Por Pablo Solón
Mi hermano fue detenido y desaparecido el año 1972 durante la dictadura de Banzer, y los estudios de ADN de mi madre desaparecieron el 2008. Ahora, según un informe oficial enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de mayo del 2020, el Estado Plurinacional de Bolivia “evalúa la posibilidad de extraer una muestra biológica de la madre de José Carlos Trujillo Oroza, la Sra. Gladys Oroza viuda de Solón (+)”, mi madre fallecida el 2012, para poderlos cotejar con el ADN de restos que pudieran encontrarse de mi hermano.
El año 2001, después de casi 30 años de búsqueda infructuosa de la verdad, la justicia y los restos de mi hermano, mi madre logró que la CIDH emitiera una sentencia determinando, entre otros, la obligación del Estado de Bolivia de “emplear todos los medios necesarios para localizar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares, con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura[1]”. El año 2008 el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia le tomó una muestra de sangre a mi madre para comparar su ADN con el de unos restos que se encontraron en el cementerio de la Cuchilla en Santa Cruz. “El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en su momento un informe que contenía el perfil biológico de la madre de Trujillo Oroza el cual fue enviado, vía Cancillería argentina, a la Cancillería boliviana con el fin de cumplir con la cadena de custodia. Dicho informe debía ser remitido, a su vez, al IDIF para que pueda realizar los análisis comparativos correspondientes[2]”. Hasta el día de hoy ese informe de ADN no aparece ni en el IDIF ni en la Cancillería boliviana.
El 2009, cuando mi madre estaba todavía viva, la Cancillería boliviana envió otro informe oficial a la CIDH diciendo que no le habían podido tomar una muestra de sangre a Gladys Oroza viuda de Solón, pero sí se la habían tomado a “Pablo Solón Romero, hermano del desaparecido José Carlos Trujillo Oroza[3]”. Esta era una mentira flagrante pues era a mi madre a la que le habían tomado la muestra de sangre y nunca a mi persona. En noviembre de ese mismo año, se realizó una audiencia de cumplimiento de la sentencia de mi hermano a la que asistí en representación de mi madre y aclaré enfáticamente que esa información era falsa. Los representantes del Estado boliviano se encogieron de hombros y sólo atinaron a decir ante la CIDH que habían cometido una equivocación[4].
Sin embargo, después del fallecimiento de mi madre, constaté que su estudio de ADN seguía desaparecido en Bolivia. El 2017 me comunique con la persona responsable del Equipo Argentino de Antropología Forense que había participado en la realización del perfil genético de mi madre. Me dijo que en dicha institución se encontraba dicho perfil, y que para enviarlo nuevamente a Bolivia requerían de una solicitud formal vía Cancillería boliviana para que tuviera validez legal. Me comunique con el subprocurador de Bolivia y con el IDIF para explicarles donde se encontraba y cuáles eran los pasos para recuperar el estudio de ADN de mi madre.
Afirmar en un nuevo informe de la Procuraduría boliviana a la CIDH que evalúan extraerle una muestra biológica a mi madre fallecida hace 8 años, es una grave ofensa a la memoria de quienes dedicaron su vida a la búsqueda de la verdad, la justicia y los restos de sus seres queridos.
Este 11 de septiembre mi madre hubiera cumplido un año más. No sé con qué palabras hubiera expresado su indignación frente a esta nueva afrenta. Sólo estoy seguro que me hubiera recordado, con su voz dulce y firme, que jamás me rinda frente a la incapacidad, indolencia y cinismo de quienes reproducen la impunidad desde las esferas del poder.
[1] https://funsolon.files.wordpress.com/2015/01/sentencia-reparaciones.pdf
[2] Comunicación a la CIDH del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en calidad de representante de los familiares de la víctima, 12 de marzo de 2017.
[3] Comunicación a la CIDH del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia sobre el caso Trujillo Oroza, 6 de mayo del 2009.
[4] Resolución de la CIDH de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, 16 de noviembre de 2009.
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Por Pablo Solón
Mi hermano fue detenido y desaparecido el año 1972 durante la dictadura de Banzer, y los estudios de ADN de mi madre desaparecieron el 2008. Ahora, según un informe oficial enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de mayo del 2020, el Estado Plurinacional de Bolivia “evalúa la posibilidad de extraer una muestra biológica de la madre de José Carlos Trujillo Oroza, la Sra. Gladys Oroza viuda de Solón (+)”, mi madre fallecida el 2012, para poderlos cotejar con el ADN de restos que pudieran encontrarse de mi hermano.
El año 2001, después de casi 30 años de búsqueda infructuosa de la verdad, la justicia y los restos de mi hermano, mi madre logró que la CIDH emitiera una sentencia determinando, entre otros, la obligación del Estado de Bolivia de “emplear todos los medios necesarios para localizar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares, con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura[1]”. El año 2008 el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia le tomó una muestra de sangre a mi madre para comparar su ADN con el de unos restos que se encontraron en el cementerio de la Cuchilla en Santa Cruz. “El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en su momento un informe que contenía el perfil biológico de la madre de Trujillo Oroza el cual fue enviado, vía Cancillería argentina, a la Cancillería boliviana con el fin de cumplir con la cadena de custodia. Dicho informe debía ser remitido, a su vez, al IDIF para que pueda realizar los análisis comparativos correspondientes[2]”. Hasta el día de hoy ese informe de ADN no aparece ni en el IDIF ni en la Cancillería boliviana.
El 2009, cuando mi madre estaba todavía viva, la Cancillería boliviana envió otro informe oficial a la CIDH diciendo que no le habían podido tomar una muestra de sangre a Gladys Oroza viuda de Solón, pero sí se la habían tomado a “Pablo Solón Romero, hermano del desaparecido José Carlos Trujillo Oroza[3]”. Esta era una mentira flagrante pues era a mi madre a la que le habían tomado la muestra de sangre y nunca a mi persona. En noviembre de ese mismo año, se realizó una audiencia de cumplimiento de la sentencia de mi hermano a la que asistí en representación de mi madre y aclaré enfáticamente que esa información era falsa. Los representantes del Estado boliviano se encogieron de hombros y sólo atinaron a decir ante la CIDH que habían cometido una equivocación[4].
Sin embargo, después del fallecimiento de mi madre, constaté que su estudio de ADN seguía desaparecido en Bolivia. El 2017 me comunique con la persona responsable del Equipo Argentino de Antropología Forense que había participado en la realización del perfil genético de mi madre. Me dijo que en dicha institución se encontraba dicho perfil, y que para enviarlo nuevamente a Bolivia requerían de una solicitud formal vía Cancillería boliviana para que tuviera validez legal. Me comunique con el subprocurador de Bolivia y con el IDIF para explicarles donde se encontraba y cuáles eran los pasos para recuperar el estudio de ADN de mi madre.
Afirmar en un nuevo informe de la Procuraduría boliviana a la CIDH que evalúan extraerle una muestra biológica a mi madre fallecida hace 8 años, es una grave ofensa a la memoria de quienes dedicaron su vida a la búsqueda de la verdad, la justicia y los restos de sus seres queridos.
Este 11 de septiembre mi madre hubiera cumplido un año más. No sé con qué palabras hubiera expresado su indignación frente a esta nueva afrenta. Sólo estoy seguro que me hubiera recordado, con su voz dulce y firme, que jamás me rinda frente a la incapacidad, indolencia y cinismo de quienes reproducen la impunidad desde las esferas del poder.
[1] https://funsolon.files.wordpress.com/2015/01/sentencia-reparaciones.pdf
[2] Comunicación a la CIDH del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en calidad de representante de los familiares de la víctima, 12 de marzo de 2017.
[3] Comunicación a la CIDH del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia sobre el caso Trujillo Oroza, 6 de mayo del 2009.
[4] Resolución de la CIDH de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, 16 de noviembre de 2009.
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