Derechos Madre Tierra Derechos y normativa

Roles distintos en relación a la Madre Tierra

En Bolivia existen instituciones que tienen competencias relacionadas al control, fiscalización y protección ambiental pero que son de diferente índole que las de una Defensoría de la Madre Tierra. Algunas dependen del Órgano ejecutivo y otras son parte del órgano judicial. Entre las primeras figura por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Entre las segundas esta el Tribunal Agroambiental y sus juzgados.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)[1]tiene entre sus atribuciones “Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del agua en todos sus estados, sean estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciales, humedales, minerales, medicinales”.

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT)[2] es una entidad que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que tiene por misión elaborar la Política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien, administrar los recursos del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, y coadyuvar en los procesos de negociación internacional sobre Cambio Climático.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)[3] fiscaliza, controla, supervisa y regula los sectores Forestal y Agrario. Esta institución viene de las ex – superintendencias y actualmente está bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entre sus competencias figura: “Otorgar autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución”, “Ejecutar acciones de prevención, control y fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales”, “imponer sanciones a los cambios de uso de suelo no permitidos ni autorizados”, “plantear ante la instancia competente la necesidad de expropiación de tierras por la causal de conservación y protección de la biodiversidad”, y “Requerir a autoridades políticas, administrativas, jurisdiccionales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, su participación en la tutela efectiva del Régimen Forestal”.

El Tribunal Agroambiental[4] y sus juzgados son responsables de impartir justicia especializada en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad.  Entre las competencias de los jueces agroambientales figura “Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano”, y “Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia”.

Normas, instituciones y su funcionamiento

Una buena norma es fundamental para el establecimiento de una institución que funcione de manera adecuada, sin embargo, no es garantía de que dicha entidad funcione siempre como corresponde. En la historia de la Defensoría del Pueblo, de las Tribunales Electorales, de los órganos judiciales y de otras instancias en Bolivia y en otros países, ha habido períodos en los que las instituciones, a pesar de contar con una normativa bien concebida, han atravesado períodos de un accionar negativo. Ello depende también de factores como las personas que los dirigen e integran; su independencia o relación con los otros órganos; la coyuntura política, económica y social; y la vigilancia e intervención de la sociedad civil para que dicha institución cumpla con las funciones para las que ha sido creada.

En el caso boliviano es de destacar que, desde la promulgación de la ley de Derechos de la Madre Tierra en el año 2010, son casi inexistentes las acciones judiciales interpuestas por la sociedad civil o las autoridades para el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. En el Ecuador existen más de veinte sentencias sobre derechos de la naturaleza[5]. Algunas sobre tiburones, jaguares, minería, ríos, transgénicos, bosques y otros temas vinculados a los Derechos de la Naturaleza.

En relación a los derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza no existe un amplio desarrollo doctrinario y jurisprudencial como existe en otros derechos. El camino de los derechos de la Madre Tierra está en construcción y toda norma evoluciona con el tiempo y se ajusta en función de la experiencia. En este sentido, es fundamental analizar y discutir de manera fundamentada y propositiva para profundizar el camino de los Derechos de la Madre Tierra.


[1] Decreto Supremo N° 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, 7 de febrero de 2009.

[2]Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien, 15 de octubre de 2012

[3] Decreto Supremo Nº 71, 9 de abril de 2009.

[4] Ley del Órgano Judicial, 24 de junio de 2010

[5] http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/

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