,4 millones de hectáreas, 1,4 millones de hectáreas fueron quemadas en tierras de uso agropecuario extensivo (42% del total de hectáreas quemadas). En segundo lugar figuran las tierras de uso forestal con 930 mil hectáreas quemadas (27% del total), seguidas de las áreas protegidas con 686 mil hectáreas quemadas (20% del total).
El mencionado Plan identifica como “causas subyacentes” de los incendios del 2019 al “marco normativo generado por la anterior gestión de gobierno”, que avalaron “perdonazos” y asentamientos humanos en tierras con vocación no aptas para actividades agropecuarias. Dentro de este marco normativo, mencionan a la Ley N° 337 (de “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales), la Ley N° 741 (que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias), la Ley N° 1171 (de uso y manejo racional de quemas) y el Decreto Supremo N° 3973 (que autorizan el desmonte para incrementar la actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni)[1]. Sin embargo, el Plan no propone la abrogación inmediata de estas normas para evitar que continúen estos incentivos perversos a las quemas y la deforestación.
Así mismo, el Plan omite mencionar otras leyes que directa e indirectamente promueven y legalizan la expansión de la frontera agrícola a costas del bosque, como ser la Ley N° 740 (de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social), la Ley N° 1098 (marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal), y el Decreto Supremo N° 3874 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta)[2]. Sobre la necesidad de poner limites a la exportación de carne no existe ni siquiera una mención.
Mas de la mitad del financiamiento será para fortalecimiento de capacidades y un diagnostico
De los 1.205 millones de bolivianos que necesitaría el Plan, el mayor porcentaje (38%) sería para Gestión de Riesgos que incluye:
Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias y cambio climático con enfoque de protección, género e inclusión.
Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.
Generación de procesos de coordinación y gobernanza entre los actores involucrados.
En segundo lugar, con el 35% del presupuesto, está el eje ambiental con los siguientes componentes y financiamientos:
Restauración asistida y regeneración natural de bosques en zonas priorizadas. (50,4 millones Bs. – 4,1% del total)
Conservación de corredores de conectividad de flora y fauna silvestre en sitios prioritarios de conservación y de las áreas de influencia (17 millones de Bs. – 1,4%).
Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión (269,2 millones Bs. – 22%).
Manejo sustentable de recursos hídricos con enfoque de cuenca y cambio climático (47,5 millones Bs. 3,9%).
Monitoreo de la restauración (funciones ambientales, fijación y captura de carbono, balance hídrico, fuentes de agua superficiales y subterráneas, suelos y corredores de biodiversidad) (33,1 millones Bs. 2,7%).
Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental (2,6 millones Bs. – 0,2%).
Como se puede apreciar el lineamiento estratégico que más financiamiento tiene (269,2 millones de Bs) dentro del sector ambiental es el de «Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión«. Dentro de este lineamiento el proyecto con mayor financiamiento (170 millones de Bs.) es para «Valoración de daños y pérdidas ocasionados a la biodiversidad, suelos y agua, a consecuencia de las emergencias ambientales, para el monitoreo y seguimiento en las Áreas Protegidas afectadas del SNAP«. En otras palabras la mayoría del financiamiento para el sector ambiental será destinado a «Un documento con el diagnóstico de daños y pérdidas de la biodiversidad, suelos y agua, afectado por los incendios con la definición de indicadores para el monitoreo y seguimiento«.
A todo esto hay que añadir que en la «Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental» se gastarán 2,6 millones de Bs. EN este lineamiento estratégico figura un proyecto de «Política Nacional de Bosques y Plantaciones Forestales y su Estrategia de Implementación, que incluya la promoción del desarrollo forestal sostenible a partir de zonas afectadas por los incendios forestales«.
Sólo el 2%de financiamiento
Según el mencionado Plan sólo el 2% tiene financiamiento comprometido [3]. El otro 98% – 1.178 millones de Bolivianos – sería gestionado a través de créditos y donaciones de la cooperación internacional desde entidades públicas nacionales y sub nacionales.
Es necesario destacar que el Plan no contempla los incendios que están ocurriendo ya el 2020 especialmente en Áreas protegidas como Otuquis y San Matías [4]. ¿Cuánto más costará a los bolivianos y bolivianas los incendios forestales de este año? ¿Por qué este costo no lo asumen los culpables de este desastre ambiental?
En síntesis el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz es un plan para pasar el sombrero a la cooperación internacional, gastar el dinero en consultorias y documentos, y no abordar las causas estructurales que llevan a la deforestación y las quemas. En le medida en que no se analice y busque cambiar el modelo depredador del agronegocio, este Plan de Recuperación será sin duda uno más de muchos.
[2] Así como el más reciente Decreto Supremo N° 4232 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados).
[3] Los proyectos o acciones que tienen fondos comprometidos son:
Eje Social: Provisión de servicios de salud para población afectada priorizando a la más vulnerable y Recuperación de servicios básicos (agua para consumo humano);
Eje Productivo: Recuperación de las condiciones de sistemas de producción agropecuaria y silvopastoril sustentables con valor agregado, y Recuperación de áreas productivas agrícolas de subsistencia y otras actividades alternativas (economía de patio);
Componente transversal Gestión de Riesgos: Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las instancias nacionales y subnacionales en atención, mitigación y prevención de riesgos con enfoque de cambio climático y Generación de capacidades en prevención de riesgos en organizaciones y miembros de la sociedad civil con enfoque de cambio climático.
fundacionsolon.org 
A casi un año de los devastadores incendios que causaron uno de los peores desastres ambientales en la historia del país, el Gobierno nacional y departamental de Santa Cruz presentaron el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz que alcanza a 1.205 millones de bolivianos. Mas de la mitad de esta cifra será para fortalecimiento de capacidades y elaborar un diagnostico, y hasta la fecha el gobierno sólo tiene comprometidos 26 millones de bolivianos (2%).
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Los ganaderos entre los principales responsables
La parte de diagnostico del plan afirma que de 2.053 predios afectados por los incendios, 1.209 corresponden a propiedades ganaderas (58% del total) lo que confirma que la principal causa de los incendios estuvo ligada a este actividad.
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El Plan dice que, de una superficie total quemada de 3,4 millones de hectáreas, 1,4 millones de hectáreas fueron quemadas en tierras de uso agropecuario extensivo (42% del total de hectáreas quemadas). En segundo lugar figuran las tierras de uso forestal con 930 mil hectáreas quemadas (27% del total), seguidas de las áreas protegidas con 686 mil hectáreas quemadas (20% del total).
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El mencionado Plan identifica como “causas subyacentes” de los incendios del 2019 al “marco normativo generado por la anterior gestión de gobierno”, que avalaron “perdonazos” y asentamientos humanos en tierras con vocación no aptas para actividades agropecuarias. Dentro de este marco normativo, mencionan a la Ley N° 337 (de “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales), la Ley N° 741 (que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias), la Ley N° 1171 (de uso y manejo racional de quemas) y el Decreto Supremo N° 3973 (que autorizan el desmonte para incrementar la actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni)[1]. Sin embargo, el Plan no propone la abrogación inmediata de estas normas para evitar que continúen estos incentivos perversos a las quemas y la deforestación.
Así mismo, el Plan omite mencionar otras leyes que directa e indirectamente promueven y legalizan la expansión de la frontera agrícola a costas del bosque, como ser la Ley N° 740 (de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social), la Ley N° 1098 (marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal), y el Decreto Supremo N° 3874 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta)[2]. Sobre la necesidad de poner limites a la exportación de carne no existe ni siquiera una mención.
Mas de la mitad del financiamiento será para fortalecimiento de capacidades y un diagnostico
De los 1.205 millones de bolivianos que necesitaría el Plan, el mayor porcentaje (38%) sería para Gestión de Riesgos que incluye:
En segundo lugar, con el 35% del presupuesto, está el eje ambiental con los siguientes componentes y financiamientos:
Como se puede apreciar el lineamiento estratégico que más financiamiento tiene (269,2 millones de Bs) dentro del sector ambiental es el de «Restauración asistida, regeneración natural y conservación de áreas protegidas nacionales y subnacionales en el marco de sus instrumentos de gestión«. Dentro de este lineamiento el proyecto con mayor financiamiento (170 millones de Bs.) es para «Valoración de daños y pérdidas ocasionados a la biodiversidad, suelos y agua, a consecuencia de las emergencias ambientales, para el monitoreo y seguimiento en las Áreas Protegidas afectadas del SNAP«. En otras palabras la mayoría del financiamiento para el sector ambiental será destinado a «Un documento con el diagnóstico de daños y pérdidas de la biodiversidad, suelos y agua, afectado por los incendios con la definición de indicadores para el monitoreo y seguimiento«.
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A todo esto hay que añadir que en la «Revisión y análisis de normativas relacionadas a la problemática ambiental» se gastarán 2,6 millones de Bs. EN este lineamiento estratégico figura un proyecto de «Política Nacional de Bosques y Plantaciones Forestales y su Estrategia de Implementación, que incluya la promoción del desarrollo forestal sostenible a partir de zonas afectadas por los incendios forestales«.
Sólo el 2% de financiamiento
Según el mencionado Plan sólo el 2% tiene financiamiento comprometido [3]. El otro 98% – 1.178 millones de Bolivianos – sería gestionado a través de créditos y donaciones de la cooperación internacional desde entidades públicas nacionales y sub nacionales.
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Es necesario destacar que el Plan no contempla los incendios que están ocurriendo ya el 2020 especialmente en Áreas protegidas como Otuquis y San Matías [4]. ¿Cuánto más costará a los bolivianos y bolivianas los incendios forestales de este año? ¿Por qué este costo no lo asumen los culpables de este desastre ambiental?
En síntesis el Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz es un plan para pasar el sombrero a la cooperación internacional, gastar el dinero en consultorias y documentos, y no abordar las causas estructurales que llevan a la deforestación y las quemas. En le medida en que no se analice y busque cambiar el modelo depredador del agronegocio, este Plan de Recuperación será sin duda uno más de muchos.
[1] https://fundacionsolon.org/2020/02/20/las-leyes-incendiarias-en-bolivia/
[2] Así como el más reciente Decreto Supremo N° 4232 (que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados).
[3] Los proyectos o acciones que tienen fondos comprometidos son:
[4] https://fundacionsolon.org/2020/07/31/julio-del-2020-mas-incendios-en-areas-protegidas-y-en-el-bosque-chiquitano-que-el-2019/
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